1Esta reflexión se propone abordar el tema de la fiscalidad desde el ángulo de la institución urbana. Como bien se sabe, las ciudades de América gozaban de una real autonomía fiscal, que hasta la reforma de las intendencias estaba acompañada de un gran desorden en la forma de administrar sus fondos. Es la situación que visiblemente descubre el visitador José de Gálvez al observar, para la mayoría de las ciudades novohispanas, una ausencia total de contabilidad de sus ingresos y egresos¹. La atención que el visitador presta al tema de la fiscalidad y las rentas, tanto reales como locales, se manifiesta en los hombres que recluta para ayudarle en su labor visitadora. Como lo subraya I. del Río, entre los que llegaron a ganarse su confianza y a convertirse en sus adeptos, muchos se dedicaban a la administración de la Hacienda en sus diversos servicios. Entre los primeros resalta la adhesión de Francisco Javier Machado, que vino como secretario general de la visita y pasó a serlo también del Virreinato, en sustitución de Pedro de Rada; a Juan Antonio Valera, Juan Manuel de Viniegra, Francisco Corres, Benito Linares y Juan Antonio Gómez de Argüello y Fernando José Mangino, varios de ellos como este último con sólida experiencia en cuestiones de real hacienda. Posteriormente, el visitador reclutó a Miguel José de Azanza, que ejercía como oficial mayor de la Dirección de Temporalidades, a Pedro Corbalán, que obraba como alcalde mayor de Taxco, al jurista Eusebio Ventura Beleña, que había sido juez de Testamentos, Capellanías y Obras Pías del obispado de Puebla, así como a Juan José de Echeveste y Matías de Armona, que habían actuado, respectivamente, como tesorero y contador de la renta del tabaco de Nueva España². A partir de esta toma de conciencia —asentada en la propia experiencia visitadora y en los datos acumulados a lo largo de la visita, de los cuales testimonia la documentación relativa a dicha visita— el visitador impone la creación de una nueva «institución» relativa a cuestiones hacendísticas locales fundada muy rápidamente. En 1768 se crea una Contaduría de Propios y Arbitrios encargada de controlar la gestión y el uso de sus fondos por parte de las ciudades del Virreinato.

2Sin embargo, como ocurre frecuentemente, dicha creación dista de haber solucionado el problema observado a lo largo de la visita. Aunque cada ciudad estaba obligada a mandar anualmente sus cuentas con el propósito de someterlas a verificación y aprobación, los intendentes que llegan unos años después a sus respectivas intendencias descubren que el respeto de dicha obligación es una realidad muy relativa. Como, concretamente y muy asombrado, lo observa M. de Flon cuando llega a la ciudad de Puebla³. Descubre lo difícil que resulta para el intendente nuevamente creado imponer su autoridad a todos aquellos que, a nivel local, intervienen en asuntos de hacienda. En su correspondencia administrativa con el secretario del Estado y del despacho de Hacienda de Indias, Miguel Cayetano Soler, denuncia frecuentemente las malas actuaciones de los escribanos públicos así como de los directores de rentas y de sus representantes locales⁴.

3Este mismo desorden administrativo de la fiscalidad local tiene en la historiografía una traducción sobre la cual se insistió mucho, y se sigue insistiendo, como es la identificación de dicha situación asociada al desinterés de las élites locales en asumir el peso de la administración local. Dicha historiografía ha identificado al menos tres variantes de esa indiferencia o despego, interpretando cada una de ellas como la mejor expresión de esta actitud. La primera remite a la evolución del valor de los regimientos, que tienden a la baja o —como en muchos casos perfectamente estudiados— al estancamiento en un nivel bajo; cuando en el siglo xvi, la fuerte demanda de esos cargos por parte de esta misma élite tenía precisamente el efecto contrario⁵. Una segunda variante que puede ser interpretada como un alejamiento de la élite de estos cargos anteriormente valorados, son las dimisiones frecuentes de regidores en pleno ejercicio de sus cargos. Algunas de estas resignaciones son en realidad traspasos del regimiento preparados con anterioridad por el titular⁶. Pero muchas son también la expresión del desinterés y, sobre todo, de la preocupación por no cargar con obligaciones consideradas como excesivas en términos económicos y demasiado arriesgadas, sin suficiente posibilidad de compensación⁷. Para terminar con esta lectura del desinterés de las élites locales por las responsabilidades locales al final del siglo xviii, la última variante considerada es la de los regimientos sin regidores, interpretada como la ausencia de candidatos para dichos puestos que exigían el pago previo de una cantidad que, aunque fuera inferior a lo que se exigía en el pasado, seguía siendo significativa⁸.

