La guerra civil en la España del siglo xix: usos políticos de una idea
p. 39-58
Texte intégral
1La Revolución Francesa impuso una profunda revisión de las cuestiones relativas a la violencia colectiva y a la legitimidad de la insurrección contra el poder establecido. El propio concepto de guerra —vinculado hasta entonces a los ejércitos de las monarquías— amplió sus límites, contemplando conflictos protagonizados por ciudadanos-soldados que habían interiorizado el ideario de la confrontación y que combatían con voluntad de extender los principios revolucionarios1. Al mismo tiempo que este vector de cambios iba transformando la sociedad del Antiguo Régimen se reveló también la existencia de importantes fuerzas resistentes al proceso dispuestas a defender su posición, e incluso a reconquistarla, si era posible, en aquel tiempo indefinido en el que se tambaleaban los pilares que hasta entonces habían sostenido el viejo mundo. Será la espiral generada por la acción revolucionaria y las resistencias a la revolución las que harán de la guerra civil una presencia constante en la Europa del siglo XIX2. Contrarrevolución y guerra civil aparecen como dos realidades que andarán de la mano en el marco en aquella Europa donde se fraguaban los cimientos del mundo contemporáneo, porque el proceso revolucionario entraba necesariamente en colisión con intereses muy sólidos vinculados a la pervivencia del Antiguo Régimen3.
I. — LA GUERRA CIVIL EN LA ÓRBITA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
2La dimensión de conflicto interior que conllevaba la revolución fue rápidamente percibida fuera de las fronteras francesas desde posiciones defensivas del orden establecido donde podía temerse que el proyecto revolucionario fuera tomado como un ejemplo. Joaquín Lorenzo Villanueva, en su Catecismo del Estado según los principios de la Religión, publicado en 1793, con el telón de fondo de la Guerra contra la Convención, ya consideraba la rebelión contra el poder público como una auténtica guerra civil que carecía de toda legitimidad:
La rebelión es una guerra civil que el pueblo hace contra la pública potestad. La guerra no puede emprenderse ni proseguirse sin autoridad, y sin autoridad suprema, porque en ella mueren hombres, y para poner a los hombres en ese peligro nadie tiene poder sino el que posee el derecho de la vida y de la muerte. Pues este derecho […] solo le tiene la potestad establecida, y los que administran justicia en su nombre. De manera que los que se rebelan contra el Príncipe, por solo el hecho de no residir en ellos la autoridad suprema, ni ser legados del que la posee, cometen otros tantos homicidios como personas mueren por causa de la guerra civil; pues los exponen a la muerte sin legítima potestad, y contra el orden de Dios4.
3No obstante, durante la última década del siglo XVIII, España estaba lejos de verse envuelta en una guerra revolucionaria que desencadenara un conflicto civil. La guerra contra la República francesa entre 1793 y 1795 tuvo como resultado, muy al contrario, un reforzamiento de la relación entre monarquía y pueblo en sentido contrarrevolucionario, lo que estranguló durante bastante tiempo las posibilidades de desarrollo de movimientos de inspiración revolucionaria5. De hecho, no fue en el exterior, sino en el propio seno de la monarquía hispánica donde, a partir de la articulación de intereses políticos cortesanos, se fueron formando dos grupos que, con el tiempo, terminarían disputándose el poder6.
4La potencialidad de que esta tensión terminase derivando en un conflicto civil no empezó a concretarse hasta entrado ya el siglo XIX. En ese contexto, con un Godoy, cuya acumulación personal de poder empezaba a ser contestada desde diversos sectores de la monarquía, y con la formación en torno al Príncipe de Asturias de un grupo que contaba con valerse del hijo de Carlos IV para frenar las ambiciones del favorito y acceder al poder, los términos del enfrentamiento fueron cobrando forma7. Desde 1807, primero con el proceso de El Escorial, y más tarde, en la primavera de 1808, con el Motín de Aranjuez y el acceso al trono de Fernando VII, resultó evidente que en la partida estaban en juego apuestas muy elevadas. Napoleón contaba para ambos bandos —uno había firmado con él el tratado de Fontainebleau y el otro aspiraba a emparentar con la familia del emperador—, lo que le permitió sentir el peso de las decisiones de Francia en el ámbito de la política española. Fue en ese contexto en el que Bonaparte tomó conciencia de que podía intervenir directamente sobre el destino de la monarquía española. El padre Rafael Vélez consideraba que la guerra civil era el instrumento del que se había servido Bonaparte para hacerse con el trono de España. Según él, a través de Godoy fue labrando el desprestigio de la monarquía de Carlos IV y, al mismo tiempo, se encargó de socavar la imagen de un príncipe Fernando capaz de atentar contra su padre por alcanzar el poder. Su estrategia consistía en «Valerse de estas disensiones para dividir España, introducir la guerra civil en sus pueblos, hacerse él mediador, y bajo este título, entrar sus ejércitos en la Península, alzándose con sus dominios»8.
5Tal vez sea en el escenario de Bayona, en los primeros días de mayo de 1808, durante las abdicaciones que terminaron entregando el trono a José Bonaparte, cuando resultó evidente que ambos bandos en disputa, godoyistas y fernandinos, asumían que para alcanzar sus aspiraciones estaban asumiendo el riesgo de desencadenar una guerra civil. Habían tenido ya lugar los sucesos de Aranjuez, durante los cuales una multitud airada había dirigido su ira contra Godoy y forzado la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando. La renuncia a la corona efectuada por Fernando VII en Bayona, en su apartado tercero, no deja lugar a dudas sobre este punto. Los motivos que le llevan a aceptar son: «el amor que tengo a mis vasallos, y el deseo de corresponder al que me profesan, procurándoles la tranquilidad, y redimiéndoles de los horrores de una guerra civil por medio de una renuncia dirigida a que V. M. vuelva a empuñar el cetro y a regir unos vasallos dignos de su amor y protección»9.
6Pero no es el único. También en el otro lado, Carlos IV, en respuesta a la anterior, pone de manifiesto su creencia de que el enfrentamiento civil está en el horizonte: «He reinado para la felicidad de mis vasallos, y no quiero dejarles la guerra civil, los motines, las juntas populares y la revolución. Todo debe hacerse para el pueblo, y nada por él. Olvidar esta máxima es hacerse cómplice de todos los delitos que le son consiguientes»10. Y, finalmente, la guerra civil volverá a aparecer como argumento definitivo para que el trono español quede en manos de la familia Bonaparte que podía disolver el riesgo de un conflicto de este tipo. Las razones que justificaban la renuncia decían literalmente así:
… animados de igual deseo de poner un pronto término a la anarquía a que está entregada la España, y libertar esta nación valerosa de las agitaciones de las facciones; queriendo asimismo evitarle todas las convulsiones de la guerra civil y extranjera, y colocarla sin sacudimientos políticos en la única situación que atendida la circunstancia extraordinaria en que se halla puede mantener su integridad, afianzarle las colonias y ponerla en estado de reunir todos sus recursos con los de la Francia, a efecto de alcanzar la paz marítima…11
7Resulta interesante el uso de la expresión «guerra civil» en todos estos textos. Cabría preguntarse a qué se están refiriendo realmente con ella. En este último caso, confrontada a la guerra extranjera, la idea de lucha interna entre los partidarios de dos cabezas políticas, las de la familia real, parece claro. Pero, también, cuando se argumenta a favor de hacer todo por el pueblo pero sin dejar que este sea protagonista, se está mostrando otra dimensión de la guerra civil, la de una guerra amplia y popular donde entren en combate las gentes comunes, una participación política de la sociedad a través de las armas considerada nada conveniente por un monarca absoluto como Carlos IV.
II. — LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ¿UNA GUERRA CIVIL?
8A pesar de los deseos de Carlos IV, la decisión de renunciar al trono a favor de José Bonaparte no libró a España de la guerra civil ni de la extranjera. Afirma Claude Morange en un reciente artículo que la persistencia de los mitos fundadores del liberalismo, situados en la guerra de la Independencia, ha hecho que ésta no se haya revisado convenientemente, o se haya hecho de forma muy limitada, hasta la actualidad. Entre los puntos donde prevalece una lectura sentimental del período y en los que no se ha producido la necesaria revisión señala la relativización del heroísmo, la necesidad de abordar el lado oscuro de las guerrillas o la conveniencia de estudiar «la dimensión de guerra civil del conflicto»12. El planteamiento es válido en líneas generales, aunque en la actualidad muchos de los historiadores del período consideran necesario introducir el factor guerra civil como elemento que permita comprender en toda su complejidad el tiempo de la Guerra de la Independencia13.
9El levantamiento contra las autoridades provocado por las abdicaciones de Bayona abrió paso a un enfrentamiento que tenía una doble dirección: contra los ejércitos extranjeros, como había sucedido en la guerra contra la República francesa de 1793, y contra los españoles que habían entrado al servicio de la nueva autoridad monárquica. Godoy tenía muy claro que aquella era una guerra civil, de un partido contra otro, bastante diferente de la que les había enfrentado con los franceses una década atrás. «No fue en 93 un partido quien aprobó la guerra, sino la nación entera —escribió en sus Memorias— […] Jamás la España mostró una decisión más pronunciada, más solícita, más activa, más universal, más hemenciosa entre todas las clases del estado», argumentaba subrayando la división de expectativas que se produjo entre la población española durante la Guerra de la Independencia14. Y es que godoyistas y afrancesados fueron quienes mejor percibieron el componente de enfrentamiento interior que abrió la instauración de la dinastía Bonaparte en España. Para uno de estos afrancesados, el obispo Félix Amat, la guerra civil podía evitarse sometiéndose a la voluntad de Dios y aceptando el nuevo poder:
Desechemos, pues, con el mayor horror toda especie que pueda dirigirse a la insubordinación […] No permita la Divina Providencia que tenga que sufrir ahora la España los horrores de las guerras civiles, las quemas, talas y mortandades que padeció en la introducción de aquella dinastía, o en la traslación de la corona desde la casa de Austria a la de Borbón15.
10Por su parte, otro afrancesado, Juan Antonio Llorente, ahondando en la naturaleza del enfrentamiento entre españoles, consideraba que la guerra civil había sido provocada por la llamada a defender a Fernando VII, donde situaba el origen de todas las conmociones vividas en España durante seis años:
Aseguro, pues, y sostendré aun a costa de mi sangre, y de mi vida, que no creo crimen de infidencia en ninguna persona de los dos partidos, sino que cada una pensó servir a la patria mejor en el que ha seguido, y el errar o acertar no es mérito ni delito; pero caso de haber infidencia en algún español, no pudo ser sino en quien movió la guerra civil, y produjo la ruina de los pueblos, la pobreza de los habitantes, y la pérdida de las Américas16.
11En definitiva, los afrancesados, percibieron con especial claridad la Guerra de la Independencia en su dimensión de guerra civil, porque tener que luchar contra sus compatriotas hacía mucho más difícil su condición de colaboradores con la nueva dinastía y las tropas extranjeras. Sin embargo, en la justificación, desarrollaron los argumentos de respeto al orden establecido y acusaron a los que se rebelaron contra este de ser los responsables de haber desencadenado la guerra17.
12Frente a ellos se encontraban gentes como el padre Alvarado que, desde posiciones contrarrevolucionarias, respondía a las acusaciones de ser los causantes del enfrentamiento en estos términos:
Podrá ser que tomen medidas más serias, o por decir mejor, que quieran hacer valer las que ya han tomado, tratándonos de sediciosos, porque no subscribimos a la sedición; de traidores, porque estamos con nuestro Dios y con nuestro Rey; de que dividimos la nación, porque no nos ponemos de acuerdo con los que la dividen; y de otras iguales cositas de aquellas, que todos los tunantes han usado desde que el mundo es mundo. Pero ¿qué hemos de hacer? ¿Será bueno que por no incomodarnos, o porque no nos incomoden, los dejemos blasfemar y seducir? ¿Consentiremos que envuelvan á la nación en la sangre, en el ateismo? No lo permita Dios. Revuelto como está el mundo, es un disparate pretender en medio de sus revoluciones el sosiego; y quien lo pretende, tendrá que llorar su descuido cuando se vea con el gato colgado de las barbas18.
13Lo interesante de la posición de Alvarado es que no consideraba negativa la guerra civil, si era para defender la causa de la Religión y del Rey, y precisamente en este orden. Para él la guerra civil sería un instrumento lícito para mantener el orden de la monarquía tradicional. Su posición nace de una concepción del momento en clave netamente contrarrevolucionaria que atribuye a los agentes de la revolución la responsabilidad de haber «variado el sistema de la monarquía» y, por ello, la responsabilidad del conflicto interno que pudiera desencadenarse19.
III. — LA RUPTURA DEL ESPACIO POLÍTICO NACIONAL
14Siguiendo esta línea argumental, los liberales de las Cortes de Cádiz, en la medida en que bebían de las ideas revolucionarias, no tardarán en ser considerados también como lo habían sido los afrancesados. En realidad, mientras estuvo abierta la guerra contra el ejército napoleónico, el enfrentamiento entre liberales y serviles, aunque muy duro, se mantuvo en el plano dialéctico20. El interés compartido de mantener la cohesión para ganar la guerra propició las llamadas a la unidad de los españoles y las denuncias de que la guerra civil era el instrumento del que se valía el enemigo para debilitar sus fuerzas21. Sin embargo los términos del enfrentamiento entre posiciones revolucionarias y contrarrevolucionarias en el seno de las Cortes de Cádiz se fueron definiendo con nitidez durante los debates y a través del espacio abierto por la prensa. La libre expresión de las ideas fue denunciada por los defensores del viejo orden por ser, según su criterio, el vehículo a través del cual se abría un nuevo cisma dentro del bando patriota. Decía el diputado Vera y Pantoja:
No son menos funestas las consecuencias que ha producido el abuso de la libertad de escribir. Los tiros de la maledicencia contra la buena opinión de muchos honrados españoles y el necio empeño en combatir de frente las preocupaciones más arraigadas han encendido una guerra civil entre todos los ciudadanos, fomentado casi universalmente un cisma general, sembrando la desconfianza y la desunión, arma favorita del tirano, y a la cual debe los triunfos de los reinos que ha usurpado y el único apoyo de su esperanza para esclavizar la heroica España22.
15La libertad de imprenta provocaba, pues, la guerra civil debilitando al país en su resistencia contra el invasor, lo que convertía la libre expresión de las ideas en un acto contra la patria.
