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Inquisición Portuguesa y Monarquía Hispánica en tiempos del perdón general de 1605

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Ana Isabel López-Salazar Codes

Segunda parte. Tiempo de restauración (1605-1615)

Capítulo 5. La sujeción de los cristãos-novos

Texte intégral

  • * ANTT. TSO. CG. Liv. 426. Fols. 270r-271r: Rol das pessoas e (...)

“Aguora primitirá nosso Senhor que paguem o que devem pois senão contentavão com o bem e mal que tinhão e Elle por quem he a de acudir pella honrra de Sua Igreia castiguando estes maos e seus favorecedores”*.

  • 1 Maria Dias, acusada de judaizar, había sido encarcelada por el Santo Of (...)
  • 2 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 176v-177v: Petición de Gaspar Dias y res (...)

1En 25 de septiembre de 1600, los inquisidores del tribunal de Lisboa se sentaban para ver, de nuevo, el proceso de Maria Dias, que había sido condenada a relajación a la justicia secular1. Maria no había comparecido, sin embargo, en el auto de fe del 14 porque, tres días antes, el jesuita encargado de preparar su alma para la muerte y el médico del tribunal aseguraron que había perdido el juicio. Los inquisidores decidieron entregársela a su padre, Gaspar Dias, pero mantuvieron la hacienda secuestrada. Pasaron los años; los cristãos-novos lograron el tan anhelado perdón general y el caso de Maria Dias volvió a la mesa del Santo Oficio. Su padre pedía ahora al inquisidor general que le entregase la hacienda secuestrada para con ella poder sustentar a su hija. Los pareceres de los inquisidores y diputados de Lisboa se dividieron. Manuel Álvares Tavares y António Pereira de Meneses consideraron que podía gozar del perdón general y que, por lo tanto, deberían entregársele sus bienes. Por el contrario, António Dias Cardoso mantuvo que, dado que había enloquecido, no se hallaba capacitada para confesar sacramentalmente y abjurar de sus herejías, por lo que, hasta que recobrase el juicio y cumpliese con estas condiciones de la bula de perdón, sus bienes deberían seguir secuestrados2.

  • 3 AGS. SP. Portugal. Lib. 1491. Fols. 77r-77v: Carta de Felipe III a D. P (...)
  • 4 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 133r: Carta de D. Pedro de Castilho a Feli (...)
  • 5 Sobre estos alborotos, vid. Oliveira, António de: “Sociedade e conflito (...)

2Este no es más que un ejemplo, uno entre otros muchos, de los problemas y dudas, acompañados de las subsiguientes cartas, consultas y pareceres, que generó la ejecución del perdón general. Fue un proceso difícil, coordinado por el nuevo inquisidor-mor D. Pedro de Castilho, al que Felipe III había autorizado a acudir con sus poderes de virrey en caso de que así fuera necesario para cumplir lo dispuesto en el Postulat a nobis3. Desde Valladolid, una junta se encargaba de controlar todos los pasos del inquisidor general y de evitar que éste interpretase de manera restrictiva lo dispuesto por el papa, si bien Castilho siempre receló de que personas ajenas al Santo Oficio se entrometiesen en los asuntos del tribunal de la fe4. El problema más manifiesto y famoso es de sobra conocido: el 16 de enero fue publicado el perdón general y se inició la puesta en libertad de los presos. Pero la indignación de los cristianos viejos desembocó en violentos tumultos y ataques a la gente da nação en Coimbra y en Lisboa, donde el marqués de San Germán, capitán general de la gente de guerra, tuvo que acudir con sus hombres para contener el tumulto5. Ahora bien, allende estas manifestaciones de furor popular más o menos impulsivas y momentáneas, el perdón general siguió provocando quebraderos de cabeza a los ministros del Santo Oficio hasta mucho tiempo después de que se ejecutase.

  • 6 AGS. SP. Portugal. Lib. 1491. Fols. 108v-109r: Carta de Felipe III a D. (...)
  • 7 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 96r: Carta de D. Pedro de Castilho a los (...)

3Aunque cuando Felipe III tuvo noticia de lo ocurrido en Lisboa y Coimbra dirigió una dura carta a D. Pedro de Castilho, en la que le acusaba de no haber enviado relación de los presos que salieron de las cárceles y en la que criticaba la negligencia de las autoridades para atajar el motín y la dilación del nuevo virrey en avisarle de lo sucedido, lo cierto es que el inquisidor general trabajó, desde su llegada a Lisboa, para que lo dispuesto por el papa se cumpliese íntegramente6. Así, a finales de enero, antes, incluso, de que Felipe III le ordenara investigar lo ocurrido, Castilho ya había pedido a los inquisidores de Coimbra que le informasen de lo que había sucedido en la puesta en libertad de los conversos y averiguasen quién había incitado al pueblo para poder proceder contra los culpables7.

4Ya hemos comentado el comportamiento ambiguo de Castilho durante los meses anteriores a que se concediera el perdón y cómo, desde que tuvo noticia de que Clemente VIII había expedido el breve, se puso al servicio de la corona para cumplir los deseos del monarca. Parece como si Castilho hubiera considerado el perdón como un mal necesario, pero pasajero, y se hubiera comprometido a acatarlo,

  • 8 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 133r: Carta de D. Pedro de Castilho a Feli (...)

“ainda que me parecesse quando se tratou delle o que seguraria as vidas e fazendas da gente da naçam mas não faria mudança em sua enclinaçam e crença”8.

  • 9 BNP. FG. Cód. 1538. Fols. 105r-105v: Carta de D. Pedro de Castilho a lo (...)
  • 10 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 130r: Carta de D. Pedro de Castilho a Juan (...)
  • 11 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 36v: Carta de D. Pedro de Castilho a los (...)

5A partir de enero, la situación cambiaba, pues era ya inquisidor general y virrey de Portugal. Sin embargo, sabía perfectamente que tenía que proceder con cautela; los casos anteriores de D. António Matos de Noronha, D. Jorge de Ataíde y D. Alexandre de Bragança así se lo mostraban. Podía no estar de acuerdo con el perdón general; podía desear, tal vez, el castigo de los cristãos-novos, pero sabía esperar y, ante todo, tenía la mentalidad de un político. No arriesgaría su posición; no había llegado todavía el momento de la revancha. Por lo tanto, había que ejecutar el mandato papal y el deseo de Felipe III y velar por la ejecución del perdón general. Por ello, el 12 de enero de 1605, envió una instrucción a los tres tribunales de distrito sobre cómo debía llevarse a cabo la puesta en libertad de los presos. Así, para evitar problemas, el inquisidor general ordenó que se soltase primero a los cristãos-novos que no tuviesen que abjurar y, después, a los que abjurasen, por ser tanto confidentes como convictos9. Una vez puestos en libertad los conversos que se encontraban en las cárceles inquisitoriales, D. Pedro tuvo que atender a las peticiones de los cristãos-novos para que se soltase a los que estaban detenidos bien por los tribunales episcopales, bien por el Santo Oficio español. Según se desprende de la documentación, el inquisidor-mor intentó cumplir su cometido con rigor, sin rodeos, tal como muestran las cartas dirigidas tanto a algunos obispos como al inquisidor general de España en las que les pedía que abrieran las celdas de todos aquellos que quisiesen acogerse al perdón general10. Asimismo, el inquisidor general ordenó a los inquisidores que consultasen con él antes de prender de nuevo a cristãos-novos para evitar nuevos motivos de conflicto11.

  • 12 Fue el caso, por ejemplo, de João Nunes, cristão-novo, prior de la igle (...)

6Ahora bien, la diligencia de Castilho en hacer acatar el mandato papal no pudo impedir que la ejecución del perdón general generase serios problemas de muy diverso tipo que iban mucho más allá de los meros motines de Lisboa y Coimbra. Uno de ellos, muy significativo porque afectó, sobre todo, a los obispos, fue el caso de los clérigos cristãos-novos que tenían a su cargo la cura de almas. Algunos de estos sacerdotes habían sido encarcelados por el Santo Oficio acusados de judaizar y salieron de las cárceles inquisitoriales gracias al perdón. Como es evidente, los obispos portugueses manifestaron una natural preocupación ante la posibilidad de que tales clérigos volviesen a ejercer la cura de almas o a predicar. Hasta tal punto era conflictivo el asunto que el arzobispo de Lisboa escribió a la Congregación del Santo Oficio para que aclarase lo que debía hacerse. Y, aunque los cardenales dispusieron que tales sacerdotes quedasen suspensos de la cura de almas y de la predicación, los problemas continuaron, pues no todos aceptaron de buen grado las suspensiones que los ordinarios les imponían12.

  • 13 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 35v: Carta de D. Pedro de Castilho a los (...)
  • 14 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 12r-14r: Consulta de la junta sobre el perdón (...)
  • 15 ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fol. 105r : Registro del secretario del Consel (...)

7Asimismo, el inquisidor general tuvo que resolver las dudas motivadas por los casos que no aparecían comprendidos en el breve de perdón, como era, por ejemplo, el de aquellos que estaban cumpliendo condenas de hábito, cárcel, destierro o galeras. Felipe III había pedido a Castilho que, a pesar de que el breve no lo dispusiese, perdonase las penas y penitencias en virtud de sus facultades como inquisidor general. Sin embargo, Castilho prefirió, antes de tomar ninguna determinación, consultar al papa sobre si el perdón abarcaba también las penas ya impuestas o si debía dispensarlas como inquisidor-mor y, así, escribió al pontífice13. Pero la junta del perdón general reaccionó frente a este intento del inquisidor general de volver a introducir al papa en un asunto que parecía ya acotado a los límites de la monarquía y controlado, única y exclusivamente, por el poder real. Por consejo de la junta, Felipe III reprendió duramente a Castilho, hasta el punto de amenazarle con que encargaría la ejecución del breve a otra persona, y ordenó al embajador duque de Escalona, al agente D. José de Melo y al cardenal de Ávila que impidiesen que se volviese a debatir en Roma la forma del perdón general14. Por su parte, Castilho tuvo que ceder, finalmente, a las presiones del monarca y, en noviembre, perdonó todas las penas de cárcel, hábito, destierro y galeras impuestas a los cristãos-novos hasta el día de la publicación del perdón general15.

  • 16 “Et omnino abstergimus et abolemus et ulterius bonorum confiscationes h (...)
  • 17 BNP. FG. Cód. 867. Fol. 494. Cf. ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fols. 106v y (...)

8Más de acuerdo se mostraron los miembros de la junta y el inquisidor general en el caso de las penas de confiscación de bienes. El breve establecía que los bienes secuestrados de los que el fisco todavía no hubiese tomado posesión deberían ser devueltos a sus antiguos dueños16. En este caso, inquisidor general se limitó a cumplir lo establecido por el breve, sin ampliar la gracia y los ministros de la junta se mostraron muy satisfechos por esta determinación, a diferencia de lo que había ocurrido en el caso de las otras penas. Eso sí, Castilho permitió que los bienes de aquellos que habían muerto en la cárcel, durante el proceso, pasaran a sus legítimos herederos, quienes, muy probablemente, los hubieran perdido de no haber mediado el perdón general17.

  • 18 BPE. Cód. CV/2-9. Fol. 330r. Para el autor de este texto, de clara tend (...)
  • 19 Según un razonamiento, probablemente escrito por algún ministro del San (...)
  • 20 El perdón general alcanzaba a toda persona “cuiuscunque illi status, or (...)
  • 21 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 34r: Carta de D. Pedro de Castilho a los (...)

