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L’église des laïcs

 | 
Ariane Boltanski
, 
Marie-Lucie Copete

I. — Investir dans le sacré aux xixe et xxe siècles. Le refoulement des laïcs ?

El ocaso del patronato laical

Las iglesias de laicos y el régimen foral en el País Vasco (siglo xix)

Elena Catalán Martínez

Texte intégral

  • 1 La autora pertenece al Grupo de Investigación Consolidado de Sistema Universitario Vasco IT897-16, (...)

1El proceso de secularización es un fenómeno complejo y heterogéneo que transciende la esfera de lo puramente religioso, afectando directa o indirectamente a todas las manifestaciones de la vida social1. En el caso de los territorios de la monarquía hispánica, esta transformación fue tardía e incompleta debido al fracaso de una revolución burguesa que contribuyera a la separación real entre Iglesia y Estado, tal y como sucedió en otros países.

  • 2 Existen numerosos trabajos sobre el desarrollo de planes beneficiales a nivel provincial. Un análi (...)
  • 3 Sobre la construcción y difusión de la memoria histórica por la Iglesia puede consultarse, entre o (...)
  • 4 Di Stefano, 2008, pp. 170-172.

2Por una parte, las Constituciones del siglo xix incluyeron en su corpus jurídico la confesionalidad del Estado y la dependencia económica del clero en las partidas presupuestarias de «culto y clero». Por otra, el fracaso de la reforma beneficial, iniciada en el siglo xviii, contribuyó a la pervivencia del patronazgo más allá de lo que era razonable, tanto en su vertiente vertebradora de las redes clientelares y de poder como en su influencia sobre el pueblo y la comunidad, especialmente en aquellas zonas del país en las que el clero parroquial había tenido un carácter patrimonial2. Por último, el entramado sociocultural tejido por la religiosidad barroca, e impulsado por la Contrarreforma y la monarquía confesional estaba —y aún lo está en muchos aspectos— profundamente arraigado en la sociedad española. La Iglesia y la monarquía desplegaron una estrategia consciente de propaganda que pretendía favorecer la cohesión de territorios muy dispares entre sí. A la extensa y prolija literatura panegírica y hagiográfica hay que añadir la exaltación de la devoción mariana como elemento de identificación patriótica y la costumbre de colocar a villas y ciudades bajo el patrocinio de un santo con la consiguiente participación popular en fiestas, romerías y procesiones3. Aún más, la Corona intervenía activamente en disquisiciones teológicas, en la elección de obispos e incluso en cuestiones pastorales, estableciendo estrategias y objetivos. En un nivel inferior, las familias controlaban a un numeroso y variopinto clero privado —tanto regular como secular— a través del patronato en sus múltiples niveles y acepciones. Por ello, en el siglo xix y como primer paso hacia la secularización, la Iglesia deberá reducir a la unidad la pluralidad de los poderes eclesiásticos, delimitar una esfera de acción propia para despojarse de su carácter ubicuo, separarse de la influencia de las familias de elite e institucionalizarse4. Esta transformación tuvo diferentes ritmos y características en función de la heterogeneidad de las estructuras eclesiásticas, derivadas de la creación de los obispados y la formación de su red parroquial, de la mayor o menor presencia del patronato y el patronazgo, y de la manera en la que la sociedad se fue acomodando a las nuevas estructuras del Estado liberal.

3Este trabajo analiza el proceso de secularización en el País Vasco, uno de los territorios de la monarquía hispánica más complejos desde el punto de vista eclesiástico, tanto por la autonomía de su ordenamiento jurídico y fiscal como por la pervivencia de iglesias propias fuertemente arraigadas en la sociedad. La peculiaridad de la iglesia vasca, durante toda la Edad Moderna y buena parte del siglo xix, residió en la resistencia a abandonar unas prerrogativas señoriales que estaban protegidas por el régimen foral y en las que los lazos de sangre y la territorialidad primaron sobre intereses suprarregionales.

Las iglesias de laicos en el País Vasco

  • 5 La evolución medieval de los derechos de propiedad de los laicos sobre sus iglesias para Europa en (...)

4Al iniciarse la disolución del Antiguo Régimen pervivían varios modelos parroquiales en el País Vasco, herederos de la estructura eclesiástica visigótica y perpetuados durante siglos gracias al fracaso de la reforma gregoriana y a una fuerte conflictividad política5. Así, las iglesias de la provincia de Álava se mantuvieron integradas en una estructura diocesana, pero con amplios privilegios y prerrogativas como el derecho de los cabildos parroquiales a decidir de forma autónoma quienes serían sus integrantes. En Gipuzkoa y Bizkaia la práctica totalidad de las iglesias eran propiedad de laicos por lo que les afectaban de forma muy directa las diferencias legislativas que operaban en estas provincias, tanto desde el punto de vista civil como eclesiástico. En el caso guipuzcoano la mayoría de los patronatos laicales habían sido cedidos durante la crisis bajo medieval a los municipios, por lo que sus iglesias, rentas y clérigos eran gestionados por los propios vecinos. Sin embargo, los conflictos fueron recurrentes ya que se daba la circunstancia que este territorio pertenecía en lo administrativo a la corona de Castilla, mientras que en lo eclesiástico estaba bajo jurisdicción del obispado de Pamplona, reino de Navarra. En Bizkaia la situación era más compleja puesto que coexistían templos de propiedad privada que formaban parte esencial de los bienes patrimoniales de los linajes o divisas —de ahí la denominación de «iglesias diviseras»— con aquellos que pertenecían al rey como bienes patrimoniales del titular del Señorío de Bizkaia, título que recaía sobre el rey de Castilla desde Juan I (1379). Las luchas nobiliarias y la inestabilidad política propiciaron que los Trastámara utilizaran la propiedad de estas iglesias para premiar a los linajes afines a la Corona con donaciones a perpetuidad —de ahí el nombre de «mercedarias».

  • 6 Los fueros eran el conjunto de privilegios y exenciones jurídicas que gozaban cada uno de los terr (...)

5Los derechos señoriales sobre unas y otras quedaron recogidos en los fueros6 y con ello sancionada su independencia con respecto a la autoridad episcopal, ya que tanto el obispo de Calahorra y La Calzada como el de Burgos eran personas ajenas a la provincia y no podían ejercer su autoridad sobre el territorio. El aforamiento del derecho de patronato y el no reconocimiento de la autoridad episcopal dejó a la iglesia vizcaína al margen de la autoridad eclesiástica y bajo el dominio de la nobleza local. A lo largo de la Edad Moderna se fueron atomizando los derechos propios del patronato en un lento proceso de integración plena de estas iglesias en la jerarquía eclesiástica.

