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Sortir du labyrinthe

 | 
Xavier Huetz de Lemps
, 
Jean-Philippe Luis

I. Mines et industrie (xixe-xxe siècle)

Viento del sur

La presión local en la liberalización minera de 1825

Andrés Sánchez Picón

Texte intégral

I. — Las fotocopias de Chastagnaret

  • 1 G. Chastagnaret, «La legislation de 1825 et l’évolution des activités minières».
  • 2 Id., L’Espagne, puissance minière dans l’Europe du xixe siècle.

1Cuando comencé a investigar sobre la historia minera española, allá a finales de los años 70, una de las primeras lecturas que cayó en mis manos fue un texto del profesor Chastagnaret sobre la legislación minera española de 1825. No recuerdo a través de qué vía conseguí este trabajo presentado en el Primer Coloquio de Historia Económica celebrado en Barcelona del 11 al 13 de mayo de 1972, pero probablemente me llegaría por mediación de algún colega de los que por entonces nos iniciábamos en el tema minero, ya que hasta mucho tiempo más tarde no tuve la fortuna de entrar en contacto personal con el historiador francés. Aquella comunicación no llegaría a publicarse, y sin embargo, circularía de mano en mano entre los estudiosos del pasado minero español, habiendo sido profusamente citada en la bibliografía aparecida desde entonces1. Se trataba de uno de los primeros avances de esa obra enciclopédica sobre la minería española que daría lugar a la tesis de G. Chastagnaret defendida en 1985. Desde entonces y hasta que, con un extraordinario retraso, en el año 2000 fuera por fin editada2, las fotocopias de su trabajo circularían entre los especialistas españoles que, siguiendo su senda y la de Jordi Nadal, trataban de ampliar nuestro conocimiento sobre la minería española contemporánea. Esas «fotocopias de Chastagnaret» nos proporcionaban el marco general donde situar las monografías regionales o locales que desde diversos ámbitos se fueron publicando en las décadas de 1980 y 1990.

2Ahora, al recibir la invitación a participar en este homenaje, he vuelto a desempolvar aquellos papeles, aquellas añejas fotocopias concienzudamente anotadas y subrayadas, para de su mano regresar a uno de los temas a los que nuestro protagonista dedicara, no sólo en el comienzo de su carrera investigadora, una especial atención. Me refiero al análisis de las circunstancias que posibilitaron la promulgación en 1825 de una, hasta cierto punto, paradójica y sorprendente ley minera, que fundamentalmente permitiría la liberalización del sector en un contexto político, por el contrario, fuertemente reaccionario.

  • 3 G. Chastagnaret, «Repli de l’État et récomposition des élites»; Id., «La construcción de una imagen (...)

3El asunto, ampliado hacia la indagación de los orígenes de la minería privada en España en su principal escenario, la Sierra de Gádor en la actual provincia de Almería, así como el devenir del decreto fernandino hasta su sustitución por la nueva ley minera de 1849, había llamado la atención del hispanista francés en varias publicaciones3. Recientemente, han llegado a mis manos noticias y datos que pueden ayudar a ilustrar un aspecto de la cuestión que tal vez no haya sido convenientemente destacado; a saber: cómo los intereses locales organizados también tuvieron una influencia decisiva en el viraje del marco legal de la minería española en la década de 1820.

II. — El decreto de 4 de julio de 1825: ¿previsión o aceptación?

  • 4 Una visión reciente que relativiza el impacto de la legislación de 1868 en M. Á. Pérez de Perceval (...)

4Toda la agitada historia de la legislación minera española del siglo xix, hasta la ley de Bases progresistas de diciembre de 1868 (que subsistirían hasta 1944), tuvo como referencia el decreto de julio de 1825. Entre las disposiciones de mayor rango sobre el ramo minero (leyes de 1825, 1849, 1859 y marzo de 1868) fue la de mayor duración y tras casi un cuarto de siglo de vigencia, sólo sucumbiría en ese clima revisionista de 1848-1849, que se había alimentado del frenesí especulativo que se apoderó de la minería española en la década de 1840. Aunque en el Preámbulo de las Bases de 1868 la valoración que se hizo de la norma de 1825 resulta breve, brutal y deformante (se la motejaba de ser un «reflejo fiel de las absurdas y monstruosas Ordenanzas de Felipe II»), el resto de la legislación liberal, e incluso la Memoria para un nuevo Código Minero que se publicara en 1909, serían más benévolas con la ley que nació de la inspiración de Fausto de Elhuyar4.

5Así, en el Preámbulo del Proyecto de Ley de Minas presentado por el ministro de Fomento a las Cortes en 3 de noviembre de 1854, en pleno bienio progresista, se reconoció el beneficioso efecto de la ley de 1825 para el desarrollo de la industria minera:

  • 5 Ministerio de Fomento, Memoria informativa y proyecto de ley, p. 118.

Con una previsión que no podía esperarse de la época que produjo el Real decreto y la Instrucción de 1825, se hicieron libres las explotaciones, se concedió el derecho de registro y denunció a nacionales y extranjero; se creó la Dirección general del Ramo; se estableció el Cuerpo de Ingenieros de Minas, etc., etc.5.

  • 6 Como ha analizado G. Chastagnaret, la construcción de esta imagen reaccionaria respondía, especialm (...)

6A pesar de que durante la discusión del proyecto de ley de 1849 se había propagado una interpretación que intentaba legitimar la reforma puesta en marcha, recurriendo al descrédito del decreto de 18256, muy pocos años después, también con ocasión de la enésima discusión de una nueva ley de minas, ahora durante el bienio progresista, un destacado grupo de ingenieros que firma unas observaciones al proyecto presentado a las Cortes, absuelve de toda culpa a la ley de 1825 al declarar que:

  • 7 Observaciones al proyecto de ley de minas presentado a las Cortes, Madrid, 1855, p. 2. Entre los fi (...)

La explotación de minas produce hoy por valor de 350 millones de reales de vellón al año, merced al decreto de 1825, el más liberal y más completo que se haya dado jamás sobre industria7.

7Pero no sólo los ingenieros progresistas del bienio, sino que al despuntar el nuevo siglo, cuando se alcen voces contra los excesos liberales de 1868 y se predique en favor de un viraje nacionalista, se criticará la orientación impulsada desde las Bases del sexenio, que habían venido

  • 8 F. Bravo Villasante, «La nacionalización de la minería española».

a truncar [la] simpática nacionalización de la industria extractiva que desde 1825 se había desarrollado a impulsos de empresas españolas8.

  • 9 «Correspondencia de la Dirección General de Minas. Informe de Elhuyar sobre el decreto de 4 de juli (...)

8Alabado pero controvertido, el decreto de 1825 muy pronto sufrió intentos de reforma. El primero de ellos puso en guardia al mismo Elhuyar, que desde su cargo al frente de la flamante Dirección General de Minas, el 8 de junio de 1826, se apresura a trasladar al rey su recelo ante la propuesta que se estaba tratando en el Consejo de Estado para modificar algunos artículos del decreto y la instrucción provisional que apenas llevaban unos meses en vigor9.

