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Las monarquías española y francesa (siglos xvi-xviii)

 | 
Anne Dubet
, 
José Javier Ruiz Ibáñez

Postfacio. De los modelos a la modelización

Dos monarquías en un mismo espacio cultural

Anne Dubet et José Javier Ruiz Ibáñez

Texte intégral

I. — LA COMPLEJIDAD DEL TÉRMINO Y LA COMPLEJIDAD DE LOS TIEMPOS

1Los capítulos de este volumen y las discusiones que los originaron muestran que no se puede hacer una aproximación a la modelización política sin reflexionar previamente sobre las complejidades que esa misma modelización tiene, tanto en su aplicación histórica como en su uso historiográfico y en las ciencias sociales. La polisemia del término y los diversos niveles en los que se puede aplicar, si son por un lado una fuente enormemente estimulante para la reflexión del historiador, por otro pueden representar una vía para acumular equívocos.

2Se puede avanzar de forma utilitaria la definición de modelo político como un conjunto ordenado de reglas e instituciones y de prácticas de gobierno. Desde esta perspectiva amplia, los 0siglos XVI al XVIII fueron ricos. Al menos, así lo ha proclamado la historiografía de manera no siempre reflexiva, en la circulación de modelos políticos en los ámbitos de las grandes monarquías occidentales. En particular, se ha afirmado que la administración burocrática de los Reyes Católicos, la política confesional de Felipe II, el absolutismo de Luis XIV o la Ilustración de los gobiernos borbónicos en el siglo XVIII eran modelos que habían sido copiados, o al menos se había intentado imitarlos, a un lado u otro de los Pirineos. Pero, dejando aparte la obsolescencia o no de los términos empleados, no se pueden considerar dichas afirmaciones como puramente neutrales al discurso historiográfico. En efecto, su aplicación conlleva una categorización que tiene mucho de metahistórica y difícilmente oculta sus raíces en una historia esencialista.

3Esta concepción modélica de la historia del pasado no se puede deslindar de una historia nacional que insistía en buscar un ethos particular a las propias entidades territoriales y que convierte al modelo (y por ello a la definición política, pero también étnica y cultural, del otro) en un espejo sobre el que enjuiciar los propios procesos históricos. Así la reivindicación de una recepción de la administración burocrática de los Reyes Católicos, del absolutismo de Luis XIV o de la Ilustración (con sus corolarios: el jansenismo, el galicanismo y la racionalidad administrativa) entroncaba directamente con la afirmación de que se había producido la necesaria modernización política y social, o que, caso de haberse frenado dicha recepción, las fuerzas castizas habían bloqueado exitosamente esta vía a la modernidad. Se puede dar el caso inverso, al considerar que la aplicación de un modelo determinado (el autoritarismo de Luis XIV por parte de Felipe V, el clericalismo hispano por parte del Rey Sol, o incluso el gobierno Ilustrado por los ministros de Carlos III) era un intento de ruptura radical con el devenir histórico natural de un territorio, generando políticas extrañas y ajenas a la tradición local. A partir de estas definiciones éticas, binarias y esencialistas del pasado, la realidad del modelo en sí, los cambios que implicó y los medios de recepción eran secundarios. En otros términos, se puede difuminar, reducido a un ideal tipo, cuya construcción en muchos casos depende más del propio relato histórico que de la investigación documental.

4Aceptar de forma acrítica que existía tal o cual modelo construido sobre la representación exacta de una realidad histórica es una herencia de la historiografía del siglo XIX, cuando en plena necesidad por formular una vía alternativa a lo que precisamente en ese momento se estaba modelizando como Antiguo Régimen, se iban a definir de manera estricta tanto las características de aquél como los requisitos necesarios para llegar a la modernidad. El éxito de la historia del derecho, de las instituciones y de las ideas políticas, la mímesis (más o menos confesada) hacia cierta sociología y el déficit que ha padecido la historiografía hasta décadas recientes en la historia de la práctica política y de la administración, contribuyeron a reforzar la imagen de unos modelos estrictos que definían el ser nacional y que por lo tanto eran operativos para la circulación de las formas de gobierno en la Edad Moderna.

