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Inquisición Portuguesa y Monarquía Hispánica en tiempos del perdón general de 1605

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Ana Isabel López-Salazar Codes

Primera parte. Años de tribulación (1591-1605)

Capítulo 3. La reforma del Santo Oficio y del fisco inquisitorial

Texte intégral

1Cada capítulo de la historia del Santo Oficio durante los primeros años del siglo XVII está indefectiblemente marcado por la intervención de todos los factores que generaban el proceso de cambio: los cristãosnovos, la corona, la Santa Sede y la Inquisición. Parece que cuando uno de ellos entraba en contacto con otro eran todos los que reaccionaban automáticamente. Las relaciones y conflictos entre los cuatro poderes fueron evidentes en el caso del perdón general, pedido por el rey al papa para los cristãos-novos, así como en el de las apelaciones a Roma de estos últimos. Ya hemos analizado estos hechos en los capítulos anteriores. Pero incluso la reforma interna del tribunal, que, en principio, podría considerarse como un intento de la corona de modificar una de las instituciones del sistema polisinodal de la Monarquía Hispánica, no puede entenderse sin tener en cuenta que Felipe III utilizó las críticas al procedimiento y la práctica de la Inquisición que los cristãos-novos difundían en Roma para justificar los cambios que pretendía introducir. Al mismo tiempo, también el papa se amparó en las quejas de los conversos para intentar supervisar el funcionamiento del Santo Oficio portugués.

  • 1 Vid. Bethencourt, Francisco: La Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia, siglos X (...)
  • 2 ANTT. TSO. CG. Liv. 224. Fols. 201r-203r: Parecer de Francisco Peña. Documento sin fecha.
  • 3 AGS. Estado Roma. Leg. 977. Carta del duque de Sessa a Felipe III del 18 de enero de 1603. ANTT. TS (...)

2Desde el establecimiento del Santo Oficio, los conversos portugueses que marchaban a Roma vertían constantes acusaciones contra la Inquisición, sus ministros y su procedimiento1. Los cristãos-novos se quejaban, sobre todo, de que condenase a personas basándose, únicamente, en testimonios singulares; del secreto que implicaba el procedimiento inquisitorial y de la falta de rigor a la hora de aceptar testigos que podían, fácilmente, declarar en falso2. A la altura de 1603, por ejemplo, adquirieron una gran resonancia las imputaciones de Gastão de Abrunhosa, cristão-novo cuyas duras críticas calaron en la mente del papa, se divulgaron por todo Portugal y terminaron por provocar la reacción de la monarquía a partir del momento en el que Clemente VIII se resolvió a debatir con los cardenales del Santo Oficio la cuestión de los testimonios singulares3.

3Como hemos comentado en el capítulo anterior, en 1596 huyeron a Roma dos conversos de Serpa – Manuel Fernandes, zapatero, y Manuel Fernandes, tundidor – que habían sido reconciliados en la Inquisición de Évora. En la ciudad eterna, declararon al auditor Francisco Peña que el Santo Oficio los había encarcelado por declaraciones ficticias y que ellos mismos, para escapar a una condena a muerte, confesaron delitos que no habían cometido y acusaron falsamente a otros conversos. Es más, presentaron una lista de las personas contras quienes habían dado falso testimonio. Evidentemente, la Inquisición portuguesa no dio crédito alguno a estos fugitivos y vinculó sus críticas al Santo Oficio con el intento de los cristãos-novos de conseguir un perdón general. Según el Conselho:

  • 4 Los cristãos-novos de Serpa contra quienes habían testificado en falso eran: João G. (?), Simão Fer (...)

“o que se pode entender da ida destes dous homens a Roma he quererem com suas queixas falsas desacreditar a Inquisiçam deste Reino cuidando que por este meo poderão aver effecto as pertenções que a gente da nação tem com Sua Santidade e Sua Magestade de lhes conceder o perdão geral”4.

  • 5 ASV. NAL. Nº. 5. Sección 7. Fols. 39v-40r: Carta del cardenal Aldobrandini al patriarca de Jerusalé (...)
  • 6 ANTT. TSO. CG. Liv. 88. Cartas de elRei. Fol. 10: Carta de Felipe III a D. António Matos de Noronha (...)

4Ahora bien, a pesar de que la Inquisición mantuvo que estos conversos de Serpa no hacían sino seguir la táctica habitual de los cristãos-novos para atacar y desacreditar a la institución que les perseguía, Gregorio XIII decidió intervenir. El sumo pontífice, directamente y a través del vicelegado apostólico en Lisboa, avisó a D. António Matos de Noronha de lo que ocurría en Roma. El papa advertía al inquisidor general de que, en algunas ocasiones, era más conveniente emplear la suavidad que el rigor a fin de fortalecer la fe en Cristo de los conversos. A ello invitaban también razonamientos de naturaleza política, pues los cristãos-novos, cansados de los abusos inquisitoriales, podían llegar a sublevarse5. Antes de responder al sumo pontífice, el inquisidor general decidió dar cuenta de lo ocurrido al monarca. Felipe II le recomendó escribir al papa para prevenirle de que, muy probablemente, tales quejas serían calumnias y que, por ello, no debía prestarles atención6.

  • 7 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 213r-213v: Consulta del Conselho Geral a Felipe III del 2 de diciembr (...)
  • 8 ANTT. TSO. CG. Liv. 224. Fols. 201r-203r: Parecer de Francisco Peña. Documento sin fecha.

5Poco después, los Duarte, aquellos cristãos-novos huidos a Roma, presentaron ante el papa unos capítulos en contra de la Inquisición portuguesa7. A raíz de este nuevo problema, el auditor de la Rota Francisco Peña propuso que se enviase a Portugal a un ministro, ajeno a la Inquisición lusa, para visitar los tribunales del Santo Oficio a fin de averiguar si eran verdad los abusos de que se quejaban los cristãos-novos. Para ello, debería detenerse en cada tribunal de distrito varios meses de modo que pudiese comprender en profundidad el modo en que se procedía. Pero, antes de esta visita, Peña proponía que se constituyese una junta, integrada, entre otros, por don Cristóbal de Moura, el confesor del monarca, un miembro del Consejo de Portugal y otro de la Suprema, que se encargase de ordenar la instrucción que debería seguirse en la visita. Si, una vez realizada, resultaba que eran ciertos los motivos de queja, el rey podía remediarlos fácilmente, pues bastaría con introducir en Portugal el modo de proceder de la Inquisición española. Para ello, no sólo serían necesarios los breves papales sino también ordenarse que uno de los inquisidores de cada tribunal del Santo Oficio portugués fuera natural de los otros reinos de España8.

  • 9 AGS. Estado Roma. Leg. 1856. Consulta de la junta de Valladolid a Felipe III del 10 de octubre de 1 (...)
  • 10 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 106r-115v: Juntas que se fiserão por mandado de elRei Felippe 2º para ref (...)

6Fuere o no como consecuencia de este proyecto de Peña, a principios de octubre de 1602 comenzó a reunirse en Valladolid una junta formada por fray Gaspar de Córdoba, confesor de Felipe III y miembro del Consejo de Estado; el doctor Juan Álvarez de Caldas y el licenciado Pedro de Zamora, ambos del Consejo de la Suprema Inquisición; el doctor Bartolomeu da Fonseca, del Conselho Geral portugués, y don Pedro Franqueza, secretario de Estado y mano derecha del duque de Lerma. Felipe III les había encargado que estudiasen el modo de gobierno y la forma de proceder de la Inquisición portuguesa9. En principio, el objetivo de la junta era arbitrar algunas reformas de manera que cesasen las críticas contra la Inquisición que exponían los cristãos-novos ante la Santa Sede10. Pero, al convocar la junta, Felipe III no deseaba, sólo, acabar con los abusos que generaba el procedimiento del Santo Oficio. Su objetivo iba más allá. Se proponía, al mismo tiempo, acometer una reforma radical de la Inquisición, a fin de hacerla más sumisa al poder real y, tal vez, de recuperar el control de los bienes confiscados.

  • 11 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)
  • 12 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 335r-336r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)
  • 13 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)
  • 14 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)

7Los ministros de la junta se encontraron con una oposición tenaz del Conselho Geral que se negó, en todo momento, a facilitar los papeles y documentos que aquéllos precisaban. El Conselho no podía tolerar que un organismo externo al Santo Oficio, formado, en su mayor parte, por extranjeros y sometido totalmente al monarca debatiese sobre los asuntos inquisitoriales, su procedimiento, sus privilegios y sus bases económicas11. Para los diputados, Felipe III debía consultar con el inquisidor-mor y con el propio Conselho antes de iniciar ninguna reforma del procedimiento inquisitorial12. Además, si resultaba necesario modificar el Regimento, era muchísimo más acertado que el rey lo encargase al Conselho como tribunal, pues Bartolomeu da Fonseca, que formaba parte de la junta, no tenía poder para entender en ese asunto13. Al parecer, Marcos Teixeira y Rui Pires da Veiga recelaban bastante de la lealtad a la Inquisición de este diputado y, por ello, presionaron con todas sus fuerzas al inquisidor general D. Alexandre de Bragança para que consiguiese que Fonseca regresara a Lisboa. Teixeira y Veiga alegaban que Bartolomeu da Fonseca había marchado a Valladolid, únicamente, para tratar del perdón general, de modo que, una vez que esta cuestión parecía, por el momento, solucionada, debía regresar para cumplir con sus obligaciones dentro del Conselho14.

  • 15 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 352r: Carta de Felipe III a D. Alexandre de Bragança del 22 de abril (...)
  • 16 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 62r-62v: Carta de D. Alexandre de Bragança al Conselho Geral del 17 (...)
  • 17 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)
  • 18 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 335r-336r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)

8En diciembre de 1602, Felipe III pidió a D. Alexandre que le remitiese la copia de los privilegios inquisitoriales y ciertos papeles conservados en los archivos Santo Oficio15. Si bien los ministros de la junta consiguieron pronto la copia de los privilegios, pues D. Alexandre acató la orden real con diligencia, no ocurrió lo mismo con el resto de documentos que debían enviar los miembros del Conselho16. Los diputados se resistieron durante meses a facilitar esos papeles a la junta17. Cuando no tuvieron más remedio que obedecer, decidieron enviar, en primer lugar, en vez de los escritos referentes al fisco o las declaraciones de los inquisidores, que reflejaban el quehacer diario del Santo Oficio, documentos de índole legislativa, esto es, las copias de los Regimentos, de las bulas y de las provisiones reales así como los borradores que se habían elaborado en tiempos de D. António Matos de Noronha para la reforma del Regimento18.

9A pesar de las trabas que pusieron los diputados y de su férrea oposición a la junta, ésta continuó sus reuniones hasta que el 21 de septiembre de 1603 los ministros acordaron los capítulos para la reforma del Santo Oficio. Se trataba de sesenta y cuatro puntos que abarcaban disposiciones referentes al inquisidor general, al Conselho, a los tribunales de distrito y sus ministros, a la administración económica del Santo Oficio y al procedimiento inquisitorial. Carece de sentido repetir aquí, punto por punto, todo lo acordado en la junta, de manera que nos centraremos, únicamente, en los aspectos que suponían una modificación con respecto al Regimento ordenado por el cardenal D. Henrique en 1554 y un preludio del futuro texto de 1613.

  • 19 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 109v. Capítulo 20.

10En primer lugar, por lo que respecta al inquisidor-mor, los ministros de la junta trataron de limitar la autonomía de que gozaba como cabeza del Santo Oficio. Así, dispusieron que debería consultar con el Conselho todas las provisiones de oficios de la Inquisición, aunque se tratase de cargos menores. Tampoco podría incrementar el número de oficiales del Santo Oficio sin, previamente, dar cuenta al monarca. Pero, además, los capítulos de Valladolid establecían un control más estrecho de los nombramientos por parte del poder real, ya que el inquisidor-mor quedaba obligado a consultar con el rey las designaciones de inquisidores y fiscales. El Regimento del Conselho Geral, ordenado por el cardenal-infante, había establecido que el inquisidor general sólo debería dar cuenta al monarca de los nombramientos de diputados del propio Conselho. La junta también trataba de reducir la autonomía del inquisidor general en la administración de los bienes confiscados, pues prohibía que aumentase los salarios y que concediese mercedes a los ministros del Santo Oficio que excedieran los 15.000 maravedís castellanos – unos 16.000 réis – sin que mediara consulta al monarca19.

