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Cambio institucional y fiscalidad

 | 
Michel Bertrand
, 
Zacarías Moutoukias

III.1. — Tierra, propiedad y comunidades

Reforma y primitivismo

Tierra y fiscalidad en el Río de la Plata, de la colonia a la Independencia

Eduardo Míguez

Texte intégral

Reformismo colonial

  • 1 Chiaramonte, 1982; Halperín Donghi, 1994; Gelman, 1997.

1Desde al menos los últimos lustros del siglo xviii intelectuales ilustrados en el Río de la Plata fueron influidos por corrientes que postulaban cambios importantes en las bases organizativas y administrativas del Estado. El centro de estas ideas anclaba en conjuntos reformistas dentro de o ligados a la administración borbónica. Lejos de un programa sistemático y coherente, se trataba de nociones recogidas de tradiciones intelectuales no homogéneas, que postulaban cambios que tendieran a modernizar las bases del Estado1. Dentro de esa tradición, una fuerte presencia de ideas fisiócratas inspiraron una parte sustantiva de los proyectos. La existencia de amplias llanuras fértiles sin explotación alguna, o dedicadas solo a una rústica ganadería, era en esta perspectiva una fuente de atraso. El desarrollo del potencial agrícola de estas tierras incrementaría la riqueza del reino, y en consecuencia, su capacidad fiscal.

  • 2 Jovellanos ocupó más espacio en las páginas de La Gaceta de Buenos Aires que cualquier otro autor.

2Influyentes funcionarios e intelectuales locales, que jugarían más tarde un papel muy importante en el proceso revolucionario, como Manuel Belgrano, Pedro Andrés García, Mariano Moreno e Hipólito Vieytes abrevaban, entre otras corrientes, en las ideas de los funcionarios e pensadores reformistas peninsulares. Pululaban en la prensa del ocaso colonial las notas que propiciaban reformas de tono fisiócrata. Incluso después de la Revolución, y pese al creciente distanciamiento con el proceso político de la madre patria, la prensa revolucionaria continuó dando un amplio espacio a los intelectuales de esta tradición que para la misma época inspiraban los proyectos liberales en España2. Pero más allá de la influencia netamente intelectual, el Río de la Plata colonial fue escenario de propuestas más concretas directamente vinculadas a la Corona, que sobre la base de una inspiración fisiócrata buscaron avanzar los intereses del Estado (en particular, mitigar los altos costos de defensa) en base al aprovechamiento de los abundantes recursos agrarios pampeanos.

3Ideas de este tenor tenían precedentes en la propia metrópoli. Inspirado por Pedro Rodríguez de Campomanes, y ejecutado por Pablo de Olavide, el proyecto colonizador de la Sierra Morena buscó establecer pequeños productores independientes con el propósito de fomentar la agricultura, limitar el poder de los grandes y fomentar el de la Corona, al crear un sector de productores autónomos que se vincularían directamente a funcionarios reales. Su fracaso, vinculado al juicio de la inquisición a Olavide, no impidió que tanto las ideas de sus inspiradores, como el proyecto mismo, repercutieran en la colonia rioplatense.

  • 3 Lucena Giraldo, 1996; Lázaro Ávila, 1996; Weber, 2005.
  • 4 Djenderedjian, inédita.

4Mucha tierra, o lo que es lo mismo, escasa población, debilitaban las fronteras del imperio. Sectores de la administración real concibieron la idea de utilizar la abundancia de tierras para salvar parte de los problemas que esa misma abundancia generaba3. Esto era particularmente importante en el Río de la Plata donde había largas y vacías fronteras de contacto con un imperio rival y con poblaciones amerindias no sometidas, y escaseaban los recursos para sostener las fuerzas militares que las resguardaran. Seguramente, el intento más exitoso para resolver el problema se dio en el este de Entre Ríos. Tomás de Rocamora, un funcionario de la Corona que había participado en el proyecto de Olavide en Sierra Morena, trató de poner en práctica la colonización de tierras entrerrianas. Esto se tradujo en una política de fundación de pueblos en la cuenca de los ríos Uruguay y de la Plata con un doble objetivo; si para el administrador de inspiración fisiócrata debía servir para estimular la economía regional y crear una plataforma social diferente para el crecimiento del reino, era a la vez una base de ocupación más sólida frente al peligro portugués. Aunque el primer aspecto no se cumpliera según lo esperado, el proceso dio lugar al surgimiento de un nuevo sector de terratenientes locales, que consolidaron su poder en las instituciones creadas para resguardar la frontera del Virreinato. En definitiva, ellos ofrecían a la Corona la única opción realista para afianzar un orden social en la región. Estos terminaron consolidándose como una élite local que dio a la Revolución hombres como Francisco Ramírez, los López Jordán y los Urquiza4.

5En las décadas siguientes se presentarían similares proyectos para la frontera norte de la Banda Oriental, que lindaba con el sur de las posesiones portuguesas, y para la frontera sur de Buenos Aires, amenazada por indígenas no sometidos. Félix de Azara propondría repartir tierras entre agricultores para crear una población más densa cerca de la frontera que resguardara los derechos españoles sobre esas tierras. Un proyecto de 1796 para la frontera sur de Buenos Aires se basa en una fórmula similar, como contención a «los salvajes». Su idea consistía en otorgar tierras a blandengues para que se instalasen en ellas con la obligación de poblarlas y prestar servicios en la defensa del territorio. Ello no solo aliviaría las arcas del Estado otorgando en la tierra una remuneración acorde a los servicios que prestaban a la patria, haría asimismo que sus esfuerzos militares fuera más entusiastas, ya que la defensa de la frontera sería a la vez la protección de sus propia familias e intereses.

6Estos proyectos no resultaron fructíferos. Seguramente, ello se debió a que los pequeños productores no estaban particularmente preocupados por los derechos de propiedad, y precisamente la abundancia de tierras fiscales les hacía posible tener acceso a ellas donde las encontraran vacantes sin estar sujetos a los trámites, controles y obligaciones de los proyectos de colonización. Así, el ritmo y ubicación de la ocupación de las tierras en esta escala menor se ajustó a la demanda espontánea de los pequeños productores, más que a la voluntad del Estado.

El milagro fiscal de la Revolución

7Entre tanto, la minería proveía de manera directa o indirecta la parte sustantiva de los ingresos reales en el Virreinato creado en 1776. Ya fuera a través de remesas directas (situado) o de la imposición sobre un comercio que en buena medida se alimentaba de la circulación generada por aquella producción. Pero la caída de la minería potosina que acompañó las guerras de Independencia privó al mercado rioplatense del que había sido el principal motor de su economía monetaria en la etapa cerrada por la Revolución. No solo la interrupción de la dependencia política altoperuana canceló el situado, sino que la caída productiva de Potosí anuló por inanición el principal circuito comercial rioplatense de la era colonial, que constituía lo más dinámico y comercial de la economía rioplatense.