9No obstante, durante su vigencia, la identificación de la primera generación de ingenieros de minas con la legislación fernandina fue mayoritaria. Uno de sus más destacados representantes, Joaquín Ezquerra del Bayo, al polemizar con un técnico francés, Pernollet, que visita las minas del Sur de España a mediados de los años cuarenta, se enorgullece de la legislación española no sólo por el impulso dado a la actividad minera, sino por el modelo empresarial (la pequeña minería) que promocionaba. Ezquerra saludaba

  • 10 Contesta de este modo a Pernollet a propósito de su crítica a la reducida extensión de las concesio (...)

la previsión de nuestra filantrópica y sabia ley de minería, cuyo fin es evitar la acumulación de grandes riquezas en un corto número de individuos privilegiados10.

10El enaltecimiento de la ley de 1825, auspiciado particularmente por los miembros del cuerpo de ingenieros de minas, hijo de la misma legislación, se propagó a través de los medios a su alcance, hasta el punto de que se le consideró como la palanca que promovió la expansión de la minería privada en España. Sin embargo, este enfoque conlleva un cierto menosprecio de los antecedentes, así como de las circunstancias específicas que se producen en el primer cuarto del siglo xix y que impulsan los cambios legales. La trayectoria anterior, las dimensiones que había alcanzado la explotación privada en la zona donde resurgiría con fuerza la minería y el impacto de la política de hechos consumados practicada por parte de los intereses locales, nos obligan a matizar lo que tuviera de previsión la ley, y a considerar lo que tuvo de aceptación de una realidad preexistente. Los apremios de la Hacienda, el sostenimiento del Crédito Público, fueron determinantes en la acción del gobierno; pero también, la actuación de un lobby local que desplegaría estrategias variadas para conseguir sus fines: desde la respetuosa solicitud, hasta la indisimulada presión, pasando por el cultivo de relaciones y representaciones influyentes. Esta presión, en colaboración con el resto de las circunstancias, hizo inviable, incluso en la encrucijada de 1825, en plena reacción absolutista, una vuelta atrás. Desde mi punto de vista, cabe la interpretación de que el mercado político, en el que no sólo actuaban los notables situados en la Corte, sino también los locales en un momento de grave inestabilidad, y la influencia de una demanda internacional en expansión, hicieron muy difícil la vuelta al estanco. Así fue como en medio de la reacción absolutista contra la acción de gobierno del Trienio constitucional, viera la luz una ley que sancionaba y consolidaba las conquistas «liberales» obtenidas por los mineros de Sierra de Gádor durante el periodo revolucionario.

  • 11 G. Chastagnaret, «La legislation de 1825 et l’évolution des activités minières», p. 20.

11El profesor Chastagnaret ya había señalado hacia esta interpretación al poner de manifiesto que el decreto de 1825 trató de incentivar la única minería que hasta entonces había manifestado signos de actividad, por lo que la consideraba una «ley espejo» de la realidad económica y social alpujarreña11. Mi intención en este texto será aportar algunos datos y protagonistas que ayuden a reforzar esta impresión, llamando la atención sobre las actuaciones que con un cariz más político, pusieron en marcha los principales actores locales.

III. — Los antecedentes: la crisis del estanco y las oportunidades de la guerra

12La historia venía de lejos y las presiones liberalizadoras o privatizadoras se habían manifestado en los ambientes locales desde hacía tiempo. Trataré de hacer un resumen apretado de la marcha del estanco del plomo a lo largo del siglo xviii.

13El estanco del plomo se había instituido a mediados del siglo xvii (1646), y hasta su reforma en 1748, se entregó a una lista de asentistas para su explotación. En la segunda fecha, la Corona adoptó la administración directa para este ramo de las Rentas generales, colocando a los funcionarios de la Real Hacienda al frente de sus establecimientos.

14En un primer momento, los esfuerzos y las inversiones se concentraron en revitalizar la extracción de mineral de plomo y la obtención de metal en torno a las minas de Linares. Para ello, el Estado se terminaría haciendo cargo de la explotación directa de la mina que ofrecía mejores perspectivas (el pozo Arrayanes) y ampliaría y modernizaría el establecimiento metalúrgico anexo en el que se fabricaban tanto el plomo en barras como en municiones. En esta época, el estanco del plomo estaba justificado, primordialmente, por su interés estratégico y su consumo militar.

15La primacía de la producción linarense se mantuvo hasta la década de 1780. En la década de 1770, el promedio anual de la producción de los hornos del Establecimiento Nacional se había situado por encima de las 80.000 arrobas anuales, muy por encima de los pocos miles que se anotaban en las esporádicas fundiciones acometidas en la fábrica de Presidio (actual término de Laujar en la provincia de Almería). Sin embargo, la desordenada explotación del rico criadero de Arrayanes y la falta de resolución a ciertos problemas de desagüe, fueron haciendo bajar los rendimientos minero-metalúrgicos de la Real Fábrica linarense. En la década de 1780 el plomo producido anualmente bajaría hasta las 70.000 arrobas, para retroceder en la última década de la centuria por debajo de las cincuenta mil y seguir en caída libre hasta los poco más de veinte mil de la primera década del siglo xix.

16A la inversa, la producción de las fábricas situadas en las Alpujarras va a crecer con espectacularidad a partir de los últimos años del setecientos. No disponemos de una serie tan completa como la que nos suministra Madoz respecto de la fábrica de Linares, pero sabemos, a partir de la documentación directa conservada, que en 1799 los almacenes de la Renta del Plomo en Almería ya remesaban unas cincuenta mil arrobas, que en los primeros años del ochocientos se había multiplicado por encima de las doscientas mil arrobas de plomo en barras.

17Esta transformación en la geografía del estanco nos pone sobre la pista del intento de la Administración borbónica de adaptar su estructura y fines a las nuevas condiciones del mercado internacional del plomo. En efecto, a pesar de su carácter cerrado y reglamentista, la Renta del Plomo evolucionaría en las postrimerías del Antiguo Régimen. La crisis financiera de la monarquía y las excepcionales expectativas de la demanda exterior, hicieron plantearse a los gestores del estanco un cambio drástico en el mismo. Para empezar, la centralización de la fabricación en el núcleo de Linares va a ir dando paso a un conjunto de Reales Fábricas distribuidas por diferentes lugares del reino de Granada: a la antigua de Presidio, se sumarán la de Alcora (Canjáyar), Baza, Órgiva, Turón y Motril. Estos establecimientos se situaban en la proximidad de los yacimientos de galena de las Alpujarras y Sierra de Gádor y estaban obligados, desde 1788, a remitir sus producciones hasta los Almacenes que la Renta del Plomo instaló en la rada de Almería. La proximidad de estas nuevas zonas productoras al mar, les dotó de una ventaja indiscutible sobre las minas de Sierra Morena, que van a mantener, después incluso de la privatización del sector, hasta la década de 1870.

18Aparte de las novedades en la localización, el estanco del plomo iría modificando sus fines y sus fuentes de ingresos. Tradicionalmente, las fábricas nacionales, que ostentaban el monopolio en la fundición y venta del metal, estaban obligadas a abastecer primordialmente las necesidades del Ejército y de la Armada, así como las de un grupo de «compradores privilegiados» protegidos por tarifas especiales y entre los que se encontraban los industriales del ramo de la alfarería. No obstante, conforme evolucione el estanco, un tercer grupo de compradores, aquellos comerciantes que obtenían alguna de las «gracias de plomos», concedidas por Real Orden, para la exportación de los metales con destino a mercados extranjeros, irán adquiriendo una absoluta preponderancia. Así, en 1807 casi el 61 por ciento de las 220 mil arrobas de plomo reunidas en los almacenes almerienses, fueron remitidas al exterior (sobre todo a Marsella), con un valor que superó los 3,3 millones de reales. El plomo se había convertido en uno de los ingresos más sustanciosos de las rentas del Estado y la administración de Hacienda trataba de ser sensible a las expectativas de los mercados exteriores.

