Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Cambio institucional y fiscalidad

 | 
Michel Bertrand
, 
Zacarías Moutoukias

III.1. — Tierra, propiedad y comunidades

La fiscalidad y la propiedad en Oaxaca en el siglo xix

Margarita Menegus Bornemann

Texte intégral

Los impuestos iniciales

1El largo proceso de transición de la propiedad del Antiguo Régimen a la propiedad liberal abarcó prácticamente todo el siglo xix —y de ello hemos dado cuenta en otro texto de este mismo volumen—. El nuevo concepto de la propiedad que se quiso imponer en México fue aquel que se definió en el Código Napoleónico. Dicho Código define la propiedad como absoluta y necesariamente individual. O sea que, por un lado, no puede haber propiedad comunal y, por el otro, se suprime toda la propiedad privilegiada. La única propiedad que contempla el Código Napoleónico como protegida es aquella perteneciente a la nación. Dicho lo anterior, esa transformación conllevó una transformación fiscal.

2En este trabajo veremos tres problemas. En primer lugar, la transformación del tributo indígena en impuesto de capitación; en segundo lugar, la introducción del impuesto sobre la propiedad, pues como se sabe en el Antiguo Régimen toda propiedad estaba exenta de un gravamen; y, finalmente, respecto de este último punto, el dilema si se grava el valor de la propiedad o su renta.

  • 1 Tenenbaum, 1998, p. 223.

3Según Bárbara Tennenbaum, entre 1821 y 1834 las élites mexicanas se negaron rotundamente a pagar impuestos adicionales. En su opinión toda la estructura de ingresos de la primera república federal estaba basada en la premisa de que los impuestos al comercio exterior eran el ingreso más adecuado para la tesorería nacional. En 1829 Lorenzo de Zavala trató de decretar nuevos impuestos, los cuales fueron rápidamente revocados. La siguiente administración, de Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, procuró reducir los gastos del Gobierno. Gómez Farías y Zavala intentaron hacerse de recursos mediante la venta de las propiedades de la Iglesia. Finalmente, en el régimen centralista de Santa Ana, con su ministro Manuel Gorostiza, se decretó la primera serie de impuestos: sobre la propiedad urbana 2 al millar y sobre la rústica 3 al millar1.

4No obstante, en 1853 Santa Ana propuso gravar la renta de la tierra en lugar de gravar el valor, pero dicha propuesta no prospero. Veamos cómo estos temas evolucionaron en el caso del Estado de Oaxaca.

Las contribuciones directas o la contribución personal

  • 2 Sánchez Silva, 1998, p. 114. Afirma que para 1806 este ingreso por concepto disminuyó al 29,87 % s (...)
  • 3 Menegus, 1998. Si bien el tributo impuesto a fines del siglo xvi era de un peso y media fanega de (...)

5Suprimido en 1811, el tributo indígena colonial había llegado a representar, en 1790 —y según Carlos Sánchez— el 60,27 % de los ingresos globales de la intendencia de Oaxaca2. Sin embargo, una vez consumada la independencia, se introdujo la contribución personal, un impuesto directo a la persona. Pero a diferencia del tributo colonial, la contribución persona se basaba en la riqueza del individuo y, por lo tanto, no era un tributo fijo per cápita, al margen de la hacienda personal. En 1824, en Oaxaca se intentó cobrar un impuesto que recayera sobre los «jornales, capitales y rentas» de los habitantes del estado. Es decir, un impuesto que gravaba de manera desigual a los habitantes del estado en función de su hacienda o riqueza personal. Un decreto de 1824 fijaba la contribución personal de la siguiente manera: quienes recibían un salario entre 100 a 1 000 pesos debían pagar un real mensual o 12 reales anuales; quienes percibían entre 2 000 y 4 000 pesos, dos reales mensuales o 24 anuales; aquellos que tuviesen una renta de entre 4 000 a 6 000 pesos, 6 reales mensuales; y, finalmente, aquellos que recibían entre 6 000 a 8 000, 8 reales mensuales. La contribución personal mínima era de 12 reales anuales, prácticamente lo mismo que el tributo colonial3. Así, mediante este decreto se estableció en Oaxaca una reforma fiscal que gravaba la riqueza sin diferenciar étnicamente a quienes estaban sujetos al impuesto. Era entonces un impuesto que gravaba a toda la sociedad, sin distingo, regulado en función de la riqueza de cada individuo. En principio, este fue el mecanismo propuesto por las Cortes de Cádiz. Mientras que en la época colonial, como es bien sabido, los descendientes de españoles no pagaban tributo y los mestizos se incorporaron a los padrones tributarios muy tardíamente en el siglo xviii, con resultados dudosos.