16Así es cómo la actitud de aquellos que, como Rafael Vélez, siempre pensaron que la Inquisición había evitado en España «la diversidad de creencias [que] llevó siempre la oposición, el odio, la guerra civil contra los de contraria opinión»23 comenzaron a pensar en las condiciones que podían permitir restaurar la unidad política en España. Por eso lo sucedido en 1814 tiene una especial relevancia. Porque, con el golpe absolutista de Fernando VII contra las Cortes, se cerraba una guerra internacional que —como los afrancesados habían experimentado en sus propias carnes— contenía un poderoso componente de guerra civil, asentando las bases de una guerra civil dentro del bando patriota entre las fuerzas del altar y del trono y los partidarios de la Constitución. Lo anunciaba el manifiesto presentado por 68 diputados serviles a Fernando VII el 12 de abril donde se equiparaba la obra de los liberales de Cádiz con la que había llevado a cabo Napoleón en España —«amargas persecuciones de la iglesia», «los regulares virtualmente extinguidos», «abandonado el cuidado de los ejércitos» y «el sistema de hacienda […] desconcertado»— y se denunciaba la Constitución como «traslado de la que dictó la tiranía en Bayona, y de la que ató las manos a Luis XVI en Francia, principio del trastorno universal de Europa». Aquellos españoles que no «desdeñaron de imitar ciegamente los [pasos] de la revolución francesa» habían fraguado un proyecto que era «mayor ataque, que el que acababan de sufrir de las bayonetas francesas»24. A partir de ahí, siendo los liberales peores que los franceses, quedaba justificada cualquier actuación en defensa de la autoridad del monarca.
171814 es el momento en el que se actualizan los enfrentamientos internos que habían tenido lugar en España desde el comienzo de la Guerra de la Independencia. Entonces cobran sentido muchas de las actitudes políticas que habían permanecido sumergidas bajo las aguas de la causa nacional. También se hará evidente que, por debajo del conflicto contra el extranjero, y en un recorrido de mucha mayor duración, circulaba un conflicto contra la revolución encabezado por la Religión y la Monarquía como principales valedores. Si la guerra de la Independencia había servido para expulsar de la comunidad nacional a los godoyistas y afrancesados como si fueran franceses —ya lo decía una copla en catalán en estos términos: «Godoystas y gabaitgs,/como si tots fóssem lleons,/envestim-los y acabem-los,/no vàlgan excepcions»25—, el final de la guerra y la vuelta al trono de Fernando VII iba a ser la oportunidad para acabar también con los liberales.
18Fuera los franceses del horizonte, los términos esenciales del enfrentamiento revolución/contrarrevolución quedan ahora en la superficie. Si la propuesta revolucionaria había quedado simbolizada por el texto de la Constitución de 1812, que iba a inspirar durante varias décadas los movimientos liberales, en el lado de la contrarrevolución será la figura del rey la que concentre simbólicamente la idea de orden y de permanencia de los principios del Antiguo Régimen26. La guerra civil surge de la colisión que se produjo entre ambos mundos, el del rey frente al de la Constitución, el realismo frente al liberalismo, en definitiva, la independencia del poder real o su sometimiento a instituciones que canalizaban políticamente la participación de los ciudadanos.
19La importancia que tiene la forma rígida e implacable en que se restauró el absolutismo en España tras la Guerra de la Independencia es que puso de manifiesto la imposibilidad de transacción entre los dos proyectos, el absolutista y el liberal, y que el primero estaba dispuesto a imponerse en bloque sin tener en cuenta las experiencias de la guerra contra los franceses y de las Cortes de Cádiz. Este comportamiento político suponía interpretar todo lo acontecido durante los seis años anteriores como una cruzada contrarrevolucionaria, pretendiendo que las cosas volvieran, por obra de la voluntad real, a la situación de 1808. Perseguidos, encarcelados o en el exilio, los liberales se vieron desplazados por completo del espacio político español, lo que de facto les llevaba al terreno de la fuerza confiando sus opciones de alcanzar el poder al éxito de un movimiento revolucionario. Miguel Artola, cuando aborda el momento del regreso de Fernando VII a España en Los orígenes de la España Contemporánea no tuvo demasiadas dudas de ello y tituló el epígrafe de su obra con rotundidad: «Preludios de la guerra civil»27.
IV. — GUERRA CIVIL CONTRA LA CONSTITUCIÓN
20El triunfo de la revolución en 1820, después de varios pronunciamientos fracasados, puso de manifiesto que la lógica excluyente en que se había instalado la política española iba a introducir la violencia y el uso de las armas como una fórmula habitual en la lucha por el poder. El eje revolución/contrarrevolución se imponía. Con la Constitución de Cádiz restaurada, ahora iba a ser el monarca, y con él todos los intereses vinculados a la pervivencia del Antiguo Régimen, quien debía someterse a la lógica del proyecto liberal. Ante esta situación, las actitudes contrarrevolucionarias no tardarán en aparecer en escena, aunque el enfrentamiento solo alcanzará la condición de guerra civil abierta ya entrado el año 1822. Fue entonces cuando se desataron viejos discursos y viejos comportamientos para movilizar contra la constitución a los antiguos combatientes absolutistas de la Guerra de la Independencia. Se levantaron partidas realistas en buena parte del país y la conflictividad arraigó en algunas comarcas del tercio nororiental de la península28. La justicia de la causa y su popularidad entre la población justificaba para el líder realista catalán, el Barón de Eroles, el recurso a las armas, aunque no estaba dispuesto a asumir que con su acción abría el camino hacia un conflicto civil: «Nadie entienda, decía, que, ciego de ambición, trato de promover una guerra civil, sino de sostener y animar una causa justa y reconocida espontáneamente como tal por casi todos los catalanes»29.
21De hecho, la publicística contrarrevolucionaria no dudó en responsabilizar de la guerra civil a los liberales, al considerar que la Constitución era la verdadera causante del enfrentamiento. Argumentaba en este sentido el padre Vélez, terminado ya el conflicto, que con el juramento de algunos artículos de la Constitución «se perdía la paz interior y exterior de la España […] La guerra interior nos ha devorado los tres años y medios que ellos han regido. ¡Ójala que ya fuésemos todos unos!». Y justificaba la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, como haría Chateaubriand unos años más tarde30, diciendo que «la guerra exterior en que nos hemos visto, ha sido el resultado inmediato de la interior que nos consumía»31. En esto seguía fielmente al jurista suizo Haller que, traducido también por aquellas fechas, se expresaba así:
Guardaos de la palabra Constitución: es un veneno en las monarquías, porque deriva de la suposición de una base democrática, excita la guerra civil y crea dos partidos opuestos que se hacen una guerra a muerte. ¿Y quien os pide estas constituciones? Nadie, sino los jacobinos para fijar primeramente su principio fundamental, del cual más adelante saldrán sus consecuencias, y después para aspirar a la soberanía bajo el velo de que son los partidarios de la Constitución y los que quieren conservarla. Al contrario el pueblo no pide constituciones, sino solo amparo y justicia32.
22Un discurso contrarrevolucionario que venía a justificar la guerra civil como reacción defensiva de la sociedad frente a quienes querían cambiar sus fundamentos: «En el hecho solo de que esa reforma total y simultánea debe chocar con los intereses de muchos particulares y aun de clases muy poderosas, ¿no es evidente que con solo intentarla se arrojará en cada nación una tea de discordia que por mucho tiempo ha de abrasarla en guerras civiles, cuyo término sea, no la regeneración, sino la ruina de aquel país desventurado en que se quiera ensayar esa curación radical?»33.
