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Reforma y disidencia religiosa

 | 
Michel Boeglin
, 
Ignasi Fernández Terricabras
, 
David Kahn

I. — Del diálogo interconfesional al Concilio

De la crisis al viraje

Los inicios de la política confesional de Felipe II

Ignasi Fernández Terricabras

Texte intégral

  • 1 Carta de Carlos V a su hija doña Juana, regente durante la ausencia de Felipe II, 25 de mayo de 15 (...)

Creed, hija, que este negocio me ha puesto y tiene en tan gran cuidado y dado tanta pena que no os lo podría significar, viendo que […] suceda en mi presencia y la vuestra una tan gran desvergüença y vellaquería, y incurrido en ello semejantes personas, sabiendo que sobre ello he sufrido y padecido en Alemania tantos trabajos y gastos, y perdido tanta parte de mi salud […] y assí se deve mirar si se puede proceder contra ellos como contra sediciosos, escandalosos, alborotadores e inquietadores de la república, y que tenían fin de incurrir en caso de rebellión por que no se puedan prevaler de la misericordia. […] Creed, hija, que si en este principio no se castiga y remedia para que se ataje tan gran mal sin excepción de persona alguna, que no me prometo que en adelante será el Rey ni nadie parte para hacerlo1.

  • 2 Pérez Villanueva, Escandell Bonet, 1984-1993, t. I, p. 613.

1En la historiografía actual, hay consenso para afirmar que la política de intolerancia radical y de represión a ultranza contra toda disidencia religiosa que siempre se ha considerado característica del reinado de Felipe II comenzó, de hecho, en los años finales del de su padre. Y cartas como la citada lo evidencian. Desde el acceso de Fernando de Valdés en 1547 al cargo de inquisidor general, «la reorganización valdesiana de la Inquisición española», en palabras de su biógrafo José Luis González Novalín2, hace del Santo Oficio un aparato de represión estructurado, económicamente saneado y con una normativa procesal depurada, presto a volcarse en las nuevas tareas que la corona le va a confiar. En suma, un tribunal básico para el gobierno de las personas y de las conciencias que no hace distingos entre política y religión. El cenit de su poder adviene, precisamente, cuando se descubren grupos luteranos organizados en Sevilla (1557) y en Valladolid (1558) y la Inquisición arresta en agosto de 1559 al mismísimo arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, el hombre más encumbrado de la jerarquía eclesiástica hispana. Y el nuevo monarca, Felipe II, cuando llega a Castilla procedente de los Países Bajos, acude directamente a Valladolid para presidir uno de los trágicos autos de fe contra los luteranos, el 8 de octubre de 1559.

2Sin embargo, al establecer esta indudable línea de continuidad entre la fase final del reinado de Carlos V y la primera del mandato de Felipe II corremos el riesgo de perder de vista el elevadísimo nivel de tensión política y religiosa —por no decir de psicosis colectiva— con que se viven los primeros años del nuevo reinado en la corona de Castilla —más intensamente, como veremos más adelante, que en la de Aragón.

La crisis

  • 3 Tellechea Idígoras, 2007, vol. 2, pp. 53 y 16, respectivamente. Ya Ortega y Gasset situaba en esos (...)

3Quien más claramente ha descrito el estado de embriaguez represiva y proteccionista de esos años fue el malogrado José Ignacio Tellechea Idígoras. Para este excelente historiador, toda España vive a finales de la década de 1550 una crisis, un término que utilizamos con el significado que en la Antigüedad le daban los griegos: ese momento decisivo que nos fuerza a tomar un rumbo concreto, ese instante crítico en el que un enfermo evoluciona inexorablemente hacia la curación o hacia la fatalidad. Según Tellechea, 1559 es el punto de inflexión en el que, ante un «traumatismo nacional religioso3» como nunca antes se había conocido, España opta no solo por la represión, sino, además, por un hermetismo que la apartará durante siglos de la evolución europea.

  • 4 Rodríguez-Salgado, 1992, p. 70. Retoma el título Parker, 2010, p. 108.

4Desde el punto de vista político, los estudios de María José Rodríguez-Salgado han puesto de manifiesto la gran complejidad y tensión de la década de 1550. La división de la monarquía de Carlos V entre Fernando I y Felipe II no fue en absoluto ni tranquila ni armoniosa. «Largos años de inseguridad y crisis de considerable magnitud precedieron el acceso de Felipe y de Maximiliano [el hijo de Fernando] al trono4».

  • 5 Martínez Millán, 2000, vol. 2. Martínez Millán, De Carlos Morales, 1998, pp. 49-55.

5Carlos V se siente humillado por la deshonrosa Paz de Augsburgo de 1555 y sufre varias crisis depresivas que se añaden a los trastornos causados por la gota y a las frecuentes desavenencias con su hijo Felipe. Eso alienta la lucha de facciones que intentan hacerse con el control del Gobierno y tomar posiciones con vistas a la sucesión; mientras, la unión de los diferentes reinos bajo un solo soberano parece estar seriamente en peligro5.

6Por si esto no bastara, la imagen de adalides del catolicismo, sobre la que tanto Carlos V como Felipe II han cimentado su política, se ve comprometida con el ascenso al pontificado de Paulo IV en 1555. La familia napolitana Carafa, a la que pertenece el nuevo papa, se ha destacado siempre por su oposición a los Habsburgo. En sus discursos, el pontífice no duda en comparar a Carlos V con el diablo, en denunciar su intención de hacerse con el control de Italia y en augurar una pronta excomunión del emperador y de su hijo.

  • 6 Rodríguez-Salgado, 1992, pp. 224-232.
  • 7 Según Tellechea, a partir de entonces la consideración de Paulo IV hacia Felipe II se transforma e (...)
  • 8 Haan, 2010.

7La alianza militar entre Paulo IV y Enrique II de Francia precipita la entrada de las tropas del duque de Alba en los Estados Pontificios que, en septiembre de 1556, siembran el pánico en Roma6. Paulo IV tiene que firmar la paz7 al mismo tiempo que la reputación de Felipe II crece por toda Europa tras la victoria de San Quintín, en agosto de 1557, que conduce a la Paz de Cateau-Cambrésis con Francia en abril de 15598.

  • 9 Ruiz Martín, 1968. Ulloa, 1986.

8Pero la corona aborda estos retos políticos en una situación financiera prácticamente desesperada. Felipe II comienza su reinado con una deuda superior a los ingresos totales del fisco durante varios años. En 1557 decreta una suspensión de pagos, que se repetirá en 1560 y en 1565. Solo a finales de los años sesenta se consigue cierta estabilidad presupuestaria gracias, sobre todo, a los prestamistas genoveses9.

Una política confesional sistemática en la corona de Castilla

  • 10 González Novalín, 1968-1971, t. I, p. 312; t. II, p. 251.
  • 11 Monter, 1992, p. 61. La desaforada persecución de judaizantes en Murcia genera prácticamente uno o (...)

9En ese contexto político y financiero tan exageradamente convulso, el descubrimiento de los focos luteranos en Castilla cae como una bomba y provoca un clima de angustia colectiva que se manifiesta con la detención de Carranza, mencionado por los acusados, y con una crudelísima represión. Solo en la primera mitad de 1559, tienen lugar un auto de fe en Zaragoza (17 de abril) con 111 reos, aunque solo 2 son luteranos; otro en Murcia, con 54 presos, de los que 12 son ejecutados por judaizantes o criptomusulmanes; y otro en Valladolid (21 de mayo), en presencia de la regente y del príncipe heredero, con 28 acusados de luteranismo, de los que 15 son quemados10. Entre septiembre de 1559 y octubre de 1562, se celebran cuatro autos de fe en Sevilla y dos en Valladolid en los que más de 300 personas son sentenciadas, de las cuales más de 70 mueren trágicamente en la hoguera. En Murcia, entre 1558 y 1560, 60 acusados de judaizar son quemados en persona y 35 en efigie; hasta 1568 habrá al menos otros seis autos con 48 ejecutados por judaizar, 12 por protestantes y 6 por criptomusulmanes11.

10Pero ese espantoso y delirante paroxismo colectivo no queda ahí. Felipe II está decidido a que la amenaza protestante no se reproduzca en Castilla. A través de una serie de decisiones políticas, irá edificando un programa de gobierno confesional muy claramente sistematizado. Entre finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta, la corona promulga unas medidas culturales, religiosas y políticas que, a menudo, se han analizado por separado, pero que conviene observar en su integridad como un intento de dar respuesta a la tensión vivida al inicio del reinado.

Refuerzo de los poderes de la Inquisición

  • 12 Sobre las reformas clave de la Inquisición y su papel en la política de Felipe II, véanse García C (...)
  • 13 Véase, al respecto, González Novalín, 1968-1971, t. I, pp. 294-299.