6Para cobrar estas contribuciones se formaron juntas calificadoras en cada uno de los partidos del estado. Estas estaban integradas por un empleado de la administración de rentas, un labrador, un comerciante y tres individuos nombrados por los ayuntamientos o por las repúblicas de indios.

7Este decreto se modificó en 1828, definiendo cuánto debían pagar quienes tenían un salario mayor a 8 000 pesos y estableciendo nuevas categorías tributarias, con sus cuotas correspondientes. La riqueza se comenzó a medir en función del valor de la propiedad y no en relación con la renta de la misma, como sucedía en España. Quienes tenían una propiedad cuyo valor excedía los 20 000 pesos, pero menor a 30 000, pagarían 50 reales mensuales. Quizás la falta de padrones como el poco control que tenían las autoridades locales sobre los individuos que habitaban el estado llevó a esta situación. Con todo, ciertamente no es igual gravar el valor de una propiedad, que gravar la riqueza que esta produce.

8Aun así, el cobro del mismo no fue fácil y, según Antonio Serrano, quienes mayormente se resistieron al pago fueron los descendientes de españoles, es decir, los más acaudalados del estado. En cambio la contribución fue cobrada mejor en los pueblos de indios. En 1835, según el gobernador del estado, López de Ortigosa, se debía un total de 239 457 pesos en concepto de esta contribución personal al erario público y los contribuyentes de la capital del estado debían el 70 % de ese monto. Es decir, que la recaudación se hacía en los pueblos de indios, pero no entre los ricos propietarios y comerciantes de la ciudad de Oaxaca. Aquí claramente se impuso la tradición sobre la modernidad. En otros términos,, quienes tributaban en la época colonial lo siguieron haciendo mientras que la población que tradicionalmente estuvo exenta bajo el dominio español se resistió al pago.

  • 4 Sánchez Silva, 1998, p. 114.
  • 5 Arriola, 2007, p. 132.

9El desorden en las finanzas públicas de estos primeros años de la vida independiente llevó a que los ingresos estatales dependieran de manera significativa de lo que se podía recaudar a través de este impuesto directo. El otro impuesto importante, de sobra conocido, era la alcabala. Entre 1826 y 1835, la contribución directa representó alrededor del 25 % de los recursos fiscales del estado; y entre 1832 y 1833 era el ramo de la Hacienda pública que más recursos recaudaba. Carlos Sánchez afirma que para el estado de Oaxaca, la contribución personal representaba el 82,12 % del total de sus ingresos en 1825 y tan sólo el 25,01 % para 18324. Con todo, la contribución personal recaía fundamentalmente sobre la vasta población indígena de Oaxaca que pagaba este impuesto. De tal manera que las cifras que nos presenta Carlos Sánchez muestran que en la primera mitad del siglo xix, el estado de Oaxaca dependía sobremanera de este recurso. En 1832, el jefe del Ejecutivo de Oaxaca endureció las medidas recaudatorias, sin embargo, numerosas evidencias indican que un buen número de pueblos lo seguían adeudando unos veinte años más tarde5.

10En cuanto al pago de la contribución personal, con frecuencia y de manera recurrente los municipios pedían una rebaja alegando, al igual que en la época colonial, que el padrón registraba una población mayor de la que en realidad tenía y, por lo tanto, suplicaban una rebaja por el número de muertos, huidos o viejos. Ante las crisis económicas provocadas por las heladas y la sequía o por las guerras, dichos municipios también pedían una condonación de los adeudos o, en su defecto, no pagar la contribución hasta que se recuperaran.

  • 6 Menegus, 1992, pp. 65-74

11Por otra parte, después de la desamortización de las tierras comunales de los pueblos, quienes se constituyeron en sociedades agrícolas tenían que pagar impuestos sobre terrenos de uso común como pastos o montes, así como las parcelas de común repartimiento que se trasladaron al régimen de propiedad privada, pues se compraban a censo redimible y debían pagar anualmente al ayuntamiento el censo correspondiente. Se ve que muchos no lo hacían, debiendo importantes sumas al erario municipal. En la época colonial los pueblos no pagaban el censo por el usufructo de las tierras de comunidad, aunque los Borbones intentaron imponerlo sin éxito. Al parecer solamente pagaron dicho censo, el enfitéutico, los pueblos pertenecientes del marquesado6. En su informe como gobernador de Oaxaca, Juárez afirmó en 1850 que gracias a la capitación se recaudaron cerca de 170 mil pesos, lo cual equivalía a la mitad del presupuesto estatal de ese año.

