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Inquisición Portuguesa y Monarquía Hispánica en tiempos del perdón general de 1605

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Ana Isabel López-Salazar Codes

Segunda parte. Tiempo de restauración (1605-1615)

Capítulo 7. La expansión jurisdiccional

Texte intégral

  • 1 AGS. SP. Portugal. Lib. 1481. Fol. 29r: Consulta del Consejo de Portugal del 11 de febrero de 1611.

1En enero de 1611, el duque de Lerma mostraba al conde de Salinas la carta que Felipe III había enviado a los obispos españoles. En ella, ordenaba que se mantuviese conformidad y buenas relaciones entre los ministros de la administración y justicia episcopal y los de la Inquisición. El monarca disponía que las diferencias que pudieren surgir se resolviesen en la Suprema y ordenaba a los obispos que no elevasen a Roma ninguna causa sobre competencias de jurisdicción. Lerma daba cuenta a Salinas de que el Consejo de Portugal debería escribir, por su parte, a los obispos portugueses una carta semejante a la que se había enviado a los españoles. Pero los consejeros aprovecharon la ocasión para manifestar al rey que en Portugal no había enfrentamientos entre los prelados y la Inquisición, sino que ambos colaboraban en la defensa de la fe1.

  • 2 En los últimos años, el estudio de las relaciones de poder y, por lo tanto, de jurisdicción entre e (...)
  • 3 Sobre este episodio, vid. López-Salazar Codes, Ana Isabel: Poder y ortodoxia. El gobierno del Santo (...)

2El buen entendimiento y la comunión de intereses entre los obispos y los inquisidores no impidieron, sin embargo, que se produjesen situaciones de fricción, si bien éstas no pudieron romper el ambiente generalizado de cooperación2. El disfrute de los beneficios in absentia constituyó un motivo de tensión constante, a veces no tanto con los prelados cuanto con los propios cabildos. Asimismo, el pago de las pensiones de que gozaba la Inquisición, situadas en los diversos obispados, pudo generar, en algunos momentos, conflictos entre las dos instituciones. También se dieron casos de enemistades duraderas entre prelados e inquisidores, la más famosa de las cuales quizás sea la desavenencia entre D. Teotónio, arzobispo de Évora, y Rui Pires da Veiga, inquisidor en el tribunal de esa ciudad3.

  • 4 AGS. SP. Portugal. Lib. 1465. Fols. 33r-37r: Consulta del Consejo de Portugal del 10 de octubre de (...)

3En octubre de 1606, D. Pedro de Castilho escribía una carta a Felipe III en la que alababa el modo de vida y la forma en que gobernaban sus diócesis los obispos portugueses. Sólo había críticas para un prelado, el arzobispo de Lisboa, D. Miguel de Castro, al que D. Pedro de Castilho consideraba descuidado a la hora de regir su iglesia4. Sin embargo, la principal causa de enemistad y enfrentamiento entre el arzobispo y el inquisidor general no nació de la desidia de aquél ni de su despreocupación por los asuntos de su arzobispado, sino de su celo en defender la jurisdicción episcopal frente al poder del Santo Oficio. Es decir, bajo el mandato de D. Pedro de Castilho, una de esas enemistades personales antes señaladas se mezcló con un conflicto jurisdiccional y desembocó en un largo enfrentamiento entre el inquisidor general y el arzobispo de la ciudad cabeza del reino durante, prácticamente, todo el período.

  • 5 Mea, Elvira Cunha de Azevedo: A Inquisição de Coimbra no século XVI. A instituição, os homens e a s (...)
  • 6 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 46v-48r: Parecer acerca de la jurisdicción sobre el crimen de bigamia, 160 (...)

4La principal causa de la pugna de jurisdicción entre D. Pedro de Castilho y D. Miguel de Castro era la potestad de que ambos gozaban para juzgar el delito de bigamia. El crimen era considerado mixti fori pues, si bien desde la bula de 1536, el inquisidor general podía proceder contra los bígamos, los ordinarios no perdieron la jurisdicción sobre el delito. Por ello, durante el siglo XVI, la bigamia suscitó controversias entre los inquisidores y la justicia episcopal5. Así, en tiempos del inquisidor general D. Jorge de Almeida, D. Teotónio de Bragança, que, como ha señalado Paiva, mantuvo una relación difícil y no siempre pacífica con el Santo Oficio, intentó ejercer su jurisdicción sobre la bigamia aunque, finalmente, tuvo que remitir los casos al tribunal del Santo Oficio6.

  • 7 En el tribunal de Évora, entre 1533 y 1668, del total de 8.644 procesos, 179 fueron de bigamia, es (...)
  • 8 Defensas de la jurisdicción inquisitorial sobre la bigamia en BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 46v-48r y AN (...)

5Para la Inquisición, la bigamia encerraba una importancia especial pues era, como la sodomía, un delito cometido, sobre todo, por cristianos viejos y, entre todas las transgresiones de los limpios de sangre de las que podía conocer la Inquisición, ambos crímenes eran los que suscitaban los castigos más severos7. El Santo Oficio empleó, básicamente, dos argumentos para defender su jurisdicción frente a la de los ordinarios. En primer lugar, los inquisidores mantenían que los bígamos podían sentir mal del sacramento del matrimonio y, por lo tanto, contra ellos había, según Peña, vehemente sospecha de herejía. Además, y aquí residía, tal vez, el motivo más consistente, ya era costumbre desde hacía años que la Inquisición, no sólo portuguesa, sino española y romana, juzgase los casos de bigamia8.

6Envuelto todavía en los problemas generados por la ejecución del perdón general, Castilho percibió, en abril de 1605, que la jurisdicción inquisitorial debía afirmarse no sólo frente a los cristãos-novos, evidentemente sus máximos oponentes, sino también frente a otros poderes, incluso de la misma Iglesia, que intentaban aprovechar cualquier situación de debilidad del Santo Oficio para ejercer lo que consideraban sus prerrogativas y facultades, pues, como él mismo dijo,

  • 9 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 232v-233r: Carta de D. Pedro de Castilho a D. Miguel de Castro del 17 (...)

“a Inquisiçam não costumou nunqa nem he bem que costume luvarse (sic) na materia da jurisdiçam que le pertence”9.

  • 10 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 171r: Carta de la Inquisición de Lisboa a D. Pedro de Castilho del 22 (...)
  • 11 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 232r: Carta de D. Pedro de Castilho a D. Miguel de Castro del 27 de ab (...)
  • 12 ANTT. TSO. CG. Liv. 91. Fols. 12r-12v: Carta de D. Miguel de Castro a D. Pedro de Castilho del 3 de (...)
  • 13 Finalmente, el 24 de junio, Manuel Fernandes ingresaba en las cárceles del tribunal de Lisboa. Dent (...)