  • 5 Halperín Donghi, 1982. Un análisis más detallado en Míguez, 2009, que es una versión previa del pr (...)

8Entre 1791 y 1805 la región minera aportaba anualmente en promedio unos 1,3 millones de pesos a la Caja Real de Buenos Aires, en tanto la Aduana recaudaba unos 300 000 pesos, y diversos impuestos comerciales otros 200 0005. No menos del 80 % de las exportaciones del Río de la Plata colonial consistían en plata provenientes de Potosí. Así, la minería cumplía un papel determinante en la capacidad fiscal, ya sea por su aporte directo, ya sea como motor del comercio exterior, que era la segunda fuente más significativa de ingresos. La caída de esta, entonces, privó al fisco porteño de sus dos principales fuentes de ingresos. Su reemplazo fue más bien milagroso. El complemento a la exportación de plata era la salida de cueros, principal producto de la región pampeana. Hubo una fuerte expansión productiva en los años finales del siglo xviii hasta 1796, alcanzando una media de 650 000 unidades anuales de cueros salidos por Buenos Aires, como puede verse en el cuadro 1, y a pesar de ello los ingresos provenientes de la exportación fueron en realidad bastante moderados. Restablecido el comercio en la primera década revolucionaria, el volumen anual exportado fue casi exactamente igual a los años 1794-1796, cayendo un poco en la siguiente, debido a las guerras civiles. Como se observa en el cuadro, no será hasta la década de 1840 que el volumen exportado cambie significativamente de orden de magnitud, multiplicándose por dos y por tres.

Años Cueros (u.) Años Cueros (u.) Años Cueros (u.)
1785-1787 200 000* 1816 584 185 1830 910 541
1788-1790 400 000* 1817 801 534 1831 777 818
1791-1793 466 000* 1818 594 236 1832 915 702
1794-1796 650 000* 1819 464 533 1833 674 764
1810 1 094 892 1820 442 357 1837 823 635
1811 750 147 1821 441 854 1842 1 256 883
1812 301 934 1822 590 372 1843 1 978 373
1813 397 232 1823 578 225 1849 2 961 342
1814 583 492 1825 655 255 1850 2 424 251
1815 824 947 1829 854 799 1851 2 601 318
* Medias anuales aproximadas
  • 6 Parish, 1852.

9Algo de metálico seguiría saliendo por el puerto de Buenos Aires después de reestablecida la paz; los datos de Woodbine Parish señalan 1 358 814 $ (27 % del total de las exportaciones) en 1822; 1 551 921 $ (28 %) en 1825; cayendo a 722 955 $ (14 %) en 1829; y 677 928 $ (12%) en 18376. Pero de los cerca de cuatro millones de pesos anuales en plata y algo de oro (fruto del comercio con Chile) que salían por Buenos Aires en el periodo 1794-1796, se cayó a un tercio de esa cifra en los tempranos años 1820 y a una sexta parte al final de la década y en la siguiente. Sin un incremento sustantivo en el volumen de exportación de cueros, el comercio exterior rioplatense parecería destinado a languidecer y con él la recaudación de la Aduana.

  • 7 Moutoukias, 1999.
  • 8 Amaral, 1998, p. 233.
  • 9 Ibid., p. 234.
  • 10 Ibid., los precios de Parish, 1852, son similares.

10No parece haber sido así. Las cifras monetarias de exportaciones de Parish para los años señalados, que van de 5 a 5,6 millones de pesos no desentonan demasiado con las que Z. Moutoukias estima para mediados de la década de 17907. Vale decir que al mismo tiempo que los cueros mantenían volúmenes similares de exportación, y el metálico caía a una tercera o cuarta parte, el valor total de las salidas no pareció alterarse de manera dramática. La única explicación posible del mantenimiento de la estabilidad en el monto total exportado es un fuerte aumento en el nivel de precios de los cueros. Sin embargo, sus precios en Europa, aunque fluctuantes por las guerras, mostrarán finalmente niveles no muy diferentes a los de fines del siglo xviii8. La clave está en los precios de Buenos Aires. A fines del siglo xviii un cuero valía 44 reales en Cádiz y 13 en Buenos Aires9 reduciéndose la diferencia en la década de 1790 hasta llegar a ser de 2,8/1. Esta se justifica por el costo de transporte y cuando era inferior al 300 %, la rentabilidad de la exportación no era muy atractiva. Para la década de 1820 la relación con los precios de Londres, el nuevo mercado principal, era de 1,5/1. Vale decir que, entre 1796 y la década de 1820, aunque los niveles generales de precios en Europa se encontraban aproximadamente equivalentes, la diferencia con Buenos Aires se redujo de aproximadamente un 300 %, a un 50 %, una fenomenal alza de los precios porteños. En 1790 una pesada de 35 libras costaba 14 reales aproximadamente en Buenos Aires, en 1820 estaba en unos 35 reales, proporcional a la caída de la diferencia de precios entre las plazas10.

  • 11 North, 1958.
  • 12 Ekelund, Tollison, 1981; Moutoukias, 1998. El argumento se desarrolla más detalladamente en Míguez (...)

11Aunque existió una tendencia a la reducción de tarifas de transporte la caída paulatina no justifica una reducción tan dramática en poco tiempo11. La explicación puede encontrarse en parte en la disponibilidad de bodegas y en la reducción de costos de transacción por el fin del monopolio. La eliminación de la intermediación de Cádiz tanto en el ingreso de productos europeos como en la comercialización de los cueros aproximó los precios internos a los de plazas como Londres, Amberes, o Hamburgo. Aunque difíciles de medir debe considerarse asimismo la reducción del costo institucional específico de un sistema monopólico por la ineficiente asignación de recursos destinados a facilitar el comercio pese a las restricciones legales12.

  • 13 Halperín Donghi, 1982, pp. 121-125.

12En el fuerte incremento de ingresos aduaneros al fisco de Buenos Aires que acompaña la Revolución predominan los impuestos a las importaciones (el derecho a las exportaciones no aporta más que el 11 % entre 1811 y 1815 y 15 % en el quinquenio siguiente)13. Pero como ya vimos, la balanza comercial dependía crecientemente de la capacidad de exportación de «bienes de la tierra», por la disminución de la salida de metálico. Es el alza de los precios locales (FOB) de los productos exportables lo que expande el comercio exterior revolucionario, y a través de él, el ingreso fiscal.

