Version classiqueVersion mobile

Elites e Poder

 | 
Manuel Baiôa

III – A crise da Restauração e da I República

El Partido Liberal Español y la Crisis da la Restauración (1917-1923)1

Javier Moreno Luzón

Texte intégral

  • 1 Distintas versiones de este mismo trabajo se presentaron en los coloquios “El liberalismo español, (...)
  • 1 El mejor repaso de la bibliografía académica sobre la Restauración es el de Manuel Suárez Cortina, (...)

1Desde hace al menos dos décadas, los historiadores españoles prestan una atención creciente a la época de la Restauración. Coincidiendo con el auge de la historia política, muchas miradas se han dirigido hacia la larga etapa comprendida entre 1875, cuando el regreso de los Borbones se vio acompañado por el nacimiento de un nuevo régimen constitucional, y 1923, fecha en que el golpe del general Primo de Rivera puso un abrupto punto final a dicho régimen y lo reemplazó por una dictadura militar. La importancia de aquel medio siglo en el desarrollo político de la España contemporánea está fuera de toda duda. A la vez, el protagonismo tradicional de actores como los movimientos obreros y los partidos situados en los márgenes del sistema –republicanos, nacionalistas– ha dado paso a un mayor interés por las fuerzas políticas gubernamentales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se alternaron en el poder bajo la sombra de la Constitución de 1876. Por un lado, diversos trabajos, entre ellos muchas biografías, han descrito la trayectoria de estas organizaciones y sus jefes, sus proyectos, realizaciones y fracasos. Por otro, múltiples investigaciones han retratado a sus miembros en las distintas regiones españolas y han mostrado su funcionamiento a nivel local y provincial. Ambos esfuerzos completan un panorama rico y complejo, muy distante de las simplificaciones y tópicos que dominaban, y minaban, las visiones anteriores del período1.

  • 2 Algunas orientaciones sobre estos debates, en especial sobre la posible democratización del régimen (...)
  • 3 Hay buenos balances, que tienen ya una década, de las posturas historiográficas sobre la crisis de (...)

2Los debates historiográficos sobre el sistema político de la Restauración se centran, en primer lugar, en la naturaleza del mismo: su carácter más o menos liberal, el peso del Parlamento frente al predominio del poder ejecutivo, las dimensiones del fraude en las elecciones y la consiguiente merma de su representatividad. Y, en segundo término, valoran su capacidad para sobrevivir y evolucionar, y las responsabilidades que cabe atribuir a los distintos protagonistas de la vida pública –los gobernantes, la oposición, los militares, el rey– en la frustración de las expectativas democráticas y en el triunfo de una solución autoritaria. Sigue sin dilucidarse del todo la vieja cuestión que planteó Raymond Carr cuando afirmo que Primo de Rivera, creyendo rematar a un cuerpo enfermo, vino en realidad a estrangular a un recién nacido2. Por eso adquiere especial relevancia el estudio de la última etapa de la Monarquía constitucional, la que se ha denominado habitualmente “crisis de la Restauración” y cuyo comienzo suele ubicarse hacia 1913 o 1917, ya que en ella se hallan las respuestas principales a estos problemas. El resurgimiento de la historia política ha supuesto, entre otros logros, el abandono de las posturas deterministas y la revalorización de las distintas alternativas presentes en cada coyuntura. No todo tuvo necesariamente que pasar como pasó. Así pues, ya no resultan aceptables las tesis que dan por sentenciado el régimen tras el Desastre de 1898, o las que conciben los años finales de la Restauración como una mera pendiente hacia la dictadura. Hubo en ellos diversas opciones y muchos factores en juego que es preciso ponderar3.

  • 4 Existen dos libros básicos sobre el Partido Liberal en esta época: T.G. Trice, Spanish Liberalism i (...)

3En las vicisitudes que atravesó entre 1917 y 1923 el Partido Liberal –o, mejor dicho, sus distintas facciones– se cruzan muchas de las preocupaciones historiográficas señaladas. Para empezar, los liberales monárquicos constituían una pieza fundamental del sistema político y, como tal, ocuparon el poder en varias coyunturas importantes, algunas de ellas cruciales para el régimen. Al Gobierno de amplios apoyos liberales de Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, lo sustituyó en abril de 1917 otra fórmula liberal más restringida y encabezada por su gran rival en el partido, Manuel García Prieto, marques de Alhucemas, quien cayó en junio y retomó el mando en noviembre de ese mismo año al frente esta vez de un Gabinete multipartidista. Los líderes liberales tomaron parte asimismo en el Gobierno nacional de Antonio Maura entre marzo y noviembre de 1918, cuando heredó la presidencia de nuevo García Prieto, respaldado de forma efímera por los grupos liberales. Romanones lo reemplazó y defendió una estrecha solución liberal-romanonista de diciembre de 1918 a abril de 1919. Desde entonces, y durante más de tres años, los liberales se mantuvieron en general alejados del poder, aunque prestaron ministros a algunas combinaciones predominantemente conservadoras. En diciembre de 1922, una amplia concentración liberal, acaudillada por Alhucemas, asumió responsabilidades de gobierno que no abandono hasta septiembre de 1923, cuando el rey la despidió y entrego el mando a Primo de Rivera. Además de su participación en las labores ejecutivas, la suma de los parlamentarios adscritos a las facciones liberales representaba una mayoría relativa en las Cortes salidas de las elecciones de 1916,1918 y 1923. Cualquier análisis de la vida política española en la crisis de la Restauración debe contar pues con el liberalismo monárquico como uno de sus protagonistas más destacados4.

  • 5 José Ortega y Gasset, “La grave política de estos días”, artículo publicado sin firma en El Sol, 13 (...)

4Por otra parte, el conocimiento de las ideas y acciones de los liberales resulta esencial para definir la naturaleza del sistema de la Restauración y valorar sus cambios y posibilidades de reforma, sobre todo si se piensa en una hipotética transición hacia la democracia. La izquierda monárquica sufrió juicios muy duros por parte de los miembros más visibles de la intelectualidad liberal, a quienes parecía que estos parlamentarios profesionales, sustentados por clientelas caciquiles, representaban una política artificial y caduca, y eran por tanto incapaces de abordar la imprescindible modernización del Estado. Por ejemplo, José Ortega y Gasset, a propósito de uno de los Gobiernos liberales citados, decía que “florecen de pronto en el banco azul los caballeros que han acaparado todos los desprestigios, los personajes de la triste bufonada ibérica, los escarnecedores de la madre España paralítica”5. Pero lo cierto es que en otros parajes de la izquierda tampoco abundaban los impulsos políticos capaces de transformar el panorama desde fuera: los reformistas, que despertaron un tiempo las esperanzas de la generación intelectual de 1914, se fundieron en el universo liberal monárquico y acabaron uniéndose a la concentración que accedió al poder en 1922; los republicanos, más débiles que nunca, se estancaron en una exigua y dividida minoría parlamentaria; y los socialistas, que en principio tenían tras de sí a ingentes masas obreras, no supieron traducir en votos este enorme capital y en 1923 su presencia en las Cortes se reducía a siete diputados (de un total de más de cuatrocientos). Y no es que el masivo fraude electoral inducido por el Gobierno les impidiera llegar al Parlamento, puesto que, como demostraron los catalanistas y los mismos republicanos y socialistas allí donde tenían arraigo, cualquier movimiento ciudadano empeñado en la tarea podía romper el entramado caciquil dinástico. Pero su debilidad se lo impedía. Además, la incompatibilidad de la mayoría de los izquierdistas con el régimen monárquico obstaculizaba su integración en él y dejaba abierto el horizonte revolucionario. Para bien y para mal, los liberales, solos o en colaboración con otros sectores, constituían una de las pocas fuerzas del arco parlamentario con posibilidades de llevar a cabo reformas en sentido progresista dentro de la Monarquía constitucional. Sus conflictos internos y los límites de su actuación política muestran las enormes dificultades que encontraron los proyectos reformistas en una España marcada, como tantos otros países europeos, por la fuerte crisis del liberalismo que siguió a la Gran Guerra.

El estallido del Partido Liberal

  • 6 De entre las muchas descripciones del sistema del turno, resulta especialmente interesante la de Jo (...)

5El sistema político de la Restauración funcionaba gracias a una serie de premisas que conviene recordar, siquiera sucintamente. Para evitar que la vida pública española recayera en excesos anteriores, es decir, en el baile de pronunciamientos militares y Constituciones que había marcado los decenios centrales del siglo XIX, las elites políticas que fundaron el régimen hilvanaron el llamado turno pacífico entre dos grandes formaciones, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que renunciaban al uso de la fuerza y aceptaban el marco constitucional a cambio de disfrutar periódicamente del poder. A lo que no renunciaron fue al fraude electoral, un arma en manos del Ejecutivo que, ante la ausencia de un electorado maduro, garantizaba ya desde mucho antes la llegada a las Cortes de mayorías gubernamentales. Por ello, el árbitro que facilitaba la alternancia no eran los comicios, sino la corona, dotada por la Constitución de amplias atribuciones como la de nombrar libremente a sus ministros y disolver el Parlamento. Así pues, el sistema español funcionaba al revés que otros sistemas liberales: el Gobierno no emanaba de las Cortes, sino al contrario, recibía primero el mando y el decreto de disolución de manos del rey, y se ocupaba acto seguido de preparar las elecciones según su conveniencia. Como no se trataba de romper la baraja sino de mantener los acuerdos interpartidistas, negociaba con el otro partido de gobierno, e incluso con algunos de los minoritarios, la confección del encasillado, la lista de candidatos que después respaldarían, con todo su peso y la ayuda de los poderosos caciques locales, las autoridades a lo largo del proceso electoral. Tales mecanismos, vigentes hasta 1923, levantaron infinitas críticas, incluso entre sus propios beneficiarios, sin que se abriera paso otro modo de actuar en las elecciones. No obstante, las transformaciones que sufrió la política española a comienzos del XX distorsionaron en gran medida su eficacia, sobre todo cuando los dos partidos dinásticos se fragmentaron de manera definitiva y se derrumbó el turno6.

  • 7 Sobre Sagasta, la obra más reciente y completa es la de José Ramón Milán, Sagasta o el arte de hace (...)

6El Partido Liberal, fundado y construido trabajosamente a finales del Ochocientos, había conseguido reunir a un heterogéneo conjunto de políticos procedentes del centro y la izquierda del liberalismo español, desde las zonas templadas próximas al conservadurismo hasta el ámbito de los republicanos moderados, que aceptaron la Constitución de 1876 una vez que los liberales monárquicos abrieron el régimen al aprobar algunas normas democráticas como la ley de asociaciones o la ley electoral que incorporo el sufragio universal masculino en 1890. Los éxitos del partido estuvieron ligados a la formación de un núcleo de notables dispuestos a reconocer el liderazgo de Práxedes Mateo Sagasta, un viejo progresista que destacaba por su habilidad para mantener los equilibrios entre las diferentes facciones liberales y repartir los recursos públicos que alimentaban a las clientelas de cada una. La solidez de la jefatura sagastina margino a las disidencias y garantizó la mínima cohesión necesaria para evitar una excesiva inestabilidad y realizar una obra de gobierno de cierto porte. Del mismo modo, la decadencia y la muerte de Sagasta en 1903 provocaron, junto con una feroz pugna por el liderazgo, una endémica división de los liberales, que desemboco en una serie ininterrumpida de gobiernos efímeros e incapaces de llevar a la práctica un programa coherente. Una situación que sólo halló remedio cuando, ya en 1910, se hizo con el poder y con la cabeza de la izquierda dinástica un hombre identificado con proyectos radicales, José Canalejas, quien sin embargo supo, a la manera sagastina, integrar a los distintos grupos y sacar adelante otra importante serie de medidas legislativas que recuperaban algunas demandas históricas del progresismo español –como el servido militar obligatorio y la abolición de los impuestos indirectos más injustos, los consumos– y se encaminaban en la dirección del nuevo liberalismo intervencionista que cundía en Europa por esas fechas7.