12En 1851 la recaudación del impuesto de capitación se recaudaba en 28 partidos, de los cuales los partidos de Tlacolula, Zimatlan y Huajuapan eran de los que más contribuían.

Cuadro 1. — Recaudación del impuesto de capitación por partidos (1851)

Partido Monto (pesos)
Tlacolula 8 979,5
Huajuapan 7 235,2
Zimatlán 7 032,1
Ocotlán 6 446,4
Tlaxiaco 6 643,6
Villa Alta 6 684,4
Teotitlán del Camino 6 030
Nochixtlán 6 091,1
Miahuatlán 6 446,4
Pochutla 6 336,5
Etla 5 374,3
Santa María Oaxaca 5 240,2
Zoochila 5 532,3
Jamiltipec 5 349,6
Yautepec 5 693,6

Fuente: Memorias administrativas del gobernador de Oaxaca, p. 587.

Cuadro 2. — Recaudación por partidos del impuesto de la capitación (1850)

Partido Monto
Pesos Granos Reales
Partido Central de la capital 361 2 0
Santa María Oaxaca 6 295 0 4
Etla 5 961 1 0
Tlacolula 9 796 4 4
Zachila 4 858 7 0
Zimatlán 7 671 4 5
Villa Alta 7 292 2 0
Choapam 3 005 2 10
Zoochila 6 631 5 8
Mitlán 5 171 7 4
Teotitlán del Camino 7 767 5 2
Cuicatlán 3 919 1 6
Tustepec 5 454 7 6
Teposcolula 4 361 2 1
Tlajiaco 8 044 2 0
Nochitlán 8 926 2 3
Yanhuitlán 1 227 2 0
Coixtlahuaca 2 892 5 1
Huajuapam 9 279 6 0
Silacayoapam 7 926 6 5
Juquila 4 033 5 11
Ojutla 4 157 7 0
Ocotlán 7 092 3 10
Miahuatlán 6 944 4 0
Pochutla 2 509 3 2
Tehuantepec 2 266 6 7
Juchitán 15 244 3 6

Fuente: AGEO, Tesorería General, leg. 125, exp. 1.

  • 7 Memorias administrativas del Gobierno del Estado de Oaxaca, p. 583.

13Los demás partidos contribuían con 3 000 pesos o menos, y la suma total por este concepto sumaba alrededor de 140 000 pesos anuales. Otro informe correspondiente también al año de 1851 que registra la recaudación, sin los descuentos de distinta índole, nos muestra la relación entre dos impuestos fundamentales, el de la alcabala y el de la capitación. El ramo de la capitación arrojaba una recaudación total de 177 649 mientras que la alcabala suma 153 3427. Es decir, que el impuesto de la capitación en Oaxaca era más importante que la alcabala, debido sin duda a la densidad de la población indígena en este estado.

  • 8 AGEO, Gobierno de los Distritos Huajuapan, leg. 8.

14Según la Memoria de Gobierno de 1884-1885, el impuesto de capitación que se estableció en 1842 fue varias veces reformado hasta el decreto de 17 de diciembre de 1881, el cual fijó la cuota en 12 y medio centavos. Según el gobernador «la pequeñez de la cuota» hacía que fuese pagada sin resistencia. Según la Memoria de ese año, se recaudó un total de 224 310 pesos y 67 centavos. En cambio para ese mismo año la contribución sobre fincas rústicas y urbanas tan solo recaudó 47 722 pesos. El mismo informe atribuye la baja recaudación a que los avalúos eran viejos y a que no existía un catastro. El Reglamento de 1881 ordenó que se formaran padrones y se hiciera el cobro a todos los varones entre los 16 y los 60 años. Se recaudaba bajo el mismo reglamento que el de la capitación. Pero en 1889 el presidente municipal de Chazumba solicitó que se reelaborara el padrón porque se repiten nombres y por lo mismo pide que se les rebaje el monto de la contribución8.

15En conclusión, las reformas fiscales del siglo xix no lograron imponer un impuesto que gravara la riqueza de las personas. Un impuesto que reflejara las profundas diferencias sociales existentes. La carga al ser inequitativa gravaba, como siempre más al pobre que al rico. Por otra parte, vale la pena insistir en que la población que estaba exenta de pechar en la época colonial se resistió a ser gravada con impuestos. Quizás por esta razón, como dijo el gobernador, al imponer una tasa única poco gravosa para las clases pudientes, se logró que estas la pagaran y cedieran con el tiempo su resistencia natural contra el tributo.