7El primer conflicto entre D. Miguel de Castro y Castilho por la bigamia se inició cuando los inquisidores de Lisboa escribieron a D. Pedro sobre un hombre preso en Santarém por casar dos veces. Los inquisidores habían pasado requisitoria al vicario general del arzobispo para que les remitiese al preso y los autos, pero el arzobispo se negó a ceder10. De acuerdo con la súplica de los inquisidores, D. Pedro escribió al arzobispo para pedirle que enviase el bígamo de Santarém al tribunal de Lisboa, pero se encontró con la oposición tenaz de Castro11. El arzobispo argumentaba que los bígamos no eran sospechosos en la fe, pues su delito no procedía de que no creyesen o deliberadamente deseasen injuriar el sacramento del matrimonio, sino, sencillamente, de la debilidad de la carne. Aún así, D. Miguel de Castro proponía una solución de compromiso: permitiría que el reo fuese enviado a los inquisidores para que éstos examinasen si mantenía creencias erróneas y, caso de no ser así, volvería a la jurisdicción ordinaria para ser juzgado en ella. También sugería que se nombrase a letrados que diesen su parecer sobre a quién competía entender del delito12. Sin embargo, Castilho no estaba dispuesto a transigir lo más mínimo y, quizás para evitar que el inquisidor general emplease los poderes que le estaban cometidos para defender la jurisdicción inquisitorial y que se desencadenase, así, un conflicto abierto entre ambos, D. Miguel de Castro decidió doblegarse, por esta vez, y remitió el preso a los inquisidores13.

  • 14 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 46r-46v: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 9 de mayo de 1609.
  • 15 BA. GP. Cód. 51-VIII-20. Fol. 60r: Carta de D. Pedro de Castilho al duque de Lerma del 9 de mayo de (...)
  • 16 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 48r: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 16 de mayo de 1609.
  • 17 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 48v-49r: Consulta de la Suprema a Felipe III del 4 de junio de 1609.

8Probablemente, D. Miguel de Castro trató de evitar un enfrentamiento con Castilho que había llegado apenas cuatro meses antes a Lisboa investido con los poderes de inquisidor general y virrey y que gozaba de todo el apoyo del monarca en la medida en que éste precisaba de él para ejecutar el perdón general. Sin embargo, el arzobispo de Lisboa no dejó nunca de considerar que el conocimiento del crimen de bigamia correspondía a los obispos y, así, trató de ejercer su jurisdicción siempre que tuvo la oportunidad. El conflicto volvió a resurgir en 1609 debido a una nueva negativa del arzobispo de remitir a la Inquisición un preso, a pesar de los requerimientos de los inquisidores de Lisboa y del propio inquisidor general que envió a Marcos Teixeira a tratar directamente el asunto con Castro. Sin embargo, ante la resistencia de éste y su firme voluntad de ejercer, esta vez, su jurisdicción, D. Pedro buscó el apoyo del entonces virrey don Cristóbal de Moura, que le aconsejó acudir Felipe III14. Castilho escribió al monarca y a Lerma en mayo de 1609; pedía a Felipe III que consiguiese que D. Miguel remitiera los presos al Santo Oficio porque, de lo contrario, emplearía sus poderes de inquisidor general para proceder contra el arzobispo mediante censuras y avocar a sí el proceso15. Por su parte, Moura también escribió al monarca para aconsejarle que defendiese la jurisdicción inquisitorial y pidiese a D. Miguel que remitiera los presos a la Inquisición16. Felipe III solicitó el parecer del inquisidor general de España y del Consejo de la Suprema, que, el 4 de junio, elevó una consulta al monarca. En ella exponía que, si bien resultaba más conveniente que la Inquisición entendiese siempre en los casos de bigamia, al ser el delito mixti fori y haber procedido en primer lugar el arzobispo no se le podía quitar el conocimiento del delito17.

  • 18 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 46v. Billete del duque de Lerma del 20 de junio de 1609. Ibidem. Fols. 49r- (...)
  • 19 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 54v-55r: Carta de D. Miguel de Castro a Felipe III del 7 de julio de 1609.(...)
  • 20 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 54r-54v: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 11 de julio de 1 (...)

9La monarquía optó por una solución muy hábil que, sin afrontar el problema estructural, sí daba salida a la cuestión concreta que se había planteado. Felipe III reconocía que los obispos tenían jurisdicción para conocer del crimen de bigamia y, dado que el caso era mixti fori, si ellos iniciaban el proceso, los inquisidores no podrían impedirlo mediante censuras y métodos violentos. Es decir, el monarca no cuestionaba, en ningún momento, la jurisdicción y prerrogativas del arzobispo de Lisboa. Sin embargo, consideraba que era necesario favorecer en todo al Santo Oficio y que, además, el terror de las penas inquisitoriales constituía un medio muy eficaz para evitar los delitos. Por lo tanto, recomendaba a D. Miguel de Castro que remitiese el preso al Santo Oficio. Felipe III evitaba, de este modo, que se empleasen medios violentos que podían generar un enfrentamiento entre los propios poderes involucrados y, simplemente, utilizaba su autoridad suprema para ordenar al arzobispo que enviase el caso al Santo Oficio18. Sin embargo, D. Miguel no estaba dispuesto a ceder y, por ello, volvió a escribir a Felipe III para exponerle sus derechos19. Hasta tal punto llegó a complicarse la situación, debido, por una parte, a la insistencia de D. Pedro y del Conselho Geral en pedir al monarca que amparase al Santo Oficio frente a la tenacidad de D. Miguel de Castro y, por otra, a las no menos constantes súplicas del arzobispo para que defendiese la jurisdicción episcopal, que el propio virrey, constreñido entre ambos eclesiásticos, aconsejó a Felipe III que no tomase resolución, para no disgustar a ninguno de los dos, y encomendase el asunto a una junta de tres ministros para que éstos decidiesen20.

  • 21 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fol. 269r y ss: Quod cogitio criminis eorum qui binas nuptias contrarerunt (...)
  • 22 BPE. Cód. CVI/1-34. Fols. 89v-90r: Carta del cardenal Arrigoni a D. Pedro de Castilho del 24 de oct (...)

10Para solucionar definitivamente los problemas que pudiera plantear el conocimiento del crimen de bigamia, el inquisidor general decidió acudir al papa que era, en definitiva, quien tenía autoridad sobre todas las jurisdicciones eclesiásticas. En junio de 1612, Castilho expuso a Pablo V que, si bien todos los obispos portugueses remitían los bígamos a la Inquisición, por cuanto eran sospechosos de no creer en el sacramento del matrimonio, el arzobispo de Lisboa se negaba a entregarlos. Asimismo, le envió un memorial en el que se declaraban las razones con las que el Santo Oficio pretendía sustentar su jurisdicción21. El papa, en la reunión de la Congregación del Santo Oficio del 23 de agosto, decidió que el delito de bigamia se encontraba bajo la jurisdicción inquisitorial y que, por lo tanto, los tribunales episcopales debería remitir los presos al Santo Oficio22.

