De lo particular a lo universal
La guerra civil de 1810 en México
p. 229-243
Texte intégral
1En Nueva España, la guerra de 1810 por un lado y el establecimiento de la Constitución de 1812 por otro, aceleraron la redefinición de las estructuras políticas del Antiguo Régimen y dieron lugar al que habría de ser el nuevo orden jurídico ya en el México independiente. La guerra consolidó una nueva cultura política ligada al uso de las armas al permitir una mayor participación de la sociedad en los asuntos políticos y militares. Por su parte, la vigencia de la Constitución de 1812 fortaleció esta práctica al establecer una serie de cambios institucionales y en las estructuras de gobierno, en la sociedad y en las económicas. Tanto la guerra como la Constitución permitieron el surgimiento de una nueva escena pública, de nuevos actores, de una nueva conciencia, de una nueva forma de hacer política, de un nuevo vocabulario, de un nuevo discurso, de un nuevo sistema de referencias y de una nueva legitimidad1. La guerra y la Constitución son las dos variables que guían esta exposición.
2Una guerra no es un evento cualquiera, pues está de por medio la propia vida de miles de personas. En tales circunstancias —nos dice Michael Walzer—
la naturaleza humana se ve reducida a sus formas más elementales, en donde prevalece el interés propio y la necesidad. En un mundo semejante, los hombres y las mujeres no tienen más remedio que hacer lo que hacen para salvarse a sí mismos y a la comunidad a la que pertenecen, de modo que la moral y la ley están fuera de lugar2.
3Para la mayor parte de los seis millones de personas que habitaban la Nueva España, la guerra se presentó como un hecho sorpresivo e inédito en su cotidianidad. Salvo unos cuantos, los conspiradores, que tenían una vaga idea de lo que iba a ocurrir, el resto todavía no comprendía el significado de la guerra. De repente las poblaciones se encontraron atrapadas entre dos fuegos y terminaron por ser, además de víctimas, también actores de primer orden, ya que los dos bandos buscaban su adhesión y apoyo económico para poder subsistir3. A todos ellos les fue muy difícil acostumbrarse a la cultura de la violencia. El jefe de operaciones contra los insurgentes, Félix María Calleja, se quejaba de la resistencia que había en los pueblos para involucrarse en hechos violentos4. En general, los habitantes estaban en contra de la guerra.
4Para el caso mexicano, la definición más adecuada sobre este fenómeno es la planteada por Meter Waldmann, para quien en las guerras civiles uno de los bandos defiende a quienes ostentan el poder político, y existe un mínimo de equilibrio entre ambas fuerzas. En ellas domina la brutalidad y la crueldad. Como no pueden destruirse fácilmente, se dedican a vejar, a extorsionar y a saquear a la indefensa población civil. «Con frecuencia los bandos cambian su semblante camaleónicamente: algunas veces operan como unidades militares, pero otras, de repente, se convierten en una verdadera sarta de bandidos que persiguen exclusivamente ventajas materiales»5. Quien mejor entendió y explicó el significado de esta guerra fue el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo. Para él se trataba de
uno de esos fenómenos extraordinarios que se producen de cuando en cuando en los siglos, sin prototipo ni analogía en la historia de los sucesos precedentes. Reúne todos los caracteres de la iniquidad, de la perfidia y de la infamia. Es esencialmente anárquica, destructiva de los fines que se propone y de todos los lazos sociales6.
I. — La guerra y sus tiempos
5Con la insurrección del 16 de septiembre de 1810, se inició la destrucción del orden colonial. De manera simultánea a su demolición —como señalaba François-Xavier Guerra— se fue creando uno nuevo a partir de las organizaciones militares tanto de insurgentes como de realistas. Las antiguas autoridades y corporaciones como el virrey, el clero, los ministros de las audiencias, los intendentes, los subdelegados, los ayuntamientos, las repúblicas de indios y los juzgados especiales, iban cediendo sus facultades y privilegios, ante la fuerza de las armas, a los nuevos actores y a las nuevas estructuras militares, a las político-administrativas y a las económicas. Los ejércitos, tanto insurgentes como realistas, se nutrieron de hombres arrancados de las poblaciones y de los recursos económicos propios de cada localidad. La cultura de la guerra se hizo presente con mayor nitidez en los gobiernos de las ciudades, villas, pueblos, del centro de la Nueva España. Una y otra fuerza dictó reglamentos, ordenanzas y hasta constituciones para el gobierno de los territorios que controlaban.
6La primera consecuencia de la guerra de 1810 fue la desaparición de las estructuras político-administrativas y de las jerarquías sociales basadas en el privilegio, la corporación y la calidad étnica. Además, al perder la ciudad de México su hegemonía sobre las provincias en poder de los rebeldes, también se rompió la relación existente entre las autoridades virreinales y las poblaciones. Por encima de las autoridades constituidas se impuso la ley de las armas, pero sin una clara delimitación y definición en las ordenanzas de lo que estaba o no permitido. En todo momento dominó la voluntad de los jefes militares, bien fueran realistas o insurgentes. Después de cada enfrentamiento, ocupación y represión, eran los jefes quienes en el instante decidían a qué pueblos y/o personas había que castigar y en qué consistía la pena. A partir de la guerra, la convivencia entre vecinos ya no fue la misma. Las comunidades terminaron divididas y enfrentadas entre sí, lo que hizo más violento el fenómeno.
