1A lo largo de la Edad Moderna el ejército sirvió como un gran espacio de oportunidad para la movilidad geográfica, la movilidad social y la transferencia de individuos desde las elites locales hacia importantes puestos de la institución militar y de la administración central del Estado. El ejército funcionó como una dinámica palanca que posibilitó a los actores sociales salir del reducido marco de la comunidad y local y acceder hasta las más altas instancias de gobierno de la monarquía. En España, la carrera de las armas, por su propia razón de ser y por la omnipresencia de la guerra, se erigió en uno de los principales espacios para el ascenso social, sobre todo porque el disfrute de empleos de la oficialidad superiores al grado de capitán comportó una consideración social y, a menudo jurídica, asimilada a la hidalguía (Morales, 1988).

2Hasta no hace mucho tiempo, siguiendo a la historiografía tradicional, y a lo que establecían las propias ordenanzas militares, siempre se había pensado que la senda de la oficialidad, reservada a los que ingresaban como cadetes y acreditaban su hidalguía, había sido la única forma de acceso a la carrera militar en el siglo XVIII. Las normas, las extensas ordenanzas que, siguiendo el modelo de Francia, forjaron el ejército de nuevo cuño durante los primeros años del reinado de Felipe V, habían establecido un nuevo escalafón militar en el que se contemplaban dos formas de acceso a la milicia con sendos horizontes de futuro bien diferenciados en razón al origen social y que, de forma inequívoca, tenían como objetivo fundamental prestigiar la carrera de las armas. Un soldado, de origen plebeyo, que pretendiese alcanzar el grado de oficial, debía seguir una carrera lenta y tortuosa, cuyo límite se situó en el umbral del grado de capitán y, tan sólo excepcionalmente, en el de teniente coronel. En el polo opuesto, quienes tuviesen medios suficientes como para sustentarse con decencia mientras servían como cadetes y, además pudiesen acreditar un origen social noble –como mínimo hidalgo-, tenían ante sí la perspectiva de una carrera rápida y privilegiada que les permitía acceder a los empleos del generalato (Andújar, 2004a). Por tanto, y siempre según las ordenanzas, la sangre, el origen social, actuó como elemento vertebrador de la institución militar que la nueva dinastía borbónica trató de “dignificar” al crear un espacio reservado para la nobleza, llamada a ser ahora, una vez disueltos por completo los vínculos feudales con el monarca, en una nobleza de servicio que debía hacer de la carrera de las armas su principal profesión. Sobre el papel al menos, la cuna y el linaje, por encima de cualquier otra consideración, incluso de carácter profesional o técnico, se convertían así en los ejes de regulación social de una institución militar que debía ser fiel reflejo de la sociedad de la que emanaba.

3Sin embargo, recientemente hemos demostrado que la venalidad de los cargos militares funcionó también como forma de acceso a esos puestos de la oficialidad, de tal modo que cualquier individuo podía adquirir directamente un empleo de capitán e incluso de coronel sin conocimiento alguno de la profesión (Andújar, 2004b). Desde luego, el fenómeno ni era nuevo en los ejércitos hispánicos (Rodríguez, 2007) ni en otros ejércitos europeos de la época (Drevillon, 2005). Cuando se compraba un empleo militar las exigencias sociales se resquebrajaban para dar paso al “mérito del dinero”. Esta especial vía de acceso a la milicia permitió no sólo un amplio proceso de movilidad social sino también geográfica. Familias en ascenso desde hacía tiempo, campesinos enriquecidos, algunos miembros de los patriciados urbanos, así como familias procedentes de capas burguesas que pretendían ascender con inusitada rapidez, se lanzaron a la compra de empleos militares. Muchos grupos familiares, una vez conseguido el acceso a la elite local de poder mediante el control –entre otros medios, a través de la compra– de las regidurías, se lanzaron a la adquisición de empleos en el ejército que proporcionaran lustre al linaje y que permitieran a sus miembros pasar al servicio del monarca en una profesión que, en primera instancia, tenía como principal dedicación la guerra pero que, en sus grados más altos, permitiría a quienes los alcanzasen ejercer hasta los más importantes empleos de gobierno político de la monarquía.

4Para las oligarquías asentadas en los ayuntamientos, la compra de un empleo militar representaba la oportunidad de afianzar su posición social en la esfera local, e incluso ampliarla, situando a un familiar en la carrera de las armas. Muchos miembros de esas oligarquías habían comprado durante el siglo XVII regidurías perpetuas con motivo de los acrecentamientos de oficios y de las transacciones privadas que la monarquía solía autorizar2. Enrique Soria ha explicado en diversos estudios cómo las ventas de oficios municipales sirvieron para reestructurar la ordenación social de los cabildos de los reinos castellanos, permitiendo el ingreso en la institución de numerosos grupos de advenedizos, entre ellos, los judeoconversos (Soria Mesa, 2004: 217-224). De este modo, la venalidad de las regidurías concejiles, en términos cuantitativos, habría sido el principal motor de ascenso social en la España del Antiguo Régimen, si bien los recientes estudios de Antonio José Rodríguez y de Antonio Jiménez Estrella para los siglos XVI y XVII comienzan a alumbrar luz sobre ese otro gran “trampolín social” –siguiendo la expresión acuñada por Mauro Hernández– que fue la venta de empleos militares (Jiménez Estrella, 2007).