  • 23 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Carta de D. Pedro de Castilho a Pablo V del 27 de abril de 1612. BA. GP. Có (...)
  • 24 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fols. 241r-241v: Carta del cardenal Arrigoni a D. Pedro de Castilho del 15 (...)

11El último de los conflictos entre el arzobispo de Lisboa y el inquisidor general surgió en 1612 cuando Castro impidió que se publicasen en las iglesias de su diócesis las órdenes de los inquisidores sobre los que curaban con ensalmos. El Santo Oficio fundamentaba su jurisdicción en que tal práctica implicaba un fuerte indicio de pacto con el demonio. Pero D. Miguel de Castro consideraba que dichas causas pertenecían privativamente a su jurisdicción. Tanto el inquisidor general como el arzobispo buscaron entonces la ayuda del monarca pero, una vez más, D. Pedro de Castilho decidió recurrir al papa23. El asunto se debatió en la Congregación del Santo Oficio en agosto de dicho año y Pablo V decidió, finalmente, que la Inquisición procediese únicamente en los casos en que se tratase de herejía manifiesta, pero no en aquellos otros de mera superstición24.

  • 25 BA. GP. Cód. 51-VIII-20. Fol. 76r: Carta de D. Pedro de Castilho al duque de Lerma del 14 de abril (...)

12En realidad, el enfrentamiento entre D. Pedro de Castilho y D. Miguel de Castro iba mucho más allá del interés de ambos en defender sus prerrogativas jurisdiccionales. D. Pedro debió siempre considerar a D. Miguel de Castro como un personaje bastante molesto y como una traba a la acción del Santo Oficio y, por su parte, el arzobispo de Lisboa no perdió ciertas ocasiones de demostrar su desagrado hacia el obispo de Leiria. Así, por ejemplo, se negó a visitarle cuando D. Pedro fue nombrado virrey de Portugal, en 161225.

13Salvo este conflicto, duradero y continuado, entre el inquisidor general y el arzobispo de Lisboa, en el período en el que el Santo Oficio estuvo regido por D. Pedro de Castilho la institución mantuvo unas relaciones pacíficas y en algunos casos realmente buenas con los obispos. Sí es cierto, no obstante, que el buen entendimiento entre un prelado y el tribunal inquisitorial podía verse momentáneamente roto a causa de algún choque puntual, bien fuera por asuntos jurisdiccionales bien por la representación del poder, cuando se trataba de cuestiones de precedencias.

  • 26 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fols. 1r-2r: Cartas del cardenal Arrigoni a D. Pedro de Castilho del 12 de (...)
  • 27 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fols. 7r-8v: Carta de D. Pedro de Castilho al cardenal Arrigoni del 15 de n (...)
  • 28 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fol. 11r: Carta del cardenal Millini a D. Pedro de Castilho del 31 de marzo (...)

14Entre dichos conflictos puntuales por motivos de jurisdicción podemos señalar el que estalló a finales de 1606 con D. Alexandre de Braganaça, arzobispo de Évora y anterior inquisidor general. El origen del problema radicaba en el deseo de D. Alexandre de Bragança de imprimir todos aquellos documentos concernientes al gobierno del arzobispado sin mostrarlos primero al Santo Oficio, pues consideraba que someterse a la censura inquisitorial iría en detrimento de su autoridad y jurisdicción. D. Alexandre expuso sus pretensiones a la Congregación del Santo Oficio y, en un primer momento, Pablo V le dio la razón26. Pero D. Alexandre se encontró con la rápida respuesta del inquisidor general. Castilho ordenó a los inquisidores de Évora que le enviasen un informe sobre la costumbre seguida hasta entonces. Según los inquisidores de Évora, desde que en 1575 D. Henrique ordenó que no se imprimiesen documentos que contasen sólo con la licencia del obispo, no había salido a la luz ningún sínodo, ley ni constitución perteneciente al gobierno del arzobispado de Évora, a excepción del Regimento do auditorio ecclesiastico do Arcebispado de Evora e da Relação y un libro titulado Batipsterio, impresos en 1598 y 1604 con licencias de los arzobispos D. Teotónio y D. Alexandre, respectivamente. Además, en 1590, el tribunal de Évora había ordenado a los libreros e impresores que no publicasen ningún documento sin licencia del Santo Oficio, aunque contase con la del arzobispo. D. Pedro expuso a la Congregación que debía cumplirse la décima regla del Índice de Trento, según la cual tanto el obispo como el inquisidor deberían examinar los libros que fueran a imprimirse27. Finalmente, Pablo V ordenó, en febrero de 1607, que se siguiese lo dispuesto por el Índice28.

  • 29 Sobre este delito, contamos con el reciente estudio de Gouveia, Jaime Ricardo Teixeira: O sagrado e (...)
  • 30 Marcocci, Giuseppe: I custodi dell’ortodossia…, pp. 311-335.

15Ahora bien, la jurisdicción del Santo Oficio debía afirmarse no sólo frente a los obispos, sino también frente a los superiores de las órdenes religiosas. Así se puso de manifiesto con motivo del crimen de solicitación29. Como ha expuesto Marcocci, ya desde la década de 1560, a partir del momento en que Pío IV otorgó a la Inquisición española la facultad para conocer dicho delito, el cardenal-infante D. Henrique intentó que la Inquisición portuguesa pudiera proceder, asimismo, contra los solicitantes. Sin embargo, no fue hasta 1599 cuando Clemente VIII, por medio del breve Muneris nostri del 22 de enero, concedió al Santo Oficio portugués jurisdicción sobre el delito aunque sin por ello retirarla a los obispos y superiores de las órdenes religiosas30.

  • 31 El breve de Pablo V del 5 de marzo de 1607 estaba dirigido a D. Pedro de Castilho, como inquisidor (...)
  • 32 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fols. 218r-219v: Informação sobre os breves que vieron de Roma a Lixboa de (...)
  • 33 Haliczer, Stephen: Sexualidad en el confesionario. Un sacramento profanado, Madrid, Siglo XXI, 1998 (...)

16Así estaba la cuestión de los solicitantes cuando Castilho accedió al cargo de inquisidor general. Tanto el Conselho Geral como D. Pedro consideraban que se debía pedir al papa un nuevo breve para que sólo el Santo Oficio pudiese proceder en casos de solicitación. Pablo V otorgó un segundo breve el 5 de marzo de 1607, pero la Inquisición portuguesa encontró en él mayores restricciones que en el de Clemente VIII31. En un parecer de 1607 sobre los inconvenientes que encerraban los documentos de 1599 y 1607, el autor – probablemente un calificador del Santo Oficio – consideraba que D. Pedro debía solicitar a Pablo V jurisdicción “privative ad ordinarios locorum et superiores regularium”, aunque, si el papa se negaba a concederla así, podría aceptarse el breve que contuviese la cláusula de “privative ad superiores regularium”32. Probablemente, la Inquisición era consciente de la dificultad de conseguir que la Santa Sede retirase a los obispos la facultad de conocer del delito. Además, en España, cuando Pío IV concedió al Santo Oficio jurisdicción sobre los curas solicitantes, en 1561, no por ello la retiró ni a los obispos ni a los superiores de las órdenes religiosas y no fue hasta diciembre de 1592 cuando Clemente VIII, por un decreto de la Congregación del Santo Oficio, declaró que aquélla era “privative ad superiores regularium”33.