7Para una mejor compresión y explicación de la guerra, es necesario dividirla en cinco etapas. La primera cubre el periodo de septiembre de 1810 a mayo de 1811 caracterizado por el dominio insurgente. A diferencia de América del Sur, donde los rebeldes lograron formar una autoridad central que condujera la guerra bajo un mismo liderazgo y con un solo ejército, en Nueva España resultó imposible alcanzar tales objetivos. Las autoridades insurgentes se multiplicaron en cuantas regiones la conformaban y con un sin número de caudillos locales.
8Para el caso mexicano, si bien los insurgentes lograron instalar gobiernos americanos en varias ciudades, villas y pueblos de las intendencias de Guanajuato, Valladolid, Nueva Galicia, Zacatecas, San Luis Potosí y parte de la de México, les resultó imposible conformar un gobierno independiente, nacional y sólido para dichos territorios. El problema principal radicó en que se trataba de un fenómeno nuevo para el que la población no estaba preparada; a ello habría que agregar la compleja y extendida geografía novohispana que dificultó las comunicaciones entre los líderes de una provincia a otra, así como las ambiciones personales de cada uno de ellos. También habría que considerar los intereses económicos, los patrones culturales y hasta la calidad étnica que limitaron toda posibilidad de diálogo para alcanzar un consenso que llevara a feliz término la consumación de la independencia.
9De cualquier manera, la rebelión del pueblo de Dolores generó la mayor movilización social de la historia colonial. Ni los propios conspiradores imaginaron las dimensiones alcanzadas por la revolución que encabezaban. Decía el jefe de la contrainsurgencia, Félix María Calleja, que le resultaba difícil contener el movimiento por la simpatía de que gozaba, y aseguraba que hasta los mismos peninsulares habían pensado en las ventajas que les daría un gobierno independiente.
Nadie ignora que la falta de numerario la ocasiona la Península; que la escasez y alto precio de los efectos es un resultado preciso de las especulaciones mercantiles que pasan por muchas manos y que los premios y recompensas que tanto se escasean en la colonia, se prodigan en la Metrópoli7.
10Si bien es cierto que Hidalgo logró «unir a una población marcada por la desigualdad y la desintegración étnica, social, cultural, económica y política, contra un enemigo común, que se identifica con el gobierno opresor de los españoles»8, la heterogeneidad de intereses y circunstancias fue la que impidió la conformación de alianzas ideológicas y militares que permitieran alcanzar la victoria9. La información conocida sobre la composición social y formas de organización de los batallones o regimientos insurgentes es muy escasa. Sin embargo, se puede asegurar que fue una parte de las antiguas fuerzas coloniales la base de los nuevos cuerpos rebeldes. La mayor parte de los oficiales provinciales obtuvieron ascensos y fueron reconocidos por los principales líderes.
11El comisionado más exitoso de los enviados por Hidalgo para promover la rebelión fue sin lugar a duda el cura José María Morelos, quien movilizó a grandes sectores sociales de las provincias de Puebla, Oaxaca y parte de las de México, Valladolid y Veracruz. En menos de 15 días el jefe suriano pudo organizar una fuerza de más de 3.000 individuos. El pueblo de Zacatula, por haber sido la sede de las milicias provinciales borbónicas, por su ubicación geográfica y por la fidelidad del vecindario, se convirtió en uno de los principales campos de prisioneros peninsulares. Pueblos indígenas, hacendados y rancheros en general se sumaron a las tropas de Morelos. Estos cuerpos armados agrupaban a familias de terratenientes como los Galeana, los Bravo, Vicente Guerrero y Juan Álvarez, entre otros, quienes alistaron entre sus filas a sus trabajadores, arrendatarios y medieros. Según Brian Hamnett, la adhesión de estos personajes dio al movimiento una estructura sólida de poder local10. El 16 de noviembre de 1810, en el poblado El Aguacatillo Morelos presentó el «Plan de gobierno» que debían obedecer todos los pueblos insurgentes. Constaba de 29 puntos11.
12Las provincias controladas por Morelos fueron las primeras que desempeñaron un doble papel frente a los realistas. A pesar de que los pueblos juraban lealtad al gobierno realista, en realidad apoyaban a los insurgentes, y sólo lo hacían por el tiempo que las tropas permanecían en sus pueblos. Cuando los realistas trataban de movilizarlos para organizar las milicias, la gente se mostraba indiferente y cuando lo hacía, desertaba con mucha facilidad12.
13En la segunda etapa, es decir, de junio de 1811 a diciembre de 1815, la insurrección puso de manifiesto la fragilidad del modelo de defensa borbónico. Cincuenta años habían transcurrido desde el inicio de la reforma militar, tras la derrota española frente a Inglaterra, en la llamada guerra de los Siete Años. Desde entonces, la Corona se dio a la tarea de crear un modelo de militar, más bien preventivo que ofensivo o defensivo, basado en el hipotético caso de que algunas de las potencias enemigas volvieran a invadir sus posiciones en América. También se pensó como un mecanismo de control social y transmisor de la nueva educación basada en la Ilustración. Cuando inició la guerra, el virrey Venegas no impulsó la creación de la milicia cívica, según el reglamento de las Cortes de abril de 1810, más bien se inspiró en el primer modelo de milicias para la defensa de Cádiz y formó los batallones de «Patriotas distinguidos de Fernando VII». La participación popular en los planes contrainsurgentes tampoco se hizo bajo el reglamento de milicias ya aplicado en varias provincias de la Península, sino a través del «Reglamento político-militar» diseñado por el jefe de operaciones contrainsurgentes, Félix María Calleja, de 8 mayo de 1811. Si bien el plan de Venegas, de octubre de 1810, se había caracterizado por excluir a los no propietarios, ahora toda la sociedad tenía la obligación de tomar las armas para defenderse de los rebeldes13.