11Ese programa político se basa en fortalecer y hacer más eficaces los poderes de la Inquisición12, hasta tal punto que algunos autores han pensado que quizá Valdés exageró deliberadamente la importancia de la presencia luterana en Castilla para ganar influencia en el complejo tablero político de la época13.

  • 14 En Navarra, no tendrá aplicación hasta 1565. Cerrillo Cruz, 2000, pp. 43-45.
  • 15 González Novalín, 1968-1971, t. I, pp. 237-241.

12En la década de 1550 se reorganiza la estructura inquisitorial sobre el territorio, con el objetivo de llegar a todas partes. La concordia del 10 de marzo de 1553 regula el número de familiares en la corona de Castilla, las condiciones que estos han de tener y sus privilegios jurisdiccionales14. Y, en 1561, unas nuevas constituciones del Santo Oficio, que regulan meticulosamente el procedimiento que deben seguir los inquisidores y el personal a su servicio, sustituyen las que estaban vigentes desde el siglo xv15.

  • 16 Martínez Millán, 1979, p. 209.

13En el momento álgido de la crisis, Estado e Iglesia movilizan todos sus recursos, pero queda claro que la Inquisición debe coordinarlos y dirigirlos. Valgan como ejemplo las cédulas de la princesa Juana el 9 de octubre de 1558 a todos los obispos de la corona de Castilla: les ordena que investiguen si en sus diócesis hay adeptos de los «errores luteranos» u otras herejías, y que, si los hallan, los denuncien al Santo Oficio. También deben advertir a los confesores que aconsejen a los penitentes decir a la Inquisición lo que sepan de estos errores, o presentar la denuncia ellos mismos, si pueden hacerlo sin quebrantar el secreto de confesión16.

  • 17 González Novalín, 1968-1971, t. I, pp. 305-310; véanse las transcripciones de los breves de Paulo  (...)
  • 18 Martínez Millán, 1984.

14Novalín ha explicado cómo Valdés aprovechó las seniles obsesiones de Paulo IV para obtener en enero de 1559 un sinfín de privilegios, además de la autorización para controlar el comercio de libros17. Ante todo, Roma garantiza la estabilidad financiera del Santo Oficio atribuyéndole las rentas de la primera canonjía que vacare en cada catedral o colegial. La Inquisición, cuyos recursos siempre oscilaban en función de los bienes confiscados a los reos, dispondrá en adelante de una base económica fija y segura18.

  • 19 Prosperi, 1996, p. 230. Véanse Pastore, 2003, pp. 249-253; y una opinión distinta en Brambilla, 20 (...)

15Paulo IV ordena también que todos los confesores pregunten a sus penitentes si poseen libros prohibidos y que no los absuelvan si previamente no los entregan a la Inquisición. Tampoco serán absueltos en el caso de que conozcan a personas que los tengan, vendan o impriman y no los denuncien. Como indica Adriano Prosperi, todo «el ejército de confesores» se pone al servicio de la lucha inquisitorial19.

16El papa permite al Santo Oficio transferir al brazo secular para su ejecución a cualquier persona que haya intentado propagar la herejía, incluso noble, aun cuando hubiera abjurado de sus errores. Y, por encima de todo, le da facultad durante dos años para detener y procesar a cualquier dignidad eclesiástica, obispos incluidos. Aunque luego se ha visto que Valdés había obtenido la concesión pensando ya en procesar a Carranza, su texto literal constata el poder que el Santo Oficio había alcanzado sobre todo el episcopado.

  • 20 Sobre los problemas que eso creará con diversos obispos, véase Pastore, 2003.
  • 21 Sarrión, 1994, pp. 57-59; Haliczer, 1998, p. 54.
  • 22 Fernández Terricabras, 2003.

17Todas estas normas son más importantes de lo que parecen. Según el derecho canónico, los obispos son los jueces en materia de fe. Paulo IV no solo les arrebata definitivamente esa función en beneficio de los inquisidores, sino que los somete a un rol subordinado en sus propias diócesis20. Su sucesor, Pío IV, ratifica sus decisiones e, incluso, las amplía; por ejemplo, en materia de solicitación21. Durante las últimas sesiones del Concilio de Trento (1562-1563), los enviados de Felipe II vigilarán atentamente que los obispos no intenten recuperar sus facultades22.

  • 23 Martínez Millán, 1979, pp. 210-213.

18En 1558, también se envían cédulas a todos los superiores de órdenes regulares con la orden de que sus frailes denuncien a la Inquisición los posibles casos de herejía de que tengan conocimiento. Además, se les ordena revisar las librerías de los monasterios y enviar a los inquisidores todos los libros reprobados que hallaren. Los principales nobles reciben instrucciones para delatar al Santo Oficio cualquier brote de herejía en sus estados y señoríos. Lo mismo deben hacer los corregidores en sus circunscripciones y los profesores de la universidad con sus alumnos23.

  • 24 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 1, p. 261.

19Las autoridades civiles habrán de adoptar el mismo rol subordinado en el caso de que el Santo Oficio así lo reclame. De hecho, el rey ratifica en varias ocasiones la inmunidad jurisdiccional de los agentes de la Inquisición. En 1560 y en 1564, los jueces de la Chancillería de Granada reciben órdenes expresas de abstenerse en causas que afecten al Santo Oficio y, muy especialmente, a los bienes confiscados por este24.

  • 25 Contreras, 1982, pp. 27-39.

20Cuando, en 1561, hay un primer intento de crear un tribunal de la Inquisición en Galicia, con la intención principal de asegurar el control de los puertos de mar, el rey informa al arzobispo de Santiago y a todos los obispos que en adelante no deben juzgar las causas de herejía y prohíbe al gobernador de la Real Audiencia inter-venir en asuntos civiles o criminales sobre bienes incautados por el Santo Oficio25.

Censura y control de libros

  • 26 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 4, p. 123. Pinto, 1983, p. 23.
  • 27 Ibid., p. 88.
  • 28 Sobre la importancia de los manuscritos, que pueden escapar a la censura, véase Bouza, 2001.
  • 29 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 8, tít. XVI, ley 3.
  • 30 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 8, tít. XVIII, ley 1. Bujanda, 1984, p. 40. No (...)

21Ya en 1554, ante la dispersión de licencias de impresión concedidas por diversas autoridades, se decide que solo pueda otorgarlas el Consejo de Castilla, el máximo organismo dentro de la estructura del poder real26. Y en la importante pragmática de 7 de septiembre de 1558, se establece minuciosamente el procedimiento, bajo pena de muerte y de destrucción del texto que sea publicado sin permiso del Consejo. El prólogo explica claramente que se pretende reprimir la herejía que, mediante diversas publicaciones, ya ha entrado en el reino27. A partir de esa fecha, los libros editados fuera del territorio de la corona de Castilla necesitan la licencia del Consejo Real para poder ser vendidos en ella. Tampoco se puede comunicar ni leer ningún texto manuscrito «que sea de materia de doctrina de sagrada Escritura, y de cosas concernientes a la Religión» sin la aprobación previa del Consejo28. El control previsto se extiende a las librerías y a las bibliotecas, que se inspeccionarán cada año por una comisión compuesta por el obispo y el corregidor de cada lugar, o sus delegados, a los que se pueden sumar superiores de las comunidades religiosas de la ciudad y, en el caso de Salamanca, Valladolid y Alcalá, también dos representantes de las respectivas universidades. Los informes de estas comisiones deben enviarse al Consejo de Castilla. También los superiores del clero regular han de inspeccionar cada año las librerías de las comunidades bajo su autoridad, así como los libros particulares de cada religioso o religiosa29. Otra cédula firmada el mismo día prohíbe traer, tener o vender libros prohibidos por la Inquisición. Felipe II no se queda corto: ¡la contravención se castiga con confiscación de bienes y pena de muerte30!

  • 31 Bujanda, 1984, p. 104.
  • 32 Pinto, 1983, pp. 91-93. En 1558, la Inquisición solicitó sin éxito que se ordenara a los corregido (...)

22Si bien el control de las librerías queda en manos del Consejo de Castilla, la Inquisición colabora de forma activa e insistente. En 1557, se encarga a los inquisidores «personalmente visitar de tiempo en tiempo los libreros» de su sede y mediante delegados en el resto del distrito. Y en 1558 se ordena retener los libros que entren en las aduanas hasta que los agentes del Santo Oficio los inspeccionen. Los inquisidores reciben también órdenes de visitar bibliotecas particulares donde se sospecha que puede haber «libros reprobados» —por ejemplo, el 13 de agosto de 1558, nada más y nada menos que la biblioteca del recientemente fallecido Martínez Silíceo, arzobispo de Toledo31—. Asimismo, habrá inspecciones en las imprentas, pero no, según parece, de una manera tan regular y sistemática como las de librerías, aunque, por poner un ejemplo, en el vórtice de 1558 se ordena al virrey de Navarra que inspeccione las imprentas del reino… ¡Cada cuatro meses32!