23El Trienio liberal demostraría que las armas y los discursos empleados por los absolutistas contra los franceses bien podían ser utilizados también contra los liberales sin apenas variar su condición de lucha contrarrevolucionaria. La insurrección realista adquiere así mayor relevancia de la que sus limitadas dimensiones geográficas y militares pudieran llevar a pensar, porque dará forma a una modalidad de insurrección de enorme importancia en el futuro y, al mismo tiempo, porque opera como nexo necesario entre la experiencia armada de Guerra de la Independencia y la de las guerras carlistas34. Además, y es importante tomar esto en consideración, las partidas absolutistas que combatieron al régimen constitucional durante el trienio, acuñaron una forma de lucha contrarrevolucionaria en España en rebelión contra el poder establecido que, desde entonces, se identificará con la defensa del Altar y del Trono. Era el modelo, sin franceses a la vista, de cómo debía combatirse a la revolución representada por liberalismo en el poder. En el futuro, todos los defensores del absolutismo supieron muy bien como debía actuarse en estos casos, cual era la jerarquía y cual era el discurso movilizador. La guerra civil creaba sus prácticas y estrechaba los lazos del grupo que se comprometía en la insurrección35.
24La guerra civil no acabó con la experiencia constitucional, aunque sí lo hicieron las fuerzas de un legitimismo internacional que temían por la extensión del ejemplo liberal español a otras monarquías europeas36. Restaurado el absolutismo en 1823 los movimientos armados continuaron, pero no en el ámbito del liberalismo, como temía el entorno de la Corona, sino en el del ultraabsolutismo, poniendo de manifiesto su propensión a solucionar los problemas políticos recurriendo al uso de las armas37. El conjunto de tensiones que tuvieron lugar durante los años 20 en el seno del absolutismo determinó que, hacia el final del reinado de Fernando VII, las expectativas de los sectores ultras para hacerse con el poder se depositaran en el acceso al trono del infante don Carlos, y no en la hija del rey. El juego de intrigas que tuvieron lugar al abrirse la cuestión de la sucesión, puso de manifiesto a los ojos de todos que tanto María Cristina como don Carlos estaban dispuestos a llevar muy lejos su voluntad de hacerse con el poder a la muerte del rey. La cuestión dinástica, poco trascendente como justificación última de un enfrentamiento que, como hemos visto, venía desarrollándose desde bastante tiempo atrás, introdujo una rigidez añadida que dificultaba mucho la transacción, abocando de nuevo al conflicto como consecuencia del planteamiento excluyente del problema38.
V. — EL CARLISMO: LA GUERRA CIVIL COMO ARGUMENTO POLÍTICO
25La guerra civil como baza política clave no tardaría en aparecer sobre el tapete. Durante los acontecimientos que tuvieron lugar en La Granja en el verano de 1832, la renuncia de Fernando VII a ser sucedido por su hija estuvo condicionada por la voluntad de evitar un enfrentamiento civil entre españoles. Estanislao de Kostka Bayo afirma, en este sentido, que Calomarde, Alcudia y el obispo de León mostraron intencionadamente «los peligros que corrían sus inocentes hijas si no se derogaba la pragmática sanción de 29 de marzo de 1830, y los horrores de una guerra civil en que a torrentes inundaría el suelo la sangre española»39. La coacción se apoyaba en una expectativa de apoyo social hacia los carlistas que hubiera desequilibrado fácilmente la balanza a su favor. No obstante, la recuperación del rey proporcionó a María Cristina un año clave para depurar la administración y el ejército de partidarios del infante y para buscar alianzas en el lado del liberalismo moderado que le permitieran afrontar con éxito un horizonte, no muy lejano, de guerra civil40.
26La muerte de Fernando VII trajo consigo, tal como habían pronosticado los valedores del carlismo, la guerra civil. Una vez más la contrarrevolución, ahora bajo el nuevo sello del carlismo, tomaba las armas, y lo hacia, como en el Trienio liberal, propiciando una insurrección contra el poder central de la monarquía. El argumento de la legitimidad se convertía en la máxima justificación de la guerra: «Tengo unos derechos tan legítimos a la corona siempre que te sobreviva y no dejes varón, que no puedo prescindir de ellos; derechos que Dios me ha dado cuando fue su voluntad que yo naciese, y solo Dios me los puede quitar», había argumentado don Carlos en disputa con su hermano poco antes de ser expulsado del país41. Ahora, reiteraba los argumentos en el manifiesto de Abrantes considerando la guerra civil como inevitable: «la religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión, y la singular obligación de defender los derechos imprescindibles de mis hijos y todos mis amados sanguíneos, me esfuerzan a sostener y defender la corona de España»42.
27El legitimismo será un componente central dentro del carlismo, ya que, combinado con oportunidad en cada momento, proporcionaría al movimiento de una línea de referencia y una firme continuidad temporal. Justificada por esta razón legitimista, la guerra civil se elevaba por encima del plano de la mera acción contrarrevolucionaria y se convertía en un instrumento de la providencia cuya finalidad estaba en restaurar una injusticia histórica. Desde esta perspectiva las razones del carlismo se sitúan más allá de la política. El empleo de las armas al servicio de una causa justa respaldada por la voluntad divina parecía no necesitar de mayor justificación y auguraba un conflicto largo hasta la desaparición de uno de los contendientes.
28Junto al legitimismo, la guerra civil de 1833-1840 fue para el carlismo un acontecimiento fundador. La experiencia de siete años de lucha constituye el crisol en el que se funde el movimiento político. El carlismo será eminentemente militar, porque el hecho que le da carta de naturaleza política es una guerra, una guerra civil, y a nadie se le escapa que una de sus principales potencias, si no la mayor, es su capacidad de provocar un conflicto armado que escinda y enfrente entre sí a dos mitades de la sociedad española. Por eso el liberalismo hará muchos esfuerzos por borrar el recuerdo de la guerra, mientras que el carlismo nunca se desprenderá de su componente militar porque hubiera sido lo mismo que desprenderse de uno de sus principales activos y, al mismo tiempo, del elemento que le permitía cohesionar sus fuerzas, proyectar sus ideas y adquirir presencia en la vida de los ciudadanos.
29La guerra civil condicionó profundamente todo el desarrollo político de los años 30, y no solo porque el carlismo depositara todas sus esperanzas de llegar al poder en el triunfo por medio de las armas. También en el otro bando, en el lado de la reina, tuvo importantes consecuencias. El Estatuto Real era un tímido marco de colaboración con los liberales que no generó en los inicios de la insurrección carlista el apoyo suficiente para ahogar la guerra civil. Opinaba Fermín Caballero:
Quizá por no haberse dado desde luego toda la importancia que merecía á la facción, y por haber temido demasiado a las exigencias de los liberales, se perdió la mejor coyuntura de anonadar en su cuna al carlismo. Si tantos sacrificios de hombres, efectos y dinero como se han hecho después se pusieran en obra al principio ¿cuál sería hoy nuestra satisfacción?43
30Fue la guerra la que aceleró los tiempos y descubrió tempranamente el escaso vigor político del Estatuto y la poca energía social que era capaz de movilizarse a través del reducido margen de libertades que había establecido. Refiriéndose a la cámara de procuradores del Estatuto Real de 1834, exclamaba Pedro Méndez Vigo:
¡Mísera condición en la que han puesto [a] la nación! Tiene que gemir de la guerra civil, y por otra parte tiene que temer que el fin de la guerra civil sea principio de mayor esclavitud, porque si el gobierno ha puesto alguna concesión, si ha dado aun ese pobre Estatuto, no ha sido sino efecto del miedo44.
31La guerra civil se presentaba a los ojos de los contemporáneos como desgracia, por su coste en hombres y dinero, pero también como estímulo político para ensanchar el marco de libertades en que se movía la sociedad.