14La igualdad social e incorporación de los indígenas en los planes de defensa tuvo serias implicaciones, no previstas por las leyes ni por los jefes militares, y que afectaron de una manera directa a la Real Hacienda y al financiamiento de la guerra. Desde el momento en que los indígenas se hicieron milicianos, de inmediato reclamaron el fuero militar y la exención del pago de tributo, que de hecho estaba suspendido. Con el pretexto de la guerra y del servicio militar, la mayoría de los pueblos dejaron de pagar impuestos a la Corona. Sus aportaciones ahora se destinaban a la defensa de su propia comunidad ante la amenaza de personas extrañas, bien fueran realistas o insurgentes.
15A pesar de la rapidez con que actuó el gobierno virreinal, la movilización militar fue lenta; como la mayor parte de las tropas del Bajío, Valladolid y Nueva Galicia se habían insurreccionado, hubo que llamar a los batallones provinciales de las intendencias no insurrectas tales como San Luis Potosí (antes de insurreccionarse), Coahuila, Chihuahua Oaxaca, Veracruz, Puebla y México. En San Luis, a Calleja no sólo recurrió al regimiento provincial sino que armó una fuerza de más de 2.000 hombres procedentes de las haciendas y ranchos. Los hombres salían de sus hogares con caballos y herramientas de labranza las cuales de inmediato eran transformadas en instrumentos para la guerra. Los nuevos militares eran personas carentes de una disciplina militar, no conocían el arte de la guerra ni estaban familiarizados con la violencia14.
16La guerra civil comenzó una vez que entraron en acción el reducido contingente del ejército regular y los vecinos organizados en las milicias provinciales, en las urbanas y en las nuevas «compañías de patriotas». Mediante un plan militar elaborado por Calleja, los realistas iniciaron la reconquista de las poblaciones insurgentes y la persecución de la principal fuerza encabezada por Hidalgo. Como se ha podido apreciar, los rebeldes ocuparon y gobernaron las capitales y territorios de las provincias de Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Nueva Galicia. Sin embargo, en poco tiempo perdieron el control de los principales centros urbanos. Por su parte, la mayoría de los propietarios que habían encabezado el movimiento, renegaron de su pasado para luego conformar los gobiernos y milicias contrainsurgentes. Otros factores que frenaron los deseos (autonomistas o independentistas) de los criollos fue, sin duda alguna, su nula organización militar y el temor a la «plèbe» que comenzaba a actuar guiada por sus propios impulsos y deseos de venganza, ya no sólo en contra de los europeos, también estaban cayendo los criollos, que en cierta forma igualmente representaban la opresión y el despojo de que eran objeto. Otro elemento importante fue la atracción por los saqueos. En pocos meses el fenómeno del criollismo en la insurgencia se diluyó para dar margen a variadas e indefinidas expresiones de protesta social. Sin lugar a duda, fue la epidemia de tifo, mejor conocida con el nombre de «fiebres misteriosas», la que provocó más decesos que la propia guerra. En la ciudad de México murieron alrededor de 20.000 personas y en los pueblos realistas que la circundaban, más de 40.000 en tan sólo ocho meses15.
17Por la forma de gobernar, y la despótica relación que mantuvieron con las poblaciones subordinadas, los insurgentes perdieron sus bases de apoyo. Mientras que en el bando realista el gobierno civil se fusionó al militar y de esta manera se centralizó el poder, necesario en un estado de guerra, en el insurgente sucedió todo lo contrario: para cada provincia se nombraron intendentes (para atender asuntos civiles y de hacienda) y comandantes generales (para los militares) lo que generó un sin fin de disputas entre las dos autoridades civiles y jefes militares. Los conflictos entre los principales caudillos nacionales se multiplicaron en todas direcciones: uno de ellos fue el trato dado a sus principales aliados en los pueblos: los curas. Desde que se estableció la Junta de Zitácuaro en agosto de 1811, el gobierno eclesiástico corrió a cargo de dicha autoridad, lo que la facultaba para quitar y poner curas y vicarios y a someterlos al Tribunal Supremo de Justicia cuando cometieran alguna falta. Según Morelos, el mal trato que se les daba y poco respeto que recibían los inconformó y puso en disposición de abandonar la causa insurgente.
18Para profundizar en las causas que provocaron el debilitamiento de la insurgencia es necesario tomar en cuenta la imposibilidad de los líderes rebeldes para permanecer por largo tiempo en un lugar fijo. A excepción de algunas regiones de Guanajuato, Puebla, Valladolid y Veracruz, donde se mantuvieron gobiernos más o menos estables, el resto de los jefes transitaban de un lugar a otro huyendo del acecho de las fuerzas del rey. En la medida que los realistas suavizaron sus políticas hacia los pueblos, los insurgentes las endurecieron y su convivencia se tornó cada vez más difícil. La tensión entre insurgentes y realistas llegó al extremo cuando los realistas comenzaron a aprehender a las esposas e hijos de los principales jefes enemigos. En represalia, éstos publicaron otro bando en el que decretaron el «exterminio y muerte contra todos» los realistas, la quema de sus haciendas y ranchos y la pena de muerte para toda persona que intercambiara algún tipo de comercio. Sin embargo, desde finales de 1814, la guerra comenzó a definirse a favor del realismo. Además de los problemas señalados, también se sumaron las derrotas militares de Morelos en Puebla y Oaxaca. Mientras tanto, las principales fuerzas insurgentes de Nueva Galicia, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Guanajuato y de pueblos circunvecinos a la ciudad de México, también fueron aniquiladas. En este año comenzó la reconquista de la provincia de Valladolid y la de Veracruz.