13Vemos así como se ha producido la transición de una economía y una recaudación fiscal dependiente de la plata, a unas dependientes de los derivados ganaderos, juntamente con la Revolución. No es la composición ni el volumen de las exportaciones, sino la mejora de los términos de intercambio (en parte por convergencia de los precios FOB y CIF) lo que salvó a la Buenos Aires revolucionaria de la profunda depresión que habría provocado la caída minera. Y en una parte sustancial, aunque no fácilmente medible, esta mejora se debe a las nuevas condiciones institucionales, además de la caída de costos de transporte. Si bien con el tiempo se dará la conocida expansión ganadera, como vimos, sus efectos sobre los volúmenes exportables solo serán notorios muchos años más tarde.

Nuevos vientos de reforma

  • 14 Ibid, p. 154, registra que los defensores de la reducción esperaban que disminuyera la evasión e i (...)

14El monto total de los recursos fiscales, entonces, no sufrió con la Revolución una variación demasiado significativa. Los algo más de 12 millones de pesos del quinquenio que culmina en 1810 dieron lugar a casi 14 millones en el siguiente. Al iniciarse la era independiente Potosí aportó menos de un 5 % de lo recaudado, en tanto la Aduana externa estaba casi en un 50 %, producto de un incremento del 180 % de los ingresos. Las remesas de fondos desde la Caja de Buenos Aires a España, de cierta importancia hasta comienzos del siglo xix —aunque siempre por debajo de los ingresos provenientes de Potosí— habían caído en el quinquenio que culminó con la Revolución, limitadas por el aumento del gasto militar en el propio Río de la Plata. Desde luego, el incremento de este se mantuvo en la década de las guerras de independencia. Así, el cambio más notorio que introdujo la Revolución en el aspecto fiscal fue el nuevo rol de la Aduana como fuente dominante de los recursos fiscales. Este se mantendrá en el periodo posterior, cuando una reducción de aranceles acompañó un fuerte crecimiento de los ingresos en este rubro14. Así, más allá de las relativamente poco eficaces medidas extraordinarias por la guerra, la década de 1810 solo evidenciaría el aumento de la participación de la Aduana como la principal variación en la estructura fiscal.

  • 15 García, «Nuevo plan de fronteras»; Gelman, 1997.

15La otra novedad, desde luego, era que la producción pecuaria pasó a ser la base de la economía comercial, y por lo tanto, de las rentas del Estado. En este contexto, no sorprende que un funcionario peninsular, que había colaborado con Félix de Azara, y que había optado por el bando «patriota», promoviera un proyecto que reeditaba los del naturalista aragonés. En efecto, Pedro Andrés García sugería que radicar población en la frontera otorgándole tierras gratuitas era la única forma de asegurarla contra las fuerzas muy móviles pero poco contundentes de los indígenas15. En el contexto de la turbulencia revolucionaria, sin embargo, sus propuestas no prosperaron.

  • 16 Amaral, 1988.
  • 17 Míguez, 2007.

16Recién alcanzada la pacificación interna y externa que se logró en la década siguiente se crearon las condiciones para intentar una reforma de las estructuras administrativas16. El Gobierno central emergido de la Revolución se había disuelto como resultado de los conflictos interregionales, siendo reemplazado por gobiernos locales en cada una de las nacientes provincias. Buenos Aires retomó variadas propuestas de inspiración fisiócrata en la llamada época «rivadaviana»17. Se adoptaron entonces diferentes políticas para generar actividad económica e ingresos fiscales a partir de la disponibilidad de tierras.

17El Gobierno porteño estaba interesado en recrear el crédito del fisco abordando el problema de la deuda pública acumulada en la década previa de conflictos. En 1821 generó un sistema de crédito público, que preveía el canje y amortización de la deuda anterior emitiendo títulos públicos para canjearla. Esta se garantizaba con

  • 18 Recopilación de Leyes, pp. 221-222; Amaral, 1984a y 1988.

[…] todas las propiedades muebles e inmuebles de la provincia, bajo especial hipoteca y con todos los derechos de preferencia (art. 1o);
[…] se adjudican a los fondos generales y de amortización los productos de toda venta de propiedades y tierras en bienes raíces, que posee en el día, y que poseyere la provincia de Buenos Aires, al tiempo del establecimiento del crédito público (art. 5o);
Ninguna tesorería podrá retener ni dar otra inversión que la que ordena el artículo anterior a los productos especificados en él […] (art. 6o)18.

18Sin embargo, la estrategia de enajenar el patrimonio provincial para hacer frente a la deuda anterior no resultaba satisfactoria. Como bien se ha señalado:

  • 19 Infesta, 2007, p. 30.

Buenos Aires tenía puestas sus mejores expectativas en las propiedades del Estado, las consideraban imprescindibles no solo para garantizar la deuda pública sino también para hacerse de recursos en casos extraordinarios19.

19Por un decreto del 9 de agosto de 1822, se buscó afirmar los derechos y percepción de rentas de los terrenos fiscales urbanos y se concibió la idea de obtener rentas de las tierras rurales para atender la deuda, sin enajenarlas. Así, se estableció que hasta que no se dictara una ley de tierras

  • 20 Recopilación de Leyes, 17/4/1822, p. 352.

no se expedirían títulos de propiedad, ni se pondrán a remate ni se admitirán denuncias de terreno alguno20.

  • 21 Infesta, 2007, p. 30.
  • 22 Ibid., pp. 33-35.

20Estas reglas estaban vinculadas al proyecto de ley de enfiteusis, que preveía arrendar por largo plazo las tierras fiscales, preservando a su vez la propiedad para asegurar ingresos futuros. Sin embargo, las normas de la enfiteusis permanecieron en una nebulosa21. En 1824 se continuaba invocando el principio de enfiteusis para el arrendamiento de terrenos públicos, y finalmente se elevó el proyecto de ley de tierras públicas a la Sala de Representantes, aunque esta no llegó a tratarlo22. Un año más tarde (15 y 27 de septiembre de 1825) se estableció el trámite para «denunciar» tierras en enfiteusis que ya se venían otorgando desde 1823.

  • 23 Djenderedjian, 2008, p. 216.
  • 24 Rivadavia a Beaumont, en Beaumont, 1957, pp. 138-140.