5Por otro lado, para las capas sociales que no detentaban empleos en los ayuntamientos, el horizonte de oportunidad fue mayor aún, porque el disfrute de empleos de alta graduación de la oficialidad supuso la posibilidad de obtener el siempre anhelado ascenso interestamental, pues el reconocimiento social que tenían los galones superiores al de capitán tuvo su mejor reflejo en el acceso al selecto universo de los caballeros de hábito de las Órdenes Militares.

6Por tanto, a todos estos grupos sociales el dinero les permitió salir de la comunidad local e integrarse en una profesión, la militar, que abría un alentador horizonte social y profesional. Mediante una inversión monetaria, las familias tuvieron la oportunidad de situar directamente a sus vástagos en grados de la oficialidad del ejército, pues se podía adquirir, sin haber desempeñado los empleos anteriores, desde una subtenencia hasta un empleo de coronel. No en vano, la clave de todo el sistema, la trascendencia de la venalidad de los empleos militares, estuvo en el escaso control social que ejercieron sobre los compradores quienes vendían los cargos militares. El dinero siempre vencía todos los obstáculos y, en este caso, permitía abrir por una vía indirecta la puerta hacia la promoción en la sociedad del privilegio. Mientras que en los regimientos el ingreso como cadete obligaba a exhibir ante el coronel del regimiento – y por delegación suya ante el sargento mayor – la posesión de la hidalguía, cuando se vendían empleos militares, los comisionados, ora fuesen los levantadores de regimientos, ora los intermediarios que los enajenaron en algunas ocasiones directamente desde las oficinas reales, ejercían un menor control social – a veces inexistente por completo – sobre los individuos que pretendían comprar sus cargos, porque lo que primaba era vender su mercancía, esto es, las patentes en blanco de oficiales que previamente había firmado el rey para su enajenación.

7Durante el siglo XVIII, desde una perspectiva cronológica, se pueden definir dos etapas claramente diferenciadas de procesos venales en el seno de la institución militar. Por un lado, los primeros años del siglo, con motivo de la Guerra de Sucesión, cuando son los municipios y reinos los que levantan los regimientos. En esa coyuntura no era preciso incluso comprar un despacho de oficial, pues se podía obtener de forma gratuita a través de un familiar asentado en una regiduría o en cualquiera de las Juntas y Cortes de reinos que hicieron servicios de tropas durante la guerra. La formación de regimientos a cargo de municipios y reinos implicaba que, una vez que las patentes en blanco obraban en poder de estas instituciones, podían repartirlas de manera “graciosa” entre sus familiares y clientelas, o bien venderlas para sufragar los gastos de formación de la nueva unidad (Díaz López, 2009: 557-569). En este último caso, la venta se podía hacer a cambio de un pago en dinero efectivo o a cambio de la entrega de un determinado número de soldados, vestidos y armados. Esa etapa, de formación con cargo a municipios y reinos tuvo su final en el año 1710. Desde ese momento, se cortó por completo el recurso a la formación de nuevos regimientos por parte de municipios y reinos, quedando reducida su labor al sostenimiento de los regimientos de milicias provinciales, es decir, al ejército de reserva no profesional (Contreras Gay, 1993).

8Finalizada la Guerra de Sucesión se produjo un cambio en el modelo de reclutamiento, pues desde ese momento todas las empresas de formación de nuevos regimientos iban a ser acometidas directamente por la Corona, en la inmensa mayoría de los casos mediante su privatización, esto es, encargándolo tanto a hombres sin experiencia alguna en la milicia como a oficiales del ejército que pretendían prosperar en el la carrera militar mediante ese servicio. Desde 1710 la formación de nuevos cuerpos de ejército adquirió más el carácter de empresas privadas, encabezadas por nobles deseosos de obtener un empleo de coronel, oficiales que buscaban un ascenso mediante el “servicio” de formar un regimiento, y empresarios privados que tenían como doble objetivo el posible beneficio en la operación mercantil y su colocación al servicio del rey en un puesto de coronel que, para cualquier oficial no venal, requería largos años de vida castrense.

9No obstante, es preciso delimitar diferentes tipologías de empresas venales mediante la formalización de contratos con el rey en función del número de hombres reclutados y del territorio de recluta. La pequeña empresa consistía en la propuesta realizada por un particular para “reclutar a su costa” una compañía a cambio de un despacho de capitán. Generalmente negociada para la entrega de medio centenar de hombres, el levantador se ocupaba de la recluta – y a veces del vestuario y armamento – que debía entregar en un tiempo establecido, al término del cual, cumplida su parte del contrato, percibía su despacho de capitán. La que podríamos denominar como “mediana empresa” reclutadora – la más extendida – suponía la firma de un asiento para la entrega de un regimiento completo, generalmente vestido y armado, a cambio de las patentes de oficiales en blanco de la oficialidad, incluida la del propio coronel-levantador del regimiento. Una tercera tipología de empresa reclutadora, fue la que tuvo lugar en el extranjero para conseguir soldados para las unidades extranjeras al servicio de la monarquía. Por lo general, los asientos que se formalizaron para este tipo de reclutas se reducían al pago de una determinada cantidad de dinero por cada soldado reclutado, si bien hubo algunos contratos que, además de esa forma de pago, incluyeron la entrega a los asentistas de un determinado número de patentes en blanco para su venta particular (Andújar, 2003).

