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A Formação e a Consolidação Política do Salazarismo e do Franquismo

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Fernando Martins

Estereotipos, Disparates y Paradojas en la Memoria Antifranquista

Fernando del Rey Reguillo

Texte intégral

La memoria histórica que nos invade

  • 1 Enrique Moradiellos: 1936. Los mitos de la Guerra Civil, Barcelona, Península, 2004, p. 224.

1La celebración en 2006 del 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República y de los 70 años del inicio de la Guerra Civil de 1936-1939, justo en el punto medio de la legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, coincidió con el renacimiento en la sociedad española del interés por aquel período, un auténtico revival que pocos años antes nadie hubiera imaginado. De hecho, en un ensayo publicado en 2004 el profesor Enrique Moradiellos, prolífico y consagrado historiador, llevado por un exceso de optimismo establecía la conclusión siguiente: “Afortunadamente para las jóvenes generaciones españolas actuales, aquel lejano, distante y brutal estruendo de la guerra civil de 1936 es definitivamente materia de la Historia (y legítima ocupación profesional casi exclusiva de los historiadores y analistas sociales)”.1

  • 2 La presencia de la guerra en la Transición a la democracia española, en Paloma Aguilar Fernández: M (...)

2Los desarrollos políticos que han tenido lugar desde entonces, la implicación de muchos medios y las acciones alimentadas desde un sector de la opinión pública han desmentido después frontal y radicalmente aquella conclusión del historiador español. Para sorpresa de muchos y asombro de no pocos, lejos de quedar como materia exclusiva de los historiadores y los analistas políticos, los acontecimientos recientes han evidenciado que el recuerdo de la República, de la Guerra Civil y del Franquismo se encuentra hoy presente todavía en la vida de los ciudadanos, incluso a un nivel comparable con los primeros años de la actual democracia, aunque en un sentido bastante distinto.2

3No es cuestión de indagar en los motivos de ese revival, pues ya se ha hablado y escrito mucho al respecto, a saber: el descubrimiento de los años treinta y primeros cuarenta por parte de los nietos de sus protagonistas; la agitación promovida por determinados sectores sociales, intelectuales y políticos denunciando el olvido y la desmemoria supuestamente cultivados de manera interesada durante la Transición; los impulsos oficiales al respecto tras la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con sus derivaciones en la mal llamada Ley de Memoria Histórica o la devolución a la Generalitat de Cataluña de los papeles depositados en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca; los impulsos alentados a su vez por sus socios parlamentarios en la pasada legislatura (en especial Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña), etc.

  • 3 Santos Juliá: “Echar al olvido: Memoria y amnistía en la transición”, Claves de razón práctica, n.º (...)

4Es lo cierto que, desde hace unos años, como nos ha recordado Santos Juliá recientemente, vivimos, y no sólo en España, “bajo el imperio de la memoria”, circunstancia que ha tenido una enorme resonancia tanto en círculos académicos como extraacadémicos con derivaciones de todo tipo. Por un lado, siguiendo al mismo autor, se ha producido un auténtico alud de publicaciones, proyectos de investigación, ciclos o seminarios bajo la consigna de recuperar a toda costa la llamada memoria histórica. Por otro lado, con una intencionalidad política clara, se ha vuelto a reabrir el debate político sobre los significados de la República, la Guerra Civil y, sobre todo, el Franquismo, especialmente la dimensión represiva y sangrienta de este último régimen. Lo cual, de paso, no ha dejado de salpicar a la propia Transición en la medida en que los críticos de la democracia actual han encontrado ahí argumentos para atacarla.3

5En este contexto, se entiende que la repercusión de los aniversarios citados de la República y de la Guerra Civil haya sido mucho mayor fuera del ámbito académico que dentro del mismo. El cincuentenario de la guerra, por ejemplo, tuvo una gran resonancia, pero se circunscribió a los círculos puramente historiográficos. Por el contrario, en el momento presente el debate político sobre aquella etapa del pasado ha ganado claramente la partida a los historiadores profesionales. Así se ha escenificado en múltiples espacios e iniciativas en los últimos años: las fiestas, homenajes, verbenas, concentraciones y entrevistas a supervivientes de los campos de concentración o a descendientes de los fusilados… en recuerdo de las víctimas del Franquismo; la práctica de buscar las fosas de los muertos de la dictadura para proceder al desenterramiento de los cadáveres; la publicación de esquelas de asesinados entre 1936 y 1942, como si las muertes se hubieran producido antes de ayer; los encendidos debates parlamentarios; los gestos de fuerte carga simbólica auspiciados por el Gobierno socialista, de los cuales uno de los más emblemáticos fue la retirada de la estatua de Franco ubicada en los aledaños de los Nuevos Ministerios de Madrid; los documentales y mesas redondas en la televisión; las banderas republicanas desplegadas al paso de los príncipes de Asturias o de los Reyes en sus viajes por España; y, sobre todo, la prensa. En este sentido, El País ha sido el buque insignia de todos los medios, al no haber escatimado recursos en lo que se puede definir como una campaña expresa de reivindicación mítica de la experiencia republicana. Otros periódicos se subieron después al carro de la reivindicación parcial de la memoria histórica: El Mundo, ABC, La Vanguardia, etc., pero éstos lo hicieron bajo postulados distintos de los sostenidos por el órgano de la empresa Prisa.

6El bombardeo sufrido, en un país como España donde la historia ha interesado bastante poco desde siempre, ha sido hijo, en gran medida, de las campañas reivindicativas sostenidas por los familiares de las víctimas de la represión franquista en aras de su reconocimiento siquiera simbólico. Unas campañas a todas luces legítimas, pero que todavía no han encontrado respuesta del todo. En este sentido, la sociedad española poco tiene que envidiar a los debates sobre el pasado reciente surgidos en otros países de Europa y de otros continentes. Evidentemente, esta avalancha de memoria no ha respondido al azar, no ha sido casual. Lo que ha habido ha sido una acción concertada y alentada, además, por ciertos grupos, sectores más o menos amplios de la opinión, ciertos partidos y ciertos medios. De pronto, la historia de la Guerra Civil y del Franquismo –en este caso, de sus primeros años– se ha revelado como un arma política formidable para comerle el terreno a la derecha. De ahí que el Partido Socialista de Zapatero optara por hacer suya esta campaña, una forma de sellar su alianza estratégica con los nacionalismos periféricos y con los restos de la izquierda marxista, camuflada ahora con una amplia gama de colores a medio camino entre el ecologismo, la causa feminista o el pacifismo.

7La cuestión clave reside, y sigo parafraseando a Santos Juliá, en que tanta y tan reciente preocupación por el pasado se ha entendido en amplios sectores como una forma de recuerdo, de memoria, implicando un juicio moral del que habría de derivarse una condena o una rehabilitación. La indagación en el pasado ha recuperado así su carga moralista, de modo que el historiador o el analista político, si pretende serlo de verdad, habría de convertirse en juez. Un juez encargado de recuperar la memoria, no tanto a los efectos de conocer ese pasado sino para exigir justicia para los vencidos en aquella sangrienta conflagración. Cabe advertir, además, que la exigencia de justicia, salvo muy honrosas excepciones, ha sido selectiva. No se les piden cuentas a todos los responsables del desastre en que derivó la política de los años treinta, sino sólo a una parte. Con esto no quiero decir que las responsabilidades del estallido haya que repartirlas por igual entre todos los actores implicados. Pero, evidentemente, si tuviéramos que repartir culpas y honores, lo cual aparte de un error político no sería competencia del historiador, habría que hacerlo entre todos los bandos, dándole a cada cual lo suyo. El socorrido argumento de que las víctimas de la revolución ya se beneficiaron del reconocimiento que les brindó la dictadura no debería valer para cualquier demócrata que se precie. La democracia, entiendo, debería asumir a todas las víctimas, no sólo a las de un bando, porque en caso contrario la democracia se equipararía con la dictadura. Lo ha puesto sobre la mesa con sensatez Andrés Trapiello, colocándose por encima de las habituales posiciones de combate sostenidas por otros muchos colaboradores de El País:

  • 4 El País, 20-VII-2006.

“Durante el franquismo, un Régimen sin ninguna legitimidad recordó y honró únicamente a las víctimas de su propia facción, engañándolas o mintiéndolas incluso, si eso le convenía. Hoy, con una democracia legitimada y firme, sería gravísimo y peligroso que se cayera en simétrico error, sólo que con las víctimas del otro bando. La democracia tiene la obligación moral de hacer la historia de todos (…) ya que la única memoria histórica posible ha de llevarnos a comprender que aquellos muertos son todos ‘nuestros muertos’, como nuestra es una historia que algunos se empeñan todavía en partir con mandobles justicieros, para poder decir una vez más: blanco, negro. Y no, raramente logramos vivir en paz como no sea en la amplia gama de grises, de los matices, de las contradicciones, libres de todo prejuicio, de todo interés y de todo resentimiento, y al menos cuando hablemos del pasado, este debería empezar a ser un nudo más fácil de aflojar y deshacer, sin tener que recurrir por enésima vez a la espada. El pasado no está hecho de mitades, tuya o mía, sino de un todo que no es ni tuyo ni mío, sino de todos”.4

  • 5 Félix Ovejero: “Donde tocas, la memoria duele”, El País, 15-XII-2005.

8Está claro que si se arrincona el principio de la memoria compartida, del consenso y de la superación no traumática de la Guerra Civil, será difícil evitar que la memoria irrumpa como un elefante en una cacharrería. Así lo ha señalado Félix Ovejero Lucas, profesor de Ética y de Economía en la Universidad de Barcelona: “Vivimos tiempos de empacho historiográfico. Levantada la veda de los pactos implícitos de la transición, no podía faltar el de la historia (...) De la peor manera. Se vuelve al pasado con el punto de mira en el presente, con el ánimo de hacer arqueos morales y firmar sentencias justicieras (...). Pero no es tarea sencilla. La contabilidad moral de la historia es un berenjenal difícil de atravesar sin trastabillar.”5

El imposible empeño de la memoria histórica europea

  • 6 Renzo de Felice: Rojo y negro, Barcelona, Ariel, 1996.
  • 7 Este caso, en ABC, 9-V-2007.
  • 8 Hermann Tertsch: “El pozo negro del pasado”, ABC, 10-V-2007.