16No obstante, según un relato de un profesor rural de Oaxaca de fines del siglo xix sucedió lo siguiente:

  • 9 Velasco, 2010, p. 33.

Un día la autoridad estatal con soldados se presentó en Zaachila a cobrar la capitación, un impuesto per capita que según los lugareños pagaban los hombres por tener la cabeza sobre los hombros. Como Papá Grande debía el pago de ese impuesto y carecía de dinero para hacerlo, los soldados lo aprehendieron y lo enviaron en «la cuerda» a Valle Nacional, para que trabajando pudiera liquidar su deuda9.

17Este relato familiar enfatiza la importancia del impuesto y la violencia ejercida para su cobro.

Impuestos sobre la propiedad rústica y urbana

18El impuesto sobre las propiedades rústicas y urbanas se intentó establecer en México a partir de 1836, sin embargo fue un proceso largo y arduo. Como se sabe y ya se ha dicho, la propiedad en el Antiguo Régimen no estaba gravada. El diezmo eclesiástico, gravaba solo la producción agrícola y, por otra parte, lo pagaba mayoritariamente la población no indígena, ya que estos últimos quedaron exentos de dicha contribución desde principios del siglo xvi —salvo en los llamados productos de Castilla, principalmente ganado y trigo—. En 1833 Valentín Gómez Farías eliminó la obligatoriedad del pago del diezmo eclesiástico. Así, a partir de esa fecha, solamente los fieles que así lo desearan pagarían libremente dicho gravamen a la Iglesia. En otro trabajo pude percatarme de que después de la exención dada por Gómez Farías en 1833 pocos hacendados continuaron pagando el diezmo, y con el tiempo quedó en desuso.

19En Oaxaca los impuestos sobre fincas rústicas y urbanas fueron introducidos durante el Gobierno centralista. En 1839 San Miguel Tequixtepec elaboró una lista de los contribuyentes que pagaban desde un tlaco —media cuartilla— hasta nueve reales. Según la información que nos proporciona Edgar Mendoza, se gravó tanto el terreno como el ganado. En el pueblo de la Concepción Buenavista el valor de las fincas rústicas en 1842 variaban de 4 pesos hasta 114. El número total de propietarios era de tan solo 54 individuos. Solo 6 personas concentraban el 30 % del valor de la propiedad. En cambio 34 propietarios tenían fincas que oscilaban entre los 4 y los 40 pesos. En 1846 solo 9 individuos —los más ricos— pagaban la contribución de 3 reales anuales, mientras que los demás vecinos no pagaban nada. En el pueblo de Tepelmeme sucedía algo parecido y solo los más ricos del pueblo pagaban la contribución.

  • 10 Dublán, Lozano, Legislazión mexicana, t. III, pp. 176-178.
  • 11 Sánchez Santiró, 2006, p. 231.
  • 12 Ibid., pp. 234-235.
  • 13 Ibid., pp. 236-237.

20En julio de 1836, el Gobierno centralista estableció por decretó ley una contribución anual de 3 al millar sobre el valor de las fincas rústicas10. En opinión de Sánchez Santiró este impuesto solamente era aplicable a propietarios que tuviesen propiedad privada, es decir, que la propiedad comunal de los pueblos estaba exenta de dicho gravamen11. Este primer proyecto fue cancelado al año siguiente. En la década de 1840 se promulgaron otras leyes al respecto y se definieron qué tipo de propiedades estaban exentas del gravamen. En términos generales se buscó liberar de esta carga a las instituciones de beneficencia pública, a las instituciones religiosas y educativas. Finalmente, lo que aquí nos interesa destacar es que la propiedad comunal quedó libre de dicho gravamen y solamente se buscó gravar a los propios de los pueblos en el caso de que estos fuesen tierras o ranchos arrendados a terceros que producían una utilidad superior a los 100 pesos12. Según Sánchez Santiró el fracaso de la contribución rústica en México en el periodo de 1835 a 1846 «radica en la forma en que fue concebido el gravamen»13. El modelo mexicano se alejaba en su opinión del modelo tributario latino, en donde este último gravaba la renta neta media de la tierra, mientras que en el modelo mexicano el valor de la propiedad era entendido como el avalúo de los terrenos y aperos y demás existencias de inventario de una hacienda.

