Los intereses económicos en el régimen liberal

1En las décadas del liberalismo constitucional de la Monarquía de la Restauración (1875-1923), al menos hasta la I Guerra Mundial, el capitalismo español era todavía un capitalismo periférico con respecto a los países europeos más industrializados. Un capitalismo con una agricultura atrasada y de baja capacidad productiva, y con una industria moderna débil y concentrada en Cataluña, Vizcaya y algunos enclaves mineros, aunque con un tejido empresarial no despreciable repartido por otras muchas regiones, en el que predominaban de forma abrumadora los pequeños empresarios y se daba una presencia notable del capital extranjero en sectores relevantes, como la banca, la minería o las compañías ferroviarias. Pero en el cambio de siglo, del XIX al XX, no era ya la española una economía anquilosada, sino que presentaba signos de vitalidad en actividades como la industria pesada, la química o la eléctrica, en la banca e incluso en la siempre denostada agricultura latifundista y, por supuesto, en la de exportación. Todas esas actividades se desarrollaban en el marco de un régimen liberal de orígenes remotos, que arrancó de la invasión napoleónica, sobrevivió a la pérdida del imperio y a multitud de conflictos civiles enquistados, máximo exponente de los cuales fueron las guerras carlistas. Ese régimen liberal consiguió estabilizarse bajo fórmulas de convivencia e integración con la vuelta de los Borbones al trono de España tras el agitado período del llamado Sexenio Democrático (1868-1874). Durante la dilatada trayectoria del régimen liberal se fueron promulgando códigos y leyes imprescindibles para garantizar la propiedad y para el desarrollo de una economía de mercado. Lo cual no impidió, sin embargo, la supervivencia de fuertes resistencias a la penetración de los principios del liberalismo, derivadas de las condenas de una Iglesia católica de enorme ascendiente social, el arraigado analfabetismo y una mentalidad social muy extendida temerosa y contraria al riesgo y a la competencia.

2Frente al tópico comúnmente admitido durante muchas décadas, y como ha demostrado la investigación más reciente, los intereses económicos no actuaron en ese régimen como un bloque oligárquico de poder. Muy al contrario, se configuraron como un universo atomizado de signo profundamente localista y con aspiraciones también localistas. Apenas se dio entre ellos una mínima coordinación que transcendiera ese horizonte cuando se intentó presionar a los gobiernos o llevar al Parlamento la defensa de unos u otros intereses. Los partidos monárquicos, el Conservador y el Liberal, dos partidos de notables, canalizaban esos intereses – y en ese sentido cabe reconocerlos como representativos –, pero eran fundamentalmente maquinarias políticas, con intereses políticos y controladas en último término por políticos profesionales que alimentaban estrategias propias, a menudo, en este caso sí, de alcance nacional. En esos partidos había integrados propietarios, empresarios y hombres de negocios, en algunos casos convertidos en prohombres políticos, otras veces apartados de la política directa, que quedaba en manos de intermediarios profesionales. Pero también hubo empresarios que actuaron en regiones de mayor movilización y de tejido empresarial más denso, como Cataluña, el País Vasco, Valencia o Madrid, que mostraron una gran variedad de engarces con la política y una gran autonomía con respecto a las organizaciones partidistas. Dispersos por toda la geografía nacional, por último, se podían encontrar asimismo un buen puñado de empresarios y hombres de negocios “díscolos”, cuya adscripción política manifiesta – católicos, carlistas, republicanos, nacionalistas... – difícilmente cabría justificar en términos económicos. En resumidas cuentas, el mundo de los intereses y sus conexiones con la política constituía un mapa plural en el que difícilmente se podría identificar una oligarquía que actuara como un actor político bien definido, con una identidad clara y cuyos pasos pudieran seguirse. Algo, por otro lado, perfectamente lógico en una sociedad en la que las relaciones de poder se dilucidaban en gran medida, como hemos dicho, a nivel local, y en la que el Estado ocupaba un espacio reducido y no contaba con los recursos necesarios para hacerse presente en todo el territorio nacional.

3Tanto en los orígenes de aquel régimen liberal como en su evolución posterior, los intereses económicos fueron una pieza más del proceso político, no la única y ni siquiera la principal. Las polémicas económicas no tuvieron un papel relevante en la escena política hasta bastantes años después de que el régimen echara a andar en 1875, porque lo principal entonces fue asentar el nuevo orden político (liquidar la guerra carlista, proclamar la nueva Constitución, asentar el nuevo marco institucional...). El de la Restauración se constituyó además como un régimen liberal, no democrático, homologable a otros regímenes liberales de su tiempo, que, desde un punto de vista sociológico, respondió a los intereses de las clases altas y a las aspiraciones de los sectores más elevados de las clases medias. Resulta explicable, por tanto, que ese régimen extrajera preferentemente de aquellos sectores sociales (los propietarios, las elites de la administración y los profesionales en un sentido muy genérico) sus minorías dirigentes, sus doctrinarios y sus adeptos, así como que se diseñara de acuerdo con una política restrictiva hasta 1890, ano en el que se aprobó el sufragio universal masculino. No obstante, que la posesión de bienes de fortuna no resulto determinante para el disfrute de cargos o derechos políticos lo subraya el hecho de que muchos dirigentes políticos del período, incluidas muchas grandes figuras, carecieran de rentas altas o incluso fueran de orígenes modestos. Obviamente, el perfil de los políticos de la Restauración se halló en consonancia con la sociedad de la que emergieron y el régimen político en el que actuaron. En las últimas décadas del XIX e incluso hasta bien entrado el siglo XX, la política profesional fue un asunto de minorías, de grupos restringidos con formación y medios de vida muy similares, que compartieron los mismos espacios de interacción social (casinos, círculos, ateneos...). En su mayoría, aparte de políticos, eran propietarios o profesionales liberales que disfrutaban un nivel de ingresos medio-alto o, en el caso de una minoría, muy alto, que capitalizaban para fines políticos las relaciones familiares o de amistad, y que se trabajaban una clientela vario-pinta acorde con las características estructurales del distrito al que representaban. En general, formaban parte de las elites locales – ya fueran políticas, ilustradas o empresariales –, pero muchos no coincidían necesariamente con los máximos representantes del poder económico.