9Son numerosos los países donde las políticas o los debates en torno a la memoria han causados cuando menos grandes incomodidades, si no desafueros, en la convivencia ciudadana. Así, las muy conocidas polémicas de los años ochenta en Alemania en torno a las modas revisionistas de la historia del nacionalsocialismo; así también la mitificación exagerada de la resistencia antifascista en Italia, magistralmente denunciada por Renzo de Felice en Rojo y negro6; las discusiones sobre el fenómeno del colaboracionismo en la Francia de Vichy; las polémicas en Estonia en torno a la retirada del centro de la capital, Tallín, del soldado de bronce, símbolo de la liberación del yugo nazi por el Ejército Rojo soviético; o el mucho menos conocido caso de Lei Guiying, la esclava sexual china que ejerció de tal para los japoneses durante la II Guerra Mundial como, al menos, otras 200.000 compatriotas suyas7. Por no hablar, en fin, de la Polonia de los gemelos Kaczynski (presidente y primer ministro de ese país), donde la Liga de las Familias Polacas lanzó una iniciativa en 2006 para hacer desaparecer todas las huellas que pudieran quedar del nazismo y del comunismo. En este caso, se trataba de destruir la toponimia e iconografía que no satisfacían a los nuevos administradores, esto es, los monumentos soviéticos y del comunismo polaco, que han sido parte genuina de la historia de este país durante décadas. Hace unos meses se aprobó incluso una Ley de verificación que exigía a los profesionales y funcionarios el juramento de no haber colaborado con los aparatos represivos del régimen comunista. Lo curioso del ejemplo polaco es que una de las personalidades que más se han resistido a la citada ley ha sido Bronislaw Geremek, uno de los personajes emblemáticos que en su día se levantaron en armas contra el régimen comunista y la hegemonía soviética.8

  • 9 Edurne Uriarte: “La doctrina correcta”, ABC, 24-IV-2007.

10La Unión Europea no se ha librado de la pasión por mirar al pasado. De hecho, no hace mucho que desde sus instituciones se han pedido años de cárcel para todos aquellos que han negado el hecho histórico del Holocausto y han incitado al racismo. La norma faculta a cada país para que aplique las penas como le parezca o que las omita si no se induce a la violencia. Pero lo malo de un impulso oficial tan loable es que sólo se ha mirado a un lado, obviándose la negra historia del estalinismo, a pesar de que Polonia y los Países Bálticos intentaron que se incluyera una condena expresa de sus crímenes. Como señaló con agudeza la politóloga Edurne Uriarte, el estalinismo se resiste a la condena, lo cual posiblemente no sea ajeno a la reivindicación selectiva del pasado soviético llevada a cabo en la Rusia de Putin: “Europa se resiste a que el estalinismo ocupe su lugar de honor en la simbología del terror, aunque su furia asesina alcanzara a veinte millones de personas y el nazismo, a seis.” En el fondo, claro está, no se trata de una guerra de cifras, sino de ideas. Raymond Aron ya lo explicó. No pocos intelectuales, despiadados con las debilidades de las democracias, son indulgentes con los mayores crímenes a condición de que sean cometidos en nombre de las doctrinas correctas: “Aún se trata de eso, de que el comunismo y el estalinismo todavía parecen un error, incluso un horror... de la doctrina correcta.” Con suma frecuencia se olvida que en nombre de la lucha contra la injusticia, la desigualdad o la explotación también se ha incitado históricamente de forma reiterada a la opresión y al terror.9

11Las dificultades que han de encarar estos ejercicios selectivos, y por fuerza parciales, de revisión o de recuperación de la memoria histórica desde las instancias oficiales se han palpado igualmente al plantear la posibilidad de elaborar un texto común de historia para los 27 países que integran la Unión Europea. ¿Ha habido una historia común europea? ¿Es posible un ejercicio de esa naturaleza en un continente desgarrado durante siglos por enfrentamientos de todo tipo? ¿Cómo encajar en esa historia las complejas historias nacionales? ¿Y Turquía, cabría el país islámico en esa historia común?

La polémica en España

  • 10 Entrevista a Paul Preston en ABC, 21-IV-2007.

12¿Por qué no brotaron en España los impulsos recuperadores de la memoria histórica hasta aproximadamente el año 2000, cuatro años después de que los socialistas dejaran el poder tras casi catorce en el mismo? Las primeras iniciativas dirigidas a la búsqueda de cadáveres y a la excavación de fosas se dieron de forma esporádica a partir de 1977 y 1978, pero no fue hasta transcurrido casi un cuarto de siglo cuando esos precedentes se materializaron en iniciativas de más altos vuelos. Aunque no fue el único impulso destacable, en ello tuvo incidencia la mano del sociólogo Emilio Silva, implicado en la exhumación del cadáver de su abuelo. Ahí se encuentra el prólogo inmediato de las asociaciones y entidades surgidas por todo el país bajo el empeño común de activar la memoria histórica. Paralelamente, aunque bajo criterios y objetivos distintos, la Iglesia católica nunca había dejado de promover las beatificaciones de sus propios mártires de la guerra, intensificadas precisamente también en el cruce de los siglos XX y XXI. Todo ello sin olvidarnos de los muy vendidos libros de Pío Moa, un polemista ajeno a la producción historiográfica académica que ha protagonizado tiradas espectaculares de sus obras a cubierto de tesis –tan maniqueas como simplistas– que han venido a justificar la sublevación franquista contra la República.10

  • 11 Manuel Peris: “La memoria del arzobispo”, El País, 27-III-2007.

13Lo que difícilmente puede discutirse es que todas esas iniciativas por lo general han carecido de la debida ponderación. Así, recientemente la Iglesia ha retomado la causa de las beatificaciones de religiosos y seglares asesinados durante la Guerra Civil brillando por su ausencia la imparcialidad. Bajo la dirección del arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, el Papa Juan Pablo II beatificó a 226 personas el 11 de marzo de 2001. Años después, el mismo arzobispo previó erigir una parroquia dedicada a los “mártires valencianos”: “quedará para el futuro como lugar de la memoria, como un santuario en el que se venerarán las reliquias de los mártires y se perpetuará el culto en su honor, según la costumbre de la Iglesia desde los primeros siglos del cristianismo.” El arzobispo sostuvo que cuando la Iglesia se implicó en esta obra: “ha hecho memoria verdadera, justa y agradecida de inmensos perdonadores.” Al poco, sin embargo, el mismo individuo se descolgó criticando la política de recuperación de la memoria histórica que estaba poniendo en marcha el Gobierno socialista y distintas iniciativas ciudadanas: “todos –dijo– hemos de evitar reavivar sentimientos de odio y de destrucción”. Tal dualidad ha sido una constante en los últimos planteamientos de la jerarquía eclesiástica.11

14Son muchas las voces que consideran que esa falta de ponderación y de equilibrio al mirar al pasado también ha salpicado la acción del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Es más, no ya desde la oposición política a su gestión, que también, sino desde círculos intelectuales reconocidos se estima que detrás de su política ha habido serios intentos de manipulación abierta del pasado. Así, por ejemplo, Henry Kamen, el prestigioso hispanista británico:

  • 12 Henry Kamen: “Lo que (no) se quiere recuperar de la Segunda República”, El Mundo, 17-IV-2007.

“Hoy, tanto tiempo después, resulta trágico constatar que la manipulación y distorsión de la historia de la Segunda República que se empezó a hacer bajo el régimen de Franco todavía continúa (...). El principal intento de manipulación estuvo en las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero al afirmar que el Gobierno es el heredero directo de la Segunda República. Ésta fue una afirmación maravillosamente romántica, pero simplemente descubría el hecho de que el presidente había leído poco sobre la República. ¿Trataba de decir que el actual régimen democrático de España es heredero de la República burguesa de 1931 o de la República centrista de tres años después o de la República revolucionaria de 1936? ¿Trataba de decir que el Partido socialista de hoy es el heredero directo del Partido socialista de 1934, que se las arregló más que cualquier otro grupo político en las Cortes para minar y destruir la República? Se analice como se analice esta afirmación, uno se asombra de que alguien pueda hacer tal paralelismo.”12

15En la base de la polémica se halló la pretensión del Gobierno socialista (posteriormente consumada) de conceder rango de ley a la reparación de las víctimas de la dictadura franquista. Para amplios sectores de la opinión y para muchos medios de comunicación, ello supuso un disparo a la línea de flotación de los consensos que se habían logrado apuntalar trabajosamente durante la Transición a la democracia en España. En el proyecto de Ley de la Memoria Histórica las voces críticas advertían la intención de propagar una idea de la Guerra Civil como si se hubiera tratado de un conflicto entre buenos y malos, a partir del cual las autoridades tendrían la obligación democrática de la defensa de “los buenos”. Implícitamente, se habría buscado la condena de gran parte del conservadurismo español de la segunda mitad del siglo XX, incluidos todos esos ex franquistas que tuvieron un papel destacado e inapreciable como protagonistas de la Transición. Por otra parte, la “bondad” democrática de los perdedores sería un mito, pues no todos los que se opusieron al franquismo tuvieron como objetivo en los años treinta, y aun mucho después, la construcción de una España libre, plural y democrática.

  • 13 La Vanguardia, 23-III-2007.