9El Postulat a nobis generó, asimismo, problemas jurídicos debido, no sólo a que los inquisidores tendiesen a interpretarlo de manera restrictiva, sino también a que hubo algunos aspectos que suscitaron dudas a causa de las diferentes interpretaciones que podían plantearse. Por ello, fueron precisas aclaraciones y explicaciones de lo dispuesto como ocurrió, por ejemplo, con la cuestión de los relapsos18. No era éste un asunto totalmente nuevo, pues ya los inquisidores habían tenido que enfrentarse a él como consecuencia del perdón de Pablo III de 1547. Sin embargo, sí es cierto que el breve de Clemente VIII generó mayores problemas de interpretación. El Illius qui misericors de Pablo III comprendía, en general, a todos los cristãos-novos. Por el contrario, el Postulat a nobis establecía una casuística mucho más detallada, fruto, quizás, de los años de complicadas negociaciones que habían precedido a su concesión. En primer lugar, no todos los conversos podrían gozar del perdón, pues quedaban exceptuados quienes estuviesen encarcelados por haber recaído en el crimen después de una primera abjuración y que, por lo tanto, serían castigados como relapsos conforme a lo que disponía el derecho inquisitorial. Así, el perdón abarcaba a aquéllos contra los que la Inquisición todavía no hubiese procedido; a los que se encontrasen en las cárceles inquisitoriales acusados de judaizar; a los que hubieran salido de las cárceles bajo fianza; y a los que ya hubieran abjurado en alguna ocasión anterior y, después, hubiesen reincidido, siempre y cuando no se encontrasen ya detenidos19. Sin embargo, no todos recibirían el perdón de la misma forma pues, mientras que para unos bastaba confesar sacramentalmente sus culpas, los que se encontraban en las cárceles inquisitoriales o habían salido de ellas bajo fianza, si habían confesado sus herejías o habían sido convictos, debían abjurar delante de los inquisidores20. Así, por ejemplo, el inquisidor general ordenó a los inquisidores de Évora que pusiesen en libertad a tres presos que todavía no habían sido declarados convictos sin necesidad de que realizasen abjuración ninguna21.

  • 22 ANTT. TSO. IC. Liv. 252. Fols. 46r-46v. Cit. por Baião, António: “A Inq (...)

10Esta distinción entre aquellos mismos que podían gozar del perdón general generaba, como consecuencia, diferentes posibilidades en caso de reincidencia. Medio siglo antes ya se había planteado un problema parecido con motivo del perdón general de 1547. En principio, el breve de Pablo III establecía que los absueltos merced al perdón general no serían considerados reconciliados, de modo que, si reincidiesen, no quedarían sujetos al castigo reservado a los relapsos. Pero ello no fue óbice para que se terminase generando la duda de si los que reincidían debían ser relajados a la justicia secular. En 1556, el Conselho Geral estableció finalmente que los que hubiesen abjurado de sus errores y hubiesen sido reconciliados antes del perdón no serían considerados relapsos en caso de reincidencia22.

  • 23 “Atque statuentes ut illi omnes, qui iudicialiter, ut praefertur, haere (...)
  • 24 “Caeteri vero carcerati nimium, vel sub cautionibus relaxati, confessi, (...)
  • 25 ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fol. 166v: Registro del secretario del (...)
  • 26 BNP. FG. Cód. 1535. Fols. 338r-340v : Parecer sobre los relapsos. Docum (...)

11El Postulat a nobis de Clemente VIII declaraba que los que no abjurasen de sus herejías, sino que simplemente se confesaran sacramentalmente para poder gozar del perdón, no serían considerados reconciliados y, por lo tanto, en caso de reincidencia, no serían relajados23. Sin embargo, los que abjuraron de sus errores para gozar del perdón y los que, tras una primera abjuración, recurrieron al perdón general para que les fuesen perdonadas nuevas culpas serían castigados como relapsos en caso de reincidencia24. Por lo tanto, serían juzgados relapsos todos aquellos que, bien antes del perdón, bien para gozar de él, abjuraron de sus herejías y, más tarde, volvieron a incurrir en ellas. Pero, al parecer, aunque el breve de Clemente VIII era bastante claro y explícito, se suscitó cierta duda en el Santo Oficio referente al castigo de aquellos que habían abjurado antes de la publicación del breve y que no volvieron a cometer herejía hasta después del perdón. Sobre éstos, nada había establecido el Postulat a nobis. Por ello, Castilho ordenó a los inquisidores de los tribunales que considerasen el asunto y enviasen sus pareceres25. Finalmente, el Santo Oficio mantuvo que en el breve no había ninguna duda de que se debería considerar relapsos a todos aquellos que hubiesen abjurado, en cualquier tiempo que fuese, antes del perdón. Además, arguyó que, caso de que Clemente VIII no lo hubiese declarado explícitamente, debía seguirse lo dispuesto por el Derecho, es decir, que todos los condenados por segundo lapso fueran relajados a la justicia secular26.

  • 27 El 27 de marzo de 1605, apenas dos meses después de publicarse el perdó (...)
  • 28 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 133v-134v: Carta de D. Pedro de Castilho (...)
  • 29 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 135r: Carta de Felipe III a D. Pedro de Ca (...)

12La cuestión de los relapsos no era, en modo alguno, trivial pues ya durante el mismo año de 1605 los cristãos-novos percibieron que constituía su punto más débil y aquel al que el Santo Oficio podía atacar con mayor facilidad27. Por ello, apenas unos meses después de publicado el perdón general, pidieron a Felipe III que solicitase al papa un nuevo breve por el que se dispensase a los reincidentes de ser relajados al brazo secular. Asimismo, solicitaban al rey que los judaizantes quedasen exentos de la pena de confiscación de bienes. Pero, a diferencia de lo que ocurriera un año antes, los cristãos-novos se encontraron a un Castilho que, esta vez, no estaba dispuesto a volver a transigir ni a detener, de nuevo, la máquina inquisitorial. D. Pedro, que un año antes aceptaba ejecutar el breve de Clemente VIII, declaraba ahora, en sendas cartas enviadas a Felipe III y a Lerma, que los cristãos-novos no habían aprovechado dicha absolución para abandonar sus errores, lo que, en su opinión, no se conseguiría nunca por medios suaves sino mediante el rigor y el castigo28. Sin embargo, o porque el monarca y sus ministros consideraron que eximir a los relapsos de la pena de relajación era permitir libremente la expansión de la herejía o porque percibieron claramente que Roma no concedería una nueva merced de este tipo o, tal vez, porque aún faltaba dinero por recaudar del servicio anterior, de modo que podía dudarse tanto de la solvencia de los cristãos-novos como de su prontitud en pagar lo que prometían, lo cierto es que las nuevas súplicas no prosperaron29. Desde luego, parece bastante probable que, aunque los conversos deseasen ardientemente desasirse de las garras inquisitoriales, ni los cristãos-novos ni la Inquisición ni, probablemente tampoco, la monarquía se encontrasen con fuerzas para reiniciar una nueva lucha apenas superada una crisis que había durado más de cinco años.

  • 30 AGS. SP. Portugal. Lib. 1491. Fol. 119v: Carta de don Juan de Borja, co (...)
  • 31 AGS. SP. Portugal. Lib. 1491. Fols. 145v-146r : Albalá de Felipe III de (...)
  • 32 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 108r. Carta de D. Pedro de Castilho al Co (...)

13Además, a pesar del acatamiento sin trabas del mandato papal, en el comportamiento de Castilho percibimos algunos indicios de que consideraba la sumisión del Santo Oficio como una fase pasajera. Tras los tumultos de enero, Felipe III había ordenado a los doctores Bartolomeu Rodrigues y Lopo de Barros que investigasen lo sucedido en Coimbra y Lisboa, respectivamente, y que prendiesen a los culpables30. En abril, el monarca encomendó a Henrique de Sousa, gobernador de la Relação do Porto, que, junto con dos desembargadores, procesase a los acusados de participar en los tumultos31. Al parecer, Marcos Teixeira y Rui Pires da Veiga estimaron que quizás resultaría conveniente explicar a Sousa cómo había procedido la Inquisición en la puesta en libertad de los cristãos-novos. Sin embargo, Castilho se negó categóricamente a dar cualquier tipo de justificación del comportamiento inquisitorial, pues consideraba que, ante todo, debía conservarse la autoridad y respeto al Santo Oficio y a sus ministros, lo que, desde luego, no se lograría mientras éstos tuviesen que dar explicaciones de sus actos32.

  • 33 Vid. Supra “Años de tribulación”. Cf. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. (...)

14El 23 de agosto de 1604 había marcado de forma simbólica el punto culminante del ataque de los cristãos-novos al Santo Oficio. A partir de entonces, la Inquisición, paso a paso, iría recuperando todo su poder sobre los conversos. En este contexto, resultaba cada vez más intolerable para el Santo Oficio la licencia que Felipe III les había concedido para que pudieran salir libremente del reino. La Inquisición consideraba que la libertad otorgada a los cristãos-novos implicaba un ataque velado a su propia jurisdicción, dado que coartaba el procedimiento del Santo Oficio en la medida en que podían salir de Portugal aquéllos que habían incurrido en herejía. Por ello, los inquisidores nunca se habían resignado plenamente a perder el control total sobre los cristãos-novos y, como hemos señalado, bastó un leve respiro en la presión que la monarquía ejercía sobre el tribunal con motivo del perdón, en el otoño de 1602, para que los diputados del Conselho Geral plantearan la posibilidad de revocar la licencia33.

  • 34 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 128r-129r: Carta del (...)
  • 35 Escalona aconsejaba que Felipe III escribiese al duque de Toscana para (...)

15En sus alegatos en contra de la libertad de salida del reino, los diputados no sólo invocaban motivos religiosos, sino también políticos. Entre los primeros, claro está, el Santo Oficio no dejaba de señalar que quienes marchaban de Portugal judaizaban libremente y, además, transmitían sus errores a sus hijos y descendientes, con lo que las almas de todos corrían grave riesgo de terminar en el Infierno. El monarca y su reino resultaban, asimismo, perjudicados ya que los cristãos-novos, los más ricos de todo Portugal y los que controlaban el comercio, llevaban consigo su dinero y pasaban a beneficiar con sus negocios a los países de herejes enemigos del Rey Católico34. En realidad, a nadie se escondía que algunos de los conversos que salían de Portugal volvían a practicar la ley de Moisés. Así, el duque de Escalona, poco después de llegar a Italia, avisaba de que numerosos cristãos-novos portugueses practicaban el judaísmo en Venecia y Toscana35. Por ello, su antecesor en el cargo, el duque de Sessa, aconsejaba que se tratase en el Consejo de Portugal el modo de impedir la salida de los conversos del reino.

  • 36 BPE. Cód. CV/2-9. Fol. 339r : Carta de D. Pedro de Castilho al duque de (...)