  • 14 Ibid., p. 245.

21Las contribuciones directas de 2 al millar sobre fincas urbanas en Oaxaca sumaban en 1836, 1 175,5 pesos, mientras que las fincas rústicas sumaban tan solo 514,5 pesos14. La suma de lo recaudado en Oaxaca resulta ridícula, si la comparamos con el estado de México o de Puebla. En el caso de fincas rústicas del estado de México para ese mismo año se recaudó un total de 52 898,3 y en el caso de Puebla 29 686,6. El caso de Oaxaca muestra, por un lado, que la mayor parte de las fincas rústicas eran comunales y por otro lado, que la propiedad privada era limitada. En todo caso con estas cifras no sabemos dónde se ubicaban las tierras de los cacicazgos, si bajo propiedad comunal, por ser indígena —y por lo tanto estaban exentas— o como propiedad privada. Por la cifra tan ridícula recaudada suponemos que la propiedad de los cacicazgos no se gravó.

  • 15 Memorias administrativas del gobernador de Oaxaca, p. 595.

22En 1850 se mandó hacer otros padrones de las fincas rústicas y urbanas de parte del departamento de Huajuapan. Sin embargo, los padrones no fueron fáciles de elaborar. En las noticias que se publicaron en mayo de 1852 sobre la contribución sobre fincas rústicas y urbanas, se informa que en los departamentos de Huajuapan, Villa Alta, Teposcolula y Tehuantepec no se habían formado aún los padrones por lo cual no se había recaudado nada por ese concepto. Dicha noticia también muestra que la mayor parte de la recaudación por ese concepto se realizaba en la ciudad de Oaxaca y su entorno, donde, en 1851, la recaudación anual por concepto de Fincas Rústicas y Urbanas fue de 12 151,6 pesos. En el departamento del centro, que incluye además de la ciudad de Oaxaca, Santa María, Etla, Zachila, Zimatlán y Tlacolula, corresponde al 80 % de la recaudación cerca de 6,5 millones de pesos. Los otros departamentos que contribuían en ese momento eran Teotitlán del Camino, Jamiltepec y Ejutla15.

23Por ejemplo, en 1876 los terrenos de la Sociedad Agrícola de Santo Domingo Tianguistenco fueron valuados en un total de 2 850 pesos. La propiedad se desglosaba en dos tipos: la cultivable, cuyo valor era de 870 pesos y el monte, que sumaba un valor de 1 880 pesos. Y con esta distinción se aplicó el impuesto.

Cuadro 3. — Valor de la propiedad en pesos y pago mensual de la contribución personal en reales

100-1 000 ps 4,5-16 r
2 000-4 000 ps 16,5-24 r
4 000-6 000 ps 24,5-32 r
Más de 8 000 ps 1 real mensual por cada 1 000 pesos

Fuente: Serrano Ortega, 2002, p. 207.

24Con el retorno del régimen federalista la contribución sobre fincas rústicas no desapareció. En 1847, siendo gobernador de Oaxaca, Benito Juárez decretó que la contribución de 3 al millar impuesta sobre el valor de las fincas rústicas y urbanas continuara conforme a lo ya establecido.

  • 16 Memoria Administrativa del Gobierno del Estado de Oaxaca, pp. 40-42.

25La Memoria de Gobierno de 1884-1885 consigna que en ese momento se estaba elaborando un catastro de la propiedad en virtud de que, como lo expresó el gobernador de Oaxaca, los avalúos anteriores que habían servido de base para el cobro de este impuesto, fueron hechos desde «épocas remotas»16. Indicando con ello que un nuevo catastro reflejaría el verdadero valor de la propiedad y que seguramente este sería más alto. En esa Memoria se consignaba una recaudación de tan solo 47 722 pesos. Así, con la esperanza de aumentar los ingresos estatales, se hizo un nuevo catastro de la propiedad. Y con mucha razón el gobernador se dio cuenta de que mientras no se concluía con el proceso de desamortización de la propiedad corporativa, no habría mayor recaudación. Es decir, sin la desamortización no había manera de imponer el impuesto sobre la propiedad.

  • 17 AGEO, Huajuapan, Ramo de Capitación, leg. 53, 1889-1898, exp. 2.

26El tesorero de Gobierno explica categóricamente que el no tener dinero no es fundamento suficiente para no pagar las contribuciones17.

  • 18 Ibid.