32Más tarde, la implicación política y económica en la guerra vendrá de la mano de la incorporación al gobierno de figuras con perfiles más avanzados capaces de dar un impulso liberalizador a la monarquía. Fue el caso del ministerio dirigido por Juan Álvarez Mendizábal, quien en su manifiesto se comprometía a «poner breve y glorioso fin, sin otros recursos que los nacionales a esa guerra fratricida, vergüenza y oprobio del siglo en que vivimos», pero, al mismo tiempo «a consignar en leyes sabias todos los derechos que emanan y son, por decirlo así, el único y sólido sostén del régimen representativo»45. Es evidente que la guerra civil se veía a mediados de la década de los 30 como un estímulo para avanzar por el camino de la revolución. De hecho, la reina regente, tras el motín de La Granja, estuvo barajando la posibilidad de llegar a un acuerdo con el pretendiente carlista para poner freno a las presiones que recibía del liberalismo avanzado con motivo de la guerra46.
33La presencia del conflicto en un tiempo de cambio en que el poder sentía su debilidad, terminó por hacer que la condición de árbitro político de la situación recayera sobre el ejército y, en particular, sobre alguno de los militares victoriosos que fuera capaz de devolver la estabilidad al país acabando con la guerra. Fueron muchos los que jugaron sus bazas políticas desde el generalato —Quesada, Rodil, Mina, Valdés…—, sin embargo ninguno alcanzó mas prestigio y poder que aquel que fue capaz de poner fin a la guerra civil, primero en el Norte, en el verano de 1839 y, después, en la primavera del año siguiente en el Maestrazgo y Cataluña. Se trataba del general Espartero quien, al finalizar la guerra, había reunido tanto poder en sus manos que llegaría a disputar con éxito a la propia Maria Cristina la regencia durante la minoría de edad de Isabel II. No obstante, no iba a tardar en comprobar que si la guerra civil había sido la fuente principal de su poder, el final del conflicto reduciría muy pronto su condición a la de un simple político. Y en este terreno, Espartero, no supo moverse con la misma eficacia.
VI. — LA GUERRA CIVIL COMO CAPITAL POLÍTICO E IDENTIDAD DE PARTIDO
34El final de la Primera Guerra Carlista marca un punto sin retorno en el asentamiento del régimen liberal en España. El resultado de la guerra civil supuso el cierre de una larga etapa de alternancia en el poder de regímenes constitucionales y absolutistas con el triunfo de los primeros que ya no serían desplazados de esta posición hegemónica a lo largo de todo el siglo. Esto, sin embargo, no significa la desaparición de la guerra civil del panorama español. Todo lo contrario. La guerra civil se había convertido para los carlistas en un hito fundacional. Su centralidad, tanto para la forja del ideario como para la cohesión del grupo humano y la identificación con una concepción del mundo era tan evidente que hacía imposible concebir el carlismo despojando a este de su componente militar.
35A sostener la idea de una guerra futura que devolviera el trono al rey de los carlistas y compensara a los combatientes por largos años de sacrificios al servicio de la causa, contribuyeron dos circunstancias. La primera de ellas fue la actitud de don Carlos quien, al no asumir las condiciones del Convenio de Vergara, mantuvo intactas sus aspiraciones al trono de España, aplazando así la resolución del conflicto hacia el futuro en cuyo horizonte se situaba una nueva guerra civil: «Habéis sido vendidos, y con vosotros han sido vendidos vuestro Dios, vuestro rey, vuestro país y vuestros fueros» rezaba una real orden de don Carlos dada en el momento de abandonar el país47. La segunda circunstancia la constituye el exilio, que comparte la actitud radical del príncipe y cifra las expectativas de regresar a España en la reparación del conflicto dinástico, bien de forma política o bien por medio de las armas48.
36Hacia mediados de los años 40, con María Cristina de nuevo en España, hubo un intento de transacción que, apoyado por una campaña de propaganda dirigida por Jaime Balmes, pretendía poner fin a la disputa dinástica mediante el matrimonio de los hijos de Fernando VII y del infante don Carlos, es decir, Isabel II y Carlos Luis de Borbón49. Sobre la mesa, los carlistas volvieron a poner, de nuevo, el argumento de la guerra civil. El reparto del poder era el precio a pagar por evitar una nueva guerra, puesto que, para el carlismo, la guerra civil se había convertido en el vehículo natural para la lucha por la legitimidad. Su presencia sobre el tablero político era un poderoso elemento del que no estaba dispuesto a prescindir el nuevo heredero de la legitimidad carlista, el conde de Montemolín, cuando en 1845 se dirigió a los españoles tras la abdicación de Carlos V:
Hay en la familia Real una cuestión que, nacida a fines del reinado de mi augusto tío el Sr. D. Fernando VII provocó la guerra civil. Yo no puedo olvidarme de la dignidad de mi persona y de los intereses de mi augusta familia; pero desde luego os aseguro, españoles, que no dependerá de mi, si esta división que lamento no se termina para siempre. No hay sacrificio compatible con mi decoro y mi constancia a que no me halle dispuesto para dar fin a las discordias civiles y acelerar la reconciliación de la Real familia50.
37De estas palabras, tomadas del manifiesto de Bourges, se concluía que sin transacción la guerra civil volvería a salir a la superficie. Dificultades diplomáticas, más que falta de voluntad política, impidieron que el acuerdo llegara a buen puerto y la guerra civil emergió de nuevo en el panorama español. Comentaba una biografía del conde de Montemolín aparecida a mediados de la década de los años 50:
El solo anuncio de este hecho [el fracaso del plan matrimonial] fue la señal para que se encendiera la guerra civil en varias provincias, sobre todo en Cataluña, que fue víctima de ella por espacio de tres años. Los horrores de una guerra fratricida, en que se derramó en abundancia la sangre española, en que hubo asesinatos sinnúmero con el nombre de fusilamientos, represalias indignas, actos vergonzosos para la humanidad, fueron el primer regalo que hicieron a la España los hábiles políticos de 184651.
38Carlismo y guerra civil representaban dos caras de la misma moneda, pues para los carlistas la forma de luchar políticamente por sus principios era con las armas en la mano. La Guerra de los Matiners catalanes se integra, generacionalmente, en el mismo ciclo que la Primera Guerra Carlista. En ella se verá «desmentida la convicción que los más pensadores y entendidos tenían de que no se ven en una misma generación dos guerras civiles»52. Muchos de sus combatientes son los mismos y Cabrera, el héroe de la primera guerra, está durante buena parte del conflicto a la cabeza. Las cosas, es cierto, han comenzado a cambiar y se mira mucho más de lo que lo hacía don Carlos a la política del momento. El final de la guerra supondrá, para un movimiento cuyos principales momentos coinciden con las épocas de conflicto, la entrada en un período de crisis que se ahondará en los años siguientes con la intentona fallida de San Carlos de La Rápita, la muerte del pretendiente y los problemas para encontrar sucesor.
VII. — LA GUERRA CIVIL CONTRA LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA
39El fantasma de la guerra civil volverá a aparecer con fuerza en el contexto revolucionario de 1868. Por entonces, las fuerzas que se habían combinado para poner fin al reinado de Isabel II trataban de dar viabilidad al proceso constituyente ofreciendo una imagen de unidad, cuanto menos hasta el momento en que se decidiera la forma de gobierno, pues «provocar hoy esta cuestión es promover la guerra civil en el campo liberal»53. Los carlistas, ajenos a la revolución, y por lo tanto sin ningún compromiso con ella, se hallaban en proceso de reconstitución en torno al duque de Madrid y podían moverse tácticamente según les conviniera tanto hacia el juego político como hacia la insurrección. En estas condiciones el horizonte de una guerra civil se hizo muy presente en medio de la discusión política como un elemento de enorme importancia en el desarrollo de los primeros meses de régimen.