La venta directa de empleos militares en la Corte

10Un primer espacio de oportunidad para acudir a ese “mercado de empleos militares” – de alcance más limitado que la venalidad relacionada con la creación de nuevos cuerpos de ejército – se encuentra en las ventas que se impulsan directamente desde la Corte, desde la Secretaría del Despacho de Guerra. En torno a la suspensión de pagos de 1739 y en el reinado de Carlos III, en el propio ministerio de la Guerra, se vendieron despachos militares que se pudieron adquirir a precios tasados en función de los grados que se pretendiesen adquirir. En la primera coyuntura, la que tuvo lugar a comienzos de la década de los años cuarenta, la venalidad de empleos militares se insertó en un ámbito más amplio de venta de toda suerte de cargos. Empleos de alférez, teniente, capitán y coronel se vendieron directamente en las oficinas regias, utilizando un sistema similar al que hemos estudiado para los principales empleos de la monarquía en la etapa de la Guerra de Sucesión, es decir, a través de una serie de intermediarios que vendían las patentes firmadas en blanco por el rey, y en el que era imprescindible conocer los mecanismos de mediación (Andújar, 2008).

11Esa venalidad de empleos militares se disimuló – y se ocultó siempre que se pudo – bajo la loable justificación de que el rey los vendía porque carecía de dinero suficiente para afrontar los gastos de recluta de soldados. Quienes pretendiesen adquirir un empleo de oficial del ejército podían pagarlo en efectivo o en reclutas, en soldados, de tal modo que una compañía de caballería podía costar 42.000 reales, o bien entre 140 y 175 reclutas. Así, entre octubre de 1744 y mayo de 1748 se desarrolló una operación venal dirigida desde la Corte, y cuyo producto se destinó a una recluta general para completar los cuerpos de infantería3. Acudieron a la cita compradores claramente identificados como hijos del personal de la administración central, segundones de la nobleza titulada, hidalgos enriquecidos que deseaban promocionar en la carrera de las armas y del honor, así como algunos miembros de la burguesía comercial de los núcleos mercantiles más activos.

12Volvió a tener continuidad este sistema de ventas directas en la Corte entre 1766 y 1774 cuando se desarrolló una nueva operación venal, esta vez más vinculada al interés por disponer de unos recursos económicos extraordinarios en la Secretaría del Despacho de Guerra más que a una necesidad efectiva de la hacienda regia. La sociología de los compradores respondió a las mismas procedencias: burguesía mercantil, especialmente gaditana, hijos de burócratas, de la administración de hacienda, de intendentes, de comisarios de guerra, pocos del propio ejército, muy pocos de la nobleza titulada, segundones de familias enriquecidas en América, y una larga nómina de hidalgos y “poderosos” aspirantes a dar el salto hacia el servicio real en la carrera del honor y de las armas. En buena parte de los casos se aprecia un denominador común: la experiencia venal de la familia.

13En el reinado de Carlos III uno de los sistemas venales que permitió la incorporación al ejército de elites periféricas radicó en la financiación de obras a cambio de patentes en blanco de oficiales de caballería, entre los años de 1767 y 1769. En concreto, la construcción de torres defensivas u obras como el faro o la aduana de Cádiz, e incluso servicios como el asiento para el suministro de colonos a Sierra Morena, representaron una oportunidad para la inversión en patentes de oficiales que iban a llevar a gentes de la periferia al servicio del rey. Familias hidalgas, o aspirantes a serlo, que residían en los aledaños de los lugares donde se habían de construir las torres y baterías no desaprovecharon la oportunidad que se les presentaba para situarse en una buena posición en el ejército (Andújar, 2002a).

14El último episodio venal, con venta directa de empleos desde la Secretaría del Despacho de Guerra, tendrá lugar en el reinado de Carlos IV con motivo de la guerra contra la Convención francesa, entre 1793 y 1795, aunque la mayor parte de los empleos militares que se enajenaron durante esos años se negociaron a través de los levantadores de nuevos regimientos. Lo más relevante de esta coyuntura finisecular estuvo en que, por vez primera, el número de empleos en venta fue superior al de aspirantes avalados por su condición hidalga. Por tanto, la Corona optó por autorizar una rebaja de las condiciones sociales, permitiendo que tan solo la justificación de la “limpieza de sangre” fuese suficiente para adquirir un empleo en el ejército. A la postre, esto venía a significar el triunfo del dinero frente al honor, el final de una larga contienda no librada en los campos de Marte sino en las instancias del gobierno político de la monarquía borbónica. Mientras en el mercado hubo compradores de origen hidalgo dispuestos a adquirir una patente de oficial del ejército real, no hubo problema alguno. Una vez que el mercado quedó saturado, se planteó un conflicto abierto en el que el dilema no tenía demasiadas salidas para los impulsores de las operaciones venales: o se rebajaban las condiciones sociales requeridas a los compradores o no se ingresarían los recursos monetarios que proporcionaban las ventas. En otros términos, o se permitía el acceso a la milicia a los grupos pequeño-burgueses con numerario suficiente como para adquirir un nombramiento de oficial o se dejarían de ingresar las sumas de dinero proyectadas. Al fin, Carlos IV acabó cediendo, al autorizar que se abriera la puerta a quienes, faltos de sangre, pero sobrados de moneda, decidieran aventurarse a adquirir un puesto en el ejército real y, de paso, un “honor” para sus casas4. Por esta puerta, numerosos vástagos de familias de la pequeña burguesía pudieron acceder hasta empleos que proporcionaban lustre y fama a muchos linajes ávidos del siempre anhelado ascenso social.