19La tercera etapa, de 1816 a 1820, tras la muerte del caudillo Morelos y las discordias por el mando entre los jefes insurgentes, las tropas realistas pudieron someter a la mayor parte de los focos de resistencia, lo que no significa que hubiesen ganado la guerra. Mientras que los insurgentes se olvidaron del objetivo principal de la guerra y terminaron dominados por las pasiones, los odios, los resentimientos y las traiciones, las acciones realistas se fueron perfeccionando sobre objetivos militares más precisos, y fueron aniquilando o indultando a las principales fuerzas rebeldes y reconquistando a sus principales bases de apoyo: los pueblos. Cabe recordar que, desde las primeras campañas militares los jefes realistas, por medio de las compañías de patriotas, fueron conformando una estructura militar que les permitió ir asegurando las poblaciones y territorios reconquistados.
20Desde que Calleja tomó las riendas del gobierno colonial, en marzo de 1813, elaboró otro plan general para alcanzar la paz en todos los territorios todavía ocupados por los insurgentes16. En primer lugar, con la adhesión de las autoridades de ciudades y principales centros urbanos, reorganizó todos los cuerpos de milicias patrióticas encargadas de garantizar la paz interior. En segundo lugar, a las tropas que iban llegando de la Península las fue distribuyendo en las comandancias generales para que se ocuparan de la reconquista de los pueblos, aniquilaran las partidas de insurgentes y aseguraran el tránsito de mercancías y de personas. Para garantizar el apoyo decidido del ejército, Calleja fomentó entre las tropas el reparto de bienes decomisados a los insurgentes. También fortificó las poblaciones realistas.
21Los indultos de insurgentes se multiplicaron a causa de los duros golpes propinados por los realistas. Según Hamnett, muchos de ellos se volvían a rebelar cuando pasaba el peligro, pero la mayoría se incorporó a las milicias locales. Para indultarse sólo tenían que presentarse a una autoridad militar, y en ausencia de ella, ante el cura local. La atribución que se dio a los curas para indultar a los rebeldes significó, como se verá más adelante, un cambio importante en la política realista, mientras en el bando insurgente los clérigos perdían privilegios, en el realista se les tenían ciertas consideraciones de acuerdo con su envestidura. Otro medio para pacificar a las poblaciones fueron las levas de individuos calificados de «vagos». Estos vagos locales eran personas de escasos recursos económicos, que aparentemente no tenían un trabajo estable y se les calificaba de esta manera por ser los principales clientes de los insurgentes. Por lo tanto, desarraigar a estas personas de sus lugares de origen para incorporarlas al ejército fue una práctica muy común durante los años de guerra.
22Las políticas desarrolladas por Calleja para acabar con la insurrección lograron su propósito al someter a los rijosos, pero con un costo muy elevado para los habitantes de Nueva España. Además de las pérdidas humanas y económicas habría que considerar lo complicado que se volvió restablecer la relación de subordinación de los pobladores con las autoridades locales, la de éstas con los órganos superiores del gobierno virreinal y con el metropolitano.
II. — La revolución gaditana
23Las etapas cuarta y quinta no se pueden explicar sin antes referirnos a la Constitución política de la monarquía española, sancionada en el puerto de Cádiz el 19 de marzo de 181217. Si la guerra había dividido el territorio en comandancias militares, bien fueran insurgentes o realistas, Cádiz se sumaba a los planes realistas para la reconquista y pacificación de pueblos y provincias. Así se formaron los autogobiernos dirigidos por los subdelegados-comandantes (regionales y locales), las milicias para la autodefensa de ciudades, villas y pueblos, y las juntas de seguridad, de abasto y de arbitrios.
24Desde el punto de vista de las instituciones coloniales, la Constitución en parte resolvió el problema de gobernabilidad característico de toda guerra civil, pues había desaparecido el orden virreinal, el cual había sido reemplazado por el provisional «Reglamento político-militar y économico». En este sentido, los nuevos ayuntamientos se convirtieron en piezas claves para la estabilidad social y política de las ciudades, villas y pueblos con más de mil almas y en aquellos lugares en los que sus habitantes pudieron organizarse. Mientras tanto, los insurrectos que iban deponiendo las armas no dudaron en sumarse al nuevo proyecto con lo cual las tensiones sociales y políticas ahora se expresaban de otra manera, ya no por la vía armada sino a través de la voluntad de los ciudadanos avecindados en las antiguas parroquias. Incluso, congregaciones de afromestizos libres, que carecían de derechos políticos, se los adjudicaron, y por medio de sus respectivos ayuntamientos se pusieron en la misma posición social y política que el resto de los actores. De esta manera, los cabildos sentaban las bases de la nueva sociedad construida a partir de la representación política de los ciudadanos.
