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Cambio institucional y fiscalidad

 | 
Michel Bertrand
, 
Zacarías Moutoukias

III.1. — Tierra, propiedad y comunidades

Jurisdicciones, comunidades, territorios

La fiscalidad de Tehuantepec en la construcción del Estado independiente

Aurélia Michel
Traduction de Zacarías Moutoukias

Texte intégral

  • 1 Demélas, Vivier, 2003.
  • 2 Morelli, 2005.

1Al establecer los pueblos de indios en América a finales del siglo xvi, la Corona de Castilla integró nuevos cuerpos a la Monarquía. Retomando los principios de la comunidad aldeana europea, la Corona combinó las tierras colectivas, su población y la jurisdicción. Por su parte, las poblaciones indígenas así congregadas comprendieron la importancia de semejante conjunto institucional que encajaba tierras comunales y jurisdicción: la propiedad colectiva de la tierra y el gobierno local se reforzaban recíprocamente. De hecho, durante mucho tiempo, se denunció la robustez de las comunidades indígenas como cuerpo de Antiguo Régimen, considerándolas un obstáculo a la formación del Estado liberal moderno. Fue por eso que los liberales mexicanos, buscando debilitarlas, procuraron en cambio disociar la jurisdicción territorial de la propiedad colectiva, en particular por medio de la política de desamortización a partir de 18571. Si la persistencia de las instituciones comunitarias ha sido interpretada como un signo de arcaísmo político así como del carácter parcial de la modernización del Estado, la historiografía ha mostrado por otra parte que las comunidades aldeanas europeas constituyeron unos apoyos indispensables en la construcción del Estado moderno ante los poderes feudales y la naturaleza feudal de la lealtad política. Resulta entonces verosímil la existencia de semejante afán de Estado por parte de las comunidades indígenas para regular y protegerse del poder de las élites regionales —hacendados y comerciantes— y que esta demanda hubiese sostenido la instalación del Estado independiente. Dicho de otro modo, el papel de las comunidades indígenas en la construcción nacional debe analizarse en esta perspectiva paradójica —que F. Morelli ha desarrollado respecto de la representación política de Quito—: por un lado, las corporaciones indígenas tuvieron una intensa participación en el proceso revolucionario de la independencia y, por el otro, participaron tal cuales, es decir que el proceso independentista no las alteró como cuerpo de Antiguo Régimen2.

2Desde la escala local, la fiscalidad es un puesto de observación para comprender la manera en que las comunidades indígenas combinaron sus bazas en la transición al Estado independiente. Permite dar cuenta del grado de «des-corporación» dentro del nuevo régimen independiente y de medir su participación en la producción local del Estado. Observaremos para ello tres ámbitos de la evolución de la fiscalidad en la antigua alcaldía de Tehuantepec, de la provincia de Oaxaca: primeramente la fiscalidad directa que constituyó el cambio institucional mayor y construyó la nueva ciudadanía nacional; continuando con la fiscalidad indirecta que, en cambio, expresaba la continuidad con la Monarquía, aunque también la producción de un nuevo Estado local; y finalmente la emergencia de una fiscalidad local municipal, gracias a la cual las comunidades invistieron la institución municipal, transformándose así ya no en cuerpos, sino en divisiones del territorio nacional.

Del tributo indígena a la capitación: la evolución de la fiscalidad directa en Tehuantepec

  • 3 Serrano Ortega, 2007.

3Uno de los elementos esenciales de la transición del régimen colonial hacia el Estado-nación fue el reemplazo del tributo indígena por la contribución general, progresiva y personal, que no distinguía la condición o estado de los contribuyentes, sino sus ingresos. Esta ruptura con el tributo colonial implicaba, de hecho, la desintegración de los cuerpos comunitarios indígenas, cuya explotación era una de las bases del Estado colonial, para hacer de los indígenas ciudadanos del nuevo Estado independiente3.

  • 4 Gerhard, 1977.
  • 5 El resto de la población estaba compuesta por un 15 % de castas y un 10 % de españoles, según Mach (...)

4En la región de Oaxaca, los pueblos de indios se mantuvieron particularmente estables desde finales del siglo xvi. La Alcaldía Mayor de Tehuantepec se fundó en 1560 a partir del desmantelamiento del marquesado del Valle —el dominio de Hernán Cortés— uno de cuyos componentes se encontraba en la región. Fue precisamente la amenaza de la transformación de dichos dominios en señorío lo que condujo a la Corona a poner en práctica una política de congregación desde los años 1540, constituyendo los pueblos de indios corporaciones directamente vinculadas a la Corona y a la administración colonial frente a las pretensiones territoriales de los herederos de Cortés4. Se crearon alrededor de veinticinco cabildos de indios que poco más o menos se mantuvieron hasta finales del periodo colonial: dentro de la Real Intendencia, establecida en 1786 —entre otras cosas, con vistas a optimizar les recursos fiscales del tributo indígena—, la provincia de Tehuantepec se convirtió en una subdelegación con veinticinco pueblos de indios que comprendían 4 260 tributarios, los cuales representaban tres cuartos de la población de la provincia5.

  • 6 Ibid.

5El régimen fiscal de los indígenas reposaba, por una parte, sobre el repartimiento de mercancías —principalmente en forma de grana— y, por otra parte, sobre el tributo recaudado por el Cabildo de indios en función del número de tributarios registrados6. El carácter colectivo de esta recaudación implicaba un lazo directo entre tributo y comunidad, pero más aún entre tributo y bienes comunales. Los pueblos formaban así unidades fiscales en las cuales la recolección del tributo era colectiva y estaba vinculada a la explotación de los bienes comunales por parte de la comunidad. En 1785, el alcalde mayor de Tehuantepec llamaba la atención por defecto sobre la articulación entre pueblo, bienes comunales y tributo:

  • 7 AGEO, Real Intendencias, Subdelegación Tehuantepec, leg. 42, exp. 14-48.

El alcalde mayor, en razón de la consulta que le hace el superintendente general de la Real Hacienda, informa sobre la situación que guarden los mulatos y pardos en relación al pago de tributos: por no tener bienes comunales ni domicilios fijos no es posible su cobro, a la gran mayoría de estos7.

  • 8 «Sobre la formación de la matrícula de tributarios en los partidos de la Chinantla» (AGEO, Real In (...)
  • 9 Menegus Bornemann, 1986.
  • 10 Gerhard, 1977.
  • 11 AGEO, Tesorería Principal, leg. 4, exp. 2, fo 2ro-vo, 1737; García Martínez, 1969; véase Maniau To (...)
  • 12 AGEO, Tesorería Principal, leg. 4, exp. 18, fo 5ro-vo, 1793, «Oaxaca: relativo a la formación de l (...)