La formación de nuevos regimientos. Clientelismo y venalidad

15Mayor importancia que la venta directa desde la Corte, tuvo el acceso a la milicia mediante fórmulas venales con motivo de la formación de regimientos, unidades que solían crearse cada vez que se abría una contienda bélica. No obstante, como veremos, la formación de nuevos regimientos provocó tanto procesos venales en el acceso a la oficialidad como repartos “graciosos” de las patentes que se distribuían para “alentar” el siempre necesario reclutamiento de los nuevos cuerpos de ejército.

16Desde mediados del siglo XVII comenzaron a debilitarse los lazos que, en materia militar, habían unido a la vieja nobleza feudal con el monarca. La función reclutadora de la nobleza en sus estados, en sus señoríos, se había ido diluyendo progresivamente y el Estado debió recurrir a métodos alternativos de captación de soldados que, además, siempre debían ser de bajo coste, dadas las permanentes y múltiples necesidades financieras para sostener los distintos escenarios bélicos. En la medida en que se fue extinguiendo la figura del señor que reclutaba en sus estados, el rey recurrió cada vez más a la aportación de los municipios y reinos, e incluso a la iniciativa privada. Se adoptaron, por ende, nuevos métodos de reclutamiento que, en la mayor parte de los casos, venían a ser una forma más del permanente “intercambio de servicios” que, en torno a la economía de la gracia, funcionaba entre el rey y sus súbditos, siempre de acuerdo con una serie de convenciones particulares y mecanismos de regulación específicos (Olival, 2008). El monarca, para “alentar” el reclutamiento y para que las “personas de séquito” – léase los nobles y poderosos – de cada lugar se interesasen por enrolar soldados en las nuevas unidades, entregaba las patentes de oficiales en blanco a los “levantadores”. Se inició así la época del predominio de las “levas privadas” y “levas regnícolas o municipales”, que abrieron la edad de oro de lo que Irving A. A. Thompson calificó como “reclutamiento intermediario”, es decir, el recurso a mediadores locales y a la iniciativa privada como principales agentes en la captación de soldados para los ejércitos (Thompson, 1981: 146).

17Al iniciarse la Guerra de Sucesión, Felipe V se vio obligado a levantar un nuevo ejército, no sólo desde el punto de vista orgánico para poner fin a los viejos Tercios de los Austrias e imponer el modelo regimental importado de Francia, sino para incrementar el número de unidades, pues con el legado militar de Carlos II – a pesar de que se trata de una cuestión que la historiografía está revisando recientemente – no se podía afrontar una contienda dinástica que muy pronto revistió un carácter de guerra internacional (Rodríguez, 2009). Felipe V se vio obligado a realizar profundas reformas estructurales, pero sobre todo a incrementar en un corto período de tiempo el número de efectivos.

18Se puede afirmar que el esfuerzo militar realizado entre 1702 y 1711 no encuentra parangón en la historia militar de España, pues no se había conocido ni se iba a conocer otro período en el que se levantasen tal cantidad de nuevos cuerpos y con tanta celeridad. Pero más importante aún resulta el hecho de que ese proceso de formación de nuevos cuerpos de ejército se hizo en un contexto marcado por una profunda crisis de la hacienda real. Estimamos que en dos fases claramente diferenciadas, entre 1702 y 1705 primero, y luego entre 1710 y 1711, se levantaron en España cerca de 90 regimientos, a los que habría que sumar las nuevas unidades de infantería, caballería y dragones que se levantaron en 1702 en Flandes, las formadas en Italia, así como las que se crearon en los territorios de la Corona de Aragón antes de que se incorporaran a la causa austracista5. El resultado fue que en torno a 1714, finalizada la Guerra de Sucesión, el ejército de Felipe V contaba con cerca de 75.000 hombres, cifra muy alejada de los cerca de 20.000 que había recibido de Carlos II (Andújar, 2008b).

19Pues bien, los costes de formación de ese nuevo ejército fueron soportados por las arcas del Estado tan sólo en una pequeña parte, merced al recurso a tres métodos de “reclutamiento intermediario” que, complementados entre sí, posibilitaron reunir, en tan sólo una década, un ejército de nuevo cuño que casi cuadriplicaba al heredado de Carlos II. Los dos más importantes, por el número de tropas que aportaron, fueron los asientos con particulares – militares o no – y las reclutas con cargo a reinos y municipios. El tercero, el menos representativo en términos cuantitativos, consistió en reclutar soldados en el extranjero por cuenta del rey a cambio del pago de una determinada cantidad de dinero por soldado reclutado y, en algunos casos, de cierto número de patentes de oficiales en blanco. Igualmente, fuera del territorio peninsular, también se contrató el servicio de regimientos extranjeros – suizos e irlandeses – cuyo coste fue soportado por entero por la Corona. En todas estas materias, aunque siempre sobre la base de una dinámica perfectamente conocida en España desde la segunda mitad del siglo XVII, jugó un papel decisivo la figura del hacendista francés Jean Orry, cuyas prioridades en materia militar fueron tanto la provisión de las tropas como las tareas de reclutamiento y organización (Dubet, 2008: 152-158).