5En las últimas décadas, la crítica de fondo de una concepción de la historia como un proceso lineal orientado a un designo peculiar de modernización (el que resultaba de lecturas expeditivas, si no deficientes, de la obra de Max Weber) ha llevado a considerar con desconfianza la aplicación indiscriminada de conceptos actuales (como burocracia, Estado moderno, absolutismo) a realidades del pasado. Esta desconfianza, que compartimos plenamente, hace que la mayor parte de los historiadores renunciaron a la idea de que existían indiosincrasias nacionales, de las que los actores históricos eran conscientes o no —la inconsciencia de los hombres del pasado permite pasar por alto lo que, en las fuentes manejadas, contradice las tesis del historiador—. Al contrario, se buscó reconstruir las comunidades políticas de antaño que correspondían a las prácticas y las representaciones de los propios actores, admitiendo que podían existir otras lógicas que la que preside a la construcción de los Estados-nación del siglo XIX, en una concepción del trabajo histórico que debe mucho a la antropología y a las sociologías del sujeto.

6No obstante esta renovación en el caso de los modelos políticos, este proceso crítico no se ha llevado a sus últimas consecuencias. Podemos atribuirlo en parte a una inevitable inercia y a la especialización de cada historiador en su terreno de investigación, que hace que si somos capaces de proponer lecturas matizadas y complejas de la historia de los territorios que estudiamos, nuestra percepción de la historia de otros territorios suele acusar un atraso bibliográfico que obstaculiza una historia comparada inteligente. Las discusiones entre especialistas de áreas y problemáticas distintas que presidieron a la redacción de este libro buscaban precisamente paliar esta dificultad. Pero, además de esta razón práctica (se podría resolver si tuviésemos la oportunidad de trabajar más o si comunicásemos más), creemos que los historiadores acusamos cierta debilidad teórica: nos cuesta hallar una formulación que permita sustituir el vacío dejado por los modelos nacionales. Tomemos un ejemplo recurrente en este libro. Aunque casi nadie está dispuesto a romper lanzas en defensa de un modelo político francés antiguo y eficiente, dándole el contenido —anacrónico, en nuestra opinión— que le diera un Alfred Baudrillart, en la enorme producción historiográfica suscitada por el aniversario del advenimiento en España de un Borbón francés, siguen siendo de uso común la idea de que ciertas instituciones eran «francesas» o el supuesto de que unos consejeros franceses del nuevo rey sólo podían ser portadores de concepciones políticas francesas. A una versión dura del modelo político nacional, sucede una concepción blanda, en la que se considera por ejemplo que la colaboración entre actores franceses y españoles en la elaboración del amplio proyecto de reformas administrativas de los Borbones desembocó en una mezcla de los modelos francés y español. A la inversa, algunos historiadores defienden la idea de una prioridad española en las reformas que se siguen valorando como más modernas, como la implantación de una administración de tipo comisarial. Pero afirmar que los intendentes eran españoles y no franceses implica permanecer en un marco nacional. La vacilación a la hora de calificar los modelos en obra en aquellos cambios (modelo francés, modelo borbónico, modelo luiscatorceno o colbertista) da cuenta, ante todo, de nuestra incertidumbre. Los más prudentes optan por suspender el juicio, evitando mencionar modelos a la hora de proponer historias de excelente calidad de la administración de los Borbones de España en las que, sin embargo, sí demuestran que se observa un profundo cambio político.

7Sin embargo, parte de los actores que estudiamos proclaman que pretenden imitar, rechazar o adaptar fórmulas que se experimentaron en otras partes y otros tiempos, lo que revela que admiten que existen formas diferentes de hacer política. ¿Cómo dar cuenta de ellas? ¿Cabe sustituir los modelos nacionales por otros modelos? ¿En este caso, cómo definir su contenido, asegurándose que éste no es la mera proyección de las inquietudes actuales del historiador? ¿Cómo, al mismo tiempo (y al revés), evitar caer en la mera repetición de testimonios yuxtapuestos de los actores históricos, sobre lo que ellos definen como las instituciones o prácticas políticas propias de su territorio (que tendremos que delimitar) o de un modelo alternativo, que rechazan o que pretenden adoptar? Para resolver este impasse, nos proponemos centrar el estudio no sólo en los modelos y su contenido sino en la modelización, es decir en el trabajo reflexivo de construcción de modelos realizado por los actores históricos. Se trata de tomar en cuenta el significado que ellos otorgan a sus prácticas políticas e instituciones, para limitar la posibilidad de cometer anacronismos, pero sin olvidar que estos actores, igual que los historiadores, son susceptibles de desarrollar estrategias, por lo que no cabe leer su discurso con candidez.