  • 20 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 108r. Capítulo 7.
  • 21 Martínez Millán, José y Sánchez Rivilla, Teresa: “El Consejo de Inquisición (1483-1700)”, en Hispan (...)
  • 22 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 108r. Capítulo 8.

11Resultan muy interesantes las modificaciones que la junta proponía introducir en la estructura del Conselho, porque en ellas queda reflejado el interés de la corona en reforzar y extender su control sobre la Inquisición portuguesa, así como el contenido político del lenguaje y su empleo para reflejar relaciones de poder. En los capítulos de la junta, no se designó a los miembros del Conselho como diputados – tal y como disponía el Regimento do Conselho Geral – sino, de manera muy significativa, como “oydores de Su Magestad en el Conseio de la Sancta y General Inquisicion del Reyno de Portugal”20. Este cambio no constituía más que un medio de reafirmar que el Santo Oficio era, en primer lugar, una institución de la Corona. Pero, además, la junta proyectó una medida totalmente novedosa al proponer que, junto con los diputados eclesiásticos, hubiese otros dos consultores que fuesen desembargadores do Paço. Era éste un proyecto de clara inspiración castellana. En virtud de una cédula de Felipe II de 1567, dos miembros del Consejo de Castilla pasaban a formar parte de la Suprema. Sin embargo, en el caso español, los consejeros de Castilla asistirían, únicamente, a las sesiones vespertinas, es decir, no intervendrían en aquellas en las que se trataban asuntos de fe21. Por el contrario, los capítulos de la junta disponían que los desembargadores do Paço tuvieran voto decisivo en todas las causas que se resolviesen en el Conselho Geral22.

  • 23 Regimento do Conselho Geral, 1570, capítulo 2. Publicado por Franco, José Eduardo, y Assunção, Paul (...)
  • 24 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 108r. Capítulo 7.

12Por otra parte, parece desprenderse de los capítulos de la junta un cierto interés por limitar el papel político y la influencia de los diputados en otros tribunales y consejos de la monarquía. El Regimento de 1570 dejaba al arbitrio del inquisidor-mor y de los diputados fijar los días y horas que debería reunirse el Conselho23. Ahora, por el contrario, la junta disponía que se congregase tres horas por la mañana y, cada tres días, dos horas por la tarde. Como, al mismo tiempo, establecía que ningún diputado pudiese desempeñar cargo alguno que le impidiera asistir al Conselho, les resultaría imposible, en la práctica, formar parte de cualquier otro tribunal o consejo24.

  • 25 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 110v. Capítulos 29 y 30.
  • 26 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 113r. Capítulo 49.
  • 27 Albalá del cardenal D. Henrique del 20 de enero de 1580, en Taslado autentico de todos os privilegi (...)

13Los capítulos de la junta tendían, asimismo, a centralizar la toma de decisiones en el Conselho Geral. Así, por ejemplo, las instrucciones de Valladolid establecían que debería consultarse con el Conselho antes de llevar a cabo la prisión de cristianos viejos y de personas que tuviesen fama de honradas y ricas, aunque fuesen cristianos nuevos25. Además, también deberían ser juzgadas en el Conselho las causas civiles y criminales en las que fuesen reos los inquisidores u oficiales del Santo Oficio26. Esta disposición venía a modificar lo ordenado por el cardenal D. Henrique que, por un albalá del 20 de enero de 1580, estableció que los inquisidores fuesen jueces en las causas criminales de los oficiales del Santo Oficio, tanto si éstos fueren reos como demandantes, y en las causas civiles, sólo en el caso de que fuesen los acusados27.

  • 28 Regimento del cardenal D. Henrique, 1552, capítulo 1. Publicado por Franco, José Eduardo y Assunção(...)
  • 29 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 107v. Capítulos 2 y 3.
  • 30 ANTT. Manuscritos da Livraria. Mss. 1525. Fol. 19 [Signatura actual: ANTT. TSO. CG. Liv. 323]. Cit. (...)

14Los miembros de la junta propusieron, asimismo, que se modificase la estructura de los tribunales de distrito. El Regimento del cardenal D. Henrique disponía que en cada tribunal hubiera dos inquisidores, pero los capítulos de la junta incrementaron su número a tres28. Además, los diputados, que percibían salario y tenían voto decisivo en el despacho de los procesos, serían sustituidos por consultores – tres en cada tribunal – que tendrían, tan solo, voto consultivo y no recibirían estipendio29. El cardenal D. Henrique había establecido que hubiese dos diputados continuos en cada tribunal. Éstos asistirían al despacho de los procesos y en ausencia de los inquisidores podrían despachar las causas y recibir denuncias30. Ahora, la junta disponía que los nuevos consultores no pudiesen hacer audiencias a los reos ni sustanciar procesos, dado que tales tareas correspondían, únicamente, a los inquisidores.

  • 31 Asimismo, la junta aconsejaba que, en los lugares donde hubiera Inquisición y tribunal real, se nom (...)
  • 32 López Vela, R.: “Estructuras administrativas del Santo Oficio”, en Pérez Villanueva, J. y Escandell (...)

15Probablemente, estas medidas iban encaminadas en una doble dirección. Por una parte, al disminuir el número de asalariados del Santo Oficio, la corona reducía los gastos de la institución que eran cubiertos, en parte, por el dinero procedente de las confiscaciones. Pero, además, podía ser un medio de aumentar el control del rey sobre la actividad cotidiana del Santo Oficio o, al menos, de garantizar que los sujetos encargados de la política inquisitorial fueran acordes con las ideas y principios sostenidos por el poder real, ya que únicamente tendrían voto decisivo los inquisidores cuya provisión debía consultarse – según dispuso la junta – con el monarca31. Por último, no sería descabellado pensar que, como ocurría en el caso del Conselho Geral, la junta procurase asimilar las estructuras de la Inquisición portuguesa a la española también en lo que atañía a los tribunales de distrito. En la Inquisición española, el número de inquisidores en cada tribunal fue variando a lo largo de los años, hasta que en 1629 el Consejo de la Suprema estableció que fuese de tres en las mesas más importantes – Toledo, Valladolid, Sevilla, Granada, Córdoba, Aragón, Valencia y Palermo – y dos en el resto32. Además, en España no existía el cargo de diputado, pero sí había consultores que no percibían salario y cuyo voto no era decisivo.

  • 33 “Y que se eviten en quanto fuere possible las quejas que los christianos nuevos suelen dar ante Su (...)
  • 34 Los capítulos de la junta trataban de evitar, ante todo, que los inquisidores recurriesen a la deno (...)
  • 35 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 113. Capítulos 50 y 53.

16El conjunto más numeroso de los capítulos de la junta estaba constituido por aquéllos en los que se analizaba el procedimiento inquisitorial. En principio, la junta se reunió para debatir sobre los cambios que podrían introducirse en el modo de proceder de la Inquisición, de manera que cesasen las protestas de los cristãos-novos. Como hemos dicho, los conversos se quejaban, sobre todo, de los abusos cometidos por los ministros del Santo Oficio, de la falta de rigor al aceptar las acusaciones de personas que podían declarar en falso y del secreto, uno de los principios más significativos y característicos del procedimiento inquisitorial. Por lo que respecta al comportamiento de los inquisidores, los capítulos de la junta trataban de acabar con ciertos excesos. Pero, en este caso, no era necesario innovar e introducir nuevos usos sino lograr que se cumpliese lo dispuesto por el Regimento33. Así, la junta buscaba evitar, sobre todo, las artimañas que utilizaban los inquisidores para conseguir que los reos confesasen porque, con frecuencia, los impulsaban a afirmar más de lo que en realidad habían hecho y a acusar a inocentes34. Además, la junta manifestó una preocupación por la forma en que los notarios trasladaban al papel las declaraciones de los reos. Así, les reprochaba que, independientemente de las declaraciones de aquéllos, escribiesen siempre en los procesos las mismas fórmulas y criticaba la costumbre de que, cuando el reo respondía afirmativamente a la pregunta de un inquisidor, el notario anotase todo como si hubiese sido confesión propia del acusado, sin mediar pregunta35.

  • 36 Mea, Elvira Cunha de Azevedo: “A Resistência Sefardita ao Santo Ofício no Período Filipino”, en Cad (...)
  • 37 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 110r-110v. Capítulos 26 y 30.

17Por lo que respecta a los testigos que mentían cuando acusaban a los cristãos-novos de judaizar, la junta tuvo que hacer frente a la evidencia proporcionada por el caso de los llamados “falsários de Bragança”. Entre 1590 y 1596, algunos conversos de Bragança habían declarado en el Santo Oficio de Coimbra contra cristianos viejos coterráneos a los que acusaron de ser descendientes de judíos y de guardar, en secreto, la ley de Moisés. La conjura puso en evidencia los fallos de sistema inquisitorial, porque los propios denunciados, para escapar a la condena, confesaron que habían judaizado36. Si los cristianos viejos declaraban, aunque en falso, su judaísmo, podía fácilmente pensarse que los propios cristãos-novos hacían lo mismo como único medio para salvar la vida y escapar a la condena a muerte. Para impedir que se volviese a cuestionar la equidad del Santo Oficio, la junta de Valladolid ordenó que no se prendiese a cristianos viejos sin mediar consulta con el Conselho Geral y sin que se dispusiese de prueba concluyente o de indicios bastantes37.

  • 38 Regimento del cardenal D. Henrique, 1552, capítulo 42.
  • 39 Azevedo, João Lúcio de: História dos cristãos-novos portugueses, Lisboa, Clássica Editora, 1989, pp (...)

18Sin embargo, y a pesar de las medidas destinadas a acabar con los excesos y atropellos de ministros y oficiales, la junta introdujo, en realidad, pocas modificaciones en lo que se refiere a normas y usos del procedimiento inquisitorial. Los ministros decidieron no modificar los dos aspectos del proceso de los que más se quejaban los cristãos-novos: el secreto y las condenas basadas en declaraciones de testigos singulares. El Regimento de 1552 establecía que en la publicación de los ditos das testemunhas se suprimiesen los nombres de los testigos y todas las circunstancias que pudiesen permitir al reo descubrir quién había declarado contra él38. El Santo Oficio justificaba el principio del secreto con el argumento de que era la única forma de proteger a los testigos de la acusación. Pero el secreto coartaba las posibilidades de defensa del acusado, que quedaba envuelto en una total confusión. El único medio de que disponía para rechazar a los testigos de la acusación era alegar enemistad, si bien este mecanismo resultaba muy difícil dado que desconocía quién lo había denunciado. Además, el secreto provocaba, con frecuencia, que los reos, al confesar, declarasen más delitos de los que habían cometido y denunciasen a todas las personas que, según suponían, podían haberles acusado de comunicar con ellas sus herejías39.

  • 40 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 112r. Capítulo 42.
  • 41 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 112r. Capítulo 41.
  • 42 “Quanto às contraditas, acertando o réu nas testemunhas que o culpam, apontá-las-ão os inquisidores (...)
  • 43 Sobre la cuestión de los testigos singulares, vid. López-Salazar Codes, Ana Isabel: “Che si riduca (...)
  • 44 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 112v. Capítulo 44.