20Como hemos señalado, los dos métodos que más soldados aportaron al ejército borbónico fueron las reclutas con cargo a municipios y reinos así como las realizadas por particulares por el tradicional sistema de asientos. En realidad, ambos métodos no diferían demasiado entre sí, en cuanto que la esencia del intercambio de servicios era siempre la misma: los particulares o las instituciones se comprometían a correr con los gastos de recluta, y en muchos casos de vestuario y armamento, a cambio de percibir las patentes en blanco de la oficialidad de los nuevos regimientos que se levantaban. El proceso de negociación de los contratos entre las partes – ora fuesen individuos a título personal ora instituciones – siempre era el mismo, porque el único objetivo de la monarquía era conseguir con la mayor celeridad posible los hombres que con tanto apremio necesitaba para la guerra. El rey ofrecía las patentes en blanco de la oficialidad a cambio de la recluta de las nuevas unidades, siempre de forma proporcionada al servicio prestado de soldados y a su dotación de armas y uniformes. No obstante, durante los primeros años de la guerra, y por ende en los primeros procesos de formación de regimientos, el elemento capital de negociación entre las partes fueron los “suplimientos”, o lo que es lo mismo, las cédulas que permitían a los aspirantes a oficiales desempeñar sus empleos sin haber ejercido los empleos inferiores del escalafón al que ahora conseguían.

21La diferencia entre unos y otros asientos, los que podríamos denominar como “privados” – los contratados con particulares – y los “institucionales” – firmados con reinos o municipios– estribó en el sistema de reparto de las patentes en blanco. Mientras que en el primer caso la inmensa mayoría de las patentes – excepción hecha de las que se repartían de forma gratuita a familiares de los levantadores – se vendían por dinero o por el importe tasado equivalente mediante la entrega de reclutas, las que se entregaban a municipios o reinos para su distribución graciosa venían a reforzar el poder de las oligarquías locales y de las elites dominantes en las Juntas y Cortes de los reinos. Por tanto, ambas dinámicas comportaban procesos tan claramente diferenciados como la venalidad inherente a los asientos privados, por un lado, y el desarrollo y refuerzo de las relaciones clientelares y de patronazgo de las oligarquías en sus respectivos territorios, por otro.

22Durante la Guerra de Sucesión, los reinos que siguieron la causa borbónica y que conservaban aún sus antiguas instituciones regnícolas contribuyeron a la formación de los siguientes Tercios: cuatro en Galicia, levantados en 1704, que fueron financiados con un aumento del precio de la sal (Eiras, 2009); uno en Guipúzcoa, uno en Asturias, y tres en el reino de Navarra, aprobados por sus Cortes en 1705 (Andújar, 2004b: 54). A ellos habría que sumar los que se crearon en los territorios forales antes de que siguieran la causa austracista, caso de los levantados en el reino de Valencia, uno en 1704 para acudir en socorro de Cádiz durante dos campañas, y otro formado en 1705 por el Consell General de la capital que sería financiado con una nueva sisa sobre la carne (Pérez Aparicio, 1993: 347).

23Sin embargo, el mayor esfuerzo reclutador se hizo en los municipios, y en particular en los municipios andaluces, que sintieron más cerca que ningún otro territorio de la monarquía el peligro de la guerra, primero con el desembarco de tropas anglo-holandesas en la bahía de Cádiz en agosto de 1702 con la intención de apoyar la candidatura al trono español del pretendiente de la Casa de Austria, y luego con la toma de Gibraltar por las tropas inglesas en el verano de 17046. Nuestros cálculos son que, entre regimientos de milicias y unidades para el ejército permanente, como mínimo se levantaron en Andalucía 27 nuevos regimientos – 22 de infantería y 5 de caballería – entre los años de 1702 y 1705, a los que habría que sumar los que a título privado formaron reclutadores en ese mismo territorio (Andújar, 2004b: 441).

24Si bien en algunas ciudades y poblaciones de cierta relevancia surgieron algunos nobles7 – y aspirantes a promocionar en el seno del estamento nobiliario – que asumieron la tarea de reclutar, los elevados gastos de creación de los regimientos fueron soportados por los municipios, bien con cargo a sus propios recursos, bien autorizando algún incremento impositivo, o bien enajenando patrimonio de los concejos y recurriendo a préstamos. La contrapartida para las oligarquías locales que, desde los ayuntamientos controlaron el reparto de las patentes que el rey enviaba para “alentar” la formación de los nuevos cuerpos, fue que dispusieron de una oportunidad excepcional para promocionar en la escala social. Regidores, caballeros veinticuatro, e incluso algunos corregidores aprovecharon para colocar a sus parentelas y clientelas en los puestos de oficiales de los regimientos sin que para ello fuese necesario acreditar experiencia alguna en la milicia.

25Los objetivos de la Corona estaban claramente definidos. Con el fin de que las oligarquías locales aportasen los necesarios hombres para los nuevos regimientos, se permitía que una buena parte de las patentes en blanco que se remitían a los municipios pudiesen recaer en “caballeros naturales” que fuesen “personas de séquito”, es decir, “poderosos” que por sus propios medios o a través de sus clientelas pudiesen incentivar las labores de reclutamiento. Con los despachos de oficiales firmados en blanco por el rey, las oligarquías urbanas instaladas en los ayuntamientos podían proceder a la distribución graciosa de las patentes entre sus familiares y clientelas, reforzando así su poder en el seno de los ayuntamientos. De este modo, quienes habían accedido al poder local durante el siglo XVII mediante la compra de las regidurías concejiles, podían consolidar ahora su prestigio social al desempeñar cargos que, aún con el riesgo de la guerra inmediata, honraban a sus titulares, sobre todo desde el grado de capitán hacia arriba. En ese sentido, la guerra jugó un papel decisivo en los procesos de movilidad social ascendente, incrementados ahora durante la Guerra de Sucesión por el elevado número de regimientos que se levantaron entre 1702 y 1711.