4“Caciquismo” fue el hallazgo terminológico utilizado ya por los contemporáneos para definir aquella política. Palabra con una carga valorativa tremendamente negativa, que luego los historiadores retomaron al objeto de analizar lo que no fue sino la variante hispana de un sistema clientelar, complejo en extremo, que también se dio en la Europa de aquel tiempo, que no fue exclusivo de la Restauración, pues procedía de los mismos orígenes del Estado liberal, y que englobó realidades social y políticamente muy dispares (las mismas relaciones clientelares, el fraude electoral, las relaciones de producción, la desmovilización política...). Se cuentan ya por centenares los estudios dedicados a esta cuestión desde que hace aproximadamente tres décadas, allá por los años setenta, los historiadores comenzaran a fijar su mirada en profundidad sobre la política que se practicó en la época de Cánovas. Se han escrito muchas páginas desde entonces y se siguen escribiendo sobre el caciquismo, como han sido relativamente intensas las polémicas sobre la naturaleza social del poder en el régimen liberal. A pesar de lo cual, hoy podría darse por zanjado un debate que ya está agotado y que no es cuestión de analizar aquí porque ya se ha hecho repetidas veces en otros lugares. Baste con apuntar que frente a los que recogieron el legado regeneracionista, que dibujó la España de la Restauración como un sistema de poder dominado por una oligarquía agrario-financiera e industrial, pero también frente a aquellos que entendieron la elite del período como una casta de políticos profesionales cuyo poder se fundamentó prioritariamente en la patrimonialización de la administración pública, al final se ha impuesto una tercera corriente que grosso modo también se estrenó cuando lo hicieron las dos primeras. Esta tercera corriente, sostenida en sólidas investigaciones empíricas, se identifica con aquellos que básicamente entienden que no hay una oposición radical e insalvable entre las dos primeras interpretaciones, dada la complejidad y variedad de situaciones políticas que albergo el sistema de la Restauración, tanto en lo que se refiere al perfil social de la elite dirigente como a las prácticas políticas que se ensayaron.

5Las dos grandes explicaciones que se han dado sobre el fenómeno del caciquismo ciertamente no son del todo excluyentes. El poder político y el poder económico fueron dos realidades que con frecuencia se dieron la mano. La división no fue completamente nítida ni en lo que se refirió a las personas ni en lo que hizo a las decisiones que se fueron tomando en el proceso político. Desde uno y otro flanco abundaron los solapamientos. Fueron numerosísimos, incluso mayoritarios, los políticos del período que también aparecieron como destacados notables económicos. Lo cual no excluyó la procedencia en gran parte mesocrática de la clase política, integrada por profesionales de formación jurídica, por publicistas o intelectuales, que se movieron y actuaron bajo condicionamientos estrictamente políticos e ideológicos, y en buena medida con independencia de los intereses económicos. No faltaron tampoco los notables económicos que antepusieron a esa condición su vocación política, incluso hasta el punto de arruinarse por desatender sus negocios. Asumidas las conexiones y solapamientos, lo verdaderamente relevante es tratar de ver en qué medida predominaron dentro de la política clientelar, en unas áreas u otras y en los distintos contextos temporales, bien los fundamentos económicos, bien los fundamentos políticos, y cómo evoluciono esa proporción. Por otra parte, la misma dominación económica no impidió en muchos casos las relaciones clientelares apoyadas en padrinazgos políticos.

6La realidad del caciquismo fue así múltiple y compleja. Por tanto, tan absurdo seria sostener que sólo la coerción, el nepotismo y la dominación económica caracterizaron aquel régimen político, como negar que la riqueza y la influencia económica fueron una precondición de suma importancia en la vida política de aquella época. Mientras estuvo en vigor el sufragio censitario -hasta 1890-, la posesión de bienes y rentas determinó legalmente la posibilidad de acceder a la política, convirtiéndola en una prolongación natural del liderazgo social. De hecho, ser diputado no comportaba la percepción de un sueldo público. No cobraban bajo el supuesto de que disfrutaban rentas propias. Con la entrada en escena del sufragio universal, los notables económicos no perdieron su fuerza, lo público continuó patrimonializándose en gran parte del país y el nepotismo no se desinfló. La simple constatación de la masiva presencia de propietarios y hombres de negocios en el Parlamento resulta al respecto concluyente, siendo una clara manifestación de los condicionamientos económicos de la política liberal. Ahora bien, el ensanchamiento del cuerpo electoral alteró y complico paulatinamente los mecanismos tradicionales de la representación de intereses, muy en particular en los territorios políticamente más dinámicos y competidos. En esos islotes más movilizados los políticos se profesionalizaron en un mayor grado que antes, a la par que los notables económicos perdieron terreno e influencia. Con todo, incluso en esos reductos más modernos, la representación de intereses a través de la acción individual no cedió del todo el paso a las políticas de movilización horizontal, vía partidos de masas o grupos de presión.

7En resumidas cuentas, los más radicales defensores de la explicación que resalta la autonomía de la política deberían entender que los intereses económicos tuvieron un protagonismo evidente en el juego político de la Restauración, más, eso sí, en unos momentos que en otros. Por su lado, los más conspicuos críticos de aquéllos habrían de asumir, porque los hechos lo demuestran, que los intereses económicos casi nunca resultaron determinantes, ni explicaron todos los avatares de la confrontación política. Es incuestionable que riqueza y poder estuvieron relacionados estrechamente en el régimen liberal, pero tal relación no estableció de antemano las decisiones políticas ni evitó que la política tuviera una lógica propia. Los intereses económicos tomaron a menudo parte en esa lógica, pero junto con otros actores y condicionantes ajenos al mundo de la economía. La misma heterogeneidad de los intereses en presencia garantizó un notable nivel de competencia y pluralidad en la carrera por influir en las altas instancias del Estado, lo que de paso facilitó la independencia de criterio y el poder arbitral de los altos responsables políticos. Sólo las circunstancias concretas hicieron que unos grupos de intereses pesaran más que otros en la toma de decisiones públicas, lo cual tuvo mucho que ver, por ejemplo, con hechos tales como las orientaciones ideológicas que primaron en un contexto dado en la facción o partido gobernante, con la formación económica de los dirigentes políticos –que no siempre se daba–, con la eficacia organizativa de los poderes empresariales en liza, con su diferente capacidad de presión, o con las tendencias dominantes en las políticas económicas que se practicaban en Europa, que naturalmente influían lo suyo en un país pobre como España, situado en la periferia –no sólo geográfica– del continente.