19En los capítulos de la junta se establecía que, en la publicación de las pruebas de la justicia, únicamente se suprimiese lo que pudiera conducir a que los reos averiguasen quiénes les habían delatado. Los ministros de la junta advirtieron de que, aunque se quitasen los nombres de los testigos, no debía emplearse la fórmula de que el reo trató “con cierta companhia”, sino “con cierta persona”, porque, de lo contrario, se daba a entender que el acusado había comunicado sus herejías con muchas personas y no con una sola, lo que le podía, fácilmente, inducir a error40. Además, la junta consideraba que los inquisidores debían admitir las tachas que los reos imponían a los testigos, aun en el caso de que no se tratase de enemistades capitales, y mandar que se realizaran las pruebas necesarias para comprobarlas41. Pero, al igual que ocurría con los abusos de los ministros del Santo Oficio, la junta, en vez de introducir innovación alguna en las provisiones referentes al secreto, se limitó a recordar normas ya establecidas en el Regimento de 155442. Del mismo modo, tampoco auspició ningún cambio sustancial en lo referente a los procesos y condenas sustentadas en testigos singulares43. Así, los capítulos únicamente ordenaban que los inquisidores procediesen con gran cuidado en el caso de que los reos negasen las acusaciones y se dispusiese sólo de testigos singulares, sobre todo en el caso de que se tratara de delaciones de cómplices en el delito44.

  • 45 AGS. Estado Roma. Leg. 1856. Consulta de la junta de Valladolid a Felipe III del 10 de octubre de 1 (...)

20Por lo tanto, aunque la junta se había reunido para arbitrar medios que acallasen las críticas de los cristãos-novos y es cierto que trató de corregir ciertos abusos de los ministros de la Inquisición, en ningún caso introdujo modificaciones radicales en el modo de proceder del Santo Oficio. Consagró el principio de secreto y dio carta blanca a los procesos basados en testigos únicos. Es decir, más que inspirar innovaciones al Regimento del cardenal D. Henrique, intentó evitar las desviaciones y transgresiones de lo dispuesto en él. Y es que la junta no buscaba ni pretendía disminuir la autoridad del Santo Oficio. Por ello, ni le retiró prerrogativas jurisdiccionales ni disminuyó sus privilegios ni, mucho menos, limitó su autonomía con respecto a la Santa Sede. Por ejemplo, a raíz del breve por el que Clemente VIII avocaba el proceso de Ana de Milão, la junta elevó una consulta a Felipe III en la que exponía la obligación del rey de amparar al Santo Oficio para que éste conservase todo su poder frente a las injerencias de Roma y le aconsejaba que manifestase al papa que no estaba dispuesto a consentir semejantes novedades45.

21La finalidad, pues, de la junta era sujetar firme y plenamente el Santo Oficio al poder real pero sin disminuir ni un ápice su autoridad. Ello explica que fuese en la estructura institucional, de la cual, por cierto, no se quejaban los cristãos-novos, donde más modificaciones proyectasen los ministros reunidos en Valladolid. Estos cambios iban encaminados a lograr un doble objetivo: por un lado, aseguraban un mayor control del Santo Oficio por parte de la corona y, por otro, tendían, en consecuencia, a asimilar las estructuras de la Inquisición portuguesa a las de su homóloga española. Pero la junta intentó dar una vuelta de tuerca más a la capacidad de aguante del Conselho Geral. No se preocupó de introducir modificaciones en el procedimiento inquisitorial porque no le interesaba reformar el corpus legislativo portugués. Resultaba políticamente mucho más rentable sustituirlo por el español y, así, la junta dispuso:

  • 46 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 113r. Capítulo 48.

“Que por quanto el modo y orden de processar de las instructiones de Castilla que llaman cartilla es uniforme y muy combeniente para todos los tribunales y con su observancia se escusan de hacerse nuevas formulas y estilos de fulminar processos se ordena y manda que de aqui adelante se guarde el dicho modo de processar y cartilla en todas las Inquisiciones del Reyno de Portugal”46.

  • 47 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 112v. Capítulo 44.

22En principio, esta disposición podría satisfacer una de las reclamaciones de los cristãos-novos sobre el modo de proceder de la Inquisición, pues en el Santo Oficio español no se condenaba con la prueba, únicamente, de testigos singulares. Sin embargo, como hemos visto, la junta aprobó la costumbre del Santo Oficio luso de condenar a partir de testimonios singulares a los reos que negaban los cargos47. Por lo tanto, este cambio no solventaba los motivos de descontento de los cristãos-novos. En el fondo, al proponer que los tribunales portugueses se guiasen por las instrucciones castellanas, la junta no hacía sino dar un paso más en el proceso de asimilación del Santo Oficio portugués al español, al que, tal vez, consideraba más afín a los intereses regios.

23Control real de las designaciones de inquisidores, nombramiento de desembargadores do Paço para el Conselho Geral, supresión de los cargos de diputados, orden de procesar según lo dispuesto en las Instrucciones castellanas... Demasiados cambios que, sin embargo, no podían satisfacer las aspiraciones de los cristãos-novos. ¿Cuál era, entonces, su objetivo? ¿ Qué buscaba Felipe III al aprobar los capítulos acordados por la junta? De forma inmediata, lo dispuesto en Valladolid venía a asimilar las estructuras administrativas y las normas procesales de la Inquisición portuguesa a la española. Sin embargo, unificar no constituía, en principio, ningún objetivo político de por sí. Si una institución intenta asimilar las distintas esferas sobre las que se extiende su poder lo hace porque considera que es un mecanismo para reforzar y reafirmar ese mismo poder. En el caso que nos ocupa, la corona decidió arbitrar distintos medios que conducían hacia una progresiva identificación de las Inquisiciones española y portuguesa. Es decir, había una tendencia a promover la uniformidad y la similitud. Ahora bien, ¿eran estas medidas el preludio de una posible anexión de ambas Inquisiciones?

  • 48 En el registro de la correspondencia expedida, el secretario del Conselho Geral anotó que los diput (...)
  • 49 Memorial das gracias y mercedes que el Rey nuestro señor conçederá a estos Reynos quando fuere jura (...)
  • 50 Para una síntesis del debate sobre la centralización en el caso portugués, vid. Cardim, Pedro: “Cen (...)

24Desde luego, la noticia de que la corona planteaba anexionar el Santo Oficio portugués al español se había ido extendiendo hasta llegar a los oídos del Conselho Geral que, en marzo de 1604, advirtió a D. Pedro de Castilho de que se estaba tratando de unir ambas inquisiciones, si bien D. Pedro aseguró que en la corte no se debatía tal posibilidad48. Pero, pese a los rumores y al miedo que manifestaban los diputados, puede dudarse de que el objetivo final de la monarquía, al convocar la junta de 1602, fuera que se diseñasen el camino y los medios para la unión de ambas instituciones. De ser así, probablemente Felipe III hubiera dejado vacante el cargo de inquisidor-mor una vez que D. Alexandre renunció a él. Por el contrario, la designación de un nuevo inquisidor general fue relativamente rápida. Además, las hipotéticas ventajas de la anexión no compensaban, desde luego, el esfuerzo que supondría llevarla a la práctica ni el coste político que, de seguro, acarrearía. En primer lugar, la unión implicaba violar los privilegios concedidos por Felipe II a Portugal, ya que el cargo de inquisidor-geral, como oficio portugués, debía recaer en un natural49. Si se anexionaba la Inquisición portuguesa a la española, ese ministerio pasaría a ser desempeñado por un extranjero. Pero, además, no está nada claro que la unión produjese, necesariamente, algún beneficio o ventaja política apetecible para el poder real, pues parece demostrado que las monarquías del siglo XVII no aspiraban a crear estados centralizados sino a ejercer un poder cada vez más efectivo sobre sus dominios patrimoniales, sin que este objetivo implicase, ni mucho menos, el anhelo de instaurar una administración única y uniforme para el conjunto de tales territorios50. Así, el fin de los proyectos reformistas de Felipe III y Lerma no era poseer una sola Inquisición sino un Santo Oficio fuerte y sometido al poder real en ambas coronas.

  • 51 AGS. Estado Roma. Leg. 978. Fols. 141r-143r: Carta del duque de Escalona a Felipe III del 1 de juni (...)
  • 52 AGS. Estado Roma. Leg. 979. Sin fol. y Leg. 1857. Fol. 48: Consulta del Consejo de Estado a Felipe (...)

25Entonces, ¿de dónde surgían los rumores? El proyecto de reforma del Santo Oficio configurado en la junta de Valladolid no se planteó, por mera casualidad, en 1603. Tuvo lugar, precisamente, en un momento en el que se estaba debatiendo sobre la naturaleza de su jurisdicción y sobre las relaciones entre poder inquisitorial y monarquía. En estas controversias no faltó quien, como, por ejemplo, el ya citado Gastão de Abrunhosa, propusiese que la Inquisición portuguesa siguiera el modo de procesar de la española y quedara sujeta al inquisidor general y al Consejo de la Suprema51. Más aún; el duque de Sessa, antiguo embajador español en Roma, afirmaba, en julio de 1604, que todos aquellos que se consideraban agraviados por la Inquisición portuguesa deseaban que ésta quedara bajo la autoridad del inquisidor general de España porque entendían que la forma de proceder del Santo Oficio castellano era conforme a lo que establecía el Derecho52. Como hemos comentado, en España, al igual que en los territorios donde la persecución de la herejía corría a manos de la Inquisición papal, el Santo Oficio no procedía, en principio y sólo en principio, a partir de testimonios singulares. Quizás por ello, los cristãos-novos encontraban ventajosa la unión de ambas instituciones y la implantación en Portugal del procedimiento de la Inquisición española.

  • 53 AGS. Estado Roma. Leg. 978. Fols. 141r-143r: Carta del duque de Escalona a Felipe III del 1 de juni (...)
  • 54 AGS. Estado Roma. Leg. 979. Sin fol. y Leg. 1857. Fol. 48: Consulta del Consejo de Estado a Felipe (...)

26Gastão de Abrunhosa expuso su proyecto al papa y a los cardenales y, al hacerlo, firmó su fracaso, porque Felipe III no estaba dispuesto a tolerar que tales asuntos, que atañían a dos instituciones de sus reinos, se discutiesen ni, mucho menos, se decidieran en la Santa Sede. Consciente de la necesidad de sacar a Abrunhosa de Roma, el embajador español duque de Escalona le convenció de que era más conveniente que planteara su proyecto ante el Consejo de la Suprema. Sin embargo, aquél se resistió a entrar en España si no iba pertrechado con un salvoconducto real53. Felipe III, aconsejado por Sessa, se negó a proporcionar el salvoconducto, pero encargó a Escalona que lograse que Abrunhosa abandonara Roma54.

  • 55 Muchos años más tarde, en el memorial de servicios que incluyó en su testamento de 1617, Bartolomeu (...)
  • 56 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 173r-173v. Carta del Conselho Geral a D. Pedro de Castilho del 29 de (...)
  • 57 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 88r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 2 de j (...)
  • 58 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 87r: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 24 de mayo d (...)

27El rumor de la anexión se alimentaba, en parte, de la ignorancia en que, al parecer, se encontraba el Conselho Geral con respecto a lo acordado en la junta de 160355. Si bien sus capítulos fueron aprobados por Felipe III y el rey ordenó que la Inquisición cumpliese lo que en ellos se disponía, en realidad no llegaron a publicarse y el Conselho Geral siguió sin conocer lo que se había acordado en la junta. Sin embargo, aunque no se hubiesen enterado de los pormenores del asunto, bien sabían los diputados que en Valladolid se estaban proponiendo novedades y, por ello, cuando D. Pedro de Castilho se trasladó a la corte, a principios de 1604, le encargaron, insistentemente, que no consintiera ninguna mudanza en el modo de proceder del Santo Oficio56. Pero, una vez en la corte, todo era lentitud y, así, D. Pedro, a principios de junio, todavía no había logrado conocer los puntos acordados en la junta de 160357. Desde luego, sabía que tarde o temprano el rey o sus ministros tendrían que tratar con él sobre los asuntos del Santo Oficio – no a otra cosa había marchado a la corte – y, por ello, pidió a los del Conselho que le enviasen la copia de los Regimentos y provisiones de la Inquisición58.