4Mi hipótesis aquí es que estas explicaciones globales merecen ser revisitadas con nuevos enfoques que permitan replantear una cuestión fundamental para la comprensión del funcionamiento del sistema colonial, como es el ejercicio del poder local en la Monarquía hispánica. El envite es que existe hoy, más allá de un consenso historiográfico que sigue vigente, la necesidad de retomar este tema considerando las peculiaridades de cada ciudad en función de su situación concreta. De hecho, y observada la cuestión desde Puebla, las actas capitulares no ofrecen este mismo síntoma de alejamiento absoluto y sistemático de las élites poblanas respecto del «autogobierno» municipal al final del siglo xviii. Al contrario, esta documentación revela una presencia continua de dicha élite a pesar, eso sí, de momentos de alejamiento en relación con alguno de los aspectos, de muy diversa índole, relacionados al gobierno municipal⁹.

5En el marco de esta publicación dedicada a temas relativos a la fiscalidad como prisma de acercamiento a las transformaciones de la Monarquía hispánica entre el final del siglo xviii y la primera mitad del siglo xix, intentaré retomar la reflexión de las relaciones entre élites urbanas y poder local a partir del análisis de la administración de las rentas urbanas, aplicando el caso a la ciudad de Puebla en la época en qué llega el intendente Flon, al final de los años 1780. Comenzaremos por precisar la desastrosa situación financiera descubierta por dicho intendente, para luego explorar la solución poblana imaginada frente a dicha crisis.

Una situación financiera desastrosa

6Conforme a lo que la legislación preveía, a final del año 1794, el Cabildo de Puebla manda a la Contaduría de Propios y Arbitrios encargada de verificar sus cuentas, el estado de las finanzas locales¹⁰.

7Según la documentación enviada por el Cabildo a la contaduría, la situación financiera de Puebla puede calificarse de perfectamente sana: deja aparecer un excedente de unos 22 000 pesos, lo cual es bastante importante y sobre todo excepcional, en relación con lo que la historiografía ha puesto en evidencia al respeto. Es más, este balance viene acompañado con dos notas que aumentan el sentimiento de bonanza que podía conocer la ciudad. La primera de ambas precisa:

El sobrante del año pasado, después de haberse dado a Su Majestad 6 000 ps, se empleó en redimir parte de los gravámenes que conoce la ciudad¹¹.

8O sea, que la ciudad ha podido aprovechar su buena situación financiera para responder favorablemente a las urgencias de la Monarquía, según la expresión consagrada. De esta forma, el Cabildo poblano hace gala de su falta de egoísmo y subraya su fidelidad al monarca así como su preocupación por contribuir a solucionar las dificultades financiera de la Monarquía.

9Esta primera precisión se completa con otra de misma índole siempre con la preocupación de ofrecer la mejor imagen posible del estado de las finanzas de la comunidad: «Al sobrante de este año se deben agregar 12 000 ps que hay en arcas recaudados del descubierto en que quedó José Antonio Pérez¹²». Esta segunda precisión remite a un accidente financiero que afectó al mayordomo de la ciudad, quien quebró en 1792 dejando cuantiosas pérdidas, las cuales la ciudad intentó recuperar inmediatamente, aunque con grandes dificultades. Sobre todo, su mala gestión dejó al pósito sin reservas de maíz poniendo en peligro el abastecimiento de la ciudad¹³.

10Aunque no pueda esconder el descubierto dejado por el mayordomo, el Cabildo pretende ofrecer una visión casi idílica, escatimando claramente el impacto de dicho descubierto. De hecho, después de haber intentado aminorar el impacto del descubierto sobre su situación financiera, el Cabildo se activa a lo largo del año 1794 para recuperar las pérdidas sufridas. Entre enero y septiembre, se suceden y se multiplican las actuaciones destinadas a estimar de manera precisa las pérdidas sufridas y, sobre todo, recuperar lo que fuese posible¹⁴.