  • 34 Carta del tribunal de Évora a D. Pedro de Castilho del 31 de julio de 1609, transcrita por Gouveia, (...)
  • 35 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fol. 60r: Carta del cardenal Millini a D. Pedro de Castilho del 28 de febre (...)

17Finalmente, el 16 de septiembre de 1608 Pablo V emitía el breve Cum sicut nuper que, sin embargo, no llegaba a conceder la anhelada jurisdicción privativa. Conocemos el monitorio que el tribunal de Évora publicó a raíz de este breve, por el que ordenó que fuesen denunciados ante la Inquisición todos los confesores solicitantes. De modo que el tribunal estaba afirmando su jurisdicción privativa sobre el delito. Así se explica que D. Pedro de Castilho prohibiese a los inquisidores mostrar el breve de Pablo V a los ordinarios, lo que ocasionó un conflicto entre el tribunal y el cabildo de Évora, que, por su parte, se mostró muy renuente a tolerar que los obispos perdiesen la jurisdicción sobre este delito34. Pero Castilho no estaba dispuesto a ceder. Pocos años después, los poderes del Santo Oficio fueron ampliados aún más, cuando, en noviembre de 1612, Pablo V ordenó que la Inquisición procediese no sólo contra los que solicitaban a las mujeres, sino también contra quienes solicitasen a los hombres35.

18Desde luego, si Castilho deseaba consolidar el Santo Oficio, restablecerlo en su antiguo poder y recuperar su prestigio, no podía doblegarse frente a la jurisdicción episcopal o de las órdenes religiosas. Además, de lo dicho hasta el momento podemos concluir que, según parece, en los casos en que se produjeron conflictos entre el Santo Oficio y los obispos, el sumo pontífice actuó como juez supremo y la Congregación del Santo Oficio desempeñó asimismo un papel central como árbitro al que acudieron tanto el inquisidor general como, en los casos estudiados de D. Miguel de Castro y D. Alexandre de Bragança, los arzobispos, para exponer sus argumentos y defender sus derechos. En dichas pugnas, el papa se inclinó siempre a favor del Santo Oficio, pues ya le concedió jurisdicción sobre el delito, en el caso de los sacerdotes solicitantes, ya se limitó a ordenar a las justicias episcopales que remitiesen los presos a la Inquisición, como ocurrió en el asunto de la bigamia.

  • 36 Ordenações Filipinas, Lisboa, 1603. Livro V. Titulo XIII. Edición de Candido Mendes de Almeida, Rio (...)
  • 37 Cf. Ley de D. Sebastião del 9 de marzo de 1571. Ordenações Filipinas, Lisboa, 1603. Livro V. Titulo (...)
  • 38 BPE. Cód. CV/2-9. Fols. 402r-403v: Ley de Felipe III del 12 de octubre de 1606.

19Pero, el intento más novedoso de extender el poder de la Inquisición no fue, sin embargo, iniciado por el propio inquisidor general sino por el Rey Católico que decidió utilizar los ministros del Santo Oficio y los métodos del procedimiento inquisitorial para castigar un delito que, en principio, se encontraba fuera de su jurisdicción y nada tenía que ver con la herejía. En Portugal, el conocimiento del delito de molicie corría a cargo de las justicias seculares. En 1597, Felipe II había establecido que los culpados fuesen condenados a galeras y que el denunciante recibiese la mitad de los bienes del reo36. Además, tal y como D. Sebastião había determinado con respecto a la sodomía, el Rey Católico declaró que bastarían dos testimonios, aunque fuesen de diferentes actos, para probar este delito. Asimismo, en el proceso, los nombres de los testigos quedarían en secreto37. Finalmente, en 1606, para solucionar las posibles dudas que hubiera al respecto, Felipe III ordenó que los juzgados por primera vez por el pecado de molicie fuesen públicamente azotados y desterrados siete años a galeras o, en caso de que gozaran de privilegio de no ser sometidos a castigos viles, sufriesen destierro de siete años en Angola. En caso de reincidencia, los jueces podrían arbitrar la pena que considerasen oportuna hasta llegar, incluso, a la de muerte, aunque en este último caso debería ser confirmada por el propio rey38.

20Ahora bien, ¿hasta qué punto las justicias seculares disponían de medios suficientes como para llevar a cabo una persecución eficaz de los llamados pecados torpes? Probablemente, a pesar de que Felipe II hubiese confirmado que los jueces podrían proceder a partir de testimonios singulares, debía resultar complicado encontrar quien denunciase cuando el delito no se encontraba vinculado al de sodomía. Sin embargo, el monarca estaba resuelto a castigar esta práctica y a conocer las dimensiones reales del mal. Para ello, Felipe III decidió prescindir de las vías ordinarias, es decir de la justicia secular portuguesa, y, al hacerlo, si bien logró, en un primer momento, alcanzar un conocimiento más preciso del que, probablemente, le hubieran podido proporcionar los mecanismos ordinarios, al mismo tiempo determinó, a la larga, el fracaso de la iniciativa regia de castigar a los culpables.

21Para perseguir un delito tan escondido, Felipe III echó mano de los ministros del Santo Oficio, es decir, de aquellos que más prácticos estaban en escudriñar los secretos más profundos. En realidad, el mismo modo de proceder que las Ordenações Filipinas establecían para el castigo de los pecados torpes, es decir, la prueba por testimonios singulares y el secreto de nombres, se asemejaba bastante al inquisitorial. Además, el Santo Oficio gozaba de jurisdicción para conocer el delito de sodomía que, en muchas ocasiones, iba unido al de molicie. De modo que podía resultar relativamente fácil establecer un puente entre la jurisdicción secular y la inquisitorial en esta materia. Sin embargo, Felipe III prefirió utilizar la práctica y experiencia de los inquisidores y, quizás también, el respeto y miedo que podían generar, pero decidió no someterse a los mecanismos institucionales. Es decir, se valió de los ministros, pero no del Santo Oficio; ordenó que llevasen a cabo una investigación sobre la molicie, pero no pidió al papa, al menos en un primer momento, que les concediese jurisdicción para castigar el delito.