  • 59 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 17 de (...)

28Además, D. Pedro fue llamado por Felipe III para participar en una nueva junta sobre el Santo Oficio. En ella se sentaban, junto con el nuevo inquisidor general, don Juan de Borja, conde de Ficalho y primer miembro del Consejo de Portugal, don Pedro Franqueza, Bartolomeu da Fonseca, el doctor Juan Álvarez de Caldas y el licenciado Juan Vigil de Quiñones, consejero de la Suprema. La junta, que inició sus sesiones el 5 de julio, debía analizar los capítulos acordados por su antecesora. D. Pedro, quizás a fin de avalar sus opiniones con el juicio de los miembros del Conselho y, al mismo tiempo, de demostrar a estos últimos que su objetivo era, ante todo, la defensa del Santo Oficio, envió los capítulos de 1603 a los diputados para que le diesen su parecer sobre cada uno de ellos59.

  • 60 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 119r-125r: Resposta do Conselho Geral aos capitulos da primeira junta. Li (...)
  • 61 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 91 y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 5 de ju (...)
  • 62 BNP. FG. Cód. 1535. Fols 406r-409r: Parecer de Rui Pires da Veiga y Marcos Teixiera sobre si ha de (...)
  • 63 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 119r-125r: Resposta do Conselho Geral...

29Como era de esperar, en su respuesta a los acuerdos de 1603, Marcos Teixeira y Rui Pires da Veiga fueron rechazando, una por una, todas las innovaciones que los ministros reunidos en Valladolid habían proyectado introducir en la estructura del Santo Oficio. Así, consideraban desacertado incrementar el número de inquisidores; sustituir los diputados por consultores; prohibir a los miembros del Conselho que desempeñasen otros ministerios o cargos; introducir en el Conselho dos desembargadores do Paço laicos; dar cuenta al rey de los nombramientos de inquisidores y fiscales y limitar la autonomía del inquisidor general para aumentar los salarios y hacer mercedes del dinero procedente de los bienes confiscados60. Teixeira y Veiga abordaron con especial interés el asunto de la sustitución de los diputados por consultores. En realidad, se trata de una cuestión que adquirió una gran importancia como demuestra el hecho de que en la primera sesión de la nueva junta se debatiese sobre ella61. En julio, antes incluso de haber recibido los capítulos de la junta de 1603, Teixeira y Veiga enviaron a Castilho un memorial para demostrar la conveniencia de que hubiese diputados asalariados con voto decisivo en los tribunales inquisitoriales en vez de consultores como proponía la junta62. Los diputados, durante los años que servían como tales, aprendían el estilo del Santo Oficio de modo que cuando pasaban a desempeñar el oficio de inquisidor contaban ya con suficiente experiencia. Para la Inquisición, era mucho más cómodo disponer de diputados que de consultores porque cuando aquéllos entraban en el Santo Oficio se hacía la habilitación de limpieza de sangre y tal prueba bastaba para todas las veces que se les llamase al tribunal. En cambio, la conclusión de las causas se demoraría sobremanera si, cada vez que se nombrase un consultor, fuera necesario hacer información de su limpieza. Por otra parte, dado que llegaban a conocer lo que contenían los procesos, Teixeira y Veiga consideraban necesario, para que no peligrase el secreto, que los diputados fuesen oficiales propios del Santo Oficio. Además, ya que en los tribunales portugueses había sólo dos inquisidores y no tres como en España, los diputados deberían tener voto decisivo para poder resolver las causas en las que no concordasen ambos inquisidores. Y, por supuesto, como oficiales del Santo Oficio, deberían gozar de salario y del privilegio de exención de residencia en sus beneficios. Ahora bien, Teixeira y Veiga aconsejaban que, como proponía la junta de 1603, los diputados no se encargasen de recibir denuncias, sustanciar procesos o hacer audiencias, pues esas tareas correspondían a los inquisidores63.

  • 64 Así, por ejemplo, la junta de 1603 había dispuesto que el inquisidor general debería consultar con (...)
  • 65 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 94r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 27 de (...)
  • 66 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 107r. A finales de octubre, la junta acordó que los diputados que fuesen r (...)

30A pesar de la oposición del Conselho Geral, el 20 de septiembre de 1604, la junta aprobó los capítulos de su antecesora que concernían a la reforma de la estructura institucional del Santo Oficio si bien suprimió las cortapisas a la autoridad del inquisidor general que se habían levantado en 160364. Con respecto a los diputados del Conselho, la junta estableció que se incrementase su número a cinco, si bien no llegó a precisar si los dos nuevos miembros deberían ser, como se había dispuesto en 1603, del Desembargo do Paço. Pero fue, de nuevo, en la cuestión de los diputados de los tribunales de distrito donde se suscitaron mayores divergencias. Todos los miembros aprobaron su sustitución por consultores, como se había acordado en 1603, a excepción de Franqueza y Castilho, quien había asegurado a los del Conselho que no pensaba apartarse de lo establecido a este respecto por el cardenal D. Henrique65. Sin embargo, tanto Franqueza como Castilho, al igual que habían hecho los del Conselho, consideraron acertado que los diputados no se encargasen de hacer las audiencias ni de sustanciar los procesos66.

  • 67 “Que o direito, regimento e doctores que nesta materia escreveram tem ordenado e disposto o que se (...)

31Mucho menos interesantes son, a nuestro juicio, las respuestas de los diputados del Conselho a los capítulos de la junta de 1603 referentes al modo de proceder del Santo Oficio y al comportamiento de los ministros de la fe. Como no podía ser de otro modo, el Conselho rechazó todas las acusaciones vertidas sobre el procedimiento de los ministros de la Inquisición y alegó que se trataba de meras falsedades de los cristãos-novos. Por lo tanto, si los ministros y oficiales no habían incurrido en faltas de ningún tipo, resultaban ociosas las advertencias de la junta. Todos los capítulos en los que se establecían normas sobre el procedimiento inquisitorial eran, asimismo, innecesarios, dado que, como dijimos, en la mayoría de los casos, no se trataba de disposiciones que introdujeran alguna novedad en la práctica común del Santo Oficio67.

32En cierto modo, de la respuesta de Teixeira y Veiga a los capítulos referentes al modo de proceder de la Inquisición parece desprenderse un cierto desinterés por el asunto, en consonancia con la menor significación que los miembros de ambas juntas les concedieron. Tanto unos como otros parecían mucho más interesados en la reforma de la estructura del Santo Oficio que en la de su procedimiento y práctica. Desde luego, no de otra forma puede entenderse que, ante la propuesta de la junta de 1603 de que se implantara en Portugal el modo de proceder de la Inquisición española, los diputados del Conselho se limitasen a decir:

  • 68 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 123r: Resposta do Conselho Geral...

“Nam podemos responder sem vermos a cartilha de que faz mençam [Instrucciones de la Inquisición española], depois de vista diremos nosso pareçer, o que sem a ver nam podemos fazer”68.

33Además de lo acordado en la 1603, la junta de 1604 se encargó también de discutir sobre otros dos asuntos: los herejes extranjeros y los autos de fe. El debate sobre la actitud que debía adoptar la Inquisición con respecto a los herejes extranjeros, especialmente ingleses, que entraban en Portugal sobre todo por motivos comerciales venía motivado por las negociaciones de paz entre el Felipe III y Jacobo VI. El 28 de agosto de 1604 se firmaba el tratado de Londres que, en su artículo 21, establecía:

  • 69 Tratado de Paz, Alianza y Comercio, entre el Señor Rey Católico Don Phelipe III, y los Señores Arch (...)

“... que por la referida razón de conciencia, no sean molestados, ni inquietados contra los Derechos del comercio, siempre que no den escándalo á los otros”69.

  • 70 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 89r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 19 de (...)
  • 71 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 245r: Parecer de la junta sobre el Santo Oficio (1604). Para la aplic (...)

34A principios del verano, el Conselho Geral determinó que, para evitar problemas diplomáticos sin dejar de velar por la ortodoxia religiosa, se publicase en las iglesias que estaba prohibido tratar con extranjeros cuestiones tocantes a la religión y que toda persona tenía la obligación de denunciar a quienes declarasen doctrinas heréticas. Pero D. Pedro ordenó que no se detuviera a ningún extranjero hasta que el rey tomase una resolución sobre el procedimiento que debía seguirse y, por ello, cuando la nueva junta inició sus sesiones en 1604, elevó una consulta al monarca sobre dicho asunto70. Los ministros reunidos en Valladolid mantuvieron que el Santo Oficio debía proceder contra los extranjeros que cometiesen herejías en Portugal. Para evitar que sus soberanos acusasen a Felipe III de incumplir lo estipulado en las paces, las personas diputadas por la Inquisición para visitar los navíos deberían advertir a los extranjeros que en caso de que defendiesen ideas heterodoxas, cometiesen actos heréticos o introdujesen libros prohibidos serían castigados por el Santo Oficio71.

  • 72 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 89r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 19 de (...)
  • 73 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 96r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 14 de (...)
  • 74 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 100v: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 27 de agost (...)
  • 75 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 98r: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 22 de septie (...)

35Por su parte, la polémica sobre los autos de fe se inició en el mes de junio de 1604 cuando Felipe III decidió prohibir que se concluyesen los procesos y se celebrasen autos de fe hasta que D. Pedro llegara a Portugal72. El objetivo del monarca era claro: pretendía ganar tiempo hasta que Roma expidiese el breve de perdón general. Felipe III, por medio de Franqueza, explicó a Castilho que su única intención era que los autos se celebraran cuando el inquisidor general estuviera presente73. Éste, además, tuvo que salir al paso de las acusaciones que se vertían contra él en Portugal, donde, al parecer, había quien pensaba que era el propio inquisidor general, y no el rey, el que había ordenado la suspensión de los autos74. A pesar de lo que había asegurado Franqueza, a finales de septiembre Felipe III ratificó la prohibición de celebrar autos de fe: el breve Postulat a nobis había llegado a la corte75.

  • 76 AGS. Estado Roma. Leg. 977. Carta del duque de Sessa a Felipe III del 18 de enero de 1603.
  • 77 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 85r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 24 de (...)

36Antes de concluir el presente apartado, debemos retomar el problema de los testigos singulares que, como hemos dicho, constituían uno de los principales motivos de crítica de los cristãos-novos y el que, en definitiva, provocó un mayor interés por parte de la Santa Sede. Cuando llegó a Valladolid, D. Pedro de Castilho no sólo se vio constreñido a luchar por la salvaguarda de la autonomía y del poder inquisitorial frente a la corona sino que, al mismo tiempo, tuvo que hacer frente a la pretensión de Clemente VIII de debatir con los cardenales del Santo Oficio la justicia de las condenas basadas en testigos singulares76. Desde principios de 1604, el nuevo inquisidor general se afanó por conseguir que el papa se abstuviera de modificar el modo de proceder de la Inquisición portuguesa en lo referente a los testigos singulares77. D. Pedro, ayudado por el padre Francisco Pereira, reunió distintos pareceres y alegatos de juristas, como los doctores Pedro Barbosa y Mendo da Mota de Valadares, así como lo acordado en las juntas de Valladolid, para enviarlo todo a Roma. Además, buscó el apoyo del inquisidor general Juan Bautista de Acevedo, del Consejo de la Suprema y del propio monarca, si bien en este caso la actitud de Felipe III para defender la independencia del Santo Oficio portugués no fue, ni mucho menos, tan decidida como lo había sido en el de las apelaciones a la Santa Sede.