  • 8 Mercedes Cabrera, Francisco Comín y José Luis García Delgado, Santiago Alba. Un programa de reforma (...)

7El asesinato de Canalejas en noviembre de 1912 volvió a fragmentar al Partido Liberal, dividido desde entonces entre una mayoría liberal liderada por el conde de Romanones y una minoría demócrata acaudillada por Manuel García Prieto. Las rivalidades locales entre sus respectivos partidarios y las diferencias ideológicas y estratégicas se añadieron al pleito por la jefatura para derribar al Gabinete Romanones en octubre de 1913. Sólo el retorno al poder de los liberales en el otoño de 1915, cuando les tocó el turno, restañó las heridas y propicio un acuerdo de gobierno que encumbró otra vez a Romanones. En su mandato, no obstante, menudearon los roces entre las distintas facciones, a causa de la distribución de cargos y escaños en las Cortes y de las políticas emprendidas por el Ejecutivo. Entre éstas sobresalió la ambiciosa reforma hacendística y económica animada por el ministro Santiago Alba, que incluía un gravamen especial para los beneficios obtenidos por los empresarios españoles gradas a la Gran Guerra y un presupuesto extraordinario que facultaba al Estado para realizar abundantes inversiones. Los proyectos albistas sucumbieron sobre todo por la obstrucción que provocaron los regionalistas catalanes al usar las facilidades que les proporcionaba el reglamento del Congreso. Pero afectaron también a la unidad de los liberales porque su tramitación destapo indisciplinas que reflejaban la ausencia de un liderazgo bien asentado sobre la mayoría parlamentaria y, ante todo, porque alumbró a la larga una nueva candidatura a encabezar el liberalismo remozado, la del propio Alba8.

  • 9 Todo esto puede verse con detalle en Moreno Luzón, Romanones, capítulos 5 y 6. La cita, en carta si (...)

8En cualquier caso, el Partido Liberal no estalló hasta la primera mitad de 1917, cuando lo que más pesaba en la política española era la actitud de los distintos grupos ante la guerra europea. Romanones empleó todas sus fuerzas en el mantenimiento de una neutralidad benévola hacia los intereses de las potencias aliadas, una postura muy medida que, cuando arreciaron los ataques submarinos alemanes contra la marina mercante española, puso al Gobierno al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania, paso previo a la entrada de España en la contienda. Los liberales contrarios a asumir estos riesgos forzaron en abril la dimisión del presidente, que desde entonces quedó apartado del liderazgo liberal. García Prieto, su sustituto al frente del Gobierno con el respaldo de Alba, tuvo que lidiar en junio con la rebelión militar orquestada por las juntas de defensa, una coyuntura crítica en la que halló un respaldo muy tímido –que equivalía en la práctica a una invitación a ceder el mando a los conservadores– por parte de su adversario Romanones. Ambas escaramuzas derivaron aquel verano en una quiebra en toda regia, que ya no habría de cicatrizar en años posteriores. Ahora, a diferencia de lo ocurrido en 1913, era Alhucemas quien disfrutaba de mayores apoyos entre los liberales monárquicos, unidas sus fuerzas a las de notables provincianos que solían preferir el bando de quien tenía más probabilidades de gobernar. Las posiciones aliadófilas de Romanones le impedían hacerlo, al menos de momento, por lo que García Prieto y sus demócratas llevaban las de ganar. En la escisión se entrelazaron pactos y luchas locales, lealtades personales, familiares y de clientela, a veces con gran acritud. Según un destacado romanonista, “el cuerpo mismo (del partido) está en putrefacción y los miasmas que de semejante estado se desprenden” toman la forma “de odios y rencores que por todas partes aparecen”. Pero la fragmentación liberal no se completó hasta que cayeron los conservadores en noviembre, gracias a un nuevo órdago juntero, y Alhucemas formó un Gabinete inclinado hacia la derecha que provoco la separación de Alba y la fundación de la Izquierda Liberal en torno al programa económico de su jefe9. Así se configuraron las tres grandes facciones que se repartieron en lo sucesivo el espacio político ocupado tradicionalmente por el viejo partido de Sagasta: los liberales (romanonistas), los demócratas (Garciaprietistas) y la Izquierda Liberal (albistas). A ellos habría que sumar un par de minúsculas clientelas, la de Rafael Gasset, separada también en 1917, y la de Niceto Alcalá-Zamora, emancipada en 1919. Por último, debería añadirse a esta relación el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, que en 1917 propiciaba aún tácticas revolucionarias contra el régimen y cuya integración en el campo liberal monárquico no llegaría hasta 1921.

  • 10 Las dimensiones clientelares de la política española las han estudiado, entre otros muchos, María S (...)

9Cualesquiera que fuesen sus preferencias estratégicas, todos los sectores liberales compartían algunas características comunes en cuanto a su organización. No se trataba en ningún caso de partidos de masas, sostenidos por una burocracia compleja y capaces de movilizar a amplios sectores de la población a través del modelado y la difusión de una identidad colectiva. Aunque sus dimensiones variaban de unas regiones a otras, eran más bien partidos de elites, formados por parlamentarios, notables provinciales y caciques locales, sin más estructura que algunos comités activos en los procesos electorales, círculos y casinos donde se reunían los adeptos, y numerosos órganos de prensa de muy diversa entidad y duración. Sus miembros se relacionaban entre sí mediante vínculos personalistas, muy parecidos a los que unían a patronos y clientes en otros entornos europeos similares al español –como el italiano o el portugués– durante aquel mismo período. Ambas partes intercambiaban recursos desiguales: los patronos proporcionaban a sus clientes favores individuales y colectivos, que a veces salían de su fortuna personal pero que procedían generalmente de la administración del Estado (recomendaciones para empleos y cargos, resolución de expedientes, subvenciones, obras públicas), a cambio de un apoyo político que se substanciaba sobre todo en tiempo de elecciones10. Las divisiones entre ellos solían responder, además de a diferencias ideológicas, a la pugna por el acceso a dichos recursos, desde un nombramiento que no llegaba hasta la defensa de un candidato electoral. Así, en 1917 se unieron contra Romanones y a favor de García Prieto notables que habían sostenido posiciones muy distintas respecto a asuntos como el catalanismo, la neutralidad o la injerencia estatal en las relaciones económicas y sociales, pero que, por una u otra razón, se sentían agraviados por el Conde.

10A la cabeza de las facciones clientelares del liberalismo figuraban los jefes nacionales y los exministros, que se reunían cuando había algo grave que tratar, pero en el eje de las mismas se hallaban los diputados y senadores, que habían representado un papel protagonista en las querellas por la jefatura liberal en 1903 y en 1913, y que volvieron a hacerlo en 1917, cuando los diversos campos quedaron delimitados por las adhesiones que recolectaron entre ellos los distintos pretendientes. Muchos de los parlamentados poseían un capital político fundamental en aquel sistema, de una importancia que además fue creciendo con los años: el dominio sobre sus respectivos distritos electorales, que, de acuerdo con un trazado que provenía del siglo XIX y que sufrió pocas transformaciones en el XX, eran casi siempre rurales y de alcance comarcal. Este influjo, que a veces se extendía sobre toda una provincia, les proporcionaba un sólido pedestal sobre el que negociar y obtener ventajas políticas. A veces, un diputado cambiaba de facción con todos sus fieles o permanecía en la indefinición. La aquiescencia de un grupo de parlamentarios con arraigo local resultaba imprescindible para sostener las ambiciones de los candidatos a la jefatura primero, y de los jefes de facción después; permitía afrontar con ciertas garantías los tira y afloja del encasillado, y aguantar el tipo en caso de que la combinación gubernamental que orquestaba las elecciones se pusiera en contra. En este sentido se establecía una especie de círculo de hierro: la fragmentación de los partidos favorecía la búsqueda de influencias electorales en los distritos, mientras que el arraigo efectivo de los diputados en ellos fortalecía las disidencias e impedía acabar con esa misma división partidista.

11En conjunto, los liberales reunían en las Cortes a una amplia colección de elites profesionales y propietarias de abogados, funcionarios, ingenieros, periodistas, comerciantes, industriales y agricultores, a la cabeza de los tejidos de la sociedad civil provinciana, ligados a menudo con los sectores económicos más dinámicos de cada zona y duchos, desde luego, en el conocimiento de los entresijos de la administración pública, empezando por las diputaciones y los ayuntamientos. El manejo de los recursos clientelares, las relaciones familiares, los negocios y la defensa de los intereses locales vinculaban estrechamente a los parlamentarios con sus respectivos distritos, por lo que en realidad no puede hablarse, como se sigue haciendo, de la artificialidad de esta clase de partidos. Pese a la indiscutible envergadura del fraude electoral y a la ausencia de un respaldo masivo o de una identidad política multitudinaria, los liberales monárquicos– y lo mismo valdría decir de los conservadores –no carecían de cauces de comunicación con su electorado, al menos con los sectores sociales minoritarios que se interesaban por la política institucional.

12Este dominio de la vida política provincial por parte de algunos liberales desemboco en la constitución de lo que entonces se llamaban distritos propios, es decir, de feudos electorales prácticamente inexpugnables, a salvo de injerencias gubernativas. Su proliferación, que hablaba por una parte del relativo éxito de la política clientelar en comarcas rurales o pequeñas ciudades de casi toda España, dificultaba por otra la formación de mayorías parlamentarias gubernamentales y compactas. A diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, ya no se podía acabar con los disidentes desde el poder, por lo que el Parlamento, en cierto modo más representativo, se hacía cada vez más ingobernable. Todo ello, unido a la falta de un liderazgo claro en el seno del liberalismo monárquico, puso más difícil que nunca plasmar su vocación reformista en proyectos y realizaciones concretas.

Una salida para la Monarquía

13La compleja crisis política del verano de 1917 no sólo fragmento definitivamente al Partido Liberal, sino que acabó de rematar el sistema del turno, muy deteriorado desde 1913 pero reconstruido parcialmente entre 1914 y 1916. Esta crisis integro elementos muy diversos, algunos de los cuales pusieron en peligro la misma supervivencia de la Monarquía constitucional. Primero, las juntas militares de defensa, nacidas poco antes, se envolvieron en un lenguaje regeneracionista que denunciaba el desastre de una gobernación en manos de oligarcas y caciques. Después, diputados y senadores catalanes de varios partidos, a iniciativa de la Lliga Regionalista, se reunieron en una asamblea extraoficial para pedir Cortes constituyentes que reorganizaran el Estado y abriesen paso a la autonomía de Cataluña. Por último, la izquierda republicana y socialista se lanzó a la huelga general para forzar un cambio radical en el régimen. La falta de coordinación entre los actores que participaron en el proceso, donde cada cual trataba de aprovechar las oportunidades abiertas por el anterior pero tenía objetivos distintos a los de los demás, hizo fracasar la intentona revolucionaria. El desapego de la Lliga y la inequívoca postura de los militares al reprimir la huelga lo dejaron bien claro. Sin embargo, la mayoría de las fuerzas políticas, incluidas las monárquicas, aceptaron la necesidad de llevar a cabo reformas importantes que autentificasen y legitimaran las instituciones vigentes.