21El mismo Gobierno promocionaba la creación de colonias agrícolas, no ya en la frontera como estrategia defensiva, sino en tierras bien ubicadas, buscando la transformación de las bases productivas de la región. Desde agosto 1821 circularon diferentes proyectos a través de los cuales el Estado debía asumir un rol como promotor de colonias, aunque ninguno llegó a concretarse23. Un problema emergía de la norma que prohibía la enajenación del patrimonio público. Rivadavia buscó conciliar estas propuestas, haciendo concesiones adicionales —en términos que a la postre eran bastante poco precisos— a los inmigrantes que participaran de proyectos de colonización24, postergando el otorgamiento de los títulos de propiedad. Otras iniciativas promovían el desarrollo de empresas privadas de colonización con apoyo estatal. Se suponía que eventualmente este crecimiento repercutiría sobre la riqueza de la provincia y nación y sobre la recaudación fiscal.

  • 25 Gelman, Santilli, 2006b.
  • 26 Id., 2006a.

22En esta línea, se buscó renovar el sistema de impuestos directos sobre la producción. El diezmo colonial fue siempre un monto muy limitado. Con las reformas de comienzos de los años 1820 fue reemplazado en Buenos Aires por la «contribución directa», un impuesto a los capitales, incluyendo la tierra. Este constaba de dos partes25. La primera cubría todos los capitales; casi excluyentemente la tierra con sus mejoras, 35 % del total, y el ganado, más del 60 %26. La otra parte cubría las mercaderías que entraban en consignación por el puerto de Buenos Aires, y en la práctica era una suerte de adicional al impuesto de aduanas.

  • 27 Recopilación de Leyes, p. 796.

23A su vez, sucesivas campañas militares entre 1821 y 1823 culminaron con una nueva línea de frontera en las serranías de Tandilia, posibilitando la incorporación a la producción de una extensión significativa de tierras. Buscando mejorar el control de la propiedad fiscal y privada, se estableció una Comisión de Topografía que se transformó por ley del 26 de junio de 182627 en el Departamento de Topografía y Estadística, constituido por un jefe y tres ingenieros. Tenía por funciones ser tribunal en los conflictos, fijar los limites y distribución de tierras públicas y particulares, fijar mojones y llevar planos, otorgar patentes a los agrimensores, y llevar el registro gráfico y escrito de todas las mensuras, en tanto que su función estadística era publicar anualmente este tipo de información. Operaría en las provincias a través de facultativos u oficinas subalternas.

  • 28 Asambleas constituyentes argentinas, coord. Ravignani, vol. 1, pp. 174 y 640.

24En 1824 un congreso convocado por Buenos Aires intentaba unificar nuevamente a las 14 provincias. En este contexto, el 7 de octubre de 1825 se elevó una ley al Congreso para la consolidación de la deuda nacional, que preveía la prohibición de enajenación de la tierra pública, que sería hipotecada a favor de los acreedores, con excepciones para casos como los proyectos de colonización28. La ley otorgaba garantía a la deuda de Buenos Aires (que había heredado la del disuelto Gobierno unificado de 1810-1820), y puso en juego la de las demás provincias «contraída en la defensa de la patria». Esta era particularmente relevante en la provincia de Salta; decía su representante Gorriti:

  • 29 Ibid., p. 1265.

El Estado es un deudor armado, que toma por la fuerza, y tal vez contra la voluntad del contribuyente, algunas veces más de lo que este puede contribuir29».

25Asumía sin mayor éxito la defensa de los contribuyentes salteños, que poca posibilidad tenían de cobrarle a su empobrecida provincia.

26Otra discusión se centró sobre el derecho de la nación para decidir sobre las tierras fiscales, que pertenecían, según algunos representantes, a las provincias (el citado art. 6o). Se partía del acuerdo de que estas tierras, antiguas posesiones de los nativos, habían pasado a ser propiedad de la Corona por derecho de conquista o por tratados. Heredadas por el Gobierno patrio, cuando la disolución de este en 1820 el derecho recayó en las provincias que habían reasumido su soberanía, según el argumento de los federales. Hasta que no se dictara una constitución, siguiendo el antecedente norteamericano, argumentaba el congresista Manuel Moreno, debían pertenecer a las provincias. Más aun en el caso de Buenos Aires, que había extendido sus territorio por nuevas conquistas y tratados con los indígenas durante de su autonomía.

27Sus rivales argumentaban que las provincias solo habían ejercido la custodia del patrimonio de la nación durante su desaparición «contra la voluntad de los pueblos» y que era necesario dotar a esta de recursos para su funcionamiento, diferenciando el caso norteamericano en la situación anterior y posterior a la Constitución de Filadelfia de 1787. En definitiva, impusieron su mayoría para aprobar la norma.

  • 30 Ibid.
  • 31 Ibid., p. 1201; Recopilación de Leyes, pp. 799-803.

28Similares discusiones se reiteraron con el tratamiento, un mes más tarde, de la ley de enfiteusis para todo el territorio nacional30, que sería promulgada el 20 de mayo de 1826, reglamentada por decreto del 27 de junio. Por ella se esperaba que las tierras del Estado se arrendarían por 20 años, generando un ingreso directo por el pago del canon, y uno indirecto, poniendo en producción extensiones hasta ese momento incultas31.

Balance fiscal: contribución directa

29Semanas después, el vendaval reformista llegó a su fin en medio de una crisis política que hizo que el sector ilustrado debiera dejar el Gobierno en manos de sus más pragmáticos rivales. Disuelta nuevamente la nación, cada provincia reasumiría su soberanía. En Buenos Aires, sin embargo, el legado legislativo en parte sobrevivió. La contribución directa perduraría por el resto del siglo, y también lo haría el Departamento Topográfico. La enfiteusis lo haría por algo más de una década, aunque crecientemente despojada de su sentido original. La política de colonización no sería reasumida hasta la segunda mitad del siglo. El cambio más significativo fue el destino de las tierras públicas.

30Al comienzo la contribución directa solo aportaba el 1 % del ingreso fiscal, creciendo luego al 3 % a fines de la década de 1820. En la siguiente, en un fuerte contexto de inflación generada por la emisión monetaria, se observa una suerte de efecto Olivera-Tanzi, que produjo una paulatina reducción relativa de estos ingresos hasta 1836. La proporción de sus dos componentes (capitales y mercadería en consignación) varió con el tiempo, y la correspondiente a la consignación, naturalmente, siguió de manera bastante consistente a la recaudación aduanera. En el periodo que nos ocupa (hasta comienzos de la década de 1840), el impuesto sobre los capitales en general tenía un peso algo mayor, que se hizo muy marcado cuando un conflicto del gobernador Rosas con el Gobierno francés llevó al bloqueo comercial del puerto de Buenos Aires en 1838.

  • 32 Gelman, Santilli, 2006b, p. 519.