37Cansado tras años de conflicto, en septiembre de 1604, el Santo Oficio se encontraba en un momento de debilidad. El día 20 de ese mes, la junta de Valladolid acordó los nuevos capítulos para la reforma de la Inquisición y elevó la consulta al monarca. Sin embargo, dichas disposiciones no llegaron a ejecutarse. Quizás la llegada del perdón general obligaba a posponer la reforma institucional para ejecutar, en primer lugar, el breve. Tal vez resultaría más sencilla la modificación estructural del Santo Oficio a partir del momento en el que se vaciasen las cárceles secretas y, carentes ya de ocupación, gran parte de los diputados pudiesen ser despedidos. En cierto modo, el Postulat a nobis salvó la estructura institucional del Santo Oficio portugués pues generó la urgente necesidad de concentrar todas las fuerzas en la ejecución del breve. Los capítulos de Valladolid, ideados para la reforma de la Inquisición portuguesa, cayeron, pues, en el olvido. Pero su influencia en la historia posterior del Santo Oficio fue fundamental, pues, años más tarde, el propio Castilho decidió recuperarlos cuando se propuso acometer la reforma, esta vez interna, del Santo Oficio que culminó con la publicación del Regimento de 1613.

  • 78 El Santo Oficio percibía y gastaba dinero; recibía, administraba y desembolsaba. Sin embargo, apena (...)
  • 79 Regimento do Conselho Geral, 1570, capítulo 28. Publicado por Franco, José Eduardo, y Assunção, Pau (...)
  • 80 Cf. Coelho, António Borges: Inquisição de Évora. 1536-1668, Lisboa, Caminho, 2002, pp. 104-106.
  • 81 Las pensiones situadas sobre los obispados generaron diversos conflictos entre los obispos y la Inq (...)
  • 82 ANTT. Chancelaria de D. Filippe I. Padrões e Doações. Liv. 9. Fol. 77: Alvará de ordenado a seus mi (...)

38Por otra parte, los debates y las propuestas sobre la reforma del Santo Oficio coincidieron con otros, no menos intensos, sobre una institución distinta y autónoma pero, a la vez, estrechamente vinculada con el Tribunal de la Fe: el llamado juízo do fisco78. Los bienes confiscados pertenecían, por derecho, a la corona pero su administración estaba en manos del inquisidor general. Éste podía extraer del fisco el dinero necesario para los sueldos de los ministros, la manutención de los presos pobres y el reparo de las casas y cárceles inquisitoriales79. De estas raciones, la más elevada era, sin duda, la destinada a los estipendios de ministros y oficiales pues cada tribunal, amén sustentar a sus propios miembros, debía enviar un porcentaje del dinero de las confiscaciones al Conselho Geral80. Independientemente del fisco, a finales del siglo XVI el Santo Oficio disponía una estructura hacendística relativamente consolidada. Fruto de su actividad como tribunal, percibía las multas y penas pecuniarias que imponía a los sentenciados, así como el dinero procedente de las remisiones de castigos y penitencias. La Inquisición recibía, asimismo, sumas considerables de la propia Iglesia. En virtud de diferentes gracias pontificias, cada diócesis del reino debía contribuir con una pensión anual que variaba desde los 300 cruzados del obispado de Guarda a los 2.500 de los de Évora, Coimbra y Lisboa81. Además, en 1575, Gregorio XIII concedió al Santo Oficio los dos tercios de los frutos de las primeras canonjías vacantes en las catedrales de Lisboa, Coimbra y Évora y la mitad en el resto de obispados portugueses, si bien Felipe II consiguió que el papa redujese esta contribución a la mitad y un tercio respectivamente. Importancia mucho menor que las partidas anteriores tendrían las mercedes que los monarcas concedieron al Santo Oficio debido a que se trataba de ingresos ocasionales y a que aquél no llegó, a veces, a percibir el total del dinero prometido. Así, Felipe II hizo merced a la Inquisición de 2.318.000 réis anuales procedentes de la hacienda real pero, debido a los apuros en los que ésta se encontraba, el pago tardaba en hacerse efectivo82. A pesar de esta variedad de fuentes de ingresos, el Santo Oficio se quejó repetidas veces de su escasez de recursos económicos y utilizó esta falta como argumento con el que sustentar la necesidad de que el inquisidor general conservase la administración del fisco, pues sin ella sería imposible sufragar los gastos de la institución.

  • 83 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)

39Cuando, a principios del siglo XVII, la Inquisición sintió temblar sus cimientos debido, no tanto a las críticas de los cristãos-novos, cuanto al deseo de la corona de aprovechar la coyuntura para promover ciertas reformas, la materia del fisco pasó a ocupar un lugar preferente en los debates sobre el futuro de la institución. Entonces, los lamentos del Conselho Geral por la situación económica del Santo Oficio se hicieron más insistentes debido a los rumores de que la corona pensaba recuperar la administración directa de los bienes confiscados lo que amenazaba, según los diputados, la propia supervivencia de la Inquisición. Como dijeron Marcos Teixeira y Rui Pires da Veiga al inquisidor general D. Alexandre de Bragança, “he mui claro e sabido que sem fisco nam ha Inquisiçam nem a pode aver”83.

  • 84 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 83v-84v: Carta del Conselho Geral a D. Jorge de Ataíde del 6 de febre (...)
  • 85 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 53r: Carta del Conselho Geral a los jueces del fisco de Lisboa, Coimb (...)
  • 86 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 17r: Carta del Conselho Geral a D. António Matos de Noronha del 6 de (...)

40La alarma saltó cuando en noviembre de 1600 Felipe III encargó a don Cristóbal de Moura, virrey de Portugal, que se reuniese con los diputados del Conselho para estudiar el modo en que se tomarían las cuentas a las personas encargadas de la administración del fisco y las reformas que sería conveniente introducir en el sistema de recaudación de los bienes confiscados84. El Conselho pidió al virrey tiempo para responder y escribió a los tribunales y a los jueces del fisco para que le enviasen información sobre lo que sería necesario proveer para la buena recaudación de los bienes confiscados y para que le avisasen de si se habían cometido abusos85. Asimismo, preguntaron a los inquisidores generales D. António Matos de Noronha, en diciembre, y D. Jorge de Ataíde, ya en enero, cómo debían responder al requerimiento del monarca. El propio Conselho Geral, pese a su rechazo a las injerencias reales, era consciente de la necesidad de visitar el fisco y de tomar cuentas a sus oficiales y así lo expuso al obispo capelão-mor. Sin embargo, pasados los primeros meses de 1601, el asunto volvió a caer en una especie de olvido momentáneo86.

  • 87 En realidad, tanto el monarca como el inquisidor general podían ordenar que se tomasen las cuentas (...)
  • 88 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 115r-115v: Carta del Conselho Geral a Bartolomeu da Fonseca del 27 de (...)
  • 89 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 58r: Carta de D. Jorge de Ataíde al Conselho Geral del 26 de marzo de (...)

41Ahora bien, a partir del verano de 1602 y hasta después de la llegada a Lisboa del inquisidor general D. Pedro de Castilho, la materia del fisco se situó, de nuevo, en un primer plano en los debates entre el Santo Oficio y la corona. Ésta intentó poner en marcha mecanismos que le permitieran conocer el rendimiento real de las confiscaciones, pues cualquier reforma del fisco debía ir precedida de un análisis exacto de los ingresos de esta institución. En tal tarea, la monarquía se encontró con la fuerte oposición del Conselho Geral cuyos diputados alegaban que correspondía al inquisidor general ordenar que se tomasen las cuentas a los oficiales del fisco87. El Conselho Geral temía, quizás no sin motivo, que la corona aprovechase la coyuntura para recuperar la administración de los bienes confiscados e integrar el fisco inquisitorial en la hacienda real88. Desde luego, la autonomía del Santo Oficio en la gestión de estos frutos había empezado a recortarse. Así, por ejemplo, D. Jorge de Ataíde advirtió a los diputados que, mientras estuviese vacante el cargo de inquisidor-mor, no podrían hacer más gastos que los destinados a pagar los salarios de los ministros pues, de ningún modo, estaban autorizados para conceder mercedes que se pagaban, claro está, con el dinero procedente de las confiscaciones89.

  • 90 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 115r-115v: Carta del Conselho Geral a Bartolomeu da Fonseca del 27 de (...)
  • 91 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 119v-120r: Carta del Conselho Geral a Bartolomeu da Fonseca del 7 de (...)
  • 92 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 126r-127v: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 13 de septiembre (...)
  • 93 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 119v-120r: Carta del Conselho Geral a Bartolomeu da Fonseca del 7 de (...)

42La lucha abierta para conservar la superintendencia del fisco se desató en el verano de 1602. Felipe III encargó a D. António Mascarenhas, deán de la capilla real, que tomase las cuentas al tesorero del fisco del tribunal de Lisboa. Ante lo que veían como un ataque a sus privilegios y un primer paso para retirar al Santo Oficio la administración de los bienes confiscados e integrarlos en la hacienda real, los diputados se opusieron tenazmente a que Mascarenhas cumpliera lo ordenado por el monarca. Los inquisidores prohibieron al tesorero del fisco que entregase a D. António el libro de ingresos que éste deseaba examinar y, a finales de julio, los diputados pidieron el apoyo de D. Jorge de Ataíde y de Bartolomeu da Fonseca para hacer frente al intento de la corona90. Los diputados argumentaban que los monarcas habían entregado la superintendencia del fisco a los inquisidores generales y habían destinado sus ingresos a sufragar los gastos del Santo Oficio91. Además, trataron de recusar a D. António como juez. Para ello, alegaron que éste había servido como diputado en la Inquisición y tuvo que abandonar el servicio del Santo Oficio a raíz de la visita ordenada por el archiduque Alberto cuando era inquisidor general92. Finalmente, en septiembre de 1602, y ante la renuencia de la corona a desistir de su proyecto, Veiga y Teixeira pidieron a Fonseca que, al menos, lograse que D. António no cumpliera con su cometido hasta que se designase al nuevo inquisidor general93.

  • 94 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)
  • 95 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 126r-127v: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 13 de septiembre (...)

43Contra las esperanzas del Conselho Geral, el nombramiento de D. Alexandre de Bragança para ocupar el cargo de inquisidor-mor no supuso el fin de ninguno de los problemas que fustigaban al Santo Oficio y, por lo tanto, tampoco en la pugna por los bienes del fisco encontraron los diputados un momento de tregua. Antes al contrario; a partir de los primeros meses de 1603, Marcos Teixeira y Rui Pires da Veiga debieron pensar que, efectivamente, la corona se había propuesto recuperar la administración del fisco y, en realidad, había indicios que así parecían demostrarlo. En marzo de 1603, mientras aún pendía la amenaza de D. António Mascarenhas sobre los libros de ingresos de Lisboa, Felipe III ordenó al desembargador Duarte de Almeida que examinase las cuentas del fisco de Évora. Los del Conselho buscaron la ayuda de D. Alexandre para que impidiese esta nueva intromisión, pero el Bragança, cuya continuidad al frente del Santo Oficio comenzaba a cuestionarse, apenas pudo hacer nada94. Tan sólo unos meses más tarde, en julio de 1603, Felipe III escribía de nuevo al Conselho Geral. Esta vez, el monarca ordenaba que D. António Mascarenhas asistiese a los inventarios de bienes secuestrados que hacía el juez del fisco de Lisboa, pero, como en los casos anteriores, el Santo Oficio se resistió a cumplir el mandato real95.

  • 96 El Conselho Geral siempre alegó que las deficiencias en la recaudación de las haciendas confiscadas (...)
  • 97 No he podido encontrar la lista de documentos que reclamaba Felipe III, aunque sí tengo noticia de (...)
  • 98 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 335r-336r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)
  • 99 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 56v: Carta del Conselho Geral a los jueces del fisco de Lisboa, Coimb (...)
  • 100 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 354r-356r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança de (...)