II. — UNAS CONSTRUCCIONES ESTRATÉGICAS

8Tomar en cuenta las representaciones que los propios actores históricos tienen de las reglas de su juego político o del de los demás, «aunque se equivoquen», puede contribuir a preservarnos contra lecturas arbitrarias y anacrónicas, prestando importancia a lo que para ellos es irrelevante, y al revés. Pero esto no significa renunciar al esfuerzo interpretativo, para hacer un mero collage de citas sobre las representaciones políticas de los hombres del pasado. Al contrario, nos parece importante dar toda la medida de las estrategias a la vez discursivas y políticas que desarrollan a la hora de construir lo que llamamos modelos.

9Los actores han conceptuado la realidad en el pasado para darle una coherencia que se veía fuertemente condicionada por el propio punto de vista de quien la enunciaba. La propia naturaleza polijurisdiccional, aditiva, compositiva y compulsiva de la administración y del derecho en la primera Edad Moderna, hacía que resultara muy complejo definir esa realidad como un todo ordenado, a no ser que se insistiera únicamente en aquellas parcelas o instrumentos que se consideraban estructurantes al conjunto. Elementos que bien se podían resumir en la dignidad del rey y su plasmación sobre el territorio, por lo que en muchos casos, al menos hasta el siglo XVIII, más que en la reforma concreta de la administración local, es en la definición del carisma regio, efectivo o figurado, donde más funcionaron las argumentaciones con base justificativa en ejemplos externos.

10Por supuesto, la definición de un modelo a partir de una realidad política foránea está lejos de suponer la comprensión perfecta de dicha realidad. En muchos casos, lo que los historiadores presentaron como la categorización ejemplar de un medio administrativo más justo, más moral o más eficaz, en la práctica era simplemente la formulación de un discurso a partir de la selección de aquellos elementos que mejor casaban con las aspiraciones de quien lo producía. De esta forma el modelo se convertía en un instrumento de legitimidad probada de quien lo sostenía, que ahora no sólo podía argumentar que su opción era la mejor, sino autorizarla por la experiencia y el éxito del espejo en que supuestamente se estaba reflejando.

11El modelo se hacía por lo tanto con una finalidad de consumo interior construyendo un ideal tipo que era inteligible para quienes simpatizaban con él. Así, las formulaciones más definidas, en positivo y en negativo, sobre el sentido y la existencia un proyecto político hispano en el momento de máxima proyección político-confesional de la Monarquía de Felipe II fueron enunciadas por sus partidarios bien en territorios periféricos de la monarquía, bien en el exterior o bien entre las comunidades de refugiados políticos que se instalaban en sus dominios. La monarquía se identificó como un modelo político por gobiernos débiles (María de Médicis en Francia o Jacobo I - VI en Inglaterra-Escocia) que buscaban argumentar que sus atribuciones como ostentadores del poder soberano debían ajustarse a las que tenía el Rey Católico, sublimado a una figura de poder casi universal, que poco tenía que ver con el triste espectáculo de la dependencia creciente que la corte de Valladolid-Madrid tenía de la nobleza, de los financieros y de las Cortes. El mismo origen instrumental tuvo la concepción de la monarquía que sería presentada como una bestia amenazante cuya naturaleza era la represión, la disolución de sus vecinos y la extensión de la violencia, la sangre judía y el ateísmo. Este contradiscurso estuvo presente en aquellos territorios donde la monarquía contó con importantes apoyos para desarrollar su proyección confesional, Desde luego, la política de antimodelo también tenía un consumo interior, buscando deslegitimar a esos partidarios del rey de España y, con el tiempo, cristalizaría en lo que se ha entendido como Leyenda negra.