16En las antípodas de estas posiciones, aunque también críticos con el Gobierno socialista, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, por ejemplo, consideraron inaceptable que se negara a las víctimas o a sus familiares el derecho a saber tanto por qué fueron víctimas como quién les infligió el castigo, extremos que el proyecto de Ley de Memoria Histórica no contemplaba. Así, se hurtaría el reconocimiento del derecho a la verdad y el principio de hacer justicia con las víctimas, a las que no se las restituiría moralmente. En opinión de los citados organismos, después de las expectativas levantadas por el ejecutivo español en muchos países, tal recorte constituiría un pésimo precedente en la lucha mundial contra la impunidad.13

17Uno de los aspectos del proyecto de ley que más críticas generó contra el Gobierno fue el pacto, acordado con Izquierda Unida en abril de 2007, de declarar ilegítimos los juicios políticos del franquismo. A la izquierda de los socialistas no se vio bien que el Gobierno se limitara a esa declaración de ilegitimidad al tiempo que se pretendía impedir que de ese principio se derivasen consecuencias económicas para los afectados o sus familiares. Pero fue en la derecha donde surgieron los comentarios más duros. El Partido Popular rechazó la idea con el argumento de que derribaba el pilar fundamental de la reconciliación de los españoles. El diario ABC llegó a escribir que el acuerdo entre PSOE e IU constituía “un ejercicio de cinismo político y legislativo” que retrataba la intención de elevar a rango de ley su estrategia de división ciudadana y de revisionismo histórico: “resume la voluntad del Gobierno de plantear esta legislatura como un punto y final de la concordia democrática pactada en la Transición y retrotraer a los españoles, otra vez, a una dialéctica maniquea y cainita”. El proyecto de ley, a la postre, sólo vendería humo, además de olvidarse por completo de las víctimas de la represión revolucionaria durante la guerra, en contra de las tendencias apuntadas en Europa, donde cada año venía cobrando más fuerza la condena paralela tanto del nazismo como del estalinismo:

  • 14 ABC, 20-IV-2007 y El País, 26-IV-2007.

“¿Dónde quedan los que por sus creencias religiosas fueron también perseguidos y asesinados por miles durante la Guerra Civil, y aun antes? ¿Por qué una mención específica a los condenados de tribunales franquistas y no a los que lo fueron por los ‘jurados populares’ del bando republicano? (...) ¿Se reconocerá esta declaración, por ejemplo, a los herederos de las víctimas de Paracuellos del Jarama? ¿Quedarán excluidos los que lucharon contra la dictadura franquista para instaurar la dictadura del proletariado, que nada tiene que ver con el ‘restablecimiento de un régimen democrático en España’, como dice el artículo 3.3 del proyecto pactado por socialistas y comunistas?”.14

  • 15 El País, 25-III-2007 y 26-IV-2007; ABC, 21-IV-2007.

18En medio de esta polémica, las posiciones de los historiadores profesionales en general han sido de sensatez y ponderación, aunque no se puede afirmar que el acuerdo haya sido unánime ni las posiciones unívocas. Ramón Villares, bajo la creencia de que, efectivamente, había una tentativa de revisión de la Transición sin estar claro a dónde se quería llegar, indicó que las lecciones del pasado nunca deberían utilizarse como armas arrojadizas. Borja de Riquer subrayó que “lo de las dos Españas” era “un tópico bien alimentado”, pero que la Conferencia Episcopal todavía no había hecho autocrítica por haber sido la Iglesia de Franco: “¡Y aún intenta resucitar el tema de los mártires!”. Julián Casanova dejó claro que no se trataba de plantear el castigo de los responsables de los crímenes del franquismo, pero que las víctimas de ese régimen, al contrario de los que sufrieron persecución en la zona republicana, todavía tenían pendiente el reconocimiento político y jurídico. Paloma Aguilar remarcó que en ambas retaguardias tuvieron lugar farsas jurídicas que la democracia debía condenar por igual, pero el pacto alcanzado suponía un gran avance, y lejos de liquidar el proceso de reconciliación nacional suponía su culminación. Porque, como añadió José Álvarez Junco, ya era hora de efectuar el reconocimiento público y solemne a la gente que había sufrido: “personas honorables” que no merecían ese sufrimiento. Paul Preston, en fin, rechazó que la crispación causada por el proyecto de ley afectase a la mayoría de los españoles, aunque opinó que la memoria histórica debía ser territorio exclusivo de los historiadores, única forma de evitar las polémicas interesadas sobre la Guerra Civil aireadas por algunos medios: “A mí, personalmente, me resulta incómodo que se empiece a hacer leyes sobre estas cosas”.15

La memoria antifranquista

  • 16 Francisco Rodríguez Adrados: “La desmemoria histórica”, ABC, 3-V-2006.

19Desde un punto de vista estrictamente intelectual lo peor de estas polémicas son los disparates que se logran asentar en la opinión pública como verdades históricas que no se pueden poner, o no se ponen, en cuestión. Los mitos, la manipulación del pasado y la distorsión de los hechos surgen como setas y crean lugares comunes, o puras falsedades, que luego resultan muy difíciles de desmontar, aunque los historiadores están obligados a asumir esa tarea. Como nos recuerda Enrique Moradiellos en la obra que se cita al principio de estas páginas, el mito está concebido como el concepto opuesto a la explicación racional del mundo. Y en ello abundó también no hace mucho desde una tribuna de prensa el prestigioso académico Francisco Rodríguez Adrados: “Los mitos son peligrosos: sustituyen, simplemente, a la verdad. Por ignorancia o por malicia.”16

20Centrémonos de forma esquemática en algunos aspectos de la historia de los años treinta que, al hilo de los debates en torno a la memoria histórica, han devenido en mitos, con su fondo discutible y a menudo falsario, dentro de lo que podríamos denominar sectores de la opinión progresista:

  • 17 José Ignacio Wert: “¿La historia interminable?”, El País, 21-I-2006.

211. La imagen de la República como una democracia sin mácula, antecedente incluso de la actual, que habría sido abortada sin más por un movimiento de reacción oligárquico, militar, católico y fascista. En esta imagen se obvian otras responsabilidades al indagar en el pasado de aquel régimen. Como hizo ver con agudeza el sociólogo José Ignacio Wert en una tribuna de El País que fue objeto de críticas muy viscerales, el problema que suscitaba la nueva verdad oficial (en realidad no tan nueva) no estaba “en la demonización del franquismo, sino en la beatificación de la República” y en el simplismo que acompaña a estas posiciones17. Entre otras razones, porque la República fue una democracia que desde el principio presentó un gran déficit democrático, mucho antes del 18 de julio de 1936, por carecer de los consensos mínimos para asentarse sobre bases firmes. Veamos algunos de los clichés al uso:

  • 18 Suso de Toro: “La tumba del hermano”, El País, 29-IV-2006.

Palabras del escritor gallego Suso de Toro: “el programa republicano es el modelo esencialmente recogido en la Constitución vigente, aunque tenga forma de monarquía constitucional. En España los demócratas son hijos de la II República, y también de la I, y quien niega esto es porque no tiene detrás tradición democrática alguna.”18

  • 19 ABC, 5-V-2006.

Pascual Maragall, en la celebración oficial por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña del 75 aniversario de la proclamación de la República: “Hoy nos proclamamos herederos de la República”. “El nuevo Estatuto incorpora el legado espiritual republicano”. En el mismo acto el republicano independentista Josep Bargalló apeló a la necesidad de que “la sociedad aprenda los valores de la República”. Y Joan Saura, líder de Iniciativa Per Catalunya, afirmó que había que romper con la desmemoria porque “la Democracia necesita de referentes éticos” como los que la II República representaba.19

  • 20 Julián Santamaría: “Memoria histórica y consenso”, El País, 18-V-2006.

Julián Santa María, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, habló de “reconocer en la Segunda República Española el precedente inmediato del sistema político actual, basado ambos en valores y objetivos similares”.20

  • 21 El País, 21-V-2006, p. 26.

Almudena Grandes, reputada literata muy reconocida en sus propios círculos, afirmó lo siguiente en una verbena celebrada en la Ciudad Universitaria de Madrid el 20 de mayo de 2006: “Queremos una España moderna, justa, laica y democrática, que será republicana o nunca lo será del todo” [El subrayado es mío].21

  • 22 ABC, 23-VI-2006.

Declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica, Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2006: “Aquella etapa de nuestra historia constituyó el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar a nuestro pasado.”22

22En este tipo de construcciones, directa o indirectamente, se insiste en presentar la República como el modelo originario de la democracia española actual, cuando en realidad, en la Transición, con gran tino por parte de los responsables políticos del momento dicho sea de paso, aquel régimen actuó exactamente al revés, considerando la República como un contramodelo que bajo ningún concepto se debía imitar. De lo que se trataba era precisamente de lo contrario, es decir, de superar los errores, las políticas de exclusión, la intransigencia y los sectarismos que presidieron la historia de España en los años treinta. Como expresara Felipe González en su día, no se trataba de rememorar una tragedia, sino de reflexionar responsable y críticamente para no repetirla. Entre otras razones, porque la democracia republicana se halló muy lejos de ser una democracia modélica, cuyos problemas y carencias no sólo fueron provocados por la acción opositora de sus enemigos de la derecha, como ha señalado el historiador Fernando García de Cortázar:

  • 23 Fernando García de Cortázar: “La República imaginada”, ABC, 23-VI-2006.

“El fracaso de la República no sólo se debió a las conspiraciones de la derecha, que despreciaba la democracia, sino que a derrumbarla también ayudó un sector considerable de la izquierda (...). Excusar la sublevación del otoño de 1934 [como un acto defensivo] (...) resulta de una parcialidad equiparable a justificar el alzamiento militar de 1936 esgrimiendo el fantasma de un supuesto y terrible proceso revolucionario.”23

23De acuerdo con Manuel Álvarez Tardío, la clave de la imposibilidad de que la República se convirtiera en un régimen en el que cupieran todos los ciudadanos radicó en la ausencia de los consensos básicos y en la no asunción de las reglas de juego más elementales, la más importante de las cuales era, como en toda democracia que se precie, el principio de alternancia:

  • 24 Manuel Álvarez Tardío: “La Historia como arma arrojadiza”, ABC, 28-IV-2006.