  • 33 García Oro, 1995.
  • 34 Griffin, 1991; Bœglin, 2003, pp. 307-348; González Sánchez, Maillard Álvarez, 2003; Rueda, 2005; Á (...)
  • 35 Peña, 2003; Rueda, 2012, pp. 9-21; Cayuela, 2015.
  • 36 Griffin, 2007.

23Con todas estas medidas, la de librero se convierte en una profesión de riesgo, permanentemente bajo sospecha33. El caso mejor conocido es el de Sevilla, donde se da la doble circunstancia de que hay focos luteranos en la ciudad y de que el puerto es la vía obligatoria para exportar libros a América34. Pero a lo largo y ancho de la Península la importación y el comercio de libros mantienen una vitalidad sorprendente a pesar de todas las trabas35. Incluso la siempre sospechosa figura del vendedor itinerante de textos parece haber sido mucho más habitual de lo que se creía36.

  • 37 González Novalín, 1968-1971, t. II, p. 95; Bujanda, 1984, p. 45.

24Los profesionales del libro, para saber a qué atenerse antes de invertir en un título, solicitan que la Inquisición participe de la censura previa. El mismo inquisidor general Valdés, seguramente con la intención de aumentar su poder, se lo pide también al rey en la coyuntura crítica de 155837. Pero el Consejo de Castilla siempre se opondrá, de manera que las competencias quedarán claramente deslindadas: el Consejo se encarga de la censura previa y la Inquisición de la posterior a la edición.

  • 38 Bethencourt, 1997, pp. 254-255.

25Desde que, en 1521, la Inquisición veta todas las obras de Lutero, es habitual que el Santo Oficio decrete prohibiciones de libros. Y, desde 1536, la Suprema frecuentemente nombra agentes que inspeccionan las librerías38. Pero esa actividad se intensifica en el momento que abordamos, cuando cunde la sensación de que el Santo Oficio ha concentrado su atención en los tratados de teología y ha descuidado otras tipologías utilizadas, de manera más sutil y discreta, por los protestantes: comentarios a la Biblia, ediciones de clásicos, libros de ciencia, manuales escolares… Se opta, entonces, por la claridad utilizando un solo Índice de libros prohibidos y revocando todas las licencias para poseer dichos libros.

  • 39 Bujanda, 1984, pp. 63-64 apunta la posibilidad de otra edición en Granada. Este autor ha demostrad (...)
  • 40 García Cárcel, 1980, pp. 299-300.
  • 41 En el marco de rígidas restricciones de la lectura de la Biblia para todos los católicos, véase Fr (...)

26El primer Índice fue publicado por la Inquisición española en 1551, tomando como base el que ya había publicado la Universidad de Lovaina un año antes. La voluntad de darle una amplia difusión llevó a publicar, al menos, cuatro ediciones en 1551, a cargo respectivamente de los Tribunales de Distrito de Valladolid, Toledo, Sevilla y Valencia39. Ese mismo año, en Valencia, el inquisidor ya confisca textos en diversas bibliotecas40. En los siguientes, la Inquisición trabaja en la elaboración de una «Censura general de Biblias» que se promulga en 1554: más de 70 ediciones son revisadas y expurgadas41.

  • 42 Pinto, 1983, pp. 174-178.
  • 43 Martínez Millán, 1979, p. 179.
  • 44 Bujanda, 1984, pp. 117-120.

27La Inquisición no se contenta con eso. Durante toda la década desarrolla una actividad censoria prácticamente obsesiva, mediante la cual intenta controlar todas las publicaciones sospechosas. Todo el trabajo realizado en esos años desemboca en la publicación de un nuevo Índice de libros prohibidos en 1559, que añade a los anteriores 253 nuevos títulos, 14 ediciones de la Biblia, 9 del Nuevo Testamento y 29 autores más que ven todas sus obras prohibidas. La prohibición de 54 ediciones de libros de horas por el hecho de contener pasajes bíblicos traducidos a lenguas vernáculas o incitaciones a prácticas consideradas heterodoxas muestra la susceptibilidad de la Inquisición42. Ya hace años que José Martínez Millán, en un artículo premonitorio de sus investigaciones posteriores, estableció que el Índice de 1559 era algo más que una actualización de prohibiciones anteriores: se trata de una «sistematización de controles ideológicos […] que obedece a una reestructuración que realiza el Estado» para que los consejos de Castilla y de la Inquisición actúen coordinadamente en la definición de una ortodoxia que es, a la vez, política y religiosa43. Y, como ha señalado el gran historiador de todos los índices de libros prohibidos, Jesús M. de Bujanda, el de 1559 fue aplicado con una severidad y un rigorismo extremos44.

  • 45 Pinto, 1983, pp. 140-144; Bujanda, 1984, p. 49.

28Al mismo tiempo que publican los índices, la Inquisición española obtiene reiteradamente de la Santa Sede (1551, 1559, 1564) la revocación de cualquier permiso para poseer o leer libros prohibidos, incluso a los más altos eclesiásticos. A partir de 1559, dichas autorizaciones solo las podrá conceder el inquisidor general45.

  • 46 Pinto, 1983, pp. 38-41; Pardo, 1991, pp. 26-28.
  • 47 Martínez Millán, 1979, p. 197; Pardo, 1991, p. 25; Tellechea Idígoras, 2007, p. 696.
  • 48 Pinto, 1983, pp. 41-48.

29La Inquisición no solo ejerce la censura de cualquier texto editado, sino que, además, se la reserva en exclusiva, regulando un procedimiento minucioso y absolutamente centralizado, en el cual solo el Consejo de la Suprema —y no un tribunal de distrito— puede prohibir un título46. Por eso, el 11 de abril de 1559 se advierte al rector y los profesores de las universidades de Salamanca y de Alcalá que sus letrados no pueden dar ningún parecer ni censura sobre libros sin orden del inquisidor general y sin presentarlos antes al Consejo de la Inquisición47. A diferencia de lo que ocurre en Francia o en los Países Bajos, donde la Sorbona o la Universidad de Lovaina decidirán sobre la ortodoxia de los escritos, en España dicho poder queda, exclusivamente, en manos de los inquisidores, aunque a veces estos puedan solicitar dictámenes de profesores universitarios48.

Control de las universidades

  • 49 Esperabé, 1914, t. I, p. 512; transcripción de los estatutos de Covarrubias: pp. 217-356.

30Simultáneamente, se intensifica el control de la corona sobre las principales universidades de la corona de Castilla. En el caso de Salamanca, la preocupación del Consejo no tiene precedentes. Se ordenan visitas de inspección realizadas personalmente por un consejero con una frecuencia inaudita: la primera de ellas, por Cano a partir de enero de 1557, Hernando Pérez entre diciembre de 1557 y agosto de 1558, Montalvo en enero de 1559, Anaya en enero de 1560 y, finalmente, la visita fundamental del obispo de Ciudad Rodrigo, Diego de Covarrubias —futuro presidente del Consejo de Castilla—, a partir de julio de 1560, que culmina con la redacción de unos nuevos Estatutos de la Universidad el año siguiente. En ellos se prescriben con todo detalle los mecanismos de provisión de plaza, los métodos de enseñanza autorizados y lo que se debe explicar en cada cátedra. El rector y el catedrático más antiguo deben pasar visita cada dos meses a todos los profesores para verificar el desarrollo del programa, el método docente y el grado de satisfacción de los alumnos. En la década de 1560, estas normas no eran papel mojado: consta de varios catedráticos que fueron sancionados por explicar más materia de la que los estatutos fijaban49.

  • 50 Ibid., p. 492; Martínez Millán, 1979, p. 212; Pinto, 1983, p. 38.

31Simultáneamente, el rector, los chancilleres y los demás miembros de las universidades de Salamanca y de Alcalá reciben órdenes periódicas según las cuales deben visitar las librerías y averiguar si alguien posee libros sospechosos y, sobre todo, «procuréis de saver si algunos estudiantes tienen y enseñan errores luteranos y doctrinas que no sean católicas» y, en caso afirmativo, denunciarlos a la Inquisición. Órdenes como esta se repiten el 9 de octubre de 1558, el 22 de enero de 1559 y el 3 de noviembre de 156150.

  • 51 Rodríguez-San Pedro Bezares, 2002, p. 98.

32La presión del Consejo de Castilla sobre la Universidad de Salamanca se mantiene en la década siguiente mediante las visitas de los consejeros López de Arrieta (1562), Villagómez (1564) y Jarava, en octubre de 1566. Esta última sigue a los informes que se pidieron en mayo de 1566 al obispo de Ciudad Rodrigo, Diego de Simancas, sobre ciertos «excesos» y sobre el nuevo estatuto de limpieza de sangre que había aprobado el claustro. Como ha señalado Luis E. Rodríguez-San Pedro, a través de la consolidación del intervencionismo regio se diluye definitivamente la universidad de corte renacentista51.

  • 52 Poole, 1990.