31Esta circunstancia generó dos modificaciones de la norma. En 1838 se duplicaron las tasas, y una ley del año siguiente hizo más universal la obligación. Se gravó a los enfiteutas como si fueran propietarios, se incluyó a los pequeños productores, y se buscó un mecanismo más eficiente para efectuar la valuación fiscal. Es difícil medir la eficacia de las medidas. En términos monetarios la media anual recaudada creció un 130 %, pero la alta inflación del periodo da cuenta de una parte sustantiva de este incremento. Como porcentaje de la recaudación total se duplicó la participación (superando el 6 %), pero los débiles ingresos de aduana por el bloqueo (bajaron de más del 70 % a menos del 53 % de la recaudación total en los periodos de 1835-1836 y 1837-1840 respectivamente) hicieron que los otros rubros incrementaran su peso relativo sin que esto implicara un crecimiento efectivo. En términos reales, el incremento se hizo sentir sobre todo después de superada la coyuntura crítica, cuando se recuperó el valor de la moneda, pero en buena medida eso se debió al incremento de la contribución por consignaciones32. Esto, naturalmente, acompañó un crecimiento general de la recaudación, por lo que el aporte relativo de la contribución directa volvió a niveles similares a los anteriores al conflicto.

Arriendo y venta de tierras

  • 33 Amaral, 1984a, pp. 567-569, no toma en cuenta, justificadamente, la garantía hipotecaria en el val (...)

32Nada parece indicar que los tomadores de estas deudas hayan valorado la garantía hipotecaria de manera significativa, y cuando la propiedad fue puesta en venta en la década de 1830 los ingresos generados no fueron destinados a saldar esas deudas, sin que los acreedores efectuaran reclamos legales33.

  • 34 Halperín Donghi, 1982, p. 200.

33Por otro lado, una ley dictada por la renovada Sala de Representantes el 13 de octubre de 1827, votó 400 000 $ para extender la frontera, creando un impuesto anual sobre hacienda vacuna y caballar para solventarlo. Concluido el conflicto con Brasil, la expansión territorial se hizo efectiva y se restableció la enfiteusis en la recreada provincia, habilitando su aplicación a las tierras recién incorporadas. Más allá de los cambios de reglamentación, los resultados de recaudación no fueron satisfactorios. Hasta el año 1828 el rubro no figura en la contabilidad disponible; el arriendo de propiedades del Estado, donde posiblemente se registró el magro producto que generaba la temprana enfiteusis, totalizaron el 1 % de los ingresos fiscales. Los primeros datos precisos de recaudación debida al canon enfitéutico corresponden a los primeros años de la década de 1830, y con seiscientos mil pesos papel, conforman nuevamente solo el 1 % de la recaudación de ese quinquenio y esta situación no variaría en años posteriores34.

34Con Rosas en el poder, desde 1829 se renunció a la idea de preservar el patrimonio inmobiliario del Estado, pero la venta de la tierra no significó un cambio crucial de su aporte al erario. Ya en su segundo Gobierno (1836-1852) se inició una agresiva política de ventas, colocando en el mercado 1 500 leguas cuadradas de nuevas tierras. Esta política se aceleró en virtud de las necesidades fiscales generadas por el bloqueo francés (1838-1840) y el Gobierno puso en venta entonces todas las tierras públicas disponibles, y la mayor parte de las tierras en enfiteusis fueron enajenadas dando prioridad a sus poseedores.

35Sin embargo, la venta de tierras en los críticos años 1838-1840 produjo 1,7 millones de pesos, valor poco significativo por la inflación. En el mismo periodo, la venta de los animales sacrificados para alimentar el ejército dio 1,4 millones. La liquidación de la mayor parte de las tierras disponibles de la provincia generó menos de un 5 % del ingreso provincial, lo que pone de manifiesto que en un contexto de gran abundancia de tierras, ni su arriendo ni su venta rindieron un ingreso directo importante para el Estado.

  • 35 Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica de la Dirección de Geodesia «Los terrenos d (...)

36Sería sin embargo inadecuado suponer que la enfiteusis y posterior venta fuera un fracaso similar a la colonización agrícola. Una enorme cantidad de tierras se pusieron a disposición de particulares por estos mecanismos. El Registro Gráfico de la Propiedad de 183035 muestra que para entonces la tierra en tenencia extendía la nueva línea de frontera hasta Tapalqué, en el centro provincial, y de allí a Azul y Tandil, llegando por la costa hasta el Quequén Grande. De Tapalqué se prolongaba hacia el noroeste, pasando por Cruz de Guerra (25 de Mayo), hasta el sur del río Salado. Con posterioridad, como puede verse en los respectivos duplicados de mensura, el reclamo de tierras en enfiteusis avanzó hacia el sur por la costa o por tierras cercanas a ella. Juárez, Tres Arroyos, Gonzáles Chávez, Dorrego, muestran las primeras tenencias desde mediados de la década de 1830. De allí al oeste y noroeste, la ocupación recién se iniciará en la segunda mitad del siglo. Vale decir que para la década de 1830 se habían reclamado tierras a lo largo de la franja costera de la provincia hasta Bahía Blanca y, aunque su puesta en producción fue limitada por la presencia indígena, severas sequías y revueltas armadas en esa etapa, el impacto sobre la exportación se verá ya en la siguiente. En síntesis, la enfiteusis y posterior privatización facilitó la extensión de la ocupación de tierras, lo que eventualmente llevó a una ampliación productiva que tendría impacto sobre los ingresos estatales, aunque fue un proceso relativamente lento.

  • 36 Chiaramonte, Cussianovich, Tedeschi, 1993, pp. 83-84.
  • 37 Chiaramonte, 1986, p. 189.
  • 38 Id., 1991.
  • 39 Cortés Conde et alii, 2000, p. 515.
  • 40 En 1825 el Congreso fijaba un sueldo de 280 $ para un brigadier de Marina, 220 $ para un coronel, (...)
  • 41 En algunos de los trabajos citados hay alguna información más específica al respecto. Todo confirm (...)

37¿Qué pasaba en las restantes provincias con abundantes tierras públicas útiles para la ganadería? Ante todo existe una gran diferencia de ingresos entre Buenos Aires y las demás. Los ingresos de Santa Fe estaban en el orden de 20 000 a 30 000 pesos fuertes en las décadas de 1820 y 1830, y solo llegaban al orden de los 60 000 gracias a importantes subsidios de Buenos Aires36. Entre Ríos tenía ingresos que oscilaban entre 55 000 y 80 000 pesos fuertes en la década de 1820, superando con cierta holgura los 100 000 en la siguiente37. En Corrientes los ingresos crecen de unos 40 000 pesos fuertes a comienzos de los años 1820, hasta 150 000 a mediados de la década siguiente, cayendo con posterioridad a unos 100 00038. En Córdoba, pasan del orden de los 70 000 pesos fuertes en los años 1820, a 90 000 en la década siguiente39. Esto significa para fines de la década de 1830, por ejemplo, unos 13 pesos per cápita en Buenos Aires, y tan solo algo más de 2 en Entre Ríos, un monto similar en Corrientes, y algo menor en Córdoba. Quizá sea más significativo que estimando un salario de unos 20 pesos fuertes mensuales para los niveles más bajos de la administración, y entre 200 y 300 para los más altos40, estos presupuestos implican que las provincias apenas podían pagar como máximo un par de centenares de empleados, incluyendo desde los cargos políticos hasta las fuerzas de seguridad y justicia41.