16Aunque parezca paradójico, cuando Castilho asumió el cargo de inquisidor-mor prefirió, durante algunos años, no abordar la cuestión de la licencia. Quizás la debilidad generalizada, tras años de debates y conflictos, que impedía a los cristãos-novos reclamar un nuevo perdón para los relapsos imposibilitaba, asimismo, al Santo Oficio pugnar para que se revocase la licencia. Tal vez era necesario un tiempo de calma, durante el cual no se introdujese ninguna novedad que pudiera ser aprovechada por los conversos para dejar de pagar los servicios que habían prometido a la corona. Por ello, hasta mediados de 1608 no se empezó a tratar, ya de manera sistemática, de la supresión de la licencia. D. Pedro tomó como asidero para iniciar el debate una carta del cardenal Pinelli en la que le daba cuenta de que los cristãos-novos portugueses que salían del reino practicaban el judaísmo y le pedía que evitase este éxodo. Con motivo de esta carta, D. Pedro, desde agosto, solicitó a Felipe III que se revocase la licencia y que los 200.000 cruzados del servicio que los conversos pagaron por ella se descontasen del dinero que aún debían del perdón36.

  • 37 Feros, Antonio: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de F (...)
  • 38 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 53: Carta de don Cristóbal de Moura (...)
  • 39 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 43: Consulta del Consejo de Estado (...)

17Castilho, bien por suerte bien por habilidad política, solicitó la supresión de la licencia en el momento más adecuado, cuando, a raíz de las negociaciones de paz con las Provincias Unidas, Felipe III y Lerma necesitaban reconstruir el discurso político que presentaba al monarca español como defensor del catolicismo37. Así, aún antes de que sus peticiones llegaran al monarca, ya éste había ordenado a don Cristóbal de Moura, virrey de Portugal, que se informase acerca de la licencia que tenían los cristãos-novos para salir del reino y que ordenase alguna disposición para que los que saliesen fueran primero registrados38. La intervención en el asunto de don Cristóbal de Moura resultó muy beneficiosa para los intereses de Castilho. Tanto el virrey como D. Belchior de Teve enviaron sendas cartas al monarca en las que exponían los males económicos y políticos que provocaba la salida de los cristãos-novos y volvían a declarar que éstos marchaban del reino para poder judaizar libremente39. A raíz de estas súplicas, Felipe III, de acuerdo con el parecer del Consejo de Estado, encargó tratar el asunto al Consejo de Portugal, al Conselho Geral y al marqués virrey. Todos ellos debían analizar los inconvenientes que generaba la licencia concedida a los cristãos-novos y, lo que planteaba mayores problemas, estudiar el modo en que el monarca podría romper un contrato suscrito con sus súbditos y revocar una ley por él mismo promulgada.

  • 40 AGS. SP. Portugal. Lib. 1465. Fols. 578r-579r: Consulta del Consejo de (...)
  • 41 ANTT. TSO. CG. Liv. 99. Fol. 103r: Carta de Felipe III a D. Pedro de Ca (...)
  • 42 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 54: Carta de don Cristóbal de Moura (...)
  • 43 AGS. Estado Portugal. Leg. 436. Fol. 17: Consulta del Consejo de Estado (...)
  • 44 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 38r: Carta de Felipe III a don Cristóbal de Mou (...)

18Felipe III se dirigió, en primer lugar, al Consejo de Portugal, en diciembre de 1608, pero éste prefirió lavarse las manos, aduciendo que, de sus miembros, sólo el doctor Francisco Nogueira conocía bien el negocio. Por ello, recomendó a Felipe III que los tribunales portugueses, es decir, el Desembargo do Paço, la Mesa da Consciência y el Conselho Geral, analizasen esta materia y que el virrey y el inquisidor general diesen, asimismo, su parecer40. De modo que el monarca encargó a Castilho que discutiese este asunto en con los diputados para, como había aconsejado Moura, exponer las razones que podrían justificar la revocación de la licencia41. Por su parte, el virrey, deseoso del éxito de sus intentos, decidió impedir cualquier obstáculo que frenase su consecución. Bien sabía que si llegaba a noticia de los cristãos-novos que la monarquía pensaba revocar la licencia, aquéllos tratarían, por todos los medios, de influir en el ánimo del rey y ganar apoyos entre los ministros para lograr el fracaso de la política intolerante. Por ello, don Cristóbal aconsejó a Felipe III que, en vez de ordenar que el asunto se debatiese en los grandes tribunales del reino, dispusiera la constitución de una junta reunida con otro pretexto, de modo que nadie en Portugal llegara a conocer las intenciones de la corona. Moura proponía que formasen parte de la junta el diputado Rui Pires da Veiga, el padre Francisco Pereira, S. J., el desembargador Pedro Nunes da Costa, el chanceler-mor Damião de Aguiar y Afonso Furtado de Mendonça, presidente de la Mesa da Consciência42. La propuesta de Moura fue enviada al Consejo de Estado que sugirió a Felipe III la constitución de la junta43. De modo que, a partir del mes de febrero de 1609, el asunto se trató, sucesivamente, en el Conselho Geral, en la junta reunida a tal efecto en Lisboa y en el Consejo de Estado. Asimismo, Felipe III ordenó que, entretanto, no se expidiese ninguna licencia para salir del reino sin que se supiese el fin del solicitante44.

  • 45 ANTT. TSO. CG. Liv. 99. Fols. 104r-107r: Consulta del Conselho Geral a (...)

19En su consulta del 21 de febrero, el Conselho Geral expuso al monarca los males, espirituales y temporales, que acarreaba la licencia para salir del reino. En este caso, poco o nada nuevo añadieron los diputados a lo que, durante años, había ido señalando la Inquisición. Más interesante, desde nuestro punto de vista, resulta su disertación sobre la capacidad del príncipe de revocar leyes o contratos que él mismo ha firmado. No podemos olvidar que Marcos Teixeira, Bartolomeu da Fonseca y Rui Pires da Veiga eran eclesiásticos y canonistas, acostumbrados a doctas argumentaciones, de modo que, para ellos, poca dificultad debió entrañar la defensa de dicha tesis. Los diputados señalaron que el monarca estaba obligado, en conciencia, a revocar la concesión y que las propias cláusulas de la licencia, que, en principio, pretendían garantizar su cumplimiento, le permitían derogarla. Así, en el documento pasado por Felipe III se establecía que la licencia valiese como ley y tuviese fuerza de contrato. Los diputados argumentaban que las leyes podían modificarse conforme a lo que fuere más útil para la república en cada momento. Además, en tanto que contrato, recordaban que ninguna promesa era válida si su cumplimiento implicaba pecado, ya fuese expreso, ya implícito, pues a ella se oponían el derecho divino y el natural45. Y, por supuesto, la libertad de salir del reino concedida a los conversos podía implicar pecado si se tenía en cuenta que aquéllos la empleaban para vivir libremente conforme a la ley de Moisés. Prueba de que el monarca estaba facultado para romper los acuerdos era que el cardenal D. Henrique y Gregorio XIII anularon el contrato que D. Sebastião había suscrito con los cristãos-novos por el que se les eximía de la pena de confiscación de bienes durante diez años a cambio del pago de un servicio. Ahora bien, dado que el contrato se rompía, podía ser que los conversos reclamasen el dinero que entregaron. En caso de que así fuese, el Conselho proponía a Felipe III que, simplemente, les ordenase que expusiesen sus razones por escrito para poderlas estudiar. Desde luego, bien sabían los diputados que no había como asegurar que un asunto se analizaría en el futuro para que quedase para siempre o, al menos, durante largo tiempo, trabado en el aparato administrativo de la Monarquía Hispánica.

  • 46 BA. GP. Cód. 51-VIII-17. Fols. 138r-138v: Carta de D. Pedro de Castilho (...)

20Como en otras ocasiones, también en ésta Castilho demostró su pensamiento político. El inquisidor general no ignoraba que la revocación de la licencia provocaría el malestar de los cristãos-novos, a los que el monarca todavía necesitaba, dado que no habían terminado de pagar el servicio del perdón. Para evitar enfrentamientos y justificar la determinación del rey, D. Pedro recomendó a Felipe III que solicitase al papa un motu proprio en el que el pontífice le pidiese la revocación de la licencia. Evidentemente, en este asunto, el papa no podía sino proponer o aconsejar, ya que la libertad de salida del reino era un asunto temporal, al margen de la jurisdicción del pontífice. Pero Felipe III, como monarca católico, se sometería, según el planteamiento de Castilho, a la petición del papa y revocaría la licencia concedida a los cristãos-novos46. Es decir, resultaba muy conveniente someter, en apariencia, las resoluciones del monarca católico a los dictados papales para justificar designios meramente políticos.

  • 47 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 62r-69v : Votos de la junta de Lisboa. Documen (...)
  • 48 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fols. 50 y 58. Consulta de la junta de L (...)

21Frente al bloque monolítico constituido por el Santo Oficio, en la junta de Lisboa y en el Consejo de Estado pudieron escucharse voces a favor y en contra de la libertad de movimiento concedida a los cristãos-novos. La junta de Lisboa, reunida en junio de 1609, quedó dividida entre aquellos que abogaban por la revocación de la licencia, encabezados por don Cristóbal de Moura, y quienes preconizaban su permanencia47. Los argumentos, tanto religiosos como políticos, sostenidos por unos y otros eran los mismos que se venían repitiendo durante todo el siglo XVI y que continuaron esgrimiéndose en las sucesivas controversias sobre los cristãos-novos del XVII. Para Damião de Aguiar, Rui Pires da Veiga, António da Cunha y fray Manuel Coelho, el monarca podía, con derecho, revocar o alterar todas las leyes y disposiciones de gracia y justicia que hubiese promulgado siempre que mediara causa para ello. También en conciencia podía revocar la provisión concedida en favor de los cristãos-novos, pues como monarca católico debía proteger la religión e impedir la condena eterna de sus vasallos. Por último, el buen gobierno aconsejaba, asimismo, la supresión de la licencia, debido a los daños que sufría la hacienda real por la disminución de los ingresos procedentes de impuestos, la decadencia del comercio y el fin de las confiscaciones que se imponían a los herejes48.

  • 49 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 48 : Consulta de la junta de Lisboa (...)

22Por su parte, quienes respaldaban el mantenimiento de la licencia emplearon argumentos, si no originales, sí más interesantes para nosotros, dado que formaban parte de una tradición de pensamiento político y religioso que mantuvo vivo, en la Península Ibérica de la Contrarreforma, el espíritu de la tolerancia. D. Afonso Furtado de Mendonça, presidente de la Mesa da Consciência, Belchior Dias Preto y Francisco de Gouveia no negaban la potestad superior del rey para revocar sus leyes y provisiones siempre y cuando resultase de ello una utilidad evidente o hubiese perjuicio en su observancia, lo que, en opinión de estos tres ministros de la junta, no ocurría en el caso de la licencia para salir del reino. Partían de que los judíos se convirtieron a la fe católica obligados por el monarca y no por convencimiento propio. Si en conciencia seguían la ley de Moisés, el pecado de judaizar libremente en el extranjero sería menor que el de profanar los sacramentos, lo que, sin duda, ocurría cuando cumplían con los preceptos cristianos para escapar del castigo inquisitorial. Además, el reino quedaría libre de herejes, gracias a un medio más suave que el de la expulsión. Rechazaban, asimismo que todos los cristãos-novos volviesen al judaísmo y mantenía que los que permaneciesen cristianos podrían seguir bautizando a sus hijos aunque marchasen a tierras de herejes. Por otra parte, consideraban exagerados los males económicos que algunos estimaban que se seguirían de la licencia, pues el comercio no disminuiría, sino que se ocuparían de él los cristianos viejos y los hidalgos cuando desapareciese el miedo a ser tildados de conversos por dedicarse a actividades mercantiles. Ahora bien, dado que si volvían a Portugal podían sacar dinero del reino y corromper a los que habían permanecido en él, pues, de seguro, regresarían más doctos en la ley de Moisés debido al contacto con los judíos de Europa, el monarca debía prohibir la entrada en el reino de los que hubiesen decidido marchar49.