40Pasados el momento de euforia inicial, los partidos comprometidos con la revolución comenzaron a percibir el riesgo de una guerra civil. Muy pronto se identificó la amenaza con sectores católicos y carlistas. Los primeros como oposición a la política secularizadora del régimen y los últimos como forma de forzar su acceso al trono. No es de extrañar que ambos grupos combinaran estrategias durante buena parte del sexenio revolucionario. Clamaba la prensa liberal:
¡Viva la religión! Con este grito lanzado en un pueblo de Navarra por los partidarios del absolutismo se pretende ahogar las libertades patrias y encender otra vez una guerra fratricida. Los sectarios de viejas y carcomidas instituciones, que cayeron para no volver a resucitar jamás, pretenden hoy alucinar a los pueblos, haciéndoles creer que la Revolución es contraria a sus fueros, cuya base está, según ellos, en la unidad religiosa54.
41Estos movimientos reflejos del insurreccionalismo carlista, aunque sin mucha entidad y poco organizados, sirvieron para dar la impresión de que la vuelta a las armas era una posibilidad real con la que había que contar. «La posibilidad de que estalle más o menos pronto entre nosotros la guerra civil sigue preocupando la atención de una parte de la prensa y las noticias de confederaciones […] por parte de los partidos hostiles al nuevo orden de cosas se suceden sin interrupción»55. Antes de finalizar el año 1868, en este mismo sentido, podía leerse en La Época:
La prensa de todos los matices políticos manifiesta abiertamente su temor de que surja la guerra civil. Mientras los diarios republicanos gritan que el peligro aumenta, y dan la voz de alerta, asegurando que el gobierno provisional trata de desarmar a los voluntarios de la libertad en las principales poblaciones de Andalucía […] la prensa adicta al gobierno denuncia conspiraciones carlistas en las provincias del Norte y en el Maestrazgo, y asegura que se está preparando el terreno para una gran sublevación absolutista en la próxima primavera56.
42Los carlistas hicieron un uso muy medido de la amenaza. Conscientes de sus debilidades, comenzaron por resolver las cuestiones organizativas, tanto en lo político como en lo militar, mientras negaban cualquier voluntad insurreccional. Desde las páginas de La Esperanza se decía:
Tenemos que hacer una advertencia a nuestros lectores. Los periódicos liberales atribuyen a los carlistas propósitos que no abrigan, e ideas que no tienen […] Parece que existe deliberado empeñó en confundir y en lanzar a los carlistas a la vida aventurera. Así se ve que ora se dice que D. Carlos quiere restablecer la Inquisición, convertir a todos los españoles en frailes, y despotizar a su antojo; ora se asegura que si viniera establecería la libertad de cultos, y excedería en liberalismo a los más avanzados; ora se sostiene que piensa encender en el acto la guerra civil; ora que está resuelto a no aceptar la Corona aunque se la ofreciesen los españoles al cabo de más o menos tiempo57.
43Mientras la organización política daba sus pasos para tener una importante presencia parlamentaria en las nuevas Cortes constituyentes, la estructura militar tropezaba con un serio inconveniente: Ramón Cabrera, el hombre que podía atraer al nuevo pretendiente todo el prestigio de viejas luchas se resistía a ponerse al frente del partido. Se decía que había declarado «que muerto Montemolín terminaron sus compromisos, y que no quiere aumentar con una nueva guerra civil, que sería la cuarta producida por una misma familia, las amarguras de su amada patria»58. Sus reticencias restarían coherencia a la acción militar carlista hasta su dimisión definitiva en abril de 187159.
44Pasadas las elecciones el ministro de la gobernación argumentaba en el parlamento en contra de la amnistía diciendo que «en el mismo momento en que iba a firmar el decreto tuvo que mandar hacer más prisiones por haberse descubierto nuevas conspiraciones que, una veces republicanas y otras carlistas nos amagan cada día con la guerra civil»60. Sin embargo, los carlistas, convencidos de su capacidad de movilización social, hacían exhibición de contención social:
¿Puede acusarse de querer encender la guerra civil a un partido que, como el carlista, cuenta un brillante estado mayor y con huestes numerosísimas? ¿No está dando, por el contrario, pruebas inequívocas de que el derramamiento de sangre le horroriza, toda vez que sufre en silencio las irritantes provocaciones y los ultrajes indignos de que es objeto? Nada le sería más fácil a esta incontrastable comunión política que encender la guerra civil; y sin embargo, tiene el suficiente patriotismo para escuchar los sarcasmos de sus imprudentes enemigos, y esperar61.
45Y es que, decidido el régimen como monárquico, todavía quedaba pendiente la elección del monarca que iba a ocupar el trono. En esta carrera los carlistas tenían depositadas muchas esperanzas e incluso habían hecho gala de apertura social —«La España antigua necesitaba grandes reformas», había proclamado el duque de Madrid— para atraer voluntades hacia su candidatura.
46Incluso se devuelve el argumento identificando a la revolución como una suerte de guerra civil con la que los carlistas podían acabar62. Era una vuelta a los argumentos de Vélez:
No hay por qué negarlo: la guerra civil arde ya en España […] Si. Hay gran responsabilidad por la guerra civil; pero no toca a los que defienden el derecho como lo han defendido siempre, sino a los que lo han conculcado y lo conculcan; no a los que vienen protestando contra todo lo que ha cuarenta años se está haciendo contra la patria, sino contra los autores de esos males; no, en fin, a los que han derramado y derraman su sangre al cristo de ¡Dios, Patria y Rey! Sino a los que dejan se insulte a Dios, se maltrate a la patria, y se olvide a los Reyes nacionales y legítimos por tiranuelos extraños63.
47Durante ese verano de 1869, sin embargo, se detectaba una gran agitación popular —«los republicanos y los carlistas han atraído a sus filas a todas las gentes de acción. Unos y otros se hallan tan dispuestos a rebelarse como a venir a las manos entre sí, inaugurando la guerra civil»64—, mientras que se exhibía una gran contención en los órganos de expresión y en los políticos.
48El juego con la amenaza se hace frecuente en 1870. Así, puede afirmarse que «el partido carlista es el único que en España puede amenazar con la guerra civil […] porque, en efecto, el partido carlista es el único en cuyos labios tiene importancia la amenaza de la guerra civil»65, o que se nos trata como a «unos malvados, porque, pudiendo encender la guerra civil cuando queramos, tenemos bastante patriotismo para no encenderla y sufrir pacientemente ultrajes y provocaciones sin cuento»66.
49Si bien la amenaza de la guerra civil era un síntoma de fuerza, es evidente que con la elección del monarca todavía abierta podía ser un factor perjudicial. Por eso la candidatura carlista presenta también un rostro amable y responsable preocupado por la integración social que destruiría la guerra civil:
¿Qué va a ser Carlos VII? ¿Va a ser un Rey déspota? No, porque tiene que ser un Rey justiciero, y donde entra la justicia no cabe la tiranía. ¿Luego va a ser un Rey constitucional? Tampoco, porque, como Rey tradicional y popular, es Rey de verdad y cumplidor de la ley, y el constitucionalismo no admite sino fantasmas de Reyes y ficciones de leyes. Nada de equilibrio de poderes que trae necesariamente la lucha y la guerra civil en permanencia; la soberanía en el Rey, pero al lado del Rey, representante de la nación, la representación de todas las provincias, de todos los pueblos, de todas las clases67.