33Un proceso similar tiene lugar en la Universidad de Alcalá de Henares, donde las ideas erasmistas y reformadas habían sido recibidas con simpatía. Después de la visita de Gaspar de Zúñiga en 1555, la inspección fundamental consiste en la minuciosa visita de Juan de Ovando entre 1564 y 1566, en paralelo a la que Jarava y Simancas realizan en Salamanca. Ovando pide incluso la relación de todos los miembros del claustro, en la que se ha de incluir su lugar de nacimiento y los lugares donde han vivido desde 1551. La visita concluye con la redacción de unas nuevas constituciones en las que, como en Salamanca, se especifica claramente el número de cátedras y los temas y textos que deben ser explicados en cada una de ellas52.

  • 53 Bujanda, 1984, p. 56.
  • 54 Martínez Millán, 1979, pp. 196 y 212; Pinto, 1983, p. 127.

34Las librerías de Alcalá las visita en 1546 el doctor Álvaro Moscoso, pues la Inquisición había sido informada de que «los libreros y otras personas vecinos y estantes en la Universidad de la villa de Alcalá tienen en su poder y venden y compran libros y obras del Heresiarca fray Martin Luther y de sus secuaces y de otras sectas53». Hay nuevas inspecciones de librerías en 1552, en 1558 y en 155954.

  • 55 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 8, tít. IV, ley 1.

35Pero no es suficiente con garantizar la ortodoxia de las universidades. Hay que asegurar que los estudiantes acudan solo a las que son fiables. Ese es el motivo de la famosa pragmática de 22 de noviembre de 1559, en la que Felipe II prohíbe a sus súbditos de la corona de Castilla, «eclesiásticos o seglares, frailes ni clérigos ni otros algunos», ir a estudiar al extranjero y da cuatro meses para volver a los que estuvieran matriculados fuera del territorio de la monarquía. Los transgresores serían privados de todos sus bienes y de la naturaleza; sus grados extranjeros no serían reconocidos. La medida se justifica no solo por el coste económico, sino porque «con la comunicación de los extranjeros y de otras naciones se divierten y distraen y vienen en otros inconvenientes». Se exceptúan las universidades de la corona de Aragón, los becarios del Colegio de los Españoles de Bolonia, los españoles que, residiendo en Nápoles o en Roma, quieran aprender en sus universidades y los profesores —pero no los alumnos— de Coímbra55. Obsérvese que queda prohibido asistir, entre otras, a las clases de la Sorbona o de Lovaina, donde había importantes colonias de estudiantes españoles, algunos de los cuales habían acogido con interés las ideas de la Reforma.

Confirmación definitiva de la ortodoxia tridentina

36Para añadir incertidumbre a la crítica situación que se vive en la década de 1550, hay que recordar que aún no está claramente definida la ortodoxia católica sobre muchos temas que la Reforma ha cuestionado y, aún más, que en aquellos momentos tampoco parece seguro que la Iglesia pueda fijarla a corto plazo.

  • 56 Jedin, 1972-1981.

37Las sesiones del Concilio de Trento se han interrumpido, por diversos motivos eclesiásticos y políticos en 155256. Pío IV se compromete a reemprenderlo en el cónclave que lo elige a finales de 1559. Pero, entonces, tanto el emperador Fernando I como la reina madre de Francia, Catalina de Medicis, solicitan que se convoque un nuevo concilio que plantee desde cero la reconciliación confesional prescindiendo de los decretos ya aprobados en Trento, que condenan algunos de los puntos principales de la teología luterana. Como el Concilio no ha sido clausurado ni formalmente aprobado por el papa, muchos doctores consideran que sus decretos no son definitivos y que, por ende, pueden ser reconsiderados. Su insistencia revela que hay sectores católicos que buscan aún la conciliación con los protestantes para detener la expansión de la Reforma.

  • 57 Fernández Terricabras, 2016.
  • 58 Id., 2001.

38Felipe II, al contrario, exige que se reemprendan los debates del Concilio en el punto donde se dejaron en 1552. Para él, el tiempo de la conciliación y de los sueños irenistas había acabado con los amargos coloquios de religión convocados por su padre57. Los cánones ya aprobados del Concilio han sido la base de su política en dos situaciones conflictivas que han adquirido gran notoriedad, y ahora no acepta verse desautorizado. En primer lugar, los castigos inquisitoriales contra los protestantes de Sevilla y Valladolid e, incluso, la acusación contra Carranza se sustentan sobre los cánones tridentinos, particularmente la condena de la justificación solo por la fe de la Sesión VI, que ha definido por primera vez un límite muy claro a la ortodoxia católica. En segundo lugar, siendo príncipe, Felipe ordena inequívocamente cumplir el Concilio cuando los obispos de la corona de Castilla intentan imponer ciertas reformas tridentinas a los cabildos catedralicios. En numerosas diócesis estos se rebelan con el apoyo explícito de la Santa Sede, arguyendo que ni el Concilio estaba concluido ni sus decretos eran válidos si el papa nos los confirmaba. Entre 1553 y 1555, el Consejo de Castilla impone multas y penas de prisión o destierro a muchos canónigos por negar la vigencia de los decretos conciliares58.

  • 59 Id., 2000.

39Tras importantes vacilaciones, Pío IV acepta las posiciones de Felipe II. Los obispos, reunidos en Trento en 1562, retoman los trabajos suspendidos. Y, cuando el Concilio se da definitivamente por clausurado, el rey, a pesar de estar entonces duramente enfrentado con el papa, se apresura a aceptarlo y a declararlo ley de sus reinos, comenzando por la corona de Castilla, a través de una pragmática real firmada el 12 de julio de 156459. La ortodoxia, rígidamente definida, se convierte en ley y cualquier disidencia religiosa, en delito.

Vigilancia militar y eclesiástica de las fronteras

  • 60 Pardo, 1991, pp. 30-31 y pp. 370-372.
  • 61 Contreras, 1982, p. 152; Pinto, 1983, p. 114. En 1579, se establece que la inspección del Santo Of (...)

40En la década de 1550, los comisarios del Santo Oficio, que ya venían realizando algunas actuaciones poco coordinadas de vigilancia fronteriza, se implican en ella de una manera directa y sistemática. En 1553, el inquisidor general Valdés promulga una «Instrucción y orden que se ha de tener en la Visita de los Vajeles que vienen a los puertos» que incluye no solo la forma de proceder en los registros de las naves y de cada uno de sus «arcas o baúles» en busca de libros, y, como se indica expresamente, de imágenes, sino también los interrogatorios a los que los comisarios deben someter a cada marinero, siempre antes de que cualquier persona haya desembarcado60. Cuando se dan interferencias entre la visita inquisitorial y la que los inspectores del Consejo de Castilla realizan en busca de armas o productos de contrabando, la corona recuerda a todas las justicias, en 1553 y en 1558, que deben dejar total libertad de acción a los agentes de la Inquisición61.

  • 62 Ibid., p. 99.
  • 63 González Novalín, 1968-1971, t. II, p. 221.

41Por eso, Valdés intenta mejorar la eficacia de las inspecciones. En una consulta a Felipe II en 1558 la Suprema ya insiste en la necesidad de «que se tenga gran cuidado en los puertos de mar y frontera de Francia» para evitar la entrada de libros heréticos62. Y el 27 de octubre, el Consejo de la Inquisición comunica su decisión, previa consulta con la princesa regente, de «que se nombren inquisidores y comisarios que residan en las fronteras y puertos63». A los corregidores de los puertos de mar y a otros oficiales regios se les advierte ese mismo año de que no deben tolerar la entrada de libros en la corona de Castilla si antes no han sido vistos por los agentes de la Inquisición.

  • 64 Transcrita en García Martín, 2003, p. 167.

42La rotunda cédula enviada por la princesa al virrey de Navarra el 8 de octubre de 1558 diseña un rígido programa de actuación: que investigue si hay herejes en el reino y los denuncie a la Inquisición; que las justicias reales inspeccionen con los comisarios del Santo Oficio las librerías del reino, así como las bibliotecas particulares y las imprentas cada cuatro meses; que no haya maestros de escuela que ejerzan sin que hayan sido aprobados por el obispo y la justicia regia; y que los comisarios inquisitoriales examinen todas las «valas y fardeles» con libros que se descarguen en el reino64.

¿Y la corona de Aragón?

  • 65 Ardit, Almenara Sebastià, 1997. En Valencia, la Inquisición fue más precoz que en el resto de la c (...)

43Sorprende constatar que la política de Felipe II no se desenvuelve ni con la misma intensidad ni con la misma rapidez en todos sus reinos. Mientras en la corona de Castilla se desencadena un alud de medidas represivas a partir de 1558, en la de Aragón la mayoría de disposiciones siguen otros ritmos, en apariencia mucho menos urgentes, incluso cuando se descubre un grupo luterano importantes en Pedralba, en el reino de Valencia, en torno a Gaspar Centelles, condenado en 156465.