  • 7 Fuero Nuevo de Vizcaya [1526], Ley II, tít. 32.

6Desde el reinado de los Reyes Católicos, el esfuerzo de la monarquía estuvo dirigido a aminorar el poder de los laicos sobre sus iglesias y reforzar la autoridad episcopal en estos territorios. Siendo la reina titular Juana I de Castilla, la nobleza vasca aprovechó para incluir el derecho patrimonial sobre las iglesias en el «Fuero Nuevo» que, aunque permitía la intervención del obispo en cuestiones doctrinales, mantuvo intacta la esencia del régimen patrimonial al garantizar la percepción del excedente agrícola, el derecho de presentación de los clérigos y, por lo tanto, la gestión de un innegable capital social7.

  • 8 En el norte de la Península, el clero parroquial era patrimonial, es decir, los clérigos con oblig (...)
  • 9 Catalán Martínez, 2000, pp. 33-41.
  • 10 Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB), Administración de Bizkaia (AB) / Gobi (...)

7El Concilio de Trento respetó los patronatos fundados o erigidos con anterioridad a los Concilios II y III de Letrán (1139-1179) y el patronato regio sobre todas las iglesias de la monarquía hispana. Así mismo, los clérigos patrimoniales de las diócesis del norte de la Península se integraron dentro del sistema beneficial lo que, si bien favorecía una comunicación fluida con la feligresía, alentó el clientelismo y ejercicio del sacerdocio como algo privativo de la familia8. Además, al otorgar poder absolutorio a los oficios de difuntos y vincular el derecho de patronato no solo a la propiedad de un templo sino a la fundación de un beneficio, se puso la base para la universalización del patronato a través de la inversión en lo sagrado; los borbones iniciaron una política de atomización de los derechos inherentes al patronato, que alcanzaría su máxima expresión a finales del siglo xviii9. Al quedar vacante la titularidad de una iglesia, sus derechos decimales quedaron repartidos entre varias familias hasta el punto de que, a comienzos del siglo xix, solo el 28 % de los patrones, normalmente miembros de los linajes fundadores, los percibían íntegramente. El derecho de presentación de los clérigos, que hasta entonces había estado vinculado al usufructo de los diezmos, quedó desmembrado o asignado a uno de los poseedores, lo que fue motivo de constantes controversias10.

La disolución del régimen laical

  • 11 Las Diputaciones provinciales de Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, creadas después de la I Guerr (...)

8La intrincada red de intereses y jurisdicciones dificultó sobremanera la secularización de las estructuras eclesiásticas de Antiguo Régimen. La cuestión del patronato, en su sentido amplio, generó puntos de fricción al entrar en conflicto con los intereses de la Iglesia, del Estado, de las familias y, en el caso de las provincias vascas, de las Diputaciones forales11. A nivel legislativo, las disposiciones centralizadoras relativas a la supresión de los señoríos jurisdiccionales y derechos forales atacaban directamente la esencia de las relaciones de poder en el Antiguo Régimen, muy atomizadas y estructuradas en torno a los antiguos linajes. La reforma beneficial, con la que se pretendía adecuar el servicio pastoral a las necesidades reales de culto garantizando la dotación y formación de los clérigos, atentaba no solo contra el derecho de presentación de los curatos sino contra todos los símbolos de preeminencia social que había ostentado hasta entonces el patrón. Por último, la desvinculación de los bienes dotales de fundaciones laicas, la supresión del diezmo y la imposición de nuevas cargas, como el noveno real y el medio diezmo, eliminaban cualquier prebenda económica que pudiera tener la posesión de una iglesia.

9Las tensiones y conflictos que se originaron en torno a estas cuestiones se desarrollaron a lo largo del siglo xix, pudiéndose distinguir varias etapas. En la primera, el Estado nacionalizó los bienes eclesiásticos o gravó sus rentas para contribuir a minorar el déficit de Hacienda; en la segunda, durante el Trienio liberal, las diputaciones iniciaron un proceso de apropiación de los patronatos con una clara utilidad pública; en la tercera, durante la I Guerra Carlista, se impuso la reforma beneficial, se eliminó definitivamente el diezmo y el derecho foral quedó abolido de iure pero no de facto, poniendo de manifiesto las tensiones existentes entre el mundo rural y el urbano; en la cuarta, pervivió el patronato de laicos bajo una nobleza desafecta, residente en Madrid, que chocaba con los linajes locales muy arraigados al territorio y sus derechos históricos hasta que la III Guerra Carlista puso fin al sistema foral y con él al patronato laical.

El periodo bélico: fin de los bienes vinculados

10La disolución del régimen de patronato laical se inició en la segunda mitad del siglo xviii coincidiendo con el fortalecimiento del regalismo borbónico y el Concordato de 1753, por el que la Corona obtenía el Patronato Universal en sus reinos. Como consecuencia inmediata se produjo la expulsión de los Jesuitas y la incautación de sus bienes; se reformó el excusado, que pasó a administrarse directamente por la Corona, elevando significativamente su importe con respecto al encabezamiento que se pagaba hasta entonces; se promulgaron distintas disposiciones que afectaban al clero regular, especialmente el expediente sobre amortización eclesiástica, hecho que suscitó una fuerte oposición entre los miembros del Consejo de Castilla y que quedó, de momento, sin resolver.

  • 12 Esta desamortización voluntaria ha sido estudiada en el contexto de la desamortización general y e (...)
  • 13 Catalán Martínez, 2003, p. 453.

11A raíz de este giro en la política borbónica los conventos iniciaron una suerte de «desamortización voluntaria» para obtener liquidez y quedar fuera del alcance de las medidas liberalizadoras12. En el caso de Bilbao, las fincas que salieron al mercado voluntaria o involuntariamente fueron compradas por comerciantes que habían canalizado sus inversiones sacras a través de los conventos de la villa. La relación entre burguesía y clero regular se había estrechado a lo largo del siglo xviii cuando las principales familias burguesas dejaron en manos de los conventos la gestión de los capitales que dotaban a las obras pías y capellanías. La institución religiosa se encargaba de administrar este dinero comprando o construyendo edificios, pisos y lonjas que ponían en alquiler con una gran rentabilidad. Cuando llegó el momento de venderlas, dieron prioridad a las familias que ostentaban el patronato de sus fundaciones, permitiéndoles entrar en el circuito de propietarios que les estaba vedado hasta entonces. Entre 1780 y 1809, la mayoría de las operaciones de compra venta que se realizaron en el partido judicial de Bilbao tuvo como oferente al clero regular y como demandante a los comerciantes13.