25Si en sus orígenes, a lo largo y ancho de la geografía mexicana, los ayuntamientos coincidían en las funciones políticas y administrativas básicas, el ejercicio de sus atribuciones y sus posteriores efectos estuvieron marcados por las condiciones específicas de cada región y localidad. Este fue uno de los aspectos más notables y fascinantes que se desprenden del estudio de los ayuntamientos gaditanos en México. Ellos fueron la expresión de ese mosaico cultural que le caracteriza, y por el cual resulta impensable utilizar las mismas categorías para analizar a todos los ayuntamientos, sin diferenciar su carácter urbano o rural, criollo, mestizo o indígena, del norte (en presidios y misiones), del altiplano o del sur, etcétera. Cada comunidad impuso su propia dinámica.
26Aun cuando todos los ayuntamientos partían de una misma norma jurídica, es decir, la Constitución de 1812, la composición de sus cabildos, los intereses que representaban, las formas de petición y de representación, variaban de un caso a otro, provocando en muchos de ellos resultados totalmente opuestos a los principios que les dieran origen. La gran novedad era que por primera vez se establecía una clara definición de las atribuciones y facultades para todos los ayuntamientos por igual. Los 36 ayuntamientos de Antiguo Régimen eran —como dice Guerra— «cuerpos poderosos privilegiados, actores centrales de toda la vida política y social de su región, pero por privilegiados, envidiados y controvertidos»18. Dichos cabildos tenían jurisdicción sobre numerosas poblaciones cercanas a ellos y a veces alejadas de sus territorios. Con la aplicación de la Constitución se vieron limitados para intervenir en los asuntos de gobierno y justicias en dichas poblaciones. Con la guerra se impuso una nueva estructura político-militar regional, a base de cantones, la cual entró en competencia con dichos cabildos.
27Con la creación de los ayuntamientos constitucionales, Cádiz simplificó la administración en las localidades y, al mismo tiempo, provocó la división del territorio en jurisdicciones independientes. Los pueblos quedaban libres de sus antiguas sujeciones y ahora ellos mismos regulaban el manejo de sus bienes de comunidad, el establecimiento de contribuciones, la organización de la milicia local, etc. Parecía que los liberales gaditanos pretendían acabar con todo privilegio y poderes jurisdiccionales para concentrarlos en una sola instancia común a todos los ciudadanos y a todos los territorios.
28Fue en la ciudad de México donde se expresó con mayor fuerza la revolución, que no reforma, promovida por Cádiz en los órganos de gobierno con injerencia en la capital: el virrey, la Audiencia, el intendente-corregidor y el ayuntamiento. En primer lugar, con la nueva demarcación territorial y autonomía de las seis diputaciones provinciales, es decir, Nueva España, Yucatán, Nueva Galicia, San Luis Potosí y las provincias internas de Oriente y Occidente, sólo una quedaba subordinada al gobierno de México, y todas a las Cortes Generales de Madrid. Asimismo, se eliminaban las figuras de virrey y de intendente y su lugar lo ocupaba el jefe político. Si en lo político-administrativo el antiguo virrey sólo tenía injerencia en su diputación, en cambio, sí conservó el mando militar de todas las fuerzas armadas del antiguo Virreinato. Por ello se le llamaba «jefe superior político y capitán general de Nueva España». La Constitución también definía con claridad la división de poderes: el jefe político con facultades ejecutivas, la diputación provincial con funciones legislativas y la Audiencia centrada exclusivamente en la impartición de justicia.
29Los decretos más revolucionarios de la Constitución fueron el de la disolución de las antiguas corporaciones con sus privilegios y fueros, la creación del ciudadano con derechos y obligaciones, el establecimiento de ayuntamientos en todas las poblaciones con más de 1.000 almas y cuyos miembros serían elegidos mediante el voto popular indirecto de los ciudadanos. Antonio Annino señala que la carta gaditana articuló la ciudadanía votante con la idea abstracta de soberanía a partir de cuatro niveles: «Los vecinos, los compromisarios de parroquia, los electores de partido y los de provincia». Con esta ley, desaparecieron los antiguos cabildos creados por la gracia real y que presuponía la compra o herencia de cargos. En México todavía subsistían nueve regidores, y sólo seis eran elegidos cada dos años por el propio Cabildo.
30Por lo que se refiere a la población indígena, al otorgársele la ciudadanía en la misma situación de igualdad que a los peninsulares y los criollos, «no dejó de tener una carga potencialmente desestabilizante para el nuevo orden»19. Esto se reflejó con mayor fuerza en los pueblos «foráneos» del valle de México donde la mayoría acató la disposición y formó su respectivo ayuntamiento, separándose con ello de la administración del de la capital o de sus cabeceras de partido. De cualquier manera, todos ellos quedaban subordinados a la diputación y al jefe superior político. No ocurrió lo mismo con las parcialidades indígenas del Tecpan San Juan y de Santiago Tlatelolco, las que históricamente habían estado más unidas a la capital. En vez de formar ayuntamientos autónomos, sus moradores acordaron fusionarse al de la ciudad de México. De esta manera, tanto los planes militares como la nueva organización político-administrativa se orientaban hacia la integración de unas estructuras que en el pasado habían funcionado de manera invertebrada o yuxtapuesta (tesis de Esteban Sánchez y de Ariel Rodríguez, respectivamente). Finalmente, la Constitución abolió las distintas modalidades de tributar e introdujo un impuesto único para todos los ciudadanos: «la contribución directa»20.