22A partir de 1610, los pecados torpes pasaron a ocupar un primer plano en los debates de los ministros portugueses. En el reino se constituyó una especie de junta formada por el inquisidor general, el jesuita Francisco de Gouveia y el inquisidor Manuel Álvares Tavares. Felipe III encargó a Álvares Tavares que realizase una investigación para averiguar quiénes cometían el pecado de molicie en Lisboa. Pero, desde el primer momento, se cuestionó la legalidad de las investigaciones llevadas a cabo por Álvares Tavares. El problema adquirió mayores dimensiones debido a que entre los culpados se encontraban miembros del clero, tanto secular como regular, con lo que las investigaciones podían desembocar en un enfrentamiento con la jurisdicción episcopal y de las órdenes religiosas. El hecho de que los ministros de la junta tratasen, sobre todo, de solventar el problema que planteaban los regulares puede llevarnos a pensar que o bien las órdenes religiosas eran más celosas de la jurisdicción sobre sus miembros que los obispos sobre el clero secular o bien el número de culpables de molicie pertenecientes al clero regular era bastante más elevado.

  • 39 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 129v-131r: Provisión de Felipe III del 18 de octubre de 1610.
  • 40 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 81v-82v y 87r-87v: Cartas de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 13 de (...)
  • 41 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 82v-84v: Parecer de D. Pedro de Castilho, Francisco de Gouveia y Manuel Ál (...)
  • 42 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 87v-88v: Parecer de D. Pedro de Castilho, Manuel Álvares Tavares y Francis (...)

23Por lo que respecta a los laicos, en octubre de 1610, Felipe III declaró que eliminaba cualquier defecto judicial que pudiese tener la investigación realizada por Álvares Tavares y ordenó al doctor Belchior Pimenta, entonces corregedor do crime da corte, que procediese contra los culpados39. Para preservar el secreto, en la copia de los autos que se entregarían a Pimenta, no se declararían los nombres de los testigos. Por el contrario, en lo que atañe a los clérigos, las dudas y conflictos se prolongaron durante años. El motivo era claro: Álvares Tavares tenía comisión real para investigar las materias torpes pero los eclesiásticos se encontraban exentos de la jurisdicción secular. Además, Castilho, Gouveia y Álvares Tavares se oponían a entregar a los superiores de las órdenes religiosas o a los obispos la información sobre las culpas de los clérigos. En primer lugar, consideraban que supondría una violación del secreto porque, para proceder contra los culpados, los ordinarios tendrían que volver a interrogar a los testigos. Asimismo, mantenían que nunca se acabaría con el vicio entre los eclesiásticos si el castigo corría a cargo de los superiores o del obispo40. Para solucionar dudas de jurisdicción, aconsejaron que se pidiese al papa que confirmase la investigación de Lisboa y estableciese que había sido judicial y que nombrase jueces para los eclesiásticos en cuyos procesos, no obstante, podrían intervenir sus superiores41. Es más, los tres ministros recomendaron a Felipe III que ordenase al inquisidor João Álvares Brandão llevar a cabo en Coimbra una investigación sobre la molicie semejante a la de Álvares Tavares de Lisboa42.

  • 43 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 89r-90r: Billete de Fernão de Matos a Felipe III del 29 de marzo de 1611.
  • 44 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 93v-94v: Albalá de Felipe III del 31 de mayo de 1611. El monarca ordenaba (...)

24Dividido entre pareceres opuestos, el monarca recurrió a su confesor, fray Luis de Aliaga, que se mostró muy dispuesto a reforzar la acción de los ministros del Santo Oficio. Así, propuso que el monarca ordenase a Álvares Brandão investigar los delitos torpes cometidos en Coimbra. Además, consideraba que los culpables debían ser castigados por los jueces competentes, esto es, D. Pedro de Castilho, inquisidor general, y los inquisidores Álvares Tavares y Álvares Brandão, de modo que, en su opinión, Felipe III debía disponer que Francisco de Gouveia dejase de intervenir en este asunto43. Este proyecto de Aliaga resulta, a nuestro juicio, sumamente interesante porque, más allá de reflejar una posible oposición entre el dominico y los jesuitas, visaba a que sólo los inquisidores fuesen considerados jueces competentes para castigar la molicie. En consecuencia, el 31 de mayo, Felipe III encargó al inquisidor João Álvares Brandão que investigase los pecados torpes de Coimbra44.

  • 45 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 97v-98v: Apuntes enviados al embajador en Roma. Se trata de un documento d (...)
  • 46 “que no siendo este delito, aunque es tan feo, de Inquisiçion nunca Su Santidad lo hara de Inquisic (...)

25Asimismo, en abril de 1611 el monarca ordenó al conde de Castro, embajador en Roma, que solicitara al papa dos breves, uno referente a los religiosos regulares y otro a los clérigos seculares, en los que se estableciese que la investigación llevada a cabo por Álvares Tavares había sido judicial y, por lo tanto, que los testimonios de los delitos eran válidos y, conforme a ellos, podrían proceder contra los culpados los superiores de las órdenes religiosas y los obispos45. Sin embargo, la concesión de los breves debió plantear problemas y dudas, porque Felipe III tuvo que repetir las órdenes a Castro en agosto y en septiembre. Finalmente, el embajador y el cardenal Zapata decidieron no presentar al papa la petición de monarca. Ambos consideraban que si en Roma se supiese que en los dominios del Rey Católico estaba tan extendido el pecado de molicie todos los enemigos de la Monarquía Hispánica lo emplearían para difamarla. Además, el cardenal Zapata mantuvo que el papa nunca otorgaría al Santo Oficio jurisdicción sobre el delito de molicie ni validaría las pruebas extraídas de las investigaciones ordenadas por Felipe III46.

  • 47 “E mandamos aos inquisidores e visitadores do Santo Ofício que por nenhum caso aceitem denunciação (...)
  • 48 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 122r-122v: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 24 de febrero de (...)

26Hasta mediados de 1614 no pareció vislumbrarse una solución al problema. Pero, para entonces, el propio Santo Oficio había dado ya un paso fundamental que clarificaba su posición en toda la maraña jurisdiccional surgida en torno a la molicie. La Inquisición, en su nuevo Regimento, publicado en 1613, declaraba que sus ministros no podían conocer de los delitos de bestialismo y molicie47. El mismo hecho de que hubiera sido necesario precisar que el Santo Oficio no tenía jurisdicción sobre este delito demuestra que el debate sobre ello y la posibilidad de que se le concediese eran cuestiones latentes en el momento. Pero, por otra parte, al declarar que no podía entender en él, la Inquisición avanzaba sustancialmente hacia la conclusión de las disputas, pues ella misma se inhibía del problema y renunciaba a extender su poder en un asunto que, por el momento, no generaba más que conflictos. En concordancia con esta determinación se encuentra la carta de Castilho a Felipe III del febrero de 1614. El inquisidor general notificaba al monarca que pensaba remitir a João Gomes de Leitão, corregidor del crimen de la corte que, en octubre de 1612, había sustituido a Belchior Pimenta en el juicio de los pecados torpes, los autos de la investigación de Coimbra concernientes a laicos acusados de molicie para que procediese contra ellos, mientras que los culpables de sodomía serían juzgados por la Inquisición48.