  • 50 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 62r-69v: Votos del Consejo de Estado (document (...)

23Al igual que la junta de Lisboa, tampoco el Consejo de Estado se mostró unánime. Mientras que don Juan Hurtado de Mendoza, duque del Infantado, abogaba por la revocación de la licencia, aunque fuera necesario que la corona devolviese el dinero del servicio, el condestable de Castilla, el cardenal-arzobispo de Toledo y el conde de Alba de Aliste consideraban que debía mantenerse la libertad de salida del reino. Para don Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal-arzobispo de Toledo, la mejor solución era acabar con el problema converso de la misma forma que con el de los moriscos, es decir, mediante la expulsión. Por su parte, don Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla, sostenía que, aunque se mantuviese la licencia, se debería prohibir a los que saliesen del reino regresar a Portugal, mientras que don Enrique Enríquez, conde de Alba de Liste, consideraba que aquellos que abandonasen el reino deberían presentar cédula de los inquisidores que certificase que no tenían culpas pendientes en el Santo Oficio, con lo que, en principio, éste dejaría de considerar la licencia como un ataque a su jurisdicción50.

  • 51 Desde que comenzó a estudiarse la posibilidad de volver a prohibir a lo (...)
  • 52 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 27r-28v: Parecer de fray Luis de Aliaga del 22 (...)
  • 53 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 38v-39v: Relación de Fernão de Matos a Lerma s (...)

24Como se desprende de lo dicho hasta ahora, la revocación de la licencia no era, a mediados de 1609, un recurso que todos los ministros, ora portugueses ora castellanos, considerasen necesario para el bien de la religión católica y de la monarquía. Sin embargo, terminó por triunfar, auspiciado por la Inquisición y el virrey de Portugal51. La última vuelta de tuerca que determinó la revocación de la licencia fueron los pareceres de fray Luis de Aliaga y de don Juan de Idiáquez, comendador mayor de León, a quienes se enviaron las consultas del Consejo de Estado y del Conselho Geral y las cartas del inquisidor-mor y del virrey. Fray Luis de Aliaga mantuvo que el rey podía revocar, en conciencia, la gracia concedida a los cristãos-novos, para lo cual ni siquiera estaba obligado a devolver los 200.000 cruzados que éstos le habían entregado52. Por último, don Juan de Idiáquez, comendador mayor de León consideró, también, que, si bien no estaba obligado a ello, Felipe III podía revocar la licencia por servicio de Dios, bien de las almas de los conversos y utilidad para la monarquía, sin que fuera necesario devolver el dinero del servicio53.

  • 54 El argumento alegado por la corona para justificar la medida fue el (...)
  • 55 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 77r-77v : Carta de don Cristóbal de Moura, virr (...)

25En febrero de 1610, Felipe III decidía, finalmente, revocar la licencia concedida a los cristãos-novos y encargaba a D. Pedro de Castilho y a Cristóbal de Moura que redactasen los despachos necesarios para ejecutar la orden real54. Felipe III explicaba que, aunque no tenía obligación de restituir los 200.000 cruzados que los cristãos-novos habían entregado a la corona como servicio a cambio de la licencia, si los conversos quisiesen recuperarlos, podrían tratar el negocio con el procurador de la corona. Sin embargo, Castilho y Moura, que redactaron la provisión real, consideraron más oportuno, con vistas a evitar incómodas reclamaciones, no incluir ninguna cláusula en que se mencionase la devolución del dinero55.

  • 56 Sobre el requisito de la limpieza de sangre para ingresar en las Órdene (...)
  • 57 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 9 : Carta de D. Pedro de Castilho a (...)
  • 58 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 8: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 13 (...)
  • 59 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 5: Consulta del Consejo de Portugal (...)

26El tiempo del perdón general había pasado; la licencia para salir del reino fue revocada; la Inquisición volvía a proceder contra los judaizantes... Y, además, el inquisidor general estaba dispuesto a seguir presionando sobre la minoría conversa. Su objetivo no era sólo castigar a los herejes, sino ahogar a toda la población de los cristãos-novos. Por ello, decidió recurrir a medios que iban más allá de los proporcionados por el Santo Oficio, si bien su posición al frente del Tribunal de la Fe le concedió la autoridad y la experiencia necesarias para fundamentar sus ideas. Y no menos útil resultó, para apoyar los argumentos de Castilho, el recurso al Antiguo Testamento, plagado de ejemplos del castigo de Dios al pueblo de Israel por sus continuas infidelidades. Puesto que la misericordia de Felipe III no había servido para enmendar a los cristãos-novos, el monarca debía recurrir ahora a la dureza. En agosto de 1611, Castilho pedía al rey que reforzase los estatutos de limpieza de sangre, de modo que los cristãos-novos no pudiesen conseguir hábitos de las Órdenes Militares ni el fuero de fidalgos56. El inquisidor general escribió también a Pablo V para suplicarle que no concediera beneficios a los cristãos-novos y que mandase a los prelados de Portugal proceder con extrema cautela a la hora de ordenarlos sacerdotes57. El virrey, don Cristóbal de Moura, apoyó al inquisidor-mor en este asunto, al igual que había hecho pocos años antes cuando se trataba de revocar la licencia para que los cristãos-novos pudiesen salir del reino. En esta ocasión, Moura aconsejaba a Felipe III que exhortase a los prelados a no conceder órdenes sacras a los conversos y que pidiese al papa que no les otorgase beneficios eclesiásticos58. El Consejo de Portugal estudió las peticiones de Castilho y Moura y el 2 de octubre elevó una consulta al monarca en la que pedía al rey la inhabilitación total, sin posibilidad de dispensa, de los cristãos-novos para alcanzar los hábitos, oficios y el fuero de fidalgos. El rey debía, además, escribir a los prelados de Portugal y al papa en la forma que aconsejaban el inquisidor general y el virrey. Por último, y aquí radica el interés principal de la consulta, el Consejo recomendaba al rey que mandase estudiar la posibilidad de expulsar a todos los cristãos-novos, como se estaba haciendo con los moriscos, o, por lo menos, a aquellos que fuesen condenados por el Santo Oficio59.

  • 60 Pulido Serrano, Juan Ignacio: “La expulsión frustrada. Proyectos para la (...)

27Hace algunos años, Juan Ignacio Pulido Serrano estudió los proyectos de expulsión de los cristãos-novos portugueses60. Si bien, Pulido se centró, preferentemente, en los arbitrios planteados en tiempos de Olivares, no por ello dejó de señalar que dicho recurso constituyó una idea latente desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVII. Para Pulido, ya desde finales del reinado de Felipe III, concretamente a partir 1618-1619, se comenzó a estudiar la posibilidad de desterrar a los cristãos-novos condenados por el Santo Oficio. El entonces inquisidor general, D. Fernão Martins Mascarenhas, el Consejo de Portugal, encabezado en este caso por el doctor Mendo da Mota de Valadares, y la Suprema se mostraron partidarios de dicha pena que, sin embargo, no llegó nunca a aplicarse.

  • 61 Sólo el inquisidor de Évora Martim Afonso de Melo se mostró firme parti (...)

28En realidad, ya en tiempos de Felipe II se había debatido sobre la posibilidad de expulsar del reino a los cristãos-novos condenados por el Santo Oficio. En 1597, el monarca ordenó a los gobernadores de Portugal que debatiesen este asunto con D. António Matos de Noronha y con los diputados del Conselho Geral. El Conselho – que pidió el parecer de los tribunales de distrito – se opuso a esta medida pues consideró que no serviría para evitar que los cristãos-novos siguiesen creyendo en la ley de Moisés y que, además, implicaría el destierro de los cónyuges e hijos de los reconciliados. Por contra, el Conselho abogó por endurecer las inhabilitaciones impuestas a los condenados por el Santo Oficio y a sus descendientes61.

  • 62 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fols. 4r-4v: Respuesta de don Cristóbal (...)
  • 63 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 1 : Consulta del Consejo de Estado (...)

29Hasta octubre de 1611, no volvió a plantearse la posibilidad de decretar, por ley, la expulsión de los cristãos-novos o el destierro de los reconciliados, debido, en parte, al clima de reflexión generado por la cuestión morisca. Felipe III ordenó entonces a don Cristóbal de Moura que analizase esta cuestión con los tribunales portugueses. Pero, al igual que había hecho cuando se debatía sobre la revocación de la licencia para salir del reino, también en este caso el marqués virrey prefirió salvaguardar, ante todo, el secreto y, por ello, comunicó el asunto, únicamente, con el chanceler-mor, Damião de Aguiar, y con el doctor Mendo da Mota. Estos tres ministros consideraron que, al menos de momento, no debía tratarse de la expulsión de los cristãos-novos. Moura, por su parte, aconsejaba al monarca que, por ahora, no se estudiase la expulsión general de los cristãos-novos. Damião de Aguiar se mostró partidario de que se cumpliesen inviolablemente los requisitos de limpieza de sangre y Mendo da Mota aconsejó desterrar a todos los cristãos-novos que el Santo Oficio condenase a abjurar en forma o de vehementi62. Finalmente, el Consejo de Estado se encargó de analizar todos los pareceres sobre el asunto y elevó una consulta al monarca el 10 de abril de 1612. En el Consejo terminó por prevalecer la opinión del marqués de Castelo Rodrigo, opuesto a la expulsión de los cristãos-novos, pero defensor de aplicar con toda su dureza las leyes y estatutos de limpieza de sangre, frente a la del cardenal-arzobispo de Toledo, también férreo partidario de la inhabilitación de los conversos, pero que mantenía la conveniencia de expulsar a los cristãosnovos como se había hecho con los moriscos63.

  • 64 “E pois Deos guardou pera Vossa Magestade o alimpar seus reinos da infi (...)

30A lo largo de los meses en los que, tanto en Madrid como en Lisboa, se debatió sobre la licencia concedida a los cristãos-novos para salir del reino y, cuando ésta fue revocada, sobre su posible expulsión, los ministros partidarios de desterrarlos del reino emplearon como argumento recurrente la solución adoptada para acabar con el problema morisco. Las analogías entre uno y otro sector de población, reconocidas, incluso, por quienes rechazaban la expulsión de los cristãos-novos, fueron explotadas hábilmente por los ministros de la corte partidarios de esta medida radical. Consideraban que ambos grupos seguían fieles a su religión y constituían un serio peligro para la monarquía católica, por lo que Felipe III, que había acabado con la herejía morisca, debía, también, solucionar el problema judío64.

  • 65 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 7: Parecer de Mendo da Mota de Vala (...)

31Ahora bien, cabe preguntarse por qué aquellos que habían participado en los debates sobre los moriscos se opusieron a aplicar una medida semejante en el caso de los cristãos-novos. El tercer Felipe fue exaltado en las consultas y pareceres escritos por este motivo y la expulsión de los moriscos fue alabada y festejada como “resoluçam inspirada por Deos, aconselhada por Santos, e obrada pelo grande valor de Vossa Magestade”65. Entonces, si ambas minorías eran igualmente infieles a Dios y su conversión al cristianismo había fracasado, ¿por qué la monarquía no decidió solucionar el problema de los cristãos-novos del mismo modo que había hecho con los moriscos? ¿No era necesario recuperar la imagen de Felipe III como monarca católico tras la tregua con las Provincias Unidas?