11De forma que el documento transmitido, sin ser erróneo o falsificado, ofrece una presentación discutible de la situación presupuestaria de la ciudad. Sin entrar en detalles que aquí no son necesarios, se puede subrayar que se alude a los gravámenes que pesan sobre la finanzas locales sin precisar su monto ni su origen. Por otra parte, se añade al presupuesto como cantidades disponible montos que en realidad son solo la recuperación de parte de unas pérdidas muy importantes sufridas dos años atrás y que no cubren la totalidad de las pérdidas. De forma que la presentación del presupuesto, sin falsificar o esconder una realidad financiera, no permite hacerse una idea concreta de la situación presupuestaria de la ciudad. Es por lo tanto necesario adentrarse más en la realidad del presupuesto de la ciudad mediante otras fuentes, ya que los datos puramente presupuestarios que transmitió el Cabildo a la contaduría ofrecen una mirada sesgada y engañosa.

12La primera de estas fuentes es sin duda la abundante correspondencia administrativa del intendente Flon, que intercambia con las diversas autoridades administrativas de la Nueva España y de la metrópoli, a lo largo de una carrera político-administrativa que se extiende durante 15 años¹⁵. Dentro de este abundante fondo, podemos observar que no duda en denunciar lo que a él le parecen males prácticas del Cabildo poblano en lo que a la administración fiscal se refiere. Es lo que, a modo de ejemplo, podemos apreciar muy especialmente en un informe suyo del 16 de febrero de 1791 dirigido al fiscal de la Real Hacienda en México. En él denuncia, con gran severidad, la gestión del Cabildo poblano en relación a la hacienda local considerando lo que él llama el «desprecio y omisión con que siempre han mirado estos caudales los cabildantes»¹⁶.

13Para sostener su denuncia toma un caso muy concreto que considera ejemplar de dicho comportamiento. Se trata de una gestión poco acertada realizada en 1786 para la compra de granos destinados a la alhóndiga que, como es sabido, constituye una preocupación permanente para todo Cabildo de las ciudades americanas en aquellos tiempos, ya que el buen funcionamiento de esta institución —o sea su capacidad de garantizar el acceso a un maíz distribuido a un precio desconectado de las variaciones permanentes que sufría esta cereal— constituye un instrumento fundamental al servicio de la paz social. Sin embargo, a pesar de la importancia de este servicio público y del cuidado que se podría esperar por parte de los responsables municipales, en 1787, su gestión por parte del Cabildo se traduce, según los propios cálculos del intendente, en una pérdida estimada en 5 230 ps. Como lo descubre Flon y lo explica más adelante en su informe, las razones de estas cuantiosas pérdidas  son dobles. La primera remite a las malas estimaciones del mayordomo de la alhóndiga al no haber sabido comprar, y ulteriormente vender, en momentos acertados el maíz allí almacenado. Pretextando su temor de ver la ciudad sufrir insuficiencias en su abastecimiento, el Cabildo lo autorizó comprar maíz en «invierno» —o sea en febrero, en el momento en que su precio anual se orienta a la alza ya que el producto de la cosecha anterior se está agotando y aún no se ha cosechado el producto de la nueva— para vender la mayor parte de lo entonces adquirido en octubre-noviembre, precisamente cuando el precio del maíz tiende a bajar al corresponder precisamente a la nueva cosecha¹⁷.

14De hecho, en su respuesta al intendente, el Cabildo reconoce la situación a la cual se encuentra enfrentado y confirma haber suspendido las ventas de maíz al constatar la situación. Es más: ofrece una medida precisa de la distorsión de los precios y por lo tanto una estimación de las pérdidas sufridas: el Cabildo compró el maíz a 7 pesos/carga cuando el precio llegó a bajar hasta 2 pesos/carga unos meses más tarde. Sin embargo, la pérdida no fue tan importante ya que consiguió el mayordomo del Cabildo vender su maíz a 4 pesos/carga. A pesar de todo, la diferencia de precio no deja de ser muy importante, rozando el 100 %.

15A esta significativa pérdida financiera se añade la que resulta de otra información ofrecida por el Cabildo. Al haber anticipado demasiado por temor a la penuria, las pérdidas afectaron una fracción significativa del propio grano, que no se consiguió vender a tiempo —el Cabildo precisa que fueron más de 1 000 cargas—. Entonces, para evitar daños mayores, el Cabildo explica haber decidido distribuir los granos —aún sin vender y amenazado de echarse a perder— a terratenientes, con la obligación de que sea devuelto por los beneficiarios al año siguiente. Sin embargo, años más tarde, el mismo Cabildo confirma que las restituciones habían sido muy irregulares¹⁸.