  • 14 Tedde de Lorca,1988 y Comín, 2016.
  • 15 Sobre la relación entre desamortización y deuda pública en este periodo cabe citar los trabajos se (...)
  • 16 « Real Decreto sobre la enajenación de todos los bienes raíces pertenecientes a Hospitales, Hospic (...)

12La crisis finisecular y el inicio del periodo bélico agudizaron el déficit estructural que padecía la hacienda española y que se puso de manifiesto en la caída de cotización de los vales reales, con el consiguiente desprestigio en los mercados nacionales e internacionales14. Después de largas discusiones sobre los efectos negativos de la amortización, la Corona procedió a consolidar la deuda estatal con la venta de bienes de manos muertas, recurso utilizado en la Francia revolucionaria y que más tarde se aplicaría en Hispanoamérica15. La liberalización de miles de inmuebles que servían de base dotal a capellanías, conventos, obras pías, instituciones asistenciales y patronato de legos dio el pistoletazo de salida de las reformas liberales y culminaría con los decretos desamortizadores de Mendizabal y Madoz16. Sin embargo, no era la primera vez que la Corona recurría a los bienes de la Iglesia para solucionar problemas presupuestarios. Los sucesivos gravámenes que estableció para diezmos, propiedades inmuebles, derechos de estola o pies de altar convirtieron al clero en uno de los principales contribuyentes de la Hacienda, lesionando gravemente los derechos económicos de los patronatos que eran quienes debían pagar estos impuestos en sus iglesias.

  • 17 Las provincias vascas, en virtud de su derecho foral, tuvieron una fiscalidad propia por lo que ta (...)

13El inicio del periodo bélico situó a los patrones en una delicada situación económica ya que, por una parte y como perceptores de diezmos, tuvieron que hacer frente al pago del noveno real —concedido por Pío VII a Carlos IV por Breve Pontificio de 10 de marzo de 1800— en un momento de fuerte crisis económica y desafección campesina al pago de esta exacción; y, por otra, la Diputación vizcaína presionaba a la Corona para que le concediera el usufructo de los patronatos de merced real para hacer frente a los gastos de defensa del Señorío17.

  • 18 Fuero Nuevo de Vizcaya [1526], Ley II, tít. 32.
  • 19 El administrador del conde de Villafuertes intentó obviar el pago del noveno de Regil ya que «… se (...)
  • 20 Larrea, 2000, p. 149.

14La aplicación del noveno contravenía la normativa foral que impedía ejecutar bulas que pudieran implicar la derogación de sus patronatos o una merma de los mismos18. Las acciones por parte de los patrones para aminorar la presión fiscal que pesaba sobre sus iglesias fueron encaminadas a intentar que el gravamen se aplicase exclusivamente a los eclesiásticos llevadores de diezmos e intentar encabezar su pago, tal y como se había hecho con anterioridad con el subsidio y el excusado19. Por ello, alegaron que los diezmos «en esta región ni en su origen ni en su estado actual son eclesiásticos sino rentas seculares», estando todos ellos poseídos por laicos con pequeñas porciones para los clérigos20. Además, hicieron ver que el principal perjudicado sería la propia Hacienda ya que, en el caso de Bizkaia, el Rey era el mayor poseedor de patronatos. De nada sirvieron estos argumentos puesto que el noveno se impuso en todas las iglesias independientemente del tipo de patronato al que estuvieran sometidas, incrementando de manera considerable las obligaciones económicas de los mismos (cuadro 1).

Cuadro 1. — Obligaciones de pago de los patronatos del Marqués de Villarías (1802-1808)

Obligaciones de pago Gasto (%)
Mantenimiento templo y culto 57,3
Curato 11,2
Subsidio y Seminario Conciliar 1,8
Noveno y Excusado 29,7
Porcentaje obligaciones de pago/ ingresos decimales 10,7

Fuente: Elaboración propia, AHDFB, Fondo Villarías [FV], leg. 2765-011.

  • 21 Desde la Edad Media, las llamadas provincias exentas tuvieron que hacer frente a los gastos origin (...)

15Ante la reducción de los beneficios económicos por la posesión de una iglesia afloraron múltiples disputas sobre la legitimidad de sus derechos poniendo de manifiesto las sucesivas usurpaciones que se habían producido a lo largo del tiempo y la atomización de los mismos. La inestabilidad política y los conflictos bélicos fueron aprovechados por las Diputaciones para reclamar el usufructo de los patronatos, e incluso arrogarse su titularidad, como compensación de los gastos que debían realizar en defensa del territorio21. El problema era más acuciante en Bizkaia, donde la mayoría de los patronatos eran de merced real, que en Gipuzkoa o en Álava, cuyas iglesias tenían amplia autonomía. En el caso vizcaíno, el hecho de que las vacantes se cubriesen por la Corona por personas ajenas a la realidad del Señorío, o vinculadas a él por lazos de sangre cada vez más débiles, era percibido por las Juntas como un menoscabo de los derechos forales. Además, muchas de sus iglesias se encontraban desatendidas, tanto en lo que se refiere a los ornamentos y fábrica como en las retribuciones del clero, por lo que se cuestionaba la idoneidad de sus poseedores y provocaba continuas quejas de los obispos a la Cámara de Castilla.

  • 22 Ortiz de Zárate, 1858, cap. xxiii, p. 77.
  • 23 Real Orden de 16 de marzo de 1808. La casa de Misericordia había sido fundada en 1806 para hacerse (...)
  • 24 Para cubrir las necesidades educativas que habían estado en manos de los jesuitas, la Sociedad Vas (...)

16La cesión de derechos a las diputaciones se inició en Álava donde en 1802 las Juntas determinaron que «el patrimonio de las iglesias sea de la provincia, en casos extraordinarios, conforme a los cánones y leyes», aunque solo en casos de extrema necesidad22. Ya iniciada la Guerra de la Independencia, Carlos IV concedió al Señorío de Bizkaia el importe de la bula de la cruzada y los patronatos mercedarios cuando vacasen, «con destino a la manutención, crianza y educación de los niños expósitos» de la Casa de Misericordia de Bilbao23. En Gipuzkoa, habría que esperar a la finalización de la guerra para que Fernando VII concediese el usufructo de los patronatos vacantes al mantenimiento del Seminario de Nobles de Vergara24. Como se puede ver, las necesidades presupuestarias y de defensa de la frontera propiciaron que la monarquía sustituyera el principio de reconocimiento de servicios prestados y preeminencia social por el de utilidad pública a la hora de ceder la gestión de sus patronatos.