8Junto a la política de encauzamiento de intereses a partir de los contactos personales y de las redes clientelares de los partidos de notables, en esta época los sectores económicos comenzaron a configurar su defensa corporativa a través de grupos de presión que movilizaban gentes en la calle y en la prensa, y de lobbies parlamentados que se solapaban e interferían con los partidos políticos, pues en aquel Parlamento se consideraba perfectamente natural que la ya de por sí frágil disciplina de grupo se rompiera cuando los asuntos a tratar y votar eran de carácter económico. No cabe olvidar que las primeras movilizaciones importantes en el régimen de la Restauración las protagonizaron estos sectores sociales. Lo hicieron los agricultores al calor de la crisis agraria finisecular, y los empresarios textiles, siderúrgicos y mineros cuando se discutían las bases arancelarias: el debate entre librecambio y proteccionismo constituyó, de hecho, la causa por excelencia de la movilización y organización de muchos grupos de intereses. Y fueron muchos empresarios y propietarios los que acudieron a ese reclamo bajo la bandera de los discursos regeneracionistas que emergieron tras el desastre de 1898, cuando España perdió los últimos restos de su imperio colonial. En ese contexto, distintas corrientes empresariales –las Cámaras de Comercio a la cabeza– se movilizaron y celebraron asambleas muy críticas con los poderes establecidos, llegando a cerrar sus negocios en momentos puntuales en señal de protesta o negándose en redondo a pagar impuestos. Una reacción antifiscal que tendría sucesivas ediciones en los años siguientes. Pero esas movilizaciones, incluso las que reclamaban una política proteccionista, mostraron siempre una pluralidad subyacente que hizo imposible llegar a posiciones comunes, no ya en política, sino ni tan siquiera en las reivindicaciones económicas. Al mismo tiempo, esos momentos resultaron ser un excelente escenario para vislumbrar la instrumentación recíproca de los intereses económicos y de la clase política, y, a la postre, la capacidad de integración del régimen, que acabó incorporando a muchos de los líderes de aquellas protestas y las principales de las reivindicaciones que habían planteado. Una luna de miel que se mantuvo hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial, aunque no sin altibajos y más de un desencuentro, principalmente en el ámbito de las reformas sociales impulsadas desde 1900, por definición rechazadas y obstruidas por un empresariado poco sensible a las demandas del obrerismo emergente.

Las transformaciones que la guerra trajo consigo

9La Primera Guerra Mundial trajo a España cambios drásticos. La neutralidad que el país mantuvo durante todo el conflicto procuro a la economía española una protección de carácter extraordinario que permitió, una vez superado el pánico inicial, multiplicar las exportaciones y sustituir importaciones, con el consiguiente aumento en la producción, creación de nuevas sociedades, apertura de fábricas y explotación de nuevos yacimientos mineros, acrecentamiento en la contratación de fletes, y extensión del negocio bancario y financiero. Esta protección favoreció más a unos sectores económicos que a otros: la minería hullera, la siderurgia, la construcción naval, el transporte marítimo y la banca fueron los que mayores beneficios acumularon, mientras que sectores tradicionalmente exportadores, como los agrios levantinos, padecieron los problemas derivados del enrarecimiento del mercado internacional y de los cambios en la demanda exterior como consecuencia de la reconversión de las economías en economías de guerra.

10Entre 1916 y 1920 el número de sociedades mercantiles creadas fue el doble de lo habitual en los dos quinquenios anteriores, siendo mayor el aumento de sociedades anónimas, y para 1917, en una muestra significativa de empresas, se habían duplicado ya los beneficios de 1914, siendo todavía los del año siguiente un 25 por ciento superiores. Eso sí, los precios también se multiplicaron por dos, mientras los salarios, aunque en aumento, no llegaban a alcanzarlos y su subida era mayor en las ciudades más grandes, en las capitales de provincia, que en los pueblos. La abundancia se dejaba ver en grupos sociales diversos, no ya en los tradicionalmente acaudalados entre quienes la discreción quizás fue mayor, sino también en la aparición de nuevos ricos de orígenes desconocidos y capaces de aprovechar oportunidades de negocio no siempre claras. Hubo euforia en las Bolsas y las clases medias, al menos en las ciudades, desplegaron hábitos de consumo y de ocio que no habían sido habituales. La sociedad española se modernizo. Como reza el título de un libro ya clásico sobre este período, se formó en España una sociedad capitalista. Se dijo que los empresarios y hombres de negocios vascos pasaron a ocupar posiciones hegemónicas en ese nuevo capitalismo español y, desde luego, había muchos vascos en el centenar de nombres que integraban aquella oligarquía, aquella plutocracia de la que todos comenzaban a hablar y cuyos miembros se sentaban en los consejos de administración de las más importantes empresas y bancos. Ahí estaba el poder, en los grandes grupos en torno a los bancos más importantes, los creados a comienzos de siglo: Hispano Colonial, Hispano Americano, Español de Crédito, Bilbao, Vizcaya... y los constituidos formalmente al finalizar la guerra, el Banco Urquijo y el Banco Central, con precedentes como casas de banca o como resultado de fusiones.

11Pero la acumulación de beneficios y el crecimiento económico no estuvieron libres de conflictos. Las tensiones inflacionistas y la escasez creada por la opción exportadora en productos de primera necesidad, o por las dificultades de aprovisionarse de materias primas o productos semielaborados en el mercado exterior, propiciaron enfrentamientos. La escasez y carestía del carbón, por ejemplo, junto con los aumentos salariales, la mayor demanda de transporte y los cambios en la localización de los mercados de origen y destino, sobrepasaron la posibilidad de respuesta de las compañías ferroviarias y se produjo un caos. Estas compañías, en cuyos consejos de administración coincidían muchos miembros de la plutocracia junto a eminentes políticos, optaron por pedir al Estado anticipos y aumentos de tarifas que repercutían negativamente en los usuarios. La incapacidad para resolver el colapso provocó la masiva y repetida movilización de los intereses afectados –agrícolas y mercantiles, sobre todo- que denunciaron la “vergonzosa concomitancia” de las compañías y las “oligarquías gobernantes” contra los intereses generales del país. Una movilización que se inició en los años de la guerra y no cejó al acabar ésta, acentuándose en la medida en que se sucedían distintos proyectos de reforma ferroviaria que provocaron encendidos debates parlamentarios pero nunca llegaron más allá de nuevas subidas de tarifas o medidas provisionales similares, aunque hubo propuestas de nacionalización.