“La República fracasó, y lo hizo no porque acabara en una guerra civil, sino porque durante sus cinco años de existencia fue incapaz de convertirse en el régimen político de todos los españoles, en una democracia liberal que asegurara la alternancia pacífica a través de las urnas.”24

242. La propia visión monolítica que se suele brindar de este régimen a la ciudadanía es una manifiesta distorsión, porque con ella se obvia que en realidad desde sus mismos inicios hubo distintas concepciones, algunas de ellas muy encontradas, de lo que debía ser la República. ¿Cuál es la República que se reivindica hoy cuando se acentúa su rango de precedente de la democracia española actual? ¿La de aquel pueblo multitudinario que anegó las calles el 14 de abril de 1931? ¿La que encarnó el Gobierno republicano-socialista y sus ambiciosas, polémicas y muy intervencionistas políticas entre 1931 y 1933? ¿La que se defendió de una insurrección armada socialista en octubre de 1934 encabezada por un republicano de tan hondas raíces como Alejandro Lerroux? ¿La República del Frente Popular contra la que se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936? ¿De qué República y de qué republicanos se está hablando cuando se trazan los paralelismos citados? Hablar en abstracto sólo contribuye a reforzar una imagen idealizada de aquel régimen que no tiene nada que ver con la realidad de los hechos. Eso sin contar que la unidad de los que se titularon antifascistas durante la Guerra Civil tuvo mucho de artificio: no otro podía ser el desenlace partiendo de las malas relaciones que venían de atrás, y que se intensificaron durante el conflicto, entre socialistas y anarquistas, entre comunistas estalinistas y antiestalinistas, entre caballeristas, prietistas y besteiristas dentro del propio campo socialista, entre los comunistas y casi todos los demás a partir de 1937, etc. ¿Y los republicanos de izquierda? ¿Qué peso real tuvieron aquellos republicanos en la correlación de fuerzas forjada en medio de las bombas?

  • 25 Josep Fontana: “La caza del maestro”, El País, 10-VIII-2006.

253. En el ejercicio de construcción del mito republicano se hace últimamente mucho hincapié sobre los inmensos logros culturales que habría traído aquel régimen, casi como si la hora cero de la modernización cultural de España se iniciase el 14 de abril de 1931, y como si lo más relevante para valorar políticamente la trayectoria republicana fueran, pongamos por caso, las misiones pedagógicas desplegadas en los yermos y muy analfabetos rincones rurales del país. Los manifiestos suscritos por los intelectuales son un ejemplo paradigmático al respecto. Así también lo suscribió Josep Fontana, uno de los padres de la historiografía catalana actual: “la República construyó escuelas, creó bibliotecas y formó maestros; el ‘régimen del 18 de julio’ se dedicó desde el primer momento a cerrar escuelas, quemar libros y asesinar maestros”.25

264. Pero el vértice de la mitificación se alcanza al presentar a todos los que se enfrentaron a la sublevación golpista del 18 de julio de 1936 como heroicos y solidarios luchadores por la libertad y la democracia, equiparando sin rubor y sin ninguna discriminación previa su condición de antifascistas con la de reputados demócratas. En esta construcción, claro está, se eluden por una parte las profundas fracturas internas de la República y las del propio campo antifascista una vez que comenzó la guerra. Por otra parte, en paralelo con ese silencio interesado, se calla la condición revolucionaria de buena parte (si no la mayoría) de los que lucharon en el campo republicano. Veamos algunos ejemplos:

  • 26 El País, 29-VII-1936.

Ceferino Álvarez, antiguo exiliado, en las cartas al director de El País: “unas vidas que dieron todo para que hoy España aprenda a ser una democracia”.26

  • 27 El País, 18-VII-1936.

La Encuesta del Instituto Opina hablaba de: “quienes lucharon por defender la democracia y el poder legalmente constituido”.27

  • 28 El Mundo, 5-VII-2006.

Josep Borrell, en su intervención ante el Parlamento europeo cuando se condenó el régimen de Franco, habló de “rendir homenaje a sus víctimas y reconocer a los que combatieron por la democracia, padecieron persecución e impulsaron el retorno de España a Europa como nuestra patria común”.28

  • 29 Julius Ruiz: Franco’s Justice. Represión in Madrid after the Spanish Civil War, Oxford, Oxford Univ (...)

275. Tanta idealización de la República y de los que lucharon por ella se acompaña, como no podía ser de otra forma, de condenas férreas de la dictadura franquista. Pero este no es el problema. El problema se plantea cuando se dibuja sin matices la guerra como una “guerra de exterminio” y la dictadura que le siguió –su política represiva, más en concreto– como el “genocidio” o el “holocausto español”. La vocación exterminadora sólo se le reconoce al bando triunfador, pero cuando se habla de la violencia revolucionaria practicada en el otro bando se concibe en términos de la reacción del pueblo oprimido, de la acción de “exaltados” e “incontrolados” que actuaron de forma autónoma, etc. Las exageraciones han partido de ciertos historiadores autóctonos no especialmente brillantes, que en los últimos años han sabido capitalizar el clima favorable a sus postulados extendido en la sociedad española. Con todo, resulta curioso que tales calificaciones las propaguen, todavía más que los historiadores nacionales, algunos historiadores extranjeros (P. Preston, H. Graham, C. Ealham), aunque no deja de ser llamativo también que haya sido Julius Ruiz, un historiador británico, el que ha desmontado muchos de los tópicos y exageraciones sobre la represión franquista. No con el ánimo de rebajar los perfiles horrorosos de una época llena de sombras, sino de definir en sus justos términos el fondo de esa política represiva, su carácter selectivo, institucionalizado y aleccionador, dirigido a paralizar por el miedo a la población considerada desafecta, pero en cualquier caso muy distinta de la política del Holocausto y del exterminio propiamente dichos29. La dictadura franquista en modo alguno se fijó como meta la eliminación de todos aquellos que habían abrazado la causa de la República o de la revolución social. Tampoco el terror aplicado tuvo por sistema carácter indiscriminado. Ni se buscó el exterminio del enemigo ni se persiguió la eliminación de un grupo social entero. En sus justos términos, lo más parecido al “genocidio” que se dio en la España de entreguerras fue la persecución religiosa llevada a cabo en la zona republicana durante los primeros meses de la guerra. Las cifras de la represión franquista fueron terribles, eso es incuestionable, tanto por el número de fusilados como por el número de encarcelados o de personas sometidas a trabajos forzados en campos de confinamiento. Pero tales cifras no pueden asimilarse a los números alcanzados en la Rusia de Stalin, en la Alemania nacionalsocialista, en la Camboya de los jemeres rojos o, más recientemente, en Ruanda.

  • 30 La Vanguardia, 23-IV-2007.

28Que algunos historiadores cultiven las visiones distorsionadas, exageradas y maniqueas del pasado contribuye a que los medios de comunicación las interioricen para confusión de los ciudadanos de a pie poco informados. De todas formas, suelen ser las iniciativas privadas ajenas a los historiadores académicos las que más mitos alimentan. Así, por ejemplo, en abril de 2007 corrió la noticia de que el denominado Fòrum per la Memoria del País Valencià había identificado la existencia de los restos de 26.300 represaliados en las fosas comunes del cementerio general de Valencia. A los mismos se les organizó un acto de homenaje, suscrito por una veintena de entidades, en el que se denunció que el Ayuntamiento de la ciudad –del Partido Popular– “quería hacer desaparecer” esas fosas comunes para “borrar el testimonio físico de la represión del franquismo”30. Aun admitiendo que los restos encontrados pertenecieran a víctimas de la represión franquista, lo cual es posible, lo que no resulta creíble es la cifra que se barajó, pues de ser cierta habríamos de convenir que una cuarta parte de las 100.000 personas que los historiadores atribuyen a esa represión se habrían concentrado en la capital levantina, algo que no resulta verosímil.

Del Memorial Democrático al disparate

  • 31 ABC, 20-III-2007.

29Lo peor de los impulsos referidos es que las instituciones acaben haciéndolos suyos y se impliquen en la distorsión generalizada del pasado en aras de la construcción de mitos y falsificaciones, que pueden resultar muy rentables políticamente, pero que ni contribuyen a la convivencia ciudadana ni ayudan al sufrido contribuyente a tener el bagaje histórico mínimo que le permita actuar y opinar como un ciudadano libre. En este sentido, resulta paradigmático el proyecto de Memorial Democrático lanzado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en 2006 con el respaldo de su Parlamento regional, un gobierno integrado por un “tripartido” constituido por el Partido Socialista, Esquerra Republicana y los ecosocialistas de Iniciativa Per Catalunya. El citado memorial fue un empeño personal de los consejeros de las dos últimas formaciones, con el aval, y por tanto la complicidad, claro está, del socio socialista mayoritario. Con esta disposición legal se buscó desarrollar el artículo 54 del nuevo Estatut amparado por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero. Según ese artículo, introducido en la reforma estatutaria gracias al voluntarismo del consejero Joan Saura, los poderes públicos de la citada autonomía velarán: “por el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña.” El objetivo final de la estrategia sería “desarrollar las políticas públicas del Gobierno dirigidas a la acción cívica de recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática, es decir, del conocimiento de la II República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de la represión de la dictadura, del exilio y de la deportación, de los valores y de las acciones del antifranquismo”. El límite era explícito, pues en la recuperación democrática sólo se habló de uno de los bandos implicados en aquella guerra. Como apuntó el citado Joan Saura en el debate parlamentario del proyecto de ley, el reconocimiento de las víctimas de la represión “no puede trasladarse a todas las ideologías” porque “no se puede comparar a los golpistas con la superioridad ética de un Gobierno legítimo y democrático”.31