6Aparentemente, ya desde 1786 los esfuerzos de la administración borbónica por aumentar los ingresos condujeron a una alteración de las corporaciones indígenas lo cual se produjo de tres maneras. En primer lugar, la constante actualización de las matrículas de tributarios apuntaba a volver al tributo más nominativo e individual (lo cual hallamos también en otras regiones de la Intendencia de Oaxaca)8. La monetización era otra manera de desolidarizar el impuesto respecto de la colectividad, en particular la monetización de los impuestos vinculados a la administración de las comunidades (real de ministros, real de hospital y real de caja de comunidad). Se ha medido su impacto en Metepec, en la región de México. Allí, Menegus ha constatado que el pago en moneda de real y medio aumenta la carga colectiva del impuesto y obliga a aumentar la superficie de tierra cultivada9. Por último, los esfuerzos de la administración borbónica, constatados en Tehuantepec, por extender el tributo a los indios que no gozaban del estatuto de residentes de pueblos de indios; es decir, los indios de las haciendas «marquesanas» (o pertenecientes al marquesado de Cortés). En efecto, sus habitantes estaban sometidos a un estatus particular: allí no se establecieron pueblos de indios bajo la presión de Cortés, que quería guardar la explotación directa de esas tierras10. La Corona confiscó dicho dominio en 1734, otorgando su regimiento a un alcalde mayor específico. Por entonces, el contador general de los ramos de los reales tributos recordaba a aquel que «cada indio» era tributario y contribuyente del medio real, que se elevaba a dos pesos por tributario11. En 1793 la Intendencia de Oaxaca solicitó que se formase una lista de tributarios en la jurisdicción marquesana. En este escrito, el carácter personal del medio real permitía asociar la condición de indio con el tributo y todo parece indicar que el tributo se siguió cobrando en los «pueblos, haciendas y particulares de la jurisdicción de las cuatros villas marquesanas»12.

  • 13 AGEO, Tesorería Principal, leg. 4, exp. 19, hoja 5; exp. 26, fo 3ro-vo; Real Intendencias, caja 2/ (...)
  • 14 AGEO, Fondo Pueblos, leg. 6, exp. 6; véase Serrano Ortega, 2009.

7De modo que la evolución de esos tres aspectos —la monetización del real de ministro y comunidad, la extensión de la contribución a los indios no residentes en los términos de los cabildos de indios y la actualización de las listas de tributarios— constituyeron una preparación a la individuación del tributo, o al menos a la «des-corporación» de las comunidades en tanto unidades fiscales y a desolidarizar el pago del tributo respecto del trabajo en las tierras comunales. Sin embargo, es difícil estimar los efectos de esas reformas, en la medida en que el tributo parece casi no haber sido percibido durante el periodo de la insurrección. En efecto, además de los disturbios vinculados a la guerra y la supresión de los impuestos sobre las comunidades, graves epidemias impidieron a varias aldeas el pago del tributo en 1793, 1796, 1809 y 181513. Si bien está documentado que algunos pueblos suministraron «contribuciones de guerra», en 1823 «los pueblos no dan la contribución (casas, personas y moneda papel) desde que entró el ejército en esa ciudad [Tehuantepec]»14. Los funcionarios no siempre tenían los medios para imponer esta contribución.

  • 15 Jáuregui, Serrano Ortega (coords.), 1998.
  • 16 Constitución política del estado libre de Oajaca.

8Por su parte, la constitución del nuevo estado libre y soberano de Oaxaca —promulgada en 1825— definió el marco de la nueva contribución general directa. En este encuadramiento de orientación marcadamente federal, los estados eran el pivote de la recaudación nacional. Una vez decidida en la ciudad de México la parte que correspondía pagar a cada estado en nombre de sus compromisos federales, la definición de las políticas fiscales era competencia de la respectiva legislación estatal15. En primer lugar, la Constitución de Oaxaca enunciaba el principio de la igualdad de los ciudadanos y, por lo mismo, la supresión de las distinciones, privilegios y abolengos particulares (artículos 17 y 18). Además, su preámbulo reconocía la soberanía del estado en tanto que entidad de la nación mexicana, mientras que sus artículos 234 a 240 definían dicha soberanía en materia fiscal («la Hacienda del estado se formará de las contribuciones de los individuos que lo componen»)16. El Congreso del estado fijaba el monto de los impuestos y aprobaba las contribuciones municipales (artículo 235). La repartición de los montos (contribución federal e impuesto estatal) en el seno del estado se hacía en base a la población y sus riquezas, determinadas por los trabajos estadísticos del estado (artículos 236 y 237), de manera progresiva y procurando pesar lo menos posible sobre las poblaciones (artículo 238).

  • 17 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Tehuantepec, Contribución, leg. 14 y leg. 4, exp. 5.
  • 18 Colección de decretos y órdenes del estado libre de Oajaca, decreto XXI.
  • 19 Serrano Ortega 2009.
  • 20 Ibid.

9A continuación hubo que esperar cuatro años antes de que la administración del estado de Oaxaca emprendiese la recaudación sistemática de la contribución en la región. En 1829, Oaxaca estableció un estado de la deuda de contribución del departamento de Tehuantepec, pero otro inventario de 1834 habría de mostrar que alrededor del 80 % de la contribución no había sido pagada17. El decreto XXI, «Arreglo y cobro de la contribución personal, llamada antes capitación», instauraba los principios de la contribución progresiva y personal, basada —alternativamente— en los ingresos o en el valor de las propiedades18. Este doble sustento de la fiscalidad —basada en el valor de los bienes inmobiliarios y en los ingresos—, caracterizaba los debates sobre política fiscal que tuvieron lugar tras la transferencia de los principios de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. En 1834-1835, dichos debates llevaron a una orientación «a la francesa», que optaba por una fiscalidad territorial basada en el valor de la propiedad, asumida por la administración central y no por los estados19. Esta política, implementada por una ley nacional de 1836, fracasó ampliamente por razones técnicas (falta de catastro, débil administración central frente a los estados), poniendo de manifiesto la demasiado débil presencia del estado federal. Y fue particularmente poco eficaz en Oaxaca, donde las propiedades comunales eran mayoritarias y las propiedades de valor escasas. La orientación inversa, reforzando la contribución sobre los ingresos, decidida a nivel nacional por el gobierno de Santa Anna a partir de 1841 y aplicada por una nueva ley llamada de Capitación en 1842, permitió aumentar considerablemente los ingresos: el estado de Oaxaca vino a situarse entre los primeros ingresos del estado federal debido a su población numerosa, aunque de bajos ingresos20.