16Frente a esta situación y a las denuncias de negligencia formuladas por el intendente, el Cabildo intenta defenderse y justificar sus azarosas iniciativas. Su principal argumento es explicar el temor a una mala cosecha por razones de sequía que afectó la zona unos meses antes, poco después seguida de heladas muy fuertes y tardías¹⁹. A estos argumentos de orden «climático» presentados por el Cabildo como justificación de su gestión, la respuesta de M. de Flon es contundente:

Habiéndose vendido el 13 de marzo de 1787 en la alhóndiga a 6 pesos la carga, parece no había motivo para que el 14 se hubiese celebrado con el conde de Castello y José Bringas de Manzaneda, alcaldes ordinarios a la sazón, el ajuste a 7 pesos, mayormente cuando la cosecha está pendiente hasta octubre o noviembre y ni la cantidad acopiada era suficiente para remediar la necesidad que faltaba de aquella ni el modo paulatino en que se hicieron las remisiones sufragaba a el abasto habiéndose visto los 2 vendedores en el caso de devolver un mil y ochocientos cuatro pesos 2 reales, fuera de que si por semejantes temores se hubieran de tomar tales providencias, todos los años nos hallamos en igual caso²⁰.

17El resultado de esta gestión arriesgada de las rentas públicas resulta gravísimo para la ciudad y se lee en el aumento espectacular del endeudamiento y del déficit de la institución municipal. Según el propio intendente «es esta la fortuna que han corrido los propios de Puebla en todos los tiempos»²¹. Muy concretamente, mientras el endeudamiento anual se mantenía en torno a unos 50 000 pesos antes de los aventurados negocios relacionados con las compras de maíz —lo que ya en sí era enorme al representar más de un año de los ingresos fiscales municipales— lo vemos aumentar brutalmente en casi un 50 % (cuadro 2)²².

18Frente a esta situación, de por sí muy peligrosa, al leer los argumentos de la ciudad para justificarse, lo más probable es que este tipo de situación no tenga nada de excepcional: los cabildantes no parecen estar muy preocupados por un déficit tan importante, lo cual puede interpretarse como una confirmación de la crítica —«su desinterés por el bien público»— dirigida por el intendente al colectivo municipal. A nuestro modo de ver, es también una confirmación de que las pérdidas del Cabildo poblano no eran sino los beneficios de los terratenientes allegados al mismo Cabildo, y muy probablemente de los propios cabildantes…

19Para acercarnos un poco más a la gestión poco rigurosa del Cabildo, disponemos del balance que el propio Cabildo presenta finalmente unos meses más tarde al intendente de la operación de compra de maíces para los dos años de 1786 y 1787. Las pérdidas ocasionadas se revelan en realidad mucho más importantes de lo antes reconocido, pues el Cabildo reconoce que estas operaciones —realizadas bajo la responsabilidad de 2 cabildantes en 1786²³— significan quebrantos de más de 20 500 pesos²⁴. Si tomamos en cuenta el presupuesto global de la ciudad, el peso de dichas pérdidas revela una situación muy grave, cuando no realmente catastrófica. Dichos menoscabos —finalmente admitidos de manera oficial por el Cabildo— representan, para los dos años considerados, el 50 % de sus ingresos anuales. Es más: a principio de los años noventa del siglo xviii, o sea al principio del gobierno del intendente, la deuda representa casi dos veces el monto de los ingresos anuales²⁵. Si observamos la evolución de la deuda poblana, vemos como conoce un alza continua a lo largo de la segunda mitad del siglo para después, en un segundo momento, estabilizarse en un nivel muy alto. De forma que podemos concluir que la presencia exigente de Flon no cambia radicalmente las cosas, aun cuando si consigue reducir el peso de la deuda después de haber obtenido del Cabildo el reconocimiento de una situación que hasta entonces el Cabildo se esforzaba en esconder.