44Estas órdenes de Felipe III a Mascarenhas y Almeida para que revisasen los libros de los fiscos de Lisboa y Évora, respectivamente, se inscribían en un proyecto más amplio de la corona. El monarca había sido informado de que las haciendas confiscadas no se recaudaban y administraban de forma adecuada96. Por ello, entre los asuntos que debían estudiarse en la junta sobre el Santo Oficio, reunida en Valladolid, se encontraba el de la reforma del fisco. En este contexto, D. Alexandre de Bragança terminó por desempeñar un papel muy distinto al que los diputados del Conselho esperaban de él. El inquisidor general se convirtió en el instrumento utilizado por la monarquía para conseguir que la Inquisición mandase a Valladolid muchos de los documentos que precisaban los ministros de la junta, cuya lista fue enviada al inquisidor-mor en diciembre de 1602. Entre otros papeles de muy diverso tipo, Felipe III solicitaba, claro está, aquellos que daban cuenta de la situación del fisco y de su rendimiento97. Como es lógico, los diputados se resistieron con fuerza a remitirlos a la corte, alegando que, si el rey retiraba al inquisidor general la superintendencia de los bienes confiscados, el Santo Oficio sería, en la práctica, aniquilado, pues carecía de recursos con los que sustentar su actividad y mantener a sus ministros98. A esta resistencia se unió el problema de que la administración del fisco se encontraba, al parecer, totalmente desorganizada. Los diputados escribieron a los jueces del fisco de las tres inquisiciones para que les enviasen la información de los ingresos y gastos desde 1600; deberían declarar cuánto montaron las haciendas secuestradas, cuánto había sido confiscado y cuánto había gastado el Santo Oficio del dinero del fisco99. Es decir, el Conselho Geral comenzó a cumplir las órdenes que se le enviaban desde la corte. Sin embargo, pronto percibió que sería necesario emplear mucho tiempo para conocer el rendimiento del fisco, porque habría que tomar cuentas a los tesoreros. Por lo tanto, la renuencia del Conselho a cumplir con la orden del monarca, en un primer momento, y la desorganización del fisco, después, provocaron que los miembros de la junta de Valladolid tuviesen que acordar los capítulos para la reforma del Santo Oficio el 21 de septiembre de 1603 sin haber podido estudiar, a partir de cifras reales, el rendimiento del fisco100.

  • 101 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 109r y 113v-114r. Capítulos 15 y 55.

45La junta de Valladolid partía de que era necesario establecer una buena cobranza y administración de los bienes confiscados. Para ello, Felipe III debía nombrar a una persona que visitase el fisco y tomase cuentas a los oficiales a cuyo cargo se encontraba. Además, había que preservar cuanto fuera posible estos bienes para ponerlos al servicio de la corona. Por ello, la junta estableció que los sueldos de los ministros del Santo Oficio y los demás gastos de la Inquisición fueran cubiertos con las rentas de que ésta disponía, de modo que sólo se extrajese dinero del fisco en el caso de que aquéllas resultasen insuficientes para sufragarlos101. Es decir, en principio, los ministros reunidos en Valladolid no proponían que se retirase al inquisidor general la superintendencia de los bienes confiscados. Ahora bien, puesto que el Conselho Geral permaneció ignorante de lo asentado en la junta de 1603 hasta que D. Pedro de Castilho le dio cuenta de ello en julio del año siguiente, los diputados continuaron pensando que pendía aún sobre el Santo Oficio la amenaza de que la corona recuperase la administración del fisco.

  • 102 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 127v-128r: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 8 de noviembre d (...)

46Desde luego, lo que no ofrecía ningún tipo de duda era que el rey deseaba ejercer mayor control sobre los rendimientos procedentes de las confiscaciones, quizás no tanto para disponer libremente de ellos cuanto para, al menos, conocer su volumen exacto. Así, pocos días después de que la junta acordara sus capítulos, Felipe III ordenó al Conselho Geral que le enviase la lista de todos los bienes expropiados a los reos que habían salido en el último auto de fe de Lisboa, al tiempo que prohibía hacer cualquier gasto de ellos salvo lo necesario para el sustento de los presos pobres102. Los diputados, más sumisos que en ocasiones anteriores, – lo que no resulta extraño dada la delicada situación del Santo Oficio en el otoño de 1603 –, respondieron al monarca que le enviarían, en cuanto pudiesen, lo que solicitaba y le suplicaron que permitiera que se pagasen los salarios de los ministros de la Inquisición.

  • 103 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 173r-173v: Carta del Conselho Geral a D. Pedro de Castilho del 29 de (...)

47En esta pugna del Santo Oficio por mantener su total autonomía con respecto a la corona en lo que respecta a la administración del fisco, la propia la lentitud del aparato burocrático de la Monarquía Hispánica jugó a favor de los intereses inquisitoriales. Entre consultas, pareceres y respuestas podían escurrirse meses y aun años y la resolución de aplicar cualquier tipo de medida no suponía, ni mucho menos, que aquélla se adoptase inmediatamente. Así, Felipe III no llegó a ordenar la visita del fisco portugués como aconsejaba la junta y llamó a la corte al nuevo inquisidor general, D. Pedro de Castilho, para que participase en las deliberaciones sobre la reforma del Santo Oficio. Castilho viajó a Valladolid pertrechado con las advertencias y súplicas del Conselho Geral. Debía impedir cualquier tipo de novedad en la administración del fisco, que Felipe III otorgase mercedes procedentes de las haciendas confiscadas y, por último, que el monarca contratase con los cristãos-novos, como se rumoreaba, el arrendamiento del fisco103.

  • 104 Al mismo tiempo, el inquisidor general aprovechó su estancia en la corte para procurar que el monar (...)
  • 105 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 81r-81v: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 23 de f (...)
  • 106 BA. GP. Cód. 51-VIII-13. Fols. 6r-6v: Carta de Fernão de Matos a D. Pedro de Castilho del 28 de may (...)
  • 107 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 17 de (...)
  • 108 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 96r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 14 de (...)

48Parece ser que Castilho procuró, en efecto, evitar que se introdujesen novedades en la administración del fisco104. Pero, si quería defender que la Inquisición necesitaba seguir disponiendo de los bienes confiscados para su propio mantenimiento, el nuevo inquisidor general precisaba de datos seguros con los que trabajar y apoyar sus argumentos. Por ello, desde su llegada a España, ordenó a los diputados que le remitiesen un informe con la renta ordinaria de que disponía el Santo Oficio y los gastos a los que debía hacer frente105. Además, entregó a Felipe III los capítulos del Regimento do Conselho Geral en los que se establecía que la administración de los bienes confiscados correspondía al inquisidor-mor106. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, cuando se iniciaron las reuniones de la segunda junta sobre el Santo Oficio un nuevo inconveniente vino a dificultar, aún más, la tarea de Castilho: se supo en Valladolid que ni los contadores, en el caso de Lisboa, ni los proveedores de las comarcas, en los de Coimbra y Évora, visitaban a los tesoreros del fisco desde hacía años107. La acusación revestía cierta gravedad, tanto por el hecho en sí, pues demostraba que el Santo Oficio incumplía lo dispuesto en el Regimento, cuanto por el momento en que se lanzaba, marcado por las constantes críticas de los cristãos-novos a la Inquisición y por el intento de la corona de introducir reformas en el Tribunal de la Fe. Y Castilho no pudo argüir que la imputación fuera falsa, pues el propio Conselho Geral le envió los papeles que demostraban la negligencia del Santo Oficio108.

  • 109 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 113v-114r.
  • 110 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 103r: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 9 de noviem (...)

49Ahora bien, ¿por qué, después de casi cuatro años de debates, la corona no introdujo ninguna novedad en la administración del fisco? La junta de 1604 acordó, finalmente, aprobar el capítulo de su antecesora en el que se recomendaba al monarca que ordenase la visita del fisco, pero añadió que la superintendencia de éste debería quedar en manos del inquisidor general y, lo que constituía una novedad, caso de que el cargo estuviera vacante, en las del Conselho109. Es más, Felipe III tampoco ordenó, como se preveía, que D. António Mascarenhas visitase el fisco de la Inquisición, si bien esta amenaza no se disipó inmediatamente y continuó incluso después de que D. Pedro de Castilho llegara a Lisboa110.

  • 111 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 126r-127v: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 13 de septiembre (...)

50En realidad, pese a que los rumores de que la corona deseaba recuperar la administración de los bienes confiscados bulleron durante esos cuatro años, en mi opinión, no era aquél, en el fondo, el objetivo de Felipe III. Considero, más bien, que el monarca deseaba, únicamente, introducir orden en el sistema de recaudación de los bienes confiscados, de modo que resultase más eficaz para prevenir los fraudes; mejorar la administración del fisco y conocer su rendimiento real. Y todo ello, no para alterar el ordenamiento existente, como temían los diputados, sino para conseguir que se cumpliera. Es decir, Felipe III aspiraba a que, como disponía el Regimento, el dinero procedente de las confiscaciones que sobrase después de haber cubierto los gastos del Santo Oficio se destinara al mantenimiento de las plazas africanas111.

  • 112 Feros, Antonio: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, Marcial P (...)

51Por otra parte, del estudio de este episodio de las relaciones entre Inquisición y monarquía puede emanar alguna luz que ayude a comprender la mecánica política del Portugal filipino. Y esto es así porque, más allá del objetivo inmediato de asegurar la provisión de los presidios de África, las sucesivas órdenes de la corona para que se visitase el fisco se inscriben en el contexto más amplio de interés por el estado de la hacienda real portuguesa que caracteriza los primeros años del reinado de Felipe III. Según señala Feros, tanto Lerma como sus colaboradores sabían que para conseguir la mejora de la situación financiera de la monarquía resultaba imprescindible que todos los reinos colaborasen en su conservación, aunque para ello fuera necesario violentar los privilegios constitucionales112. Para lograr un mayor control de la hacienda portuguesa, de sus ingresos y de sus gastos, se crearon dos juntas: una en Lisboa, formada por ministros castellanos, y otra en la corte, integrada por tres miembros del Consejo de Portugal y cinco castellanos.

  • 113 Gaillard, Claude: Le Portugal sous Philippe III d’Espange. L’action de Diego de Silva y Mendoza, Gr (...)
  • 114 Para el reinado de Felipe II, vid. Cardim, Pedro: “Política e identidades corporativas no Portugal (...)

52Tanto Feros como Gaillard han puesto de manifiesto que estas medidas generaron un sentimiento de recelo de los portugueses hacia la corona por lo que veían como una falta de respeto hacia el compromiso de Tomar. La resistencia de la Câmara de Lisboa a que tres ministros extranjeros examinaran las finanzas portuguesas sería, según la interpretación de Gaillard, una muestra del sentimiento “nacionalista” luso opuesto a las tendencias centralizadoras de la corte113. Sin embargo, como se refleja de lo expuesto en este capítulo, el Santo Oficio, institución sin el tinte de defensora de los privilegios regnícolas que pudo tener la Câmara, se mostró tan renuente como ésta a que la corona fiscalizase la administración de unos bienes que, aunque jurídicamente pertenecían al rey, la Inquisición consideraba situados bajo su exclusiva custodia. Y no constituyó ningún óbice para la resistencia del Santo Oficio que D. António de Mascarenhas y Duarte de Almeida fuesen portugueses, pues de lo que se trataba no era de una oposición entre reinos sino entre poderes institucionales. Por lo tanto, todo análisis del Portugal filipino en función del debate en torno a los privilegios del reino y el compromiso de Tomar necesita ser completado con el estudio de las relaciones corporativas, en las que, con frecuencia, se recurrió a argumentos de tipo nacional o constitucional para defender intereses particulares114.

Notes

1 Vid. Bethencourt, Francisco: La Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia, siglos XV-XIX, Madrid, Akal, 1997, especialmente el capítulo dedicado a “Las representaciones”, pp. 431-438.

2 ANTT. TSO. CG. Liv. 224. Fols. 201r-203r: Parecer de Francisco Peña. Documento sin fecha.

3 AGS. Estado Roma. Leg. 977. Carta del duque de Sessa a Felipe III del 18 de enero de 1603. ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 345r-346r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 16 de julio de 1603. Sobre Gastão de Abrunhosa y su censura del procedimiento inquisitorial portugués, vid. Marcocci, Giuseppe: “Questioni di stile. Gastão de Abrunhosa contro l’Inquisizione portoghese (1602-1607)”, en Studi Storici, 48 (3/2007), pp. 779-815, y “A Inquisição portuguesa sob acusação: o protesto internacional de Gastão Abrunhosa”, en Cadernos de Estudos Sefarditas, Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, 7 (2007), pp. 31-81.