12La ventaja de contar con un modelo francés durante las primeras décadas del gobierno de los Borbones fue que se podía dar una visión ordenada a dichas transformaciones previas e introducir algunas innovaciones verdaderamente «francesas»; sobre todo la irrupción de una Maison du Roi en la administración militar y territorial de la monarquía; lo cual, dicho sea de paso, era cualquier cosa menos una modernización de la administración. Los ministros de Felipe V (y muchos historiadores siguieron ese camino) podían argumentar la renovación esencial y necesaria del gobierno como algo nuevo, fundado en el ejemplo ofrecido por Luis XIV, que oponían a la forma de gobernar de los Austrias españoles —otra cosa es que ciertos historiadores hayan querido asimilar el ejemplo de Luis XIV a un modelo «francés» que concibieron como más racionalizador y moderno, conceptos ajenos a las representaciones de los actores de este cambio político. En todo caso, los contemporáneos sí insistieron en la diferencia abismal entre las formas de gobierno de los Habsburgos españoles y la de Luis XIV, para justificar la necesidad de un cambio dinástico. En cambio, a la hora de proponer reformas concretas, insistían más bien en la proximidad entre las disposiciones que promovían y lo existente en España, diluyendo la oposición anterior. Esto confirma que los modelos eran también y lo eran esencialmente, un argumento retórico.

13Dado su consumo esencialmente interno, la creación de un modelo político implicaba una necesaria traducción a la cultural administrativa local de los supuestos sobre los que éste se basaba. En muchos casos dicha operación trajo consigo una importante desnaturalización del sentido de las propuestas que se realizaban, lo que invita a reflexionar sobre hasta qué punto los modelos propuestos tenían más de argumento que de real deseo de mímesis. Es bien sabido que la admiración oficial de la Ilustración española hacia los filósofos franceses obviaba recordar los contrapesos políticos que tenían que confrontar los monarcas en Francia o Inglaterra; resulta difícil suponer que los ministros ilustrados españoles estuvieran por la conversión de los tribunales regios en Parlamentos venales o favorables a la reducción del poder legislativo del Rey Católico. La construcción del modelo implicó igualmente en este caso la posibilidad de seleccionar en él aquellos elementos que se podían considerar como eficaces para la política interior, descartando o silenciando, esos otros que resultaban molestos o cuando menos inoperativos para los proyectos políticos de quienes proclamaban asumir un modelo determinado.

14Las estrategias de los actores obligan a la prudencia a la hora de interpretar sus discursos y sus actitudes políticas. Los ejemplos que acabamos de evocar confirman que es útil preguntarse si, más allá de mencionar un modelo, le atribuyen un contenido concreto e identificable. Por otra parte, conviene contextualizar las modelizaciones estudiadas, preguntándose en particular a qué fines responden. Esta forma de aprehender el estudio de la modelización, por lo tanto, rechaza una historia serial que se basaría en la recopilación de lo que se repite de un texto (o imagen) a otro para reconstruir, gracias a un elenco de citas sacadas de su contexto, tópicos o «ideas dominantes» de una sociedad. En esta medida, nuestra propuesta comparte la orientación que Christian Jouhaud dio a su historia de las Mazarinades y la de los promotores de una historia de la producción de los libros y de su lectura. Asimismo, la consideración que el historiador otorga a los actores y a su trabajo reflexivo obliga a solicitar todo tipo de fuentes, sin establecer distinciones a priori entre ellas en función de criterios actuales (como su grado de complejidad y elaboración teórica, por ejemplo). Así, la nota marginal de un oficial de secretaría puede ser tan esclarecedora como un panfleto o un tratado de Fenelon a la hora de preguntarse cuáles son los modelos políticos eficientes para los actores. La variedad de las fuentes manejadas en este libro ofrece una buena aplicación de esta idea.

III. — UNOS ESPACIOS POLÍTICOS EN CONSTRUCCIÓN

15¿Cómo entender la circulación, la recepción o la adaptación de modelos? Como ya se ha indicado el principio de inteligibilidad era central para comprender hasta qué punto un entramado administrativo, o su representación interesada, podía ser asumido como una propuesta programática de acción política. La existencia de una cultura política más o menos común a los territorios europeos occidentales era un elemento decisivo para comprender cómo en muchos casos lo que se proponía como modelo a partir de la experiencia foránea, no era sino una opción existente dentro del propio marco local, una opción que ahora se revestía con el argumento de la oportunidad. Esto no quiere decir que no existiera la circulación de dichos supuestos ni que ésta recayera en muchos casos sobre passeurs culturales, diplomáticos o políticos; pero tan importante como la actuación de estos agentes era la capacidad de la sociedad de acogida de recibir y apropiarse de unos principios de actuación bajo el enunciado y la justificación de un modelo nominativo determinado.