  • 66 García Martín, 2003, pp. 164-176.
  • 67 García Cárcel, 1980, p. 298; Peña, 1996, pp. 182-184; Reyes Gómez, 2000, pp. 249-254 y 830; Llanas(...)

44Así, en la corona de Aragón no se toman medidas análogas a las aprobadas en Castilla para el control de publicaciones. Aunque diversos historiadores del derecho afirman que la cédula real de 1558 fue redactada para todos los reinos ibéricos66, los historiadores del libro afirman que en la corona de Aragón la censura previa continuó reservada, como era tradicional, a la autoridad eclesiástica ordinaria. En Valencia, a finales de los años sesenta el virrey y los fiscales de la Real Audiencia otorgan licencias de publicación, pero también el arzobispo; todavía en 1583, el virrey ordena a los editores no imprimir sin su licencia textos que podrían ser escandalosos. En Cataluña, solo en 1573 se ordena que los editores pidan licencia al virrey antes de publicar una obra. Y en el reino de Aragón, las primeras medidas de censura previa por la autoridad civil datan de 159267.

  • 68 Fernández Luzón, 2005, p. 82.

45Tampoco el control de las universidades tiene parangón. Mientras en Salamanca o en Alcalá se abre paso un implacable intervencionismo regio que modifica todas las estructuras, las universidades de la corona de Aragón siguen dependiendo de los consejos municipales y, eventualmente, de los obispos. Estas autoridades toman, sin duda, medidas para prevenir problemas, pero estas no se aplican tan velozmente como en Castilla. Es significativo el caso del Estudio General de Gerona, un edificio cuya construcción se empieza en 1561 con la intención expresa, según los dirigentes del municipio, de «que ningú de aquest seu Principat de Cathalunya anàs a estudiar en França per evitar la rabiosa contagio luterana68». Pero la realidad más bien desmiente esa preocupación: las clases no comienzan en Gerona hasta 1572.

  • 69 Ibid., pp. 87-95.
  • 70 Febrer Romaguera, 2003.
  • 71 Felipo Orts, 2000.

46Las universidades de la corona de Aragón establecen mecanismos de control de la ortodoxia de una forma menos traumática que en Castilla. En los Estatutos de la Universidad de Barcelona, redactados en 1559, se prevé la tutela de los obispos y de los superiores de los conventos de la ciudad y se obliga a los alumnos a firmar una profesión de fe católica y a prestar juramento de obediencia a la Santa Sede69. La vigilancia es seguramente mayor en la Universidad de Valencia, donde el prolongado mandato del rector Joan Llorenç de Salaya (1525-1558) impone una rigurosa sumisión a la ortodoxia70. Pero, además, las constituciones de la Universidad en 1561 prohíben recitar oraciones en público que no hayan sido autorizadas por el rector y se somete a su censura el uso de cualquier libro. Nuevas constituciones en 1563 regulan con mucho más detalle los programas de las clases y prohíben fijar conclusiones o cualquier otro papel en las paredes de las aulas sin la aprobación del rector71.

  • 72 Fernández Luzón, 2005, p. 81.
  • 73 Ferté, 2003. En diciembre de 1564, el embajador de Felipe II en París, Francés de Álava, había avi (...)
  • 74 Belenguer, 1986, p. 11.

47Solo las universidades de la corona de Castilla se ven afectadas en un primer momento por la pragmática que prohíbe emigrar a los estudiantes, a pesar de que existe desde la Edad Media un flujo tradicional de estudiantes de la corona de Aragón hacia centros extranjeros. Quizá por eso la orden que Felipe II dicta para Castilla en 1559 solo se registra en la corona de Aragón el 25 de mayo de 156872; no obstante, la presencia de estudiantes catalanes en las universidades de Montpellier y de Toulouse se mantiene alta73. No es baladí señalar que en ese mismo año de 1568 se prohíbe que los franceses ejerzan como maestros en Cataluña74.

  • 75 Monter, 1992, p. 69, que incluye datos de los autos de fe en Sicilia, pero no en Mallorca ni en Ce (...)

48En cambio, sí parece claro que hubo una voluntad política de la corona para fortalecer e incrementar el papel de la Inquisición en los reinos de la corona de Aragón. El autor que más ha insistido en ello es William Monter, quien llama la atención sobre un revelador dato estadístico: una vez pasada la furia perseguidora en Castilla, entre 1570 y 1625, los tribunales inquisitoriales de la corona de Aragón dictan el 71 % de las penas a muerte de toda la Inquisición española aun cuando su jurisdicción alcanza solo a una cantidad de población seis veces menor que la castellana. Entre 1560 y 1569, los tribunales de esa corona organizan 27 autos de fe en los que son expuestos a la vergüenza pública 1 350 acusados y entre 1570 y 1579, otros 35, con 1 559 encausados75.

49Serían necesarias más investigaciones para saber a qué se deben esas diferencias cronológicas entre ambas coronas. En principio, no parece que la percepción de la situación religiosa de cada una de ellas sea desigual. Más bien al contrario: una vez que los autos de fe y la implantación del sistema represivo confesional que hemos descrito atenúan el miedo al desarrollo de un protestantismo autóctono castellano, en los años sesenta hay una conciencia clara de que la frontera pirenaica es el punto por donde la Reforma puede volver a entrar en la Península. Cabe recordar que en 1559 se celebra el primer sínodo de las iglesias reformadas de Francia en París, que en 1562 comienza la primera guerra de religión y que el calvinismo está bien consolidado en el vecino El Bearne.

  • 76 Carnicer, Marcos, 1998; Hugon, 2004.
  • 77 Reguera, 1984; Balancy, 1990; Langé, 1990; Blázquez, 1990; Bada, 1992, p. 135; Monter, 1992, pp. 1 (...)
  • 78 Contreras, 1977; Monter, 1992, p. 111.
  • 79 Mansilla, 1980. Solo el valle de Arán permanece bajo la jurisdicción episcopal francesa y soberaní (...)

50Los Pirineos se convierten, así, en un territorio objeto no solo de control militar y de un incesante espionaje76, sino también de una especial vigilancia religiosa. Se movilizan todos los recursos posibles —especialmente por parte de la Inquisición— para poder detectar cualquier brote de herejía. Los Tribunales de Barcelona, Zaragoza y Calahorra —este último trasladado en 1570 a Logroño— tienen instrucciones específicas para vigilar de cerca a los franceses que se establecen en sus distritos77. La red de familiares de la Inquisición, esto es, sus agentes sobre el territorio, concentra sus esfuerzos en el control de los valles pirenaicos, donde incluso el contrabando de caballos es objeto de la jurisdicción del Santo Oficio78. Se procura que las fronteras eclesiásticas y políticas coincidan: Roma concede que el arcedianazgo de Baztán y el arciprestazgo de Fuenterrabía pasen de la diócesis de Bayona a la de Pamplona (1567) y que se restablezcan las diócesis de Jaca y de Barbastro (1571), tomando partes del obispado de Huesca, para vigilar más de cerca las poblaciones de montaña79.

51Así pues, si las diferencias en la intensidad y el ritmo de las medidas represivas en la corona de Castilla y en la de Aragón no responden a percepciones contrarias, habrá que pensar, más bien, en una diferente capacidad de actuación por parte de la corona. En ese caso, no podemos omitir la existencia de obstáculos objetivos para aplicar en la corona de Aragón la legislación confesional de Felipe II al inicio de su mandato, entre los cuales habría que señalar, al menos, dos.

  • 80 Seguimos a Buyreu, 1999, 2000 y 2005.
  • 81 En cambio, en Mallorca, Cerdeña y Sicilia, los procuradores enviados por Felipe II para tomar pose (...)
  • 82 Rodríguez-Salgado, 1992, p. 436.
  • 83 Colás, Salas, 1982.

52En primer lugar, como ha mostrado Jordi Buyreu, no se dan las condiciones propicias para que ni la regente Juana, primero, ni el propio Felipe II, después, intenten forzar la maquinaria del poder imponiendo medidas que podrían ser recusadas, dando lugar a un grave conflicto institucional80. Según los fueros y las constituciones de los diferentes reinos orientales, la renuncia de Carlos V en 1556 debería haber comportado el cese automático en sus funciones de la regente y de todos los virreyes. Eso hubiera supuesto aminorar, casi aniquilar, la influencia del rey sobre esos territorios. Juana no encuentra entonces mejor solución que no comunicar oficialmente la renuncia del emperador. Mientras en la corona de Castilla se celebran solemnemente las fiestas por la entronización del nuevo rey, en los territorios peninsulares de la corona de Aragón las instituciones continúan considerando su señor a Carlos V, en virtud de cuyos poderes, firmados en 1554, gobierna la princesa Juana81. La situación es particularmente tensa en el reino de Aragón, donde el impopular virrey Diego Hurtado de Mendoza ha tenido que irse en septiembre de 1556. Su marcha genera un importante vacío de poder en un momento muy difícil, en el que Enrique II de Francia llega a plantearse la posibilidad de invadir Aragón82. La prudencia de Juana, que no quiere crispar aún más la situación con un nombramiento que pueda ser considerado ilegal, hace que no se nombre un nuevo virrey hasta diez años después, ¡en 156683!