  • 21 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 14.
  • 22 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 4, exp. 20, 1848. En el marco de la reforma agrari (...)
  • 23 AGEO, Fondo del Gobiernos de los Distritos, leg. 4, exp. 22, 1848.
  • 24 AGEO, Fondo Pueblos, leg. 6, exp. 16, 1848.

10En varios años de perturbación (guerra, desordenes, epidemias) se suspendió la recaudación del impuesto directo, de modo que el contraste entre tributo indígena y contribución personal se evidenciaba más de manera teórica que en su aplicación. Concretamente, fue sobre todo en el ámbito de las ciudades donde la percepción de la contribución constituyó un cambio, puesto que en lo sucesivo incluía a todos los habitantes (mulatos, comerciantes, etc.) y no solamente a los indios de pueblo. La ley sobre la capitación de 1842 implicaba el nombramiento de un representante del estado de Oaxaca en cada subprefectura, creada en dicha ocasión. En tres de las subprefecturas creadas en el distrito de Tehuantepec (los partidos de Tehuantepec, Juchitán y Petapa), la medida permitió recaudar 17 674 pesos en un año21. En cambio, para los pueblos de indios, la diferencia entre tributo y capitación era menos perceptible puesto que, de hecho, los tributarios se volvieron contribuyentes. Más bien parece que los pueblos contemplaban la contribución desde una fuerte continuidad con el tributo indígena. Esto aparece a través de dos demandas recibidas en 1848 por el departamento de Tehuantepec, cuando un nuevo decreto fijaba la contribución personal diferenciada de la contribución territorial sobre la propiedad. El primer pueblo, Huamelula, indicaba que la comunidad no quería pagar la contribución porque no tenía bienes comunales22. Con este propósito, el pueblo registró 82 propiedades en una lista estableciendo las propiedades que no incumbían a la contribución directa23. El pueblo de Huilotepec avanzó el mismo argumento, solicitando una exoneración de la contribución debido a un conflicto de tierras no resuelto por falta de escribano y de escritura notarial, lo cual «limita los recursos de los sujetos a contribución a su capacidad a trabajar la tierra»24. De nuevo, la ausencia de propiedad comunal impedía a la población cumplir con la contribución. Se comprende aquí que los pueblos de Tehuantepec mantuvieron la lógica de una imposición indígena, cuya base había sido la explotación de tierras comunales además de las tierras de repartimiento. En ausencia de esas tierras comunales, no podían cumplir con la contribución. Se observa finalmente que fueron las autoridades municipales quienes presentaron las solicitudes de dispensa en nombre de la comunidad entera. La distinción entre el tributo indígena —del cual se hacían cargo las comunidades sobre la base de la lista de tributarios—, por un lado y, por el otro, la contribución directa del nuevo régimen, no era por lo tanto obvia.

11Así, si como principio la contribución personal constituyó una ruptura mayor con el régimen colonial basado en el tributo indígena, en la práctica, el sentido de la contribución permaneció muy cercano al tributo que pesaba sobre las repúblicas de indios de Oaxaca: colectivo, proveniente del trabajo sobre las tierras comunales. Las dificultades vinculadas a la instauración del estado federal —las vacilaciones entre federalismo y centralismo, fiscalidad territorial sobre los bienes inmobiliarios o impuestos sobre los ingresos— se agregaron a las múltiples resistencias contra el aumento de la recaudación fiscal impuesto por los Borbones. No se trata aquí de medir, pero es probable que esas dificultades hubiesen pesado sobre la eficacia de la contribución como recurso federal. Si es necesario reparar en los resultados excepcionales de la contribución de Oaxaca en 1842, notemos también que en 1848 —año para el cual se dispone de algunos ejemplos de contabilidad de la administración fiscal en Tehuantepec— la capitación de Juchitán solo representó 337 pesos y 215 la de Petapa, cuando los ingresos de la alcabala sobre el numerario alcanzaron 1 500 pesos (sobre una recaudación total de 2 743 en el mes de julio). En el mes de enero de 1850, apenas un 15 % de la recaudación provenía de la capitación y un 18 % en el de junio. Otras investigaciones serían necesarias para medir la rentabilidad de la contribución en la región. Pero más allá de una cuestión cuantitativa, se puede analizar, a través de la penetración del principio de la contribución, uno de los aspectos de la progresión del Estado moderno en esta zona indígena. Las comunidades parecen haber «conservado» el principio del tributo en su lógica, buscando, por cierto, aprovecharse de la confusión para escapar del mismo tanto como fuera posible.

Fiscalidad indirecta y Estado local

12Otro pilar del Estado colonial, la fiscalidad indirecta era un componente esencial de los ingresos del Tesoro: derechos de aduana, derechos sobre las transacciones, derechos sobre ciertas producciones además de monopolios. Garantizaba recaudaciones considerables, correspondiendo igualmente la edificación de la soberanía del Estado sobre su territorio. Observados en el ámbito local, el funcionamiento y la eficacia de la percepción indirecta muestra asimismo la lenta construcción del Estado local, considerado como una institución local que hacía emerger ciertos actores en la economía regional. Veremos entonces, a la vez, el funcionamiento de la administración, las transformaciones de la institución y la eficacia de esta fiscalidad en la región de Tehuantepec.

  • 25 AGEO, Real Intendencias, caja 1/2, leg. 35, exp. 17 y leg. 37, exp. 45 («Diligencias promovidas po (...)
  • 26 AGEO, Real Intendencias, caja 2/2, leg. 25, exp. 15 y caja 1/2, leg. 38, ficha 1260.

13Para una primera evaluación de la calidad de la presencia del Estado local, es importante considerar no solo al proyecto estatal central y su éxito en su implantación territorial, sino también la demanda local de un Estado regulador —capaz de asegurar una seguridad institucional y un arbitraje de los principales conflictos— que podían formular diferentes actores. Esta demanda se expresaba, aun desde el principio de la colonización, en relación a la seguridad jurídica de la propiedad. Así, si por una parte se ha señalado la debilidad operativa del Estado independiente en aplicar una política de registro de la propiedad, por otra parte hay que constatar que el registro a petición de los interesados era una práctica importante y daba a la administración una función que tenía su sentido a nivel local. Eran las comunidades indígenas quienes con mayor frecuencia solicitaban este registro y un arbitraje del Estado. Los ejemplos son numerosos: en 1789, un particular procuraba el reconocimiento de un contrato de arrendamiento de sus tierras a la comunidad vecina de Tlacolula; en 1800, la comunidad de Chihuitán solicitó la adjudicación en propiedad directa por compra, de todas las parcelas que arredraba a un comerciante de Tehuantepec; o aun el pueblo de Lachiguiri que en 1808 presentaba una solicitud de confirmación de sus títulos otorgados en 1710 por la Intendencia25. Los propietarios de haciendas recurrían también al registro fiscal, como los dominicanos de Oaxaca que en 1807 solicitaban se les reconociese la propiedad de una estancia o propietarios de las haciendas marquesanas que reclamaban el reconocimiento de arrendamientos de 180726.