  • 49 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 120v: Billete de Lerma a Matos del 22 de marzo de 1614. Ibidem. Fol. 122r: (...)
  • 50 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 120v-121v: Carta de Felipe III a fray Aleixo de Meneses, arzobispo de Brag (...)
  • 51 El fracaso de la iniciativa regia en el castigo de los pecados torpes quedó, finalmente, confirmado (...)

27A raíz de dicha carta del inquisidor general, Felipe III ordenó a fray Luis de Aliaga y fray Aleixo de Meneses, arzobispo de Braga y virrey de Portugal, que analizasen de nuevo el problema. El parecer de Aliaga y Meneses, remitido al monarca el 29 de marzo, constituyó el punto de arranque para la solución final del conflicto. Consideraban que, dado que las investigaciones habían sido realizadas por inquisidores, era posible que muchos, por miedo al Santo Oficio, hubiesen declarado más de lo que sabían. Además, mantenían que Álvares Brandão y D. Rodrigo da Cunha, inquisidor que sustituyó a Álvares Tavares cuando éste murió, no gozaban de jurisdicción para investigar los pecados torpes de los eclesiásticos. Por ello, las investigaciones debían cesar inmediatamente y borrarse de los autos los nombres de todos los clérigos. En el caso de que los eclesiásticos hubiesen sido acusados de sodomía, el castigo debería realizarse con el mayor secreto, tanto para evitar el escándalo cuanto para no dar ocasión a los herejes de criticar a la Iglesia49. De acuerdo con este parecer, Felipe III decidió revocar las comisiones de João Álvares Brandão y de D. Rodrigo da Cunha. Los acusados de pecado nefando, tanto laicos como eclesiásticos, se remitirán a la Inquisición y los de molicie, en el caso de que fuesen laicos, a João Gomes Leitão50. Asimismo, el monarca ordenaba que se borrasen los nombres de los eclesiásticos en los papeles de la investigación de la molicie y que el Santo Oficio realizase en secreto el castigo de los clérigos sodomitas. Por último, Felipe III establecía que, en adelante, en el caso de delito de molicie se procediese conforme a las leyes del reino51.

  • 52 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 117r-119v: Consulta de la junta sobre las materias torpes del 29 de marzo (...)

28El asunto de las materias torpes no es un mero episodio anecdótico, más o menos escabroso, del Portugal de principios del Seiscientos sino que constituye un ejemplo muy revelador para percibir la naturaleza de las complejas relaciones entre la monarquía católica y el Santo Oficio. Dentro de los proyectos para disciplinar a la sociedad católica, Felipe III decidió valerse de la Inquisición a fin de llevar a cabo una investigación general de los pecados torpes. Los inquisidores Manuel Álvares Tavares, João Álvares Brandão y Rodrigo da Cunha fueron encargados de indagar los delitos primero en Lisboa y, posteriormente, en Coimbra, es decir, dos ciudades en las que existía tribunal inquisitorial. Los tres inquisidores procedieron, en este caso, no como delegados de la Santa Sede, sino como ministros de la corona cuyos poderes emanaban del rey. Sin embargo, su mismo cargo de inquisidores les proporcionaba una autoridad mucho más reconocida, tal vez, que la que se derivaba de las provisiones reales. Y esto era algo que los propios consejeros de Felipe III sabían, como demuestra el parecer de fray Luis de Aliaga y fray Aleixo de Meneses enviado al rey en marzo de 161452.

  • 53 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 124r-125r: Billete de Francisco de Lucena a Lerma del 23 de octubre de 161 (...)
  • 54 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 113r-113v: Billete de Francisco de Lucena a Lerma del 31 de enero de 1615.

29Los ministros del Santo Oficio cumplieron con las órdenes regias y podemos intuir que, quizás, con bastante éxito dado que la reacción de los eclesiásticos fue tan duradera. Sin embargo, en el momento en el que la cuestión de la molicie tomó visos de convertirse en un problema para el propio Santo Oficio, éste, como institución, decidió desentenderse del asunto. Es decir, la Inquisición no mostró ninguna apetencia de extender su jurisdicción sobre este delito, pues prefería conservar su poder antes que iniciar contiendas de las que poco fruto podía esperar si no era el de debilitarse a sí misma. Ahora bien, si como institución el Santo Oficio declaró que no podía entender en el delito, los inquisidores, como ministros diputados por la corona, sí siguieron, a título individual, interviniendo en el asunto conforme lo disponían las órdenes del rey. Finalmente, en octubre de 1614, Felipe III, aconsejado por Aliaga, ordenó que Gomes Leitão, ayudado por otros dos jueces que debería nombrar el virrey, juzgase las causas de los culpados y que las sentencias se ejecutasen en secreto53. Fray Aleixo de Meneses, que meses antes había recomendado al monarca que revocase las provisiones que tenían los inquisidores para investigar el delito, nombró ahora, para asistir a Gomes Leitão, a Inácio Ferreira, de la Mesa da Consciência, y al inquisidor D. Rodrigo da Cunha54. De nuevo, la experiencia de los ministros del Santo Oficio se hacía indispensable para la conclusión de un asunto que, según unos y otros habían acordado, pertenecía, únicamente, a la jurisdicción secular.

Notes

1 AGS. SP. Portugal. Lib. 1481. Fol. 29r: Consulta del Consejo de Portugal del 11 de febrero de 1611.

2 En los últimos años, el estudio de las relaciones de poder y, por lo tanto, de jurisdicción entre el Santo Oficio y los obispos ha experimentado un desarrollo notable gracias a los trabajos de José Pedro Paiva y Giuseppe Marcocci. Paiva y Marcocci sostienen tesis contrarias con respecto al carácter general de dichas relaciones. Así, este último afirma la existencia de un conflicto latente entre inquisidores y obispos, por lo que considera que la colaboración entre ambos fue escasa, al menos hasta tiempos del archiduque Alberto. Por su parte, Paiva ha puesto de manifiesto que el episcopado portugués, en líneas generales, colaboró con la Inquisición y ambos poderes, unidos por múltiples vínculos internos, se aliaron en la defensa de la fe y la ortodoxia católica. Marcocci, Giuseppe: I custodi dell’ortodossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del cinquecento, Roma, Edizione di Storia e Letteratura, 2004, p. 337. Paiva, José Pedro: “Os bispos e a Inquisição portuguesa (1536-1613)”, en Lusitania Sacra, 2ª série, 13 (2003), pp. 43-76.

3 Sobre este episodio, vid. López-Salazar Codes, Ana Isabel: Poder y ortodoxia. El gobierno del Santo Oficio en el Portugal de los Austrias, tesis doctoral defendida en la UCLM en 2008, p. 376.