  • 25 Plan beneficial de las iglesias parroquiales del Señorío de Vizcaya, 1808.
  • 26 Un ejemplo de la desidia de los patrones por cumplir con sus obligaciones la tenemos en la tardanz (...)

17Otra cuestión que estaba pendiente desde el Concordato de 1753 era la restructuración de las plantillas beneficiales que debían eliminar los beneficios incongruos y permitir situar al frente de cada parroquia a un clérigo aprobado por el obispo con formación y titulación acreditada. Los derechos de los patronos habían frenado la aplicación del Plan Beneficial al restringir la patrimonialidad de los beneficios y el derecho de presentación. La situación de los clérigos era crítica por lo que la Corona, que en última instancia era la titular de la mayor parte de las iglesias, instó a los obispos con jurisdicción en el territorio que llegasen a un acuerdo con las Juntas de sus respectivas provincias para elaborar un nuevo plan beneficial, ajustado a las características de la iglesia regional. Los acuerdos llegaron en las cuestiones relativas a la idoneidad de los candidatos en lo que se refiere a formación, edad y cualidad, extinción de las capellanías indotadas y suficiente dotación económica de curatos y fábricas; quedaban intactos los derechos de presentación y representación25; en la práctica, las disposiciones sobre la provisión de curatos y beneficios generaron numerosos inconvenientes ante la dificultad de encontrar candidatos con formación suficiente, naturales del lugar y que cumpliesen con las expectativas del patrón. En este sentido, hay que diferenciar entre la posición de los patrones diviseros, que consideraban esta prerrogativa como una parte inherente al ejercicio de poder e influencia en los territorios dominados por su linaje, y la posición de los patronatos concedidos por el rey, que vivían en la corte y se valían de un administrador (a veces el propio cura) para gestionar su iglesia26. La correspondencia privada de la casa de Zavala refleja lo insostenible de la situación provocada por la caída de los diezmos y el incremento de las cargas que pesaban sobre ellos, lo que generaba desafección por una posesión lejana que cada vez reportaba menos beneficios económicos o políticos:

  • 27 ACZ, SC, Zarauz, 26 de marzo de 1815, leg. 6602.

A la verdad en el día no puedo soportar este gravamen porque las contribuciones y los gastos extrahordinarios que he sufrido en la guerra me han empeñado sobre manera; y así sea poniendo en Elcano Cura ó beneficiado Coadjutor, ó sea dotando competentemente á los dos que asisten allá para que ellos mismos mantengan una cavalleria, es preciso que a mí se me releve de esta pensión tan gravosa, y nada decente27.

  • 28 «… S.M. que según una orden de 12 de mayo resolvió que los productos de las vacantes de capellanía (...)

18Así mismo, queda patente la preocupación por la pérdida de los bienes dotales que sustentaban capellanías, que la legislación había dejado sin el soporte económico de la vinculación y, por lo tanto, la dificultad de encontrar quien quisiese seguir haciéndose cargo del cumplimiento de misas y aniversarios28.

El Trienio Liberal: medio diezmo y derecho de presentación

  • 29 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, J00686/232.
  • 30 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, J00686/234.

19Las cortes del Trienio liberal retomaron la labor legislativa iniciada en Cádiz al ordenar llevar a efecto el decreto de 1811 por el que se incorporaban a la nación los señoríos jurisdiccionales y quedaban los territoriales como propiedades particulares. La Diputación, en Decreto de 5 de junio de 1820, declaró suprimidos los derechos señoriales en la provincia de Bizkaia, especialmente los de «lanzas mareantes y ballesteros, derechos de prebostada y alcabala del fierro29». La cuestión de los patronatos señoriales se abordó en una sesión aparte al día siguiente, ya que la resolución generaba numerosos problemas de indefinición sobre la propiedad y el usufructo de los derechos decimales inherentes a los mismos. El articulado hacía referencia a la suspensión de las obligaciones de pago del diezmo tanto si se percibían directamente o si se remataban en pública subasta, en cuyo caso los patrones debían restituir los prometidos y fianzas que les habían sido entregados. Los ayuntamientos serían los encargados de velar por el cumplimiento de esta normativa y, en adelante, de subastar los diezmos en beneficio de la comunidad, concretamente en la manutención de los expósitos30.

  • 31 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ00678/030.
  • 32 Las familias afectadas por la «usurpación de derechos» por parte de los ayuntamientos liberales in (...)

20Esta normativa no contentó a nadie. Por una parte, los patrones mercedarios pretendían seguir percibiendo el diezmo como derecho inherente a la propiedad de la iglesia, tal y como lo seguirían haciendo aquellos que lo ostentaban por derecho de fundación. Por otra, los curas párrocos demandaban percibir el diezmo íntegro como retribución por sus servicios, al igual que sucedía en las iglesias no patrimoniales. Esta había sido una reivindicación histórica por parte de las autoridades eclesiásticas ya que muchas iglesias tenían graves carencias en su fábrica y ornamentos, y la mayoría de los clérigos solo percibían una renta anual en concepto de salario. Sin embargo, la Diputación nunca contempló que los curas «pudieran ser de mejor derecho para la percepción de unos frutos que nunca les han correspondido31». En realidad, pretendía arrogarse el papel que el Fuero atribuía a los patrones apropiándose de los símbolos de preeminencia y de sus réditos económicos, pero en ningún caso tuvo intención de hacer dejación de sus prerrogativas. En este sentido, la sustitución de los patrones por alcaldes y regidores liberales en los actos religiosos fue una de las medidas que mejor escenificaba el cambio político, puesto que los símbolos y su representación seguían siendo fundamentales en esta etapa de transición32.

  • 33 El Estado también renunció al noveno, el excusado y los novales. Sobre el medio diezmo puede leers (...)
  • 34 La inclusión de la patata entre los productos sujetos a diezmo originó la resistencia de campesino (...)
  • 35 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ 01631/031 y J00687/174.