50Así, el rey de los carlistas sería una auténtica vacuna contra la guerra civil: «Carlos VII impidió que el primer estallido de la lucha en reivindicación de su derecho se convirtiera en incendio abrasador, y por responder a los sentimientos de Carlos VII, sus partidarios, que espontáneamente levantaron la bandera del derecho, no derramaron en su defensa otra sangre que la suya»68. Es un momento muy delicado para cometer errores que puedan excluir a los carlistas de la carrera hacia el trono con la excusa se la guerra civil. La junta central católico-monárquica alerta a las juntas provinciales sobre lo perjudicial que sería en ese momento un estallido incontrolado que permitiera «alegar la necesidad apremiante de elegir un monarca, siquiera fuese un monarca extranjero, coronando de este modo la obra revolucionaria», y echando así abajo todos los planes69. En el acta de Vevey se expresaban sin veladuras las esperanzas que, a la altura de abril de 1870, mantenía el carlismo: «los exponentes abrigan la cierta esperanza de que dentro de breve tiempo, y sin necesidad de promover guerra civil triunfará nuestra santa bandera»70.
51Pero, frustradas todas las esperazas de alcanzar el trono por la vía pacífica, 1870 verá avanzarse los preparativos militares. El duque de Madrid se sitúa en posiciones muy similares a las de Carlos V —«Protesto, pues, por mi y en nombre de mi familia […] contra la violación de la ley fundamental hecha en cortes por Felipe V […] la causa de España es mi causa, como la causa de los Reyes legítimos debe ser la causa de los pueblos…»71— y en la prensa partidaria del carlismo deja de hablar de guerra civil en la península, situando todas las referencias en Francia, en Cuba o en el pasado. A medida que la amenaza va haciéndose real las palabras desaparecen. Pero las condiciones todavía no son favorables. El 8 de septiembre de 1871 Carlos VII escribe a Elío diciéndole: «Que ni hay medios suficientes para hacer un alzamiento, ni la ocasión para intentarlo es propicia»72. Por esas mismas fechas aparecía un interesante artículo en La Esperanza donde se afirma que ningún partido puede provocar una guerra civil en España porque ninguno tiene fuerza necesaria para ello: «Sólo los carlistas pueden amenazar en España con la guerra civil, porque solo ellos forman una colectividad política a la cual no corresponde el nombre de partido, y en la cual militan, tal vez sin darse cuenta, millones de españoles que considerarían como un insulto el dictado de hombre político»73. Este artículo, inusual en esta fecha por referirse de manera directa al conflicto armado, pone de manifiesto que los carlistas contaban con «la guerra civil entre sus medios de acción».
52Los seguidores de Carlos VII no tardarían en demostrar que así era. El 15 de abril la minoría carlista recibía la orden de no tomar asiento en el Congreso. El día anterior había sido emitida ya la orden para iniciar el alzamiento el día 21. «El momento solemne ha llegado», escribió don Carlos a Rada74. A partir de ahí, las armas tomaron la delantera a las ideas, y la realidad de la guerra civil se impuso sobre la amenaza; dejó pues de ser un instrumento de la política para ser ya un pulso de fuerza. La guerra civil reproducía su ciclo en la vida española del siglo XIX. Entonces, como antaño, sobre el eje revolución/contrarrevolución situando a los modelos de España como elemento central de la disputa armada. La Segunda Guerra Carlista será el último conflicto civil de esa centuria y, cabe decir también, que el último que se alimentó de las luchas sociales abiertas por la Revolución Francesa. «Harto doloroso es ya —decía La Época— ver a la España de 1872 retroceder a 1834, mirarla envuelta de nuevo en una guerra civil»75.
Notes de bas de page
1 J. A. Lynn, «Naciones en armas 1763-1815», pp. 201-203; J.-P. Derriennic, Les guerres civiles, pp. 36-38. Este trabajo se encuentra enmarcado en los proyectos HAR2009-08615 «Ideología y práctica en la consolidación del pensamiento contrarrevolucionario (1808-1840)» y HAR2009-12080 «La cultura nacional española: culturas políticas, políticas del pasado e historiografía en la España contemporánea».
2 Véanse J.-C. Martin, La Vendée et la Révolution, p. 110; J.-C. Caron, Frères de sang, pp. 12 y 22.
3 Sobre la continuidad de la guerra civil en clave contrarrevolucionaria véase J. Canal, «Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del sur», pp. 45-46.
4 J. Lorenzo Villanueva, Catecismo del estado, pp. 192-193.
5 J.-R. Aymes (ed.), España y la Revolución Francesa, y La guerra de España contra la Revolución Francesa; Ll. Roura i Aulinas, Guerra Gran a la ratlla de França.
6 E. La Parra López, «De la disputa cortesana a la crisis de la monarquía».
7 Id., Manuel Godoy, pp. 348-372M; A. Fugier, Napoleón y España, pp. 621-630.
8 R. de Vélez, Preservativo contra la irreligión, p. 64
9 Bayona, 1 de mayo de 1808. El documento está reproducido en Á. Flórez Estrada, Introducción para la historia de la revolución de España, p. 155.
10 Bayona, 2 de mayo de 1808 (Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, t. I, doc. nº 23, p. 460).
11 Bayona, 5 de mayo de 1808 (ibid., doc. nº 26, pp. 463-464).
12 C. Morange, «Sur la “révolution” de 1808-1814», p. 156.
13 Entre los que han utilizado el concepto guerra civil para referirse a la Guerra de la Independencia están Jean-René Aymes, «La “Guerra gran” (1793-1795) como prefiguración de la “Guerra del francés” (1808-1814)», en J. R. Aymes, España y la Revolución Francesa, p. 316; J. Álvarez Junco, «La invención de la Guerra de la Independencia» y «¿Hacer ciencia o hacer patria?», p. 4; X. M. Núñez Seixas, «La memoria de la guerra de la Independencia», p. 386; E. de Diego, España, el infierno de Napoleón, p. 23; A. Gil Novales, «La guerrilla de los afrancesados: la primera guerra civil», pp. 67-70; P. Rújula, «La guerra como aprendizaje político». A. Moliner Prada la denomina una «guerra civil encubierta» en «Partidas, guerrillas y bandolerismo», p. 23. También en el ámbito de la América hispana el tratamiento del enfrentamiento en clave de guerra civil es reconocido tanto por A. Lempériere, «Revolución, guerra civil, guerra de independencia en el mundo hispánico 1808-1825», p. 35; C. Thibaud, Républiques en armes, p. 20.
14 M. Godoy, Memorias, pp. 184-185.
15 Félix Amat (San Ildefonso, 3 de junio de 1808), reproducido en F. Torres Amat, Vida del Excmo. señor don Félix Amat, pp. 174-175.
16 J. A. Llorente, Noticia biográfica de D. Juan Antonio Llorente, p. 227.
17 Reinoso se lamentaba de que se les acusase a los afrancesados de haber encendido la guerra civil siendo que habían actuado movidos por la responsabilidad (F. J. Reinoso, Examen de los delitos de infidelidad a la patria, 2 ª, p. 382).
18 F. Alvarado, t. III («Carta XXVI. Continúan las Reflexiones sobre la intentada reforma de Regulares»), pp. 39 y 40.
19 Ibid, t. IV («Carta XLVII. Segunda parte de dicha Constitución filosófica»), p. 452.
20 M. Artola se refería más directamente a «la guerra civil iniciada en Cádiz entre estamentalistas y clasistas» en Los orígenes de la España contemporánea, t. I, p. 723.