31La abolición de la Constitución no necesariamente significó el restablecimiento del Antiguo Régimen. Mas si no hubo una contrarrevolución, no por ello se puede limitar la resonancia social que adquirió el liberalismo gaditano desde los ayuntamientos. La cultura política definida e impulsada por la Constitución impactó en aspectos importantes de la vida de todos los actores sociales. Estas palabras las escribimos con el claro propósito de llamar la atención, ya que con frecuencia se desdeña la relevancia que la cultura política gaditana alcanzó en la vida cotidiana de los grupos populares. Incluso se ha hablado de la máscara del liberalismo, haciendo referencia a que los artesanos, los campesinos y no se diga los indígenas «utilizaron» el marco constitucional, en particular a los ayuntamientos, para defender sus antiguas formas de vida y sus tradicionales relaciones de mando al interior de sus corporaciones. Por el contrario, el liberalismo gaditano fue difundido e interpretado desde los ayuntamientos y, sobre todo, asumido y puesto en práctica por grupos populares de toda la Nueva España.
32La dinámica de la guerra también generó un movimiento reivindicativo de las autonomistas regionales. Este proceso descentralizador, que implicaba la autonomía plena de los poderes provinciales, que ya se había iniciado desde el establecimiento de las intendencias y que se había hecho más evidente a raíz del conflicto armado, adquirió todavía mayor importancia con la aplicación de la Constitución21. Y es que las élites regionales habían logrado revertir a su favor tanto los cambios provocados por la guerra como los beneficios de la carta gaditana, y de esta forma manejar a su antojo los destinos de sus respectivos territorios. En ello radicaba la esencia de la disputa entre las autoridades virreinales y las élites provinciales novohispanas.
33Para el gobierno virreinal, aplicar la Constitución a nivel local (ayuntamientos) no significó mayor problema porque con ello se legitimaba una situación de facto, ocasionada por las políticas contrainsurgentes a partir del plan político-militar establecido por Calleja. No sucedió lo mismo cuando se trataron los asuntos de la nueva división territorial, de las nuevas atribuciones del virrey-jefe político superior, de la Audiencia y de las diputaciones provinciales. El virrey se encontró ante la paradoja de ser leal a un gobierno que le ordenaba realizar una reforma administrativa que ponía en peligro la supervivencia del Antiguo Régimen y, al mismo tiempo, mantener su lealtad a la Monarquía no acatando dicho mandato. De cualquier manera, el primer experimento gaditano ocurrido en Nueva España (1812-1814), constituye una de las etapas más ricas e interesantes en la difusión y aplicación de las ideas liberales, y aun cuando varias de ellas no se ejecutaron debido a la presión gubernamental, su ideología tuvo amplia difusión y sentó las bases de las estructuras de gobierno del México independiente.
34La delimitación de las seis diputaciones provinciales en los territorios dependientes de los poderes de la ciudad de México, significó el reto mayor para los virreyes que gobernaron en ese momento. Como ya se mencionó con anterioridad, Francisco Xavier Venegas fracasó en el primer intento por establecer el régimen constitucional. En cambio, su sucesor, el teniente general Félix María Calleja, fue más hábil en el procedimiento para cumplir con el mandato constitucional al aplicar tan sólo aquellos artículos que no se interpusieran con los planes militares. Él estaba seguro de que una vez instaladas dichas diputaciones en cada provincia se considerarían independientes del gobierno virreinal y sólo acatarían las órdenes del Supremo Gobierno de la Nación con sede en la Península. Era lo que estaba ocurriendo con las ya instaladas en Yucatán, Guadalajara y San Luis Potosí. Calleja reiteraba que tal situación se tornaba peligrosa, porque «entraría la confusión y el desorden de que se seguiría infaliblemente la ruina de estos países contenidos hasta ahora por el impulso y dirección que reciben de un centro común: [la ciudad de México]»22. Para Calleja, no aplicar la Constitución era un asunto de Estado.
35Calleja interpretó que su autoridad estaba por encima de todos los jefes políticos y diputaciones provinciales del distrito del Virreinato y les comunicó que, mientras las Cortes tuvieran por conveniente la subsistencia del cargo de virrey, o que no hicieran «una declaración de sus facultades expresa y directamente contraria a lo que previenen el Real Despacho y orden citadas» él continuaría desempeñando el cargo de virrey y por lo tanto, todas las diputaciones provinciales debían reconocerlo como el jefe superior del reino «por cuyo conducto deben dirigir a la regencia de la monarquía las representaciones, documentos e instancias que previenen la Constitución y el Reglamento Político de las Provincias, y gobernarse por sus decisiones»23.
36Las reacciones de las diputaciones no se hicieron esperar y se enfrentaron a Calleja con el argumento de que las facultades del virrey eran incompatibles con el sistema constitucional de gobierno y las condiciones del país. Los diputados aseguraban que tal nombramiento se debía a la premura con que las Cortes habían dictado los nombramientos de los jefes políticos seis meses después de dictada la Constitución y no habían hecho la más ligera distinción sobre sus facultades24. A pesar de las protestas, el 12 de julio de 1814 Calleja decretó que las diputaciones provinciales y los jefes políticos del Virreinato debían dirigir a su gobierno las consultas, representaciones y documentos en los casos y cosas en que según la constitución de la Monarquía y soberanas declaraciones deberían atenderse en el «Supremo Gobierno de la Nación». Esta medida resulta interesante porque impedía la comunicación directa entre las diputaciones y las Cortes, ya que todos los asuntos tendrían que pasar por la supervisión del capitán general. Aun cuando Calleja sabía que tal decisión era incompatible con el sistema constitucional, se trataba de un problema de seguridad de Estado25.