26El reparto gracioso de las patentes – aunque en algunas ocasiones éstas fueron objeto de compraventa – incrementó el poder de las oligarquías locales que reforzaron sus relaciones de patronazgo en el seno de los concejos. Si así lo acordaba un ayuntamiento, sin que se tuviese ninguna experiencia en la milicia, merced a esos títulos que el rey había firmado en blanco, un individuo podía convertirse de la noche a la mañana en capitán de infantería o caballería y mandar una compañía de medio centenar de hombres. Simplemente bastaba con que los títulos en blanco fuesen cumplimentados con los nombres de quienes tuviesen más dependencia y/o ascendencia sobre las elites locales que dominaban los ayuntamientos. Del estudio de numerosas hojas de servicios de oficiales que ingresaron en el ejército durante la Guerra de Sucesión, se desprende que, en muchos casos, despachos de capitán, e incluso algunos de coronel, fueron el primer empleo militar en su carrera para muchos oficiales del ejército borbónico. A modo de ejemplo, puede citarse el caso de Francisco Agustín de Villavicencio, cuyo primer empleo en la milicia fue el de capitán del regimiento de infantería de Arcos, obtenido en mayo de 1704 con motivo de la formación de dicha unidad8, o el de Pedro Ignacio Patiño que comenzó a servir en abril de 1703 como capitán del regimiento de caballería de Andalucía9. Mayor graduación obtuvo el gaditano Salvador José Roldán Villalta, quien a los dieciséis años de edad, consiguió vestir los galones de teniente coronel del regimiento de infantería que levantó la ciudad de Cádiz en 1704, en lo que, como es obvio, fue su primer empleo en la milicia10. Las posibilidades eran tan infinitas como que directamente se podía comenzar a servir en el ejército como coronel, cual sucedió en el caso de Antonio Tomás de Salcedo, hijo del corregidor de Cordoba, Francisco Antonio Salcedo, quien fue nombrado en 1704 coronel del regimiento de Lucena, merced a la recluta realizada por su padre para la formación de dicho regimiento11.

27De hecho, la alta “cotización social” de los empleos de oficiales del ejército, unida a la integración en el servicio al rey, a las posibilidades de un futuro profesional dentro de la milicia y la percepción de los correspondientes salarios, provocaron numerosas disputas por el reparto de las patentes en los ayuntamientos. En juego estaban demasiadas cosas como para que las oligarquías locales dejaran pasar la ocasión de ejercer la capacidad regia de nombrar oficiales del ejército – potestad reservada exclusivamente al monarca – aprovechando que el rey había firmado nombramientos en blanco de anónimos sujetos. No en vano, el reparto de esas patentes suscitó numerosos enfrentamientos entre las oligarquías locales en algunas ciudades andaluzas. Es el caso de Granada en 1702, cuando la formación de un regimiento de caballería despertó la codicia de numerosos capitulares, dispuestos a recibir de forma graciosa las patentes o a adquirirlas mediante la entrega de una cuantía de caballos equivalente a la compra del grado de capitán. La misma circunstancia se volvió a repetir en 1705 con ocasión de la formación de otro regimiento de caballería que provocó un conflicto en el cabildo por el reparto de las patentes en blanco entre los principales bandos de caballeros veinticuatro que trataron de acaparar para sus hijos el mayor número posible de ellas (Andújar, 2007a).

28De este modo, la distribución de patentes por parte de los capitulares de los municipios venía a incrementar el capital simbólico acumulado por las familias que los controlaban. Por su parte, para aquellas familias que atesoraban honores y cargos desde antiguo, el reparto de patentes venía a ser la gran oportunidad para incrementar el prestigio familiar al colocar a sus miembros en los reputados empleos militares. Los hidalgos que ocupaban las regidurías municipales, con los despachos de oficiales del ejército en sus manos, podían hacerse con los ansiados hábitos de las órdenes. Los advenedizos, los de sangre de dudoso origen que habían iniciado su “carrera social” al comprar las regidurías, tenían ahora una excepcional oportunidad para progresar un su ambición social.

29El peligro de la contienda bélica, la inmediatez de la guerra, no fueron rémoras suficientes como para detener esa avidez de las oligarquías locales. A las nada despreciables expectativas sociales que se abrían con los despachos de oficiales del ejército, se sumaban las perspectivas de futuro en el servicio del rey. Ingresar en la milicia desde puestos de oficiales abría una prometedora senda de futuro para muchas familias de la periferia peninsular. Sin tener que haber servido los empleos inferiores de la milicia se adelantaban numerosos años en la carrera profesional, se podía acceder con mayor celeridad al grado de coronel – cuando no se había conseguido directamente con motivo de la formación de un regimiento – y se abría un horizonte de servicio a la monarquía en espacios que excedían del ámbito estrictamente militar. Como hemos señalado en otro estudio, alcanzado ese grado del escalafón, un militar podía seguir desempeñando empleos estrictamente castrenses o bien ejercer cargos de carácter político y, sobre todo, servir los numerosos empleos político-militares que la monarquía reservó para los oficiales generales de su ejército (Andújar, 2004a: 194).

30Nada mejor sintetiza todo lo expuesto hasta aquí que una carta fechada en agosto de 1703, dirigida por el arzobispo de Sevilla – muy activo en todo lo relativo a suministrar tropas para la causa borbónica – al corregidor de Osuna. Tras agradecer la lealtad mostrada por las ciudades andaluzas, alentaba al corregidor para que se incrementasen las reclutas, a la vez que le indicaba que las dificultades se podrían vencer porque esperaba que “muchos caballeros podrán con las patentes y suplimientos levantar algunas compañías de caballos, o infantes, o parte del gasto de ellas, por cuyo medio no solo satisfarán a la obligación de su sangre sino que se habilitan y hacen mérito para mayores ascensos en el servicio de Su Majestad”12.