12Otro conflicto de intereses que levantó pasiones fue el derivado del aumento de precio del papel. La industria papelera que, en vísperas de la guerra, se había organizado en una central de ventas (la Central Papelera), se acomodó en la coyuntura excepcional creada por la guerra europea y, gracias a la exportación, comenzó una considerable acumulación de beneficios acompañada de una importante subida de precios, debida en gran parte al encarecimiento y escasez de la pasta de papel y otras materias primas, de cuya importación dependía. La prensa periódica fue el sector más afectado. Los periódicos españoles seguían siendo, en su mayor parte, periódicos de partido, con precios uniformes, tiradas muy reducidas y una absoluta incapacidad para obtener beneficios. Tenían, sin embargo, gran capacidad de presión y la ejercieron de manera contundente cuando la subida de precio del papel amenazó con quebrar su ya habitualmente precaria situación económica. No tardaron en conseguir del Estado un “anticipo reintegrable”, una subvención apenas encubierta que les permitía evitar la subida de precios, pues el Estado se hacía cargo de ella con la promesa de que ese anticipo le sería devuelto por los periódicos cuando la situación se normalizara. La solución se torció, sin embargo, cuando la Central Papelera se negó entonces a mantener los precios que había pactado anteriormente con la prensa para suavizar el impacto del encarecimiento. Todo se complicó aun más cuando, en medio de aquella tensión, el director general de La Papelera Española, la más importante compañía del sector con capitales fundamentalmente vascos, decidió fundar en Madrid un periódico moderno, de calidad, concebido como un futuro negocio, liberal e independiente desde el punto de vista político, y crítico respecto a los “vicios” del sistema. El periódico no tenía vinculación orgánica con la industria, pero el resto de la prensa no tardó en acusarle de estar costeado por La Papelera y por millonarios que habían engrandecido fabulosamente sus fortunas en los “turbios negocios de la guerra”, y de ser, en definitiva, un dispendio gratuito del “capital papelero, el capital naviero, el capital siderúrgico, el capital exportador y el capital bizkaitarra”.

13Valgan estos dos casos como ejemplo de la movilización de intereses desencadenada por la guerra mundial. Todo esto tuvo lugar, además, en una coyuntura política difícil. En vísperas del inicio de la guerra los dos grandes partidos, el Conservador y el Liberal, habían roto su compromiso constitucional y, además, ambos presentaban graves fracturas internas, entre los conservadores como consecuencia del desplazamiento de Antonio Maura, encastillado en su intransigencia y dolido por el fracaso de su magno proyecto político, y entre los liberales como resultado del asesinato de José Canalejas. La urgencia de converger en la defensa de la neutralidad en la guerra suspendió momentáneamente la crisis, pero la división de la opinión pública entre aliadófilos y germanófilos –partidarios de uno u otro de los dos bloques enfrentados-, la cada vez más difícil justificación de la neutralidad y la acumulación de problemas internos a los que había que dar respuesta acentuaron las divisiones. Con ellas, y con la consiguiente inestabilidad, arreciaron las críticas al funcionamiento tradicional del régimen. Más de uno pensó que había llegado el momento de romper con el turno político entre conservadores y liberales, y de “modernizar” la vida política.

14Eso ocurrió al mismo tiempo que el Estado se veía empujado a intervenir cada vez más en los asuntos económicos, en parte como respuesta a los problemas acuciantes que la guerra provocaba, pero en parte también como continuación de ese nuevo papel de protector e impulsor de la actividad económica que comenzaban a defender algunos, y que se acentuó en muchos países europeos como consecuencia del esfuerzo bélico. La neutralidad española planteó esta cuestión en otros términos, pero la tendencia se acusó de la misma manera. Los problemas económicos tenían cada vez más un alcance nacional y trascendían el marco local o regional en el que habitualmente hasta entonces se habían planteado. No había acuerdo en los distintos partidos políticos, ni entre quienes opinaban sobre las materia económicas, a la hora de delimitar el significado de aquel cambio en la concepción del Estado. La fragmentación política trasladada al parlamento lo complicó aun más. Baste decir que los presupuestos de 1914 fueron los últimos que consiguieron aprobarse normalmente en las Cortes; se prorrogaron de año en año hasta 1919, rozando al final la abierta inconstitucionalidad. Los problemas de abastecimiento y carestía dieron lugar en 1916 a una Ley de Subsistencias que pretendía reforzar la intervención del Estado en la fijación de tarifas y fletes, en la adquisición de materias primas y sustancias de primera necesidad, y en la elaboración de planes para el ordenamiento del abastecimiento nacional. Esta política, encomendada a una Junta Central de Subsistencias, con sus consiguientes Juntas provinciales y locales, contaba con la representación de las Cámaras de Comercio y de las más importantes asociaciones económicas y grupos de presión. Su eficacia fue muy relativa, y no es extraño que proliferaran las voces que atribuían su fracaso a la presencia de los intereses que precisamente se estaban beneficiando de la excepcionalidad de la coyuntura.

15A esos mismos intereses, los de la plutocracia, se atribuyó el fracaso del programa económico más ambicioso de aquellos años, el que presentó en 1916 Santiago Alba, ministro de Hacienda del gobierno liberal que presidia el conde de Romanones y que parecía disfrutar de mayoría parlamentaria como consecuencia de la conjunción de todas las fracciones del liberalismo. El proyecto contenía un saneamiento de las cuentas públicas, una serie de reformas impositivas y la reorganización de la administración fiscal, así como un programa de “reconstitución nacional” que incluía auxilios a las industrias y la fundación de bancos públicos que promovieran las actividades agrícolas y el comercio exterior. Respondía, por tanto, a los nuevos vientos que soplaban en toda Europa. Pero el ministro de Hacienda optó por comenzar con la discusión de un proyecto de impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la guerra. La propuesta desencadenó una movilización sin precedentes que frustró la aprobación, no de todos los proyectos del ministro, pero sí del programa como conjunto. Esa movilización contó, por un lado con la celebración de magnas y multitudinarias asambleas de las asociaciones económicas y grupos de presión, en Madrid y en otras ciudades, como Bilbao; hubo reuniones y conversaciones con dirigentes de diversos partidos y fracciones políticas, y también una acumulación de escritos a la información abierta por el Parlamento sobre los sucesivos proyectos. El impuesto sobre los beneficios extraordinarios, considerado injusto y discriminatorio, extemporáneo y provocador de posibles retraimientos de la inversión, se llevó la palma. Pero, además, la movilización contó con una eficaz obstrucción parlamentaria que tuvo varias voces, destacando entre ellas la de Francisco Cambó, líder de la Lliga, el partido regionalista catalán.