Pues siendo las contribuciones, impuestos sobre el valor que representan las fincas, no cabe admitir como rasón para eludir el pago, la insolvencia o penuria de los propietarios, y más aún cuando es de suponerse que una finca en estado de productividad renta lo bastante para satisfacer sus impuesto. Y si por el contrario la finca esta improductiva, la ley concede franquicias que el propietario puede gestionar, aunque por otra parte tenga muchos recursos pecuniarios, de modo que las contribuciones sobre fincas según el espíritu de la ley, gravan únicamente a la cosa que las causa y no a la persona que las posee. En este sentido, es de negarse la gracia que se solicita18.

El efecto de la desamortización

  • 19 AGEO, Gobierno de los Distritos, Huajuapan, Tierras, leg. 20.
  • 20 Ibid.

27El proceso de adjudicación de parcelas de común repartimiento en última instancia significa que el antiguo comunero compró a la «república de indios» o la corporación municipal, su parcela. La manera en que comúnmente se realizó este proceso fue mediante la compra a censo redimible, por lo cual el adjudicatario debía pagar anualmente un censo o rédito correspondiente al valor de su parcela. Así, por ejemplo, los 32 parcelarios del pueblo de San Juan de los Reyes, debían pagar anualmente al Gobierno 22,75 pesos anuales. Este monto se repartía según la extensión de las tierras que poseía cada uno: así, por ejemplo, Dionisio de los Santos, quien tenía seis maquilas de tierra laborable, pagaba 75 centavos al año. En cambio, Carlos Narciso, quien tenía solamente 3 maquilas, pagaba 37,5 centavos19. El pueblo de Yucuna tenía 27 adjudicatarios y quienes poseían desde dos maquilas de tierra hasta 7, pagaba por 4 maquilas 50 centavos anuales; el que tuviese dos, 25 centavos, etc.20.

28En 1888, el Ayuntamiento de Huajuapan hizo una consulta al Gobierno del Estado de Oaxaca sobre quienes debían pagar las contribuciones que adeudan los adjudicatarios.

29El funcionario opinó:

  • 21 AGEO, Adjudicaciones, leg. 12, exp. 11.

Que los adjudicatarios que son los propietarios, son los responsables del pago de contribuciones, fundándose en que dicha contribución está impuesta a la propiedad que pertenece a los adjudicatarios, y que según el Art. 23 de la ley de 23 de junio de 1856 las corporaciones solo tienen el derecho de prelación por el gravamen de las fincas que por el capital reconocen a su favor, siso que este gravamen impida a los propietarios practicar enajenaciones, según el artículo 21 de la misma ley de donde deduce que el caso de que unos capitales causen la contribución, debe pagarse por los adjudicatarios y no por el Ayuntamiento. El caso que consulta el presidente municipal de Huajuapan, está resuelto en la ley de 13 de abril de 1878. Según el artículo 3 deben causar la contribución supuesto que no están comprendidas esos bienes en ninguna de las excepciones que establece el artículo y estas contribuciones debe pagarlas el adjudicatario por estar en posesión de los bienes21.

30El 18 de agosto de 1888 el tesorero del Ayuntamiento de Huajuapan, afirmó que vino a esa capital el visitador de Hacienda del estado de Oaxaca, C. Agustín Granja, exigiendo el pago de contribuciones directas que multitud de causantes estaban adeudando al erario.

31Y expresó lo siguiente al respecto:

  • 22 Ibid.

Esta oficina de mi cargo está expuesta a sufrir una verdadera crisis en virtud de que tales adjudicatarios retrasados en el pago de las contribuciones directas unos por mera apatía, otros por falta de recursos y los demás porque aún ignoraban hasta hoy que sus respectivas fincas se hallasen afectadas a dicho pago; al exigírselas este ocurren a mi pretendiendo que les descuente de sus réditos el impuesto integro de sus enteros en la recaudación de contribuciones, que indudablemente va aumentando con las multas y otros recargos a que se han hecho acreedores por su morosidad, pobreza, o falta de conocimiento; y como de hacérseles tales descuentos, ya22.

  • 23 Memorias administrativas del gobernador de Oaxaca, p. 587.

32Como ya mencionamos arriba, el impuesto sobre la propiedad rústica y urbana reportó pocos ingresos al estado, debido a la falta de catastros y de un registro público de la propiedad. Por ejemplo, según el informe de la Tesorería General del estado de Oaxaca, en 1851, la recaudación del impuesto del 3 al millar sobre fincas rústicas y urbanas solo representó el 5 % del ingreso total para ese año23. En cambio la mitad del presupuesto anual provenía del impuesto llamado de capitación, es decir la contribución personal.