31Por ende, la formación de regimientos y la obtención de los despachos de oficiales por vías tan excepcionales como las descritas permitieron que numerosos elementos de las oligarquías locales se integrasen en el servicio a la monarquía. No en vano, la geografía de la formación de nuevos cuerpos durante la Guerra de Sucesión tuvo su reflejo directo en la composición de las elites militares y político-militares de la dinastía borbónica. Pero la oportunidad de aquella guerra no iba a ser la única. Años más tarde la apertura de una nueva contienda, en Cerdeña y Sicilia, obligó a un nuevo esfuerzo bélico en 1718-1719, justo cuando se acababan de desmovilizar muchos de los regimientos creados durante la contienda sucesoria. Y una tercera oleada reclutadora se abriría en 1734-1735 con motivo de las Guerras de Italia. Sin embargo, en esas dos coyunturas, así como en una cuarta operación venal desarrollada en 1742 para ampliar un tercer batallón a los regimientos de infantería, el protagonismo de las reclutas, y en este caso de la venta de las patentes en blanco, fue de levantadores particulares, con experiencia militar y sin ella, que ofrecieron su servicio de reclutar, vestir y armas regimientos a cambio de las patentes que luego venderían.

32Dejando a un lado las tropas extranjeras o de “naciones”, cuyo análisis precisaría de un estudio monográfico, se puede afirmar que durante la Guerra de Sucesión la gestación del nuevo ejército, tuvo una composición mayoritariamente andaluza, seguida de extremeños, quedando los demás reinos fieles a Felipe V en unas proporciones muy similares entre sí (Andújar, 2010). Las dos Castillas, que también aportaron diversos regimientos, tuvieron una participación inferior en relación a su población, circunstancia que se explica tal vez por el agotamiento de sus recursos humanos como consecuencia de las numerosas demandas de soldados que habían sufrido durante el siglo XVII.

El contrapeso de los cuerpos de elite de las Guardias Reales

33De modo paralelo a la creación de nuevos cuerpos de ejército, Felipe V y sus consejeros franceses acometieron una profunda reforma de las tropas que se iban a encargar de la seguridad del rey, de las Guardias Reales, mediante la creación de cuatro compañías – pronto reducidas a tres – de Guardias de Corps, dos españolas, una flamenca y una italiana, así como de dos “macroregimientos” de Guardias de Infantería, uno de Españolas y otro de Walonas (Glesener, 2005). La configuración de estos cuerpos como tropas de elite y como reducto de la nobleza tradicional supuso un notable contrapeso a la ambición profesional – y social – de todos aquellos que habían adquirido sus patentes en los regimientos ordinarios.

34Si la posibilidad de hacer “mérito para mayores ascensos” en el servicio del rey era uno de los alicientes para quienes adquirían las patentes en blanco o para quienes las conseguían de manera graciosa en la distribución que solían hacer los consejos, esas expectativas de promoción se vieron limitadas en cierto modo por la especial situación de privilegio que se otorgó desde el momento mismo de su creación a los cuerpos de las Guardias Reales y, especialmente, a las compañías de Guardias de Corps. Su proximidad al monarca, el estatuto jurídico privilegiado que gozaron, los grados superiores que disfrutaron sus oficiales en relación al ejército regular, las formas de acceso singulares que tuvieron – fue posible ingresar como exempto, grado que equivalía al de coronel del ejército de línea – y su especial consideración en el conjunto del ejército, hicieron que este “ejército cortesano” copara una buena parte de los empleos del generalato y, con ellos, los principales cargos del gobierno político-militar de la monarquía. Las estimaciones que hemos hecho para algunos años son concluyentes: tomando como referencia la promoción de oficiales generales del año 1745, del total de ascendidos en los distintos grados del generalato – brigadier, mariscal de campo, teniente general – un 55% procedían de las tropas de la Guardia Real (Andújar, 2009a). Para la totalidad del siglo XVIII, se puede afirmar que más de un tercio de los oficiales generales del ejército borbónico salieron de las Guardias Reales, y que esa proporción fue más elevada en los rangos superiores del generalato. Esas cifras se comprenden mejor aún si tenemos en cuenta que, por esas mismas fechas, las tropas de la Casa Real representaban un porcentaje inferior al 10% del total de efectivos del ejército.

35Por ende, todas las miras de los oficiales del ejército se pusieron en los privilegiados cuerpos de la Guardia Real. Para acceder a ellos se precisaba contar en el seno de esas unidades con algún familiar o paisano que patrocinase los intereses de los aspirantes, pues fueron cuerpos con elevadas tasas de endogamia en los que tuvieron un papel fundamental los capitanes de las tres compañías de Guardias de Corps y los coroneles de los regimientos de Guardias de Infantería. Al depender de ellos todos los ascensos en el seno de sus respectivos cuerpos y no tener otra autoridad superior interpuesta ante el monarca – ni siquiera la del Secretario del Despacho de Guerra-, el acceso a los mismos dependió de la configuración de redes clientelares en las que los vínculos de paisanaje jugaron un rol decisivo, y todo ello en un contexto en el que algunas familias llegaron a patrimonializar los principales empleos durante varias generaciones (Andújar, 2001: 95).