38La tierra pública jugó en todas estas provincias un papel aún menor que en Buenos Aires. La enfiteusis se aplicó muy poco fuera de Buenos Aires. Las ventas de tierras fiscales tampoco consistieron en un rubro significativo de ingresos. En algunas provincias se mantuvo el diezmo, pero su problemática recaudación tampoco aportaba una parte sustantiva de los recursos provinciales y en los pocos casos en que se intentó la contribución directa fue sin éxito alguno.

39Así, ni el arrendamiento ni la venta de tierras tuvieron un peso en el erario. Tampoco fue posible para el Estado introducir impuestos directos sobre la producción agraria, que se iba ampliando por la incorporación de tierras a la producción. Si la ampliación productiva se reflejó en un incremento de la recaudación fiscal fue especialmente a través de su efecto en el aumento del comercio exterior.

  • 42 Informe de Santiago Wilde, citado en Estévez, 1960.

40Esto nos habla de un Estado demasiado débil para cambiar sus bases tributarias. Ni siquiera Buenos Aires poseía la capacidad técnica ni el desarrollo burocrático imprescindible para este propósito. Tampoco los mecanismos de apropiación de un recurso abundante, y para el cual solo existía una demanda a bajo costo, permitían un incremento de los ingresos del Estado. De hecho, para los inversores, la enfiteusis o la compra de tierras públicas era más una apuesta a futuro sobre el potencial valor de derechos de propiedad que una inversión productiva. En la frontera era posible producir sin títulos legítimos sobre la tierra y, de hecho, lo hacían pequeños productores, y algunos no tan pequeños. Por otro lado, los nuevos impuestos directos carecían de la legitimidad necesaria para asegurar que pudieran constituirse en base de la recaudación, como habían deseado sus creadores42. Esto nos deja la paradoja de gobiernos demasiado débiles para utilizar el que era su recurso más abundante para consolidar su estructura. ¿Pero fue realmente así? En la sección siguiente abordaremos este tema con un enfoque diferente.

Primitivismo fiscal: tierra, instituciones y orden socio-político

41Existió una estrategia distinta para utilizar la tierra en relación a la consolidación del poder político. Esta puede ser vista simplemente como un mecanismo que elude el paso por la economía monetaria. En lugar de recaudar recursos mediante la tierra, y con ellos pagar servicios al Estado, se utilizó —o intentó utilizar— la tierra directamente como la forma de remuneración de estos servicios. Aunque esto guarda relación con los proyectos de Rocamora, Azara y García, aquellos se formularon con la idea de generar cambios en la estructura económica y social que favorecieran la modernización del Estado. En el contexto de la monarquía hispana estos mecanismos debían jugar un papel secundario en condiciones de frontera, en un Estado que contaba con importantes recursos que provenían de otro sector de la economía —el minero, como ya señalamos— y que poseía además una legitimidad cimentada en siglos de dominio colonial, y una estructura administrativa que aunque lejos de ser sólida, tenía un desarrollo mayor que la que sobrevivió o se reconstruyó después de la Independencia.

  • 43 Ayrolo, Míguez, 2012.

42Luego de la caída del proyecto reformista asociado a la figura de Rivadavia en Buenos Aires, y bastante antes en la mayoría de las provincias, el régimen de caudillos desplazó a las formas más articuladas del orden sociopolítico. Este sistema combinaba una estructura administrativa propia de una organización estatal (por cierto, bastante primitiva), con un sistema de clientelas con liderazgos regionales sujeto a un caudillo provincial43. El sistema de recaudación fiscal atendía las necesidades de la estructura administrativa estatal más propia de una lógica burocrático administrativa. Y, como vimos, la tierra jugó un papel marginal en esta lógica. Pero su importancia en la consolidación de la estructura caudillesca fue sin duda más significativa.

43La provincia de Buenos Aires ofrece un buen ejemplo. Rosas apeló a la tierra para estructurar su poder de varias maneras. Quizá la más obvia y más conocida fueron las donaciones de tierras a jefes militares, tanto en la campaña de 1833 contra los indígenas enemigos como en las luchas facciosas de fines de esa década. Figuras como Francisco Sosa en Bahía Blanca, Vicente Gonzáles en Monte, Bernardo Echeverría en Azul y Tapalqué, o Benito Valdés en 25 de Mayo, que provenían de sectores sociales carentes de riquezas, o su propio hermano, Prudencio, y su ahijado, Pedro Rosas y Belgrano, que ocuparon al igual que los anteriores un lugar clave en la estructura de lealtades del sistema caudillesco de Rosas, se transformaron en grandes propietarios reforzando su papel como poderosos líderes locales. También se otorgaron otro tipo de facilidades de manera más amplia, como la excepción del pago de contribución directa a quienes conformaron la tropa que luchó contra la rebelión de los libres del sur (1839) y la invasión de Lavalle (1840).

  • 44 Gelman, Schroeder, 2003.
  • 45 Al asumir el Gobierno, Rosas se había pronunciado enfáticamente en contra del uso de la expropiaci (...)
  • 46 Mosse, inédita.

44De manera inversa, también usó el derecho de propiedad sobre la tierra para combatir a sus enemigos. En este caso, mediante las confiscaciones a los «unitarios» que habían participado de las rebeliones de 1839-184044. Es revelador que estas tierras no fueron ni entregadas a los leales ni vendidas, sino que permanecieron en poder del Estado, y eventualmente fueron restituidas a sus propietarios originales, ya fuera en la propia época de Rosas, o después de su caída45. Entre tanto, las propiedades permanecieron en manos de administradores del Estado. Esta administración recayó en general en figuras de influencia local leales al régimen. Desde luego, los administradores se beneficiaron con esta comisión por la remuneración que recibían (proveniente de la propia producción de las tierras administradas), por el aumento de su poder en la nueva función y por otras formas en que podían usufructuar de los bienes. Así, aun sin enajenar las tierras expropiadas, pudieron ser utilizadas para reforzar la trama de lealtades políticas que estructuraba al régimen rosista. Por otro lado, los productos de las nuevas «estancias del Estado» sirvieron para apoyar la estructura política. Sus ganados fueron utilizados para sostener a las tropas, o para el reparto a los indios amigos y aliados, que formaban parte de la política de fronteras de Rosas46.