  • 27 Véase AGEO, Fondo Pueblos, leg. 6, exp. 16, 1848. Distintos casos y listas en AGEO, Real Intendenc (...)

14En todas estas solicitudes, el registro intervenía como arbitraje entre dos actores bien diferenciados: comunidades y grandes propietarios. Al mismo tiempo ponía de manifiesto la falta de control de la propiedad por parte del Estado. Este mismo podía tomar la iniciativa del registro con fines fiscales —en particular propiedades de mano muerta, que años más tarde serían desamortizadas—, en cuyo caso se producían listas de propiedades sometidas a los diferentes regímenes de tributación descritos. La multiplicación de las mismas entre 1805 y 1848 —que concernía desde haciendas, estancias, pequeñas propiedades dedicadas al cultivo de azúcar u otros productos comercializados, hasta «capellanías, obras y cofradías»—, traducía tanto la falta de consolidación del Estado local desde el punto de vista del control de la propiedad, como a las múltiples estrategias de los actores frente a las indeterminadas relaciones entre fiscalidad y propiedad ya señaladas. Esto nos lleva a las situaciones paradójicas, como la del pueblo de Huilotepec —arriba analizadas— que al mismo tiempo que trata de preservar la fiscalidad basada en el tributo, solicita la exoneración de este argumentando la falta de títulos notariales de propiedad27.

15En cambio fue mayor la consolidación local del Estado a través de la administración de las aduanas y de la alcabala, así como de los monopolios del tabaco y del correo, establecidos en 1764. A esto se agregaban los productos comercializados más importantes de la región y cuyos recursos fiscales formaban un ramo separado: la grana cochinilla y la sal.

  • 28 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 13, exp. 4.
  • 29 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 13, exp. 2.

16Es difícil hacerse una idea de cómo funcionaba la recaudación de esos diferentes impuestos durante la guerra de Independencia. A veces se señalaban disturbios que mostraban poderes locales poco leales —como por ejemplo a Ixtepec a propósito de la administración del Tabaco, donde la población acusaba a «los guardias del Tabacco» de contrabando y de sembrar el terror, obligando a los consumidores a recurrir a un estanco del estado vecino de Chiapas28. Pero por otra parte, se puede señalar igualmente la gran estabilidad de la administración en la transición hacia la independencia, patente en casos como la súplica ante el intendente de Oaxaca, presentada por Simona de Fuentes el 21 de marzo de 1823, es decir al día siguiente de la abdicación de Agustin Iturbide como emperador de México. Viuda de un funcionario de finanzas en la Administración de la Renta de Tabaco y Sales —don Domingo de la Rosa—, solicitaba beneficiar, a favor de su hijo de trece años, de la «herencia del despacho» de su marido con el mismo cargo de guarda de Sal. Para poder contar con unos ingresos mensuales de unos 10 a 15 pesos, la solicitante también pedía que hasta que su hijo estuviese en condiciones de ocupar el cargo, ella misma pudiese afectar un «individuo de la satisfacción del actual administrador interino». Miembros de la élite regional —entre los cuales dos antiguos oficiales reales— y administradores de la recaudación de alcabala, sal y tabaco apoyaban la solicitud con sus correspondientes cartas y certificados. Los argumentos más frecuentemente avanzados eran los de la continuidad de la administración y el servicio —y esto por todos los implicados en el expediente—. Por lo demás, la respuesta positiva confirmaba el carácter hereditario y comercial de los cargos y —sobre todo— que la estabilidad de las administraciones reposaba sobre la notabilidad y la reputación social de su jerarquía a escala regional29.

  • 30 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 13, exp. 31 y siguientes (diciembre 1823).
  • 31 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Tehuantepec, Administración de Alcabala y Rentas, leg.  (...)

17La alcabala y las otras tasas sobre los productos comercializados conservaron su peso como recursos fiscales, sobre los cuales las presiones de la administración también siguieron siendo considerables desde las reformas borbónicas. En 1823, cuando las contribuciones directas se estaban reorganizando completamente, se pidió a la subprefectura del partido de Tehuantepec que aumentase las recaudaciones sobre la sal, la extracción de grana y la renta de alcabala30. Como se ha visto al final de la sección precedente, entre veinte y veinticinco años más tarde, los pocos registros conservados nos darían una importancia relativa de la alcabala equivalente a aproximadamente trece veces la recaudación de la contribución directa y el de los impuestos indirectos que representarían alrededor del 55 % del total de lo recaudado, según los meses y los pueblos31.

  • 32 Machuca Gallegos, 2007; AGEO, Real Intendencias, Subdelegación Tehuantepec, leg. 35.
  • 33 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Administración de Sales, exp. 31; Fondo del (...)

18El impuesto a la extracción de sal, integrado a la alcabala, merece un comentario aparte. La región de Tehuantepec contenía un importante complejo de salinas, explotadas desde tiempos precolombinos tanto por la nobleza zapoteca como huave. Integrada a un complejo comercial que la conducía hasta América central, los caciques provenientes de esa nobleza siguieron controlando la explotación de la sal, manteniéndola directamente en el seno de las comunidades, hasta que las reformas borbónicas cambiaron el sistema de comercialización creando un estanco. Y este fue un fiasco productivo y financiero debido principalmente a la corrupción de los funcionarios32. Después de la independencia, la explotación de la sal retorna a una situación similar a la anterior, contribuyendo con impuestos indirectos que constituían —como se ha visto— los principales ingresos de la alcabala. A partir de 1823, la administración fiscal reactivó e intentó aumentar la recaudación del impuesto de la sal sobre las comunidades de Tehuantepec. Pero, en 1826, un decreto del estado libre de Oaxaca denunciaba la carga excesiva sobre la sal —que pasó de uno a cuatro pesos por unidad gravada— y suspendió el impuesto. Más tarde, en 1840, la prefectura comunicaba al ministro de Hacienda que «quedaron enteramente libres las salinas de este distrito» y el impuesto de la sal se transformó en el primer ingreso fiscal: 34 % de los ingresos totales en febrero de 1850 y 64 % de los ingresos provenientes de los impuestos indirectos (los cuales, como vimos en el párrafo precedente, representaban a su vez el 55 % de los ingresos totales). Lejos del 15 % también mencionado de la contribución directa33.