19En Europa el metal gris alcanzaba en ese momento las cotizaciones más elevadas de toda su historia reciente: en el siglo xviii rara vez había superado en el mercado inglés —el principal consumidor— el precio de 20 libras por tonelada, manteniéndose por lo general en torno a las 15 libras; pero en 1803 había ascendido hasta las 27, para terminar superando las 35 en 1806. Este ciclo ascendente en las cotizaciones del plomo se explicaba por tratarse de un material de demanda creciente en la fase industrializadora de aquel momento (tanto para la fabricación de tuberías y útiles, como para el tratamiento y obtención de metales o pinturas), como por su consumo creciente en la coyuntura bélica de principios de siglo.

20A la acción pública se le unió la reacción privada. Los requerimientos de las fábricas nacionales estimularon el laboreo particular. Primero, siguiendo las pistas o las escombreras que la explotación romana de la Sierra de Gádor mostraba por doquier. Más adelante, afanándose en la apertura de nuevos caños y lumbreras en la roca caliza de la montaña. La explotación, fácil dadas las condiciones particulares de la comarca (por ejemplo, el desagüe espontáneo hacia los acuíferos del cercano litoral), no supuso elevadas barreras técnicas para los interesados. Los éxitos de algunas de las compañías formadas por vecinos de diferentes localidades próximas a la Sierra, encabezadas por algunos de los notables locales, generaron un súbito efecto de demostración que permitió que, incluso en las condiciones del estanco, la actividad minera se intensificara. Mediada la última década del siglo xviii se constituiría la famosa mina de Berja, que, según testimonio del naturalista Simón de Rojas Clemente, alcanzaría una cuantiosa bolsada de galena a menos de 36 varas de profundidad, mientras que la Compañía de Terque (un pueblo del río Almería), también en los últimos años del setecientos, había gastado unos 16 mil reales en la Loma del Sueño, hasta encontrar el criadero a unas 70 varas, en un estado de abundancia también extraordinario. Entre los impulsores de la compañía virgitana estaba el médico de la localidad, Martín de los Llanos, llamado a desempeñar un importante papel en los acontecimientos que viviría la comarca en los primeros años del siglo xix. La mina de Terque, por su parte, estará en el origen de algunas de las dinastías de mineros locales (me refiero a los Tapia) con más recorrido dentro y fuera de la Sierra de Gádor.

  • 12 S. de Rojas Clemente Rubio, Viaje a Andalucía, p. 403.

21El viajero ilustrado apunta en 1804, cuando recorre las Alpujarras, las dimensiones que había tomado el renacimiento de la actividad minera en la zona al señalar, quizás exageradamente, que en 1801, en el momento de la suspensión, «ocho mil hombres se ocupaban en las minas y en trabajar las maderas y las cuerdas»12.

22Sin embargo, la organización del estanco se revelaría muy rápidamente como insuficiente para responder a los requerimientos del mercado, de un lado, y para absorber la oferta de las sociedades mineras, de otro. Las fábricas de la Renta se encontraban estranguladas por la presión de las compañías de mineros que extraían cantidades de mineral muy superiores a las que ellas podían transformar y abonar con presteza. En octubre de 1801, la Junta General de Comercio Moneda y Minas dispondrá la paralización de todas las minas.

23Desde entonces, la actividad tanto de mineros como de algunos fabricantes, pasará a ser clandestina y el contrabando se abre camino ante el bloqueo oficial. No somos capaces de evaluar, más allá de los testimonios de los responsables locales de la Administración de la Renta, el alcance de este tráfico ilícito, pero tanto a través de éste como mediante el generado por las contratas realizadas entre el gobierno y diferentes casas de comercio, el plomo alpujarreño seguirá teniendo, en la coyuntura alcista de las cotizaciones del metal en el periodo napoleónico, presencia en el mercado internacional.

  • 13 Sobre los momentos finales del estanco del plomo en las Alpujarras, G. Núñez Romero-Balmas, «La min (...)

24La Administración trató de responder a esta presión, realizando reformas en la organización del estanco que quedaron plasmadas en un nuevo Reglamento aprobado el 31 de julio de 1807. Aparte de los cambios en la organización, se realizarán inversiones conducentes a mejorar los rendimientos de los hornos utilizados, siguiendo las recomendaciones del eminente ingeniero Francisco Angulo, amén de pensionar en Alemania al director de las fábricas de Presidio y Canjáyar José Miaja Pingarrón. Las remesas hacia los almacenes de la renta en el puerto almeriense crecerán en estos años (desde las 44 mil arrobas —510 Tm— en 1799 hasta las casi 220 mil —2.530 Tm— en 1807) hasta que el estallido de la guerra en 1808 desarticule el funcionamiento del estanco13.

  • 14 Diario de Madrid, 26 de diciembre de 1809.

25El afán reformista del «rey intruso» José Bonaparte se dejaría notar también en el ramo minero y, en particular, en la organización del aprovechamiento de las galenas de Sierra de Gádor. No muy conocido es el dato de que el 13 de diciembre de 1809, José Napoleón «queriendo que nuestros vasallos se aprovechen de la gran abundancia de materia plomiza o alcohol que hay en casi todas las provincias del reino» decreta la libertad de elaboración «de las minas», así como «la fabricación de plomo y venta del alcohol», sometida a los derechos que señalen los aranceles. Por la misma disposición, la Real Hacienda quedaba facultada para administrar o enajenar las minas de propiedad o que tuviera en arrendamiento, «vendiendo sus productos a precios convencionales y en concurrencia con los demás»14.

  • 15 Diccionario Biográfico de Almería, p. 217. Las relaciones entre estas dos familias serán intensas y (...)

26En las circunstancias de la guerra no sabemos con precisión y datos qué repercusiones tendría el decreto josefino, pero resulta muy significativo que Martín de los Llanos, el principal promotor de la célebre mina de Berja, actuara desde el inicio del conflicto como un significado afrancesado, hasta el punto de que fuera el organizador y jefe de la Compañía de Francos de Montaña de Berja, conocidos como los «montañeses», que actuaron con dureza contra los guerrilleros que se movían por la zona. Martín de los Llanos alcanzará una aureola de ferocidad por su actividad en aquellos años, y en particular por la actuación de los «montañeses» en el ataque al pueblo de Alcolea en septiembre de 1810. Obligado a exiliarse en 1812, sus bienes serían secuestrados, aunque su amigo y también empresario minero, Bernardo Camilo Tapia, impulsor de la mina de Terque, conseguirá antes de su regreso con la amnistía de 1820, levantar parte del embargo para, así, facilitar la subsistencia de la familia15.

27Al margen del impacto que pudieran tener el decreto liberalizador del gobierno «intruso», su publicación sugiere la existencia de actores destacados en el ámbito local, con una gran capacidad de movilización (como consecuencia de su condición de suministradores de empleo en torno a la explotación minera) y que configurarán un modelo de presencia pública que se mantendrá en las siguientes décadas, aprovechando la debilidad del Estado en este tiempo de crisis final del Antiguo Régimen y primeros pasos del Estado liberal.