  • 66 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 1: Consulta del Consejo de Estado d (...)

32Los especialistas en moriscos no se muestran nada unánimes a la hora de señalar las causas de la expulsión, por lo que resulta, para nosotros, extremadamente complicado dilucidar los motivos por los que Felipe III decidió no aplicar la misma medida a los cristãos-novos. Pero sí podemos señalar que, para los miembros del Consejo de Estado, los cristãos-novos, pese a ser considerados potencialmente judaizantes, constituían un mal menos nocivo para la monarquía católica dentro de sus fronteras que fuera. Ello se debía a que la imagen del morisco era totalmente diferente a la del converso. El cardenal-arzobispo de Toledo, partidario, como hemos dicho, de expulsar a los cristãos-novos, consideraba que se debía “mirar que son más poderosos y ricos que los moriscos”66. Los cristãos-novos siempre fueron estimados como la fuerza económica de Portugal, el sector de población más rico y dinámico, mientras que la riqueza que generaba la población morisca, al menos en algunas regiones de España, pudo no ser evaluada correctamente por el Consejo de Estado.

  • 67 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 5: Consulta del Consejo de Portugal (...)
  • 68 AGS. Estado Portugal. Leg. 436. Fol. 82: Consulta del Consejo de Estado (...)

33Por otra parte, el contexto internacional era totalmente diferente en uno y otro caso, si bien los ministros de la corona acusaron tanto a los cristãos-novos como a los moriscos de apoyar a los enemigos de la monarquía. Pero mientras que la propaganda oficial aprovechó la imagen del morisco como “quinta columna” del Turco dentro de la Península, siempre mantuvo que los cristãos-novos que salían del reino y marchaban a las Provincias Unidas apoyaban a los rebeldes en sus empresas contra el monarca católico, especialmente en la India67. Es decir: si se expulsaba a los moriscos, se suprimía un enemigo interno; si se retenía a los cristãos-novos, se impedía que éstos beneficiasen, con su dinero y su conocimiento de la navegación ultramarina, a los rebeldes de Holanda68. Por último, y quizás éste constituya un motivo concluyente, resultaba muy difícil establecer la línea de separación entre los cristãos-novos y los cristãos-velhos en el Portugal de principios del XVII.

34Por su parte, la Inquisición portuguesa y el inquisidor general Castilho no se mostraron partidarios, según parece, de la expulsión de los cristãos-novos. Antes al contrario. El Santo Oficio, encabezado por Castilho, tenía plena conciencia de que constituía el único medio para la enmienda de los cristãos-novos. Pero, además, los cristãos-novos eran, a su vez, la razón de ser del tribunal. Quizás por ello, la Inquisición siempre se opuso al destierro general de los conversos.

35Antes de concluir este capítulo, debemos detenernos, siquiera brevemente, en una cuestión de sumo interés para comprender el viraje de la actitud del Santo Oficio y, sobre todo, del inquisidor general D. Pedro de Castilho a partir de 1605. Como hemos señalado, tras la ejecución del perdón general, Castilho decidió recuperar el territorio que el Santo Oficio había perdido frente a los cristãos-novos en los primeros años del siglo XVII. Así, luchó para conseguir que se les impidiese salir libremente del reino y abogó por reforzar las leyes de limpieza de sangre. Pero, al mismo tiempo, el inquisidor general debía demostrar que no estaba dispuesto a permitir que nadie volviese a tomar partido por los cristãos-novos, a apoyarlos y a defender sus peticiones. Para ello, Castilho necesitaba una cabeza de turco y la encontró en un curioso personaje con el que, además, mantenía, probablemente, cierta enemistad personal.

  • 69 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 291v: Sentencia de Miguel de Lacerda. Doc (...)
  • 70 Así, por ejemplo, en el tribunal de Coimbra, entre 1541 y 1604, hubo 13 (...)

36Doctor en teología y prior de la iglesia de Santa María do Castelo, en la villa de Torres Vedras, Miguel de Lacerda había denunciado severamente la actividad del Santo Oficio y el comportamiento de los inquisidores, precisamente en el momento en que se debatía sobre la concesión del perdón general a los cristãos-novos y sobre la reforma del procedimiento inquisitorial. Al parecer, según se declara en su sentencia, llegó a afirmar “que se nam fazia na inquisição cousa que nam fosse velhacaria e que era bom brinco o da inquisição prenderem os homens e molheres e tomarenlhe as fazendas e darenlhe as vidas”69. Siempre constituía una temeridad atacar al Santo Oficio; insultar, como bellacos y ladrones, a sus ministros. Sin embargo, en todo tiempo hubo deslenguados; personas que, por uno u otro motivo, no tenían inconveniente en decir aquello que estaba prohibido, por lo que podían ser castigados. Ocurría en el caso de las blasfemias, exabruptos tanto más comunes cuanto más religiosa y habituada a tratar con lo sagrado se encuentra una sociedad. También las críticas contra la Iglesia, especialmente contra el clero regular, eran moneda corriente. Y, aunque la Inquisición provocase respeto y miedo al mismo tiempo, no faltó quien censurase su procedimiento, por considerarlo injusto y contrario al Evangelio, o quien vituperase a sus ministros70.

37Por lo tanto, podría considerarse innecesario y superfluo estudiar aquí el proceso de un condenado de vehementi. Y, sin embargo, el caso de Miguel de Lacerda, más allá de sus ideas heterodoxas, de su antipatía hacia el Santo Oficio o de sus divertidas ocurrencias, todo lo cual justificaría, por sí solo, que se le prestase atención, encierra un interés especial debido al cariz político que adquirió. Para la Inquisición, encabezada por D. Pedro de Castilho, castigar al viejo prior de Torres Vedras constituía un paso, si no necesario sí muy conveniente, en el proceso de recuperación de su poder y autoridad. Para Miguel de Lacerda, obedecer el mandato del rey terminó desencadenando, con el tiempo, un proceso inquisitorial.

38Lo cierto es que, independientemente de sus implicaciones políticas, el tal Miguel de Lacerda había dado sobrados motivos para que el Santo Oficio se empezara a preocupar por él. En alguna ocasión, mientras predicaba, había expuesto opiniones un tanto atrevidas, tales como que Cristo en la cruz no podía tener sed, porque en tamaño dolor sería imposible sentir la necesidad de beber agua. Tenía algunas ideas sorprendentes: consideraba que sabía más que san Pablo, porque conocía lo que él había escrito pero también cosas que aquél no supo. Y algunas salidas graciosas: permitió a un cura predicar, sin que tuviese licencia del arzobispo para ello, y él no dejó de reírse de la broma todo el tiempo que duró el sermón. En realidad, no eran expresiones ni hechos de este tipo los que preocupasen, en el fondo, al Santo Oficio. Mucha más gravedad revestían otros juicios del prior. Para empezar, citaba a Erasmo en su crítica a las órdenes religiosas. Pero además, lo que era más grave, se le acusó de sostener que para la salvación bastaba la fe; de considerar que todo en el mundo ocurría por acaso; de negar el valor de las imágenes y, en cierta medida, el papel intercesor de los santos y de rechazar algunos ritos como el del agua bendita. Podía dudarse, incluso, de que creyese en la inmortalidad del alma.

  • 71 ANTT. TSO. IL. Proc. 16846 : Miguel de Lacerda.
  • 72 Según declaró el mismo Miguel de Lacerda en una de las audiencias, en 1 (...)

39A pesar de todo lo dicho, la primera vez que fue llamado a la mesa del Santo Oficio, en julio de 1604, las audiencias corrieron por caminos que nada tenía que ver con sospechas en la fe y, en ningún momento, los inquisidores mencionaron estas proposiciones e ideas heréticas71. El problema era muy otro. Hacía cuatro o cinco años, en Madrid, el confesor real fray Gaspar de Córdoba le había llamado a su celda para tratar con él la materia del perdón que solicitaban los cristãos-novos. El mismo Córdoba le había ordenado, de parte del rey, que expusiese por escrito las razones en pro y en contra de conceder la gracia. De este memorial, en el que, según el prior, había vertido tanto sus ideas como las de fray Gaspar, se deducía que convenía conceder el perdón general. Pero, en principio, tampoco esto constituía un delito, pues, como al parecer había dicho don Cristóbal de Moura en 1602, había tantos papeles y alegaciones de letrados a favor y en contra el perdón general que escribir uno más no supondría un motivo para terminar delante del tribunal inquisitorial72. Sin embargo, la Inquisición consideraba los hechos de manera diferente, pues entendía que cualquier defensa del perdón general implicaba un ataque velado a su jurisdicción. Además, los ministros de la fe debían considerar a Miguel de Lacerda un personaje un tanto molesto, dada su inclinación a traer y llevar noticias relacionadas con el Santo Oficio. Así, había afirmado que el nuevo inquisidor general D. Pedro de Castilho no se llevaba bien con Marcos Teixeira y había intentado que el arzobispo de Lisboa D. Miguel de Castro le dijese los motivos por los que le Santo Oficio prendió a João Nunes, prior de San Pedro de la villa de Torres Novas.

  • 73 AGS. Estado España. Leg. 198. Sin fol.: Carta de Miguel de Lacerda a Fe (...)
  • 74 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 96r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho (...)
  • 75 AGS. SP. Portugal. Lib. 1494. Fols. 81r-81v: Carta de Felipe III a D. P (...)
  • 76 BA. GP. Cód. 51-VIII-10. Fol. 28r: Carta de Pedro Franqueza a D. Pedro (...)

40Durante las audiencias, Miguel de Lacerda optó por una estrategia muy inteligente. Además de asegurar que en el memorial no atacaba al Santo Oficio, mantuvo siempre que no exponía las razones en favor de los cristãos-novos sino de la potestad superior del papa para perdonar cualquier pecado. Es decir, se amparó en los dos poderes que se encontraban por encima del Santo Oficio: había redactado el memorial por orden del rey y en él concluía que el papa podía tanto conceder el perdón general como negarlo. Pero Miguel de Lacerda, en su deseo de librarse de las garras inquisitoriales, cometió una terrible imprudencia. Dos días después de ser llamado a la mesa, envió una carta a Felipe III en la que pedía al rey que no consintiera la injusticia que le hacían los inquisidores de Lisboa al mandarle comparecer ante el tribunal sólo porque había obedecido su mandato73. Desde luego, a la altura del verano de 1604, el Santo Oficio no se encontraba en situación de crear nuevos motivos de enfrentamiento con la monarquía. Quizás por ello, D. Pedro de Castilho advirtió al Conselho Geral de la queja de Miguel de Lacerda y pidió a los diputados que considerasen, con prudencia, si el caso debía pasar adelante74. Era mejor esperar y no dar ocasión a que el rey interviniese, nuevamente, en otro de los asuntos internos del Santo Oficio. Pero, al mismo tiempo que aconsejaba a los diputados proceder con tiento, Castilho iniciaba su estrategia de asfixia al prior. Al parecer, éste pretendía entrar al servicio del rey, quizás como diputado de la Mesa da Consciência e Ordens75. Pues bien, en noviembre de 1605 Castilho escribió a Franqueza para advertirle de que no convenía concederle esta merced76.

  • 77 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 286r-286v. Documento sin fecha.