16La aplicación de experiencias políticas no tenía necesariamente que ser limitada a territorios con diverso soberano. La investigación reciente muestra como dentro de la propia Monarquía hispánica circularon planes de mejora fiscal o de reorganización (sobre todo ligados a la milicia no profesional) entre los diversos reinos ibéricos e italianos. Constituyéndose de esta manera un espacio de reflexión común y un estado de opinión entre los diversos agentes que gobernaban el imperio. Realmente hubiera sido difícil que las cosas pasaran de otro modo, ya que la movilidad de los servidores regios entre los principados periféricos y la administración central implicó también la circulación de los medios que ellos conocían de cómo se debían hacer las cosas. Al depender la monarquía esencialmente de los agentes especializados cuyas carreras se desarrollaban en múltiples escenarios, se iba construyendo, en muchos casos de forma no necesariamente intencionada, una cultura política global en la que, con sus singularidades, se podían reconocer los miembros de la administración regia. La centralización de las decisiones jurídicas y políticas reforzaba y ahondaba dicha tendencia. Esto sucedía a la vez que las elites de cada reino y señorío reafirmaban su capacidad de negociación con el rey afirmando que su poder, resultado de un proceso histórico complejo y en muchos casos aleatorio, contaba con un valor esencial fundado en el derecho inmemorial y contrapuesto al de otros territorios. Dicho sea de otro modo, habían generado una automodelización que requería de la identificación en negativo del desarrollo de los procesos de otros territorios.

17Otro medio de traslación más voluntariosa era la extrapolación política de una realidad a otro territorio. Este proceso significaba un proceso de modelización en el que el agente que la realizaba era al mismo tiempo el traductor y el divulgador. Cuando a principios de la década de 1560 Felipe II quiso redefinir su posición como soberano de los Países Bajos, lo hizo aplicando aquellos elementos que habían reforzado el poder regio en Castilla unas décadas antes (la Inquisición «a la española» y un control directo del clero); lo que estaba lejos de significar una reconstrucción política global, simplemente la reorientación de la administración local desde prácticas administrativas que eran consideradas como normales por parte del gobierno del hijo de Carlos V. No siempre tenía que tratarse de lo que se ha venido en denominar relaciones centro-periferia, en la que la segunda sería una simple paciente de las pulsiones de la corte. Por el contrario, los procedimientos de reforzamiento de un poder regio más coactivo parece que se probaron inicialmente en los ámbitos fronterizos donde los reyes contaban con una sobrerrepresentación de su autoridad y poder. Era en esos espacios, y bajo la urgencia justificativa de la guerra, que los castigos a ciudades o la supresión de privilegios eran posibles para una administración en general débil. Cuando la revolución fiscal puso en manos de los soberanos los recursos necesarios para desarrollar una política mucho más muscular y ejecutiva, estos antecedentes (que en su momento habían sido puramente excepcionales tanto en términos jurídicos como prácticos) fueron muy útiles para proclamar que ésa era la verdadera forma de gobierno universal. Ya se ha evocado en otras publicaciones el castigo de Amiens en 1597 como elemento decisivo para comprender la genealogía de la represión borbónica en la Guerra de Sucesión española. Igualmente hay que considerar que este conflicto significó la extensión del conflicto militar a ámbitos que la política de los Habsburgo había alejado la guerra, al menos la de gran envergadura, durante casi ciento cincuenta años. La militarización de estos territorios supuso también la llegada de agentes regios (militares, jueces, administradores, vivanderos…) formados en espacios donde la gestión cotidiana del poder era mucho más ejecutiva y comisarial. Con ellos llegaron nuevas prácticas y una profunda incomprensión hacia unos poderes locales que concebían aún la política desde una perspectiva más jurisdiccionalista. Realmente unos y otros podían pensar que estaban frente a dos modelos diferentes, cuando en la práctica posiblemente eran dos realidades de un mismo marco político que ahora se confrontaban por el cambio de coyuntura.