  • 47 Recopilación de Leyes, pp. 985-986; Garavaglia, 2004; Lanteri, 2011.

45El uso de la tierra en la conformación de lealtades partidarias no se redujo a las grandes donaciones a los militares participantes en las campañas de 1833 y los conflictos de 1838-1840. A poco de asumir la gobernación, Rosas emitió un decreto el 19 de septiembre de 1829 que acordaba el otorgamiento de donaciones de tierras a los vecinos de la campaña, hijos de la provincia, y los avecinados, naturales de la República, que quisieran establecerse en la nueva frontera en el arroyo de Azul, y en campos fronterizos de pertenencia del Estado, quienes recibirían una suerte de estancia de una legua cuadrada. La condición para beneficiarse con ellas era transportar a su familia o gente de faena, poblarla con 100 cabezas de ganado y caballos, o sembrar, y levantar un rancho. No se podían vender sin mantener estos compromisos y previa autorización de las autoridad relevante del comandante general de la campaña. El título de propiedad se entregaría 10 años más tarde, cuando adquirirían plenitud de derechos y quedarían libres de las obligaciones del servicio militar. Entre tanto, deberían levantar una iglesia y recibirían armas para la defensa, aunque en lo sucesivo se defenderían con armas y caballos propios47.

  • 48 Recopilación de Leyes, 9/6/1832; Burgin, 1960, pp. 317-318.
  • 49 Lanteri, 2011.
  • 50 Citada en Celesia, 1969, p. 589.

46En 1832 (9 de junio) se dictó una norma similar para Fuerte Federación (actual Junín), comprendiendo un cuadrado de 8 leguas por lado (algo más de 41 km) con epicentro en el fuerte. En caso de afectarse terrenos de enfiteutas, estos deberían dejar libre el terreno, siendo indemnizados con una o dos suertes de estancia en propiedad según las reglas del decreto del 19 de septiembre de 1829. Se procedería de igual manera con las guardias asentadas en Fuerte Protectora Argentina (actual Bahía Blanca), Fuerte de La Blanca Grande y Fuerte 25 de Mayo (Cruz de Guerra, actual 25 de Mayo)48. Según M. Burgin, estas tierras estaban destinadas a quienes hubieran participado de la lucha contra los unitarios y a ganaderos que habían sufrido por la reciente sequía. Las tierras fueron cedidas a partir de 1832, pero por largo tiempo no se hizo efectivo el otorgamiento de los títulos de propiedad, quizás para asegurar la continua lealtad de quienes habían recibido las donaciones. Si esta fue la intención, resultó eficaz ya que, con los conflictos de 1838-1840, estos sectores conformaron un sólido núcleo de apoyo al gobernador49. También es muy conocida la carta de Rosas a Vicente Gonzáles en la que le comenta su voluntad de utilizar su propio patrimonio personal de la estancia Los Cerrillos para asentar en sus fondos (los terrenos menos aptos para la ganadería) a pobladores pobres de la campaña para practicar agricultura, como una forma de granjearse lealtad y apoyo50.

  • 51 Schmit, 2004, pp. 211-213.

47Entre Ríos muestra una situación comparable. Si la venta y locación de las propiedades públicas no generó ingresos significativos, un importante número de «estancias del Estado», expropiadas a enemigos o establecidas en tierras fiscales y operadas con la tropa y la milicia como mano de obra, constituyeron un recurso económico importante. En primer lugar, proveían de caballos y «munición de boca» (ganado para el consumo del ejército) en una provincia que estuvo en conflictos armados por largos periodos, y que, en virtud de su escasa población, debía movilizar una alta proporción de hombres con capacidad para tomar las armas (hasta el 60 % de los hombres de 15 a 50 años). A ellas se destinaba el ganado alzado que merodeaba en la provincia —en buena medida por la crisis productiva causada por la propia guerra— y el confiscado a los enemigos dentro o fuera de tierras entrerrianas. También se obtenían algunos montos monetarios no despreciables por la operación de estas estancias51.

48Quizá más importante fue el uso de la tierra pública para el armado de un tejido de lealtades que reforzaban el poder del Estado. Según Roberto Schmit:

  • 52 Ibid., p. 182.

Se entabló en esta sociedad de frontera una negociación de servicios a cambio del reconocimiento […] a los grupos subalternos, entre otras posibilidades, de la estancia o el asentamiento en usufructo sobre las tierras fiscales o de pastoreo de la provincia52.

49Fue práctica habitual durante la primera mitad del siglo xix que las autoridades locales respetaran la posibilidad de que pequeños productores, que servían como milicianos en las fuerzas entrerrianas, usufructuaran la propiedad pública. Incluso, cuando se recurrió a la venta de tierras, se indicaba que se debía

  • 53 Decreto de Pascual Echagüe a la Comisión de tierras de Concepción del Uruguay, 10 de febrero de 18 (...)

hacer una demostración de aprecio con todos aquellos vecinos que hubiesen servido al Estado con las armas en la mano o que hubiesen prestado servicios distinguidos de cualquier clase que sea, no podrán ser vendidos los terrenos que poseen estos53.

50Esta política se continuó más tarde en la etapa de Urquiza, y solo sería revertida después de consolidado el Estado nacional en la segunda mitad del siglo xix.

 

51Cuando las diversas circunstancias que acompañaron a los hechos revolucionarios pusieron en crisis la dependencia de la región de la Plata de los recursos generados por la minería altoperuna, la producción agraria —particularmente pecuaria— de las regiones litorales la reemplazó como fuente de recursos para el Gobierno. Sin embargo, en tanto que la renta minera fue una fuente directa de peso a través del impuesto directo a la producción de plata, todos los intentos por obtener ingresos de las extensas tierras públicas en las regiones litorales dieron escaso resultado. Ni los arriendos, ni las ventas, ni siquiera los impuestos directos a la producción agraria generaron ingresos significativos para el fisco. Esto puede atribuirse a dos razones fundamentales: la abundancia del recurso y la debilidad del Estado. Un recurso de gran abundancia es un recurso de escaso valor. Y un Estado débil, mal estaba en condiciones de ejercer de manera eficaz sus derechos de propiedad sobre extensas tierras despobladas.

  • 54 Para casos similares en Salta y en la Banda Oriental en la década de 1810 véase Mata de López, 199 (...)