41Una vez que la Inquisición había superado los peores momentos de crisis y que las arcas reales empezaban a recibir el servicio de los conversos, ya no había inconveniente en proceder contra Miguel de Lacerda. Éste, tras su primer choque con el Santo Oficio, había ido exacerbando su odio hacia el Tribunal de la Fe. Resentido profundamente contra los inquisidores, lejos de moderarse, se dedicó a difundir, de palabra y por escrito, sus críticas al Santo Oficio. Proclamó, en público, que los inquisidores atormentaban, con indecencia, a las mujeres y que los que entraban en las cárceles secretas confesaban mentiras para escapar a la muerte. Además, en Francia imprimió una declaración en la que afirmaba que el secreto inquisitorial permitía la venganza de los enemigos y que los inquisidores, guiando las declaraciones de los testigos con el modo en que hacían las preguntas, podían fácilmente convertir al inocente en culpable77. También envió un escrito al monarca, lo que constituyó un ataque especialmente fuerte y que el Santo Oficio temió más, pues Miguel de Lacerda daba a entender que los inquisidores le castigaban a él porque no podían proceder contra los que, en verdad, habían intercedido por el perdón ante el papa :

  • 78 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 292r: Sentencia de Miguel de Lacerda (doc (...)

“avendosse com elle como o que morde a pedra por nam poder offender a mão de que sahio porque o mesmo que fizeram contra elle reo mostraram que deseiaram fazer contra Sua Magestade”78.

42Miguel de Lacerda había ido demasiado lejos en sus críticas. No era uno de los numerosos cristãos-novos que, una vez fuera de los dominios del Rey Católico, censuraban al Tribunal de la Fe. El caso era mucho más grave. Se trataba de un sacerdote cristiano viejo, que vivía en la misma corte de Valladolid y que contaba con el favor del monarca y sus ministros. Desde luego, la Inquisición no podía cerrar los ojos ante semejante ataque, mucho más temible si tenemos en cuenta que Miguel de Lacerda mantenía estrechos contactos con algunos de los personajes más importantes del entorno de Felipe III. Antes de tomar ninguna determinación, el Santo Oficio se dedicó, pacientemente, a reunir nuevos cargos contra el prior de Torres Vedras que permitiesen proceder contra él. De hecho, todas las proposiciones e ideas heréticas de que se le acusó – y que hemos expuesto anteriormente – aparecen sólo en el segundo proceso, lo induce a pensar que el Santo Oficio procuraba sazonar con cuestiones de fe lo que, en principio, no era sino un proceso por ataques a la institución.

  • 79 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 135r-136r: Cartas de D. Pedro de Castilho (...)
  • 80 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fol. 27r: Carta del cardenal Ginnasi a D. Pedro (...)
  • 81 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 136r: Carta de D. Pedro de Castilho a don (...)
  • 82 BA. GP. Cód. 51-VIII-10. Fol. 1r: Carta de don Pedro Franqueza a D. Ped (...)

43Para evitar problemas con la monarquía, Castilho dio cuenta a Felipe III de que en la Inquisición había cargos contra Miguel de Lacerda y pidió licencia para proceder contra él. El propio Conselho Geral ordenó a los inquisidores de Lisboa que llamasen a la mesa del tribunal a Miguel de Lacerda, pero este marchó a Valladolid en diciembre de 1605. Los inquisidores de Lisboa pidieron, entonces, al Consejo de la Suprema Inquisición de España que le ordenase presentarse, pero Miguel de Lacerda huyó a Roma. Como él mismo declaró, su intención era presentarse ante el papa para que éste nombrase los jueces para su causa. D. Pedro de Castilho no podía permitir, bajo ningún concepto, nuevas intromisiones papales en los asuntos internos de la Inquisición, una vez que los procesos de los Duarte y de Ana de Milão habían dejado de crear problemas. Así que los esfuerzos del inquisidor general se centraron en buscar el apoyo de Lerma, Franqueza y Juan Bautista de Acevedo, inquisidor general de España, para que el rey lograse de Pablo V la remisión del prior79. D. Pedro decidió, también, escribir al cardenal Ginnasi que dio cuenta de lo ocurrido al resto de cardenales de la Congregación del Santo Oficio. Éstos se comprometieron a prender a Miguel de Lacerda cuando llegase a Roma y a remitirlo a la Inquisición portuguesa80. Además, Castilho intentó proceder contra aquellos que, en su opinión, habían traicionado al Santo Oficio al avisar al prior de que la Inquisición pensaba proceder contra él. D. Pedro mantenía que la noticia había salido del Consejo de Portugal y parece ser que el inquisidor general sospechaba, en concreto, de Pedrálvares Pereira81. Sin embargo, Acevedo le recomendó no proceder contra el consejero sin que contase con fundamentos y pruebas concluyentes, lo que impidió el enfrentamiento abierto entre el inquisidor general y, al menos, uno de los miembros del Consejo de Portugal. También contribuyó en gran medida a calmar los ánimos de Castilho el cambio de actitud de Miguel de Lacerda que determinó regresar y presentarse ante el Santo Oficio. No deja de resultar extraño, con todo, que antes de marchar a Lisboa, el prior decidiera dar cuenta al monarca de que pensaba presentarse ante la Inquisición y que fuera el propio Franqueza quien avisara de ello a Castilho82. O en la corte había personas preocupadas por el cariz que estaba adquiriendo el caso – dado el empeño del inquisidor general de hacer “diligencias” con ciertos ministros – o Miguel de Lacerda pensaba que en el entorno de Felipe III podría encontrar apoyos frente al Santo Oficio, porque ¿cuántos apresentados avisaban primero al monarca de que iban a acudir voluntariamente a confesar sus culpas a la Inquisición?

  • 83 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 294v : Sentencia de Miguel de Lacerda.
  • 84 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 138r-138v: Carta de D. Pedro de Castilho (...)

44Miguel de Lacerda no era un reo cualquiera y, por ello, el Santo Oficio le dedicó una atención especial. Su proceso, en el que se mezclaron las acusaciones de mantener ideas heterodoxas con las, más importantes, de haber criticado al Santo Oficio, fue sentenciado en Conselho Geral. El viejo prior fue condenado a abjurar de vehementi en auto particular y a retractarse de sus proposiciones. Miguel de Lacerda quedaría, asimismo, privado de la facultad de predicar y suspenso, durante dos años, del ejercicio de las órdenes sacras y de los frutos de su beneficio. Además, debería permanecer recluido esos dos años en el monasterio de Santo Domingo de Almada83. El 29 de mayo de 1608 se celebró auto particular en la iglesia del monasterio de Santo Domingo de Lisboa. A él acudió don Cristóbal de Moura, virrey de Portugal, el Conselho Geral, el tribunal inquisitorial de Lisboa, religiosos de las diferentes órdenes y gran parte de la nobleza de Lisboa84. D. Pedro envió a Felipe III la copia de la sentencia que se pronunció contra el prior y que, por cierto, Moura consideró excesivamente suave.

  • 85 ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fol. 34v: Registro del secretario del (...)
  • 86 AGS. SP. Portugal. Lib. 1481. Fol. 53r: Carta de D. Pedro de Castilho a (...)
  • 87 AGS. SP. Portugal. Lib. 1481. Fols. 51r-52r: Consulta del Consejo de Po (...)
  • 88 En diciembre de 1604, Felipe III había hecho merced a Miguel de Lacerda (...)

45A partir de ese momento, D. Pedro concentró todos sus esfuerzos en impedir que Miguel de Lacerda, a quien el propio inquisidor general levantó, en mayo de 1609, la suspensión del ejercicio de sus órdenes sagradas, consiguiese dispensa para predicar85. Por su parte, el prior encontró apoyo en el arzobispo de Lisboa, personaje siempre dispuesto a oponerse a Castilho. En 1610, D. Miguel de Castro suplicó a Pablo V que concediese licencia al prior para que pudiera volver a predicar. Frente al arzobispo, Castilho recurrió al monarca86. Felipe III decidió seguir el parecer del Consejo de Portugal y pidió al papa que ordenase el cumplimiento de la sentencia inquisitorial tal y como había sido dictada87. Es más; el monarca intentó que el arzobispo de Lisboa privase a Miguel de Lacerda del beneficio de Torres Vedras88.

  • 89 ANTT. TSO. CG. Liv. 360. Fol. 7r: Registro del secretario del Conselho (...)

46En realidad, D. Pedro de Castilho podía permitir que el prior celebrase la eucaristía y administrase los sacramentos pero, bajo ningún concepto, podía arriesgarse a que volviera a predicar, porque ¿quién garantizaría, entonces, que Miguel de Lacerda, resentido contra el Santo Oficio, no fuera a emplear el púlpito para fustigar a la Inquisición? Por ello, mientras estuvo al frente del Santo Oficio, el obispo de Leiria se negó siempre a levantar la suspensión del prior. Probablemente, el asunto llegó a adquirir unos tintes personales. No de otro modo se entiende que, apenas tres meses después de la muerte de D. Pedro de Castilho, el Santo Oficio concediese licencia a Miguel de Lacerda para predicar en su iglesia de Santa María de Torres Vedras, en junio de 1615. Al mes siguiente, la licencia era ampliada para todo el arzobispado de Lisboa, a excepción de la catedral y la capilla real. El tiempo de Castilho y de la lucha por recuperar el poder y prestigio de la Inquisición había terminado89.

Notes

1 Maria Dias, acusada de judaizar, había sido encarcelada por el Santo Oficio de Lisboa el 12 de marzo de 1596. Se mantuvo negativa durante todo el proceso y el 2 de noviembre de 1598 la mesa del tribunal sentenció que fuera entregada a la justicia secular. Cf. ANTT. TSO. IL. Proc. 12264.

2 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 176v-177v: Petición de Gaspar Dias y resolución del Conselho Geral. El Conselho se inclinó por el parecer de António Dias Cardoso, si bien añadió que, por el momento, se entregase a Maria Dias el dinero necesario para mantenerse procedente de sus bienes secuestrados.

3 AGS. SP. Portugal. Lib. 1491. Fols. 77r-77v: Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 14 de diciembre de 1604.

4 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 133r: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 19 de septiembre de 1605.

5 Sobre estos alborotos, vid. Oliveira, António de: “Sociedade e conflitos sociais em Portugal nos finais do século XVI”, en Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, tomo V: El área Atlántica. Portugal y Flandes, Madrid, SECC, 1998, pp. 7-40.

6 AGS. SP. Portugal. Lib. 1491. Fols. 108v-109r: Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 2 de febrero de 1605.

7 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 96r: Carta de D. Pedro de Castilho a los inquisidores de Coimbra del 26 de enero de 1605. Ibidem. Fol. 96v: Carta de D. Pedro de Castilho a los inquisidores de Coimbra del 3 de febrero de 1605. Ibidem. Fol. 97r: Carta de D. Pedro de Castilho a los inquisidores de Coimbra del 8 de marzo de 1605.

8 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 133r: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 19 de septiembre de 1605.

9 BNP. FG. Cód. 1538. Fols. 105r-105v: Carta de D. Pedro de Castilho a los inquisidores de Lisboa, del 12 de enero de 1605, e instrucción para ejecutar el breve de perdón general.

10 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 130r: Carta de D. Pedro de Castilho a Juan Bautista de Acevedo, inquisidor general de España, del 3 de febrero de 1605. ANTT. TSO. CG. Liv. 443. Fols. 3r-3v: Carta de Juan Bautista de Acevedo, inquisidor general de España, a D. Pedro de Castilho del 4 de abril de 1605. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 231r: Carta de D. Pedro de Castilho al obispo de Brasil. En este escrito, Castilho encargaba al obispo de Brasil que, antes de prender a cualquier persona por herejía, enviase las culpas a los inquisidores para que éstos decidiesen si debía ejecutarse la prisión. ANTT. TSO. CG. Liv. 91. Fol. 57r: Carta de D. Pedro de Castilho a D. Nuno de Noronha, obispo de Guarda, del 5 de marzo de 1605. D. Pedro pedía al obispo que pusiese en libertad a André Nunes, cristão-novo preso por el vicario, para que pudiese gozar del perdón general.