18Respecto a la recepción de modelos externos —un elemento que obviamente resulta central a este volumen—, ésta dependía del tipo de agentes a través de los que fluyera la información. Se pueden comparar el punto de partida y el de llegada de este volumen: la hispanofilia de la Liga y el gobierno francés de Felipe de Anjou. La idealización oportunista de la Monarquía hispánica tuvo en las últimas décadas del siglo XVI un fuerte carácter subversivo, ya que dio al movimiento insurreccional católico un ideal de realeza construido sobre una serie de supuestos que le podían resultar enormemente atractivos y que bien se podían resumir en el ejercicio carismático de la realeza fundado en la intolerancia confesional y el respeto a la Iglesia. La influencia llegó a través de clérigos, militares y comerciantes que trasladaban hacia el reino de Francia las formas de un catolicismo ibérico sólo en parte contrarreformista. Además, se contaba con un antimodelo que realzaba la necesidad de construir este ideal, como era el que los exiliados ingleses residentes en París, Reims o Ruán elaboraron sobre el gobierno de los Tudor. La influencia francesa en la corte de Felipe V es el caso contrario, no se trata de una propuesta que se construye desde la base, sino de un mecanismo de reconstrucción administrativo articulado desde el poder y bajo la legitimidad de un soberano que no dudaba en presentarse como un verdadero rey de guerra. Los agentes dinamizadores no tenían nada de subversivo; en muchos casos eran ministros franceses delegados en España, aunque a ellos se sumaban miembros de la administración central y territorial de la monarquía que vieron en las reformas administrativas la posibilidad de mejorar su propia posición. Todavía está por estudiar el efecto que en la aceleración de esta política tuvo la incorporación a ella de servidores del rey que llegaban a la Península procedentes de territorios europeos que acababan de caer bajo el control de Carlos (III) de Habsburgo o de sus aliados. Con ellos llegaban especialistas en un gobierno más militar y con experiencia en la gestión directa del poder regio.

19Asumir un modelo u otro era defender un deber ser político. La necesidad de buscar este ideal de gobierno fuera era síntoma de la crisis o del agotamiento del propio paradigma de legitimidad, lo que contrastaba con aquellos poderes más fuertes donde el ideal se solía buscar en un pasado más o menos remoto. A fin de cuentas, aceptar un modelo o atribuirlo a los rivales políticos era un medio claro de sostener la necesidad de realizar cambios, de proclamar una opción concreta de actuación.

20El éxito político iba en parte ligado a la capacidad de difusión e identificación que dicho modelo podía tener. Para ello no sólo debía ser comprensible, sino que también debía ser un medio para vehicular las expectativas de grupos lo suficientemente amplios como para sustentar una opción política, sin que se activaran los medios de denigración de la misma bajo la acusación de ser extraña o agresiva con la realidad política local. Como en todo conflicto político, lo que subyacía era una posición de fuerza, y la victoria militar o faccional de un grupo que se justificaba bajo la legitimidad de un discurso modélico conllevaba casi de forma invariable el desencadenante de nuevas adhesiones al mismo, aunque éste estuviera vaciado de contenido y reducido a un enunciado voluntarista. La reforma de la administración por los Borbones se podía sostener con más ahínco desde el momento en que quedó ligada a un triunfo militar, lo que abría espacios de promoción social a quienes se distinguían del resto de sus servidores por afirmar su implicación directa con esa nueva forma de gobernar. Lo que en principio era supuesta mímesis política, ahora era oportunidad social a través de la adhesión personal. Es evidente que la existencia de esa cultura política común y de los cambios administrativos que se habían dado en las décadas anteriores hizo que existiera esa masa disponible y que la apropiación por ella del discurso de modelización fuera viable.