  • 11 La crisis de 1917 se narra con profusión de detalles en Fernando Soldevilla, El año político, 1917,(...)

14Los miembros de las familias liberales no abandonaron su fidelidad a la Monarquía de 1876 y, cuando se declaró la huelga general, permanecieron al lado del Gobierno conservador en defensa del orden. No obstante, a lo largo de la crisis mantuvieron posiciones que diferían de las gubernamentales. Por ejemplo, los parlamentarios liberales catalanes –que, pese a la debilidad de sus fuerzas en Cataluña, sumaban más de una docena en el Congreso elegido bajo mandato de Romanones en 1916–, acudieron a la asamblea de julio con el convencimiento de que no se trataba de un acto ilícito. Bajo la presidencia del liberal autonomista marqués de Marianao, allí estuvieron representadas las dos facciones del liberalismo: la minoría romanonista (Joaquín Salvatella y José Matheu) y la mayoría Garciaprietista (Carlos Maristany, Luis Ballbé, Alberto Dasca, Daniel Riu y José Roig y Bergadá, encargado por la asamblea de elaborar propuestas sobre asuntos económicos y sociales). Los liberales protestaron asimismo contra el procesamiento de diputados sin el debido suplicatorio a las Cortes. Y cuando los asambleístas volvieron a reunirse en octubre, esta vez en Madrid, para exigir una detallada reforma constitucional, algunos liberales se adhirieron a sus conclusiones y Romanones, demostrando cierto oportunismo, se manifestó conforme con su espíritu. En definitiva, fueron los liberales quienes cargaron en última instancia con la perentoria tarea de renovar los métodos políticos cuando se impuso la búsqueda de un Gobierno de concentración, no partidista, que hiciera unas elecciones limpias. Manuel García Prieto, jefe del grupo parlamentario más nutrido, encabezó en noviembre un Gabinete con predominio de los demócratas y participación de liberales romanonistas, mauristas, catalanistas y hasta de un antiguo republicano nacionalista, Felipe Rodés, secretario de la asamblea de parlamentarios. Con un magistrado independiente en el Ministerio de la Gobernación, el Ejecutivo preparo los siguientes comicios –los de febrero de 1918– renunciando al nombramiento de alcaides de real orden y al encasillado de costumbre, lo que no elimino por completo el fraude pero dio mayor libertad a las clientelas provincianas. En consecuencia, el experimento produjo las Cortes más atomizadas de la Restauración, donde ningún grupo disponía de la mayoría precisa para gobernar. Un escenario sin precedentes en la política monárquica11.

  • 12 Esta tesis ya está esbozada en Javier Moreno Luzón, “Partidos y Parlamento en la crisis de la Resta (...)

15La quiebra del turno de partidos en 1917 condiciono la vida pública española en años posteriores y trazó, más allá de la oposición izquierda/derecha, una línea divisoria de primera importancia entre dos sectores políticos que ofrecían salidas muy distintas al atolladero en que se había metido la Monarquía constitucional de la Restauración. En un bando se hallaban los enemigos acérrimos del sistema bipartidista, que por diversos motivos preferían cualquier otra opción, como los Gabinetes heterogéneos –llamados de concentración– o, a modo de último recurso, los Gobiernos de una sola facción, que si por una parte se encontraban en franca minoría tenían por otra las ventajas de la cohesión. Entre estos elementos contrarios al turno figuraban los catalanistas, que habían jugado a fondo sus bazas para destruirlo porque su papel en la política general dependía de la ausencia de grandes partidos capaces de marginados; y, claro está, también las facciones minoritarias de ambos campos monárquicos, la conservadora que seguía a Antonio Maura y la liberal romanonista, conscientes ambas de su fragilidad en un terreno dividido en dos, donde con toda certeza reinarían las huestes mayoritarias de cada lado. Enfrente se situaban los partidarios de reconstruir, de forma más o menos fiel a las originales, dos formaciones políticas coherentes que se alternaran de nuevo en el mando. Como es lógico, esta segunda posición la sostenían los grupos dominantes: los conservadores ortodoxos de Eduardo Dato, francos defensores de una organización al estilo tradicional, y, con más dudas, los liberales demócratas de García Prieto. Entre los años 1917 y 1919 predominaron los adversarios del turno, mientras que a partir de esa fecha, ante las dificultades para apuntalar concentraciones multipartidistas o gobiernos faccionales, se fue decantando un modelo bipolar que, si bien no logró asentar dos partidos a la manera clásica, sí configuro una suerte de entendimiento entre dos amplias coaliciones, una conservadora en torno al tronco datista y otra liberal que pivotaría sobre la democracia Garciaprietista o, de forma mucho más improbable, sobre la Izquierda de Alba. Los últimos Gabinetes de la Monarquía, el conservador de José Sánchez Guerra, heredero de Dato, y el liberal del propio García Prieto, respondieron a esta lógica12.

  • 13 Declaraciones de Romanones, en El Día, 26 de agosto de 1917. Conde de Romanones, Influencia de la g (...)

16En principio, pues, el triunfo correspondió a la alianza antiturnista Romanones-Maura-Cambó, convertida en el mascarón de proa de la renovación política dentro del sistema. Ya en el verano de 1917, el conde de Romanones coincidió con catalanistas y mauristas en dar por fenecidos a los viejos partidos monárquicos, incluido el Liberal, hablando de las corruptelas clientelares –¡él, que las encarnaba mejor que nadie!– como lastres que impedían gobernar y había que dejar atrás: “A mí jamás se me acercó un personaje del partido para hacerme tal o cual observación conveniente sobre un proyecto o decreto, ¡jamás! –decía el Conde en una entrevista– En cambio, todas las visitas eran para demandar el cargo, el acta o el momio para el hijo, yerno, hermano o sobrino... Créame usted, ¡daba asco!”. Muertas las formaciones caciquiles, el líder liberal abogaba por el surgimiento de nuevos partidos basados en las ideas, aptos no sólo para el disfrute del poder sino también para captar el favor de la opinión. Pero, mientras llegaba ese instante, lo mejor eran las soluciones heterogéneas. En 1919, en un discurso titulado Influencia de la guerra en la transformación de los partidos políticos y en la composición de los gobiernos, Romanones añadía a estas reflexiones la constatación de que la Gran Guerra había barrido en toda Europa a los antiguos partidos gubernamentales y los había reemplazado por la colaboración de todos los hombres valiosos en una obra común. Además, “la conjunción de las distintas fuerzas políticas en un solo órgano de gobierno no es el resultado de un explicable pero transitorio fervor patriótico (...), sino el efecto contrastable del cambio sobrevenido en la realidad nacional con motivo de la guerra”. De esta forma, su análisis concluía que los partidos debían adaptarse a las nuevas realidades, que resultaba imposible restaurar las organizaciones rotas y que para afrontar los grandes problemas del momento –la integración en el concierto internacional, “el resurgir vehemente de los anhelos autonomistas”, la reforma económica y social– era preciso unir voluntades. Es decir, repudiaba los gobiernos de un solo partido y respaldaba los gabinetes de concentración multipartidista. Todo lo cual acercaba su postura a las de Cambó y Maura, una coincidencia que alejó a Romanones del resto de los liberales y que le hizo definitivamente sospechoso de connivencia con el regionalismo conservador catalán y la extrema derecha española13.

  • 14 Romanones, Notas de una vida, pp. 419 y ss. Moreno Luzón, Romanones, capítulo 6.

17No parece por tanto una mera casualidad que el llamado Gobierno nacional, una especie de Gabinete de salvación que presidio Maura e integraron todos los jefes monárquicos en marzo de 1918 a requerimiento de Alfonso XIII, surgiera de una iniciativa de Romanones y fuese acogido con simpatía por Cambó y por el nuevo presidente del Consejo, sacado para la ocasión de un apartamiento que duraba desde 1913. Esta fórmula, bastante popular por cuanto reducía las incertidumbres de 1917 y el bloqueo institucional que siguió a las elecciones limpias de febrero, sucumbió en noviembre por el choque entre los proyectos de Cambó y los de Alba, deseoso de preparar el camino a una coalición liberal volcada hacia la izquierda. La siguiente experiencia gubernamental, edificada sobre el acuerdo entre García Prieto y Alba, se redujo rápidamente a cenizas por la presión de los acontecimientos internacionales, que pusieron fin a la Gran Guerra y favorecieron en España las ambiciones del aliadófilo Romanones y las demandas catalanistas, atizadas por el horizonte de una Europa wilsoniana. Así pues, el Conde volvió triunfante al poder en diciembre de 1918, al frente esta vez de un equipo exclusivamente romanonista, es decir, formado por una facción que sólo disponía de unos cuarenta diputados en el Congreso. Era el resultado extremo del antiturnismo militante que empapaba la atmosfera desde 1917. Al caer en abril de 1919, tras haber sobrevivido milagrosamente cuatro meses, el último Gobierno de Romanones no fue reemplazado por otro con mayores apoyos parlamentados, sino por un nuevo Gabinete de su principal aliado en la cruzada contra la resurrección del turno, Antonio Maura, abanderado del derechismo contrarrevolucionario que, no obstante, contó con la colaboración de un ministro de procedencia romanonista. Cuando Maura forzó otra disolución para fabricarse una mayoría en las Cortes, algo que nunca antes había intentado una facción minoritaria, Romanones tuvo que unirse a los otros liberales para protestar contra los métodos autoritarios del Gobierno, que celebro los comicios con algunas libertades constitucionales suspendidas. Pero el Conde volvió a manifestar su filo-maurismo en años posteriores, por ejemplo en la primavera de 1921, cuando participo en conversaciones para zurcir un Gabinete con mauristas, catalanistas y hasta tradicionalistas; y en el verano de ese mismo año, cuando prestó otra vez su colaboración a Maura tras el desastre de Annual. Sólo esta estrategia, no exenta de convicciones cada vez más moderadas y contrarrevolucionarias, podía otorgarle el protagonismo que buscaba14.