4 AGS. SP. Portugal. Lib. 1465. Fols. 33r-37r: Consulta del Consejo de Portugal del 10 de octubre de 1606.

5 Mea, Elvira Cunha de Azevedo: A Inquisição de Coimbra no século XVI. A instituição, os homens e a sociedade, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1997, pp. 327-331. Sobre este delito, vid. Braga, Isabel M. R. Mendes Drumond: A bigamia em Portugal na época moderna, Lisboa, Hugin, 2003.

6 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 46v-48r: Parecer acerca de la jurisdicción sobre el crimen de bigamia, 1609.

7 En el tribunal de Évora, entre 1533 y 1668, del total de 8.644 procesos, 179 fueron de bigamia, es decir, el 2%. Coelho, António Borges: Inquisição de Évora. 1536-1668, Lisboa, Caminho, 2002, p. 311. Según Elvira Mea, en el tribunal de Coimbra, 115 de las 4.084 denuncias recibidas entre 1541 y 1604, es decir, el 2,80%, se referían al delito de bigamia. Frente a ello, las denuncias por judaísmo fueron 2.045 (50%), a las que hay que sumar las de otros delitos como blasfemias y palabras escandalosas, 577 (14,10%), juicios contra la Iglesia, 321 (7,80%), manifestaciones contra el dogma, 194 (4,70%), o críticas al Santo Oficio, 137 (3,30%), que eran cometidos, en un alto porcentaje, por cristãos-novos. Para ese mismo período, de los 2.311 procesos del tribunal de Coimbra, 31 fueron de bigamia, frente a los 2.048 de judaísmo; 70 de blasfemias y palabras escandalosas; 52 de comportamientos contra el Santo Oficio; 47 de manifestaciones contra el dogma y 7 de juicios contra la Iglesia. Mea, Elvira Cunha de Azevedo.: A Inquisição de Coimbra..., pp. 280 y 358-359.

8 Defensas de la jurisdicción inquisitorial sobre la bigamia en BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 46v-48r y ANTT. TSO. CG. Liv. 99. Fols. 111v-115r. Ambos documentos son de 1609.

9 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 232v-233r: Carta de D. Pedro de Castilho a D. Miguel de Castro del 17 de mayo de 1605.

10 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 171r: Carta de la Inquisición de Lisboa a D. Pedro de Castilho del 22 de abril de 1605.

11 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 232r: Carta de D. Pedro de Castilho a D. Miguel de Castro del 27 de abril de 1605.

12 ANTT. TSO. CG. Liv. 91. Fols. 12r-12v: Carta de D. Miguel de Castro a D. Pedro de Castilho del 3 de mayo de 1605.

13 Finalmente, el 24 de junio, Manuel Fernandes ingresaba en las cárceles del tribunal de Lisboa. Dentro del proceso inquisitorial se encuentra también el que había tenido lugar ante el vicario general del arzobispo. ANTT. TSO. IL. Proc. 4280. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 232v-233r: Carta de D. Pedro de Castilho a D. Miguel de Castro del 17 de mayo de 1605. ANTT. TSO. CG. Liv. 91. Fol. 13r: Carta de D. Miguel de Castro a D. Pedro de Castilho del 19 de mayo de 1605.

14 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 46r-46v: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 9 de mayo de 1609.

15 BA. GP. Cód. 51-VIII-20. Fol. 60r: Carta de D. Pedro de Castilho al duque de Lerma del 9 de mayo de 1609. BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 46r-46v: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 9 de mayo de 1609. Para apoyar sus argumentos, D. Pedro ordenó a los inquisidores de Évora y Coimbra que le enviasen un certificado de que el Santo Oficio procedía contra los bígamos y los ordinarios solían remitir los presos a la Inquisición. ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fols. 112r y 172r: Registro del secretario del Conselho Geral del 16 y 18 de julio de 1609.

16 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 48r: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 16 de mayo de 1609.

17 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 48v-49r: Consulta de la Suprema a Felipe III del 4 de junio de 1609.

18 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 46v. Billete del duque de Lerma del 20 de junio de 1609. Ibidem. Fols. 49r-50r: Cartas de Felipe III para don Cristóbal de Moura, D. Pedro de Castilho y D. Miguel de Castro del 30 de junio de 1609.

19 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 54v-55r: Carta de D. Miguel de Castro a Felipe III del 7 de julio de 1609. Ibidem. Fols. 59r-60r: Carta de D. Miguel de Castro a Felipe III del 11 de julio de 1609.

20 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 54r-54v: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 11 de julio de 1609. Ibidem. Fols. 58r-58v: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 22 de agosto de 1609.

21 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fol. 269r y ss: Quod cogitio criminis eorum qui binas nuptias contrarerunt vivente prima uxore vel e contra pertineat ad tribunal sancti officii probatur ex sequentibus fundamentis.

22 BPE. Cód. CVI/1-34. Fols. 89v-90r: Carta del cardenal Arrigoni a D. Pedro de Castilho del 24 de octubre de 1612.

23 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Carta de D. Pedro de Castilho a Pablo V del 27 de abril de 1612. BA. GP. Cód. 51-VIII-20. Fol. 76r: Carta de D. Pedro de Castilho al duque de Lerma del 14 de abril de 1612. BA. GP. Cód. 51-VIII-11. Fol. 179: Carta del duque de Lerma a D. Pedro de Castilho del 28 de mayo de 1612. BA. GP. Cód. 51VIII-13. Fols. 321r-323v: Carta de Fernão de Matos a D. Pedro de Castilho del 13 de junio de 1612.

24 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fols. 241r-241v: Carta del cardenal Arrigoni a D. Pedro de Castilho del 15 de agosto de 1612.

25 BA. GP. Cód. 51-VIII-20. Fol. 76r: Carta de D. Pedro de Castilho al duque de Lerma del 14 de abril de 1612.

26 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fols. 1r-2r: Cartas del cardenal Arrigoni a D. Pedro de Castilho del 12 de diciembre de 1606 y del 22 de agosto de 1607.

27 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fols. 7r-8v: Carta de D. Pedro de Castilho al cardenal Arrigoni del 15 de noviembre de 1607. Ibidem. Fols. 9r-10r: Treslado de huma certidão que passarão os inquisidores da cidade de Évora por mandado do Illustrisimo Senhor Inquisidor Geral, 6 de marzo de 1607.

28 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fol. 11r: Carta del cardenal Millini a D. Pedro de Castilho del 31 de marzo de 1608.

29 Sobre este delito, contamos con el reciente estudio de Gouveia, Jaime Ricardo Teixeira: O sagrado e o profano em choque no confessionário. O delito de solicitação no Tribunal da Inquisição. Portugal 1551-1700, Dissertação de Mestrado, Coimbra, Faculdade de Letras, 2006.