  • 16 A. Sánchez Picón, «De frontera a milagro: la conformación histórica de la economía almeriense».
  • 17 La actividad contrabandista tuvo una destacada presencia en el litoral de Almería hasta avanzada la (...)

28En una región tan agreste y aislada como las Alpujarras o la futura provincia de Almería, una verdadera «frontera» relativamente despoblada antes del impacto del «boom» minero16, las condiciones favorables para la actuación de estos «hombres de acción» serán muy grandes. El liderazgo político se fortalece con las vinculaciones al negocio minero, fuente de sustanciosos recursos y generador de concentraciones humanas nunca vistas en la comarca. La Sierra y los pueblos aledaños situados a lo largo del río Almería, se convertirán desde los años de la guerra en un escenario donde proliferen las partidas de hombres armados que encuentran además en el contrabando de géneros desembarcados desde Gibraltar en el litoral cercano, una muy lucrativa actividad17.

  • 18 Id., La integración de la economía almeriense en el mercado mundial, p. 101.
  • 19 Este uso de los milicianos nacionales en los pleitos mineros, se detecta no solo en Gádor sino tamb (...)

29A finales de 1809, coincidiendo con el decreto liberalizador de José Bonaparte, en el sitio del Calabrial de Sierra de Gádor, una partida de cuarenta hombres armados disuadía a las fuerzas del Resguardo en sus intentos de intervenir un boliche ilegal donde varios operarios se afanaban en fundir los alcoholes18. La Sierra se convertiría, conforme se afiance la actividad minera, en un territorio sin ley, en el que una masa de operarios en improvisados campamentos, arrieros, contrabandistas y desertores, encontrarían ocupación y refugio. Con el paso del tiempo, los líderes liberales no tendrán muchas dificultades para reclutar como fuerza de choque, dentro de la Milicia Nacional a gente suficiente. Estas fuerzas se emplearán con frecuencia en los litigios que tan comúnmente se suscitaban en la determinación de los límites de las concesiones19.

30Las oportunidades que brindó el conflicto atrajeron la atención de comerciantes más o menos aventureros. Algunos, como el irlandés Thomas Gorman, también activo en negocios de exportación de barrilla y conectado con una casa de comercio de Cartagena, amén de la red de intermediarios de su nacionalidad dispersos por un gran número de puertos mediterráneos, estaban ya en 1809 realizando embarques de metal hacia Palermo. Unos años más tarde, cuando en 1817 se autorice, dentro del conjunto de medidas para reformar la Renta del Plomo y asignarla al Crédito Público, la reactivación «legal» de la actividad minera en la Sierra, Gorman o el comerciante anglogaditano Guillermo Barron, se encuentran ya instalados en el puerto de Almería y se interesan por la expansión del laboreo y el beneficio de las galenas de las Alpujarras. Representantes del comercio malagueño también se ubican con presteza, en especial en la plaza de Adra, mientras que algunos de los principales propietarios mineros de la zona también amplían su actividad al ramo metalúrgico.

31En estas circunstancias, la ambigüedad y la confusión abren camino a una realidad tumultuosa detrás de la cual va siempre la normativa legal. Tanto las presiones de productores y comerciantes, como las necesidades del Crédito Público, terminarían acelerando la liberalización de la actividad minera durante el Trienio liberal.

IV. — La respuesta local a la reacción: persuasión y presión

32El camino de la liberalización estuvo lleno de titubeos y de intentos de vuelta atrás. El decreto de 3 de noviembre de 1817 desestancaba el alcohol y el plomo, a la vez que disponía que las fábricas de la Renta del Plomo se adjudicasen al Crédito Público. Era la señal para la reactivación minera que tuvo un impulso definitivo con la orden de las Cortes liberales de 25 de octubre de 1820 y el decreto de 25 de junio de 1821.

33Todavía los funcionarios del Crédito Público alzaron su voz contra la «violenta inteligencia» de los mineros de Sierra de Gádor que, con su inusitada actividad, habían atropellado los derechos subsistentes de aquél. El debate sería intenso, pero los intereses locales habían alcanzado dimensión y organización suficiente, potenciados por la incorporación de comerciantes foráneos que aportaban redes y contactos que serían decisivos. La debilidad que había permitido que en la primera década del siglo xix se pudiera ordenar la paralización de las minas, había quedado plenamente superada.

34En este momento de incertidumbre, y también de debilidad del Estado, el incipiente lobby local era capaz de desplegar una capacidad de influencia incomparablemente mayor que la de años anteriores. Muy pronto dejaría oír su voz en la Corte. Sus portavoces serán personajes muy cualificados y con una importante proyección política en el primer liberalismo español.

  • 20 Cuando en durante el Trienio se anticipe una nueva división territorial de España, en la que se inc (...)

35Hay que comenzar destacando la intervención pública de Javier de Burgos, el padre de la reforma territorial de España desde su puesto de ministro de Fomento en 1834, que tras su regreso del exilio (motivado por sus servicios al rey José) en vísperas del Trienio constitucional, aparece muy comprometido con los intereses que pugnan por la liberalización del sector minero en Sierra de Gádor. Las conexiones de Javier de Burgos con los mineros, fabricantes y comerciantes del plomo debían ser antiguas, dado su origen (era de Motril, en la costa granadina, puerto alpujarreño por excelencia), sus propios intereses, ya que tendría temprana participación, con sus familiares, en algunas sociedades mineras, e incluso su trayectoria pública, porque entre 1810 y 1812 había sido subprefecto del rey José Bonaparte en Almería, por cuyo puerto se expedía «legalmente» la totalidad del plomo de Gádor. Sin que se pueda establecer una relación de causalidad, anotaré aquí la coincidencia del decreto liberalizador de 1809, con la presencia del motrileño como principal responsable gubernativo de la zona20.

36Tras su regreso del exilio en 1817, y superada la depuración correspondiente, Javier de Burgos había sacado a la imprenta, antes incluso del pronunciamiento de Riego, un periódico que comenzó a publicarse en 1819. Bajo su dirección pasó a ser diario al advenimiento del régimen constitucional bajo la cabecera de Miscelánea de Comercio, Política y Literatura. En tres números del verano de 1821, en su páginas se recogerán con extensión las vicisitudes de la minería alpujarreña, a través de tres amplios artículos de opinión en los que Burgos se expresaba en torno a la repercusión de las medidas liberalizadoras adoptadas por las Cortes en 25 de octubre de 1820. En las páginas del diario se tomaba partido a favor de la interpretación que las sociedades mineras hacían de ese decreto, frente a una Real Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de junio de 1821, por la que se ordenaba que se volviese a la situación anterior: aquella que obligaba a los productores de mineral a entregarlo a los directores del Crédito Público que desde 1817 se había hecho cargo de los antiguos establecimientos de la Renta del Plomo.

37Estas disposiciones habían provocado desórdenes en la comarca ya que:

algunos mineros, proclamando máximas subversivas, han desobedecido hasta con fuerza armada la expresada resolución de S.M.

38De este ambiente se hace eco el director del diario madrileño, apoyando las pretensiones de los productores locales que creían incompatible esta vuelta atrás con el respeto a las resoluciones del poder legislativo de octubre de 1820 y 13 de junio de 1821.

  • 21 Como el que mandó a la imprenta la Junta Nacional de Crédito Público en 1822. B. de Temes et alii, (...)