16La frustración final del programa de Alba fue interpretado durante mucho tiempo, entonces y más tarde por los historiadores, como la mayor demostración del extremo poder de la plutocracia, que halló en Cambo al más eficaz de sus portavoces. Francisco Cambó tenía, efectivamente, relación con ciertos círculos económicos y de la Lliga formaban parte bastantes miembros destacados de la burguesía catalana. De ahí que algunos entendieran su enfrentamiento con Santiago Alba como una confrontación de intereses entre la industria catalana y la agricultura castellana, supuestamente defendida ésta por el ministro vallisoletano. Cambó, además, buscó ex profeso, y con éxito, la incorporación a la protesta de los industriales vascos, y halló en el naviero Ramón de la Sota un buen interlocutor. Pero una mirada más atenta al proceso demuestra, en primer lugar, que el bloque de intereses económicos que respaldo la movilización era muy heterogéneo, y no tardó en descomponerse; incluso algunos dirigentes del Fomento del Trabajo Nacional, el más importante grupo de presión catalán, acabaron desmarcándose de Cambó, cuya confrontación con el Gobierno llegó a parecerles excesivamente arriesgada. Y, en segundo lugar, puede concluirse que aquella fue una batalla fundamentalmente política. Cambó creyó hallar su oportunidad para consolidar las posiciones de poder de la Lliga en Cataluña, apoyándose en la recién conseguida Mancomunitat y, a la vez que infligía al ministro un castigo ejemplar por su intento en las últimas elecciones de bloquear a la Lliga, quiso arrumbar definitivamente el turno de conservadores y liberales e instaurar en España nuevos compromisos políticos, supuestamente más modernos, en los que su partido tendría la iniciativa. Era la ocasión de convertirse en líder imprescindible a nivel nacional. Esa estrategia contó, para derrotar a Santiago Alba, con la comparsa de sectores importantes del Partido Conservador, pero también con la debilidad y fragmentación interna del liberalismo y la imposibilidad, en aquel parlamento y con aquel reglamento, de aprobar un proyecto de ley habiendo una minoría dispuesta a dar la batalla obstruccionista.

17Santiago Alba no pudo sacar adelante ni el impuesto sobre los beneficios extraordinarios ni el presupuesto para la “reconstitución nacional”. Se aprobó, eso sí, en 1917 una nueva Ley de Protección a la Industria Nacional y se creó una Comisión Protectora de la Producción Nacional encargada de aplicarla, y también se convocó un concurso para la creación de un Banco de Crédito Industrial, que habría de canalizar las ayudas a las industrias de interés preferente. Sus primeros años no fueron muy activos. Todo parecía poco, sin embargo, para quienes cada vez con más fuerza denunciaban la incompetencia de los políticos para aprovechar la coyuntura y proceder a una verdadera “nacionalización” de la economía. En 1916 apareció la Revista Nacional de Economía: no existía en España, sostenía, un concepto claro de economía nacional, ni organismos capaces de crearla, y por eso las energías de la nación eran fuerzas dispersas y en gran medida estériles, y mientras numerosas fuentes de riqueza permanecían inertes, otras eran explotadas por capitales extranjeros. Un año más tarde se reunió el segundo Congreso de Economía Nacional (el primero había tenido lugar en 1914), promovido entre otros por la Sociedad de Estudios Económicos de Barcelona que presidia el secretario general del Fomento del Trabajo Nacional. Frente al “atomismo individualista” del siglo XIX, se decía en la convocatoria, había que promover nexos de unión entre las corporaciones que surgían en la sociedad y el Estado, e incluso vías de representación directa en las instituciones. En aquel “régimen oligárquico” que mantenía dormida a la nación bajo un aparente bienestar, se dijo en el Tercer Congreso celebrado al año siguiente, los “hombres de primera línea”, mezcla de abogados, periodistas, aventureros e histriones, no estaban a la altura de las circunstancias.

18A estos Congresos concurrieron las asociaciones económicas y los grupos de presión, pero ese discurso nacionalista lo elaboraron algunos economistas, publicistas y catedráticos, y lo brindaron a una audiencia de empresarios y patronos que pudo coger de él lo que mejor le convino en los momentos en que lo necesitó. Se convirtió también en instrumento propagandístico de grupos políticos críticos con el régimen que, aunque diferentes entre sí, coincidían en la búsqueda de una ampliación de su respectivo espacio político. Ese fue el caso del catalanismo o del conservadurismo maurista, que de muy distinta manera se presentaban como modernizadores de la vida política. El discurso nacionalista tenía reminiscencias del regeneracionismo del cambio de siglo, pero ahora apuntaba con más claridad a un reforzamiento del Estado y de su capacidad interventora, supuestamente contra los intereses de oligarquías y plutocracias y en defensa del interés nacional.

19La inestabilidad política, que lejos de desaparecer se complicó aun más, le prestó alas. En 1917, el régimen padeció una dramática crisis en cascada, protagonizada primero por la abierta irrupción de los militares en la vida política a través de las Juntas de Defensa, seguida después por la rebelión de los “parlamentados” (regionalistas, reformistas, republicanos, socialistas) que reclamaron la reunión de las Cortes y la apertura de un proceso de reforma de la Constitución, y concluyó con la convocatoria de una huelga general por los sindicatos obreros. No hubo coordinación ni objetivos comunes en esos movimientos, y el régimen sobrevivió. Pero si las oposiciones demostraron su debilidad, el proceso introdujo cambios irreversibles en el funcionamiento del sistema. Tantos que, por primera vez, hubo que recurrir a un Gobierno de concentración que convoco en 1918 elecciones con un ministro de la Gobernación independiente. El resultado fue una fragmentación tal de la cámara baja que tuvo que formarse un Gobierno nacional al que se incorporaron todas las fracciones liberales y conservadoras y, además, los regionalistas catalanes. La renovación de la vida política parecía venir más bien desde dentro del sistema que de quienes se enfrentaban con él. Pero eso no evitó que el discurso deslegitimador del régimen y de sus instituciones persistiera.