18Sin embargo, las opciones de los adversarios del turno no dejaron de disminuir desde 1919. Poco a poco se fue abriendo paso la necesidad de componer, no ya dos partidos, sino dos coaliciones de fuerzas afines y relativamente autónomas que pudieran estabilizar el convulso panorama político español. Si los conservadores volvieron por donde solían de la mano de Dato y de su sucesor Sánchez Guerra, sin descartar por completo una alianza pan-conservadora bajo el liderazgo de Maura, los liberales, casi siempre en la oposición, lo tuvieron más difícil pero también acabaron cuajando su propia concentración. De 1919 a 1922 hubo varios intentos de llegar a un acuerdo entre los diversos grupos del liberalismo monárquico, a cargo normalmente de personajes que disfrutaban de cierto ascendiente sobre él como Amós Salvador, sobrino de Sagasta. La dinámica de este proceso se alimentaba por lo general de reuniones y declaraciones que se intensificaban cuando parecía más cercana la vuelta al poder y se apagaban al alejarse esta posibilidad. Sólo convergían todos a la hora de pedir respeto por las leyes, derechos y libertades, como en el verano de 1919 –cuando se vislumbró un fugaz bloque de las izquierdas– o entre 1921 y 1922, al reclamar el levantamiento de la suspensión de garantías constitucionales o exigir la depuración de responsabilidades por el fiasco en Marruecos. Aparte de Romanones, bastante reacio como se ha visto a la unión, los otros jefes liberales adoptaron distintas estrategias que pugnaban por ganar la posición central en cualquier combinación futura: por un lado, Alba formulo un programa destinado a atraerse a la izquierda republicana, e incluso socialista, y a convertirse en el eje de una fórmula que, prescindiendo de los romanonistas y con cierto respaldo de los trabajadores organizados, acogiera tanto al reformismo de Melquiades Álvarez como a los demócratas de García Prieto; por otro, este último trató sin descanso de aproximarse a Romanones para componer un cuadro en el que la izquierda de albistas –y luego también reformistas– confluyera con la derecha del Conde en torno a un centro demócrata bajo su indiscutible jefatura. La retórica albista de acercamiento al socialismo se disolvió ante el desinterés del movimiento obrero marxista por integrarse en el ámbito de la Monarquía constitucional. Finalmente se impusieron las iniciativas de García Prieto, bien ancladas en un discurso moderado, mucho más aceptable para el rey y para los círculos conservadores, y en amplias clientelas con fuertes raíces en la política provinciana.

  • 15 Trice, en el mejor y más detallado estudio de este proceso, distingue hasta seis fases en el surgim (...)

19La concentración liberal fue anunciada por primera vez en abril de 1920 como un acuerdo entre García Prieto, Alba y Romanones para coordinar esfuerzos, reconocer la primacía del marqués de Alhucemas y señalar que estaban listos para volver al Gobierno. Con ello parecía cerrarse el viejo pleito por la jefatura. Pero este conato duró sólo lo que tardó en resolverse una crisis entre dos situaciones conservadoras. En realidad, la coalición no halló impulso hasta la primavera de 1921, después del asesinato de Eduardo Dato, cuando la mayoría, capitaneada por los albistas, decidió avanzar sin el Conde y de la mano del Partido Reformista, que había abandonado sus veleidades revolucionarias tras un estrepitoso fracaso en las elecciones de 1918 y había decidido incorporarse con todas las consecuencias al liberalismo monárquico. El despegue definitivo llegó en abril de 1922: en una reunión de parlamentarios, García Prieto fue proclamado jefe de la concentración y se esbozaron las líneas principales del programa de reformas que ésta habría de poner en marcha si, como resultaba previsible, el rey acababa con más de tres años de conservadurismo y la llamaba a gobernar. Alhucemas repasó en aquel acto los fracasos sufridos por los partidos históricos, a los que considero desaparecidos, y por los gobiernos heterogéneos, que calificó de inviables; y a continuación enuncio algunos proyectos, como una reforma constitucional en sentido democrático; un protectorado civil en Marruecos y amplias medidas sociales. Con este programa recorrieron los concentrados el país entre abril y junio de 1922, en mítines que recordaban a pequeña escala los del bloque antimaurista de 1908-1909 y que culminaron con un banquete monstruo de casi tres mil comensales en el Hotel Palace de Madrid. En sus discursos se reflejaban los intereses de cada uno: García Prieto ejercía de árbitro, animaba a Romanones a entrar en la alianza y aludía a Alfonso XIII como un hombre de su tiempo que no se asustaba ante los cambios; Gasset enumeraba las obras públicas necesarias; y Alba y Álvarez, verdaderos protagonistas de la campana, insistían en el carácter avanzado de su planes. Según Alba, se trataba de “abrir las puertas a (la) democracia social e incorporarla al movimiento de las ideas liberales y democráticas en España”. Pero todos asumían que el arco liberal estaba incompleto sin la pieza romanonista, y el Conde, que no compartía el entusiasmo por reformar la Constitución, regateó su apoyo hasta el último momento, cuando la llegada al poder era inminente. El Gobierno que formó Manuel García Prieto en diciembre de 1922 contó con miembros de todas las facciones liberales y, por primera vez, con un ministro reformista. El partido de Melquiades Álvarez, como antes sus aliados catalanistas de la asamblea de 1917, tocaba al fin poder. Se cerraba así la crisis liberal abierta cinco años antes y se dibujaba a la vez una posible salida democrática para la Monarquía constitucional15.

Los grandes problemas

20En el sexenio final de la Restauración, y pese a todas las dificultades, los liberales –primero en el Gobierno, después en la oposición y de nuevo al mando– definieron distintas posturas ante los problemas que asediaban la política española. Las facciones del liberalismo dinástico no sólo chocaban entre sí a causa de querellas clientelares, pugnas por el liderazgo o concepciones estratégicas frente al turno, sino que albergaban también diferencias en el terreno de las ideas. Todas compartían un mismo espacio político o terrenos ideológicos muy próximos, aunque cada una perfiló, y cuando pudo llevó a la práctica, proyectos que dependían sobre todo de las orientaciones y preferencias de sus jefes. Los liberales se sentían depositarios del legado progresista del siglo XIX, pero eran al mismo tiempo conscientes de los cambios que había experimentado el liberalismo en toda Europa desde comienzos del XX y, sobre todo, con la Gran Guerra, cuando la democracia y el intervencionismo estatal se impusieron en el continente. La inestabilidad política, la ausencia de un solo líder reconocido por la mayoría y el ímpetu de las fuerzas anti-reformistas mermaron su capacidad de actuar y dejaron en barbecho muchas de sus iniciativas. Sin embargo, no todos los proyectos quedaron en el tintero.

  • 16 Las negociaciones del encasillado pueden seguirse, por ejemplo, en AR L10/29 y L51/21. El artículo (...)

21Para empezar, los liberales debían dar alguna respuesta a las muchas críticas que recibían el fraude electoral y las prácticas corruptas ligadas al entramado caciquil. Ante sectores influyentes de la opinión pública, el régimen parlamentario español carecía de la legitimidad necesaria: los patronos políticos, en expresión weberiana, tenían influencia pero perdían autoridad. Sin embargo, no era fácil desprenderse de costumbres que, como ha quedado de manifiesto, conformaban el sustento de clientelas partidistas repartidas por todo el mapa. Prescindir de ellas equivalía a un suicidio político. Hubo desde luego voces que clamaron en favor de acudir a la movilización ciudadana con banderas de renovación democrática. Quienes más insistieron en ello fueron los situados en el ala izquierda del liberalismo, como Santiago Alba o Melquiades Álvarez, y la campana que llevó a cabo la concentración a lo largo de 1922 muestra su voluntad de abrir el juego siquiera a las clases medias liberales, su público natural. Pero, a la hora de la verdad, todos vinieron a reconocer la necesidad de utilizar los resortes gubernamentales tradicionales para sumar lealtades y reducir riesgos. La experiencia de 1918, cuando la falta de encasillado incrementó la competitividad electoral y atomizó extraordinariamente el Parlamento, no se repitió en las siguientes elecciones presididas por los liberales. En 1923, todos los grupos representados en el Gobierno, incluido el reformista, se avinieron a negociar un acuerdo pormenorizado antes de los comicios, que, no sin roces, respetaron el arraigo de cada cual en sus respectivos territorios y, en consecuencia, resultaron poco disputadas. Tras la más extensa aplicación conocida del artículo 29 de la ley electoral, que proclamaba automáticamente a los candidatos sin rivales, las elecciones proporcionaron a la coalición gobernante una gran mayoría en las Cortes. Los partidos de oposición que disponían de armas para romper el círculo caciquil sólo eran fuertes en algunas zonas, donde vencían sin demasiados problemas: los socialistas en Madrid, Bilbao y Oviedo; los republicanos en Levante y Cataluña; los regionalistas en muchos distritos catalanes; los tradicionalistas y nacionalistas en el País Vasco y Navarra, etcétera. Pero también ellos preferían la tranquilidad del encasillado a los arduos trabajos de propaganda, por lo que no hicieron ascos al malhadado artículo 29. Fueron proclamados gracias a él, entre otros, el republicano Fernando Gasset en Castellón, el catalanista Joan Ventosa en Gerona, el republicano nacionalista Francesc Macià en Lérida y el socialista Indalecio Prieto en Bilbao. Sin incentivos externos que les obligaran a salir a campo abierto, y escarmentados por las divisiones pasadas, los liberales se conformaron con los arreglos de la política de notables en la que habían crecido, que no era artificial pero tampoco democrática. En realidad, los verdaderos peligros para el régimen no provenían de la arena electoral, sino de la amenaza sindicalista y, sobre todo, del órdago militar16.

  • 17 Juan Carlos Sánchez Illán, Prensa y política en la España de la Restauración, Rafael Gasset y “El I (...)

22Sin embargo, el relativo conservadurismo de los liberales ante las elecciones no les impidió realizar propuestas que apuntaban hacia la transformación y apertura del sistema político. Una de las más significativas fue la de sustituir el sufragio mayoritario, plasmado en una geografía electoral que repartía la mayor parte del territorio español en pequeños distritos para elegir a un solo diputado en cada uno, por un modelo proporcional que distribuyera el voto en grandes circunscripciones con escrutinio de lista, lo cual debía promover la formación de candidaturas en las que primaran las ideas sobre los vínculos personalistas y el programa sobre la expectativa del favor. En defensa de esta medida se destacó especialmente Rafael Gasset, jefe de una de las facciones más pequeñas del campo liberal e inspirador del periódico El Imparcial. Con el apoyo de todas las minorías de izquierdas, Gasset presentó una primera proposición en el Congreso en agosto de 1919, el mismo mes en que se aprobaba una reforma similar en Italia, donde dio resultados espectaculares al facilitar el éxito de partidos de masas como el socialista y el católico. El Gobierno conservador recogió la iniciativa y elaboro un proyecto de ley que entró en las Cortes pero nunca llegó a discutirse. Gasset no cejó en el intento y firmó una nueva propuesta en febrero de 1921 sin resultado alguno. Pese al poco ambiente que suscitaba en la prensa no gassetista la proporcional, la concentración liberal la incluyó entre sus prioridades, aunque, como tantas otras medidas, no llegó a hacerse realidad antes de septiembre de 192317.