53La muerte de Carlos V abre la puerta a que la sucesión pueda seguir los patrones de los casos anteriores. Finalmente, Felipe II celebra Cortes en Monzón, recorre los tres reinos peninsulares de la corona entre 1563 y 1564, y jura las constituciones respectivas.

  • 84 García Cárcel, 1980, p. 317; Moreno Martínez, inédita. Véanse interesantes comparaciones en Colom (...)

54En segundo lugar, hemos visto que todo el proyecto confesional de Felipe II se articula en torno al Santo Oficio, que ve incrementado su poder. Pero en la corona de Aragón, desde que Fernando el Católico la impuso, la Inquisición ha sido objeto de quejas y resistencias por parte de todas las instituciones locales, tanto eclesiásticas como civiles. En un sistema jurídico pactista regulado hasta los mínimos detalles, a mediados del siglo xvi la Inquisición todavía arrastra su estigma de institución al servicio del absolutismo regio que puede desequilibrar la balanza de poderes. Y la política de la corona no disminuye las sospechas, sino que las acrecienta: en todo el siglo xvi solo hay un inquisidor del tribunal de Barcelona catalán y dos valencianos en Valencia. En cambio, el número de inquisidores naturales de la corona de Castilla es abrumador84.

  • 85 En 1568, se visita también el tribunal de Calahorra (Martínez Millán, De Carlos Morales, 1998, p.  (...)
  • 86 Contreras, 1977; id., 1984; Bada, 1992, pp. 69-74; Pérez Latre, 2003, pp. 163-164; Colom Palmer, i (...)

55Las airadas protestas de las Cortes de Monzón fuerzan la visita de los Tribunales de Valencia, Barcelona y Zaragoza en 1567 por el consejero de la Inquisición Francisco de Soto Salazar, que castiga numerosas irregularidades85, y la redacción en 1568 de tres concordias entre los Consejos de la Inquisición y de Aragón que regulan los conflictos de competencias y el número de familiares en cada reino según la población de cada localidad. Con un añadido significativo: en los pueblos fronterizos —y en las Baleares en las poblaciones marítimas—, la Inquisición siempre podrá tener dos familiares más de los que le corresponderían por el número de habitantes86.

  • 87 Moreno Martínez, 2002; García Cárcel, 1988.

56Pero en ese momento otro problema se interpone: desde septiembre de 1567 un enfrentamiento entre el personal de la Inquisición y de la Diputación General de Cataluña por el pago de unos aranceles se ha ido envenenando y acaba, en julio de 1569, con los bienes de los inquisidores embargados, los diputados excomulgados y arrestados, y el obispo de Barcelona y el virrey Hurtado de Mendoza —¡de nuevo él!— públicamente enfrentados. Finalmente, para evitar el colapso institucional, el virrey aprovecha la victoria sobre unos asaltantes, presuntamente hugonotes, en Perpiñán: el 31 de marzo de 1570 promulga una amnistía generalizada que echa tierra al problema de fondo87.

El viraje

  • 88 Pérez Latre, 2003.
  • 89 Parker, 2010, p. 508. También Parker, 1998.

57En realidad, el grado de mayor intensidad de la política de intolerancia en la corona de Aragón no se alcanza en los años cincuenta, sino a finales de los sesenta, cuando el contexto político internacional sitúa otra vez en una posición de alto riesgo a Felipe II. En pocos años se suceden las rebeliones de los Países Bajos (comenzada en 1566) y de los moriscos de las Alpujarras (1568) —ambas con motivos a la vez políticos y religiosos—, la segunda guerra de religión en Francia (1567-68) y la fuerte crisis política ya descrita en Cataluña, que lleva a la ruptura entre las instituciones catalanas y el rey cuando este ordena la detención de los diputados de la Generalitat (1569)88. Parece entonces muy real el temor expresado por tantos corresponsales de que los hugonotes puedan atravesar los Pirineos, aprovechando la presencia de numerosas cuadrillas de bandoleros, o de que los otomanos se beneficien de la rebelión de los moriscos para desembarcar en Andalucía o en Valencia, en un momento, por cierto, en que la élite del ejército hispánico se encuentra alejada de la Península. Y, para colmo de males, fallece la esposa del rey, Isabel de Valois, a quien este amaba profundamente, y de su hijo, el enfermizo príncipe don Carlos; dos hechos que dejan a la monarquía con un soberano viudo y sin heredero. Para el rey, como ha puesto de manifiesto Geoffrey Parker, 1568 es un verdadero annus horribilis, que incluso lo lleva a plantearse lo siguiente: «… yo no estoy bueno para el mundo que ahora corre […] que habría menester otra condición89».

  • 90 Traducción al castellano con prólogo de Ernest Belenguer en Reglà, 2000. Las líneas que siguen deb (...)
  • 91 Rivero, 2008. Pero, a partir de entonces, la política de Felipe II al respecto se vuelve más pragm (...)

58En 1956, al analizar la coincidencia cronológica de todos estos hechos de primera magnitud, el historiador Joan Reglà formuló el concepto del «viraje filipino90». Según Reglà, entre 1566 y 1569, a causa de esta suma de quebrantos, Felipe II habría definido una dura política de intransigencia religiosa. Esa política se basaría en una sangrienta represión militar, tanto en los Países Bajos, a cargo del duque de Alba, como en el reino de Granada, donde los tercios traídos a toda prisa al mando de don Juan de Austria matan, esclavizan o dispersan a los moriscos. También en la constitución de una Liga Santa junto con el papado y Venecia para hacer frente a la flota otomana. La batalla de Lepanto (1571) permite restaurar la imagen de un rey invencible que defiende el catolicismo por tierra y por mar, dentro y fuera de sus reinos, recompensado por el favor divino con el nacimiento, ese mismo año, de un nuevo heredero91.

  • 92 Domínguez Ortiz, 1984.

59Desde que Reglà formulara su teoría, no han cesado los debates, en los que se ha sostenido una amplia gama de posiciones, desde quienes creen que el verdadero viraje ya se había producido en los últimos años del reinado de su padre hasta los que lo sitúan en la década de 1580, cuando toda la atención de la monarquía debe concentrarse en el norte de Europa92.

  • 93 Martínez Millán, 1994, pp. 189-228; Ezquerra, 2000.
  • 94 Parker, 2010, p. 520.

60Pero todos los especialistas coinciden en que, una vez más, la actuación de Felipe II no se reduce al aspecto militar. Los estudios del brillante equipo de investigadores liderado por José Martínez Millán subrayan el papel fundamental del cardenal Diego de Espinosa: presidente del Consejo de Castilla en 1565 y a la vez inquisidor general a partir de 1566, es el hombre designado por Felipe II para llevar a cabo su política de «confesionalización93». Esta pasa a la vez por la reforma del clero, la aceptación del catolicismo tridentino por toda la población, la represión de cualquier desviación religiosa y la defensa en toda Europa de la fe católica, sea contra los protestantes o contra el Islam. Esta campaña de imposición de la ortodoxia católica más rigurosa comporta una fuerte centralización de todo el aparato político regio, que ha de servir como eficaz instrumento de control. Como ha señalado Parker, Espinosa es el responsable de una nueva «estrategia imperial» que pretende movilizar todos los recursos de los diferentes reinos, y no solo de Castilla, para sostener la monarquía94.

  • 95 Martínez Millán, De Carlos Morales, 1998, p. 123.
  • 96 Pinto, 1983, pp. 68-77; Pardo, 1991, pp. 54-61. Sin embargo, para Peña, 2015, pp. 39-60, la aplica (...)

61En lo que a nuestro tema respecta, es el cardenal Espinosa quien culmina el proceso de reforma jurisdiccional y financiera del Santo Oficio, ya muy avanzado por Valdés95, y quien ordena, en noviembre de 1569, elaborar un nuevo Índice de libros prohibidos. Las instrucciones de Espinosa para prepararlo afectan no solo a la Inquisición, sino que se envían también a todos los obispos y a las universidades de Alcalá, Salamanca, Valladolid, Sigüenza, Lérida y Huesca: se busca movilizar todas las instituciones. En las cédulas se explica que, a pesar de todo, los libros protestantes continúan entrando en el territorio de la monarquía. Se especifica que la Inquisición española debe tener jurisdicción exclusiva sobre el tema, así como que los obispos no pueden intervenir ni hay necesidad de solicitar la confirmación del papa. Quince años de trabajo darán a luz el Índice promulgado en 1583, ya bajo el mandato del inquisidor general Quiroga96.

  • 97 Reguera, 1984, pp. 163-167; Pinto, 1983, pp. 109-110; Contreras, Dedieu, 1993, p. 16.