30Lo menos que se puede decir es que un planteamiento de esta naturaleza resulta reduccionista, simplificador y maniqueo con relación al significado profundo de la Guerra Civil, amén de injuriar de forma gratuita a las 60.000 víctimas de las prácticas represivas efectuadas en la zona republicana, tan víctimas como las que causó la represión en el bando contrario. Con tal formulación difícilmente hubiera sido posible la Transición a la democracia en España ni la consolidación pacífica del nuevo régimen, dado el aprovechamiento del poder político como una herramienta para la utilización espuria del pasado en aras de la división de los ciudadanos en campos enfrentados. Explícitamente, Saura aceptaba la distinción entre víctimas inocentes y culpables, lo que es tanto como aceptar que algunos asesinatos tuvieron disculpa y otros no. Eso por no entrar en la asignación de la “superioridad ética” a un Gobierno, el del Frente Popular de 1936, que fue incapaz de mantener el orden y de poner coto al terror revolucionario hasta, como mínimo, seis meses después de iniciarse la conflagración. No ha de extrañar, por tanto, que un amplio espectro de la prensa española considerara el proyecto del llamado Memorial Democrático un ataque frontal y en toda regla a la convivencia política de los españoles, que ni el propio Manuel Azaña, último presidente de la República, hubiera suscrito, como demostró al condenar el cinismo de la guerra ya antes de su término con su apelación final a la paz, la piedad y el perdón para detener aquella hemorragia histórica. Ciertamente, la llamada a la reconciliación tuvo que esperar cuarenta años para concretarse, porque la dictadura franquista no ofreció ni piedad ni perdón, pero la concordia y el consenso que fundamentaron la Transición parecían haber cerrado la herida para siempre. La iniciativa del Gobierno catalán supone un retroceso manifiesto, impensable pocos años atrás, que sólo pretende expulsar de la memoria histórica oficial al universo sociológico liberal y conservador español:

  • 32 Ignacio Camacho: “Superioridad ética”, ABC, 21-III-2007. Véase también el editorial “La revancha hi (...)

“Así que, para empezar, se dividen los muertos en dos fosas, la de los buenos y la de los malos, como en el franquismo pero cambiando la leyenda de las lápidas. Desde ahora, cualquier inocente fusilado por los republicanos pasa, en virtud de la nueva ley del Memorial Democrático catalán, a ser un puñetero muerto éticamente inferior a sus vecinos ejecutados por la barbarie vencedora. Y a partir de ahí, implantado con carácter retroactivo el pedigrí moral de los difuntos, se asienta el consiguiente correlato de los vivos.”32

  • 33 La Vanguardia, 23-IV-2007.

31Ya en abril de 2007 Joan Saura, el conseller de interior citado, inauguró en Pujalt, un municipio de la Anoia Alta (comarca situada en el centro de Cataluña), un denominado “Memorial del Ejército Popular”. En ese lugar se instaló en 1938 un campamento militar en el que se prepararon soldados republicanos que combatieron en la batalla del Ebro. El memorial inaugurado era un proyecto del Ayuntamiento iniciado cinco años atrás, hecho suyo después por la Generalitat del tripartito. A juicio de nuestro conseller, instalaciones como ésta “son un reconocimiento a las personas que lucharon por la democracia, y a la vez operaciones culturales y museísticas que ayudan a entender lo que pasó”. El valor moral del gesto institucional emprendido no dejaba, sin embargo, de presentar una dimensión utilitaria y rentable. Como añadió el propio Saura, el proyecto podía servir igualmente para “dinamizar económicamente el municipio y toda la comarca”33. El prestigioso intelectual Jon Juaristi, brillante iconoclasta de los mitos del nacionalismo étnico y cultural, dio en el clavo al apuntar que la memoria de la nación –la nación democrática de ciudadanos libres e iguales ante la ley, se entiende– puede verse resquebrajada por políticas de ese tipo, curiosamente más fomentadas por la izquierda que por la derecha en nuestro país:

  • 34 Jon Juaristi: “Revisionismo”, ABC, 21-IV-2007.

“La izquierda, en cambio, está hundida hasta la peineta en un revisionismo maniqueo que sigue un modelo cinematográfico. Porque de eso se trata, de visionar de nuevo la película de la guerra civil, convirtiendo a los republicanos en dibujitos de Walt Disney y a los franquistas en vampiros. Una nación que se precie de serlo no aguanta una memoria semejante, o sea, una visión de su pasado dirigida contra toda posible voluntad de vivir juntos.”34

  • 35 Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros, El Mundo, 23-IV-2007.

32La pretensión de institucionalizar una memoria democrática presenta, así pues, grandes problemas. Incluso presenta el problema de dónde ubicar para su recuperación y reconocimiento institucional a aquellos demócratas sin tacha que fueron víctimas de la persecución, encarcelamiento o asesinato por parte de los que ahora, indiscriminadamente, se quieren presentar como heroicos luchadores por la libertad y la democracia. Un caso elocuente al respecto entre los muchos que se podrían recordar es el de Melquíades Álvarez, el líder del Partido Reformista, republicano histórico, amigo y en su día jefe político de Manuel Azaña, asesinado en la Cárcel Modelo de Madrid en agosto de 1936 cuando la misma fue tomada por los revolucionarios. Toda su vida la empeñó en su compromiso con la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social para al final caer inmolado por los mismos a los que siempre trató de redimir. ¿Quién se acuerda ahora de él? ¿Acaso nadie lo rememora por quienes fueron sus victimarios? Al saber de su asesinato y las luctuosas circunstancias en las que ocurrió, el presidente de la República entró en una profunda depresión. Al bisnieto de don Melquíades le acompañó toda la razón cuando en 2007 recordó que “fue un gran político republicano liberal, injustamente olvidado por la memoria histórica, más aún cuando se cumplió el año pasado el 70º aniversario de su cruel fusilamiento”.35

  • 36 Ángel Viñas: “Un agente estalinista, cerebro del asesinato de Nin”, El País, 22-IV-2007; “Investiga (...)

33Los ejemplos, en efecto, podrían multiplicarse. Por citar otro, en este caso el de un revolucionario sin tacha en cuya tradición quizás podría reconocerse, siquiera de lejos, el consejero Joan Saura: Andreu Nin (1892-1937), máximo dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista y consejero de justicia de la Generalitat durante la Guerra Civil hasta que fue cesado debido a las presiones de los comunistas sujetos a la obediencia de Moscú, en la que no se ubicaba nuestro personaje. Como sabe cualquier lector medianamente informado en España, y es de suponer que también los mandatarios catalanes citados, tras los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona Nin fue detenido por la policía junto con otros dirigentes del POUM bajo la acusación –a todas luces falsa– de actuar al servicio de los militares sublevados contra la República. Trasladado a Madrid, a pesar de negar cualquier complicidad con el espionaje fascista fue interrogado sin pruebas, torturado y asesinado en Alcalá de Henares el 22 de junio, posiblemente por orden de Orlov, el enviado soviético que actuaba a las órdenes de Stalin. La versión oficial tras su desaparición –respaldada por el propio presidente del Gobierno, Juan Negrín– fue que Nin se escapó tras ser liberado por “sus amigos de la Gestapo”. En marzo de 2008 fue hallada casualmente una fosa común con restos de cinco cuerpos humanos de la época de la guerra, levantándose muchas especulaciones en torno a si uno de los cuerpos era el de aquel dirigente revolucionario, lo que de confirmarse daría al traste con la versión del Gobierno republicano. Sin duda, esta sería una ocasión preciosa para someter a prueba los afanes democratizadores del actual Gobierno de la Generalitat, máxime tratándose de uno de sus antiguos y más insignes miembros.36

  • 37 La Vanguardia, 21-IV-2007.

34Un caso mucho menos conocido ocurrió el 25 de enero de 1937 en la Fatarella, un pueblo de la Terra Alta de la provincia catalana de Tarragona, donde 36 vecinos fueron asesinados por grupos armados de la CNT-FAI, la organización anarcosindicalista. El pueblo tenía entonces cerca de 3.000 habitantes. Cuando los anarquistas quisieron imponer la colectivización de las tierras, los pequeños propietarios se opusieron pues aquella decisión les sonaba a expolio. El resultado del conflicto fue el asesinato en masa citado. Se da la circunstancia de que la mitad de las víctimas pertenecía a formaciones políticas de izquierda, miembros o simpatizantes del sindicato socialista UGT o del partido Esquerra Republicana de Catalunya, el mismo partido implicado a fondo en el Memorial Democrático de la actual Generalitat37. ¿Qué hacer ahora con la memoria de aquellas víctimas? ¿Quién y con qué argumentos podría incluirlos en ese memorial tal como se haya diseñado? Son preguntas que hasta el más sectario e iletrado debería hacerse. O quizás sería pedir mucho, porque el sectarismo, la sinrazón y la incultura siempre suelen ir de la mano, mostrándose consustanciales a los mismos individuos o segmentos de la opinión.

  • 38 ABC, 25,26 y 27-IV-2007.

35En el sentido apuntado resulta también paradigmática la equiparación de Guernica con Hiroshima, Dresde y Stalingrado, que hizo el presidente de la comunidad autónoma vasca, Juan José Ibarretxe, el 26 de abril de 2007 en un acto de conmemoración del 70 aniversario del bombardeo de la pequeña ciudad por la aviación alemana. El lendakari habló delante de varias delegaciones internacionales llegadas en representación de las citadas ciudades, todas ellas destruidas durante la II Guerra Mundial. También había representantes del Comité Internacional de Auschwitz. Ni que decir tiene que el acto se convirtió en trampolín para la exposición de las reivindicaciones actuales del nacionalismo vasco. Hasta tal extremo llegó la distorsión de la conmemoración que el ejecutivo vasco pidió al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que pidiera “perdón por los crímenes cometidos en nombre de España”; una exigencia que reiteró su portavoz ante los medios afirmando que Zapatero tenía “toda la legitimidad democrática para pedir perdón por crímenes franquistas”, al igual que antes hiciera el presidente de Alemania, Roman Herzog, cuando pidió perdón por el mencionado bombardeo. El Gobierno y el Congreso español, dijo el portavoz, se lo “deben tanto al pueblo vasco como a la sociedad española”. Es muy significativo que a este homenaje no acudiera ningún representante del Gobierno de Zapatero ni del PSOE.38

36La reflexión vertida por un lector en la sección de cartas al director de El País a raíz de estos hechos es muy esclarecedora. Pablo Sanz Yagüe opinó que la petición de perdón por parte del Gobierno vasco era una forma muy capciosa de ver las cosas, fundamentalmente porque otras ciudades españolas también soportaron los bombardeos de las fuerzas franquistas o de sus aliados extranjeros, incluso con una intensidad y reiteración mucho mayores: Madrid, sin ir más lejos, desde septiembre de 1936, pero también Málaga, Barcelona, Valencia, Teruel y tantas otras. A nadie se le ocurre ahora plantear una exigencia equiparable a la de los nacionalistas vascos, completamente absurda y, desde luego, torticera:

  • 39 Pablo Sanz Yagúe, en El País, 27-IV-2007.