23Mucha mayor importancia para el desarrollo de la vida política tuvieron los debates sobre la reforma de la Constitución de 1876. El texto constitucional incluía algunos elementos que, a juicio de la opinión progresista, resultaban incompatibles con un régimen auténticamente parlamentado: la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, que otorgaba a la corona un peso crucial en el sistema político; la facilidad con que el Ejecutivo podía suspender las garantías o cerrar las Cámaras; un Senado electivo sólo en parte y con un fuerte componente aristocrático; y, quizás el punto fundamental para la izquierda, la confesionalidad del Estado, combinada con la tolerancia de otros cultos. Al aceptar estos principios en aras del consenso que alumbró la Restauración, el Partido Liberal de Sagasta había renunciado a ciertas señas de identidad del progresismo decimonónico como la soberanía nacional o la libertad de conciencia. Pero la polémica resurgió a comienzos del siglo XX y los liberales monárquicos andaban divididos desde entonces entre quienes creían que dentro de la Constitución era posible avanzar hacia la democracia sin plantear un conflicto tan peliagudo y quienes enarbolaban el estandarte de la reforma. Sobre todo, ésta tenía relevancia política porque suponía una condición irrenunciable de los antiguos republicanos gubernamentales, ahora reformistas, para integrarse en la Monarquía. Los liberales partidarios de la alianza con el republicanismo accidentalista, y con el mundo intelectual y profesional que tenía detrás, compartían estas preocupaciones: para ellos, la modernización y europeización de España, más aún cuando la Gran Guerra hizo triunfar la democracia parlamentaria en casi toda Europa, pasaba por una reforma constitucional.

  • 18 Mercedes Cabrera, “El rey constitucional”, en Javier Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII. Un político (...)

24Entre 1917 y 1923, las discusiones sobre este asunto experimentaron algunos cambios. La asamblea de parlamentarios situó entre sus conclusiones la exigencia de Cortes constituyentes que, por un lado, corrigiesen la estructura del Estado para reconocer las autonomías regionales; y, por otro, afirmaran la soberanía del pueblo y, de acuerdo con ella, recortasen severamente los poderes del rey (límites al veto real, progresiva extinción de los senadores nombrados por la corona) reforzando a la vez el papel del Parlamento (Senado totalmente electivo y con representación corporativa, obligación de abrir las Cámaras varios meses al año, convocatoria de nuevas Cortes en el mismo decreto de disolución). Tales proyectos no desaparecieron tras el fracaso de la asamblea, sino que siguieron vivos en el Partido Reformista –con el añadido de la libertad de cultos y un incremento de los controles sobre el monarca– y pasaron a primer plano a lo largo de las negociaciones que dieron lugar a la concentración liberal. Se trataba, como defendía el reformista José Manuel Pedregal en 1919, de acomodar la Monarquía española a los resultados de la guerra europea y, sin vaciar por completo las atribuciones de la corona, quitarle todo poder pero dejarle influencia, lo cual, al convertirla en una institución nacional, la haría aún más sólida. Pero el programa de la concentración, producto de acomodos con sectores más templados del liberalismo dinástico (García Prieto) y deseoso de atraer a otros muy reacios a la reforma (Romanones), no avanzó tanto. De hecho, sustituyó la petición de Constituyentes por la de una ley que harían las propias Cortes ordinarias, descarto todo lo referido a la prerrogativa regia y concentro los cambios en los artículos 11 (cuestión religiosa), 17 (suspensión de garantías), 10, 21 y 22 (Senado) y 32 (reunión de Cortes). Ya en el Gobierno, el choque con la Iglesia a cuenta del artículo 11 precipito la salida del Gabinete liberal del ministro reformista, Pedregal, y la retirada de este primer punto, eje de las propuestas de la izquierda sobre la secularización del Estado durante décadas, aunque el reformismo se mantuvo dentro de la coalición gobernante y Melquiades Álvarez se convirtió en presidente del Congreso de los Diputados. El resto de la reforma, presente incluso en el discurso de la corona que pronuncio Alfonso XIII ante las Cortes en mayo de 1923, seguía asimismo inédita cuando triunfó el golpe18.

  • 19 “Neutralidades que matan”, Diario Universal, 19 de agosto de 1914. Moreno Luzón, Romanones, capítul (...)

25Los liberales se enfrentaron agriamente entre sí por otros dos problemas de política general, muy relacionados con la Gran Guerra y sus efectos: la actitud de España ante el conflicto y las demandas del catalanismo. En ambos llevó la voz cantante Romanones y en ambos quedó aislado. La aliadofilia del Conde no era ningún secreto desde el estallido de la guerra en 1914, pero el veterano liberal procuro conjugarla con el mantenimiento de la neutralidad española a su paso por el Gobierno entre 1915 y 1917. En su opinión, España debía seguir la política exterior iniciada a comienzos de siglo, es decir, procurarse un lugar al sol en el concierto internacional mediante el acercamiento a Francia y Gran Bretaña, a quienes la unían intereses económicos y estratégicos. Pero la pobreza de medios y las divisiones internas españolas hacían imposible ir más allá de la simple benevolencia hacia las potencias democráticas. Sólo los ataques alemanes contra la flota española hicieron soñar al Conde con un alineamiento más claro. Por ello, la prensa financiada por los imperios centrales lanzó una campana durísima contra el presidente, al que periódicos como El Día, del liberal germanófilo Niceto Alcalá-Zamora, acusaron de mezclar sus negocios privados con los públicos. Sus convicciones pro-aliadas le costaron a Romanones la presidencia y la jefatura liberal en beneficio de García Prieto, neutralista a ultranza, y le pusieron asimismo al borde de la dimisión en el verano de 1918, cuando formaba parte del Gobierno nacional de Maura y quiso responder con firmeza a las provocaciones alemanas. A cambio, ganó una cierta popularidad entre la izquierda aliadófila en 1917 y la victoria de sus amigos en la guerra alfombró su vuelta al poder a finales de 1918. Uno de sus desvelos consistió en buscar un papel para España en la Europa de postguerra. Viajó a Paris para encontrarse con Wilson y Clemenceau y, aunque no consiguió un puesto en la conferencia de paz, preparó el camino para la entrada de España en la Sociedad de Naciones, en cuyo consejo político tuvo un asiento aunque no el deseado lugar permanente. Además, el historiador y senador romanonista Rafael Altamira ejerció como juez del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Desde el final de la Gran Guerra, la política exterior española, cuya preocupación fundamental se hallaba en Marruecos, recuperó la orientación abierta y Occidental que había tenido antes de 1914, asumida ya por todos los liberales19.

  • 20 Sobre la Mancomunitat, José Luis Martin y Enric Ucelay, Història de la Diputació de Barcelona, II.- (...)

26En cuanto al pleito catalanista, el Partido Liberal, heredero de las tradiciones uniformizadoras del siglo XIX y guardián de una soberanía española sin fisuras, se opuso en principio a aceptar soluciones autonómicas. Pero en tiempos de Canalejas un sector del partido admitió la posibilidad de crear una mancomunidad que reuniera a las cuatro provincias catalanas con fines descentralizadores y carácter meramente administrativo. El proyecto de mancomunidades, mantenido por Romanones a la muerte del jefe demócrata, sirvió de motivo fundamental para la ruptura de los liberales en 1913, lo cual da idea del encono que adquirieron sus querellas a propósito de este tema, uno de los más dolorosos para el liberalismo monárquico. Demócratas y albistas se identificaban en general con posturas anticatalanistas, desglosadas con particular pasión en los discursos del famoso orador Alcalá-Zamora, paladín de un españolismo intransigente. Mientras tanto, los romanonistas, los reformistas y una parte del liberalismo catalán mostraban una mayor flexibilidad al respecto y creían posible satisfacer las demandas regionalistas sin romper la unidad patria. La Mancomunidad de Cataluña nació finalmente de un decreto conservador en 1914 y su rápido desarrollo provoco algún conflicto, como el que enfrento a Cambó y Alba en el Gobierno nacional. Pero el desafío catalanista subió de temperatura cuando la victoria aliada auguró un nuevo trazado de las fronteras europeas en consonancia con el principio de autodeterminación nacional que avalaba el presidente Wilson. A finales de 1918, la presentación de un proyecto autonómico por parte los delegados de la Mancomunidad hizo caer al Gobierno de García Prieto y dejó en manos de Romanones la resolución del problema. El Conde invitó a todos los grupos políticos a formar parte de la comisión extraparlamentaria que, bajo la presidencia de Maura, se encargó de elaborar las bases de un estatuto. La ponencia enviada al Parlamento en enero de 1919 creaba una Diputación o parlamento regional y una Generalidad o Gobierno catalán, aunque preservaba la soberanía española, concebía las competencias catalanas como meras delegaciones y reservaba a las Cortes con el rey la capacidad de revisar los límites de la autonomía. Nunca los políticos liberales había llegado tan lejos, aunque las cesiones parecieron muy insuficientes a las fuerzas catalanistas de derecha e izquierda, que sólo aceptaban la ratificación parlamentaria de su propio borrador. No volvería a presentarse una ocasión semejante bajo la Monarquía20.

  • 21 Maximiano García Venero, Santiago Alba, monárquico de razón, Madrid, Aguilar, 1963, pp. 151-153 y 1 (...)

27La guerra trajo consigo también la confirmación de que el Estado había de asumir muchas más atribuciones de las que le habían asignado los liberales del siglo XIX, algo que ya anunciaban a principios del XX los profetas del nuevo liberalismo intervencionista y que en España estaba en el aire desde que una ola de regeneracionismo barrió el país tras la derrota de 1898. Algunos notables liberales se identificaban desde muy jóvenes con ciertas ilusiones regeneracionistas, y no resulta extraño que fueran precisamente ellos quienes abordaran con mayor insistencia los proyectos que implicaban un crecimiento de la inversión estatal. Por ejemplo, en el terreno de la educación, una palanca de progreso que el liberalismo español consideraba esencial y que estaba estrechamente ligada al refuerzo del poder civil frente a la Iglesia que había animado su programa después del Desastre. La batalla entre clericalismo y anticlericalismo, centrada en las actividades de las órdenes religiosas que se dedicaban a la enseñanza y especialmente intensa de 1900 a 1913, había pasado a segundo plano con la guerra y sólo daría unas últimas bocanadas en 1923 a propósito de la reforma del artículo 11 de la Constitución. La Iglesia había vencido en las cuestiones más polémicas y en la pugna por la enseñanza secundaria, pero los liberales seguían empeñados en promover la educación pública con la ayuda de los intelectuales progresistas arracimados en torno a la Institución Libre de Enseñanza. Pese a los avances en la formación y condiciones de trabajo del magisterio, las necesidades educativas de los españoles seguían siendo enormes y el analfabetismo uno de los principales problemas del país. Santiago Alba, antiguo regeneracionista, ocupó el Ministerio de Instrucción Pública en el Gobierno nacional de 1918 y abordo diversas tareas pendientes. Aprobó por ejemplo el reglamento de las escuelas graduadas, fundó bibliotecas circulantes y presentó un plan para mejorar substancialmente el sueldo de los maestros y construir 20.000 escuelas en ocho años con el fin de escolarizar a medio millón de niños que no accedía aún a la instrucción, todo lo cual constituía, en palabras del ministro, una “verdadera obra de regeneración social de(l) país”. Su choque con Cambó aguó el proyecto, que acabó aprobándose con bastantes recortes bajo el mandato de Romanones, sucesor de Alba en el Ministerio. Pero la realización más significativa de Alba consistió en la creación del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza dentro de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, organismo público de inspiración institucionista que mimaron especialmente los liberales y que dotó de profesores y medios al nuevo centro piloto, concebido como un laboratorio pedagógico para la futura reforma de la educación oficial21.

  • 22 Forner, Canalejas. Romanones, Las responsabilidades, p. 80.