52Sin embargo los gobiernos de caudillos encontraron otra manera de valorizar la tierra pública para consolidar su poder (a la postre, el poder del único Estado existente en aquel contexto). Este consistió en otorgar derechos de usufructo a ciertos sectores de la población, en algunos casos con promesas de propiedad dilatadas en el tiempo, o propiedad efectiva a personajes clave a cambio de su apoyo al poder del caudillo54. Contribuyó a ello que la valorización de los productos pecuarios, en especial el cuero, incrementaran la presión sobre la tierra, valorizando el recurso.

53La creación de redes de poder y lealtad basadas en el usufructo de tierras fiscales fue, entonces, un complemento al poder del Estado (con ciertas reminiscencias de un sistema feudal). En los gobiernos de caudillos coexistió una estructura formal de poder estatal, con sus finanzas públicas y estructuras burocráticas, con una estructura informal de lealtades y compromisos que hacían viable el funcionamiento de las estructuras formalizadas. Aunque la tierra no jugó un papel significativo en la financiación de la estructura formal del Estado, sí parece haberlo tenido en la consolidación de las instituciones informales que contribuían a sostenerlo.

  • 55 Lynch, 1984.

54Desde luego, esto recuerda la aguda observación de Sarmiento sobre que la tierra era la base del poder de Rosas. Pero a diferencia de la interpretación más usual55, sugerida por el propio Sarmiento, no se trató de que los grandes terratenientes fueran la base social del rosismo, sino que este encontró mecanismos para «financiar», en parte con la tierra pública, una estructura de poder. No la estructura formal administrativa del Estado, pero sí la imprescindible estructura caudillesca que la sustentaba o complementaba.

Notes

1 Chiaramonte, 1982; Halperín Donghi, 1994; Gelman, 1997.

2 Jovellanos ocupó más espacio en las páginas de La Gaceta de Buenos Aires que cualquier otro autor.

3 Lucena Giraldo, 1996; Lázaro Ávila, 1996; Weber, 2005.

4 Djenderedjian, inédita.

5 Halperín Donghi, 1982. Un análisis más detallado en Míguez, 2009, que es una versión previa del presente trabajo.

6 Parish, 1852.

7 Moutoukias, 1999.

8 Amaral, 1998, p. 233.

9 Ibid., p. 234.

10 Ibid., los precios de Parish, 1852, son similares.

11 North, 1958.

12 Ekelund, Tollison, 1981; Moutoukias, 1998. El argumento se desarrolla más detalladamente en Míguez, 2009, en base a datos de Moutoukias, 1999, Newland, en línea y Newland, Poulson, 1998.

13 Halperín Donghi, 1982, pp. 121-125.

14 Ibid, p. 154, registra que los defensores de la reducción esperaban que disminuyera la evasión e incrementara así los ingresos, aunque señala que el aumento de estos se debe a un incremento de las importaciones. Sin embargo, es difícil determinar si la reducción fue eficaz o no en estimular una menor evasión, ya que una disminución de esta aparecería en las estadísticas como un aumento de la importación legales. Por otro lado, si los montos exportados no crecieron de manera significativa, en ausencia de crédito externo, es difícil que el volumen total de importación (sumando el legal y el clandestino) pueda haber crecido.

15 García, «Nuevo plan de fronteras»; Gelman, 1997.

16 Amaral, 1988.

17 Míguez, 2007.

18 Recopilación de Leyes, pp. 221-222; Amaral, 1984a y 1988.

19 Infesta, 2007, p. 30.

20 Recopilación de Leyes, 17/4/1822, p. 352.

21 Infesta, 2007, p. 30.

22 Ibid., pp. 33-35.

23 Djenderedjian, 2008, p. 216.

24 Rivadavia a Beaumont, en Beaumont, 1957, pp. 138-140.

25 Gelman, Santilli, 2006b.

26 Id., 2006a.

27 Recopilación de Leyes, p. 796.

28 Asambleas constituyentes argentinas, coord. Ravignani, vol. 1, pp. 174 y 640.

29 Ibid., p. 1265.

30 Ibid.

31 Ibid., p. 1201; Recopilación de Leyes, pp. 799-803.

32 Gelman, Santilli, 2006b, p. 519.

33 Amaral, 1984a, pp. 567-569, no toma en cuenta, justificadamente, la garantía hipotecaria en el valor de los bonos de deuda pública.

34 Halperín Donghi, 1982, p. 200.

35 Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica de la Dirección de Geodesia «Los terrenos de propiedad pública y particular de la provincia de Buenos Ayres», 1830.

36 Chiaramonte, Cussianovich, Tedeschi, 1993, pp. 83-84.

37 Chiaramonte, 1986, p. 189.

38 Id., 1991.

39 Cortés Conde et alii, 2000, p. 515.

40 En 1825 el Congreso fijaba un sueldo de 280 $ para un brigadier de Marina, 220 $ para un coronel, 100 $ para un capitán, 25 $ para un carpintero, 20 $ para un velero, 8 $ para un grumete, etc. (Asambleas constituyentes argentinas, coord. Ravignani, vol. 1, p. 194). Estos son algo mayores que los coloniales (Halperín Donghi, 1982, p. 137) y menores que los privados, según otros datos. Los salarios anuales para los ingenieros del Departamento Topográfico en la ley citada más arriba, van de 1 200 $ a 2 000 $, entre el ingeniero secretario y el jefe.

41 En algunos de los trabajos citados hay alguna información más específica al respecto. Todo confirma la debilidad de la estructura estatal, un poco más consolidada en Corrientes que en las otras provincias.

42 Informe de Santiago Wilde, citado en Estévez, 1960.

43 Ayrolo, Míguez, 2012.

44 Gelman, Schroeder, 2003.

45 Al asumir el Gobierno, Rosas se había pronunciado enfáticamente en contra del uso de la expropiación como instrumento político. Su idea del carácter sagrado de los derechos de propiedad chocó con sus necesidades políticas.

46 Mosse, inédita.

47 Recopilación de Leyes, pp. 985-986; Garavaglia, 2004; Lanteri, 2011.

48 Recopilación de Leyes, 9/6/1832; Burgin, 1960, pp. 317-318.

49 Lanteri, 2011.

50 Citada en Celesia, 1969, p. 589.

51 Schmit, 2004, pp. 211-213.

52 Ibid., p. 182.

53 Decreto de Pascual Echagüe a la Comisión de tierras de Concepción del Uruguay, 10 de febrero de 1838, citado en ibid., p. 184.

54 Para casos similares en Salta y en la Banda Oriental en la década de 1810 véase Mata de López, 1999; Paz, 2008; Frega, 2007.

55 Lynch, 1984.

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Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires – Tandil

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