21El Real Decreto de 28 de mayo de 1821, ordenando «definitivamente la reducción del diezmo de granos y frutos á la mitad de lo que antes se pagaba», supuso un enorme varapalo a las pretensiones de la Diputación, de los patrones y del clero33. En primer lugar, el rédito económico del patronato, fuese quien fuese el poseedor, había quedado seriamente mermado, tanto por la reducción en sí misma como por incluirse entre los productos dezmables a los novales y los procedentes de nuevas roturaciones34; segundo la administración del diezmo se había asignado a las Juntas Diocesanas dependientes de la cabeza del obispado (lo que en Bizkaia se seguía considerando una injerencia externa sobre derechos forales); tercero, se mandaba informar puntualmente sobre el importe de diezmos y primicias para «acordar definitivamente lo necesario á la decorosa subsistencia y dotación del culto y del clero35», lo que no satisfacía ni a los párrocos, que aspiraban a que la disolución del patronato les permitiera acceder al importe íntegro del diezmo, ni a los patrones, que debían destinar la mayor parte de lo recolectado al mantenimiento de la iglesia y sus servidores.

  • 36 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ 01428/018.

22La cuestión de la reestructuración de las plantillas beneficiales se había retomado entre 1819 y 1822 con dos puntos de fricción importantes: la presentación de los párrocos y su retribución económica. Disuelto el gobierno constitucional, los patronos volvieron a disfrutar de todas sus prerrogativas y derechos, aunque no se anuló el plan beneficial y, por lo tanto, el conflicto en torno a la presentación de los párrocos continuaba latente. En 1824, varios patronos firmaron una petición a la Diputación suplicando su intervención para que se derogara la edad mínima de acceso al sacerdocio, establecida por el plan en 23 años36. En esta carta se hacían eco de la falta general de candidatos presentables con el perjuicio que esto suponía para el pueblo y «para las familias, en particular, porque se les priva de una carrera tan honorifica como agradable a los ojos de Dios». Para ellos, era fundamental un compromiso temprano del candidato que impidiera que la incertidumbre les llevara a buscar otras alternativas de futuro o, si esperaban a la edad reglamentaria, se corría el riesgo de que «se entregan a la ociosidad y a otras corrupciones».

La I Guerra Carlista: patronos versus Diputación

  • 37 Fernández de Pinedo, 1974, pp. 472-482.

23La Guerra Carlista puso de manifiesto la fractura de la sociedad vasca en el contexto de la crisis finisecular. Campesinos empobrecidos por el incremento de la renta y el alza de los precios, mayorazgos con sus rentas cada vez más mermadas, ferrones incapaces de hacer frente a la competencia del hierro británico e industriales agraviados por la falta de protección adoptaron actitudes antiliberales, con una ideología ultra conservadora basada en las Escrituras y una defensa de lo nacional en el sentido español. En el bando liberal lucharon comerciantes, industriales, terratenientes y todos aquellos beneficiarios de la desamortización de Godoy y la venta de comunales37.

  • 38 « Le clergé était resté généralement passif dans ce mouvement […] mais la masse du clergé était re (...)
  • 39 Prada, 2004, p. 329.
  • 40 Fernández de Pinedo, 1974, p. 464.
  • 41 Ibid., pp. 465-466.

24La adscripción del clero no estuvo tan clara como en principio pudiera pensarse38. Aunque muchos párrocos se alinearon en el bando absolutista, una cantidad nada despreciable apoyó a los liberales, sufriendo incluso persecución por parte de los carlistas39. Es probable, que la situación concreta de la parroquia en la que prestaban sus servicios tuviera mucho que ver con su posicionamiento político. Los que pertenecían a los principales linajes propietarios de iglesias, formaban parte de un entramado jurídico-social en la que eran una parte esencial, aun cuando sus retribuciones fuesen escasas; aquellos que servían en parroquias dependientes de la Diputación, se sentían agraviados por el recrudecimiento de las condiciones de acceso a la carrera eclesiástica y por la reducción de sus emolumentos, por lo que también serían proclives a don Carlos; en cambio, los que servían en iglesias mercedarias, con unos derechos muy atomizados y escasa dotación económica, verían en el cambio de régimen una mejora sustancial de su nivel económico al pasar a depender del Estado. Por otra parte, no hay que olvidar que en todas las iglesias convivían multitud de beneficios eclesiásticos fraccionados —de media, cuarta ración e incluso menos— para los que la reforma beneficial constituía una oportunidad de promoción y consolidación de sus plazas; por más que el lema de los carlistas fuese «Dios, Patria, Fueros y Rey», la cuestión foral no fue determinante en la adscripción a uno u otro bando, ni para el clero ni para los seglares. Un autor anónimo escribía en 1834 que en «el movimiento revolucionario en Vascongadas no hay nada absolutamente de fueros… ni aun han servido ni sirven de pretexto40». De hecho, estos no fueron confirmados por el aspirante hasta dos años después de haber estallado el conflicto. Una vez iniciada la guerra, en la colección de proclamas que la Diputación vizcaína dirigía a la población, se negaba explícitamente que en el origen de la contienda estuviese la defensa de los fueros y se reconocía que, a medida que se imponía el régimen constitucional «ese deseo [defender los fueros] se extendió por todas las clases y cundió entre aquellos mismos que defendían el trono de S. M. la reina Dª Isabel II41». En este sentido, la reforma fiscal y el plan beneficial fueron determinantes para que un amplio espectro de la sociedad vasca, tanto de ideología liberal como absolutista, enarbolasen la defensa de los fueros como símbolo de su propia identidad.

  • 42 Larrea, 2000, p. 162.
  • 43 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ01602/120.
  • 44 «… no se le concede en manera alguna el derecho de presentación de los beneficios dependientes de (...)
  • 45 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ01405/016.