19La evolución de la imposición sobre la sal remite a la centralización de la administración. Durante el primer periodo, el estado de Oaxaca tuvo prerrogativas fiscales mayores, propias de un sistema marcadamente federal. Esto significaba que la mayor parte de la captación y distribución de recursos se realizaba a nivel de los estados federados, lo cual constituía a su vez el momento de una fidelidad política a la comunidad que le correspondía, la del estado de Oaxaca. Las élites que organizaban esta comunidad política en Oaxaca provenían de las grandes familias de comerciantes, en particular de la región de Tehuantepec. Al consolidarse a nivel local, la administración estatal hacia emerger nuevos «territorios fiscales».

  • 34 Constitución política del estado libre de Oajaca.

20Uno de los efectos de la instalación de un sistema local de percepción era la consolidación de jurisdicciones municipales sobre los poderes intermedios (distritos y estados). Debido a ello tenemos que tener en cuenta el hecho de que la administración fiscal podía o no coincidir con las jurisdicciones políticas. Cuando coincidían, la administración fiscal reforzaba obviamente las jurisdicciones territoriales. Al contrario, la organización territorial de la administración fiscal podía contradecir y fragilizar a las jurisdicciones políticas. Justamente, el régimen de Intendencias implementado por los Borbones reforzó considerablemente la jurisdicción de las provincias, ciñendo al mismo tiempo el control del Estado central sobre su territorio. El primer régimen independiente mexicano se apoyó precisamente sobre la importancia de esas jurisdicciones que se volverían entidades autónomas federadas y soberanas desde el punto de vista fiscal. La Constitución de Oaxaca de 1825 definía igualmente la organización territorial del estado, reconociendo tres niveles: las repúblicas (equivalentes a las municipales), los departamentos y las subprefecturas. Y el primer nivel de las repúblicas reunía a españoles e indios, borrando de ese modo sus antiguas distinciones de condición, según los principios de la ley federal de 1822, llamada de municipalización, basada en criterios de población —más de 1 000 habitantes para obtener un Ayuntamiento—. El nivel intermedio de los departamentos retomaba las subdelegaciones de las Intendencias borbónicas y representaba al estado de Oaxaca en sus diferentes regiones34.

  • 35 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 4, exp. 5.

21En esta configuración, Tehuantepec —capital de departamento— seguía siendo el centro de recaudación de la antigua Subdelegación de la Intendencia. Las cuentas de la contribución personal de 1834 muestran cómo la contribución se recaudaba por parroquia —ocho en total: Tehuantepec, San Francisco del Mar, Santa María Petapa, San Juan Guichicovi, Jalapa, Tequisistlán, San Miguel Tenango y Zanatepec—; y cada parroquia comprendía varias repúblicas a las cuales se afectaban montos para la contribución. Así, la parroquia de Tehuantepec comprendía las repúblicas o municipalidades de Tehuantepec, Juchitán, Ixtaltepec, Ixtepec, Chihuitán, Tlacotepec, Espinal, Mixtequilla, Huilotepec y Laollaga35.

  • 36 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Tehuantepec, Capitación, leg. 14.
  • 37 Situada en las lagunas Huaves, era uno de los municipios más poblados de Tehuantepec (Machuca Gall (...)

22Ahora bien, en 1804, la reforma de la capitación vino acompañada por una reestructuración de la división territorial basada en la demografía. Juchitán y Santa María Petapa se volvieron sedes de subprefectura (o partido político) y acogían a un representante del gobierno estatal encargado de la capitación36. El partido de Tehuantepec comprendía las parroquias de Huamelula, Tequisistlán, Jalapa y Tehuantepec, de la cual hay que excluir las municipalidades de Juchitán, Ixtaltepec e Ixtepec, que aunque permanecían en la parroquia de Tehuantepec, caían bajo de la jurisdicción del partido de Juchitán, con la parroquia de San Mateo37. La nueva importancia demográfica de Juchitán, que le valía esa promoción administrativa, desencadenó una competencia económica y política importante con la ciudad de Tehuantepec. En 1850 la población de Juchitán se levantó contra la dominación del gobierno de Tehuantepec —«autorizado por el de la capital del Estado»—, acusándolo de sembrar el terror entre los habitantes de Juchitán, al haber desencadenado un incendio que habría matado a la mitad de la ciudad. También lo acusaba de encarcelar ciudadanos arbitrariamente y, sobre todo, de

  • 38 «Manifiesto y plan político de José Gregorio Meléndez, Juchitán, 28 octubre de 1850», citado por R (...)

que los ciudadanos son siempre molestados con contribuciones, gravámenes y servicios forzados que no se pueden sufrir; que lejos de ahorros en los caudales públicos el poder legislador los grava cada día38.

  • 39 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Administración de Alcabala, leg. 12, exp. 11.
  • 40 División territorial del Estado de Oaxaca.
  • 41 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 6; AGEO, Fondo Pueblos, exp. 65, lista del archivo (...)
  • 42 División territorial del Estado de Oaxaca.

23Por su parte, Tehuantepec seguía cobrando directamente los ingresos fiscales de las repúblicas del partido de Juchitán, como Ixtaltepec39. La relación de fuerzas era favorable a Tehuantepec cuando sus élites obtuvieron del presidente, Santa Anna, la creación de un territorio separado del estado de Oaxaca en 1853. El territorio de Tehuantepec abarcaba Juchitán y la parte norte del istmo, tomada al estado de Veracruz40. Pero la competencia continuó: en 1856 la municipalidad de Espinal, situada sobre tierras comunales de Juchitán, se negó a pagar la contribución a Tehuantepec declarando que Juchitán la habría ya cobrado41. En 1856 Benito Juárez disolvió el nuevo territorio, creando dos distritos —Tehuantepec y Juchitán— que habrían de permanecer hasta después de la Revolución42.

Las divisiones territoriales de Tehuantepec entre 1825 y 1875

Las divisiones territoriales de Tehuantepec entre 1825 y 1875
  • 43 Ibarra, 2001.
  • 44 Silva Riquer, 2001.

24Siguiendo en el mapa las etapas de esos conflictos, aparece que las lealtades hacia uno u otro centro de percepción correspondían también a fidelidades políticas que acabarían siendo validadas por los recortes territoriales que creaban nuevos «territorios fiscales». Desde esta óptica, se puede hablar, como lo hace Antonio Ibarra, de una «suerte de organización pública desde abajo», que reposaba sobre los lazos entre Ayuntamiento y Estado43. Así, si los ingresos fiscales estaban destinados al Estado central, la presencia de una administración fiscal era también la construcción de un Estado local que desempeñaba su papel en las dinámicas regionales. Dicho Estado local parece haberse consolidado en el periodo 1776-1850, mostrando en este proceso tanto más estabilidad, cuanto que era investido por grupos, intereses y desafíos locales44. Este último aspecto muestra que las municipalidades del Estado independiente, o sea las antiguas repúblicas de indios para el caso de Tehuantepec, participaron en la construcción del Estado local, reforzando así el poder central más de lo que lo frenaban.