39La pugna entre los intereses enfrentados será muy intensa y recorrerá diferentes escenarios. Desde los escaños de las Cortes, a las páginas de los periódicos, pasando por la publicación de algún opúsculo impulsado desde la Administración21, hasta el mismo distrito alpujarreño, en donde con el recurso a los hechos consumados, la intranquilidad y la inseguridad jurídica no terminaban de ser suficientes para abortar el ímpetu de los negocios privados asentados en torno a la explotación del plomo.

  • 22 M. de Pineda, Progresos, estado de las minas de plomo y alcoholes de la Sierra de Gádor, p. 4.

40Así parece que ocurriría con la expansión del negocio metalúrgico, que se mantendrá con fuerza a pesar del giro político de 1823. Uno de los primeros fundidores locales, Martín de Pineda, recordaba como el incremento de la demanda de mineral por parte de las industrias levantadas en 1823 y en 1824 hizo que el precio de la arroba de alcohol subiese en un año desde los 3,5-4 reales a los 4,5 y 522.

41Derribado el régimen constitucional, la actividad de las empresas mineras y metalúrgicas locales no decaerá, a la vez que se intensificaba las prácticas de lobby en Madrid. La capacidad de presión de los intereses locales se pone pronto de manifiesto en medio de la incertidumbre provocada por la reacción iniciada en 1823. La amenaza de la vuelta al estanco trata de ser conjurada y a tal fin se ponen en marcha desde la zona una serie de respuestas de las que desconocemos su grado de coordinación, pero que tratarán de defender las conquistas de la explotación privada durante el Trienio. Se trataba de poner de manifiesto ante la Corona y su gobierno que el mantenimiento del desestanco no sólo era legal, incluso en el marco de la vuelta a la legalidad del Antiguo Régimen, sino también conveniente para el Crédito Público y la Hacienda Real, y que, además, cualquier intento de vuelta atrás podría ocasionar un grave problema de orden político.

  • 23 Archivo Histórico Provincial de Almería (en adelante AHPA), Escribano Felipe Antonio Pérez, Almería (...)

42Un papel destacado jugará al respecto un funcionario almeriense (tal vez natural de Serón) bien ubicado en la Corte, Juan Felipe Martínez Almagro, que el 15 de diciembre de 1823 había sido apoderado por la casa de comercio de Thomas Gorman y Cía., para que celebrase «contratas de compredas [sic] de géneros plomizos en grandes porciones […] con el gobierno de S.M. el Rey»23.

  • 24 Ocupó diferentes cargos en el ministerio de la Gobernación, del que era jefe de sección en 1838, cu (...)
  • 25 J. F. Martínez, Memoria sobre las minas de alcohol del Reyno de Granada, p. 28.

43Ya por esas fechas era probable que Juan Felipe Martínez, que con el tiempo tendría una destacada carrera política en Madrid24 se afanara en la redacción de una Memoria sobre las minas de alcohol del Reyno de Granada y sobre el influjo del desestanco de la Renta del Plomo en el fomento de la riqueza minera, que remitiría a la imprenta el 2 de julio de 1824. En este opúsculo, Martínez se esforzaría en demostrar que la minería privada en Sierra de Gádor estaba respaldada no sólo por las disposiciones de los gobiernos revolucionarios del Trienio, sino también por los decretos del rey Fernando anteriores «a la fatal época de la revolución». El representante de los empresarios y comerciantes del plomo alpujarreño en la Corte, trataba de demostrar que aparte del interés y el derecho de los particulares, «lejos de perder la Real Hacienda con el desestanco de la renta del plomo, debe percibir mayores utilidades directas»25.

44Junto a la persuasión, la presión. Las circunstancias políticas en 1824 debieron tener una influencia no desdeñable en la disposición liberalizadora de las autoridades realistas. El panorama debió ser particularmente alarmante para el gobierno durante el verano de ese año. El ambiente estuvo tenso en Almena en los primeros tiempos de vuelta al régimen absoluto. Aparte de que una orden de agosto de 1824 anulaba lo legislado en el Trienio en asuntos de minas, algunos hechos concretos ayudaban a caldear la situación. A través de la correspondencia del Administrador de Rentas podemos saber cómo una contrata entre el Intendente de la provincia y los principales comerciantes de plomo firmada en 1823, fue anulada por la Superioridad pocos meses más tarde por no atender suficientemente a los intereses del Estado. La agitación en la zona llegó a su punto máximo en el mes de agosto de 1824 cuando se produzca, como un episodio más de la estrategia insurreccional de los liberales, la intentona de los «Coloraos».

  • 26 La suspensión se debía a una confluencia de factores que revelan un clima de gran intranquilidad. A (...)

45Se trató del episodio aventurero de un grupo de exiliados liberales en Gibraltar que fracasarán en su intención de asaltar la ciudad de Almería para iniciar un levantamiento contra el régimen absoluto. La elección de este punto no debía ser muy ajena a la incomodidad causada por los cambios anunciados en la reglamentación minera. De hecho, los participantes, que tras su inmediata ejecución (veinte y tres hombres en total) van a ser reivindicados desde el liberalismo local «los mártires de la libertad», debieron esperar apoyo desde la Sierra tanto por parte de mineros como de contrabandistas. La atmósfera de rebeldía e inseguridad debió ser tan espesa en aquellos días que las autoridades decidieron suspender la Feria de Almería que se celebraba en la segunda quincena de agosto26.

46Una memoria del ministro López Ballesteros confirma el alud de reclamaciones y exposiciones que se produjeron en los meses siguientes a la restauración absolutista, en las que los dueños de minas, fabricantes, y operarios, con el apoyo de algunos ayuntamientos y autoridades se manifestaban en contra de un regreso al sistema anterior a 1820. López Ballesteros nos explica muy claramente lo sucedido en aquella ocasión:

  • 27 «Memoria ministerial sobre el estado de la Real Hacienda en los años 1822, 1824 y 1825». Este texto (...)

Terminada aquélla [la revolución liberal] volvieron las cosas al estado que tenían. Por orden de 31 de agosto de 1824 se dispuso lo mismo con estas minas; pero fueron tantas las reclamaciones de los propietarios de ellas y de los fabricantes y operarios, de las autoridades de aquellas provincias, de algunos ayuntamientos, particulares del gobernador del Consejo Real, del superintendente de policía y de la Junta de Fomento representando los perjuicios y males que acarrearía la determinación hasta pintarla de peligrosa a la tranquilidad pública que V.M. juzgó oportuno que se suspendiese27.

  • 28 G. Núñez Romero-Balmas: «Crecimiento sin desarrollo», p. 288.

47Al recoger este cualificado testimonio Gregorio Núñez se refiere a una verdadera «imposición» por parte de los intereses locales, que llevaría a la Corona a aceptar la reorganización de la explotación minera en la Península28.

48El encargo a Fausto de Elhuyar, que llevaría a la redacción del Real Decreto sobre régimen de la minería sancionado por el rey Fernando VII el 4 de julio de 1825, se produjo en el contexto que se acaba de describir. El efecto de su promulgación sosegaría los ánimos locales y sería el definitivo acicate para la multiplicación de la actividad minera y metalúrgica.

V. — La debilidad de la administración: el fraude

49Una vez conseguida la libertad de explotación y comercio de los plomos y los alcoholes, el siguiente frente se situó en la resistencia de los productores a la fiscalidad establecida en la nueva legislación. La cortedad de medios de la nueva Dirección General de Minas y de las Inspecciones que poco a poco se van desplegando por el territorio, permiten una extraordinaria ocultación por parte de los productores.