28No obstante, la presencia del intervencionismo en la agenda de los liberales monárquicos se notó sobre todo en el ámbito de la política social. La sombra de la revolución, mucho más amenazante tras la experiencia soviética, acentuó actitudes bien visibles ya desde la época de Canalejas, que si por una parte contemplaban la dura represión de manifestaciones insurreccionales que subvirtieran el orden público, formulaban por otra una democracia social a la española que concebía al Estado como un árbitro de las relaciones sociales que debía velar por las oportunidades de los ciudadanos “sin aceptar –en palabras de Romanones– la noción igualitaria y materialista de la sociedad”22. Desde luego, también en este campo había diferencias entre ellos, desde posiciones más apegadas al individualismo ochocentista, como las de Romanones o García Prieto, hasta visiones mucho más socializantes, como las de Gasset, Álvarez o Alba, ansiosos por acercarse a la izquierda proletaria. Pero el final de la guerra, una vez más, acelero el proceso al elevar el listón de la conflictividad laboral y forzó a todos a tomar medidas que trataban de atraerse a los sectores más dialogantes del movimiento obrero y de aislar el peligro revolucionario. Así resulta explicable que el grueso de las reformas sociales de origen liberal se realizase bajo un Gobierno de color romanonista en los primeros meses de 1919, cuando las autoridades hubieron de afrontar la mayor demostración de fuerza del anarcosindicalismo catalán en los años de postguerra, la huelga de La Canadiense, que paralizó Barcelona durante varias semanas y desemboco en una nueva huelga general. Ante ella, Romanones, quien no dudaba en suspender las garantías constitucionales cuando lo creía necesario, como había hecho en marzo de 1917 y repitió ahora, adoptó una postura abierta a la negociación con los líderes sindicalistas más moderados, postura que trató de respaldar con estas disposiciones.

  • 23 Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924). La (...)

29Siguiendo las recomendaciones de organismos públicos como el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto Nacional de Previsión, y adelantándose a la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Washington unos meses más tarde, el Gabinete Romanones dictó varios decretos que supusieron un progreso enorme en dos territorios distintos pero muy relacionados entre sí: el derecho laboral y la previsión social. En cuanto al primero de ellos, limitó el trabajo nocturno en las panaderías y, sobre todo, instituyó la jornada máxima de ocho horas, al principio en el ramo de la construcción e inmediatamente después en todos los oficios. Se trataba de una antigua demanda obrera –recuérdese el Primero de Mayo, cuyas reivindicaciones giraban en torno a las míticas ocho horas– que fue asumida sin mayores reflexiones por el Gobierno liberal. Así, España se convirtió en el primer país de mundo que aprobó esta medida. Los dictados gubernamentales abrieron un período de información para que el IRS determinara excepciones, que una vez fijadas admitieron pocas enmiendas. En el segundo campo se subvencionaron las mutualidades obreras que promoviesen el seguro de paro forzoso y, lo que resultó mucho más decisivo, se establecieron los seguros de retiro obligatorios, que afectaban a casi todos los asalariados en edad laboral y debían financiarse con aportaciones patronales, obreras y del Estado. La aplicación de la jornada de ocho horas tropezó con múltiples resistencias por parte de los patronos, que la consideraban un atropello y pidieron insistentemente su abolición, pero el seguro de vejez, aplicado desde 1921, obtuvo una mejor acogida y proporcionó además fondos que en los años veinte se dedicaron a construir escuelas y casas baratas. Ambos avances se practicaron con mayor frecuencia en las empresas más grandes y modernas y no afectaron apenas al mundo agrario23.

  • 24 Rafael Huertas, “El debate sobre la creación del Ministerio de Sanidad en la España del primer terc (...)
  • 25 Miguel Martorell Linares, “La reforma del Estado liberal. Joaquín Chapaprieta en la crisis de la Re (...)

30Peor suerte sufrieron otros proyectos sociales que ni siquiera llegaron a aprobarse. Por ejemplo, las iniciativas parlamentarias que tomó en 1920 y 1921 el diputado liberal-demócrata e inspector de trabajo Julián Van-Baumberghen, empeñado en la creación de un Ministerio de Sanidad que mejorase la penosa salud de los trabajadores españoles24. Ya desde el poder, los liberales volvieron a la carga en 1922-1923, cuando el Ministerio de Trabajo –creado por el conservador Eduardo Dato en 1920– quedó en manos de Joaquín Chapaprieta, un destacado albista que había participado en la elaboración de las reformas hacendísticas y económicas de Alba en 1916. Chapaprieta, convencido de las bondades de un Estado fuerte, impulso desde el Gobierno de concentración liberal el arbitraje en los conflictos laborales y una serie de medidas sobre el seguro de desempleo, el de maternidad y la vivienda que no llegaron en su mayoría a ver la luz. Sobresale asimismo el interés de algunos liberales por los problemas sociales del campo y la influencia que sobre ellos ejercieron las obras de Henry George, apóstol del impuesto único sobre la tierra. Baldomero Argente, un periodista muy cercano al conde de Romanones, fue el principal introductor de georgismo en España, cuya preocupación por la utilidad social de la propiedad se traslucía en algunos esbozos de reforma agraria. Ya no se hablaba sólo de facilitar el crédito a los campesinos, sino también de gravar con impuestos las fincas insuficientemente explotadas e incluso de su posible expropiación, indemnizada por el Estado, con el propósito de crear una amplio estrato de pequeños propietarios que sirviera de barrera a la revolución. Ideas que flotaban, con mayor o menor énfasis, en las intenciones de la izquierda liberal, de Alba a Melquiades Álvarez, y que se concretaron en un proyecto elaborado por Chapaprieta en 1923. Dada la importancia del sector agrario en la economía española, y las tremendas dimensiones de la pobreza campesina, sobre todo en el sur latifundista del país, los planes liberales adolecían de evidentes limitaciones, pero no deja de resultar significativo su abandono del laissez-faire en este punto, que confirma el creciente influjo del intervencionismo en sus filas25.

  • 26 Miguel Martorell Linares, El santo temor al déficit. Política y Hacienda en la Restauración, Madrid (...)

31Sin embargo, cualquier refuerzo de la actuación estatal necesitaba de recursos que sólo podía aportar una profunda reforma tributaria, algo casi utópico en una situación política tan complicada que hasta impidió aprobar un presupuesto normal entre 1916 y 1920. Las ideas liberales al respecto giraban en torno a Santiago Alba, que en 1916 había promovido impuestos sobre los beneficios extraordinarios y seguía defendiendo una fiscalidad directa de carácter progresivo. Rafael Gasset –eterno ministro de Fomento en los gabinetes liberales, regeneracionista sin tacha y abanderado de la política hidráulica– afirmaba que “para que las reformas se alcancen por vías evolutivas es evidente que importaría contar con facilidades y aun con aportaciones cuantiosas del capitalismo” y que había que “imponer a la plutocracia los sacrificios necesarios para llevar a término las reformas sociales”. Pero, en general, la voluntad de equilibrar unas cuentas públicas dañadas por el déficit que provocaba la sangría de la guerra colonial en Marruecos predomino, en las preocupaciones de todos los liberales, sobre cualquier intención de redistribuir la riqueza26.

32En resumen, el liberalismo monárquico español estaba sumido entre 1917 y 1923 en un proceso de transformación cuyo final desconocemos. Apegado al fraude electoral y a las costumbres clientelares y elitistas de la vida caciquil, alumbró no obstante algunas metas que lo ponían en sintonía con las corrientes democráticas e intervencionistas de la Europa de postguerra. Se trataba, fundamentalmente, de abordar de manera paulatina reformas graduales que modernizaran la Monarquía y contrarrestaran las amenazas revolucionarias. Sus evidentes divisiones internas y el predominio de los sectores más moderados sobre la izquierda liberal, junto a la falta de un jefe con empuje, socavaron la puesta en marcha de los planes más audaces, lo cual no impidió algunos logros importantes en materia de política exterior, educativa y social. De cualquier modo, su paso por el poder resulto fugaz en estos años cruciales, en los cuales hubieron de vérselas con fuertes adversados que, en última instancia, dieron al traste con el régimen constitucional español.

De Barcelona a Marruecos: los liberales y el militarismo

  • 27 Conde de Romanones, El Ejército y la política, Madrid, Renacimiento, 1920. El papel del rey como ár (...)

33Porque el nudo gordiano de la política española se hallaba en las relaciones entre el poder civil y el ejército, cada vez más imbuido de una misión providencial que ligaba el futuro –y la salvación– de España con el derrumbe del parlamentarismo de la Restauración. No hubo oportunidad alguna de emprender la reforma militar acariciada por algunos liberales, que, siguiendo el modelo francés que había triunfado en Europa, alumbrara unas fuerzas armadas más democráticas, eficaces y alejadas de los vaivenes políticos, con una oficialidad mucho más reducida y los medios necesarios para hacer la guerra moderna en defensa de la nación. Y es que, lejos de amoldarse a una función subordinada, los militares recuperaron el papel protagonista que habían tenido en el siglo XIX a lomos de dos gravísimos contenciosos que tuvieron en vilo a todos los actores del drama político: las luchas sociales en Barcelona y la campana colonial en Marruecos. En ambos, los liberales intentaron aplicar soluciones civilistas que chocaron con los medios castrenses, mostraron su propia debilidad y originaron conflictos que sólo podía resolver el monarca. Contraviniendo el espíritu de sus funciones constitucionales como rey-soldado, que le obligaban a frenar el militarismo en defensa del orden legal, Alfonso XIII interiorizo el papel de árbitro entre ambos contendientes y acabo poniéndose del lado de sus compañeros de armas en las coyunturas decisivas27.

  • 28 Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza (...)
  • 29 Carolyn P. Boyd, La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Madrid, Alianza, 1990. Moren (...)

34En Barcelona, la efervescencia del obrerismo anarcosindicalista dejó a las autoridades civiles a merced de las militares. La falta de una policía moderna convertía al ejército en el principal guardián del orden público en España y, por tanto, en el dueño de situaciones que ataban de pies y manos a los gobernantes. Cuando estallaban disturbios graves o una huelga, sobre todo si se presumía de carácter revolucionario, se pasaba de la suspensión de garantías constitucionales al estado de guerra y el gobierno militar se hacía cargo de la provincia, como ocurrió bajo el Gabinete García Prieto en enero de 1918 o con el de Romanones en marzo del año siguiente28. Además, en Barcelona nacieron las juntas de defensa, una reacción corporativa de los oficiales contra el deterioro de sus haberes provocado por la inflación que ocasiono la Gran Guerra, contra los agravios acumulados por los ascensos que beneficiaban a los destinados en África y contra las reformas liberales que pretendían abordar los problemas pendientes en los cuarteles. Los intentos de acabar con las juntas del Conde y de García Prieto en 1917 desembocaron en sendos fracasos ante la solidaridad castrense y el respaldo tácito del rey a los insubordinados. Los junteros anduvieron detrás de la caída de otros gobiernos e hicieron de los liberales su bestia negra. Cuando Romanones, en los primeros meses de 1919, quiso negociar con los líderes sindicalistas para poner fin al conflicto de La Canadiense, tropezó con el capitán general de Cataluña, Joaquín Milans del Bosch, que mantuvo un tira y afloja con el Conde hasta que éste, tras haber quemado sus últimos cartuchos con enviados especiales que el general humilló, tiró la toalla y se fue. Un año más tarde, un debate parlamentario en el Senado hizo público este rifirrafe y Milans, totalmente identificado con las juntas, salió de capitanía para incorporarse al cuarto militar del rey. Como escribió Romanones en 1920, “mientras no se liquid(ara) el pleito antiguo del sindicalismo militar (...) no p(odría) existir Gobierno que p(udiera) gobernar con arreglo á sus convencimientos”. Por último, la potencia de los junteros y la lucha sindical en Barcelona, en la que el mando castrense tomó partido por los patronos y por las bandas que se enfrentaban a tiros con los pistoleros anarquistas, mantuvo a los liberales alejados del poder durante un trienio. Los sectores militares, empresariales y políticos más duros no se fiaban de ellos, y sus débiles protestas contra los abusos en Barcelona no ocultaban una soberana impotencia. En realidad, sólo retomaron la dirección del Gobierno cuando el ala templada del conservadurismo logró disolver las juntas y construir un orden algo más pacífico en la capital catalana29.