25En el caso de Bizkaia, la Diputación, tanto en su fase liberal como carlista, se apropió de los bienes y derechos de los patronatos de merced real, especialmente de aquellos que recaían en personas ausentes de la provincia42. En 1834, el Consejo Real confirmó la donación de todos los patronatos pertenecientes a la monarquía para que sus rentas fuesen gestionadas por la Diputación en beneficio de los expósitos. Eso sí, debían atender «en primer lugar y ante todas cosas á la reparación de las iglesias y suministro á estas de todo lo necesario para el culto», y se anulaban nuevas posibles concesiones por parte de la Corona «por más beneméritas que sean las personas que se deseare agraciar»43. Además, la Diputación utilizó esta concesión para arrogarse los símbolos de representación inherentes al patronato, y normalmente parejos a la percepción de rentas y diezmos de la iglesia, como el asiento preferente en los oficios religiosos y la presentación de nuevos párrocos; es decir, estaba preservando y perpetuando una parte esencial de la foralidad que hasta entonces había estado en manos de la nobleza. Esta acción le valió la apertura de un expediente por parte del Consejo Real de España e Indias en el que se le recordaba que debía atenerse a la normativa impuesta en el Plan Beneficial sobre la provisión de curatos, presentando a sus candidatos a la aprobación del diocesano44. Estas acciones también generaron un fuerte rechazo entre los patrones y clérigos ya que, además de ver degradados sus derechos de preeminencia, tuvieron que hacer frente en 1837 a un donativo de 300 000 reales que recayó sobre «el clero y las clases exceptuadas por su carácter privilegiado» con el fin de adquirir calzado para el ejército rebelde45. Como se puede ver, los derechos individuales o familiares que otorgaba el fuero a los poseedores de las iglesias pasaron a ser gestionados por las Diputaciones en nombre de la colectividad, pero en su propio beneficio.

El impasse foral

  • 46 Castells, 2003, pp. 120-121.

26Al finalizar la I Guerra Carlista, se imponía la construcción de un Estado liberal en el que la homogeneización jurídica y fiscal constituía un proceso ineludible. La Ley de Confirmación de fueros del 25 de octubre de 1839 ratificaba en su artículo primero los fueros de las provincias vascas y de Navarra, aunque señalaba a continuación que éstos quedaban pendientes de reforma. En teoría, el sistema foral no tenía cabida en este nuevo esquema político, pero lo cierto es que las provincias vascas acabaron gozando de un alto grado de autonomía: las antiguas Juntas Generales y Diputaciones se integraron en el nuevo sistema organizativo del Estado, aunque siguieron sin contribuir a la Hacienda Pública y sin enviar hombres al servicio de armas46.

  • 47 La aplicación de la reforma tributaria relativa a los diezmos destruyó las leyes I y II del título (...)
  • 48 Fernández de Pinedo, 1987; García-Zúñiga, De la Torre, 1996; Sanjurjo, 2014. El cupo era, y es, la (...)

27La decisión de suprimir el diezmo (1841), tan necesaria para el avance de la reforma tributaria llevada a cabo por Alejandro Mon, supuso el final del patronato tal y como se había conocido hasta entonces47. El Concordato de 1851 ratificó la inclusión de las partidas de culto y clero en los presupuestos generales del Estado, por lo que los párrocos acabarían siendo una suerte de funcionarios. En el País Vasco y Navarra, al mantener su autonomía fiscal, deberían asumir de manera autónoma el mantenimiento del clero y los gastos militares. Navarra se decantó por una contribución directa, proporcional a las rentas y gestionada por la Diputación, mientras que las provincias vascas recibirían una ayuda del Estado en concepto de contribución territorial (Reales Órdenes de 16 y 25 de octubre de 1850), y finalmente deducida del cupo48.

  • 49 Sanjurjo, 2014, p. 227.

28La partida de culto y clero tuvo una incidencia desigual en las tres provincias vascas. En primer lugar, la carga recayó sobre los municipios que se vieron condicionados por el número de habitantes y su nivel de riqueza: en los pueblos grandes y villas de cierta entidad se pudo recurrir a impuestos sobre el consumo, pero en los más pequeños debieron hacerlo a través de repartos vecinales o continuar con el pago en especie49:

  • 50 ACZ, SC, leg. 7177.

… que todos los Diezmos quedan abolidos, y que todos los pueblos den una razón circunstanciada de todos los Vecinos, hasta los Jornaleros, según las fortunas de cada uno; clasificando en cinco partes (esto es) poniendo de base 40 reales, el segundo tres cuartas partes que son 30 reales, el tercero, la mitad que son 20 reales, el cuarto, con la quinta parte que son 8 reales, y la quinta, con una décima parte que son 4 reales; y que daran abiso de lo que corresponda pagar a cada pueblo, y que esta Contribución será para substinencia de las Iglesias y para el Clero50.

  • 51 Sanjurjo, 2014, p. 235.

29En segundo lugar, la carga fue especialmente onerosa en Álava, debido a la peculiar estructura parroquial, mucho más densa que en las otras dos provincias, y una economía basada en la agricultura cerealista. Por ello, la tónica dominante siguió siendo la pervivencia del pago en especie: en el 61 % de las parroquias se exigía el 10 % sobre los frutos para mantenimiento de su clero51; es decir, se perpetuaba de facto el diezmo. En Bizkaia, esta gabela recayó por un lado sobre la Diputación, que lo repartió de forma similar a la guipuzcoana y, por otro, sobre los patronos diviseros.

  • 52 Fernández de Pinedo, 1974, p. 373. La incidencia de los arreglos beneficiales fue muy dispar entre (...)
  • 53 «Real Orden sobre el reconocimiento de indemnización de las rentas de los partícipes legos en diez (...)

30En tercer lugar, para los laicos propietarios de las iglesias la abolición del diezmo elevó la carga económica de su posesión hasta niveles difícilmente asumibles en un momento de crisis agraria y reducción de precios52, por más que el Estado hubiera procedido a indemnizarles con títulos de deuda pública por el valor del promedio de la renta decimal del decenio de 1824-183353. Ante esta situación, muchos patrones no pudieron, o no quisieron, hacerse cargo de la obligación de sufragar los gastos de culto y mantenimiento del clero. En Gipuzkoa, el obispo de Pamplona trasladó al Diputado General una consulta para que las Juntas estudiasen la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de privatización del clero para «elevar al más alto grado posible de decoro, pompa, y devoción el culto y sus templos, sin afectar los recursos del erario». El plan consistía en averiguar la situación de cada iglesia y los derechos de patronato que pesaban sobre ella; si los poseedores tenían la voluntad de continuar manteniendo económicamente al clero y el templo y, si no fuese así, abrir un periodo de tres meses por el que alguien de la familia, o del pueblo, quisiera hacerse cargo de los mismos. El obispo advertía al Diputado que no debía cejar en el empeño a pesar de que

  • 54 ACZ, SC, leg. 3638, Madrid, 16 de febrero de 1852.

ha de ser corto el número de las personas que ya por devoción, caridad y entusiasmo religioso, ya por dar lustre y honra a un familiar, ya por propia gloria y merecimiento de otros géneros, quieran sobresalir y distinguirse de este modo entre sus convecinos y feligreses54.