37Aunque en términos generales el liberalismo gaditano resolvió el problema de gobernabilidad local, trajo consigo nuevos problemas al momento de la creación de los Estados de la república y del gobierno federal. Si bien la guerra provocó una gran dispersión del poder, que impidió a los gobiernos provinciales y nacionales centralizar el poder, los ayuntamientos se constituyeron en la base de las instituciones políticas y no interrumpieron su funcionamiento durante el crítico periodo de transición entre el régimen liberal gaditano y la república. Fue desde los ayuntamientos que se creó la nueva legitimidad política. Desde los mismos ayuntamientos se organizaron los ciudadanos para elegir a los representantes de las diputaciones provinciales, estatales y federales.
III. — La guerra continúa
38Tal y como lo predijo Calleja, la adhesión de los pueblos al régimen dependería de la organización de las milicias, pero al mismo tiempo se crearía una arma de dos filos que en cualquier momento podría tornarse contra el gobierno virreinal. Este hecho se dio 10 años después. El restablecimiento de la Constitución gaditana en 1820, la decisión de las Cortes de convertir en diputaciones provinciales las intendencias dependientes del gobierno de la Nueva España, provocaron la fragmentación política de los territorios y la multiplicación de las mismas, guiadas por el derecho de autogobernarse, que consideraban propio y sin la aprobación de la autoridad superior. Además, en toda la Nueva España se formaban juntas clandestinas donde se hablaba de independencia y de la forma de gobierno más adecuada para Nueva España. Entre los europeos las opiniones se dividían entre los que apoyaban la Constitución, los que pretendían reformarla y los que «suspiraban por un gobierno absolutista». Los americanos también se inclinaban por la independencia, pero no estaban de acuerdo en el modo de hacerla ni en el gobierno que se formaría: unos pensaban en exterminar a los peninsulares, otros en expulsarlos y algunos en excluirlos de los puestos públicos. En cuanto a la forma de gobierno, las opiniones se dividían entre la monarquía constitucional y la república, bien fuera federal o central26.
39La convocatoria que Itúrbide lanzó al pueblo novohispano, desde el pueblo de Iguala, para que se rebelara en contra del gobierno español generó un movimiento de nuevo tipo, distinto al iniciado en 1810. No se trataba de una revuelta desorganizada y violenta cuyos fines fueran el saqueo y las venganzas personales entre europeos y americanos sino de un plan político-militar que invitaba a todos los habitantes a participar de manera organizada como miembros del «ejército libertador». No todas las personas podían pertenecer a él, sólo los miembros del ejército y la milicia nacional, y a ésta última pertenecían las élites locales que también controlaban los ayuntamientos.
40El Plan de Iguala, más que una empresa militar, fue un proyecto político que Antonio Annino ha considerado como la «primera forma de los principios constitutivos del régimen de pacto mexicano». Según este autor, la independencia fue posible gracias «al pacto de unidad entre los cuerpos intermedios del virreinato garantizado por el ejército»27. En la rebelión de Itúrbide participaron una parte del ejército permanente en el que había elementos americanos y europeos, la mayoría de las milicias provinciales y urbanas y la milicia nacional local, formada por los antiguos fieles realistas, defensores de Fernando VII y las compañías auxiliares, entre otras, y los insurgentes. La concurrencia y fusión de estas fuerzas en el «Ejército Trigarante», cuya composición social, disciplina, organización, ideología e intereses económicos y políticos eran distintos, hicieron de éste una corporación plural. Por otro lado, las alianzas que se hicieron al consumarse la independencia entre los jefes sublevados, así como entre los vencedores y vencidos, permitieron la pronta culminación de la emancipación, pero heredaron una serie de contradicciones y conflictos que forzosamente afloraron al constituirse el nuevo Estado.
41Entre 1820 y 1825 el fenómeno multiplicador tanto de diputaciones provinciales como de ayuntamientos en los antiguos territorios coloniales significaba la culminación del proceso revolucionario iniciado en 1810. Para explicar el tránsito de colonia a república, forzosamente debemos partir del análisis del funcionamiento de estas dos autoridades, y pasar a un segundo plano el comportamiento de la efímera presencia de unos líderes, como Itúrbide, que no estuvieron a la altura de las exigencias que demandaba la sociedad. En resumen, sin o con independencia, durante el imperio o la república, en ningún momento las diputaciones y los ayuntamientos abandonaron sus responsabilidades. Tampoco afectaron en su desempeño las disputas por el control del gobierno nacional durante las administraciones del virrey Apodaca, el libertador Itúrbide, el triunvirato (conformado por Guadalupe Victoria, Mariano Michelena y Pedro Celestino Negrete) o por el primer presidente republicano, Guadalupe Victoria. Además, el repliegue de las tropas españolas hacia la isla de San Juan de Ulúa, definió con mayor claridad las posiciones de los dos bandos ya que los mexicanos se habían posesionado de la ciudad de Veracruz. Sin embargo, nada estaba escrito. Apenas se había dado el primer paso, y como en una tabla de ajedrez, todos los actores comenzaban a mover sus piezas.