4 Los cristãos-novos de Serpa contra quienes habían testificado en falso eran: João G. (?), Simão Fernandes (IE, proc. 4.281); Lourenço Fernandes (proc. 7.979); Lourenço Henriques (proc. 10.577); Pero Dias; Diogo Mendes (proc. 7.882); João Vaz (proc. 196); Manuel Dias (proc. 3.204); Fernão Sanches; Estévão Mendes Pinto (proc. 3.322); Fernão Martins (proc. 10.815); Caterina Gomes, mujer de Fernão Martins (proc. 10.422); Manuel Jorge; Mor Mendes, mujer de Manuel Jorge (proc. 10.997); Diogo Fernandes (proc. 7.469); Duarte Rodrigues (proc. 8.075); Violante de Abrunhosa, mujer de Rafael Fernandes (proc. 7.802); Maria Borralha, mujer de Diogo Barreto (proc. 8.452); Isabel Gomes, mujer de Bento Valente, y Marcos Pinto (proc. 5.427). ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 68v-69r: Consulta del Conselho Geral a Felipe II del 20 de octubre de 1596 y Copia da relaçam de dous portugueses que ham aparecido em Roma fugidos da Inquisição a qual Sua Magestade mandou ao Senhor Bispo Inquisidor-Geral.

5 ASV. NAL. Nº. 5. Sección 7. Fols. 39v-40r: Carta del cardenal Aldobrandini al patriarca de Jerusalén del 19 de septiembre de 1596. No hemos conseguido encontrar el breve que Gregorio XIII envió a D. António Matos de Noronha en septiembre de 1596.

6 ANTT. TSO. CG. Liv. 88. Cartas de elRei. Fol. 10: Carta de Felipe III a D. António Matos de Noronha del 23 de diciembre de 1596.

7 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 213r-213v: Consulta del Conselho Geral a Felipe III del 2 de diciembre de 1600.

8 ANTT. TSO. CG. Liv. 224. Fols. 201r-203r: Parecer de Francisco Peña. Documento sin fecha.

9 AGS. Estado Roma. Leg. 1856. Consulta de la junta de Valladolid a Felipe III del 10 de octubre de 1602.

10 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 106r-115v: Juntas que se fiserão por mandado de elRei Felippe 2º para reformar o Regimento do Santo Ofício.

11 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 20 de marzo de 1603. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 170v-171r: Carta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 3 de abril de 1603.

12 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 335r-336r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 22 de mayo de 1603.

13 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 20 de marzo de 1603. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 170v-171r: Carta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 3 de abril de 1603.

14 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 20 de marzo de 1603. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 170v-171r: Carta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 3 de abril de 1603. ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 329r-331r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 12 de abril de 1603. ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 335r-336r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 22 de mayo de 1603.

15 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 352r: Carta de Felipe III a D. Alexandre de Bragança del 22 de abril de 1603.

16 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 62r-62v: Carta de D. Alexandre de Bragança al Conselho Geral del 17 de marzo de 1603.

17 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 20 de marzo de 1603.

18 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 335r-336r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 22 de mayo de 1603.

19 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 109v. Capítulo 20.

20 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 108r. Capítulo 7.

21 Martínez Millán, José y Sánchez Rivilla, Teresa: “El Consejo de Inquisición (1483-1700)”, en Hispania Sacra. Revista de Historia Eclesiástica de España, vol. XXXVI (1984), pp. 18-19.

22 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 108r. Capítulo 8.

23 Regimento do Conselho Geral, 1570, capítulo 2. Publicado por Franco, José Eduardo, y Assunção, Paulo de: As metamorfoses de um polvo. Religião e Política nos Regimentos da Inquisição Portuguesa (Séc. XVI-XIX), Lisboa, Prefácio 2004.

24 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 108r. Capítulo 7.

25 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 110v. Capítulos 29 y 30.

26 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 113r. Capítulo 49.

27 Albalá del cardenal D. Henrique del 20 de enero de 1580, en Taslado autentico de todos os privilegios concedidos pelos Reys destes Reynos e senhorios de Portugal aos Officiaes, e Familiares do Santo Officio da Inquisição, Lisboa, Miguel Manescal, 1685.

28 Regimento del cardenal D. Henrique, 1552, capítulo 1. Publicado por Franco, José Eduardo y Assunção, Paulo de: As metamorfoses de um polvo.... BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 107r-107v. Capítulo 1.

29 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 107v. Capítulos 2 y 3.

30 ANTT. Manuscritos da Livraria. Mss. 1525. Fol. 19 [Signatura actual: ANTT. TSO. CG. Liv. 323]. Cit. por Mea, Elvira Cunha de Azevedo: A Inquisição de Coimbra no século XVI. A instituição, os homens e a sociedade, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1997, p. 119.

31 Asimismo, la junta aconsejaba que, en los lugares donde hubiera Inquisición y tribunal real, se nombrase a oidores para ejercer el cargo de consultor. Desde luego, parece evidente que, al menos en este caso, los ministros de la junta tenían en mente el caso español, donde sí se daba ese supuesto en Valladolid, Granada, Canarias, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Mallorca. Según López Vela, en las ciudades donde había Chancillerías o Audiencias, los consultores del Santo Oficio solían ser oidores de aquellos tribunales. En Portugal, sólo en Lisboa coincidían en la misma ciudad el Desembargo do Paço, la Casa da Suplicação y el tribunal del Santo Oficio. Por ello, la junta de 1604 declaró que únicamente en la capital se podría llevar a la práctica la disposición de 1603. López Vela, Roberto: “Reclutamiento y sociología de los miembros de distrito: comisarios y familiares”, en Pérez Villanueva, Joaquín, y Escandell Bonet, Bartolomé: Historia de la Inquisición en España y América. Vol. II: Las estructuras del Santo Oficio, Madrid, BAC-CEI, 1993, p. 836.

32 López Vela, R.: “Estructuras administrativas del Santo Oficio”, en Pérez Villanueva, J. y Escandell Bonet, B.: Op. Cit. Vol. II: Las estructuras del Santo Oficio, p. 149.

33 “Y que se eviten en quanto fuere possible las quejas que los christianos nuevos suelen dar ante Su Sanctidad y su Magestad y esto naçe por no seguir los deputados de Inquisicion nuevos el orden de preguntar de los Inquisidores mas antiguos”. BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 113. Capítulo 50.

34 Los capítulos de la junta trataban de evitar, ante todo, que los inquisidores recurriesen a la denominada “sugestión” para conseguir que los reos confesasen. BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 111v. Capítulos 36 y 37. Fol. 113v. Capítulo 51.

35 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 113. Capítulos 50 y 53.

36 Mea, Elvira Cunha de Azevedo: “A Resistência Sefardita ao Santo Ofício no Período Filipino”, en Cadernos de Estudos Sefarditas, nº 2 (2002), pp. 51-52.

37 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 110r-110v. Capítulos 26 y 30.

38 Regimento del cardenal D. Henrique, 1552, capítulo 42.

39 Azevedo, João Lúcio de: História dos cristãos-novos portugueses, Lisboa, Clássica Editora, 1989, pp. 135-136.

40 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 112r. Capítulo 42.

41 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 112r. Capítulo 41.

42 “Quanto às contraditas, acertando o réu nas testemunhas que o culpam, apontá-las-ão os inquisidores e mandarão por auto que as tais testemunhas do réu contra fulano e fulano, testemunhas da justiça, sejam examinadas pelas contraditas contra eles postas. E os inquisidores as receberão com suas qualidades, como dito é, e receberão as tais contraditas, ainda que não sejam de inimizades capitais nem de todo desfaçam o dito das testemunhas, e os inquisidores as examinarão por si”. Regimento del cardenal D. Henrique, 1552, capítulo 44. La cursiva es nuestra.

43 Sobre la cuestión de los testigos singulares, vid. López-Salazar Codes, Ana Isabel: “Che si riduca al modo di procedere di Castiglia. El debate sobre el procedimiento inquisitorial portugués en tiempos de los Austrias”, en Hispania Sacra, vol. LIX, n º 119 (2007), pp. 243-268, y Feitler, Bruno: “Da ‘prova’como objeto de análise da práxis inquisitorial: o problema dos testemunhos singulares no Santo Ofício português”, en História do Direito em perspectiva. Do Antigo Regime à Modernidade, Curitiba, Juruá Editora, 2008, pp. 305-314.

44 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 112v. Capítulo 44.

45 AGS. Estado Roma. Leg. 1856. Consulta de la junta de Valladolid a Felipe III del 10 de octubre de 1602. Sobre el proceso de Ana de Milão y los intentos de la Santa Sede de que le fuese remitido vid. supra “El conflicto de las apelaciones”.

46 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 113r. Capítulo 48.

47 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 112v. Capítulo 44.

48 En el registro de la correspondencia expedida, el secretario del Conselho Geral anotó que los diputados habían escrito a D. Pedro de Castilho para advertirle de que en Valladolid “tentam de annexar a Inquisiçam deste reino a de Castelha com outras cousas”. ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fols. 29r-29v: Registro del secretario del Conselho Geral del 20 de marzo de 1604. Cf. ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 84r-84v: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 31 de marzo de 1604.

49 Memorial das gracias y mercedes que el Rey nuestro señor conçederá a estos Reynos quando fuere jurado Rey y senhor dellos..., en Bouza Álvarez, Fernando: Portugal en la Monarquía Hispánica (1580-1640): Felipe II, las Cortes de Tomar y la génesis del Portugal Católico, Madrid, 1986, tesis doctoral, pp. 956-959.

50 Para una síntesis del debate sobre la centralización en el caso portugués, vid. Cardim, Pedro: “Centralização Política e Estado na Recente Historiografia sobre o Portugal do Antigo Regimen”, en Nação e Defesa, 1998, pp. 131-158.

51 AGS. Estado Roma. Leg. 978. Fols. 141r-143r: Carta del duque de Escalona a Felipe III del 1 de junio de 1604.

52 AGS. Estado Roma. Leg. 979. Sin fol. y Leg. 1857. Fol. 48: Consulta del Consejo de Estado a Felipe III de julio de 1604.

53 AGS. Estado Roma. Leg. 978. Fols. 141r-143r: Carta del duque de Escalona a Felipe III del 1 de junio de 1604.

54 AGS. Estado Roma. Leg. 979. Sin fol. y Leg. 1857. Fol. 48: Consulta del Consejo de Estado a Felipe III de julio de 1604. AGS. Estado Roma. Leg. 1857. Fol. 368: Carta de Felipe III al duque de Escalona del 20 de agosto de 1604.

55 Muchos años más tarde, en el memorial de servicios que incluyó en su testamento de 1617, Bartolomeu da Fonseca declaraba: “hera grande o segredo das Juntas e do que Sua Magestade ordenava nellas e nunca foi servido que o eu communicasse ao Conselho Geral de Portugal e ao Vizo Rey, pedindo lhe eu licença, indinarão-se muito contra mim os do Concelho Geral por Sua Magestade lhe nom comonicar nada das Juntas, non quis eu nunca romper o segredo del Rey e alevantarão-me a paga do sallario e pello conseguinte a Sé de Coimbra na prevenda e non me pagarão dous mil reis cada dia, que se dá a os do Concelho de Sua Magestade e do Geral do Santo Officio indo fora; tudo padeci por non romper o segredo”. El memorial fue publicado por Victor Ribeiro en “Os testamentos do Inquisidor Bartolomeu da Fonseca”, Arquivo Histórico Portugués, vol. VII (1909), pp. 457-468.

56 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 173r-173v. Carta del Conselho Geral a D. Pedro de Castilho del 29 de enero de 1604.

57 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 88r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 2 de junio de 1604.