20De estas observaciones podemos sacar una conclusión clara: la situación financiera, puesta en evidencia por el intendente a partir de su análisis de las cuentas de la ciudad, es propiamente catastrófica. En toda lógica, un déficit estructural y un endeudamiento orientado al alza tendría que alejar a los candidatos de dichos cargos municipales. Sin embargo, aunque sea muy probable que el desinterés por los cargos municipales en muchas ciudades del Virreinato subrayado por la historiografía, se relacione con una degradación financiera de este mismo tipo, para el Cabildo de Puebla no observamos la misma «huida» de la élite local para con dichos cargos. De hecho, una observación de la ocupación de los regimientos poblanos a lo largo de la segunda mitad del siglo xviii deja ver que son muy escasos los regimientos vacíos. Es más, para los años 90 de dicho siglo, a pesar de la situación financiera observada que hubiera podido ser muy legítimamente un motivo para huir de la institución, no vemos multiplicarse renuncias entre los cabildantes²⁶. De hecho, observamos como la transmisión de los cargos dentro de las dinastías familiares sigue haciéndose sin dificultad. De esta continuidad de la élite en los cargos municipales poblanos, podemos ofrecer unos ejemplos significativos. La serie de las actas de Cabildo permiten reconstruir las transmisiones de cargos y de regimientos en el Cabildo ya que cada transmisión esta precisamente registrada: dicha fuente confirma la preocupación de los titulares de cargos municipales por guardarlos en manos de sus familias, o al menos de sus allegados. Existe, entonces, una muy evidente preocupación por no perder el control de dichos puestos. Otro ejemplo del atractivo que mantienen los cargos del Cabildo es el precio que mantienen cuando se realiza una venta. Los distintos casos de venta registrados confirman que el valor del regimiento poblano sigue elevado y se establece a lo largo del siglo xviii en torno a los 10 000 ps (cuadro 3).

21La venta del cargo de escribano del Cabildo después de la muerte de su titular en 1803 sugiere la misma interpretación: su valor llega al elevado monto de 16 250 pesos, lo cual no deja de ser espectacular para un cargo de nivel medio²⁷. Es cierto que, como lo confirman los intercambios entre el propio intendente y el Cabildo, todos los regimientos del Cabildo no estaban ocupados al final del siglo xviii. Pero, como lo explican unos y otros, esta situación no significaba necesariamente desinterés por parte de los potenciales candidatos a dichos puestos. Como lo recuerdan los propios miembros del Cabildo, en Puebla existían, conforme a la ley, 12 regidores perpetuos. Desde 1774 se habían añadido a estos regimientos 4 cargos de «honorarios» «porque entre los capitulares deben distribuirse cada año 15 oficios de concejo»²⁸. De forma que, desde esa fecha, el gobierno de la ciudad estaba en manos de 16 individuos. Sin embargo, este conjunto se reunía excepcionalmente completo para distribuir las distintas responsabilidades de gobierno de la ciudad. De hecho, en 1806, los cabildantes explican de la forma siguiente la dificultad de cubrir los puestos: «En lo que es de considerar que para cada uno no sobra la atención de un hombre y que los regidores están sujetos a enfermedades, tienen fincas e intereses que les obligan a usar el permiso para ausentarse»²⁹.

22Para esa fecha, el Cabildo se reúne con solo 9 regidores de los 16 posibles, con lo cual la distribución de los cargos era complicada de realizar. Esta situación se complica con cierta dificultad para cubrir las vacantes: desde 1789, 2 regimientos seguían sin estar ocupados. De allí la propuesta de los regidores poblanos de nombrar interinamente siete regidores honorarios, «con cierta corta pensión»³⁰. Para ellos es una solución para, a la vez, cubrir los distintos puestos del gobierno de la ciudad y permitir el acceso al gobierno municipal a individuos que se interesarán más tarde en comprar los oficios vacantes, conociendo la realidad del cargo. Lo interesante de esta reflexión es que en ningún momento se expresa la idea de una «huida» de los cargos municipales. Es más bien la cuestión del precio de los regimientos que parece constituir uno, sino el principal, de los obstáculos para permitir la compra de las regidurías vacantes.

23Las autoridades administrativas aprueban la propuesta, empezando por el fiscal de la audiencia de México que precisa en su parecer con fecha del 26 abril 1806 haber visto una situación parecida en Guadalajara cuando era fiscal de lo civil y donde se aplicó el mismo tipo de solución³¹. Lo mismo precisa el intendente Flon que sin embargo expresa la inquietud de que esta nueva política de reclutamiento pueda frenar la demanda de compra de cualquier otro tipo de oficio en la ciudad.

24Finalmente, y después de realizar sabios cálculos de probabilidad sobre la esperanza de vida de un regidor apoyándose en las tablas de M. Dupré de Saint Maur, de la Academia de París, se decide que se podría sacar a concurso 2 plazas de regidores honorarios cada 2 años. Esta clase de capitulares quedarían en sus puestos hasta la proclamación de una vacante a la cual podrían presentarse directamente. Paralelamente, los regidores honorarios se verían obligados a pagar los derechos debidos al real fisco en función del «valor del oficio» que ocupaban y al cual iban a acceder ulteriormente.