“Puestos a decir dislates, podríamos sugerir al Gobierno vasco que si Bilbao se hubiese resistido a Franco como lo hizo Madrid –en vez de rendirse a las primeras de cambio, pactando por su cuenta y dejando al resto de España con el culo al aire (la España legal, la republicana, la que les concedió el primer estatuto de autonomía)–, quizás no hubiera que lamentar ahora tantos equívocos; y que el Gobierno vasco debería pedirnos perdón a los demás por aquella defección. Bien está que alimenten sus mitos, pero no a costa de agraviar a otros, y menos a quienes combatieron a Franco con tanto o más coraje que ellos.”39

  • 40 “La memoria de las bombas”, ABC, 26-IV-2007.

37Si se profundizara en la actuación del Partido Nacionalista Vasco durante la Guerra Civil es más que factible que no saldría muy bien parado. Nadie ignora sus problemáticas relaciones y sus discrepancias con el Gobierno de la República. Pero lo peor de todo es constatar cómo este partido ha hecho suya la falacia –también observable en determinados círculos del nacionalismo catalán más sesgado– de presentar y concebir la Guerra Civil como un conflicto entre España y su territorio. El actual Partido Nacionalista Vasco se dirige a España como si fuera una potencia agresiva y ajena, obviando su alineamiento con la España republicana en aquel conflicto. En el País Vasco, como en el conjunto de España, la Guerra Civil enfrentó a unos españoles contra otros en el marco de una Europa dividida y convulsa sacudida por el auge imparable de los totalitarismos. Como se escribía con razón desde las páginas del diario conservador ABC al plantearse esta cuestión: “Todo es absurdo y disparatado en esta singular huida hacia el pasado que han emprendido algunos líderes políticos, unos en nombre de falsos progresismos y otros de identidades excluyentes”.40

Trampas de la memoria antifranquista

  • 41 Lo que sigue referido a este apartado se apoya fielmente en Fernando del Rey Reguillo: “Trampas de (...)

38Lo expuse en otro foro y lo reitero aquí: los ciudadanos deberían saber, y los historiadores tienen la obligación de contárselo, que en buena medida los estereotipos y distorsiones enumeradas parten del equívoco de confundir el “antifascismo” genérico de los años treinta con la lucha por la democracia y por la libertad, palabras grandilocuentes a las que muchos españoles de entonces concedían unos significados y, sobre todo, una valoración muy distinta a la que ahora le confiere la mayoría de los ciudadanos. En aquel período, en realidad, la idea democrática, en su acepción parlamentaria y pluralista, se hallaba en retroceso en toda Europa –especialmente entre las generaciones más jóvenes– ante el avance imparable de los dos grandes modelos totalitarios del momento (el bolchevismo y el fascismo). Antes de la Segunda Guerra Mundial, la democracia de inspiración liberal sólo sobrevivió en los países de la fachada noroccidental del continente (Gran Bretaña, Escandinavia, Bélgica, Holanda...), en Francia con muchos problemas, y en Checoslovaquia hasta que fue invadida por Hitler. Por otro lado, la democracia republicana de 1931 bebía de una inspiración más jacobina que liberal, como lo prueba el hecho de que medio país, cuando menos, no se reconociera en su Constitución.41

39Desde este prisma, definir como democrático al conjunto de la izquierda española de entonces, e incluso al nacionalismo vasco –cuyas raíces integristas, racistas y antiliberales ofrecen pocas dudas– presenta grandes problemas. Desde luego, no se les puede otorgar esa denominación a los anarcosindicalistas, cuya facción más radical –mayoritaria en aquel momento– combatió la República desde sus orígenes a base de una estrategia de huelgas generales salvajes y, sobre todo, con el impulso de tres intentonas insurreccionales armadas (enero de 1932 y enero y diciembre de 1933), que provocaron alrededor de 200 muertos. Con ese telón de fondo, llamar demócrata a un anarquista de 1936, a la vez que injusto, no deja de ser una perversión de su propia memoria. Buenaventura Durruti, que como tantos otros libertarios se enorgullecía de ser un revolucionario, seguramente se revolvería en su tumba si pudiera. El desprecio por la “democracia burguesa”, así llamada por sus enemigos, también lo compartieron los comunistas, una fuerza minúscula que asumió igualmente el camino de la confrontación hasta que, bajo los designios oportunistas de Stalin, impulsó la fórmula del Frente Popular que, unida al estallido de la guerra, le permitió crecer y alcanzar una presencia que nunca había tenido en el país.

40Los socialistas, que se habían implicado en la institucionalización del régimen, con honrosas excepciones siempre tuvieron un sentido instrumental del mismo, pues su objetivo (inequívoco en el caballerismo, sector mayoritario) no era otro que llegar al socialismo por la vía de las reformas y la aplicación del “control obrero”. Una vez fuera del poder, en el verano de 1933, o incluso antes, cambiaron su discurso y su estrategia. Como se escribía en Renovación, el órgano de sus Juventudes alentado por las aguerridas plumas de Segundo Serrano Poncela y Santiago Carrillo, al enemigo no se le conseguiría derrotar en la “legalidad burguesa”. Por eso, ellos no estaban dispuestos a cambiar la acción revolucionaria por la vía electoral: “El poder sólo puede conquistarse con la violencia organizada de la clase obrera”. “Con ese apoyo iremos luego a por todo”. Tras desbancar a los dirigentes más moderados y posibilistas (Besteiro, Saborit...), bajo el puño firme de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto (que luego se arrepentiría muy pronto) los socialistas sostuvieron una deriva que desembocó en la insurrección de octubre de 1934. Su objetivo, expresamente reiterado en los meses previos, era impedir que la CEDA, fuerza mayoritaria del Parlamento formado en las elecciones de noviembre de 1933, entrase en el Gobierno legítimamente constituido, posibilidad que las leyes vigentes claramente permitían. El argumento esgrimido fue que los católicos de Gil Robles constituían una “amenaza fascista” dispuesta a tumbar la República mediante el recurso a la violencia. En aquella insurrección también se implicó la izquierda republicana catalana, con Luis Companys, su máximo dirigente y presidente de la Generalitat, al frente.

41Tras el fallido golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936, lanzado por un sector del Ejército contra el Gobierno legítimo del Frente Popular, estalló una guerra civil cruenta que provocó ríos de sangre en las dos zonas en que quedó fracturado el territorio nacional. En la zona formalmente fiel a la República, el Estado y la legalidad en que se apoyaba se hundieron en un proceso revolucionario que se prolongó durante muchos meses. Los historiadores estiman en unos 60.000 los asesinatos producidos por el terror en aquella retaguardia, implicada paralelamente en un proceso colectivizador forzoso de largo alcance. La población religiosa, en particular, sufrió la persecución de socialistas, anarquistas, comunistas y republicanos de izquierda: más de 7.000 personas, entre sacerdotes, monjes y monjas, fueron asesinados por el mero hecho de tener esa condición. A estas alturas no se sostiene la tesis de la “espontaneidad popular” justiciera que imputa a los “descontrolados” esa represión, por más que tal violencia no respondiera a un plan dictado por el Gobierno republicano, manifiestamente impotente para contener aquella masacre. Los autores de la misma, que tenían nombres y apellidos, actuaron aplicando la lógica de la limpieza selectiva al objeto de paralizar cualquier tipo de disidencia. En ese contexto, las libertades individuales más elementales quedaron sepultadas.

42Y es que aquella fue una época de intolerancia en la que lo raro, por minoritarios, fueron los ciudadanos con firmes convicciones democráticas, es decir, de respeto a la pluralidad, al diálogo institucional y a las salidas negociadas como vía de resolución de los conflictos. Estamos hablando del período de la Europa negra, magistralmente estudiada por Mark Mazower; de la larga guerra civil europea, como la calificara con acierto Ernst Nolte; una época y un continente que cayeron presos de la brutalización de la política, de acuerdo con la afortunada expresión de Georges Mosse. Tal brutalización implicó la demonización del adversario con la vista puesta en su aniquilamiento si las circunstancias lo permitían.

43Obviamente, durante la II República, a derecha y a izquierda, hubo importantes sectores sociales y partidos que sí aceptaron las reglas del juego democrático y sus valores. Aunque no faltaron los que daban a la palabra democracia un sentido patrimonial, se implicaron en ella con pleno convencimiento y sin ninguna pretensión instrumental los azañistas, los radicales, los liberales progresistas y conservadores, los demócrata-cristianos, los catalanistas republicanos y no republicanos, un sector del socialismo... La cuestión fue que estas corrientes se dejaron comer el terreno por las fuerzas que no respetaron, o vulneraron abiertamente, los fundamentos de la democracia parlamentaria y del pluralismo político, llevando sus diferencias al ámbito de la calle y al enfrentamiento físico, con la consiguiente crispación de la ciudadanía.