62Y cabe preguntarse si determinadas medidas adoptadas en la corona de Castilla a finales de los años sesenta no son más que una reiteración de las que se habían ordenado diez años antes. Ahora se pretende subsanar insuficiencias, llegar a zonas periféricas y recuperar el vigor perdido tras una década de aplicación. En 1567, el inquisidor Moral es enviado en una visita especial a los puertos del País Vasco en busca de protestantes. Ese mismo año, se crea un tribunal de la Inquisición en Canarias, lo que pone fin a la delegación del tribunal de Sevilla que venía operando en el archipiélago; aunque, en cambio, se cancela la primera tentativa de crear un Tribunal en Galicia, donde durante seis años apenas se han detectado casos de luteranismo. En 1568 los comisarios de la Inquisición de Cádiz reciben unas instrucciones explícitas sobre cómo proceder con más rigor y minuciosidad en la visita de navíos extranjeros y en 1571 se crea el Tribunal Inquisitorial de la Mar97. En 1569, una nueva pragmática prohíbe imprimir o importar obras litúrgicas, vidas de santos, constituciones sinodales, gramáticas y libros para aprender a leer sin licencia del rey. El Consejo asume ahora la censura de ese tipo de obras; una acción que en 1558 todavía ejercían los obispos. Además, aquella orden solo castigaba la venta de libros extranjeros sin autorización, pero nada se decía sobre el hecho de introducirlos en los territorios de la corona. Ahora todo eso cambia porque

  • 98 Pinto, 1983, p. 99. Pero la orden no es trasladada a Navarra hasta 1572; García Martín, 2003, p. 1 (...)

algunas personas se an atrevido e atreven a meter libros sospechosos contra nuestra Sancta Fe Catholica y […] aunque las personas que los traen no los venden, los distribuyen en personas particulares, y desta manera procuran engañar algunos naturales destos Reynos98.

  • 99 Martínez Millán, De Carlos Morales, 1998.

63El programa político de Espinosa se mantendrá más allá de su muerte, en 1572, por los hombres que él colocó al frente de los principales organismos de la monarquía, a pesar de los enfrentamientos entre facciones cortesanas99. Es cierto que ni Alba ni los gobernadores sucesivos conseguirán pacificar los Países Bajos, lo que acabará conduciendo a la derrota de la Armada Invencible ante las costas inglesas en 1588. Pero por lo que respecta a los reinos ibéricos, objeto de estudio en este libro, la capacidad de la corona para superar con éxito el punto de inflexión vivido a finales de la década de 1560 deja sentadas las bases para una política religiosa desarrollada, a partir de entonces, con más calma y en un contexto menos convulso.

  • 100 Redondo, 1965.

64De hecho, casi ninguna de las medidas que se toman a finales de la década de 1550 para hacer frente al protestantismo es nueva. Las autorizaciones para editar libros del Consejo de Castilla o los edictos de los inquisidores que prohibían publicaciones ya existían. Como también las visitas de librerías o de universidades, el control de los navíos extranjeros o la vigilancia de las fronteras. Órdenes similares se habían cursado desde que se advirtió, en la década de 1520, del peligro que suponía la penetración del luteranismo100.

  • 101 González Novalín, 1968-1971, t. II, pp. 199-201.

65A partir de 1558, la novedad radica sobre todo en la reiteración tenaz y la intensificación aguda de todas estas medidas, precisadas meticulosamente, así como en su aplicación coordinada bajo el control de la Inquisición, cuyos poderes superan los de otras autoridades. Cada una de ellas forma parte de una entera batería de disposiciones para desplegar una política confesional sistematizada. De hecho, en el memorial redactado a finales de mayo o principios de junio de 1558, probablemente por Valdés o por el Consejo de la Inquisición, ya se contemplan globalmente todas ellas, y algunas más101.

66Felipe II sostiene con una determinación inflexible ese conjunto de medidas confesionalizadoras y desoye todas las objeciones en medio de una extraordinaria tensión religiosa y política en toda Europa, cuando aún no está claro que el Concilio de Trento pueda tener una aplicación efectiva ni que permita detener la expansión del protestantismo. Y se vigila su cumplimiento: en las décadas posteriores hay que reiterar o corregir muchas normas cuya aplicación no ha sido suficientemente escrupulosa o no ha dado los resultados previstos.

67Ahora bien, el programa confesional no se aplica con la misma intensidad ni con el mismo ritmo en todos los territorios. En la corona de Castilla, el pánico que provoca el descubrimiento de focos luteranos a partir de 1557 permite implantar una rígida política confesional, con medidas que sitúan a la Inquisición como el ente tutelar de todo el aparato eclesiástico —por encima de los obispos, los rectores de universidad o los superiores de las órdenes religiosas— e, incluso, en algunos casos concretos—la vigilancia de los puertos de mar— del aparato político y judicial.

68Pero esa política no es factible en aquel mismo momento en la corona de Aragón, donde el entramado institucional es mucho menos permeable al poder del rey. Solo tras normalizar la situación legal, después de haber celebrado Cortes y de haber jurado las constituciones de cada reino peninsular, puede Felipe II, en la segunda mitad de la década de 1560, plantearse medidas similares. Pero su actuación siempre estará condicionada por la dinámica institucional de cada reino, por la proximidad y la presencia de franceses, de moriscos o de berberiscos, y por la evolución internacional, que determina la situación financiera y la disponibilidad de tropas.

69Habrá que retomar, creo, la idea que ya formuló hace años Ernest Belenguer de un rey que, con un atinado sentido de la oportunidad política, tiene unos principios claros desde el principio de su mandato, y los va imponiendo en cada reino cuando la situación política lo hace propicio —o, añado yo, imprescindible para la supervivencia estructural de la propia monarquía—. Porque los momentos de máxima tensión confesionalizadora son, en todos los territorios, aquellos en los que la dinámica interna de cada uno de los reinos, al coincidir con una coyuntura internacional especialmente peligrosa, se convierte en un factor de riesgo para el conjunto de la monarquía.

  • 102 Belenguer, 1980; id., 1986. Sobre el caso de las Baleares, véase id., 2000.

70En la corona de Castilla, al menos en sus zonas no periféricas, mejor controladas, esas medidas de tipo contrarreformista y autoritario se implantan ya al principio del reinado. El reino de Valencia, afirma Belenguer, por la determinante influencia de la presencia morisca, sigue una cronología similar a la del reino de Granada, pero sin que la presión de la corte llegue a provocar una sublevación violenta como la de Las Alpujarras en 1568. También en el reino de Mallorca la política de fortificaciones frente a la amenaza otomana favorece un intervencionismo regio cada vez mayor a partir de los años cincuenta, una década especialmente dramática en las Baleares por los continuos ataques de otomanos y berberiscos. La cronificación de las guerras de religión en Francia en la década de 1560 refuerza confesional y policialmente la frontera en Cataluña; las tensiones resultantes provocarán el grave conflicto con la Generalitat en 1569. Y en el muy complejo reino de Aragón, a pesar de ciertas medidas iniciales, solo cuando las Cortes de Tarazona de 1592 se desarrollan bajo la amenazadora vigilancia del ejército del monarca se completa la política de represión político-confesional que en Castilla ya se venía practicando desde 1558102.

71Son momentos distintos y coyunturas diversas, pero Felipe II siempre buscará aplicar, hasta donde las condiciones políticas se lo permitan, la misma receta que su padre le había pedido para evitar que la «desvergüenza y vellaquería» de los disidentes religiosos se transforme en «rebellión» y «sedición de la república».

Notes

1 Carta de Carlos V a su hija doña Juana, regente durante la ausencia de Felipe II, 25 de mayo de 1558, transcrita por Kamen, 1999, p. 95. Agradezco al profesor Youssef El Alaoui esta referencia.

2 Pérez Villanueva, Escandell Bonet, 1984-1993, t. I, p. 613.

3 Tellechea Idígoras, 2007, vol. 2, pp. 53 y 16, respectivamente. Ya Ortega y Gasset situaba en esos años la «tibetización» de España. Recientemente, han recreado de manera muy vívida ese momento Alabrús, García Cárcel, 2015, pp. 160-204.

4 Rodríguez-Salgado, 1992, p. 70. Retoma el título Parker, 2010, p. 108.

5 Martínez Millán, 2000, vol. 2. Martínez Millán, De Carlos Morales, 1998, pp. 49-55.

6 Rodríguez-Salgado, 1992, pp. 224-232.

7 Según Tellechea, a partir de entonces la consideración de Paulo IV hacia Felipe II se transforma en benevolencia y sinceros elogios: Tellechea Idígoras, 1999, vol. 1, p. xxxii.

8 Haan, 2010.

9 Ruiz Martín, 1968. Ulloa, 1986.

10 González Novalín, 1968-1971, t. I, p. 312; t. II, p. 251.

11 Monter, 1992, p. 61. La desaforada persecución de judaizantes en Murcia genera prácticamente uno o dos autos cada año entre 1557 y 1562; Contreras, 1992.