25Esta solución muy concienzuda permite a la vez satisfacer la preocupación de la Real Hacienda —cobrar derechos por puestos administrativos que podían mantenerse sin ocupar durante períodos largos— así como defender los intereses de los regidores en ejercicio —y el de sus familias— evitando los riesgos de baja del valor del oficio si las contingencias multiplicaban las vacantes. Este sistema presenta también otra ventaja para los regidores de turno: ejercer un control sobre los advenedizos que pretenden acceder al Cabildo³². Como hemos podido verificarlo en el estudio de otros cabildos, concretamente para el caso de la ciudad de Guatemala en la misma época, esta preocupación distaba de ser segundaria³³.

26A nuestro modo de ver, estos diversos datos relativos a los precios de los oficios municipales poblanos y de la política de canalización de la demanda convergen en subrayar el fuerte atractivo de dichos cargos relacionados con el Cabildo de la ciudad. A nuestro modo de ver, y como ya se ha observado para los comerciantes metropolitanos que pretendían «hacer carrera» en Indias adquiriendo cargos administrativos que les eran asequibles y mantener su control sobre ciertos cabildos en América —y muy especialmente el de la ciudad de Puebla— era la vertiente «criolla» de lo que se puede considerar como la «conquista del empleo público» en busca de las ventajas y beneficios que le estaban asociados³⁴. ¿Cuál era por lo tanto la razón que permitiría explicar una situación poblana divergente con lo que la historiografía subraya, a saber el desinterés por estos cargos municipales? Es más: cuando para Puebla existen razones que, objetivamente, explicarían la huida por parte de las élites económicas de dichas responsabilidades teniendo en cuenta la situación financiera de la ciudad³⁵, vemos que la demanda social no disminuye realmente manteniéndose a un nivel alto el valor de los cargos relacionados con el Cabildo. Es posible que las ventajas obtenidas del ejercicio del poder local, como las que hemos podido observar anteriormente, hayan contribuido a este interés por parte de la élite. Sin embargo, comparando las prerrogativas aseguradas por el hecho de ser cabildante con los riesgos de administrar un colectivo municipal fuertemente endeudado y en déficit permanente, parece pertinente plantearse si lo primero compensaba lo segundo. Al esclarecimiento de esta contradicción dedicaremos ahora nuestra reflexión.

La repuesta poblana al déficit municipal

27Frente al déficit estructural de la ciudad, la solución del Cabildo poblano es recurrir al endeudamiento, aparentemente exclusivo, con la Iglesia poblana. Para el año de 1792, disponemos de la lista de los préstamos obtenidos por el Cabildo municipal en los años anteriores y todavía vigentes (cuadro 4).

28Si el préstamo más viejo y aún sin rembolsar por completo, se remonta a principios del siglo xviii, la mayoría de ellos fueron solicitados durante la segunda mitad. Esta primera observación subraya que el recurso al endeudamiento por parte del Cabildo poblano no tiene nada de extraordinario. Dicho de otro modo, el préstamo y el endeudamiento no es un recurso puntual frente a una situación excepcional. Constituye, al contrario, una práctica continua, claramente indispensable para llevar adelante un mínimo de política de ordenación urbana. Lo más probable es que, como lo deja ver el mismo documento, se trate de una práctica antigua de funcionamiento del propio Cabildo³⁶. Sin embargo, lo más interesante de lo revelado por el cuadro está en otro aspecto: el principal prestamista del Cabildo municipal colonial no es sino el propio Cabildo catedralicio como institución o con sus propios integrantes. De hecho, el obispo de Puebla y su Cabildo representan casi el 85 % del total del monto de los préstamos recibidos por la ciudad³⁷.

