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L'archipel des épices

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Xavier Huetz de Lemps

Resumen

Texte intégral

1La burocracia colonial española de Filipinas en el siglo XIX es un claro exponente de esos sistemas profunda y duraderamente corruptos, dotados de una capacidad de supervivencia, de adaptaciόn y de reproducción capaz de fascinar tanto al observador contemporáneo como al historiador. La presente obra se propone desmontar los mecanismos y analizar el funcionamiento de una maquina administrativa que, pese a todo, «domina» el archipiélago hasta 1898. Lejos de los estereotipos idealizados o satanizados de la dominaciόn española, lejos también de una historiografía que confunde reglamentaciones y realidades sobre el terreno, este estudio ofrece un nuevo punto de vista sobre la cotidianidad administrativa de las Filipinas coloniales y contribuye asimismo a evaluar las dificultades que encontró España, tanto en la metrόpoli como en sus últimas colonias, para dotarse de una burocracia moderna basada en la radical separación entre la esfera pública y el ámbito privado. Por último, esta obra viene a sumarse a la historiografía, aun modesta, de la corrupciόn y, en especial, subraya los casi desconocidos vínculos existentes entre corrupciόn y colonizaciόn.

2Aun planteando problemas de crítica histórica, las fuentes son sorprendentemente abundantes. El grueso de la documentaciόn, lógicamente, lo constituyen los expedientes judiciales y administrativos. Sin embargo, a menudo, como sus autores son o corruptos ellos mismos o cόmplices de funcionarios deshonestos, es preciso verificar sistemáticamente esos documentos y confrontarlos con los de otros fondos, como los archivos eclesiásticos, diplomáticos o privados. La amplitud del fenómeno hace que la corrupciόn llegue a ser, especialmente en el último cuarto de siglo, objeto de asombro, cuando no de debate. Los relatos de viajes, las descripciones del archipiélago, los proyectos de reforma, los debates parlamentarios, la prensa o la literatura colonial, se hacen eco de los manejos de ciertos funcionarios y arrojan una luz interesante sobre las disfunciones administrativas. Esta documentaciόn, de naturaleza muy dispar, no proporciona respuestas claras a todas las preguntas, pero permite revelar una parte del alcance, de las formas y de las causas de la corrupción.

3La primera parte de la obra presenta, jerarquiza y establece una tipología de las prácticas corruptas entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX. El gobierno de las provincias es la mejor puerta de acceso al aparato administrativo y a los sistemas corruptos que lo minan. En efecto, los gobernadores gozan de poderes discrecionales en la mayoría de los campos y se ven especialmente sometidos a la tentación del abuso de podery de la prevaricación. En este estamento se ilustra emblemáticamente la voluntad, tardía e incompleta, de adoptar nuevos modos de funcionamiento burocráticos y profesionalizados, como lo demuestra la supresión, en 1844, de su derecho a comerciar. Al igual que las demás, esa reforma no consiguió erradicar las prácticas, a menudo muy antiguas y brutales, que permitían a los altos funcionarios traficar con su capacidad de influencia y utilizar su cargo publico en beneficio propio. Por debajo de ellos, la corrupciόn que gangrena el estrato administrativo inferior de la colonia, el municipio indígena, adopta formas muy similares a las del gobierno provincial, aun cuando, dejando a un lado las diferencias de escala, el contexto es diferente, pues aquí nos hallamos ante una infraburocracia de auxiliares filipinos «elegidos» por los notables tras un proceso electoral empañado a su vez por la corrupciόn. Por encima de ellos, el estudio de las oficinas de la administraciόn central relativiza la corrupciόn de los gobernadores y de sus subalternos: en Manila, las formas de corrupciόn son mucho más suaves, pero las malversaciones de fondos públicos alcanzan a menudo sumas considerables. El inventario y la cartografía de los casos de corrupción no dejan ninguna duda acerca de las dimensiones del mal. Todos los estamentos de la administraciόn colonial, en un momento u otro, se vieron afectados por la corrupciόn. Algunos, como el gobierno provincial, el municipio indígena, o las Aduanas, aparecen constante y sistemáticamente implicados. Otros, como los organismos de los cuales dependían los chinos, se mencionan pocas veces en nuestras fuentes a pesar de estar muy expuestos a la tentaciόn. Evidentemente, la importancia de las sumas en juego, los métodos empleados para lograr el enriquecimiento personal o el grado de clandestinidad son sumamente variables, yendo desde la pequeña corrupciόn cotidiana del policía hasta las espectaculares prevaricaciones de los más voraces. Estos diferentes niveles se encuentran frecuentemente interconectados formando un sistema: los gobernadores provinciales corruptos utilizan las estructuras municipales para desviar fondos públicos, o para valerse de su influencia en las elecciones, pero, a su vez, los gobernadores gozan de gran protecciόn en Manila o Madrid. Por último, nuestras fuentes tan sólo reflejan imperfectamente la realidad del fenómeno: las extorsiones asociadas a los abusos de poder se hallan sobrerrepresentadas a causa de los mecanismos de producciόn de las fuentes administrativas y judiciales.