  • 30 La actuación española en Marruecos y el desastre de Annual han sido explicados muchas veces. Véase (...)

35En Marruecos, los liberales habían impulsado desde el principio, incluso con mayor entusiasmo que los conservadores, las campanas de colonización. Sólo la empresa africana, afirmaban, proporcionaría a España un puesto, secundario pero importante, en el concierto internacional. A través de ella podría asociarse a la alianza establecida por Gran Bretaña y Francia a comienzos del siglo XX y actuar en el marco del Mediterráneo Occidental como una potencia media con intereses más allá de sus fronteras. Fueron Gobiernos liberales los que organizaron la conferencia sobre Marruecos de 1906, ocuparon diversas ciudades magrebíes en 1911 y firmaron con Francia los pactos del protectorado en 1912. El ideal de la penetración pacífica, por medio de la industria y la emigración, cedió paso ante las revueltas autóctonas al dominio de los militares, aunque los liberales no abandonaron nunca el horizonte de la acción política. La Gran Guerra había interrumpido las operaciones, que se reanudaron de forma mucho más intensa tras el armisticio y chocaron con una feroz resistencia en la zona oriental, alrededor de la ciudad española de Melilla. La falta de coordinación y la impericia del ejército produjo una derrota sin precedentes cuando, en el verano de 1921, las tropas coloniales fueron masacradas en su huida por los marroquíes. Fue el llamado desastre de Annual, de dimensiones increíbles: unos 10.000 muertos y cientos de prisioneros quedaron por el camino, hiriendo de gravedad las aspiraciones imperialistas del nacionalismo español. Su impacto sobre la política española fue enorme, y desde entonces la vida parlamentaria dio vueltas en torno al problema de las responsabilidades por el fiasco, que, si bien recordaba el del 98, exacerbo en mucha mayor medida las tensiones entre civiles y militares. Los liberales, desde los bancos de la oposición, respaldaron el encargo de un informe sobre lo sucedido y pidieron que se creara una comisión parlamentaria que estableciera responsabilidades políticas. Sin apoyar, eso sí, las intenciones socialistas de manchar al rey, a quien éstos suponían implicado en la iniciativa militar que había originado la matanza. A la vez, desempolvaron sus planes de penetración pacífica, traducidos ahora en la necesidad de limitar la expansión armada que desangraba el presupuesto estatal e impedía atender otros proyectos de inversión, utilizar tropas voluntarias e indígenas y constituir un protectorado civil bajo la autoridad del Gobierno30.

  • 31 Soldevilla, El año político. 1923, narra detalladamente los hechos. Pablo La Porte Fernández-Alfaro (...)

36Cuando retornaron al poder a finales de 1922, los miembros de la concentración liberal se dispusieron a cumplir estas promesas civilistas. Dieron primacía al Ministerio de Estado sobre el de Guerra en los asuntos africanos y, por vez primera, un político fue nombrado alto comisario en Marruecos, arropado por una reorganización administrativa que reforzaba su posición en el protectorado. Intentaron asimismo, aunque con poco éxito, crear un cuerpo de voluntarios que redujese la presencia de reclutas y aliviara así la impopularidad del conflicto. Pero las consecuencias de Annual y las complicaciones coloniales minaron esta estrategia y limaron las viejas discrepancias entre distintos sectores del ejército para poner a la mayoría de los estamentos armados en contra del Gobierno. La política liberal la encarno sobre todo Santiago Alba, ministro de Estado, quien procedió a rescatar, a cambio de dinero, a los prisioneros españoles en manos marroquíes, lo cual ofendió el pundonor nacionalista de los núcleos más intransigentes, que lo declararon su enemigo mortal. Además de los sumarios que instruía el Consejo Supremo de Guerra y Marina contra los mandos coloniales, una nueva comisión multipartidista se puso manos a la obra en las Cortes para determinar las temidas responsabilidades, con lo que aumentó la inquietud en los cuarteles, y quizá también en palacio. Alcalá-Zamora, encargado de la cartera de Guerra, se enfrentó con Alba por un acuerdo con el jefe indígena de la zona Occidental, inaceptable para algunos militares, y acabó dimitiendo. En medio de rumores acerca de un pronunciamiento, los mismos liberales se dividieron entre los partidarios de mantener sus principios y frenar cualquier iniciativa que conllevara mayores gastos y el envío de más tropas; y quienes se avinieron a abordar las operaciones que las autoridades castrenses consideraban imprescindibles. Estas diferencias dieron lugar a la última crisis del Gobierno liberal, resuelta a favor de los más intervencionistas en vísperas del golpe de Estado31.

  • 32 El manifiesto, en Ma Carmen García-Nieto y Esperanza Yllán, Historia de España 1808-1978. 4. – Cris (...)

37El 13 de septiembre de 1923, los conflictos de Barcelona y Marruecos confluyeron en una jornada decisiva. Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, publicaba un manifiesto en el que aseguraba que había llegado el día de “atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que libertaria de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso”. Recordaba la abundancia de atentados y prometía a la vez buscar “al problema de Marruecos solución pronta, digna y honrosa”, y pedir responsabilidades al margen de “cuanto ha envenenado hasta ahora la política o la ambición”. No olvidaba, por último, anunciar que “el proceso contra don Santiago Alba, queda desde luego abierto, que a éste lo denuncia la unánime voz del país y queda también procesado el que siendo jefe del gobierno (...) ha sucumbido a su influencia y habilidad política sin carácter ni virtud para perseguirlo, ni siquiera para apartarlo del gobierno”. Tras unas horas de incertidumbre, el rey despidió al presidente del Consejo de Ministros, Manuel García Prieto, y llamó a gobernar al general golpista. Cuando, unas semanas más tarde, el conde de Romanones y Melquiades Álvarez, presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados, visitaron a Alfonso XIII para recordarle sus obligaciones constitucionales, el monarca les recibió fríamente, de pie y en el quicio de la puerta. Por supuesto, rechazó sus exigencias32.

***

38En 1923, el liberalismo monárquico cayó víctima de un golpe militar que acabó con el régimen constitucional más duradero de la historia de España y abrió un convulso período marcado por el insurreccionalismo y el uso de la violencia política. Como ya se ha dicho, los liberales formaban entonces un conglomerado nada despreciable de elites profesionales y económicas con arraigo en casi todas las provincias españolas, apegadas al universo clientelar que compartían los partidos de notables en la Europa donde aún no había cuajado la política de masas. Sin embargo, los problemas planteados por la Gran Guerra, el surgimiento de nuevos movimientos y el órdago revolucionario hicieron mella en sus costumbres y dividieron sus filas a propósito de la adaptación y supervivencia del sistema del turno bipartidista que había presidido hasta 1917 la escena pública española. Adaptaron sus programas a los desafíos de la postguerra y resolvieron, aunque sólo hasta cierto punto, sus diferencias para formar una amplia coalición que abarcaba a todas las fuerzas liberales de izquierda dispuestas a aceptar la Monarquía constitucional. Sin embargo, carecían de un liderazgo sólido y de apoyos masivos entre la opinión pública, por lo que sus reformas dependían demasiado a menudo de la voluntad regia, no siempre de su lado, y de la superación de obstáculos tan potentes como los que se acumularon en el terreno militar, que al final lograron imponerse en su contra. No sabemos qué habría pasado si Alfonso XIII no hubiera refrendado el manifiesto de Primo de Rivera, si el liberalismo monárquico habría conseguido o no convertir, siquiera lentamente, el régimen liberal español en un régimen parlamentario y democrático. El ejemplo de otros países indica que estos partidos de notables pueden facilitar la democratización pero, cuando ésta se abre paso, también suelen verse desplazados por organizaciones más potentes –como las que en España se configuraron una década más tarde en torno al socialismo obrero y al catolicismo conservador– que les condenan a desempeñar funciones de partidos-bisagra. Pero ignoramos si ello habría sido posible, como querían los liberales, dentro de una Monarquía reformada. Desde luego, la dictadura no ayudó en absoluto, sino todo lo contrario, a encauzar este esfuerzo. Cuando el rey quiso rectificar, en 1930, era ya demasiado tarde.

Notes

1 El mejor repaso de la bibliografía académica sobre la Restauración es el de Manuel Suárez Cortina, “La Restauración (1875-1900) y el fin del imperio colonial. Un balance historiográfico”, en Manuel Suárez Cortina (ed.), La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, Alianza, 1997, pp. 31-107. Pero, evidentemente, no recoge los abundantes trabajos aparecidos desde 1997 y los que se circunscriben al período posterior a 1900. La síntesis más completa y actualizada de las investigaciones locales se halla en José Varela Ortega (dir.), El poder de la influencia. Geografia del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons Historia/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

2 Algunas orientaciones sobre estos debates, en especial sobre la posible democratización del régimen liberal, en Manuel Pérez Ledesma, “Restauración, liberalismo y democracia”, Revista de libros, no 22 (octubre de 1998), pp. 3-7. El famoso niño estrangulado, en Raymond Carr, España 1808-1975, Barcelona, Ariel, 1982, p. 505.

3 Hay buenos balances, que tienen ya una década, de las posturas historiográficas sobre la crisis de la Restauración en Fidel Gómez Ochoa, “La crisis final de la Restauración (1917-1923) en la historiografía española”, en Germán Rueda Hernanz (ed.), Doce estudios de historiografía contemporánea, Santander, Universidad de Cantabria/Asamblea Regional de Cantabria, 1991, pp. 183-209; e Ignacio Olábarri, “Actores políticos y actores sociales en la crisis de la Restauración (1914-1931). I.-Los actores políticos”, Investigaciones Históricas, no 14 (1994), pp. 197-219.

4 Existen dos libros básicos sobre el Partido Liberal en esta época: T.G. Trice, Spanish Liberalism in Crisis. A Study of the Liberal Party during Spains Parliamentary Collapse, 1913-1923, Nueva York, Garland Publishing, 1991; y José Maria Marín Arce, Santiago Alba y la crisis de la Restauración, Madrid, UNED, 1990. A ellos puede sumarse el capítulo 6 de Javier Moreno Luzón, Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998.

5 José Ortega y Gasset, “La grave política de estos días”, artículo publicado sin firma en El Sol, 13 de diciembre de 1918, en Obras Completas, Madrid, Alianza y Revista de Occidente, 1983, tomo X, p. 479. Debo esta referencia a Javier Zamora.