El impuesto a la propiedad y su efecto sobre los cacicazgos

33Otra consecuencia de que la propiedad de Antiguo Régimen no tributara, fue que el impuesto sobre la propiedad en el México independiente constituyó sin duda la principal razón que condujo al desmembramiento de las grandes propiedades indígenas. Adam Smith propuso gravar la tierra debido a que tenía una renta intrínseca. En el capítulo v de la Riqueza de las Naciones, aborda el tema de las finanzas públicas. Y dice:

Tanto las rentas de terrenos urbanos como la renta normal de la tierra son una especie de ingreso que, en muchos casos, disfruta el propietario sin que le cueste la menor atención o cuidado.

34Y añade:

  • 24 Roll, 1967, p. 157.

Las rentas de terrenos urbanos y la renta normal de la tierra son, pues, quizá la clase de ingreso que mejor puede soportar el gravamen de un impuesto especial24.

  • 25 Marichal, Miño, Riguzzi, 1994, p. 229.

35Para el caso del estado de México sabemos que la contribución predial fue decretada en 1861, sin embargo, no empieza a ser cobrada regularmente hasta 1868-1869. En un principio se cobraba una cuota de 7 al millar sobre el valor de las fincas rústicas y urbanas, y posteriormente fue en aumento hasta alcanzar 10 al millar en 187925. Según Paolo Riguzzi, el impuesto predial en el año fiscal de 1870-1871, representó el 37,7 % de los ingresos estatales. Unos años después el impuesto predial alcanzó el 53 % del total de ingresos estatales para el año fiscal de 1885-1886. El impuesto predial aumentó en cuanto a su representatividad en la composición de los ingresos estatales al disminuir el impuesto de la capitación, ya que entre esos dos periodos anunciados la alcabala se modificó poco manteniéndose entre un 28 % y 33 % de la recaudación total. Según este mismo autor, en la década de 1870 se intentó elaborar un catastro que fue un fracaso; y afirma que dicho instrumento, de vital importancia para gravar la propiedad, no se logró sino hasta 1923. Finalmente, llama la atención que el impuesto sobre el traslado de dominio se redujo en el segundo periodo; pasando de representar hacia 1870 el 5,8 % al 4,7 % de los ingresos a mediados de la década de 1880. Las parcelas adjudicadas a los vecinos de los pueblos valían por lo general menos de 200 pesos y por lo tanto estaban exentas de dicho impuesto. No obstante estas salvedades, este indicador nos está mostrando que hubo menos movilidad de la tierra en las postrimerías del siglo xix.

  • 26 AHJO, Huajuapan, leg. 37.

36Las cosas eran diferentes en el caso del estado de Oaxaca, principalmente por dos razones. En primer lugar, la población indígena —como bien se sabe— era mucho mayor que en otras entidades de la federación, mientras que la minoría de origen hispano no tenía importantes propiedades de gran extensión, aun en la época colonial. En segundo término, a diferencia de otras regiones del centro de México, la subsistencia del cacicazgo en Oaxaca también determinó la estructura de la propiedad en esta entidad. De tal manera que, al llegar al siglo xix y los problemas relacionados con la fiscalidad y la propiedad, hay que distinguir entre la propiedad de los pueblos y la de los caciques. Por ejemplo, en 1860, el ex cacique de Chazumba, José María Bautista, se quejaba de lo gravoso que le resultaba el impuesto sobre su propiedad. En ese momento debía pagar las contribuciones de tres al millar y uno por ciento que se le asignaron por los terrenos de su cacicazgo, según las leyes que al efecto han sido expedidas por el superior Gobierno. Alegaba que no tenía los recursos suficientes para pagar dichos impuestos por lo cual se veía obligado a venderlos. Una parte de los terrenos los tenía arrendados a los pobladores de Chazumba, quienes los usaban para el pastoreo de sus ganados. Ofreció a sus arrendatarios venderlos en 2 500 pesos26. Las mismas razones son expresadas por don Calisto Ramírez, el legítimo sucesor de la excacica su madre doña Isidora Feria y Mendoza, al momento de vender unos terrenos del antiguo cacicazgo:

  • 27 Ibid., leg. 39.