29Más allá de la importancia de papel de las instituciones religiosas como agentes financieros, cabe también resaltar la estabilidad y continuidad del sistema. Del total prestado e identificado de manera precisa en 1792, queda pendiente de reembolso la mitad. De forma que los prestamista no parecen haber exigido a la ciudad saldar el principal, contentándose con la renta correspondiente a la tasa anual del préstamo. Otro aspecto también llama la atención en este panorama de la situación financiera del Cabildo para con sus prestamistas: la mayor parte de los préstamos rembolsados son los del Cabildo catedralicio. También es cierto que estos corresponden a los préstamos más elevados obtenidos por el Cabildo municipal. Lo cierto es que lo que vemos funcionar en Puebla es un sistema de interconexión muy estrecha entre ambos cabildos, el de la ciudad y el de la catedral. Es más: el funcionamiento del primero parece ubicarse en situación de dependencia respecto del segundo. Lo que revela el sistema aquí sacado a la luz del día es que la política llevada a cabo por el colectivo municipal poblano depende estrechamente del Cabildo eclesiástico. Y esto no solo para poder llevar a cabo las respuestas a las «urgencias» de la situación cotidiana —principalmente solucionar el problema de alimentación de la población de la ciudad—, sino también las inversiones sin las cuales sería imposible la construcción de edificios dedicados al uso puramente civil —la alhóndiga— o aquellos destinados a las fuerzas del «orden público» —el cuartel de Dragones—. Es más, si consideramos la diferencia entre los ingresos y el peso efectivo de las deudas continuamente contraídas por el Cabildo poblano, es obvio que los nuevos préstamos también sirven para reembolsar parte de las deudas anteriores. Dicho de otro modo, el sistema que funciona en Puebla a lo largo de la segunda mitad del siglo xviii es un mecanismo de endeudamiento continuo que revela una situación de fragilidad para la ciudad. En este contexto, el Cabildo de Puebla no tiene otra opción que la de recurrir sistemáticamente a la ayuda financiera de la Iglesia Catedral, probablemente la institución más acaudalada de la región.

30Si las razones por la cuales el Cabildo municipal poblano se veía obligado a acudir a este recurso financiero extremo parecen claras, ¿cómo explicar en cambio su aceptación por parte de la Catedral y su Cabildo eclesiástico? En otras palabras, ¿cuál podía ser el interés de la catedral en este negocio? La respuesta a este interrogante se sitúa probablemente a dos niveles distintos pero complementarios. Para el Cabildo catedralicio, en particular para sus miembros, este sistema permitía asegurar a los canónigos, así como a los clérigos cercanos a la institución, rentas estables y bastante seguras. A pesar de su endeudamiento, la ciudad de Puebla parece lograr cubrir a partir de sus propios recursos, sin mayores dificultades, parte de sus deudas. Por otra parte, todos los préstamos del Cabildo catedralicio o de las diversas instituciones religiosas, corresponden a rentas relacionadas con capellanías que sirven clérigos o los propios canónigos del Cabildo catedralicio. En el caso de este último, aparentemente la regla más frecuentemente utilizada consta de que los préstamos están repartidos entre capellanías de monto idéntico, en general establecido sobre un capital de 3 000 pesos prestado a una tasa de 4 o 5 %. Por lo tanto cada clérigo o canónigo asociado a las diversas capellanías que ha ayudado a montar el préstamo otorgado percibe una renta anual de unos 150 pesos correspondientes al pago de la tasa prevista por el contrato de préstamo. Entendemos entonces que, para los clérigos poblanos estos préstamos destinados a financiar el Cabildo de la ciudad eran una excelente solución para garantizarles rentas continuas y bastante sólidas, ya que están sistemáticamente garantizadas sobre los recursos de la ciudad, en particular los llamados «propios y arbitrios». De forma que el interés del Cabildo de la catedral y, más ampliamente, de las instituciones religiosas poblanas implicadas en estas operaciones es de orden muy inmediatamente financiero. A pesar de estar fuertemente endeudada, la ciudad de Puebla puede considerarse como financieramente sólida y la deuda poblana como una buena inversión.

31El segundo nivel de observación para responder al interrogante anteriormente planteado es probablemente más sutil y de más arduo tratamiento. Remite al orden social y a sus mecanismos familiares y relacionales, difíciles de identificar por ahora —en el estado actual de la investigación— como para dar respuestas seguras. Esto último supone reconstruir el entramado relacional entre los miembros de ambos cabildos que permita entender sus intereses compartidos. Este trabajo aún en curso se está realizando para la segunda mitad del siglo xviii. Sin embargo, en base a los datos ya disponibles, podemos avanzar elementos que subrayan dos aspectos importantes. El primero se refiere a lo observado a partir de la documentación arriba examinada. Si consideramos los nombres de los fundadores y de los que sirven las capellanías establecidas a partir de los nueve préstamos ofrecidos al Cabildo y aún pendientes de reembolso en 1792, podemos identificar a 26 grupos familiares. De ese total, cinco corresponden precisamente a linajes presentes en el momento en el que se realiza el préstamo en el Cabildo de la ciudad, poniendo en evidencia intereses compartidos.