6 De entre las muchas descripciones del sistema del turno, resulta especialmente interesante la de José Varela Ortega, “Elecciones y democracia en España: una reflexión comparativa”, en José Varela Ortega y Luis Medina Pena, Elecciones, alternancia y democracia. España-México, una reflexión comparativa, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 48 y ss.

7 Sobre Sagasta, la obra más reciente y completa es la de José Ramón Milán, Sagasta o el arte de hacer política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. La trayectoria del Partido Liberal a principios del siglo XX puede seguirse en Javier Moreno Luzón, “Nacionalizar la Monarquía. Proyectos, logros y fracasos del Partido Liberal (1898-1913)”, en Mercedes Cabrera y Javier Moreno Luzón (dirs.), Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo XX, Madrid, Fundación BBVA, 2002, pp. 169-195. Véase también Salvador Forner Muñoz, Canalejas y el Partido Liberal Democrático (1900-1910), Madrid, Cátedra, 1993.

8 Mercedes Cabrera, Francisco Comín y José Luis García Delgado, Santiago Alba. Un programa de reforma económica en la España del primer tercio del siglo XX, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1989. Las dificultades de Alba en las Cortes, en Miguel Martorell Linares, “El fracaso del proyecto de ley de benefícios extraordinarios de Santiago Alba en 1916: una lectura política”, Revista de Historia Económica, XVI, no 2, pp. 521-555.

9 Todo esto puede verse con detalle en Moreno Luzón, Romanones, capítulos 5 y 6. La cita, en carta sin firma a Alejandro Groizard y Miguel Villanueva, sin fecha pero de junio/julio de 1917, en Archivo Romanones (AR), Ll/1. Santiago Alba, La izquierda liberal. Campañas políticas de D. Santiago Alba. Valladolid, Imprenta Castellana, 1919.

10 Las dimensiones clientelares de la política española las han estudiado, entre otros muchos, María Sierra, La familia Ybarra. Empresarios y políticos, Sevilla, Muñoz Moya y Montraveta Editores, 1992, pp. 76-110; Javier Moreno Luzón, “Teoria del clientelismo y estudio de la política caciquil”, Revista de Estudios Políticos, no 89 (1995), pp. 191-224; y Xosé R. Veiga, “Los marcos sociales del clientelismo político”, Historia Social, no 34 (1999), pp. 27-44.

11 La crisis de 1917 se narra con profusión de detalles en Fernando Soldevilla, El año político, 1917, Madrid, Julio Cosano, 1917. Para su interpretación sigue siendo útil la obra de Jesús Pabón, Cambó, 1876-1918, Barcelona, Alpha, 1952. Véanse también las versiones críticas de José Antonio Lacomba, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970; y Francisco J. Romero Salvadó, España 1914-1918: entre la guerra y la revolución, Barcelona, Crítica, 2002.

12 Esta tesis ya está esbozada en Javier Moreno Luzón, “Partidos y Parlamento en la crisis de la Restauración”, en Mercedes Cabrera (dir.), Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración, Madrid, Taurus, 1998, pp. 65-102.

13 Declaraciones de Romanones, en El Día, 26 de agosto de 1917. Conde de Romanones, Influencia de la guerra en la transformación de los partidos políticos y en la composición de los gobiernos, Madrid, Imprenta de González y Giménez, 1919, p. 25.

14 Romanones, Notas de una vida, pp. 419 y ss. Moreno Luzón, Romanones, capítulo 6.

15 Trice, en el mejor y más detallado estudio de este proceso, distingue hasta seis fases en el surgimiento de la concentración liberal: 1) abril-octubre de 1919, 2) abril-septiembre de 1920, 3) septiembre de 1920-marzo de 1921, 4) marzo-julio de 1921, 5) julio de 1921-abril de 1922 y 6) abril-diciembre de 1922; Trice, Spanish Liberalism in Crisis, capítulo 6. Véase también Marín Arce, Santiago Alba, capítulo 2. Manuel Suárez Cortina, El reformismo en España. Republicanos y reformistas bajo la Monarquía de Alfonso XIII, Madrid, Siglo XXI/Universidad de Cantabria, 1986, capítulo 4. La campana de 1922, en Fernando Soldevilla, El año político. 1922, Madrid, Julio Cosano, 1923 (el acto en el Senado, el 8 de abril; la cita de Alba, el 11 de junio, p. 210).

16 Las negociaciones del encasillado pueden seguirse, por ejemplo, en AR L10/29 y L51/21. El artículo 29, en Fernando Soldevilla, El año político. 1923, Madrid, Julio Cosano, 1923, pp. 112-116. Un estudio de las elecciones de 1923, que llega a conclusiones algo distintas, en María Teresa González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar, Madrid, Ediciones El Arquero, 1987, pp. 105-111.

17 Juan Carlos Sánchez Illán, Prensa y política en la España de la Restauración, Rafael Gasset y “El Imparcial”, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 367-368. Aurora Garrido Martin, “Los sistemas electorales español e italiano: de la implantación a la crisis del Estado liberal”, en Silvana Casmirri y Manuel Suárez Cortina (eds.), La Europa del Sur en la época liberal. España, Italia y Portugal, Santander, Universidad de Cantabria/Università di Cassino, 1998, pp. 251-272. Declaración ministerial del 6 de abril de 1923, en Soldevilla, El año político. 1923, p. 97.

18 Mercedes Cabrera, “El rey constitucional”, en Javier Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII. Un político en el trono, Madrid, Marcial Pons Historia, 2003, pp. 83-110. Las conclusiones de la asamblea, en Lacomba, La crisis española de 1917, pp. 550-552. Antonio María Calero Amor, “Los precursores de la Monarquía democrática”, en Manuel Tuñón de Lara (dir.), La España de la Restauración: política, economía, legislación y cultura, Madrid, Siglo XXI, 1985, pp. 44-54. José Manuel Pedregal, La prerrogativa regia y la reforma constitucional, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1919. Soldevilla, El año político. 1923, pp. 91-92,96 y 160.

19 “Neutralidades que matan”, Diario Universal, 19 de agosto de 1914. Moreno Luzón, Romanones, capítulo 5. El Día, 2 de enero de 1917. Conde de Romanones, Las responsabilidades políticas del Antiguo Regimen, Madrid, Renacimiento, s.a, pp. 75-102.

20 Sobre la Mancomunitat, José Luis Martin y Enric Ucelay, Història de la Diputació de Barcelona, II.-1898-1939, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1987. Las historias al uso del catalanismo ignoran por completo los trabajos de la comisión extraparlamentaria de comienzos de 1919, que no contaron con participación nacionalista. Un resumen de la ponencia, en Fernando Soldevilla, El año político. 1919, Madrid, Julio Cosano, 1920, pp. 5-8.

21 Maximiano García Venero, Santiago Alba, monárquico de razón, Madrid, Aguilar, 1963, pp. 151-153 y 160-161. Fernando Soldevilla, El año político. 1918, Madrid, Julio Cosano, 1919, pp. 217 (cita) y 252-256. El Instituto-Escuela, en Antonio Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Tomo LV-Período de expansión influyente, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura/Universidad Complutense/Universidad de Barcelona/Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, pp. 118-124.

22 Forner, Canalejas. Romanones, Las responsabilidades, p. 80.

23 Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924). La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, pp. 221-231. Josefina Cuesta, “Evolución de la previsión social española en el primer tercio del siglo XX: los primeros seguros sociales en los años veinte”, en De la beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de acción social, Madrid, Siglo XXI, 1985, pp. 195-226. Fernando del Rey Reguillo, Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp. 364-382 y 391-413.

24 Rafael Huertas, “El debate sobre la creación del Ministerio de Sanidad en la España del primer tercio del siglo XX. Discurso ideológico e iniciativas políticas”, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, volumen XLV (1993), pp. 89-122. Debo esta referencia a Consuelo Bermejo. Hay también una excelente tesis sobre los problemas sanitarios en las Cortes de la Restauración: Hedwig Herold-Schmidt, Gesundheit und Parlamentarismus in Spanien. Die Politik der Cortes und die öffentliche Gesundheitsfiirsorge in der Restaurationszeit (1876-1923), Husum, Matthiesen Verlag, 1999.

25 Miguel Martorell Linares, “La reforma del Estado liberal. Joaquín Chapaprieta en la crisis de la Restauración”, Hispania, no 198 (1998), pp. 261-282. Entre las publicaciones de Baldomero Argente sobre el georgismo puede verse Henry George. Su vida, sus doctrinas, Madrid, Renacimiento, 1912.

26 Miguel Martorell Linares, El santo temor al déficit. Política y Hacienda en la Restauración, Madrid, Alianza, 2000. Rafael Gasset, La humanidad insumisa. La revolución rusa. El problema social en España, Madrid, El Imparcial, 1920, cit. por Sánchez Illán, Prensa y política, p. 369.

27 Conde de Romanones, El Ejército y la política, Madrid, Renacimiento, 1920. El papel del rey como árbitro, considerado con bastante benevolencia, en Javier Tusell y Genoveva G. Queipo de Llano, Alfonso XIII. El Rey polémico, Madrid, Taurus, 2001.

28 Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983. Eduardo González Calleja estudia con detalle las suspensiones de garantías y las declaraciones del estado de guerra en La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998, capítulo 1.

29 Carolyn P. Boyd, La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Madrid, Alianza, 1990. Moreno Luzón, Romanones, pp. 365-371. Una versión algo diferente, en Carlos Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984, capítulo VI. “Opiniones de Conde de Romanones sobre la solución de la Crisis en el año 1.920”, en AR L62/5. Trice, Spanish Liberalism, pp. 186-189.

30 La actuación española en Marruecos y el desastre de Annual han sido explicados muchas veces. Véase por ejemplo la reciente obra de Sabastian Balfour, Abrazo mortal. De la guerra colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos (1909-1939), Barcelona, Península, 2002, capítulo 3, especialmente crítica con la colonización, con los políticos y con el rey. El programa liberal, en Conferencia del Excmo. Sr. Conde de Romanones sobre el problema de Marruecos, pronunciada en el Teatro de San Fernando de Sevilla el 26 de abril de 1922, Sevilla, Ateneo y Sociedad de Excursiones, 1922.

31 Soldevilla, El año político. 1923, narra detalladamente los hechos. Pablo La Porte Fernández-Alfaro, “Don Niceto Alcalá-Zamora y el problema de Marruecos. El gobierno liberal de 1922-1923”, en Segundas jornadas Niceto Alcalá-Zamora y su época, Priego de Córdoba, Patronato “Niceto Alcalá-Zamora y Torres”, 1997, pp. 267-289.

32 El manifiesto, en Ma Carmen García-Nieto y Esperanza Yllán, Historia de España 1808-1978. 4. – Crisis social y dictadura, 1914-1930, Barcelona, Crítica, 1989, pp. 105-108. Conde de Romanones, Notas de una vida, Madrid, Marcial Pons Historia, 1999, p. 483.

Notes de fin

1 Distintas versiones de este mismo trabajo se presentaron en los coloquios “El liberalismo español, 1843-1931” (Santander, 2001) y “Elites e poder. A crise do sistema liberal em Portugal e Espanha, 1918-1931” (Évora, 2002).

Auteur

Universidad Complutense de Madrid

© Publicações do Cidehus, 2004

Licence OpenEdition Books

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search