12 Sobre las reformas clave de la Inquisición y su papel en la política de Felipe II, véanse García Cárcel, Moreno Martínez, 2000, pp. 56-70; y Martínez Millán, 2007, pp. 97-107.

13 Véase, al respecto, González Novalín, 1968-1971, t. I, pp. 294-299.

14 En Navarra, no tendrá aplicación hasta 1565. Cerrillo Cruz, 2000, pp. 43-45.

15 González Novalín, 1968-1971, t. I, pp. 237-241.

16 Martínez Millán, 1979, p. 209.

17 González Novalín, 1968-1971, t. I, pp. 305-310; véanse las transcripciones de los breves de Paulo IV en ibid., t. II, pp. 330-349.

18 Martínez Millán, 1984.

19 Prosperi, 1996, p. 230. Véanse Pastore, 2003, pp. 249-253; y una opinión distinta en Brambilla, 2000, pp. 403-411.

20 Sobre los problemas que eso creará con diversos obispos, véase Pastore, 2003.

21 Sarrión, 1994, pp. 57-59; Haliczer, 1998, p. 54.

22 Fernández Terricabras, 2003.

23 Martínez Millán, 1979, pp. 210-213.

24 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 1, p. 261.

25 Contreras, 1982, pp. 27-39.

26 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 4, p. 123. Pinto, 1983, p. 23.

27 Ibid., p. 88.

28 Sobre la importancia de los manuscritos, que pueden escapar a la censura, véase Bouza, 2001.

29 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 8, tít. XVI, ley 3.

30 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 8, tít. XVIII, ley 1. Bujanda, 1984, p. 40. No disponemos para estos años de un estudio comparable al de la visita a las librerías en 1572 de García Oro, Portela Silva, 1997.

31 Bujanda, 1984, p. 104.

32 Pinto, 1983, pp. 91-93. En 1558, la Inquisición solicitó sin éxito que se ordenara a los corregidores visitar las imprentas de su ciudad cada mes para ver qué estaban imprimiendo; González Novalín, 1968-1971, t. II, p. 95.

33 García Oro, 1995.

34 Griffin, 1991; Bœglin, 2003, pp. 307-348; González Sánchez, Maillard Álvarez, 2003; Rueda, 2005; Álvarez Márquez, 2007; Maillard Álvarez, 2012, pp. 23-44.

35 Peña, 2003; Rueda, 2012, pp. 9-21; Cayuela, 2015.

36 Griffin, 2007.

37 González Novalín, 1968-1971, t. II, p. 95; Bujanda, 1984, p. 45.

38 Bethencourt, 1997, pp. 254-255.

39 Bujanda, 1984, pp. 63-64 apunta la posibilidad de otra edición en Granada. Este autor ha demostrado que no existió, como afirman algunas publicaciones, un Índice español en 1547.

40 García Cárcel, 1980, pp. 299-300.

41 En el marco de rígidas restricciones de la lectura de la Biblia para todos los católicos, véase Fragnito, 1997.

42 Pinto, 1983, pp. 174-178.

43 Martínez Millán, 1979, p. 179.

44 Bujanda, 1984, pp. 117-120.

45 Pinto, 1983, pp. 140-144; Bujanda, 1984, p. 49.

46 Pinto, 1983, pp. 38-41; Pardo, 1991, pp. 26-28.

47 Martínez Millán, 1979, p. 197; Pardo, 1991, p. 25; Tellechea Idígoras, 2007, p. 696.

48 Pinto, 1983, pp. 41-48.

49 Esperabé, 1914, t. I, p. 512; transcripción de los estatutos de Covarrubias: pp. 217-356.

50 Ibid., p. 492; Martínez Millán, 1979, p. 212; Pinto, 1983, p. 38.

51 Rodríguez-San Pedro Bezares, 2002, p. 98.

52 Poole, 1990.

53 Bujanda, 1984, p. 56.

54 Martínez Millán, 1979, pp. 196 y 212; Pinto, 1983, p. 127.

55 Novísima recopilación de las leyes de España, lib. 8, tít. IV, ley 1.

56 Jedin, 1972-1981.

57 Fernández Terricabras, 2016.

58 Id., 2001.

59 Id., 2000.

60 Pardo, 1991, pp. 30-31 y pp. 370-372.

61 Contreras, 1982, p. 152; Pinto, 1983, p. 114. En 1579, se establece que la inspección del Santo Oficio debe preceder a cualquier otra.

62 Ibid., p. 99.

63 González Novalín, 1968-1971, t. II, p. 221.

64 Transcrita en García Martín, 2003, p. 167.

65 Ardit, Almenara Sebastià, 1997. En Valencia, la Inquisición fue más precoz que en el resto de la corona en la persecución de protestantes y en la regulación del número de familiares, quizá porque encontró menos oposición social e institucional; véase García Cárcel, 1980.

66 García Martín, 2003, pp. 164-176.

67 García Cárcel, 1980, p. 298; Peña, 1996, pp. 182-184; Reyes Gómez, 2000, pp. 249-254 y 830; Llanas, 2002, p. 217; Camprubí, 2011-2012.

68 Fernández Luzón, 2005, p. 82.

69 Ibid., pp. 87-95.

70 Febrer Romaguera, 2003.

71 Felipo Orts, 2000.

72 Fernández Luzón, 2005, p. 81.

73 Ferté, 2003. En diciembre de 1564, el embajador de Felipe II en París, Francés de Álava, había avisado de los contactos con herejes de estudiantes catalanes de medicina en Montpellier; véase Pinto, 1983, p. 102.

74 Belenguer, 1986, p. 11.

75 Monter, 1992, p. 69, que incluye datos de los autos de fe en Sicilia, pero no en Mallorca ni en Cerdeña. Ya Dedieu, 1984, pp. 242-243, señaló las diferencias de actuación entre tribunales «fronterizos» y «del interior».

76 Carnicer, Marcos, 1998; Hugon, 2004.

77 Reguera, 1984; Balancy, 1990; Langé, 1990; Blázquez, 1990; Bada, 1992, p. 135; Monter, 1992, pp. 143-149 y 276-283; Kamen, 1999, pp. 281-363; Bombín, 1997, pp. 99-109; Sánchez, 1999.

78 Contreras, 1977; Monter, 1992, p. 111.

79 Mansilla, 1980. Solo el valle de Arán permanece bajo la jurisdicción episcopal francesa y soberanía hispánica; véase Poujade, 1998, pp. 76-79.

80 Seguimos a Buyreu, 1999, 2000 y 2005.

81 En cambio, en Mallorca, Cerdeña y Sicilia, los procuradores enviados por Felipe II para tomar posesión son aceptados sin problemas. En Nápoles, el traspaso de poderes ya se había realizado en 1554.

82 Rodríguez-Salgado, 1992, p. 436.

83 Colás, Salas, 1982.

84 García Cárcel, 1980, p. 317; Moreno Martínez, inédita. Véanse interesantes comparaciones en Colom Palmer, inédita, pp. 130-140.

85 En 1568, se visita también el tribunal de Calahorra (Martínez Millán, De Carlos Morales, 1998, p. 122) y en 1569, el de Mallorca (Colom Palmer, 1992, pp. 148-160).

86 Contreras, 1977; id., 1984; Bada, 1992, pp. 69-74; Pérez Latre, 2003, pp. 163-164; Colom Palmer, inédita, p. 41.

87 Moreno Martínez, 2002; García Cárcel, 1988.

88 Pérez Latre, 2003.

89 Parker, 2010, p. 508. También Parker, 1998.

90 Traducción al castellano con prólogo de Ernest Belenguer en Reglà, 2000. Las líneas que siguen deben mucho a mis conversaciones con Jan Brugueras i Torrella, autor de Brugueras, inédita.

91 Rivero, 2008. Pero, a partir de entonces, la política de Felipe II al respecto se vuelve más pragmática: Rodríguez-Salgado, 2004.

92 Domínguez Ortiz, 1984.

93 Martínez Millán, 1994, pp. 189-228; Ezquerra, 2000.

94 Parker, 2010, p. 520.

95 Martínez Millán, De Carlos Morales, 1998, p. 123.

96 Pinto, 1983, pp. 68-77; Pardo, 1991, pp. 54-61. Sin embargo, para Peña, 2015, pp. 39-60, la aplicación de expurgos en vez de prohibiciones en el Índice de 1583 muestra una cierta suavización del rigor de 1559.

97 Reguera, 1984, pp. 163-167; Pinto, 1983, pp. 109-110; Contreras, Dedieu, 1993, p. 16.

98 Pinto, 1983, p. 99. Pero la orden no es trasladada a Navarra hasta 1572; García Martín, 2003, p. 169.

99 Martínez Millán, De Carlos Morales, 1998.

100 Redondo, 1965.

101 González Novalín, 1968-1971, t. II, pp. 199-201.

102 Belenguer, 1980; id., 1986. Sobre el caso de las Baleares, véase id., 2000.

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