Careciendo de recursos para satisfacer las contribuciones que debo al superior gobierno por el vínculo de Santa Catarina Yuntandu que se compone del terreno que este pueblo a disfrutado a nombre mía hasta hoy he determinado venderlo toda la vez que no hay embarazo para ello puesto que estoy en quieta y pacífica posesión de dicho terreno y no se perjudica ningún tercero por tanto, me es conveniente proponer la venta primera a los inquilinos de aquel pueblo, que en renta han poseído [sic] […] a fin de que digan si cada uno para sí, o en sociedad me compran o renuncian la preferencia que puedan tener en este caso27.

37En 1864, Leandro Alvarado, sucesor del ex cacicazgo de Cahilualco, igualmente dice que va a enajenar algunos de sus bienes:

  • 28 Ibid., leg. 42.

Debiendo vender al mejor postor, el terreno en que está situado el pueblo de San Gerónimo Nuchisa, cuya vecinos han sido los antiguos arrendatarios de él, para saldar el pago de contribuciones que se han recargado en cantidades de consideración, en la Administración de Rentas de esa Villa, de he merecer de V. se sirva hacer que previa citación comparezca ante la presencia judicial de V. la República del expresado pueblo de Nulusa y dándoles a saber el contenido de mi recurso [...] si el vecindario tiene o no posibilidades de comprarme, para contratar con ellos en el primer caso o en el contrario para hacerlo libremente con cualquiera persona que se me presente28.

38La venta de las tierras de los antiguos cacicazgos también se vio impulsado por las nuevas leyes de herencia impuestas por el liberalismo. Al desparecer el régimen de mayorazgo, y con ello los vínculos, ya no se podía transmitir tan solo al primogénito, sino que todos los hijos legítimos tenían derecho a la herencia por partes iguales. En esta materia se retomó los principios del derecho romano.

  • 29 AHJO, 1865, leg. 43.

39No obstante, algunos caciques intentaron evadir la subdivisión de la propiedad en el siglo xix a través de la figura jurídica del pro indiviso. Esto quiere decir sencillamente que dos o más personas podían legalmente mantener la propiedad de un bien. Mediante esta figura jurídica el bien no termina por dividirse. A mediados del siglo xix, el cacicazgo de San Juan Diguiyu pasó a manos de Ciriaco Antonio Velasco y sus hermanos y, para evitar la sucesión, mantuvieron la propiedad en posesión pro indivisa29.

40Con todo, el impuesto sobre la propiedad finalmente llevó al desmembramiento de los cacicazgos tradicionales. Por otra parte, la población indígena se vio obligada a pagar este nuevo impuesto.

Notes

1 Tenenbaum, 1998, p. 223.

2 Sánchez Silva, 1998, p. 114. Afirma que para 1806 este ingreso por concepto disminuyó al 29,87 % sin explicarnos por qué.

3 Menegus, 1998. Si bien el tributo impuesto a fines del siglo xvi era de un peso y media fanega de maíz, para el siglo xviii esta había aumentado a casi doce reales en el área maya según nos dice Quezada, 2005, pp. 330-331. En 1824 se restauraron las repúblicas de indios con el propósito de introducir las contribuciones personales.

4 Sánchez Silva, 1998, p. 114.

5 Arriola, 2007, p. 132.

6 Menegus, 1992, pp. 65-74

7 Memorias administrativas del Gobierno del Estado de Oaxaca, p. 583.

8 AGEO, Gobierno de los Distritos Huajuapan, leg. 8.

9 Velasco, 2010, p. 33.

10 Dublán, Lozano, Legislazión mexicana, t. III, pp. 176-178.

11 Sánchez Santiró, 2006, p. 231.

12 Ibid., pp. 234-235.

13 Ibid., pp. 236-237.

14 Ibid., p. 245.

15 Memorias administrativas del gobernador de Oaxaca, p. 595.

16 Memoria Administrativa del Gobierno del Estado de Oaxaca, pp. 40-42.

17 AGEO, Huajuapan, Ramo de Capitación, leg. 53, 1889-1898, exp. 2.

18 Ibid.

19 AGEO, Gobierno de los Distritos, Huajuapan, Tierras, leg. 20.

20 Ibid.

21 AGEO, Adjudicaciones, leg. 12, exp. 11.

22 Ibid.

23 Memorias administrativas del gobernador de Oaxaca, p. 587.

24 Roll, 1967, p. 157.

25 Marichal, Miño, Riguzzi, 1994, p. 229.

26 AHJO, Huajuapan, leg. 37.

27 Ibid., leg. 39.

28 Ibid., leg. 42.

29 AHJO, 1865, leg. 43.

© Casa de Velázquez, 2018

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540