El desprestigio de la política liberal

20El final de la guerra europea trajo consigo nuevas y espinosas dificultades que afectaron de lleno a los intereses económicos. Por un lado, la recuperación de la normalidad en el exterior puso de manifiesto las débiles bases del crecimiento económico anterior y provocó una depresión que afectó sobre todo a los sectores que más se habían beneficiado de la neutralidad. Se cerraron fábricas y explotaciones mineras, desaparecieron muchas sociedades creadas al calor del conflicto, disminuyeron los salarios y se extendió el paro. Las dificultades económicas y el enrarecimiento del mercado laboral, junto a los vientos de revolución que soplaron en toda Europa al terminar la guerra mundial, fomentaron una intensa conflictividad social que en algunos lugares acabó tenida de violencia y terrorismo abierto. Durante la guerra, la clase obrera, más numerosa y concentrada por el crecimiento industrial, había encontrado en las organizaciones sindicales un vehículo eficaz para exigir aumentos salariales con los que paliar el aumento de los precios. Por primera vez, los sindicatos –socialistas (UGT) y anarquistas (CNT)-se convirtieron en organizaciones de masas, mientras el número de huelgas aumentaba y muchas de ellas, además, se ganaban. En aquella favorable coyuntura, los dos sindicatos, cuyas relaciones habían sido antes de franca confrontación, unieron sus fuerzas y llegaron a convocar huelgas conjuntas. Pero el final de la guerra y los apuros económicos cambiaron el panorama. Las huelgas comenzaron a perderse, los sindicatos vieron reducirse su filiación y se desencadenó de nuevo la competencia entre ellos, en unos momentos en los que, además, prendía la llama del mesianismo revolucionario.

21Entre 1918 y 1920 se vivió en Andalucía el trienió bolchevista. El hambre de tierra desembocó en quema de cosechas, ocupación de tierras y agresiones a los propietarios, aunque también por primera vez cuajaron entre los jornaleros las propuestas de organización sindical, cenetistas pero también socialistas. Los propietarios reaccionaron y surgieron federaciones patronales. En la industria vasca, el predominio del sindicalismo socialista en la industria siderúrgica y metalúrgica permitió canalizar los conflictos con mayor eficacia, aunque no faltaron momentos violentos. Muy distinta fue la situación en Cataluña, donde la CNT aposto por conseguir el monopolio de la representación sindical sin pararse en barras. Para consolidar su nueva organización en sindicatos únicos recurrió a métodos conminatorios y coactivos. Además de provocar, como reacción, el surgimiento de unos Sindicatos Libres de origen católico (carlista), dispuestos a resistir la presión incluso por la violencia, facilito la radicalización en la patronal.

22Desde 1914 venía produciéndose un movimiento organizativo patronal protagonizado sobre todo por empresarios y contratistas de la construcción, al que se sumaron otros sectores de la mesocracia patronal. Acabó cuajando en una Confederación Patronal, con un liderazgo muy distinto al de los tradicionales grupos de presión, como el Fomento del Trabajo Nacional en Barcelona o la Liga Vizcaína de Productores en Bilbao. Fueron estos nuevos patronos quienes llevaron la voz cantante en el segundo Congreso de la Confederación Patronal que se celebró en 1919 en Barcelona. La situación creada por el sindicalismo, se decía en la convocatoria, era “insoportable moral y materialmente”, y los gobiernos no parecían entenderlo así pues, concesión tras concesión, iban sometiendo a la patronal a un régimen imposible de “humillaciones y cargas materiales”. Porque no se trataba sólo de hacer frente a la ofensiva sindical, sino de dar respuesta también a la legislación social que en España, como en todos los países europeos, venía aprobándose desde el final de la guerra europea. Al sindicato único cenetista se le contrapuso el frente patronal, y a la dura huelga de La Canadiense que dejó sin luz durante varias semanas a la ciudad de Barcelona, le siguieron tres meses de lockout patronal. Surgieron las pistolas y se sucedieron los atentados: entre 1919 y 1921 hubo más de un centenar de muertos y muchos más heridos. Fracasaron las políticas de mediación que se intentaron desde el Gobierno de Madrid y, a finales de 1920, el gobernador civil de Barcelona, el general Martínez Anido, recibió todo el apoyo de la patronal barcelonesa más radical para poner en marcha una represión que sobrepasó los límites de la legalidad y desafió abiertamente al Gobierno en Madrid, hasta su destitución en octubre de 1922. No todo el empresariado catalán se echó en brazos de la autoridad militar. El Fomento del Trabajo Nacional, vehículo tradicional en la mediación con los poderes públicos, pretendió mantenerse en actitud dialogante, recibiendo por ello la condena de los patronos más radicales.

23Junto a la conflictividad social y laboral, que enrareció las relaciones entre ciertos grupos económicos y el poder político, las dificultades económicas dieron aliento al discurso nacionalista y se multiplicaron las voces que exigían mayor protección para las actividades económicas y mayor atención del Estado, aunque fuera para denunciar después la apropiación sólo por los más poderosos de los beneficios arbitrados por aquél. En 1921 se aprobó una ley de bases arancelarias, siendo Cambó ministro de Hacienda. La ley fue tachada por los intereses agrícolas y comerciales como favorecedora de la industria, pero la negociación de tratados comerciales al año siguiente, y las protestas de quienes se consideraban perjudicados en cada caso, demostraron que no había bloques tan claros. Los intereses eran muy dispares, como no pudo por menos de reconocer en el verano de 1923 el Fomento del Trabajo Nacional catalán al decir que reinaba en la política comercial exterior una “desorientación total”, mientras la Cámara de Industria de Barcelona volvía a acusar a las oligarquías, “desprovistas de todo sentimiento patriótico”, de realizar una “obra demoledora y de disolución nacional”.

24Sin embargo, pese a las dificultades políticas, gracias en parte a la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados, se había logrado normalizar la situación presupuestaria. También se aprobó una importante legislación relativa a la banca. El crecimiento desmedido y la impericia de algunos bancos les llevó a tomar posiciones arriesgadas durante la guerra y, al terminar ésta, se hallaron en situación delicada. Quebraron dos pequeños bancos madrileños, pero fue en la banca catalana donde la crisis resultó peor. A la suspensión de pagos del Banco de Tarrasa le sucedió la quiebra del Banco de Barcelona en medio del pánico y la movilización defensiva de las elites catalanas, entre ellas el propio Cambó. La urgencia de regular el funcionamiento de la banca llevó al político catalán, ahora ministro de Hacienda, a promover la aprobación de una Ley de Ordenación Bancaria con la que trató de reforzar la posición del Banco de España -un banco todavía privado- como “banco de bancos”, creándose además un Consejo Superior Bancario con funciones supervisoras. Se aprobó también una Ley de Suspensión de Pagos que, aunque muy criticada porque se entendió que estaba hecha a la medida para evitar que los directivos del Banco de Barcelona tuvieran que asumir las responsabilidades derivadas de la quiebra, tuvo una vigencia extraordinariamente prolongada. La banca catalana no consiguió recuperarse de la desconfianza que provocaron estos acontecimientos, y también resultó afectada la imagen catalanista de Cambó, para entonces ya un relevante empresario y ministro en dos ocasiones, sin que hubiera podido arrancar el Estatuto de Autonomía por el que tanto había luchado. En 1923 anunció su retirada de la vida política.