42Desde el 18 de diciembre de 1821, la Soberana Junta Gubernativa mexicana ordenó iniciar las hostilidades contra el Castillo de Ulúa; días después el propio Itúrbide enviaba un oficio intimidatorio exigiendo la rendición de la fortaleza. En agosto de 1822, Itúrbide insistía en esta demanda y nada pasó; y es que el jefe de la plaza Manuel Rincón, consideraba un verdadero suicidio iniciar el fuego cuando ni la ciudad ni las tropas estaban preparadas para ello. Desde el punto de vista militar, el gobierno de Itúrbide se vio limitado por la falta de una marina poderosa; tampoco tuvo los recursos para adquirirla y sin ella cualquier intento era inútil para conquistar con éxito la fortaleza. En cambio los peninsulares tenían a su alcance la ciudad cuyo casco estaba valuado en veinte millones de pesos28. Además de los problemas antes señalados, había otros de mayor envergadura relacionados con la cantidad y variedad de intereses que estaban en juego. De hecho, el pronunciamiento militar de Santa Anna, del 2 de diciembre de 1822, significó la manifestación extrema de los problemas existentes entre las distintas competencias de gobierno (imperial, provincial y local) y los grupos de poder con residencia en el puerto. Las razones de peso de esta crisis debemos buscarlas no sólo en la ambición de Santa Anna y en su odio hacia Itúrbide, o en las diferencias ideológicas de éste con Guadalupe Victoria, también aportaron lo suyo el ayuntamiento local, la diputación provincial, el Congreso Nacional, el capitán general José Antonio de Echávarri, los comerciantes (mexicanos, españoles, norteamericanos, ingleses y franceses) y, sobre todo, el gobernador español Francisco Lemaur. Todos, sin excepción, se comunicaban entre sí, hacían política y buscaban alianzas con el fin de asegurar sus posiciones. Esta situación fue la que marcó el rumbo de los acontecimientos y prolongó por varios años el desenlace final.
43El 18 de noviembre de 1825, después del prolongado asedio, antes de su rendición los españoles sólo pidieron una capitulación honrosa, es decir, abandonar la fortaleza con todos los honores, asegurar la curación de los enfermos, que México se comprometiera a cubrir los gastos de curación y la conducción de las tropas hasta La Habana. Los mexicanos debían hacer el saludo a la bandera española, «como justo homenaje de respeto al Señor de aquél mundo desde el año de 1519 en que se plantó por primera vez»; también que garantizara el respeto a la propiedad, prerrogativas e inmunidad personal a los fieles al rey, y en el plazo de 60 días se permitiría a todo buque español anclar en el puerto, sin ser molestado. En dichos términos se aceptó la rendición29.
Notes de bas de page
1 F. X. Guerra, Modernidad e independencias, p. 13.
2 M. Walzer, Guerras, p. 29.
3 Ibid., p. 43.
4 Archivo General de la Nación, Operaciones de Guerra (en adelante AGN, OG), t. 176, fos 142-143, de Calleja al virrey, Guadalajara, 29 de enero de 1811.
5 M. Waldmann y F. Ríos, Sociedades, pp. 28-30.
6 «Don Manuel Abad y Queipo», pp. 882-890.
7 AGN, OG, t. 176, fos 142-143, de Calleja al virrey, Guadalajara, 29 de enero de 1811.
8 E. Florescano, «Conclusiones», p. 195.
9 E. Van Young, La otra rebelión, p. 28.
10 B. Hamnett, Raíces de la insurgencia, pp. 168-175.
11 Centro CARSO-CONDUMEX, independencia XLI-1, carpeta 1-24, doc. 72, «Plan del Gobierno Americano, instruido por la Suprema Junta Nacional que en nombre del Sor. D. Fernando VII Q.D.G. dirige a los comandantes de las divisiones de esta N. E.», Aguacatillo, 16 de noviembre de 1810.
12 Véase J. Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno.
13 Véase Id., «La nacionalización de las fuerzas armadas».
14 Véase Id., Guerra y gobierno.
15 E. Lemoine Villicaña, Morelos. Su vida, p. 201; Mª C. Sánchez Uriarte, «Las fiebres misteriosas de 1813», pp. 49-50; L. Márquez, La desigualdad ante la muerte.
16 De Calleja al ministro de Guerra, México, 15 de marzo de 1813, Boletín del Archivo General de la Nación, 1 (1), septiembre-octubre de 1930, pp. 80-87.
17 Véase M. Chust Calero, «El liberalismo doceañista».
18 Véase F. X. Guerra, «La desintegración de la Monarquía», y J. A. Serrano Ortega, Jerarquía territorial, pp. 17-19.
19 A. Annino, «Nuevas perspectivas», p. 56.
20 Véase J. A. Serrano Ortega, Un impuesto liberal.
21 Véase N. L. Benson, La diputación provincial y M. Chust Calero, La cuestión nacional americana.
22 Archivo General de Indias, MEXICO (en adelante AGI, MÉXICO), exp. 1483, de Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, México, 31 de julio de 1814.
23 AGI, MEXICO, exp. 1483, de Calleja a los señores José Miguel Guridi y Alcocer, don José Galilea y don José Ignacio de Salinay, México, 18 de mayo de 1814.
24 AGI, MEXICO, exp. 1483, de Guridi y Galilea a Calleja, México, 29 de mayo de 1814.
25 AGI, MEXICO, exp. 1483, de Calleja al Ministro de Gobernación de Ultramar, México, 25 de marzo de 1814.
26 Véase J. Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno.
27 A. Annino, «El pacto y la norma», p. 11.
28 AHDN (Archivo Histórico de la Defensa Nacional), exp. 206, fos 76-79, de Manuel Rincón a Itúrbide, Veracruz, 13 de noviembre de 1821.
29 AHME (Archivo Histórico Militar de España), caja 102, del Director de Artillería al Ministro de Guerra, 1 de febrero de 1826.
Auteur
-
Juan Ortiz Escamilla
Universidad Veracruzana
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