11 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 36v: Carta de D. Pedro de Castilho a los inquisidores de Évora del 20 de julio de 1605.

12 Fue el caso, por ejemplo, de João Nunes, cristão-novo, prior de la iglesia de San Pedro de Torres Novas, al que el arzobispo de Lisboa había suspendido de la cura de almas. ANTT. TSO. CG. Liv. 426. Fols. 272r-272v: Carta del cardenal Arrigoni al arzobispo de Lisboa del 27 de agosto de 1605. Sobre la posible enemistad entre el arzobispo de Lisboa y el prior vid. ANTT. TSO. IL. Proc. 16846: Miguel de Lacerda.

13 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 35v: Carta de D. Pedro de Castilho a los inquisidores de Évora del 15 de marzo de 1605.

14 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 12r-14r: Consulta de la junta sobre el perdón general del 15 de mayo de 1605. Ibidem. Fols. 14r-15r : Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 16 de mayo de 1605.

15 ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fol. 105r : Registro del secretario del Conselho Geral del 5 de noviembre de 1605.

16 “Et omnino abstergimus et abolemus et ulterius bonorum confiscationes hactenus factas quorum tamen possessio pro eodem fisco apprehensa non fuerit”. Breve Postulat a nobis. Publicado en Corpo Diplomatico Portuguez, Lisboa, 1902, tomo XII.

17 BNP. FG. Cód. 867. Fol. 494. Cf. ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fols. 106v y 165r: Registro del secretario del Conselho Geral del 29 de abril de 1606.

18 BPE. Cód. CV/2-9. Fol. 330r. Para el autor de este texto, de clara tendencia filoconversa, “algunos acortando la lagueça de la Benignidad Apostolica han interpretado estrechamente las palabras del contra la intençion de Su Santidad”.

19 Según un razonamiento, probablemente escrito por algún ministro del Santo Oficio, Clemente VIII incluyó entre los que podían gozar del perdón a los que ya habían abjurado, pero no estaban presos del segundo lapso, para que regresasen a Portugal muchos que se habían exiliado tras haber sido procesados por la Inquisición. BNP. FG. Cód. 1535. Fols. 338r-340v. Documento sin fecha.

20 El perdón general alcanzaba a toda persona “cuiuscunque illi status, ordinis, et conditionis fuerint, tam laici quam clerici, etiam in sacris ordinibus constituti, saeculares vel cuisuvis ordinis, etiam militaris regulares, et in quacunque dignitate constituti fuerint, etiam si presentes in dictis regnis, et dominiis, usque in diem praefatae publicationis, aut ab illis absentes etiam deinceps, supradictis respective annis durantibus, in regnis, et dominiis praefatis, vel extra illa pro haereticis habiti, et ut tales declarati, ac pro talibus accusati, inquisiti, diffamati, publice, vel occulte extiterint, ac etiam si eorum aliqui iudicialiter abiuraverint, necnon etiam carcerati, non tamen ex causa secundi lapsus, vel sub cautionibus relaxati reperiantur, et etiam si contra illos sit lata sententia cum bonorum confiscatione, dummodo talis sententia non sit publicata, et executioni demandata, et dummodo etiam dicti carcerati, vel sub cautionibus relaxati, qui de haeresi, vel apostasia a fide, condemnati fuerint, aut confessi, vel convicti extiterint, abiurationem coram Inquisitoribus haereticae pravitatis dictorum regnorum, et illorum notario, ac duobus saltem testibus in illorum tribunali facere teneantur”. Breve Postulat a nobis.

21 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 34r: Carta de D. Pedro de Castilho a los inquisidores de Évora del 26 de enero de 1605.

22 ANTT. TSO. IC. Liv. 252. Fols. 46r-46v. Cit. por Baião, António: “A Inquisição em Portugal e no Brasil. Subsídios para a sua história”, en Archivo Histórico Portuguez, IV (1906), pp. 402-403.

23 “Atque statuentes ut illi omnes, qui iudicialiter, ut praefertur, haereses non abiuraverint, reconciliati non censeantur etiam ex eo quod presenti venia generali potiti fuerint, nec etiam si forsan in aliquem praefatorum errorum, quod absit, iterum postea insiderint, vel alias quomodolibet incidisse deprehensi fuerint, relapsi reputentur, vel pro relapsis habeantur, nec inde aliquod indicium deinceps, etiam minimum contra eos oriri, allegari, vel deduci, in iudicio, vel extra illut valeat, ac indulgentia, remisso, et alia praecdicta in damnum, notam, iniuriam vel aliud incommodum illorum retorqueri nequeant”. Breve Postulat a nobis.

24 “Caeteri vero carcerati nimium, vel sub cautionibus relaxati, confessi, vel convicti, qui, ut praesenti gratia potiantur, ut dictum est, coram Inquisitoribus abiurationem fecerint, necnon alii etiam omnes qui, ut praefertur, alias iudicialiter abiuraverint, et ob haereses, in quas de novo incurrerunt, presenti venia generali potiti puerint, si postea iterum (quod absit) in haereses labantur, relapsi sint, et poenis relapsorum puniantur”. Breve Postulat a nobis.

25 ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fol. 166v: Registro del secretario del Conselho Geral del 22 de octubre de 1606.

26 BNP. FG. Cód. 1535. Fols. 338r-340v : Parecer sobre los relapsos. Documento sin fecha.

27 El 27 de marzo de 1605, apenas dos meses después de publicarse el perdón general, fue relajado a la justicia secular António Dias, que no había podido gozar del perdón porque se encontraba preso en el tribunal de Évora por relapso. El proceso de António Dias se encuentra en ANTT. TSO. IE. Proc. 8230.

28 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 133v-134v: Carta de D. Pedro de Castilho al duque de Lerma del 18 de octubre de 1605. Ibidem. Fols. 134v-135v : Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 19 de noviembre de 1605. D. Pedro no se olvidaba de recordar al monarca que los cristãos-novos no eran tan diligentes a la hora de pagar dinero como al tiempo de ofrecerlo. Así, según el inquisidor-mor, de los 1.700.000 cruzados del servicio del perdón, todavía faltaban por pagar 400.000.

29 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 135r: Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 24 de diciembre de 1605.

30 AGS. SP. Portugal. Lib. 1491. Fol. 119v: Carta de don Juan de Borja, conde de Ficalho, a D. Pedro de Castilho del 24 de febrero de 1605. Ibidem. Fols. 125r-125v : Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 15 de marzo de 1605. Ibidem. Fol. 129r : Carta de Felipe III al Dr. Bartolomeu Rodrigues del 18 de marzo de 1605.

31 AGS. SP. Portugal. Lib. 1491. Fols. 145v-146r : Albalá de Felipe III del 8 de abril de 1605.

32 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 108r. Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 16 de junio de 1605.

33 Vid. Supra “Años de tribulación”. Cf. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 120r-121r: Carta del Conselho Geral al padre Francisco Pereira del 7 de octubre de 1602.

34 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 128r-129r: Carta del Conselho Geral a D. Afonso de Castelo Branco, obispo de Coimbra y virrey de Portugal.

35 Escalona aconsejaba que Felipe III escribiese al duque de Toscana para pedirle que prohibiese a los conversos practicar libremente el judaísmo. El Consejo de Estado estudió la propuesta de Escalona. Sin embargo, aconsejó al monarca que, por el momento, no escribiese al duque de Toscana ni pidiese a Clemente VIII que tratara de esta materia con él. AGS. Estado Roma. Leg. 978. Fol. 110: Carta del duque de Escalona a Felipe III del 4 de mayo de 1604. AGS. Estado Roma. Leg. 1857. Fol. 36: Consulta del Consejo de Estado del 27 de junio de 1604.

36 BPE. Cód. CV/2-9. Fol. 339r : Carta de D. Pedro de Castilho al duque de Lerma del 15 de agosto de 1608. AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 45: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 25 de septiembre de 1608.

37 Feros, Antonio: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 352-372.

38 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 53: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 14 de septiembre de 1608 en respuesta a la del rey del 16 de agosto.

39 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 43: Consulta del Consejo de Estado del 12 de noviembre de 1608. Ibidem. Fol. 46: Carta de D. Belchior de Teve a Felipe III del 8 de noviembre de 1608.

40 AGS. SP. Portugal. Lib. 1465. Fols. 578r-579r: Consulta del Consejo de Portugal del 22 de diciembre de 1608. En la consulta del Consejo de Portugal hay un aspecto muy interesante que permite comprender el funcionamiento del aparato polisinodal de la Monarquía Hispánica y el papel de los Consejos en cuanto instituciones consultivas. Los consejeros de Portugal explicaban que tanto ellos como los ministros de las instituciones portuguesas que iban a ser requeridas para tratar de este asunto precisaban saber el deseo del monarca: “E pareçe que não convira menos saberse o intento com que Vuestra Majestade manda tratar disto por quão importante seria para assy em Portugal como aqui se poder votar com mais luz e fundamento nesta materia”.

41 ANTT. TSO. CG. Liv. 99. Fol. 103r: Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 14 de enero de 1609.

42 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 54: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 26 de enero de 1609.

43 AGS. Estado Portugal. Leg. 436. Fol. 17: Consulta del Consejo de Estado del 18 de febrero de 1609.

44 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 38r: Carta de Felipe III a don Cristóbal de Moura del 5 de enero de 1609.

45 ANTT. TSO. CG. Liv. 99. Fols. 104r-107r: Consulta del Conselho Geral a Felipe III del 21 de febrero de 1609.

46 BA. GP. Cód. 51-VIII-17. Fols. 138r-138v: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 21 de febrero de 1609.

47 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 62r-69v : Votos de la junta de Lisboa. Documento sin fecha. De esta junta formaban parte Rui Pires da Veiga, Damião de Aguiar, António da Cunha, fray Manuel Coelho, Afonso Furtado de Mendonça, Belchior Dias Preto y Francisco de Gouveia.

48 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fols. 50 y 58. Consulta de la junta de Lisboa del 13 de junio de 1609. Votos de Damião de Aguiar, Rui Pires da Veiga, António da Cunha y fray Manuel Coelho.

49 AGS. Estado España. Leg. 2638. Fol. 48 : Consulta de la junta de Lisboa del 13 de junio de 1609. Votos de Afonso Furtado de Mendonça, Belchior Dias Preto y Francisco de Gouveia.

50 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 62r-69v: Votos del Consejo de Estado (documento sin fecha, pero posterior a junio de 1609). Cf. AGS. Estado Portugal. Leg. 436. Fol. 17: Consulta del Consejo de Estado del 18 de febrero de 1609.

51 Desde que comenzó a estudiarse la posibilidad de volver a prohibir a los cristãos-novos la salida del reino, don Cristóbal de Moura abogó por la solución más dura, pues no sólo mantenía que se suprimiera la licencia, sino que también consideraba que no se les debía asegurar la devolución del dinero del servicio. Para evitar que la corona tuviese que desembolsar los 200.000 cruzados, el virrey aconsejó establecer como condición para recuperar el dinero que no hubiesen usado mal de la licencia. BA. 49-IV-16. Fols. 60v62r: Carta de don Cristóbal de Moura al duque de Lerma del 14 de diciembre de 1609.