30 Marcocci, Giuseppe: I custodi dell’ortodossia…, pp. 311-335.

31 El breve de Pablo V del 5 de marzo de 1607 estaba dirigido a D. Pedro de Castilho, como inquisidor general, pero no, al mismo tiempo, a los inquisidores generales que le sucediesen. Además, si el de 1599 concedía facultad al Santo Oficio para proceder contra los solicitantes de Portugal y sus señoríos, el de 1607 la limitaba, únicamente, a los del reino, sin mencionar los señoríos. Por último, tampoco el breve de 1607 contenía la cláusula de que la jurisdicción del Santo Oficio sobre los solicitantes sería privativa con respecto a las justicias ordinarias.

32 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fols. 218r-219v: Informação sobre os breves que vieron de Roma a Lixboa de nessa inquisição se proceder contra os que solicitam molheres na confissão e de nam averem de ser relapssos os novamente convertidos das provinsias e ilhas ultramarinas da Coroa de Portugal e dos defeitos que trazem e do que novamente se debe supprir nelles. Se trata de un documento de 1607.

33 Haliczer, Stephen: Sexualidad en el confesionario. Un sacramento profanado, Madrid, Siglo XXI, 1998, pp. 80-82.

34 Carta del tribunal de Évora a D. Pedro de Castilho del 31 de julio de 1609, transcrita por Gouveia, Jaime Ricardo Teixeira: O sagrado e o profano em choque no confessionário..., p. 197. Cf. Marcocci, Giuseppe: Il custodi dell’ortodossia..., pp. 332-334.

35 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fol. 60r: Carta del cardenal Millini a D. Pedro de Castilho del 28 de febrero de 1613.

36 Ordenações Filipinas, Lisboa, 1603. Livro V. Titulo XIII. Edición de Candido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro, 1870. Edición facsímil de Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1985.

37 Cf. Ley de D. Sebastião del 9 de marzo de 1571. Ordenações Filipinas, Lisboa, 1603. Livro V. Titulo XIII.

38 BPE. Cód. CV/2-9. Fols. 402r-403v: Ley de Felipe III del 12 de octubre de 1606.

39 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 129v-131r: Provisión de Felipe III del 18 de octubre de 1610.

40 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 81v-82v y 87r-87v: Cartas de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 13 de noviembre de 1610 y del 13 de febrero de 1611. D. Pedro de Castilho mostró siempre una actitud muy crítica con respecto a la forma de vida del clero regular, por la relajación de la observancia. Castilho acusaba a los superiores de las órdenes religiosas de descuidar el cumplimiento de las reglas, para ganar apoyos dentro de la orden, y de castigar con demasiada blandura a los transgresores. Cf. AGS. SP. Portugal. Lib. 1465. Fols. 33r-37r: Consulta del Consejo de Portugal del 10 de octubre de 1606.

41 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 82v-84v: Parecer de D. Pedro de Castilho, Francisco de Gouveia y Manuel Álvares Tavares sobre las materias torpes del 2 de noviembre de 1610.

42 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 87v-88v: Parecer de D. Pedro de Castilho, Manuel Álvares Tavares y Francisco de Gouveia sobre las materias torpes del 18 de febrero de 1611.

43 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 89r-90r: Billete de Fernão de Matos a Felipe III del 29 de marzo de 1611.

44 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 93v-94v: Albalá de Felipe III del 31 de mayo de 1611. El monarca ordenaba al inquisidor Álvares Brandão que, para preservar el secreto de la investigación, no utilizase escribano, sino que anotase él mismo las confesiones de los testigos.

45 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 97v-98v: Apuntes enviados al embajador en Roma. Se trata de un documento de 1611.

46 “que no siendo este delito, aunque es tan feo, de Inquisiçion nunca Su Santidad lo hara de Inquisición ni autentiçara las pruebas secretas para dalles mas fuerza de la que de derecho les compete para castigar por ellas delinquente alguno”. AGS. Estado Roma. Leg. 995. Sin fol.: Carta del conde de Castro a Felipe III del 10 de noviembre de 1611.

47 “E mandamos aos inquisidores e visitadores do Santo Ofício que por nenhum caso aceitem denunciação contra pessoa alguma que haja cometido pecado bestial ou de molicies...”, Regimento do Santo Oficio, 1613, título V, capítulo VIII. Cf. Vainfas, Ronaldo: Trópico dos pecados. Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil, Rio de Janeiro, Campus, 1989, p. 207.

48 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 122r-122v: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 24 de febrero de 1614. Ibidem. Fol. 131r-131v: Albalá de Felipe III del 20 de octubre de 1612 para que João Gomes Leitão sustituya a Belchior Pimenta en el juicio de los acusados de molicie.

49 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 120v: Billete de Lerma a Matos del 22 de marzo de 1614. Ibidem. Fol. 122r: Billete de Lerma a fray Luis de Aliaga del 22 de marzo de 1614. Ibidem. Fols. 117r-119v: Consulta de la junta sobre las materias torpes del 29 de marzo de 1614.

50 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 120v-121v: Carta de Felipe III a fray Aleixo de Meneses, arzobispo de Braga y virrey de Portugal, del 20 de mayo de 1614. BA. GP. Cód. 51-VIII-5. Fols. 111r-111v: Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 20 de mayo de 1614.

51 El fracaso de la iniciativa regia en el castigo de los pecados torpes quedó, finalmente, confirmado por un memorial que João Gomes Leitão y el propio inquisidor D. Rodrigo da Cunha elevaron al arzobispo virrey en septiembre de 1614. En él, los dos ministros reconocían las faltas que contenía la investigación realizada los años anteriores y que impedían seguir las normas procesales establecidas por el Derecho: los libelos no contenían circunstancias de lugar y tiempo; los testimonios eran singulares y, además, de cómplices; las declaraciones habían sido escritas por el inquisidor sin que hubiese notario; muchas denuncias se referían a eclesiásticos; en los autos que se entregaron al corregidor del crimen no se declaraban los nombres de los testigos, con lo que el acusado ni siquiera podía emplear el mecanismo que sí le permitía el procedimiento inquisitorial de recusar a quienes habían declarado contra él, etc. Para solucionar los problemas y terminar el asunto, proponían que las causas fueran concluidas ante el virrey por Gomes Leitão, ayudado por otros dos ministros, pero sin forma de juicio y que las sentencias se ejecutasen en secreto. BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 125v-129v: Memorial de D. Rodrigo da Cunha y João Gomes Leitão del 2 de septiembre de 1614.

52 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 117r-119v: Consulta de la junta sobre las materias torpes del 29 de marzo de 1614.

53 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 124r-125r: Billete de Francisco de Lucena a Lerma del 23 de octubre de 1614. Ibidem. Fols. 125r-125v: Billete de Lerma a Francisco de Lucena del 31 de octubre de 1614.

54 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 113r-113v: Billete de Francisco de Lucena a Lerma del 31 de enero de 1615.

© Publicações do Cidehus, 2010

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