32Mas allá de esta valoración global, en un caso concreto que constituye un segundo elemento de interpretación, la implicación del prestamista es la más próxima posible en relación con el Cabildo poblano: se trata de Pedro de Miranda Cevallos, quien financia directamente parte del préstamo ofrecido por el Cabildo catedralicio de 1781, antes de entrar, en 1786, como regidor en el Cabildo municipal. De forma que no parece exagerado formular la hipótesis de que su participación en la primera operación contribuyó decisivamente a su acceso al rango de regidor. Para los otros cuatro préstamos, la relación entre la parte acreedora y la que está presente en el Cabildo de la ciudad, sin ser tan obvia, se manifiesta mediante parientes presentes en esta última institución en el momento en que se realiza el préstamo. Podemos entonces concluir, que los préstamos provenientes de la Iglesia —independientemente de la institución clerical que lo proporciona— tienen una fuerte coloración personal o familiar. Se realizan en realidad dentro de «círculos relacionales cerrados», muy especialmente entre miembros de un mismo grupo familiar. Y es obvio que permiten, por un lado, que uno de sus miembros o allegados sirvan en dichas capellanías y, por el otro lado, que la contraparte presente en el Cabildo de la ciudad pueda poner en evidencia el apoyo aportado a la entidad municipal.

33Esta conclusión parcial, que pone en evidencia el entramado relacional de la élite y la solidaridad financiera de sus principales actores institucionales, tendría que verse confirmada para el resto de los grupos familiares que aparecen en el sistema de financiación de la municipalidad poblana sacado a la luz, lo que aún no es el caso. Esto permitiría saber si la práctica observada para la quinta parte de estos prestamistas coincide con una verdadera estrategia elaborada por los linajes de la élite. Esto supone reconstruir otro tipo de relaciones, no necesariamente de orden familiar pero tan importantes como este, mediante las cuales se ponían en contacto los prestamistas, organizados en torno al Cabildo catedralicio y más ampliamente en torno a las demás instituciones religiosas poblanas, con los miembros del Cabildo municipal.

34 A partir de lo observado en relación a la política poblana en lo tocante al uso de los recursos municipales, vemos surgir un modo de funcionamiento local muy peculiar que nos incita a matizar seriamente la interpretación dominante en la historiografía que afirma el declive del atractivo de los regimientos para las élites locales. La participación en el Cabildo municipal, además de honor y prestigio —o sea capital simbólico— también ofrecía a sus beneficiarios la posibilidad de acceder al mercado urbano vendiendo el producto de sus haciendas con anticipación y a precios superiores a los del mercado. Dentro de los cargos principales del Cabildo, el de mayordomo era probablemente el que más atractivo —aunque no el único— podía presentar en esta perspectiva. En efecto, es el cargo más oportuno para este tipo de negocios, aunque no sin riesgos, ya que la quiebra lo amenaza siempre, como hemos podido comprobarlo. Pero hay aún más: la financiación de estas operaciones que pesan sobre la Hacienda municipal, está acompañada de una fuerte dimensión social: ofrece a los linajes de la élite local la posibilidad de redistribuir entre sus miembros, tanto clérigos como laicos, los beneficios del ejercicio del poder. En el caso poblano observamos como existía una verdadera coalición de intereses entre ambos cabildos, muchas veces fundamentadas en una alianza familiar —pero probablemente también en lazos no exclusivamente familiares—. En esa coalición, uno financia al otro en beneficio de intereses familiares comunes —y claramente en detrimento del bien común—. De esta observación surge la conclusión de la necesidad de retomar el análisis de la élite poblana considerando un aspecto descuidado en la historiografía. Los estudios relativos a la élite local excepcionalmente asocian las dos vertientes del poder local, el civil mediante el Cabildo municipal y la dimensión secular del poder eclesiástico a través del Cabildo eclesiástico. El estudio de la política fiscal del Cabildo municipal poblano confirma la necesidad de abordar el estudio de la élite local como un conjunto que controlaba todas las instituciones importantes allí presentes para abordar mejor el ejercicio del poder local y la distribución de sus beneficios.