La fiscalidad municipal

25Como sabemos, las reformas borbónicas tenían como principal objetivo el aumento de los ingresos fiscales, en particular a través de los excedentes que la administración pensaba poder captar de las comunidades. Para ello intentaba controlar la colectividad y al mismo tiempo estimular el aumento de los recursos por medio de incitaciones y restricciones fiscales. Esto tuvo una primera consecuencia de orden político: al imponérseles el control administrativo de las contabilidades de propios y arbitrios y al impedírseles la autoadministración de los excedentes producidos, las comunidades se veían eximidas de sus responsabilidades políticas y se colocaban bajo la tutela de la administración, en particular de la Intendencia. Además, frecuentemente, la monetización del real y medio obligaba a las comunidades a reorganizar el trabajo colectivo y a especializar algunas tierras de propios que fueron objeto de renta por locación, explotación indirecta o directa. Este proceso llevaba a distinguir, en el seno de las tierras colectivas, los propios específicamente dedicados al impuesto local bajo la propiedad directa y la gestión del Cabildo. Aunque una de las reivindicaciones importantes de la revolución de Independencia concernía la supresión de esa fiscalidad (real y medio de hospital, medio real de ministros, medio real de caja de comunidad), la nueva legislación independiente trató de volver sobre el primero de los aspectos evocados —el de la centralización— y al mismo tiempo consolidar el segundo —la especificación de los propios como propiedad municipal—. En efecto, reforzar los objetivos, las competencias y los recursos de las municipalidades constituyó uno de los aspectos importantes de la constitución del estado libre de Oaxaca de 1825, que la constitución liberal de 1857 habría de confirmar.

26Aunque sin distinguirlas según su origen indio o español, ni aplicar algún criterio demográfico, la ley de gobierno de Oaxaca de 1825 se apoyaba en las repúblicas para establecer nuevas tareas y objetivos públicos:

  1. educación;
  2. seguridad, entre los cuales la cárcel y la policía;
  3. infraestructuras —caminos y alumbrado público—;
  4. salud pública, incluido el hospital45.

27Sobre las repúblicas se delegaban también tareas vinculadas al poder central: percibir la contribución del Estado, la estadística y el censo de la población residente y de los electores. El papel de las repúblicas era igualmente crucial en la definición de la ciudadanía, no solo porque registraba y actualizaba la lista de los «ciudadanos avecindados en su territorio», si no también porque la definición de los ciudadanos pasaba por la alfabetización, que la municipalidad tenía a su cargo, según aparece en el artículo 3 del citado texto constitucional. Debido a todas estas tareas, las repúblicas estaban autorizadas a generar recursos propios. El artículo 6 del capítulo 1 («De las Repúblicas») define la gestión de sus propios y arbitrios:

Es obligación de cada república, recaudar, administrar e invertir los productos de los propios y arbitrios aprobados, y de todos los fondos del común con total arreglo a las leyes y reglamentos vigentes, nombrando depositario de los caudales bajo la responsabilidad de los que lo nombran. Una vez por lo menos en cada semana, se juntará la república para tratar de estos objetos, y en fin de año, antes de su renovación dará cuenta justificada al gobernador, así de los productos de los propios y arbitrios, como de su legitima inversión.

28Como en las intendencias coloniales, el control de las contabilidades de los propios y arbitrios estaba siempre centralizado a nivel del estado de Oaxaca. El estado, bajo el control del Congreso, seguía siendo el nivel exclusivo de percepción fiscal, pero su aplicación se transfirió a las colectividades. Las municipalidades o repúblicas debían someter sus cuentas a control, pero la importancia de las competencias y atribuciones que les atribuía el régimen de 1825 implicaba una fuerte descentralización. Lentamente, esta paradoja abría a las municipalidades independientes la posibilidad de generar sus propios recursos fiscales.

  • 46 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 46.
  • 47 Zeitlin, 1989.
  • 48 AGEO, Real Intendencias, leg. 10, exp. 6; leg. 35; leg. 37, exp. 45.
  • 49 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Acontecimientos notables de 1883: «Ley de desamortizaci (...)

29Ahora bien, en 1826 varias comunidades se quejaban de no disponer de suficientes propios para cumplir con su misión, denunciando también la falta de rigor en la definición y gestión de los propios. Una comunidad se quejaba que sus propios solo estaban constituidos por «un ranchito de ganado mayor que llaman común, que contiene de diez a doce cabezas, que manejan hace dos años los auxiliares sin cuento ni razón maliciosamente para sus costumbres»46. Sin embargo, las tierras comprendidas por la propiedad comunal dejaban rastros fáciles de seguir: en primer lugar, Judith Zeitlin mostró cómo las comunidades de Tehuantepec habían llevado adelante políticas inmobiliarias para adquirir mercedes de tierras de ganado desde el siglo xvi47. Se puede igualmente documentar que las comunidades emprendían con frecuencia procedimientos de adquisición de tierras durante el periodo borbónico: los indios de Tlacolula sobre una parcela de Tequisitlan, o los indios de Chuihuitan sobre una parcela de Tehuantepec. Hacia la misma época inventariaron las capellanías, obras y cofradías de las comunidades. Un buen número de ellas se encontraron en Santa María Petapa y Guichicovi48. En fin, dos elementos bien posteriores confirman la presencia de tierras comunales: el hecho de que no hubo ninguna desamortización en la aplicación de la ley Lerdo y que la mayoría de las repúblicas de 1825 hicieran trámites de reconocimiento de bienes comunales con la reforma agraria posterior a la Revolución49.

  • 50 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 47.
  • 51 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 49.
  • 52 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 50-52.