50El expediente abierto por la Dirección General en 1827 para dar cuenta de la recaudación obtenida desde la publicación del decreto de 1825 del derecho del 5 % del plomo beneficiado y del canon de superficie de las fundiciones (ver cuadro, pp. 60-63), es un ejemplo acabado de la escasa capacidad recaudatoria de la Administración. Además, nos permite anotar la presencia de los principales protagonistas en la nueva actividad fundidora, que ya se habían situado en la comarca en los años del Trienio.

  • 29 Este cifra se sitúa en el orden de magnitud de la producción de plomo que recogen los especialistas (...)

51Una vez cotejadas las declaraciones de los fabricantes con las de los aduaneros de Almería y Adra, la contaduría de la Dirección General llega a la conclusión de que los industriales «no han procedido de buena fe». La producción declarada desde el 4 de julio de 1825 hasta el 31 de diciembre de 1826 alcanza poco más de 9.700 Tm, según nuestra estimación (9.562 es la cifra que recoge el expediente), que serían poco más de la mitad (51 %) de las 18.700 que vendría a ser el metal embarcado en ese periodo29. El contador que redacta el informe se expresa con dureza contra los representantes de la administración en la comarca al denunciar

la marcha torcida y negligente de aquella Inspección en el cobro de las contribuciones, la inobservancia de los Reales decretos, cuyo cumplimiento debió celar aquella Contaduría.

  • 30 Biblioteca Digital del IGME, Fondo Antiguo, Impuestos mineros a la provincia de Granada, 1825-1828. (...)

52De ahí concluye la «urgente necesidad de arreglar el ramo de la recaudación y de formar el Reglamento de que habla el artículo 151 de la Instrucción Provisional». Aparte de las dificultades para supervisar la marcha de unos establecimientos en su mayor parte situados en lugares alejados en el interior de la Sierra, en el expediente se entabla una significativa polémica entre la Dirección General y la Inspección, acerca del número de fundiciones que los hornos castellanos y los ingleses (estos sólo en la fábrica de Rein en Adra), podrían hacer diariamente, para de este modo alcanzar una estimación alternativa a la propia declaración de los fundidores30.

  • 31 M. Á. Pérez de Perceval, Fundidores, mineros y comerciantes.
  • 32 Petitgand, «Observations sur l’industrie minérale».

53Desde sus orígenes la metalurgia de Gádor31 adoptaría las dos versiones que la caracterizarían durante las siguientes décadas: fábricas de la costa, de un lado, y «de las montañas», de otro, según la expresión utilizada por Petitgand unos años más tarde32.

54Las segundas respondían a la tradición del boliche, ese rudimentario establecimiento de fundición de la montaña alpujarreña cuyo factor de localización determinante sería la combinación de la proximidad a las minas con la disponibilidad de combustible vegetal abundante en la Sierra, ya que el monte bajo y el encinar del entorno era el consumido por los hornos reverberos españoles de las artesanales oficinas de beneficio. Muy pronto, la escasez de combustible provocada por la intensa deforestación, determinaría un viraje tecnológico y una nueva localización que supondrían una elevación de las barreras de entrada a la actividad metalúrgica.

  • 33 J. Nadal Oller, «Industrialización y desindustrialización del sudeste español, 1817-1913». En la de (...)

55El aprovechamiento más eficiente, en términos energéticos sobre todo, de las menas y las escorias dotará de ventajas decisivas a los hornos ingleses instalados en la costa, en aquellos lugares o poblaciones donde poder aprovisionarse con mayor economía del nuevo combustible mineral (la hulla asturiana o sobre todo inglesa). Las grandes fábricas «a la inglesa» (esto es, consumidoras de carbón británico en hornos reverberos de la misma procedencia tecnológica y con el concurso de máquinas de vapor) fueron desplazando a los primitivos boliches que habían quemado como combustible la vegetación del entorno. El nivel tecnológico de estas plantas metalúrgicas fue en su momento ciertamente notable: en la de San Andrés en Adra (Almería), se produciría en 1826 (un año antes de lo que hasta ahora se ha considerado) la pionera introducción de máquinas de vapor33.

Declaraciones de los fabricantes de plomo en Sierra de Gádor (1825-1826)

Declaraciones de los fabricantes de plomo en Sierra de Gádor (1825-1826)

Fuente

Elaborada a partir de «Impuestos mineros a la provincia de Granada, 1825-1828», Biblioteca Digital del IGME, Fondo Antiguo, leg. 5/C.3.

56La casa malagueña de Rein y Cía. destaca ya con una producción que en 1825- 1826 superó el 31 % de la declarada por los fabricantes. Sin embargo, conviene subrayar la estrategia de diversificación desarrollada en este primer momento por los malagueños, ya que mantuvieron en actividad simultáneamente dos pequeños boliches de montaña. Hay que tener en cuenta que el suministro de carbón mineral para los hornos ingleses de Adra no estaba todavía completamente garantizado, por lo que convenía completar la producción «moderna», con el uso de los hornos tradicionales.

57Destaca también la posición del irlandés Gorman, natural de Limerick y afincado como comerciante en Almería desde los años de la última década del siglo xviii, y fuertemente relacionado con comerciantes de Cartagena, también de origen irlandés (MacDonnell y Cía.), que desplegaría una fuerte influencia en la coyuntura del desestanco y que mantiene en producción tres fundiciones de montaña. De notar es también la presencia del anglogaditano Guillermo Barrón, miembro de una familia de comerciantes de Cádiz que protagonizarán una extraordinaria diáspora mercantil en las primeras décadas del siglo xix (un miembro de la familia, Eustaquio Barrón, levantaría un imperio empresarial en México), y que va a mantener durante más de treinta años en funcionamiento (aunque intermitente) su fábrica en La Envía.

  • 34 Biblioteca Digital del IGME, Fondo Antiguo, Impuestos mineros a la provincia de Granada, 1825-1828. (...)

58La presencia de los reyes del comercio del plomo de Marsella, Guerrero y Figueroa, es digna de ser anotada, aunque en estos primeros momentos están todavía lejos de abordar las fuertes inversiones que les llevarán a engrosar la nómina de fábricas abiertas en el puerto de Adra. En estos años, la sociedad de Luis María Guerrero mantiene cuatro boliches en la Sierra, mientras que Luis Figueroa acaba de acordar el arrendamiento de la antigua fábrica real de Presidio. Resulta interesante al respecto el comentario que realiza el funcionario de la Dirección General de Minas y que desvela como la explotación privada de la antigua fundición de la Renta del Plomo no había supuesto, antes al contrario, una mejora en su rendimiento: había pasado, como consecuencia de un aprovisionamiento más deficiente de mineral, a realizar sólo cuatro fundiciones de 60 arrobas al día (frente a los «cinco quintos» del periodo anterior), en razón de la peor calidad de la mena empleada (alcohol lleno de guijo, piedras y tierra)34.

59El resto de los fabricantes que aparecen en la lista tienen su origen en el comercio de la costa mediterránea (Kirkpatrick, vinculado también a la fundición de Adra; Morell y Campos de Almería), o son ejemplos de capitales mineros empleados en el desarrollo de esta incipiente industria metalúrgica (González, Godoy, Tapia, Salvador, etc.)