36El establecimiento de sólidas relaciones de patronazgo explica, por ejemplo, la presencia de numerosos oficiales vascos y navarros en los cuerpos de las Guardias Reales y en importantes puestos de gobierno político y militar de la monarquía. Así, entre 1703 y 1719, se produjo un constante flujo de oficiales procedentes de Guipúzcoa y de Navarra hacia las compañías españolas de Guardias de Corps y hacia el regimiento de Guardias Españolas de Infantería13. La explicación se encuentra, por un lado, en el nombramiento en 1705 de un guipuzcoano, Juan de Idiáquez y Eguía, como sargento mayor de las cuatro compañías de Guardias de Corps, un empleo de la plana mayor de las mismas que, junto con el de capitán de cada compañía, era el de mayor poder e influencia en este cuerpo14. Pero, por otra parte, no menos importancia tuvo en esa transferencia de oficiales la petición realizada por Felipe V a las Cortes de Navarra para que formaran tres regimientos de infantería en 1705, uno de los cuales acabó integrándose en el regimiento de Guardias Españolas de Infantería (Andújar, 2009b).

37La red familiar y de paisanos que Juan Idiáquez situó en las tropas de la Casa Real no fue sino un eslabón más de la vastísima red de vascos y navarros que, con Juan de Goyeneche como principal protagonista, funcionó en la Corte durante el reinado de Felipe V, y que acabó copando buena parte de los principales espacios de poder de la monarquía15. Si a título individual la figura de Juan de Idiáquez es la que explica esos vínculos vascos con la Guardias Reales, a nivel colectivo la relación de los navarros con estos cuerpos se justifica por esa transferencia de oficiales navarros en 1705 y, sobre todo, porque en 1718 y 1719, con motivo de un importante aumento del número de compañías, muchos oficiales abandonaron el regimiento de infantería de Navarra para integrarse en el regimiento de Guardias Españolas de Infantería. Nuevamente, detrás de este hecho se encuentran las relaciones de patronazgo, ejercidas en esta ocasión, por el que por entonces era el segundo mando de este regimiento, el teniente coronel José Armendáriz, marqués de Castelfuerte, quien situó a numerosos paisanos en el mismo.

38Si los vascos y navarros tuvieron una fuerte presencia en las Guardias Reales durante el reinado de Felipe V, en otro cuerpo creado en el mismo período, la compañía de Granaderos Reales a caballo, se articuló como un espacio reservado para la nobleza catalana. Destinada inicialmente a combatir como cuerpo de elite en Italia, la compañía tuvo la consideración de tropa de la Casa Real y se convirtió en un reducto de las familias de la nobleza catalana que se habían mostrado partidarias de la causa borbónica durante la Guerra de Sucesión. De este modo se gratificaba la fidelidad demostrada durante la guerra y, al mismo tiempo, se reforzaban esos vínculos al integrar a esas familias en un cuerpo de elite que se distinguía de los demás del ejército por tener la consideración de “cuerpo de la Casa Real”, sin que en realidad tuviera como función la seguridad personal del monarca. Era, sin más, un símbolo de distinción y premio hacia la nobleza militar proborbónica de Cataluña.

39Los empleos de mando de la compañía fueron acaparados por familias como los Marimón, Azlor, Alós y Amat, nucleados todos ellos en torno a la figura de su primer mando, Bernardino Marimón, quien seleccionó a sus oficiales en función de sus relaciones familiares y a sus lazos de paisanaje con destacadas familias proborbónicas. Pero a su vez, todos esos oficiales de la nobleza catalana, en 1731, momento de la formación de la compañía, procedían de la formación de un regimiento de dragones en Cataluña en 1703 por parte de José Camprodón, unidad que años después recibiría el nombre de regimiento de dragones Sagunto. Por tanto, al crearse la compañía de Granaderos Reales, quedaría vertebrada en torno a los vínculos familiares de Bernardino Marimón – con la presencia de dos sobrinos como segundo y tercer mando – y a las relaciones de amistad y patronazgo que había tejido desde que ingresara en el regimiento de Sagunto en 1705. Amigos, parientes y clientes conformarían una unidad militar que estaría llamada a tener un protagonismo de primera magnitud en las guerras de Italia, en batallas tan decisivas como la de Bitonto o la de Madonna del Olmo. Durante esas contiendas, y en los años siguientes, los oficiales catalanes que sirvieron en la compañía de Granaderos Reales fueron recompensados no solo con ascensos que le llevaron hasta el generalato sino con importantes puestos político-militares, tanto en España como en América (Andújar, 2007b).

40Pero más allá de estos vínculos territoriales que, sobre la base de lazos clientelares en el primer caso – vascos y navarros – y como recompensa a la fidelidad demostrada por un sector de la nobleza catalana – en el caso de la compañía de Granaderos Reales – los cuerpos de las Guardias Reales sirvieron como espacio para la fidelización de clientelas nobiliarias, incluidas la nobleza flamenca e italiana. Para ello, la monarquía se valió de vías extraordinarias de promoción de los oficiales de estos cuerpos que supusieron la expresión máxima del ejercicio de los atributos del patronazgo regio. En la proximidad del rey no era preciso acreditar dinero sino un acrisolado origen aristocrático que el soberano recompensaría con gran amplitud mediante la concesión de numerosos privilegios. Pero esa es una historia distinta, tan diferenciada como la que separó durante el siglo XVIII al ejército regular del “ejército cortesano”.