44La mayor parte de las derechas españolas tampoco bebieron en esos años del pensamiento liberal democrático. Ni los monárquicos, ni los carlistas, ni por supuesto los falangistas, apenas un grupúsculo estos últimos hasta la primavera de 1936. La aspiración compartida por todos ellos era liquidar la democracia republicana. La misma corriente mayoritaria conservadora, la CEDA, por más que no llegara a romper la legalidad y con la salvedad de un pequeño sector, aspiraba a constituir un Estado autoritario y corporativo, cuyo modelo era la dictadura portuguesa de Salazar.

45Pero esta constatación no convertía ni convierte en demócratas a sus adversarios de la izquierda revolucionaria. Tampoco la oposición de éstos a la dictadura franquista, al menos durante los años cuarenta. Paradójicamente, la dictadura, un régimen que para cualquier demócrata de ayer y de hoy sólo merece desprecio y condena, les confirió un plus democrático que buena parte de ellos nunca tuvieron, ni por sus ideas ni por su práctica política. Esa dictadura llevó al paredón de fusilamiento, posiblemente, a más de 100.000 personas, que desde luego merecen el reconocimiento de la democracia actual, fueran demócratas o no. Como también las 60.000 víctimas de la violencia revolucionaria opuesta. Ésas que, según Joan Saura, no se pueden equiparar con las otras dado que perecieron a manos de unas organizaciones que apoyaban un “Gobierno legítimo y democrático”, y por tanto investido de una “superioridad ética”. Sin obviar a Andreu Nin, líder del POUM, que como se ha indicado más arriba resulta imposible ubicar en la anterior dicotomía.

  • 42 Michael Seiman: A ras de suelo. Historia social de la República durante la Guerra Civil, Madrid, Al (...)

46Pero ese reconocimiento de las víctimas no debería pasar por la forja de mitos que sólo contribuyen a manipular e instrumentalizar el pasado con espurios fines políticos, confundiendo y desinformando a los ciudadanos. Bajo el rótulo del antifascismo, y del antifranquismo después, se agruparon gentes con diferentes sensibilidades y visiones distintas de la sociedad y del Estado, como sucedió, sin ir más lejos, con la resistencia francesa o italiana. Buena parte de ellos tenían ideas democráticas, otros muchos, tal vez la mayoría, consideraban la democracia pluralista y parlamentaria una antigualla digna de tirarse al basurero de la historia. Por no hablar de los que se subieron al carro de la lucha antifascista sobre la marcha, empujados por las circunstancias o por el oportunismo más rampante como sucedió en Italia conforme los norteamericanos fueron ocupando el país desde el sur. En España, como en todas partes, una vez asentada la dictadura la imagen heroica del resistente antifascista en realidad se correspondió con grupos muy minoritarios. El famoso maquis, rural o urbano, fue un fenómeno residual. Como en todas las dictaduras, la mayor parte de la población se limitó a sobrevivir, lo cual no deja de ser lógico por otra parte. Las secuencias míticas están bien para la literatura o los ensayos cinematográficos, pero la realidad siempre suele ser más prosaica como nos cuenta Michael Seidman en A ras del suelo42.

47Por tanto, el ejercicio mixtificador reside precisamente en no establecer las distinciones obligadas al respecto y en brindar una imagen idílica del antifascismo en su conjunto, ignorando su naturaleza limitada, plural y compleja, por no hablar de las carencias democráticas y los crímenes de muchos de los que se pusieron a cubierto de ese paraguas. Como ya apuntaran nuestros padres fundadores en la Transición, y ahora parece que bastantes de los responsables políticos olvidan, sólo desde la reconciliación y el reconocimiento de los errores compartidos podrá la sociedad española afrontar aquel trauma colectivo. Un trauma que hasta hace unos años se creía superado para siempre y que los acontecimientos se están encargando de resucitar.

48El período de entreguerras, por tanto, fue una etapa histórica llena de paradojas, contradicciones y problemáticas enrevesadas. Afortunadamente, son muchos los ciudadanos que en la España de hoy tienen conciencia clara de ello, de modo que las posibilidades de ser intoxicados por las propagandas sectarias –del signo que sean– están mucho más limitadas que en los años 30 y 40. Las paradojas de ayer y de hoy no han sido ajenas al resultado final de esa larga confrontación que fue la guerra civil europea, saldada con la victoria de las democracias en la mitad occidental del continente, pero también con la victoria de la Unión Soviética, bajo cuyo imperio quedó sometida la otra mitad, la mitad oriental. Que el Ejército Rojo contribuyera de modo decisivo a la derrota de los fascismos hizo que durante décadas muchos europeos se sintieran en la obligación de reconocérselo, una deuda que todavía hoy se activa de tanto en tanto:

  • 43 Juan Rey Segura, en la sección de cartas al director de El País, 10-V-2007.

“Hay una paradoja en la historia europea posterior a la II Guerra Mundial que pocas veces se pone de manifiesto con suficiente claridad: la derrota del nazismo y el triunfo de la democracia se debió, esencialmente, a que otro régimen totalitario, la Unión Soviética, fue capaz de sobreponerse a una aplastante derrota y revertir el curso de la guerra, a cambio de un precio que ninguna democracia ha pagado ni probablemente pagaría jamás: veinte millones de muertos según cálculos realistas (…) ¿No merece un agradecimiento el sacrificio de tantos millones de personas? ¿Un monumento al soldado soviético es necesariamente el equivalente a una glorificación del comunismo? ¿No es una injusticia histórica la ausencia de al menos un mínimo reconocimiento al frontovik, el soldado anónimo empujado al combate de forma implacable y mucho más víctima que verdugo en la guerra contra el nazismo?”43

49Sin que sirva de excusa, en el fondo ese mismo razonamiento es el que late, implícita o explícitamente, en aquellos segmentos de la opinión española y en los impulsos institucionales que han acogido con los brazos abiertos la idea de realizar un reconocimiento exclusivo y excluyente de las víctimas de la dictadura franquista. De ahí tanta distorsión del perfil político e ideológico de los luchadores antifascistas durante y después de la contienda de 1936-1939. El antifascismo español capitalizó la victoria aliada sobre el Eje en 1945. ¿Hubiera sido igual la lectura si la Unión Soviética no hubiera sido un aliado tan fundamental de las democracias? Ni en España ni en el resto de la Europa occidental decayó el mito del antifascismo a pesar del fracaso de las democracias populares en 1945-1948 y la consiguiente consolidación de dictaduras de partido único en los países de la órbita soviética. La izquierda de los países democráticos miró más bien para otro lado. En España, la longevidad de la dictadura alimentó una gran confusión, de modo que el antifascismo particular (o antifranquismo) no se convirtió hasta bien entrada la Transición en sinónimo claro de lucha por la libertad y la democracia parlamentaria pluralista. Es el caso que de no haberse dibujado en términos de discriminación hacia las víctimas del otro bando, nadie hubiera discutido hoy el reconocimiento a las víctimas del franquismo si se hubiera enfocado desde un prisma inclusivo y democrático. Pero desde el momento en se han roto los consensos laboriosamente tejidos durante la Transición es cuando se ha planteado la discordia civil, que tiene mucho de desencuentro simbólico pero cuyas consecuencias superan tal plano, y eso ya resulta más peligroso e inquietante.

Las consecuencias

  • 44 Juan Pablo Fusi: “La democracia en crisis”, ABC, 27-III-2007.

50Es evidente que la política de recuperación institucional de la memoria histórica llevada a cabo desde distintas instancias durante la legislatura del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha afectado a la convivencia política de los españoles. En un artículo publicado el 27 de marzo de 2007, Juan Pablo Fusi, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, señalaba que desde el atentado del 11 de marzo de 2004 España “vive una grave crisis nacional, la peor crisis de la democracia desde 1975. El consenso de la transición no existe. El país está emocional y políticamente dividido; su unidad moral se ha roto”. Según este historiador, lo que ha fallado entre 2004 y 2007 no ha sido ni la sociedad ni el entramado institucional del Estado, pues toda España asimiló con serenidad admirable el atentado de Madrid. “Lo que ha fallado ha sido la política: el gobierno, la oposición, los partidos y sus dirigentes, los medios de comunicación.” En ello, aparte de otras políticas, habrían tenido que ver mucho los “tres años de fragmentación del Estado” “y de reapertura de viejas heridas históricas (como la memoria de la guerra)”.44

51En el plano estrictamente académico las consecuencias también se han dejado notar. El ejercicio del oficio del historiador no se ha visto obstaculizado abiertamente, pero los reparos y la autocensura son mayores que antes, como también la dificultad de pensar y escribir con plena libertad. No son pocos los que temen ser acusados de revisionistas al tocar el candente período de entreguerras o al referirse al régimen franquista. El concepto “revisionismo” se ha hecho así omnipresente. Y lo peor de todo es que aquí se considera revisionista a cualquier publicista de medio pelo, por más que carezca de la debida cualificación profesional (Pío Moa, Federico Jiménez Losantos) o, aun teniéndola, su obra, por sectaria o atropellada, deje mucho que desear (César Vidal). El hecho de que esos autores se enriquezcan con grandes tiradas no les avala como analistas de prestigio. Simplemente, se han beneficiado de la reacción contra las políticas de la memoria despertada en los sectores de la sociedad española que no se reconocen en las mismas. El auténtico revisionismo es otra cosa. De hecho, cualquier historiador medianamente serio es revisionista, sea cual sea su bagaje ideológico: de forma constante revisa sus fuentes, sus documentos, sus lecturas y sus enfoques. Lo cierto es que la coletilla se ha instalado con un cariz condenatorio y peyorativo, dando armas a los combatientes del extremo opuesto al de los autores citados para utilizarla como buenamente les place.