  • 55 Fusi Aizpurúa, 1992, pp. 184-185.

31El periodo de impasse en el que los fueros esperaban un arreglo que nunca llegaba, lesionó gravemente los derechos de la clase terrateniente, precisamente por su condición de poseedora de una Iglesia. Mientras tanto, la industrialización estaba operando en la sociedad vasca una profunda transformación socioeconómica. En palabras de Fusi, la defensa de los derechos forales propiciaría «un gradual deslizamiento del fuerismo vasco hacia un foral catolicismo reaccionario y antiliberal, en el cual aquella doble dimensión católica y fuerista aparecía como la esencia de la identidad vasca55». En frente, se situaba una sociedad urbana y moderna que defendía el sistema foral solo como un instrumento que garantizaba la autonomía fiscal y un alto grado de autogobierno local. Las tensiones entre unos y otros, estallaron en la III Guerra Carlista que se saldó con el triunfo de los liberales y la abolición definitiva del sistema foral tal y como se había conocido hasta entonces, y por ende del patronato laical.

32La desaparición de las iglesias de laicos no significó el fin de su influencia puesto que el clero siguió siendo patrimonial. Aunque el artículo 26 del Concordato establecía que los candidatos que optaran a una parroquia en el País Vasco debían haber sido examinados y aprobados por el obispo en concurso abierto, la realidad es que eran personas que debían ser naturales de la región, entre otras cosas por la necesidad de hablar euskera para entenderse con sus feligreses. El concepto de «un clero de aquí para los de aquí» fue adoptado por el nacionalismo sabiniano que hizo de la defensa de los fueros y del catolicismo su seña de identidad «Jaun Goikua eta lagi zarra (Dios y la ley vieja)».

 

33Como se ha podido ver a lo largo de estas páginas, el proceso de secularización en el País Vasco fue largo y complejo debido fundamentalmente a que el régimen laical era parte esencial de la foralidad y estaba muy arraigado en la sociedad. Desde el siglo xvi, los obispos intentaron integrar el entramado de la iglesia laical en las estructuras episcopales, con escaso éxito. Más tarde, los Borbones iniciaron una política de atomización de los derechos de patronato que, si bien les restaron fuerza, no consiguieron acabar ni con el clientelismo ni con la concepción patrimonial de la iglesia o del sacerdocio. La supresión del diezmo, la de los derechos forales o la reforma beneficial pusieron de manifiesto la enorme dificultad que entrañaba el proceso de secularización en esta región. La nueva legislación afectó fundamentalmente a los patronatos mercedarios, otorgados por el rey, que pasaron a ser gestionados por las Diputaciones. De esta manera, seguían vinculados a las Juntas Generales de cada Territorio Histórico, garantes de los Fueros. Por el contrario, aquellas iglesias propiedad de una familia por derecho de fundación, se les aplicó la misma norma que a los señoríos: perderían sus prerrogativas señoriales para pasar a ser considerados como bienes de propiedad privada. Al desaparecer las bases económicas inherentes al patronato, este se fue diluyendo lentamente para acabar por desaparecer con el sistema foral. Sin embargo, la esencia social de las iglesias propias, especialmente en lo que se refiere a un clero patrimonial, oriundo de la parroquia y enraizado en la misma, fue integrada en el ideario del nacionalismo sabiniano, haciendo de la religión un hecho diferencial con respecto al resto del Estado.

Notes

1 La autora pertenece al Grupo de Investigación Consolidado de Sistema Universitario Vasco IT897-16, financiado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

2 Existen numerosos trabajos sobre el desarrollo de planes beneficiales a nivel provincial. Un análisis más global lo podemos encontrar en Barrio Gozalo, 2011.

3 Sobre la construcción y difusión de la memoria histórica por la Iglesia puede consultarse, entre otras Cortés, Betrán, Serrano, 2005 y Atienza López, 2012.

4 Di Stefano, 2008, pp. 170-172.

5 La evolución medieval de los derechos de propiedad de los laicos sobre sus iglesias para Europa en Thomas, 1905, para España, Bidagor, 1933 y para el País Vasco, Catalán Martínez, 2004 y 2015.

6 Los fueros eran el conjunto de privilegios y exenciones jurídicas que gozaban cada uno de los territorios del País Vasco desde la Edad Media. Los derechos sobre las iglesias quedaron recogidos en el Fuero Viejo de 1492, capítulos 224, 227 y 228 (véanse también los Fueros de Ayala y de la Merindad de Durango, las Cartas y Provisiones Regias de la provincia de Gipuzkoa y los Cuadernos de Hermandad de la provincia de Álava): García-Fernández, 2009, p. 268.

7 Fuero Nuevo de Vizcaya [1526], Ley II, tít. 32.

8 En el norte de la Península, el clero parroquial era patrimonial, es decir, los clérigos con obligaciones pastorales debían ser oriundos de la parroquia, o de la comarca, y en el caso vasco conocer la lengua vernácula para poder ejercer su ministerio.

9 Catalán Martínez, 2000, pp. 33-41.

10 Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB), Administración de Bizkaia (AB) / Gobierno y Asuntos eclesiásticos (GOB-ECCOS), AJ01423/064.

11 Las Diputaciones provinciales de Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, creadas después de la I Guerra Carlista, adoptaron el nombre de forales puesto que fueron herederas de las Juntas Generales de cada provincia, conservando una amplia autonomía fiscal y administrativa, constituyendo una excepción al sistema centralista propio del Estado liberal.

12 Esta desamortización voluntaria ha sido estudiada en el contexto de la desamortización general y en concreto por Atienza López, 1993; Catalán Martínez, 1998; y, más recientemente, Friera Álvarez, 2007.

13 Catalán Martínez, 2003, p. 453.

14 Tedde de Lorca,1988 y Comín, 2016.

15 Sobre la relación entre desamortización y deuda pública en este periodo cabe citar los trabajos seminales de Herr, 1971 y 1978.

16 « Real Decreto sobre la enajenación de todos los bienes raíces pertenecientes a Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión y de Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras Pías y Patronatos de legos », Gaceta de Madrid, 9 de octubre de 1798, 81, pp. 858-859.

17 Las provincias vascas, en virtud de su derecho foral, tuvieron una fiscalidad propia por lo que también se les llamaba «provincias exentas». A cambio debían hacer frente a los gastos militares de defensa del territorio.