25También se aprobaron en aquellos años ciertas reformas fiscales que pretendían adecuar el régimen tributario a las nuevas características del capitalismo español, lo que venía a ratificar la mayor eficacia de la institución parlamentaria. Pero la aplicación de las reformas provocó una movilización multitudinaria, sobre todo entre los pequeños y medianos industriales y comerciantes, contra las “oligarquías dominadoras”. La protesta alcanzó su máxima expresión en la primavera de 1923, y en una masiva asamblea celebrada en Santander se dijo que las Cortes no representaban “al país que trabaja y labora”, y se decidió apelar al rey frente a los “funestos políticos de todos los partidos”. Aquí sí que se recuperó en su plenitud el lenguaje regeneracionista del cambio de siglo, e incluso reapareció en escena Basilio Paraíso, uno de los más importantes protagonistas de la movilización de las Cámaras de Comercio tras 1898 y ahora presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Paraíso descalificó las reformas como contraproducentes a la vista de la desorganización administrativa y el desorden general en el gasto público.

26El tema candente de Marruecos alimento esta denuncia del comportamiento económico del Estado. En 1921 se había producido en Annual, en el protectorado español en el Norte de África, una masacre en las filas del ejército español que, tras una breve reacción patriótica, desemboco en la península en una campana de exigencia de responsabilidades militares y civiles. El protectorado que España había asumido en Marruecos nunca fue popular. La creciente exigencia de recursos económicos y humanos no parecía redundar en una pacificación estable de la zona, mientras propiciaba toda suerte de campañas políticas desde las oposiciones reclamando el abandono de Marruecos. Aquel enorme esfuerzo, se decía, no beneficiaba más que a un punado de personas con negocios en el Norte de África, y sólo respondía al ansia de prestigio internacional de los políticos y del propio rey. Esas acusaciones encontraron terreno abonado en los datos sobre el gasto público allí enterrado que comenzaron a conocerse a raíz del expediente abierto para la depuración de responsabilidades por el desastre de Annual. Además de enturbiar las ya de por sí difíciles relaciones entre militares y civiles, el asunto de Marruecos y de las responsabilidades alimento la imagen de ineficacia y dispendio incontrolado que tan eficaz resultaba para agitar los espíritus. Las manifestaciones multitudinarias que se produjeron en Madrid en julio de 1923 en apoyo al general Aguilera, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en actitud de abierto desafío a las autoridades civiles y al mismo Parlamento, fueron muestra de hasta qué punto habían calado en el ambiente las acusaciones contra la clase política, y lo fácil que resultaba enlazarlas con aquellas otras acusaciones contra las oligarquías económicas.

El golpe y el poder de los militares

27El 13 de septiembre de 1923 se produjo el golpe del general Primo de Rivera. Barcelona y una “burguesía aterrorizada” por el rebrote de la violencia social fueron buen caldo de cultivo para calentar las ansias intervencionistas del Capitán General de Cataluña. Hubo algunos miembros destacados de la burguesía catalana acompañándole en la noche en que hizo públicas sus intenciones y, el mismo día 13 de septiembre, el presidente del Fomento del Trabajo Nacional convoco con urgencia al consejo superior de la entidad para informar que había acudido a visitar a Primo de Rivera, adhiriéndose a su manifiesto por parecerle un “verdadero plan de gobierno” que coincidía con el sentir de las clases productoras. Hubo miembros del consejo que llamaron a la prudencia, pero fueron mayoría quienes apoyaron lo hecho por el presidente y decidieron suscribir un documento en el que se solidarizaban con el “bravo ejército, tan indignamente tratado por los mercaderes de la política que expira”, y que era “prenda segura del respeto al derecho y la tranquilidad ciudadana”. El manifiesto hecho público por Primo de Rivera recogía muchas de las reivindicaciones y de las quejas que venían pronunciando las “clases productoras” contra la “francachela de millones de gastos reservados”, la “sospechosa política arancelaria”, la “indisciplina social que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial”, la “impune propaganda comunista”, bien adobado todo ello con las más duras acusaciones a la incompetencia, cuando no a la franca “concupiscencia”, de los políticos profesionales, a quienes se amenazaba explícitamente con la apertura de inmediatas investigaciones sobre sus turbios negocios.

28Es muy probable que se prestara buen oído a esta sarta de afirmaciones, al igual que se le había prestado al discurso del nacionalismo regeneracionista, con el que tenía fuertes concomitancias. Pero el golpe de Primo de Rivera no fue el producto de una conspiración de los intereses económicos sino que fue, sobre todo, el resultado de la sistemática deslegitimación del régimen constitucional al que esos intereses quizás contribuyeron pero en la que, desde luego, no tuvieron un papel protagonista. Alfonso XIII, cuya decisión de convertir a Primo de Rivera en presidente de un Directorio Militar resultó crucial para el éxito del golpe, declaró al cabo de unos meses a un periódico francés que, lejos de violar la Constitución, su actuación respondía al espíritu de ésta y al deber que le imponía de servir y defender a la Patria. La “opinión”, decía refiriéndose al sentir común en el país, estaba con él, como pudo confirmar al no producirse reacciones contra el golpe. Hubo una generalizada actitud de expectación, favorable incluso en círculos políticos muy diversos que confiaban en que alguien, por fin, se disponía a acabar con los profesionales de la política.

29Es cierto que hubo entusiasmo entre ciertos empresarios: la Confederación Patronal decidió redactar un manifiesto, antes incluso de que se consumara definitivamente el golpe, poniéndose al lado del “irresistible movimiento de simpatía hacia los adalides que enarbolan el estandarte de la regeneración”. Pero no todas las reacciones fueron tan inmediatas ni tan entusiastas. Las de algunas entidades económicas tardaron algo más en llegar, aprovecharon para puntualizar sus respectivas demandas y no dejaron de expresar su confianza en que, después de la “radical rectificación” y el definitivo apartamiento de los viejos políticos–como decía la Confederación Patronal– o de la destrucción de los “gérmenes que viciaban la vida nacional” –como decía la Confederación Gremial–, se procedería a formar un “nuevo sistema parlamentario” o se dejaría “paso libre a un gobierno constituido sobre bases democráticas”. Tampoco dejaba de sembrar inquietud en estos círculos empresariales y patronales la promesa de Primo de Rivera de iniciar un período de “severidad y moralidad catonianas”, al tiempo que anunciaba buena acogida y absoluta discreción para toda denuncia de prevaricación, cohecho e inmoralidad que ayudara a abrir los oportunos procesos contra todos los que habían delinquido contra la Patria, “corrompiéndola y deshonrándola”. En octubre de 1923 se decretó la incompatibilidad entre las funciones ministeriales y los puestos de directores, consejeros, abogados o asesores de grandes compartías, empresas de servicios públicos o contratistas del Estado. La fiebre depuradora remitió pronto y en más de una ocasión los incursos en incompatibilidad lograron evitar que se les aplicase la norma, pero no dejaba de inquietar a los intereses económicos el que las antiguas autoridades locales y provinciales fueran sustituidas por militares, mientras las tradicionales relaciones con los políticos y el acceso a las fuentes de decisión perdían virtualidad al quedar suspendida la vida constitucional y parlamentaria. Les sonaba bien la promesa de “más economía y menos política”, pero despertaba recelos oírlo en boca de los militares.