4La segunda parte de la obra trata de los mecanismos de control y de sanciόn, que determinan, por un lado, los límites de lo que se considera corrupciόn y, por otro, pretenden frenar a los funcionarios que se ven tentados a transgredirlos. Sobre la base jurídica heredada de los primeras siglos de la colonizaciόn española (Leyes de Indias y juicios de residencia), el arsenal represivo se va reforzando progresivamente a lo largo del siglo XIX: se precisa la calificación jurídica de los actos corruptos, se agravan las penas legales y se multiplican los mecanismos de control. Los jueces disponen pues de los medios indispensables para perseguir los casos de corrupciόn. Sin embargo, la aplicación real de estas normas es muy limitada por diversas razones. El organigrama de los poderes encargados de reprimir la corrupciόn sigue siendo confuso y surgen innumerables conflictos de competencia que retrasan la labor judicial. Los jueces tienen mala reputación, y un gran número de asuntos turbios hacen pensar que, efectivamente, no siempre son honestos. Por encima de ello, el interés fundamental en el mantenimiento del dominio colonial empuja a los superiores o a los jueces a una tolerancia cόmplice respecto a los actos de los subordinados o inculpados. Salvo en el caso de iregularidades descubiertas de forma fortuita, con ocasiόn de controles e inspecciones rutinarios, la mayoría de los encausamientos judiciales se emprenden a raíz de denuncias o quejas interpuestas por las supuestas víctimas de las exacciones, por los colegas del funcionario encausado o por la jerarquía paralela y el contrapoder, al menos potencial, del clero regular. El estudio de la capacidad de iniciativa y de las respuestas de la poblaciόn colonizada frente a los comportamientos transgresores y a la violaciόn de las reglas publicas permite vislumbrar la realidad de la vida de los pueblos, penetrar en los secretos de la vida política de las provincias y acceder a los sistemas ocultos de la administración colonial. En este juego extremadamente complejo, la acusación de corrupciόn es un arma que solo se emplea cuando convergen cierto número de factores. La comprensiόn de las condiciones de redacción de las denuncias, fundadas o no, permite al historiador formular hipótesis sobre la parte definitivamente oculta de este iceberg.

5La tercera parte de la obra se centra en los propios empleados públicos. Para un funcionario, el recurso a la corrupciόn responde a una racionalidad en la que el miedo al juez y a la sanciόn no es más que una variable, rara vez determinante. Esta madeja de datos estructurales y de variables humanas no puede desenmarañarse únicamente en el contexto colonial, puesto que, por encima, la metrópoli determina los criterios de selección y las condiciones materiales de los empleados. Ahora bien, el siglo XIX está marcado por un doble movimiento de centralización y de metropolización de la funciόn pública colonial. La politizaciόn sistemática y caricaturesca de la contratación de los funcionarios destinados a Filipinas, el clientelismo descarado que preside la elección y el ascenso, el proteccionismo abusivo que ofrecen esas redes de clientela a funcionarios de dudosa moralidad, engendran una inestabilidad extrema de la función pública, numerosas y flagrantes injusticias y la pérdida de las referencias morales de la mayoría de los servidores del Estado. A su vez, el contexto colonial acentúa la desmoralización colectiva y priva la noción de bien público de contenido. El estudio de las tentativas de reforma, en particular la eventual creaciόn de un cuerpo especializado de funcionarios coloniales, subraya que la cuestión de la corrupciόn en Filipinas no es, en parte, más que un producto derivado de los problemas estructurales de la metrόpoli. En los últimos años de la dominaciόn española, la toma de conciencia de algunos altos responsables, como el ministro de Ultramar Maura o los gobernadores generales Despujol y Blanco, y sus verdaderos esfuerzos para luchar contra el mal, chocan contra un sistema de valores que, pese a los discursos modernistas, sigue considerando el empleo público como un favor y aceptando, tácitamente, las inevitables derivas de! clientelismo.

6Si, de acuerdo con las teorías funcionalistas de la corrupción, se despoja a ésta de todo juicio moral, el análisis de costes y beneficios de la malversación publica arroja resultados contrastados. El coste económico y administrativo de la corrupciόn es indudablemente muy alto para la colonia. Por el contrario, para la metrópoli, el traslado a Filipinas permite contentar al excedente de funcionarios, y los abusos de una parte de ellos pueden interpretarse como una forma privatizada de explotaciόn colonial. Sin embargo, a medio plazo, las corruptelas de los funcionarios españoles y las brutalidades que las acompañan suponen un alto coste político para España, ya que contribuyen al desafecto de los filipinos. Por último, a largo plazo, habría que plantearse la cuestión de una eventual transmisión de la corrupción del período de dominaciόn española a la colonización americana y, posteriormente, a la República de Filipinas, aunque las respuestas tengan únicamente un valor de hipótesis.

© Casa de Velázquez, 2006

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