21 La necesidad de unidad fundamental en la guerra internacional había sido un argumento constante desde el comienzo de la guerra. Véase, por ejemplo, el manifiesto dado por la Junta Superior de Aragón, Teruel, 30 de mayo de 1809 y reproducido por H. Lafoz, «La Junta Superior de Aragón y Parte de Castilla», p. 50. Lo corrobora J. J. Colón cuando enumera las estrategias napoleónicas para vencer en España en España vindicada, 2 ª, p. 1.
22 Sesión del 29 de diciembre de 1811, intervención del diputado Vera y Pantoja, Diario de las discusiones y actas de las cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1812, t. XI, p. 23.
23 R. de Vélez, Apología del altar y del trono, p. 222.
24 J. M. J., Representación y manifiesto, arts. 31 (p. 12), 79 (p. 29), 90 (p. 34) y 97 (p. 38).
25 «Segonas coblas de lo fins ara succehit», recogida en M. Cahner, Literatura de la revolució i la contrarevolució, p. 66.
26 C. Reyero, Alegoría, nación y libertad, pp. 65-73.
27 «A partir de los meses de finales de 1813, todo el mundo prevé la proximidad de una prueba de fuerza, y de aquí la abundancia de exhortaciones para recurrir a la violencia, exhortaciones que proceden indistintamente de uno y otro partido […] El absolutismo, por su parte, manifestaba un paralelo deslizamiento hacia la fuerza como última ratio, contribuyendo con una parte alícuota a la creación del clima de guerra civil que descubre la prensa española de 1814. […] El país vive en una situación de equilibrio aparente e inestable» (M. Artola, Los orígenes de la España contemporánea, t. I, pp. 707-708).
28 P. Rújula, Constitución o Muerte; R. Arnabat, Visca el rei i la religió!
29 Cuartel General de Urgel, 15 de agosto de 1822, en Miraflores, Documentos, t. II, p. 90.
30 Dando una imagen desproporcionada y apocalíptica de la insurrección realista, Chateaubriand se permitía justificar la invasión francesa para restaurar al rey en Congrès de Vérone, t. I, p. 244.
31 R. de Vélez, Apéndices a las apologías del altar y del trono, p. 129.
32 K. L. von Haller, De la Constitución de las Cortes de España, p. 68. La primera parte fue escrita en 1814 y el texto finalizado en 1820. Su publicación en 1823 coincide con la caída del régimen constitucional.
33 J. Gómez Hermosilla, El jacobinismo, t. I. p. 168.
34 P. Rújula, «La guerra como aprendizaje político».
35 S. N. Kalyvas señala cómo la guerra civil refuerza las divisiones, politiza diferencias y forja identidades políticas que no existían antes del conflicto (La lógica de la violencia en la guerra civil, pp. 120-121).
36 R. Sánchez Mantero, Los Cien Mil Hijos de San Luis; G. Butrón Prida, La ocupación francesa de España; E. La Parra López, Los Cien Mil Hijos de San Luis; P. Rújula (ed.), 1823. Los Cien Mil Hijos de San Luis.
37 J. Torras, La guerra de los Agraviados; F. Suárez Verdeguer, Los agraviados de Cataluña; P. Anguera, Els malcontents del Corregiment de Tarragona; J. Fontana, De en medio del tiempo, capítulo 11.
38 J. Canal, El carlismo, pp. 52-59; P. Rújula, «Du royalisme au légitimisme».
39 Véase por ejemplo, E. de K. Bayo, Historia de la vida y reinado de Fernando VII, t. III, p. 362. En el mismo sentido, I. Burdiel, Isabel II, p. 30.
40 P. Rújula, Contrarrevolución, pp. 165-171.
41 Correspondencia entre don Carlos y Fernando VII. Reproducida en A. Pirala, Historia de la guerra civil, t. I, p. 637.
42 Abrantes, 1 de octubre de 1833 (ibid., p. 218).
43 F. Caballero, El gobierno y las Cortes del Estatuto, p. XXXIX.
44 Pedro Méndez Vigo, «España y América en Progreso. La Constitución del año XII», reproducido en Miraflores, Documentos, t. II, p. 181. El término guerra civil, también es utilizado por el gabinete de San Petersburgo, p. 368.
45 Madrid, 14 de septiembre de 1835. Reproducido en J. de Burgos, Anales del reinado de D.ª Isabel II, t. II, p. 405. Véase también Examen crítico de las revoluciones de España, t. II, p. 9.
46 J. R. Urquijo Goitia, Relaciones entre España y Nápoles, pp. 232-239.
47 31 de agosto de 1839 (A. Pirala, Historia de la guerra civil, t. V, p. 506).
48 P. Rújula, «Carlistas».
49 Véanse J. M. Fradera, Jaume Balmes, pp. 264-277; P. Rújula, «Una puerta que se cierra.», pp. 84-87.
50 A. Pirala, Historia Contemporánea, t. I, pp. 673-674.
51 Biografía del señor don Carlos Luis María de Borbón y de Braganza, p. 102. Sobre el conflicto, véase R. Vallverdú i Martí, La guerra dels Matiners a Catalunya.
52 Teatro de la guerra, p. 29.
53 La Época, 3 de noviembre de 1868.
54 «Viva la religión», La Iberia, 6 de diciembre de 1868.
55 La Época, 20 de diciembre de 1868.
56 La Época, 19 de diciembre de 1868. El mismo periódico afirmaba el 29 de diciembre: «Se descubren cada día conspiraciones carlistas que nos amagan con una nueva guerra civil».
57 La Esperanza, 7 de noviembre de 1868.
58 La Época, 12 de diciembre de 1868. En el mismo sentido, E. de Arjona, Carlos VII y D. Ramón Cabrera, p. 136; J. Aróstegui, El carlismo alavés y la guerra civil, p. 73.
59 A. Pirala, Historia Contemporánea, t. III, pp. 480-562.
60 Sesión del 27 de febrero. Reproducida en La Esperanza, 1 de marzo de 1869.
61 La Esperanza, 15 de marzo de 1869.
62 Tras la guerra carlista, «Las ambiciones crecieron; las rivalidades se multiplicaron; hubo nuevos fraccionamientos entre los liberales; sacrificáronse nuevas víctimas; a la guerra civil sucedió otra guerra intestina entre ellos mismos; a unas constituciones se siguieron otras constituciones, y después de tantas pruebas, y después de tantas reformas, el país no alcanza otra cosa que sangre, intranquilidad y empobrecimiento» («La revolución de septiembre», La Esperanza, 4 de junio de 1869).
63 «La responsabilidad de la guerra civil», en Altar y trono, reproducido en La Esperanza, 17 de agosto de 1869.
64 Carta fechada en 29 de julio en Tortosa y publicada en La Esperanza, 3 de agosto de 1869.
65 La Esperanza, 17 de febrero de 1870.
66 La Esperanza, 18 de febrero de 1870.
67 «¿Qué trae Carlos VII?», La Esperanza, 19 de febrero de 1870.
68 La Esperanza, 26 de febrero de 1870.
69 «Suplemento extraordinario. La Esperanza, La Regeneración, El Pensamiento Español, El Legitimista y La Fidelidad. La Junta central católico-monárquica a las Juntas provinciales y de distrito», 6 de marzo de 1870 (M. Ferrer, Historia del tradicionalismo español, tomo XXIII, t. II, p. 106).
70 Ibid., p. 119.
71 Ibid., p. 148.
72 Ibid., p. 168.
73 La Esperanza, 26 de septiembre de 1871. También E. Carpizo Bergareche, La Esperanza carlista, p. 670.
74 M. Ferrer, Historia del tradicionalismo español, tomo XXIII, t. II, p. 188.
75 La Época, 22 de abril de 1872.
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