21La circulación, adopción o adaptación de modelos implica, por lo tanto, una mínima compatibilidad entre el modelo de partida y el que se va adoptando o adaptando, ya que los actores que cambian de modelo tienen que entender el nuevo modelo, y no solamente tener interés en él. En otros términos, parece evidente que unos modelos políticos sólo pueden circular en espacios que comparten una misma cultura. Sin embargo, si esta afirmación pasa límpida en su expresión literal, resulta más difícil darle un contenido. De hecho, no siempre se hace una diferencia neta entre modelo y cultura, lo que podría dar lugar a equívocos. Esta constatación lleva necesariamente a plantearse hasta qué punto los modelos no son sino instrumentos (ni casuales, ni neutros) para apoyar la orientación determinada de una política que llevaba en su propia naturaleza las tendencias de dicha evolución. El modelo, o mejor será decir la modelización, es un mecanismo de reforzamiento de legitimidad que debe ser aprehensible y contar con suficientes apoyos sociales para ser realizable. La invitación es pensar el mundo occidental como un espacio de desarrollo político-administrativo construido sobre una base común (reforzada por continuos intercambios y fricciones) que bien podemos llamar una cultura político-administrativa compartida que necesita de la argumentación modélica y del reflejo competitivo respecto al poder hegemónico para reajustarse en cada una de sus realidades locales. Por supuesto, dicha propuesta de análisis debe superar el mero ámbito de las grandes monarquías católicas e incorporar a las potencias atlánticas y a los principales italianos y de Centroeuropa, para ver si esta reflexión desde los modelos (la verificación de su recepción o rechazo) se convierte en una vía para detectar otras continuidades y rupturas en un mundo que ya no era monoconfesional.

22El estudio de la circulación de modelos políticos contribuye, por tanto, a ofrecer una visión del Antiguo Régimen más dinámica de lo que se ha asumido hasta ahora, en el que se observa un trabajo constante para definir las reglas del juego político, aunque sólo sea para prolongar la tradición. Ciertos objetos se prestan bien al estudio de la modelización por parte de los actores. Este libro ofrece numerosos ejemplos al respecto. Sin embargo, en las discusiones que presidieron a su elaboración, también se tomó la medida de lo que queda por hacer. Así, las diásporas y los exilios, los agentes del poder que circulan entre diversos territorios, los territorios que cambian de soberanía, en particular los territorios franceses agregados a la monarquía española (los que conocen la suerte contraria son mejor conocidos) siguen ofreciendo espacios a explorar.

IV. — HISTORIADORES Y MODELOS POLÍTICOS

23Las aproximaciones, que vertebran este volumen, asumen la necesidad de utilizar la modelización como instrumento analítico, pero también la de comprenderla como un fenómeno histórico en sí mismo, un elemento constitutivo de la búsqueda de legitimidad política y operativo en los conflictos que se desarrollaron en este marco. La producción intencionada de un modelo político por las elites valencianas o por el cardenal Granvela, la apropiación por la corte de los Archiduques de una política contrarreformista, la recepción difícil en la Nueva España de la política del conde-duque de Olivares, la flexibilidad de los conceptos de conquista y repoblación o las vías de circulación de una nueva ciencia de la legislación son otros tantos caminos para comprender que los modelos políticos eran construcciones culturales en las que los agentes sociales que las gestionaban tenían un papel determinante. De igual manera las formas de recepción de los modelos bien sea a través de las propuestas sobre cómo gestionar una Francia «verdaderamente católica» en 1588, de la sufrida práctica de los agentes del Franco Condado ante la corte de Versalles, de la formación de una nueva administración regia ibérica en el siglo XVIII o de los antecedentes que ésta pudiera tener respecto a la centuria anterior. En suma, la aplicación misma de un modelo (con sus límites, contradicciones y conflictos) formaba parte del campo de la práctica política. Por lo tanto, cabe preguntar si realmente eran tan diferentes las tradiciones administrativas española y francesa.

24La historia que se dibuja de esta manera es mucho más compleja que la simple enunciación de la traslación de modelos bien definidos que eran más o menos copiados por parte de los poderes vecinos. El propio ejercicio de formulación, transmisión, recepción y adaptación implicó otros tantos momentos en los que se desencadenó una lucha, más o menos explícita, por determinar qué significaban y quien debía interpretarlos. Para dicho proceso se movilizaban tanto las estructuras de poder, como las baterías conceptuales compartidas dentro de la cultura político-administrativa común; aunque se conservara una coherencia de origen (retroalimentada por la apropiación que de los modelos hacía cada generación), el resultado no era una naturalización, sino una simple re-invención, de la propuesta original. La aplicación y la circulación de los modelos como vehículo de las aspiraciones y expectativas sociales y políticas parece un campo de análisis histórico particularmente rico para comprender cómo funcionó la política en los tiempos modernos.

© Casa de Velázquez, 2010

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