VI. — El viento del sur

60Cuando en 1849 se produzca la discusión parlamentaria en torno a una nueva ley de minería, López Ballesteros desde su escaño en el Senado advertirá de las nefastas consecuencias que se derivarían de la derogación del código minero de 1825:

  • 35 Diario de Sesiones del Senado, legislatura de 1848, sesión del 13 de febrero de 1849, pp. 160-170.

… la minería de España con la legislación vigente estuvo siempre y está en verdadero y útil progreso material. Con la reforma que se propuso y se continúa proponiendo, la minería decaerá, y sus productos y beneficios irán a menos, a mucho menos. Quiera Dios que así no suceda35.

  • 36 G. Chastagnaret, «La construcción de una imagen reaccionaria», p. 132.

61Gérard Chastagnaret ha desvelado que entre los intereses que estuvieron detrás de la construcción de una imagen reaccionaria de la legislación de 1825 en los años cuarenta, estaban los de aquellos que durante la década moderada impulsan la redacción de una nueva ley minera. En ella se intentarían limitar los poderes del cuerpo de minas, lo que quedaría plasmado en la supresión de la Dirección General de Minas en provecho de una Junta Superior facultativa de minería desprovista de poder de decisión36.

  • 37 Diario de Sesiones del Senado, legislatura de 1848, sesión del 13 de febrero de 1849, p. 166.

62En la defensa que López Ballesteros hace de la vigencia completa del decreto de 4 de julio de 1825, sostiene con ardor la jurisdicción privativa de minería que tan eficaz se habría mostrado en la minería del Norte de España donde, afirma, «no hay creo nadie que haya sufrido ningún agravio ni murmure de los inspectores de minas e ingenieros». Sin embargo, en la minería meridional («el viento viene del sur», afirma el promotor del decreto de 1825) se concitaban intereses que claman contra la existencia de la Dirección General y la jurisdicción privativa de minas37.

63Ya no se trataba de la liberalización, como en la encrucijada de 1825; ahora van a ser intereses específicos, de grupos perjudicados por la acción administrativa y jurisdiccional de la Inspección minera los que aprovechen la inestabilidad política durante la minoría de edad de la reina Isabel II, para encauzar sus reivindicaciones.

64En septiembre de 1840, la Junta provisional de gobierno instalada en Almería, en el uso de la capacidad soberana de que se investía, decide la supresión del juzgado especial de minería a cargo de la Inspección de Minas, a la que deja reducida a sus meras atribuciones gubernativas y facultativas. Así mismo, el órgano revolucionario disponía el traslado de la Inspección desde Adra a Almería, como «lugar más céntrico y proporcionado» y máxime después del descubrimiento del filón de Sierra Almagrera.

  • 38 P. J. Contreras, «A los mineros de las provincias de Granada y Almería».

65Sin embargo, en esta nueva etapa la unidad de acción del lobby minero local aparece profundamente erosionada. Las condiciones y circunstancias en Almagrera son diferentes a las de la declinante explotación de Sierra de Gádor. En una mezcla de intereses económicos y políticos, la división en el bando minero es un trasunto de la división dentro del liberalismo. La decisión de la junta de gobierno almeriense va a ser contestada por un grupo de mineros y fabricantes alpujarreños, opuestos frontalmente al traslado de la Inspección a la capital de la provincia38.

  • 39 La trayectoria de litigios se extendió desde 1839 a la Sierra Almagrera tras el descubrimiento del (...)

66En este momento, coincidente con la irrupción espectacular de la minería de Almagrera, se había abierto una nueva época en la que cambiaban tanto la geografía minera como los protagonistas. Además, la trayectoria «litigiosa»39 de la pequeña minería del Sur iba dejando como herencia, aparte de su secuela de inseguridad y dispendio, una profunda brecha en un sector que desde entonces va a ser cada vez más incapaz de articular un acción influyente cerca de la Administración.

Bibliographie

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— «De frontera a milagro: la conformación histórica de la economía almeriense», en Jerónimo Molina Herrera (ed.), La economía de Almería, Almería, Cajamar, 2005.

Notes

1 G. Chastagnaret, «La legislation de 1825 et l’évolution des activités minières».

2 Id., L’Espagne, puissance minière dans l’Europe du xixe siècle.

3 G. Chastagnaret, «Repli de l’État et récomposition des élites»; Id., «La construcción de una imagen reaccionaria».

4 Una visión reciente que relativiza el impacto de la legislación de 1868 en M. Á. Pérez de Perceval Verde, «Minería e instituciones».

5 Ministerio de Fomento, Memoria informativa y proyecto de ley, p. 118.

6 Como ha analizado G. Chastagnaret, la construcción de esta imagen reaccionaria respondía, especialmente, al intento, promovido por buena parte de los ingenieros del ramo, de facilitar la privatización de las minas que habían quedado reservadas al Estado. Se trataba, fundamentalmente, de un ataque de la oportunidad de un sector público en la minería española. G. Chastagnaret «La construcción de una imagen reaccionaria».

7 Observaciones al proyecto de ley de minas presentado a las Cortes, Madrid, 1855, p. 2. Entre los firmantes se encontraban personajes vinculados tanto a la Escuela de Minas como a la Revista Minera: Luis de la Escosura, Lucas Aldana, Manuel Fernández de Castro, Manuel Abeleira, Lino Peñuelas, Eugenio Maffei y Eduardo Cifuentes.

8 F. Bravo Villasante, «La nacionalización de la minería española».

9 «Correspondencia de la Dirección General de Minas. Informe de Elhuyar sobre el decreto de 4 de julio último. Aranjuez, 10 de junio de 1826». Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España (en adelante IGME), leg. 8, c. 10.

10 Contesta de este modo a Pernollet a propósito de su crítica a la reducida extensión de las concesiones mineras en España, lo que había promovido la división entre nueve sociedades mineras del filón del Jaroso en Almagrera, cuando en Francia no habría más que una explotadora. M. Pernollet, «Sur les mines et fonderies du midi de l’Espagne»; J. Ezquerra del Bayo, «Publicaciones extranjeras».

11 G. Chastagnaret, «La legislation de 1825 et l’évolution des activités minières», p. 20.

12 S. de Rojas Clemente Rubio, Viaje a Andalucía, p. 403.

13 Sobre los momentos finales del estanco del plomo en las Alpujarras, G. Núñez Romero-Balmas, «La minería alpujarreña en la primera mitad del siglo xix»; A. Sánchez Picón, La integración de la economía almeriense en el mercado mundial, pp. 91-101.

14 Diario de Madrid, 26 de diciembre de 1809.

15 Diccionario Biográfico de Almería, p. 217. Las relaciones entre estas dos familias serán intensas y duraderas y desbordarán, con el paso del tiempo, el marco de Sierra de Gádor. Ante la primera crisis de precios en las minas alpujarreñas en la década de 1830, Laureano de los Llanos (hijo de Martín), Bernardo Camilo Tapia y Luis Romera, también de Terque, organizan una empresa que tendrá participación en distintas minas de los términos de Linares y Bailén. Los empresarios almerienses mantendrán negocios en el distrito de Sierra Morena durante varias décadas. M. D. Muñoz Dueñas, «Los orígenes de la industrialización jiennense».

