Si no se habla, si no se escribe y no se cuenta, se olvida y poco a poco se va tapando bajo el miedo. (...) Como nadie habla de lo que pasó, nada ha pasado. Entonces bien, si
nada ha pasado, pues sigamos viviendo como si nada.
Testimonio de habitante de Trujillo, Colombia
(gmh, 2013)

1En toda historia o narrativa sobre un pasado de violencia y represión existen una multiplicidad de situaciones en las que se manifiestan expresiones de memoria, silencio y olvido (Jelin, 2012). Mientras que activistas, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han logrado negociar y acordar con los Estados ciertos procesos sociales de memoria en los países que vivieron periodos de dictaduras en el Cono Sur, en México se han privilegiado las políticas de silencio y olvido ante las múltiples violaciones a los derechos humanos.

2Por ejemplo, las víctimas de desaparición (forzada) han recibido poco o nulo reconocimiento por parte de los gobiernos mexicanos en turno y de la población en general. Basta mencionar que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a las personas desaparecidas se les mencionaba en el espacio público como “levantados”, “cobijados” o eran definidos como “daños colaterales” del conocido “combate contra el narcotráfico”. De este modo, la historia de las personas desaparecidas se ha desvanecido como producto del propio devenir histórico, pero también de la voluntad política por parte de los funcionarios públicos que han ocultado o destruido documentos e información con el propósito de suprimir o seleccionar ciertos recuerdos del pasado.

3Sin embargo, la memoria es el resultado de un complejo trabajo de recuperación del pasado que es re-elaborado sobre la base de una pluralidad de relatos, similares y contradictorios (Forneris, 2011; Calveiro, 2012). En esa reconstrucción activa del pasado intervienen actores con intereses y perspectivas distintas, por lo que coexisten relatos oficiales que son cuestionados y reinterpretados por versiones alternas. En este sentido, las memorias de los familiares de las personas desaparecidas no son fáciles de borrar o manipular aún con los silencios impuestos por el miedo y los relatos oficiales (Jelin, 2012). En México, como una forma de resistencia a las políticas del silencio y el olvido, desde los años setenta los familiares de las personas desaparecidas y asesinadas junto con colectivos de artistas han venido organizando diversos actos políticos y simbólicos en memoria de las víctimas.

4Este texto examina los procesos de construcción social de memoria en torno a las víctimas de desaparición (forzada) en el pasado reciente y de extrema violencia en México.

5El argumento se desarrolla en cuatro secciones. En la primera se indagan las formas en que han sido evocadas las personas desaparecidas en la esfera pública, así como se exponen brevemente los motivos que llevaron a los familiares de las víctimas a involucrarse en las manifestaciones masivas y organizarse en colectivos. La segunda sección presenta las disputas por la verdad y la memoria de las personas desaparecidas en los últimos cuarenta años en México. Las políticas y acciones gubernamentales se constituyen como los relatos oficiales, mientras que las respuestas a esas políticas gubernamentales, por parte de algunos familiares de las víctimas, colectivos de artistas y activistas de derechos humanos conforman las versiones alternas de verdad y memoria. En la tercera sección se exponen los memoriales y actos de memoria que representan un empoderamiento simbólico de las víctimas y sus familiares, pero también se han convertido en lugares de conflictividad y disputa por recordar o dejar en olvido ciertos hechos del pasado. En la última sección se reúnen las notas finales derivadas de las reflexiones expuestas a lo largo de todo el documento.

La organización de los familiares de las víctimas de desaparición (forzada)

Ser activista y familiar de una víctima es más una circunstancia, uno no decide cuándo hacerlo. Quien te convierte en víctima de violaciones a los derechos humanos es el Estado que por estar una situación de vulnerabilidad, te pasa a arrollar sin importarle mucho. En este caso, yo me integro a la movilización social a raíz de la desaparición de mi hermano, pero nunca antes había participado en nada de política, mucho menos había gritado en una marcha.
Miguel, comunicación personal, 24 de octubre de 2012

6La desaparición de personas es un acto de violencia que atenta directamente contra el principio básico de los derechos humanos: la dignidad. También es una expresión de crueldad ya que cuando una persona es arrestada, detenida o sustraída por agentes estatales, grupos organizados o particulares queda sujeta a ser sometida a la tortura, a la realización de trabajos forzosos e incluso a la privación de la vida. No obstante, todas estas situaciones son sólo conjeturas ante la incertidumbre del paradero de una persona.

7Los casos de desaparición (forzada)2 nunca han dejado de existir debido a que la impunidad ha sido un incentivo para que este crimen se siga cometiendo en México. Pero hay épocas en las que se ha acentuado considerablemente el problema como en el periodo de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En este contexto, los familiares de las víctimas no cuentan con información sobre cómo sucedieron exactamente los hechos en que la persona desapareció y quiénes son los responsables de la desaparición, ya que como posibles perpetradores participan diversos actores violentos como la delincuencia común, los paramilitares, el crimen organizado, las fuerzas de seguridad o una mezcla de todos ellos. Asimismo, el problema se mantuvo invisible tanto por el gobierno federal como por los medios masivos de comunicación, debido a que las personas desaparecidas eran llamadas con eufemismos como “levantados”, “no localizados” o “extraviados”. Ana, integrante del colectivo de familiares en Michoacán, afirma:

Otro de los objetivos del Estado fue crear una cortina de humo para comenzar a confundir a la población, creando un enemigo interno que es el narcotráfico con el objetivo de quitar toda responsabilidad al Estado en las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo. Así, se cambiaban conceptos del derecho internacional humanitario como “desaparición forzada” por el de “levantones”, quitando la legalidad al concepto y la responsabilidad del Estado mexicano (Ana, comunicación personal, 8 de enero de 2013).