30Si la existencia efectiva de importantes tierras comunales no deja lugar a dudas, más difícil de resolver es su distribución y su afectación a los gastos de la municipalidad. En efecto, las reformas borbónicas obligaron a definir los propios de manera definitiva separando su gestión de los trabajos colectivos tradicionales. Se trataba de las tierras que se suponía constituían los ingresos de las nuevas municipalidades. Pero para aplicar la constitución de 1825, las comunidades solicitaban la creación de propios y arbitrios suplementarios, negándose a extraer de sus tierras comunales los ingresos destinados a los gastos municipales. Debido a ello, entre 1827 y 1857, se instaló un equilibrio de fuerzas entre las municipalidades y la administración fiscal para establecer la existencia de propios en el seno de los bienes comunales y el control de su afectación. En 1827, el Despacho de Hacienda del estado de Oaxaca solicita un inventario de la situación que concernía al conjunto de los «propios, arbitrios o bienes de comunidad»50. Habiendo quedado sin respuesta hasta 1838, el prefecto de Tehuantepec retomó el requerimiento en los mismos términos: «cuentas de propios, arbitrios y bienes comunes que deben formar todos los pueblos de este distrito por fin del año»51. Aunque con excepciones, la mayoría de los pueblos respondió a las circulares de los años 1840-1842 negándose a presentar las «cuentas de bienes comunes», porque «carecen de fundos municipales»52.

  • 53 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 58.
  • 54 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 54.

31Los pueblos se negaban a afectar tierras a los gastos municipales, pero en 1843 obtenían del gobernador la autorización para «la creación de algunos arbitrios que aumentan los fundos comunales» destinados a dichos gastos. Salvo alguna excepción, destinada a pagar gastos de educación elemental, la composición y el rendimiento de los fondos permanecía en la mayor opacidad, aunque globalmente todos los ayuntamientos denunciaban la falta de medios para hacerse cargo de los gastos previstos por la ley del estado53. Solo el Ayuntamiento de Tehuantepec fue algo excepcional. Como principal ciudad de la región —a pesar de la competencia de Juchitán—, recibió responsabilidades igualmente importantes: educación, seguridad y mantenimiento de la planta urbana. En 1844 el Ayuntamiento realizó un balance de sus necesidades, donde apareció un déficit de 1 600 pesos, que propone absorber con un nuevo impuesto. Pero los ingresos reales no se logran precisar, salvo que «lo poco que hoy tiene la municipalidad, unido a estos arbitrios, son escasos» y no permitían cubrir las urgencias más graves. Tanto que en 1845, el mismo Ayuntamiento solicitaba disponer del fondo de multas para poder pagar al personal de la cárcel, en particular a su director54.

  • 55 Esparza, 1986; AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 60 (...)

32Sería recién en 1861, con la aplicación de la ley de desamortización, que las comunidades tendrían la oportunidad de reconstituir sus patrimonios inmobiliarios en propiedad directa. Las autoridades del estado enfrentaron directamente el problema recurrente de la insuficiente financiación de las municipalidades. En 1861, la jefatura política de Tehuantepec gravó a todos sus habitantes con un impuesto de medio real mensual por sus servicios públicos (alumbrado, educación, rutas, etc.). Pero sobre todo, «los municipios que carecen de fundos» debían explotar tierras agrícolas (añil, maíz, etc.) bajo la dirección y la unidad del jefe municipal. Sin embargo, se sabe que ninguna municipalidad procedió a la desamortización de tierras comunales. En cambio, para las municipalidades que en esta ocasión declararon no disponer de bienes comunales, se encuentran actas notariales de compraventa de grandes propiedades por parte del presidente municipal de Zanatepec y Niltepec: algunas comunidades salvaron, por ese medio, los bienes comunales de la política de desamortización, integrándolos en la propiedad privada55. Este y otros ejemplos muestran que el control de las contabilidades municipales no parece haber progresado mucho desde la independencia. Podemos en cambio suponer que las antiguas comunidades transformadas en municipalidades han protegido sus bienes comunales —disociándolos de los propios, aprovechando la especialización que había comenzado con las reformas borbónicas— y, por otra parte, utilizaron la ley de propios y arbitrios para reconstituir un patrimonio inmobiliario comunal amenazado por la desamortización.

33Por otra parte, durante los cincuenta años que siguieron a la independencia, las municipalidades fueron progresivamente obteniendo la posibilidad de recaudar recursos propios, hasta que la práctica se convirtiese en principio, formulado en los documentos de comienzos de los años 1860. El caso del Ayuntamiento de Tehuantepec, particular dentro de las comunidades municipales del istmo, muestra que esos recursos locales podían llegar a ser importantes y que las municipalidades fueron a veces capaces de aplicar una verdadera descentralización gracias a un importante sistema impositivo municipal. Para «atender a los gastos municipales y en virtud del servicio público y nacional prestado por la ciudad de Tehuantepec», esta fue autorizada a recaudar seis nuevos impuestos, todos indirectos. Entre ellos, había dos impuestos al consumo: una taza a la faena de animales y a la carnicería por cabeza de ganado y un derecho a los bailes y las diversiones. Y finalmente, reapareció el impuesto a la sal, cuyo retorno al ámbito municipal marcó la inserción de esta producción como recurso propio municipal de una verdadera fiscalidad local.

34Se puede intentar ahora hacer un balance de las transformaciones de la fiscalidad en Tehuantepec. Se han puesto en evidencia tres movimientos paralelos.

35En primer lugar, la evolución de la fiscalidad directa muestra que el paso del tributo indígena hacia una contribución general personal, aunque hubiese integrado nuevos contribuyentes —poblaciones urbanas, mestizos— así como los cambios que introdujo entre las comunidades indígenas, fueron poco importantes en la práctica. Los pueblos, convertidos en municipalidades, continuaban pagando colectivamente la contribución, asociando dicho pago a la explotación de bienes comunales. Las comunidades indígenas estaban entonces poco «des-corporizadas» o poco desintegradas por la fiscalidad liberal.

36En cuanto a la segunda evolución, en el ámbito de la fiscalidad indirecta hubo una significativa continuidad entre el Estado colonial y el Estado independiente: continuidad de personal administrativo y de culturas políticas, y permanencia de las notabilidades regionales (alcaldía, provincia-intendencia). Pero las dinámicas económicas y demográficas locales, en particular el desarrollo de Juchitán, trastocaron poco a poco la organización territorial colonial. Esos cambios se transfirieron a la administración fiscal a través de un nuevo encuadre que se adaptaba a unas nuevas lealtades locales. Las municipalidades reconstruían así un Estado por abajo, reconfigurando las jurisdicciones fiscales y políticas.

37Finalmente, aunque lenta en asentarse, la fiscalidad municipal mostraba lo que estaba en juego con el control de los recursos locales por el nuevo Estado. Ponía en evidencia las continuidades institucionales entre los pueblos coloniales y las municipalidades independientes, así como la resistencia de estas últimas a transferir sus patrimonios en el marco de las instituciones nacionales. Al mismo tiempo, las municipalidades supieron aprovechar las oportunidades dadas por el régimen liberal para reconstruir legalmente sus patrimonios territoriales e inmobiliarios colectivos y, así, mantener la mayor correspondencia posible entre bienes comunales y jurisdicción política.