52Nada mejor, para concluir, que el recurso a unas citas de autoridad para guiarnos en el camino de la razón, una camino ajeno al sectarismo, a las posiciones maniqueas y a la manipulación del pasado, coordenadas que el historiador profesional serio siempre debiera tener presente en su labor y en su compromiso cívico. Un compromiso con el rigor y la búsqueda (¿imposible?) de la veracidad que ni siquiera las modas institucionales de turno –o la fantasmal moda de la deconstrucción, por fortuna tan desacreditada– debieran nunca vulnerar:

  • 45 “La ideología contra la historia”, La Vanguardia, 18-VII-2006.

“La guerra civil no fue ni una cruzada de liberación ni una heroica revolución social: fue un lamentable enfrentamiento entre españoles producto de un ilegítimo golpe de Estado militar. Los relatos de buenos y malos no deben servir para construir el futuro. Estudiemos la historia para aprender a vivir en paz, no la manipulemos desde el poder para socavar nuestra buena convivencia actual” (Francesc de Carreras).45

  • 46 “Memorias en lugar de memoria”, El País, 2-VII-2006.

“(…) mejor será dejar al cuidado de la sociedad y fuera del manejo instrumental de los políticos la tan asendereada memoria histórica; mejor olvidarse de centros de la memoria y dotar con mayores medios archivos y bibliotecas; mejor renunciar a un relato consolador sobre el pasado y favorecer el conocimiento y los debates sobre la historia” (Santos Juliá).46

  • 47 “La República imaginada”, ABC, 23-VI-2006.

“(…) si se abandona la idea de que una historia que puede, y debe, ser escrita con veracidad, se abre a un mundo de pesadilla en el que cualquier dictador puede controlar el futuro y también el pasado” (Fernando García de Cortázar).47

53En resumidas cuentas, que hayan surgido voces apelando a la necesidad de restituir la dignidad de las víctimas del franquismo siquiera moralmente es loable y nadie debiera poner en cuestión esa iniciativa. Como también lo es desenterrar a los muertos que todavía permanezcan en las cunetas, siendo deseable que estos impulsos nacidos en la sociedad civil se beneficien de todo el respaldo institucional posible. Más discutible es, en cambio, disociar esa restitución moral y simbólica de las víctimas del franquismo de las víctimas del bando republicano, como pretenden Izquierda Unida, Iniciativa Per Catalunya, Esquerra Republicana y los grupos de opinión que giran en torno a ellos, buscando de paso la condena explícita del franquismo en una ley y la declaración de la ilegitimidad de las sentencias dictadas por ese régimen. La condena del franquismo la han expresado los españoles en las urnas reiteradamente desde 1977 al desligarse, de forma contundente, de las opciones que reivindicaban su legado. Ningún demócrata que se precie mira con nostalgia la dictadura; en la izquierda, por supuesto, pero tampoco en el grueso de las opciones de derecha y centroderecha en nuestro actual universo político. El franquismo es historia desde hace más de tres décadas y como tal lo ve la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Pretender ahora ajustes de cuentas con el pasado no conduce a ningún lado, salvo que se busque resucitar fantasmas y excitar mitos que sólo servirán para dividir al país, con el consiguiente envenenamiento de nuestro panorama político. Como sostuve en otro lado haciendo referencia al pasado español reciente:

  • 48 “Elogio del posibilismo”, El Mundo, 4-V-2007.

“No deja de ser triste y revelador que muchos de los personajes a los que se ha reservado un lugar preferente en los manuales de Historia del siglo XX, no sólo por su protagonismo objetivo sino por servir de iconos a cientos de miles de españoles durante el período de entreguerras pero también después, hayan sido precisamente los que se definieron por la radicalidad, la justificación de la violencia, el sectarismo, la ingeniería social o una concepción redentorista, excluyente e iluminada de la vida política: Francisco Franco, Dolores Ibarruri, José Calvo-Sotelo, Francisco Largo Caballero, José Antonio Primo de Rivera o Buenaventura Durruti, por citar sólo algunos de los más representativos.”48

  • 49 Fernando del Rey: “La Memoria Democrática de todos”, El Mundo, 28-IX-2007.

54Partiendo de tales supuestos no tiene ningún sentido alentar e institucionalizar memorias disociadas. Lo sensato, como de forma callada se hizo desde el inicio de la democracia española actual, sería afanarse en crear una identidad democrática en la que se puedan mirar todos los ciudadanos sobre el reconocimiento de lo que fue un auténtico fracaso colectivo. No hay ningún impedimento para que la democracia pueda hacer suyas en pie de igualdad a todas las víctimas. El argumento de que los mártires del franquismo ya fueron celebrados largamente por la dictadura no tiene ningún sentido en la medida en que sitúa en el mismo plano a ambos regímenes. Nuestra democracia es moralmente superior a la dictadura que le precedió y desde sus orígenes se concibió como punto de encuentro, no como un frente de batalla en el que media España tuviera que liquidar simbólicamente a la otra media. En consecuencia, la memoria democrática debiera ser la memoria de todos, la Memoria Democrática con mayúsculas, manteniendo uno de los consensos fundamentales, más inteligentes y más sensatos de la Transición: el acuerdo de no utilizar el pasado como arma arrojadiza contra el adversario.49

Notes

1 Enrique Moradiellos: 1936. Los mitos de la Guerra Civil, Barcelona, Península, 2004, p. 224.

2 La presencia de la guerra en la Transición a la democracia española, en Paloma Aguilar Fernández: Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza, 1996.

3 Santos Juliá: “Echar al olvido: Memoria y amnistía en la transición”, Claves de razón práctica, n.º 129, 2003, pp. 14-25; Id.: “El franquismo: historia y memoria”, Claves de razón práctica, n.º 159, 2006, pp. 4-13, e Id.: “Bajo el imperio de la memoria”, Revista de Occidente, núms. 302-303, 2006, pp. 7-20. En la Universidad Complutense de Madrid se creó incluso una Cátedra con la denominación de “Memoria Histórica del Siglo XX”, bajo la titularidad de Julio Aróstegui, empeñada en organizar todo tipo de eventos, no exentos del discurso mítico y heroico que ha caracterizado a una parte de la producción historiográfica española desde los años sesenta y setenta al abordar, en particular, el período de entreguerras.

4 El País, 20-VII-2006.

5 Félix Ovejero: “Donde tocas, la memoria duele”, El País, 15-XII-2005.

6 Renzo de Felice: Rojo y negro, Barcelona, Ariel, 1996.

7 Este caso, en ABC, 9-V-2007.

8 Hermann Tertsch: “El pozo negro del pasado”, ABC, 10-V-2007.

9 Edurne Uriarte: “La doctrina correcta”, ABC, 24-IV-2007.

10 Entrevista a Paul Preston en ABC, 21-IV-2007.

11 Manuel Peris: “La memoria del arzobispo”, El País, 27-III-2007.

12 Henry Kamen: “Lo que (no) se quiere recuperar de la Segunda República”, El Mundo, 17-IV-2007.

13 La Vanguardia, 23-III-2007.

14 ABC, 20-IV-2007 y El País, 26-IV-2007.

15 El País, 25-III-2007 y 26-IV-2007; ABC, 21-IV-2007.

16 Francisco Rodríguez Adrados: “La desmemoria histórica”, ABC, 3-V-2006.

17 José Ignacio Wert: “¿La historia interminable?”, El País, 21-I-2006.

18 Suso de Toro: “La tumba del hermano”, El País, 29-IV-2006.

19 ABC, 5-V-2006.

20 Julián Santamaría: “Memoria histórica y consenso”, El País, 18-V-2006.

21 El País, 21-V-2006, p. 26.

22 ABC, 23-VI-2006.

23 Fernando García de Cortázar: “La República imaginada”, ABC, 23-VI-2006.

24 Manuel Álvarez Tardío: “La Historia como arma arrojadiza”, ABC, 28-IV-2006.

25 Josep Fontana: “La caza del maestro”, El País, 10-VIII-2006.

26 El País, 29-VII-1936.

27 El País, 18-VII-1936.

28 El Mundo, 5-VII-2006.

29 Julius Ruiz: Franco’s Justice. Represión in Madrid after the Spanish Civil War, Oxford, Oxford University Press, 2005.

30 La Vanguardia, 23-IV-2007.

31 ABC, 20-III-2007.

32 Ignacio Camacho: “Superioridad ética”, ABC, 21-III-2007. Véase también el editorial “La revancha histórica de la Generalitat”, ABC, 21-III-2007.

33 La Vanguardia, 23-IV-2007.

34 Jon Juaristi: “Revisionismo”, ABC, 21-IV-2007.

35 Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros, El Mundo, 23-IV-2007.

36 Ángel Viñas: “Un agente estalinista, cerebro del asesinato de Nin”, El País, 22-IV-2007; “Investigan si los restos de Andreu Nin están en una fosa común”, El País, 7-III-2008; “Andreu Nin, un esqueleto incómodo”, ABC, 8-III-2008.

37 La Vanguardia, 21-IV-2007.

38 ABC, 25,26 y 27-IV-2007.

39 Pablo Sanz Yagúe, en El País, 27-IV-2007.

40 “La memoria de las bombas”, ABC, 26-IV-2007.

41 Lo que sigue referido a este apartado se apoya fielmente en Fernando del Rey Reguillo: “Trampas de la memoria antifascista”, El Mundo, 22-III-2007.

42 Michael Seiman: A ras de suelo. Historia social de la República durante la Guerra Civil, Madrid, Alianza, 2003.

43 Juan Rey Segura, en la sección de cartas al director de El País, 10-V-2007.

44 Juan Pablo Fusi: “La democracia en crisis”, ABC, 27-III-2007.

45 “La ideología contra la historia”, La Vanguardia, 18-VII-2006.

46 “Memorias en lugar de memoria”, El País, 2-VII-2006.

47 “La República imaginada”, ABC, 23-VI-2006.

48 “Elogio del posibilismo”, El Mundo, 4-V-2007.

49 Fernando del Rey: “La Memoria Democrática de todos”, El Mundo, 28-IX-2007.

Auteur

Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos (Universidad Complutense de Madrid/Facultad de Ciencias Políticas y Sociología).

© Publicações do Cidehus, 2012

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