58 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 87r: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 24 de mayo de 1604. D. Pedro, asimismo, pidió a los del Conselho, una vez iniciada ya la junta sobre el Santo Oficio, que le enviasen, si existía, provisión de D. Henrique para que los procesos y sentencias de los relajados fuesen vistos en el Conselho o, en caso de que no existiese, certificado de que el cardenal infante no había ordenado tal disposición. ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 17 de julio de 1604.

59 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 17 de julio de 1604. El inquisidor general recibió la respuesta de los diputados a finales del mes de agosto. ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 100v: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 27 de agosto de 1604.

60 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 119r-125r: Resposta do Conselho Geral aos capitulos da primeira junta. Lisboa, 9 de agosto de 1604.

61 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 91 y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 5 de julio de 1604.

62 BNP. FG. Cód. 1535. Fols 406r-409r: Parecer de Rui Pires da Veiga y Marcos Teixiera sobre si ha de haber diputados o consultores (Lisboa, 16 de julio de 1604).

63 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 119r-125r: Resposta do Conselho Geral...

64 Así, por ejemplo, la junta de 1603 había dispuesto que el inquisidor general debería consultar con el Conselho todas las provisiones de oficiales, aunque se tratase de cargos menores. En 1604, la nueva junta estableció que este punto debería considerarse sólo como una advertencia sin fuerza de ley. Asimismo, en 1603 se había acordado que el inquisidor general consultase con el rey las provisiones de inquisidores y fiscales, lo que fue suprimido en los capítulos de 1604.

65 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 94r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 27 de julio de 1604.

66 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 107r. A finales de octubre, la junta acordó que los diputados que fuesen religiosos no percibieran salario. ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 102r-102v: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 25 de octubre de 1604.

67 “Que o direito, regimento e doctores que nesta materia escreveram tem ordenado e disposto o que se deve guardar no caso de que trata e assi pareçe que nam há pera que ordenar nem dispor cousa de nouvo” BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 122v: Resposta do Conselho Geral...

68 BNP. FG. Cód. 1537. Fol. 123r: Resposta do Conselho Geral...

69 Tratado de Paz, Alianza y Comercio, entre el Señor Rey Católico Don Phelipe III, y los Señores Archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, sus hermanos de una parte y el Serenísimo Rey de Inglaterra Jacobo I, de la otra... Cap. 21. Abreu y Bertodano, J. A.: Colección de los tratados de paz..., Madrid, Diego de Peralta y Antonio Marín, 1740-1752, vol. I.

70 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 89r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 19 de junio de 1604. ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 17 de julio de 1604.

71 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fol. 245r: Parecer de la junta sobre el Santo Oficio (1604). Para la aplicación lo acordado por la junta con respecto a los ingleses y los problemas prácticos que acarreó vid. el capítulo “La lucha contra las eregias destes tempos”.

72 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 89r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 19 de junio de 1604.

73 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 96r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 14 de agosto de 1604.

74 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 100v: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 27 de agosto de 1604.

75 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 98r: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 22 de septiembre de 1604.

76 AGS. Estado Roma. Leg. 977. Carta del duque de Sessa a Felipe III del 18 de enero de 1603.

77 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 85r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 24 de abril de 1604. Ibidem. Fols. 88r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 2 de junio de 1604. Ibidem. Fols. 90r-90v: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 30 de junio de 1604. Ibidem. Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 5 de julio de 1604. Ibidem. Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 17 de julio de 1604. Ibidem. Fols. 94r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 27 de julio de 1604.

78 El Santo Oficio percibía y gastaba dinero; recibía, administraba y desembolsaba. Sin embargo, apenas conocemos algo concreto de sus ingresos, sus rendimientos y sus gastos, pues los historiadores se han interesado poco por esta cuestión fundamental. Nos faltan números, cifras, porcentajes, cuantificación. Pero, a pesar de esta carencia de datos concretos, la cuestión del fisco ha sido, desde los orígenes del Santo Oficio y hasta nuestros días, un arma esgrimida en la secular polémica entre defensores y detractores del Tribunal de la Fe. Y en la década de 1970 António José Saraiva y Israel-Salvator Révah centraron parte de su polémico debate sobre el Santo Oficio y los cristãos-novos en la cuestión de las confiscaciones. Un somero análisis sobre las fuentes de ingresos del Tribunal de la Fe desde su establecimiento hasta su extinción puede encontrarse en López-Salazar Codes, Ana Isabel y Marcocci, Giuseppe: “Struttura economica: Inquisizione portoghese”, en Prosperi, Adriano: Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa, Edizione della Normale, 2010.

79 Regimento do Conselho Geral, 1570, capítulo 28. Publicado por Franco, José Eduardo, y Assunção, Paudo de: As metamorfoses de um polvo....

80 Cf. Coelho, António Borges: Inquisição de Évora. 1536-1668, Lisboa, Caminho, 2002, pp. 104-106.

81 Las pensiones situadas sobre los obispados generaron diversos conflictos entre los obispos y la Inquisición. Así, por ejemplo, en el período que nos ocupa, destaca la disputa entre el Santo Oficio y D. Diogo de Sousa, obispo de Miranda y persona, por otra parte, muy ligada a la Inquisición, pues había sido diputado del Conselho hasta que fue elevado a la dignidad episcopal. Al parecer, se desencadenó porque D. Diogo ordenó descontar 8.000 réis de los 400.000 de que gozaba el Santo Oficio en su obispado, para destinarlos al seminario [ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fol. 209r: Carta de D. Alexandre de Bragança a D. Diogo de Sousa, obispo de Miranda, del 13 de marzo de 1603. ANTT. TSO. CG. Liv. 91. Fols. 110r-110v: Carta de D. Diogo de Sousa, obispo de Miranda, a D. Alexandre de Bragança del 20 de mayo de 1603].

82 ANTT. Chancelaria de D. Filippe I. Padrões e Doações. Liv. 9. Fol. 77: Alvará de ordenado a seus ministros e oficiaes (24 de febrero de 1583). ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 173r-173v: Carta del Conselho Geral a D. Pedro de Castilho del 29 de enero de 1604.

83 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 20 de marzo de 1603.

84 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 83v-84v: Carta del Conselho Geral a D. Jorge de Ataíde del 6 de febrero de 1601.

85 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 53r: Carta del Conselho Geral a los jueces del fisco de Lisboa, Coimbra y Évora del 5 de diciembre de 1600. Ibidem. Fol. 16v: Carta del Conselho Geral a los inquisidores de Lisboa, Coimbra y Évora del 5 de diciembre de 1600.

86 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 17r: Carta del Conselho Geral a D. António Matos de Noronha del 6 de diciembre de 1600. ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 55r-55v. Consulta del Conselho Geral a D. Jorge de Ataíde del 23 de febrero de 1601.

87 En realidad, tanto el monarca como el inquisidor general podían ordenar que se tomasen las cuentas a los tesoreros del fisco, según lo que establecía el Regimento do Conselho Geral en su capítulo 35: “O tesoureiro do fisco dará conta, com entrega cada dois anos, a qual lhe tomará o provedor da comarca de que for tesoureiro. Além disso, lhe recenseará cada ano a conta e escreverá a El-Rei o que nisto passa e tomará a dita conta de dois anos em dois anos. Se mandará executada aos Contos para se rever e prover e o Inquisidor-Geral lhe mandará também tomar, quando lhe parecer serviço do Nosso Senhor. E o tesoureiro do fisco se recenseará a conta cada um ano por um contador que o contador-mor para isso dará e cada dois anos dará suas contas nos Contos”.

88 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 115r-115v: Carta del Conselho Geral a Bartolomeu da Fonseca del 27 de julio de 1602.

89 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 58r: Carta de D. Jorge de Ataíde al Conselho Geral del 26 de marzo de 1602.

90 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 115r-115v: Carta del Conselho Geral a Bartolomeu da Fonseca del 27 de julio de 1602.

91 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 119v-120r: Carta del Conselho Geral a Bartolomeu da Fonseca del 7 de septiembre de 1602.

92 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 126r-127v: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 13 de septiembre de 1603.

93 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 119v-120r: Carta del Conselho Geral a Bartolomeu da Fonseca del 7 de septiembre de 1602.

94 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 341r-342r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 20 de marzo de 1603.

95 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 126r-127v: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 13 de septiembre de 1603.

96 El Conselho Geral siempre alegó que las deficiencias en la recaudación de las haciendas confiscadas no se debían a la negligencia de los ministros del fisco, sino, por el contrario, a las artimañas de los cristãos-novos que no declaraban todos sus bienes cuando se elaboraban los inventarios. Cf. ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 127v-128r: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 8 de noviembre de 1603. Ya D. Henrique, como inquisidor general, había intentado acabar con los subterfugios que empleaban los conversos para encubrir sus bienes. Al parecer, muchos de los presos declaraban que debían dinero a otras personas, sin ser cierto, para que la porción de sus haciendas necesaria para pagar estas deudas no fuese a parar al fisco. D. Henrique, por una provisión del 16 de febrero de 1576, ordenó que, cuando se hicieran las prisiones, se pidiese a los reos que declarasen sus deudas y que mostrasen escrituras o testigos de ellas. Además, los que mintieran serían condenados a confiscación de bienes. ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 240r-247r: Copia de la provisión del cardenal infante D. Henrique, inquisidor general, del 16 de febrero de 1576.

97 No he podido encontrar la lista de documentos que reclamaba Felipe III, aunque sí tengo noticia de que entre ellos se incluían el Regimento do fisco y las declaraciones de los jueces del fisco.

98 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 335r-336r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 22 de mayo de 1603.

99 ANTT. TSO. CG. Liv. 365. Fol. 56v: Carta del Conselho Geral a los jueces del fisco de Lisboa, Coimbra y Évora.

100 ANTT. TSO. CG. Liv. 369. Fols. 354r-356r: Consulta del Conselho Geral a D. Alexandre de Bragança del 26 de septiembre de 1603.

101 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 109r y 113v-114r. Capítulos 15 y 55.

102 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 127v-128r: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 8 de noviembre de 1603.

103 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 173r-173v: Carta del Conselho Geral a D. Pedro de Castilho del 29 de enero de 1604. Ibidem. Fol. 230v. Carta del Conselho Geral a D. Pedro de Castilho del 13 de agosto de 1604. ANTT. TSO. CG. Liv. 368. Fols. 29r-29v: Registro del secretario del Conselho Geral del 20 de marzo de 1604.

104 Al mismo tiempo, el inquisidor general aprovechó su estancia en la corte para procurar que el monarca aumentase los sueldos de los ministros del Santo Oficio. ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 88r y ss. Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 2 de junio de 1604.

105 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 81r-81v: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 23 de febrero de 1604. D. Pedro debía considerar imprescindible disponer de estos datos pues, antes de que hubiera transcurrido un mes, volvió a pedir al Conselho que se los enviase. ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 82r: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 16 de marzo de 1604.

106 BA. GP. Cód. 51-VIII-13. Fols. 6r-6v: Carta de Fernão de Matos a D. Pedro de Castilho del 28 de mayo de 1604.

107 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 17 de julio de 1604.

108 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fols. 96r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 14 de agosto de 1604.

109 BNP. FG. Cód. 1537. Fols. 113v-114r.

110 ANTT. TSO. CG. Liv. 130. Fol. 103r: Carta de D. Pedro de Castilho al Conselho Geral del 9 de noviembre de 1604.

111 ANTT. TSO. CG. Liv. 92. Fols. 126r-127v: Carta del Conselho Geral a Felipe III del 13 de septiembre de 1603.

112 Feros, Antonio: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 294-298.

113 Gaillard, Claude: Le Portugal sous Philippe III d’Espange. L’action de Diego de Silva y Mendoza, Grenoble, Université des Langues et Lettres, 1982, pp. 61-63.

114 Para el reinado de Felipe II, vid. Cardim, Pedro: “Política e identidades corporativas no Portugal de D. Filipe I”, en Estudos em homenagem a João Francisco Marques, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001, pp. 277-306.

© Publicações do Cidehus, 2010

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