38En cambio, al volver sobre la instalación de la fiscalidad nacional en la región, se ha podido subrayar el papel de las municipalidades en la construcción del Estado. Asumieron funciones públicas importantes —como la inscripción de la residencia y de la ciudadanía o la educación— y gozaron por ello de cierta autonomía financiera para establecer una fiscalidad local. En el distrito de Tehuantepec (y es probablemente cierto en todo el estado de Oaxaca), esta importancia de la jurisdicción municipal favorecía el juego de las comunidades indígenas convertidas en municipalidades. Aunque la construcción del Estado independiente adoptase con frecuencia esquemas de Antiguo Régimen que conferían un considerable poder a las instancias intermedias (provincia, partido, jefatura política), los gobiernos liberales produjeron un régimen de poder marcadamente descentralizado, del cual la municipalidad constituía un pilar. Esto explica la adhesión de las comunidades a la institución municipal que habría de aparecer en los distintos conflictos con el Estado revolucionario del siglo xx. En efecto, esa gran «redistribución» de tierras colectivas realizada entre 1917 y 1992, taló considerablemente la autonomía municipal adquirida en el curso del siglo xix.

Notes

1 Demélas, Vivier, 2003.

2 Morelli, 2005.

3 Serrano Ortega, 2007.

4 Gerhard, 1977.

5 El resto de la población estaba compuesta por un 15 % de castas y un 10 % de españoles, según Machuca Gallegos, 2007, pp. 69-70.

6 Ibid.

7 AGEO, Real Intendencias, Subdelegación Tehuantepec, leg. 42, exp. 14-48.

8 «Sobre la formación de la matrícula de tributarios en los partidos de la Chinantla» (AGEO, Real Intendencias, Subdelegación Tehuantepec, leg. 4, exp. 8).

9 Menegus Bornemann, 1986.

10 Gerhard, 1977.

11 AGEO, Tesorería Principal, leg. 4, exp. 2, fo 2ro-vo, 1737; García Martínez, 1969; véase Maniau Torquemada, Compendio de la historia.

12 AGEO, Tesorería Principal, leg. 4, exp. 18, fo 5ro-vo, 1793, «Oaxaca: relativo a la formación de la matrícula de tributarios en la jurisdicción marquesana»; AGEO, Tesorería Principal, leg. 3, exp. 11, fo 1ro-vo, 1818.

13 AGEO, Tesorería Principal, leg. 4, exp. 19, hoja 5; exp. 26, fo 3ro-vo; Real Intendencias, caja 2/2, 1815.

14 AGEO, Fondo Pueblos, leg. 6, exp. 6; véase Serrano Ortega, 2009.

15 Jáuregui, Serrano Ortega (coords.), 1998.

16 Constitución política del estado libre de Oajaca.

17 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Tehuantepec, Contribución, leg. 14 y leg. 4, exp. 5.

18 Colección de decretos y órdenes del estado libre de Oajaca, decreto XXI.

19 Serrano Ortega 2009.

20 Ibid.

21 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 14.

22 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 4, exp. 20, 1848. En el marco de la reforma agraria del siglo xx, Huamelula solicitó y obtuvo el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales (Michel, inédita).

23 AGEO, Fondo del Gobiernos de los Distritos, leg. 4, exp. 22, 1848.

24 AGEO, Fondo Pueblos, leg. 6, exp. 16, 1848.

25 AGEO, Real Intendencias, caja 1/2, leg. 35, exp. 17 y leg. 37, exp. 45 («Diligencias promovidas por los naturales y común del pueblo de Santo Domingo Chihuitán, del partido de Tehuantepec, ante el Intendente de Oaxaca, en relación a las tierras que tienen en arrendamiento, a efecto que se le adjudique en compraventa en forma definitiva, toda vez que la autoridad superior ha dispuesto su remate a favor del oc. Mariano Castillejos»); AGEO, Real Intendencias, caja 1/2, leg. 10.

26 AGEO, Real Intendencias, caja 2/2, leg. 25, exp. 15 y caja 1/2, leg. 38, ficha 1260.

27 Véase AGEO, Fondo Pueblos, leg. 6, exp. 16, 1848. Distintos casos y listas en AGEO, Real Intendencias, caja 1/2, leg. 10, ficha 374; y caja 2/2, 1815; AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos: Tehuantepec, Contribución, leg. 4, exp. 16, 20-22.

28 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 13, exp. 4.

29 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 13, exp. 2.

30 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 13, exp. 31 y siguientes (diciembre 1823).

31 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Tehuantepec, Administración de Alcabala y Rentas, leg. 12.

32 Machuca Gallegos, 2007; AGEO, Real Intendencias, Subdelegación Tehuantepec, leg. 35.

33 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Administración de Sales, exp. 31; Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 12, exp. 11 y leg. 13, exp. 20; AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 59; Reina, 2004.

34 Constitución política del estado libre de Oajaca.

35 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 4, exp. 5.

36 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Tehuantepec, Capitación, leg. 14.

37 Situada en las lagunas Huaves, era uno de los municipios más poblados de Tehuantepec (Machuca Gallegos, 2007).

38 «Manifiesto y plan político de José Gregorio Meléndez, Juchitán, 28 octubre de 1850», citado por Reina, 2004, p. 282.

39 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Administración de Alcabala, leg. 12, exp. 11.

40 División territorial del Estado de Oaxaca.

41 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, leg. 6; AGEO, Fondo Pueblos, exp. 65, lista del archivo del municipio de Espinal en 1849, en particular «un cuaderno en donde se asienta el revivo de la alianza y conformidad que esta hacienda tiene con el pueblo de Juchitán»; exp. 37, año 1856: «El municipio de Espinal se niega a pagar la capitación a Tehuantepec ya que fue cobrada por la Subprefectura de Juchitán».

42 División territorial del Estado de Oaxaca.

43 Ibarra, 2001.

44 Silva Riquer, 2001.

45 Ley que arregla el gobierno económico de los departamentos y pueblos del estado libre de Oajaca, Oaxaca, 1825.

46 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 46.

47 Zeitlin, 1989.

48 AGEO, Real Intendencias, leg. 10, exp. 6; leg. 35; leg. 37, exp. 45.

49 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, Acontecimientos notables de 1883: «Ley de desamortización: no se hizo ninguno». Michel, 2007.

50 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 47.

51 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 49.

52 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 50-52.

53 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 58.

54 AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 54.

55 Esparza, 1986; AGEO, Fondo del Gobierno de los Distritos, sub-serie, Propios y Arbitrios, exp. 60 y 61.

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