16 A. Sánchez Picón, «De frontera a milagro: la conformación histórica de la economía almeriense».

17 La actividad contrabandista tuvo una destacada presencia en el litoral de Almería hasta avanzada la segunda mitad del siglo xix. La sinuosa costa, la disponibilidad de gente armada (en algunos pueblos del Andarax, como Bentarique, se produjo una curiosa especialización en actividades fraudulentas como el contrabando o la fabricación y suministro de pólvora para las minas), la corrupción de los aduaneros y de algunas autoridades (como denunciara Richard Ford en su visita a Almería en los años 1830) generaban las condiciones más favorables para el desarrollo a gran escala, «escandoloso» según testimonios de la época, del tráfico ilícito. A. Sánchez Picón, «El “fraude escandaloso”«.

18 Id., La integración de la economía almeriense en el mercado mundial, p. 101.

19 Este uso de los milicianos nacionales en los pleitos mineros, se detecta no solo en Gádor sino también en Almagrera, a partir del descubrimiento del Jaroso en 1839. Id., La integración de la economía almeriense en el mercado mundial, p. 183.

20 Cuando en durante el Trienio se anticipe una nueva división territorial de España, en la que se incluía una nueva provincia de Almería, Javier de Burgos saldrá públicamente en defensa de la misma y de su capitalidad en la ciudad almeriense, frente a los que consideraban más oportuna que la capitalidad se ubicase en Baza. No me extenderé en la argumentación, pero el político afrancesado recuerda en su escrito la buena acogida con la que se le recibió durante su etapa de subprefecto en Almería. Miscelánea de Comercio, Política y Literatura. Madrid, 11 de mayo de 1821.

21 Como el que mandó a la imprenta la Junta Nacional de Crédito Público en 1822. B. de Temes et alii, Exposición de la Junta Nacional del Crédito Público.

22 M. de Pineda, Progresos, estado de las minas de plomo y alcoholes de la Sierra de Gádor, p. 4.

23 Archivo Histórico Provincial de Almería (en adelante AHPA), Escribano Felipe Antonio Pérez, Almería: «Poder amplio de Don Tomas Gorman y Compañía a Don Juan Felipe Martínez», 15 de diciembre de 1823, p. 1389.

24 Ocupó diferentes cargos en el ministerio de la Gobernación, del que era jefe de sección en 1838, cuando el ministro Alberto Felipe de Valdric lo propusiera como subsecretario (Gaceta de Madrid, 14 de octubre de 1838). En 1844, tras la dimisión de Patricio de la Escosura, ocuparía de nuevo la Subsecretaría del mismo ministerio y desde el 5 de abril de 1846, tras la renuncia del gobierno de Narváez, llegaría a ocupar interinamente el cargo de ministro en sustitución de Javier de Burgos (Gaceta de Madrid, 5 de abril de 1846). Ocuparía con escasas interrupciones, escaños en el Congreso de los Diputados entre 1840 y 1858, representando a diferentes circunscripciones: Almería (1840, 1844, 1845, 1850, 1853, 1857 y 1858), Zaragoza (1844) y Zamora (1847). Caballero de la Orden de Carlos III desde 1841 y encuadrado en las filas del moderantismo, Juan Felipe Martínez Almagro culminaría su carrera político-administrativa con su nombramiento como miembro del Consejo Real (1853-1855). Archivo del Congreso de los Diputados, Histórico de Diputados 1810-1977.

25 J. F. Martínez, Memoria sobre las minas de alcohol del Reyno de Granada, p. 28.

26 La suspensión se debía a una confluencia de factores que revelan un clima de gran intranquilidad. Aparte de lo de los «Coloraos», hay que citar la agudización del contrabando, con el peligro de que una partida numerosa y aguerrida quisiese recuperar algunos alijos incautados y la necesidad de evitar una ocasión donde se concentraran muchos mineros alpujarreños (AHPA, Libro de Correspondencia de la Administración de Rentas de Almería, 1824, 13-8-1824, lib. 5403). Unas semanas antes, en el pueblo de Alhama, con ocasión de la festividad de San Pedro y San Pablo, se había exteriorizado el descontento con «voces subversivas» que se repitieron en los siguientes domingos.

27 «Memoria ministerial sobre el estado de la Real Hacienda en los años 1822, 1824 y 1825». Este texto en J. Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda con aplicación a España, p. 638.

28 G. Núñez Romero-Balmas: «Crecimiento sin desarrollo», p. 288.

29 Este cifra se sitúa en el orden de magnitud de la producción de plomo que recogen los especialistas a partir de los datos publicados en su día por Monasterio. J. de Monasterio, «Metalurgia del distrito de Almería».

30 Biblioteca Digital del IGME, Fondo Antiguo, Impuestos mineros a la provincia de Granada, 1825-1828. leg. 5/C.3.

31 M. Á. Pérez de Perceval, Fundidores, mineros y comerciantes.

32 Petitgand, «Observations sur l’industrie minérale».

33 J. Nadal Oller, «Industrialización y desindustrialización del sudeste español, 1817-1913». En la declaración que firma el director o representante de Rein y Cía., Emilio Scholtz, el 1 de enero de 1827, se dice textualmente que «las horruras de los años pasados se hallan existentes para fundirse en las pavas de una máquina de vapor acabada de llegar de Inglaterra, y que aún no se halla colocada». Biblioteca Digital del IGME, Fondo Antiguo, Impuestos mineros a la provincia de Granada, 1825-1828, leg. 5/C.3.

34 Biblioteca Digital del IGME, Fondo Antiguo, Impuestos mineros a la provincia de Granada, 1825-1828. leg. 5/C.3.

35 Diario de Sesiones del Senado, legislatura de 1848, sesión del 13 de febrero de 1849, pp. 160-170.

36 G. Chastagnaret, «La construcción de una imagen reaccionaria», p. 132.

37 Diario de Sesiones del Senado, legislatura de 1848, sesión del 13 de febrero de 1849, p. 166.

38 P. J. Contreras, «A los mineros de las provincias de Granada y Almería».

39 La trayectoria de litigios se extendió desde 1839 a la Sierra Almagrera tras el descubrimiento del filón Jaroso. Fue motivo de una extraordinaria tensión, con ramificaciones políticas, el intento de demarcación de la mina Ascensión, promovida por inversores de Lorca (Murcia), en el Jaroso, junto a terrenos de las sociedades Observación y Estrella. Intereses muy influyentes del liberalismo almeriense, como el principal accionista de Observación, Ramón Orozco, a la sazón comandante de la Milicia Nacional, junto con su hermano Francisco, alcalde de Vera y regente en el Juzgado de Primera Instancia, movilizarían a más de 400 efectivos armados de la fuerza de choque de los liberales para oponerse a la disposición de la Dirección General de Minas confirmatoria de la demarcación señalada a los lorquinos por la Inspección de Minas de Sierra Almagrera y Murcia, ubicada desde 1840 en la ciudad murciana. A. Sánchez Picón, La integración de la economía almeriense en el mercado mundial, p. 183.

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Titre Declaraciones de los fabricantes de plomo en Sierra de Gádor (1825-1826)
Légende Fuente
Crédits Elaborada a partir de «Impuestos mineros a la provincia de Granada, 1825-1828», Biblioteca Digital del IGME, Fondo Antiguo, leg. 5/C.3.
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/23894/img-1.jpg
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URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/23894/img-2.jpg
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Auteur

Universidad de Almería

© Casa de Velázquez, 2012

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