30Los grandes bancos, tras una reunión celebrada en diciembre de 1923, ofrecieron “su más desinteresada y patriótica colaboración para la labor de reconstitución nacional, consistente en el fomento de las obras públicas con capital español” que el Directorio Militar había anunciado, y lo hacían sobre todo con el fin de evitar los peligros que podía suponer el recurso al capital extranjero. Las mayores empresas industriales se apresuraron a formar una Federación de Industrias Nacionales, cuyo consejero escribió a Primo de Rivera para explicarle la conveniencia de que el Estado contara con su colaboración, al igual que ocurría en Inglaterra con la British Industries Federation o en Francia con el Comité des Forges. Las grandes empresas y los bancos estaban, pues, dispuestos a aprovechar las oportunidades que ofrecía la voluntad desarrollista anunciada por la Dictadura, pero eran conscientes de que el nuevo régimen político les exigía otras vías de presión. No tardaron en percatarse del grado de autonomía con el que el Directorio podía tomar decisiones, y de las consecuencias de la falta de control político sobre ellas.

31Los años de la Dictadura fueron años de crecimiento económico, mayor aún del que se había producido durante la Guerra Mundial, pero los historiadores económicos han demostrado que la mayor actividad inversora se produjo en los primeros años, antes de que, sustituido ya el Directorio Militar por un Directorio Civil a finales de 1925, se pusieran en marcha los más ambiciosos planes de obras públicas. El crecimiento tuvo más que ver con el ciclo económico alcista que se dejó sentir en todos los países europeos que con la política económica de la Dictadura. Ésta, además, impuso un corsé corporativo e intervencionista a la iniciativa privada que resultó cada vez más asfixiante para los intereses económicos, por mucho que en la mayoría de los nuevos organismos contaran con una nutrida representación. La convicción del dictador de que las fuerzas del mercado dejadas a su libre funcionamiento desembocaban en desorden y crisis de sobreproducción le llevó a introducir, por ejemplo, Comités Reguladores de la Industria a cuya autorización previa debía someterse cualquier iniciativa de modificación o creación de nuevas industrias. Quizás la intervención del “Estado no inquietara de momento al capital, “poco aficionado a los riesgos industriales y fácilmente adaptable a buscar seguridades a la sombra del aval del estado”, se apresuró a declarar la Federación de Industrias Nacionales, pero los excesos en esa política serían fatales para el desarrollo industrial, que podría acabar convertido en una “dependencia más del Estado”.

32La Dictadura, además, acabó impulsando la creación de un partido único, la Unión Patriótica, que si bien originariamente surgió de manera espontánea en círculos que apoyaban la nueva situación, terminó convirtiéndose en un andamiaje oficial y artificial. En él medró una nueva clase política, proveniente de ciertas clases medias profesionales y de círculos económicos del pequeño y mediano empresariado hasta entonces carente de influencia política. Las relaciones entre esta Unión Patriótica y algunos de los sectores más importantes del empresariado, en Cataluña y el País Vasco, por ejemplo, con sus tradicionales conexiones con los partidos de la Monarquía no fueron buenas, mientras cuajaban en el país núcleos de poder nuevos, distintos, y se iniciaba una movilización sui generis que demostraría su vigor en los años treinta, cuando llegó la República. No quiere decir esto que aquellos grupos perdieran su poder. Se beneficiaron de los programas de obras públicas y de otras ambiciosas iniciativas de la Dictadura, como la creación de la Compañía Telefónica Nacional o del monopolio de petróleos y de su correspondiente Compañía Arrendataria, que fueron adjudicadas a los más importantes bancos del país. Pero también tuvieron que sufrir las arbitrariedades de unas decisiones carentes de control que, en algunos casos, beneficiaron a individuos que no pertenecían a los círculos habituales y que supieron aprovechar sus buenas relaciones con el dictador. Tal fue el caso del mallorquín Juan March quien, pese a la mala fama que rodeaba los orígenes de su cuantiosa fortuna, recibió la concesión del monopolio del tabaco en las plazas de soberanía del Norte de África y fue defendido por el propio Primo de Rivera en sendas notas oficiosas.

33El empresariado industrial tuvo que aceptar también una organización corporativa en las relaciones laborales que puso fin a su libérrima capacidad de actuación anterior. Donde habían fracasado los últimos gobiernos de la Monarquía constitucional por la resistencia tanto de la patronal como del sindicalismo más radical, triunfó ahora la dictadura introduciendo una red de Comités Paritarios, con representación patronal y obrera (esencialmente socialista), encargados de discutir y aprobar contratos colectivos y de prevenir los conflictos. Empresarios y patronos no dejaron de mostrar sus reticencias, y proliferaron los escritos críticos y la resistencia a aceptar los Comités, pero no hubo retroceso y su existencia se prolongaría en tiempos de la República.

34No podemos entrar aquí en el significado de todos estos cambios, pero no cabe la menor duda de que la Dictadura de Primo de Rivera no pasó en balde en relación con el tema del que hemos venido hablando. Cuando Primo de Rivera dimitió en enero de 1930 hacía tiempo que había perdido los apoyos entusiastas que su gesto recogió siete años antes en círculos económicos. El agotamiento del ciclo, el desbordamiento de sus planes y la “asfixia” a que había sometido a la iniciativa privada, como se decía en la prensa económica, así como las incertidumbres sobre el futuro político, alimentaron una desconfianza creciente. Pero cuando se fue dejó una estructura económica y un tejido empresarial muy diferente al que se encontró, y con él había iniciado el Estado un intervencionismo de nuevo signo que la República en gran medida continuo. La vieja clase política estaba casi totalmente arrumbada, la Monarquía definitivamente deslegitimada y el liberalismo decimonónico desaparecido.