18 Fuero Nuevo de Vizcaya [1526], Ley II, tít. 32.

19 El administrador del conde de Villafuertes intentó obviar el pago del noveno de Regil ya que «… se le hacía la súplica de que aplicase dicho Noveno al Corriedo». No obstante, advertía que «el Comisionado Real pide que en las Iglesias en que hubiese Patrono, ú otro llebador de Diezmos, se advierta esto, y á la porción, que percivieren los individuos de la tal Iglesia, se añada lo que lleban los Patronos Seculares, Regulares, ú otros qualesquiera». Archivo de la Casa Zavala (ACZ), Sección de Correspondencia (SC), Asteasu, 19 de mayo de 1807, leg. 390.

20 Larrea, 2000, p. 149.

21 Desde la Edad Media, las llamadas provincias exentas tuvieron que hacer frente a los gastos originados por la defensa fronteriza. Ya las Juntas Generales de Bizkaia en 1648 acordaron «que en vacando algunos patronazgos haga merced al Señorío para que mejor pueda acudir a su Real Servicio», citado en Pitarque de la Torre, 2002, p. 70.

22 Ortiz de Zárate, 1858, cap. xxiii, p. 77.

23 Real Orden de 16 de marzo de 1808. La casa de Misericordia había sido fundada en 1806 para hacerse cargo de huérfanos y expósitos del Señorío que hasta entonces eran conducidos a la inclusa de Calahorra: Pitarque de la Torre, 2002, p. 70.

24 Para cubrir las necesidades educativas que habían estado en manos de los jesuitas, la Sociedad Vascongada de Amigos del País fundó, en 1776, un centro docente para la educación de la nobleza y las élites funcionariales, militares e intelectuales del reino, acogiendo también a numerosos alumnos de Hispanoamérica: Chaparro Sainz, 2011.

25 Plan beneficial de las iglesias parroquiales del Señorío de Vizcaya, 1808.

26 Un ejemplo de la desidia de los patrones por cumplir con sus obligaciones la tenemos en la tardanza en proveer el curato de la iglesia de Regil (Gipuzkoa) y que volvió a manos del rey: «por quanto el Patronato para su Provisión conferido á dicha Sra. Condesa, es de merced Real, y á vista de esto no habiendo presentado ni nombrado para dicho Beneficio dicha Sra. Condesa durante los cuatro meses ó quatrimestre que para ello tiene, ha recaido en este derecho por ahora S.M.». ACZ, SC, Pamplona, 23 de junio de 1824, leg. 6489.

27 ACZ, SC, Zarauz, 26 de marzo de 1815, leg. 6602.

28 «… S.M. que según una orden de 12 de mayo resolvió que los productos de las vacantes de capellanías de sangre y Patronato de Legos no corresponden á los ecónomos nombrados por los ordinarios sino al Crédito Público. En vista de esto dígame V. si intentaré ante el Diocesano facultad para que las misas de la capellanía se celebren en esta Ciudad, ó en qualquiera otro Pueblo donde pueda hallar quien las diga en cuyo Caso buscaría sugeto en quien se pudiese hacer el nombramiento de capellán, y quien celebrare las rezagadas». ACZ, SC, Estella, 21 de julio de 1815, leg. 6630.

29 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, J00686/232.

30 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, J00686/234.

31 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ00678/030.

32 Las familias afectadas por la «usurpación de derechos» por parte de los ayuntamientos liberales interpusieron demandas y actos de conciliación, siendo sistemáticamente boicoteadas por síndicos y alcaldes liberales. AHDFB, FV, 2676-003.

33 El Estado también renunció al noveno, el excusado y los novales. Sobre el medio diezmo puede leerse Montolio, 1998-2000.

34 La inclusión de la patata entre los productos sujetos a diezmo originó la resistencia de campesinos en Gipuzkoa que pidieron el amparo al obispo de Pamplona para que intercediera ante la Diputación y les fuera eximida esta carga: ACZ, SC, leg. 675.

35 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ 01631/031 y J00687/174.

36 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ 01428/018.

37 Fernández de Pinedo, 1974, pp. 472-482.

38 « Le clergé était resté généralement passif dans ce mouvement […] mais la masse du clergé était restée inerte, quoique le mouvement eût été fait au nom de Don Carlos et de la religion » (Essai historique sur les Provinces Basques et sur la guerre dont elles sont le théâtre, Bordeaux, 1836, pp. 77-78, cité dans ibid., p. 474).

39 Prada, 2004, p. 329.

40 Fernández de Pinedo, 1974, p. 464.

41 Ibid., pp. 465-466.

42 Larrea, 2000, p. 162.

43 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ01602/120.

44 «… no se le concede en manera alguna el derecho de presentación de los beneficios dependientes de los Patronatos, cuyos solos productos le han sido cedidos para atender á las necesidades de los espósitos que están a su cuidado […]; y por consiguiente, no se puede acordar á esa Diputación más que el derecho de proponer a S. M. en el caso de proceder su provisión […] los sujetos que considere más dignos para los beneficios de entre los que, formado el oportuno espediente, merezcan la aprobación del Diocesano». AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ00006/079.

45 AHDFB, AB / GOB-ECCOS, AJ01405/016.

46 Castells, 2003, pp. 120-121.

47 La aplicación de la reforma tributaria relativa a los diezmos destruyó las leyes I y II del título 32 del Fuero de Bizkaia y el Título XXVI, cap. i-iii de los de Gipuzkoa: Larrea, 2000, pp. 164 y 228.

48 Fernández de Pinedo, 1987; García-Zúñiga, De la Torre, 1996; Sanjurjo, 2014. El cupo era, y es, la aportación anual que realiza el País Vasco al Estado en concepto de gastos generales.

49 Sanjurjo, 2014, p. 227.

50 ACZ, SC, leg. 7177.

51 Sanjurjo, 2014, p. 235.

52 Fernández de Pinedo, 1974, p. 373. La incidencia de los arreglos beneficiales fue muy dispar entre los patronatos vizcaínos y dependió del estado de la Iglesia y de si habían actualizado sus rentas en los dos últimos siglos: Larrea, 2000, p. 160-161.

53 «Real Orden sobre el reconocimiento de indemnización de las rentas de los partícipes legos en diezmos», Madrid 22 de marzo de 1847, Revista Enciclopédica. Periódico mensual, 7, abril 1847, p. 192.

54 ACZ, SC, leg. 3638, Madrid, 16 de febrero de 1852.

55 Fusi Aizpurúa, 1992, pp. 184-185.

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Universidad del País Vasco/EHU

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