52 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 27r-28v: Parecer de fray Luis de Aliaga del 22 de enero de 1610.

53 BA. Cód. 49-IV-16. Fols. 38v-39v: Relación de Fernão de Matos a Lerma sobre el parecer del comendador mayor del 8 de febrero de 1610.

54 El argumento alegado por la corona para justificar la medida fue el servicio de Dios y de la religión católica. Así lo exponía el duque de Lerma en el billete que envió al conde de Salinas para notificarle la decisión real: “Aviendo Su Magestad entendido por diferentes vias lo mal que los christianos nuevos de los reynos de Portugal usavan de la liçençia […] y que resultavan desto grandes inconvenientes contra el serviçio de Dios, pureza de Nuestra Santa Fe y en daño de sus almas y conzienzias...” 54. Cf. BA. GP. Cód. 51-VIII-13. Fols. 22r-23v : Carta de Fernão de Matos a D. Pedro de Castilho del 10 de febrero de 1610. BA. 49-IV-16. Fols. 71v-73v. ANTT. TSO. CG. Liv. 99. Fols. 107v-108v : Carta de Felipe III a don Cristóbal de Moura del 12 de febrero de 1610.

55 BA. Cód. 49-IV-16. Fol. 77r-77v : Carta de don Cristóbal de Moura, virrey de Portugal, a Felipe III del 23 de febrero de 1610.

56 Sobre el requisito de la limpieza de sangre para ingresar en las Órdenes Militares portuguesas y el sistema de dispensas, vid. Olival, Fernanda: As Ordens Militares e o Estado Moderno. Honra, Mercê e Venalidade em Portugal (1641-1789), Lisboa, Estar Editora, 2001, pp. 283-289.

57 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 9 : Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 12 de agosto de 1611.

58 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 8: Carta de don Cristóbal de Moura a Felipe III del 13 de agosto de 1611.

59 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 5: Consulta del Consejo de Portugal del 2 de octubre de 1611.

60 Pulido Serrano, Juan Ignacio: “La expulsión frustrada. Proyectos para la erradicación de la herejía judaica en la Monarquía Hispánica”, en Aranda Pérez, Francisco José (coord.): La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Cuenca, UCLM, 2004, pp. 889-902.

61 Sólo el inquisidor de Évora Martim Afonso de Melo se mostró firme partidario del destierro de los reconciliados. ANTT. TSO. CG. Liv. 88. Portarias. Fol. 1: Carta de Felipe II a los gobernadores de Portugal del 10 de junio de 1597. ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 8v: Carta de D. António Matos de Noronha a los inquisidores del reino del 13 de noviembre de 1597. ANTT. TSO. CG. Liv. 314. Fols. 27r-28r: Carta de los inquisidores de Coimbra, Jerónimo Teixeira Cabral y António Dias Cardoso, a D. António Matos de Noronha del 26 de noviembre de 1597. ANTT. TSO. CG. Liv. 314. Fols. 24r-26v : Carta de los inquisidores de Évora, Rui Pires da Veiga y Martim Afonso de Melo, a D. António Matos de Noronha del 1 de diciembre de 1597. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 73r-81r : Consulta del Conselho Geral a Felipe II de diciembre de 1597 (sin día).

62 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fols. 4r-4v: Respuesta de don Cristóbal de Moura, del 26 de noviembre de 1611, a un billete del duque de Lerma. Ibidem. Fol. 6 : Parecer de Damião de Aguiar de noviembre de 1611. Ibidem. Fol. 7 : Parecer de Mendo da Mota de Valadares del 25 de noviembre de 1611.

63 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 1 : Consulta del Consejo de Estado del 10 de abril de 1612. En la reunión participaron, además de Castelo Rodrigo y del cardenal-arzobispo, el comendador mayor de León, los duques de Infantado y Alburquerque y los marqueses de Velada, Spínola, Villafranca y La Laguna.

64 “E pois Deos guardou pera Vossa Magestade o alimpar seus reinos da infidelidade dos mouriscos, não deixe Vossa Magestade o cuidado de os alimpar tãobem da infidelidade do judaismo que os tem opprimidos. Porque sendo tão florentes os ramos da Religiam que os Reis de Espanha tem cultivado per todas as partes do Mundo não seria iusto que deixasse Vossa Magestade contaminar as raizes con tão manifesto risco de apodreçerem”. AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 7: Parecer de Mendo da Mota de Valadares del 25 de noviembre de 1611.

65 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 7: Parecer de Mendo da Mota de Valadares del 25 de noviembre de 1611.

66 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 1: Consulta del Consejo de Estado del 10 de abril de 1612.

67 AGS. Estado España. Leg. 2642. Fol. 5: Consulta del Consejo de Portugal del 2 de octubre de 1611.

68 AGS. Estado Portugal. Leg. 436. Fol. 82: Consulta del Consejo de Estado del 3 de enero de 1612.

69 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 291v: Sentencia de Miguel de Lacerda. Documento sin fecha.

70 Así, por ejemplo, en el tribunal de Coimbra, entre 1541 y 1604, hubo 137 denuncias (3,3 % del total) por críticas contra el Santo Oficio, de las que llegaron a formarse 52 procesos (2,35 %). Mea, Elvira Cunha de Azevedo : A Inquisição de Coimbra no século XVI. A instituição, os homens e a sociedade, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1997, pp. 280 y 345.

71 ANTT. TSO. IL. Proc. 16846 : Miguel de Lacerda.

72 Según declaró el mismo Miguel de Lacerda en una de las audiencias, en 1602 había confesado al entonces virrey don Cristóbal de Moura que temía que los inquisidores le mandasen llamar a la mesa del Santo Oficio por haber escrito el alegato.

73 AGS. Estado España. Leg. 198. Sin fol.: Carta de Miguel de Lacerda a Felipe III del 25 de julio de 1604.

74 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 96r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 14 de agosto de 1604. Ibidem. Fol. 97r : Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 9 de septiembre de 1604.

75 AGS. SP. Portugal. Lib. 1494. Fols. 81r-81v: Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 23 de mayo de 1606.

76 BA. GP. Cód. 51-VIII-10. Fol. 28r: Carta de Pedro Franqueza a D. Pedro de Castilho del 6 de noviembre de 1605.

77 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 286r-286v. Documento sin fecha.

78 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 292r: Sentencia de Miguel de Lacerda (documento sin fecha). Años más tarde, en un texto impreso, Miguel de Lacerda volvía a repetir esta misma idea : “No se pudo con todo ocultar la passion del dicho Obispo [Castilho], porque en la misma sentencia, una de las culpas de que se le hizo cargo, fue que avia escrito aquel papel en favor del perdon, no se echando de ver que si esto era culpa, y sospecha contra la Fè, que en la misma condenacion quedavã Su Magestad, que lo suplicara, y Su Santidad que lo avia concedido”. RAH. Jesuitas. 9/3671. Fols. 517520v: Información para la suplica de Miguel de la Cerda que se mandó remitir al Reverendissimo Padre Confessor (sin lugar ni año de impresión).

79 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 135r-136r: Cartas de D. Pedro de Castilho a Felipe III, al duque de Lerma y a don Pedro Franqueza del 15 de febrero de 1606. ANTT. TSO. CG. Liv. 443. Fols. 9r-10r: Carta de Juan Bautista de Acevedo, inquisidor general de España, a D. Pedro de Castilho del 10 de julio de 1606.

80 ANTT. TSO. CG. Liv. 94. Fol. 27r: Carta del cardenal Ginnasi a D. Pedro de Castilho del 27 de junio de 1606.

81 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 136r: Carta de D. Pedro de Castilho a don Pedro Franqueza del 15 de febrero de 1606. ANTT. TSO. CG. Liv. 443. Fols. 5r-6r : Carta de Juan Bautista de Acevedo, inquisidor general de España, a D. Pedro de Castilho del 7 de mayo de 1606.

82 BA. GP. Cód. 51-VIII-10. Fol. 1r: Carta de don Pedro Franqueza a D. Pedro de Castilho del 26 de julio de 1606.

83 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 294v : Sentencia de Miguel de Lacerda.

84 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 138r-138v: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 7 de junio de 1608. BA. GP. Cód. 51-VIII-5. Fol. 202: Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 8 de julio de 1608. AGS. SP. Portugal. Lib. 1465. Fols. 373r-373v: Consulta del Consejo de Portugal del 31 de julio de 1608.

85 ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fol. 34v: Registro del secretario del Conselho Geral de mayo de 1609.

86 AGS. SP. Portugal. Lib. 1481. Fol. 53r: Carta de D. Pedro de Castilho a Felipe III del 18 de febrero de 1611.

87 AGS. SP. Portugal. Lib. 1481. Fols. 51r-52r: Consulta del Consejo de Portugal del 28 de febrero de 1611. ANTT. TSO. CG. Liv. 88. Cartas de elRei. Fol. 73: Carta del cardenal Antonio Zapata a Felipe III del 4 de junio de 1611.

88 En diciembre de 1604, Felipe III había hecho merced a Miguel de Lacerda de licencia para renunciar en quien desease a la iglesia Santa Maria do Castelo de Torres Vedras – que era de patronato real – y de reservarse 200.000 réis de pensión sobre sus frutos. Aunque en 1605 Miguel de Lacerda decidió renunciar en el licenciado Roque da Fonseca, esta cesión no tuvo efecto. En 1611, Felipe III decidió preguntar al arzobispo de Lisboa, D. Miguel de Castro, si era posible privar a Miguel de Lacerda de la iglesia de Torres Vedras en virtud de la sentencia inquisitorial. Pero D. Miguel de Castro se negó a quitarle el beneficio porque, en su opinión, el prior ya había sido procesado por el Santo Oficio que, en su sentencia, no le impuso este castigo. AGS. SP. Portugal. Lib. 1488. Fol. 96v y 105v: Cartas de Felipe III a D. Afonso de Castelo Branco, obispo de Coimbra y virrey de Portugal, del 4 de septiembre y del 7 de diciembre de 1604. AGS. SP. Portugal. Lib. 1494. Fols. 51r-51v: Carta de Felipe III a D. Pedro de Castilho del 24 de diciembre de 1605. AGS. SP. Portugal. Lib. 1481. Fols. 221r-221v y 219r-219v: Consultas del Consejo de Portugal del 12 de enero y del 15 de abril de 1611.

89 ANTT. TSO. CG. Liv. 360. Fol. 7r: Registro del secretario del Conselho Geral del 26 de junio y 17 de julio de 1615. En 1618, Miguel de Lacerda pidió a Felipe III que se revisase su proceso pero el monarca se limitó a remitir el asunto al inquisidor general D. Fernão Martins Mascarenhas. RAH. Jesuitas. 9/3671. Fols. 517-520v: Información para la suplica de Miguel de la Cerda que se mandó remitir al Reverendissimo Padre Confessor (sin lugar ni año de impresión). ANTT. TSO. CG. Liv. 88. Cartas de elRei. Fol. 98: Carta de Felipe III a D. Fernão Martins Mascarenhas del 15 de enero de 1619.

Notes de fin

* ANTT. TSO. CG. Liv. 426. Fols. 270r-271r: Rol das pessoas e menistros do perdão dos judeus e do fim que tiverão. Documento sin fecha.

© Publicações do Cidehus, 2010

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