8Los familiares de las personas desaparecidas sostienen que la integridad moral de sus víctimas se vio plenamente afectada porque fueron señalados como criminales o directamente relacionados con el narcotráfico, a pesar de que las autoridades no tenían las pruebas para demostrarlo. La criminalización y el estigma por parte de los funcionarios públicos, los medios masivos de comunicación y gran parte de la sociedad generó en los familiares de las víctimas un sentimiento de agravio e injusticia que se conjugó con el enojo y la humillación. Estos sentimientos llevaron a los familiares a involucrarse cada vez más en manifestaciones públicas y organizarse entre ellos para demandar verdad, justicia y memoria por las personas desaparecidas.

9Para el año 2009, los familiares de las personas desaparecidas se habían articulado en colectivos en diversas ciudades del país como Guerrero, Michoacán, Coahuila y Nuevo León. Tales organizaciones agruparon a madres, padres, hijos y hermanos que decidieron realizar un trabajo colectivo para buscar a sus seres queridos, iniciar acciones de protesta contra la impunidad y por la memoria de las personas desaparecidas. En estos núcleos sociales se generaron lazos de solidaridad y lealtad entre los familiares y propiciaron habilidades de cooperación, así como un sentido de responsabilidad compartida para llevar a cabo distintas tareas que aseguraban la acción colectiva. Por ejemplo, Cristina, integrante del colectivo de familiares en Chil-pancingo, Guerrero, afirma:

Al unirme al Comité siento que tomé más fuerza, más valor también para seguir en esta lucha. Antes me sentía sola o incapaz de enfrentar esta situación y ahora mis compañeros del comité están al pendiente de lo que me pasa. Me preguntan “ ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?”, incluso, a veces cooperamos para comer juntos (Cristina, comunicación personal, 7 de enero de 2013).

10Los familiares de las personas desaparecidas entre “tropezones y muchas equivocaciones” –como ellos mismos lo han señalado–, lograron convertirse en actores colectivos capaces de emprender múltiples formas de intervención política (protestas callejeras, conferencias de prensa, huelgas de hambre, actos simbólicos en memoria de las personas desaparecidas); al tiempo que aprendieron a dialogar con las autoridades de cada estado del país, incidir en política pública y proponer procesos en memoria de sus desaparecidos, a pesar de que la gran mayoría no eran activistas, no contaban con una tradición política y tampoco tenían formación en derechos humanos (Garza, 2017b).

11En el año 2011, una serie de transformaciones ocurrieron en el contexto político con el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (mpjd), también conocido como el movimiento del poeta Javier Sicilia. Los colectivos de familiares de víctimas de desaparición (forzada) respondieron a la convocatoria de este movimiento social para integrarse a la mayor protesta contra la violencia en ese periodo (2006-2012). Los antecedentes del mpjd pueden situarse en las expresiones de protesta tras el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. El 28 de marzo de 2011, Juan Francisco Sicilia Ortega fue hallado sin vida en el interior de un automóvil junto con otras seis personas3 en Las Brisas, localidad situada en el municipio de Temixco cerca de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Los amigos y familiares del poeta Sicilia junto con organizaciones de derechos humanos e integrantes de la comunidad intelectual y artística colocaron una ofrenda de flores y veladoras como un acto para honrar la memoria de Juan Francisco y la de sus amigos que fueron asesinados junto con él. Este grupo de la sociedad civil se manifestó frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Morelos para exigir a las autoridades resultados consistentes sobre el asesinato de las siete personas y demandaron el cese de la violencia que se había desatado en la entidad y en todo el país (Garza, 2015). El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad también exigió la creación de un memorial al gobierno de Felipe Calderón y llevó a cabo múltiples actos simbólicos en memoria de las víctimas de la violencia (Imagen 1), tal como se aborda en la tercera parte de este texto.

Disputas por verdad y memoria

Tal vez vamos a encontrar a nuestros familiares muertos, quizás nos van a presentar cadáveres, pero nuestra consigna siempre va a ser: “ ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Aunque nos digan: “Locas, si ya pasó mucho tiempo, ¿cómo van a estar vivos?”, esa consigna es un reclamo de dignidad al Estado por la memoria de nuestros familiares.
Alicia, comunicación personal, 8 de enero de 2013

12Tras la movilización social que fue brutalmente reprimida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, vino un periodo de intensa represión política desde finales de los años setenta hasta principios de la década de los ochenta. En este periodo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo actos represión y múltiples violaciones a los derechos humanos contra cualquier manifestación considerada disidente o subversiva, incluyendo movimientos y organizaciones de la sociedad civil y la oposición armada.4 Fue en este contexto en el que surgieron las primeras organizaciones de familiares de las víctimas de la violencia y la represión (Garza, 2017a). En 1979, se integró el Comité pro Defensa de los Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, después conocido como el Comité Eureka, bajo la dirección de Rosario Ibarra de Piedra5 (Álvarez Icaza, 2010; Saltalamacchia, 2009). El Comité Eureka demandaba la presentación con vida de sus familiares y representó su situación como algo equiparable a lo que estaba sucediendo en otros países latinoamericanos como Chile, Argentina y Guatemala, contextos de represión que el propio gobierno mexicano condenaba enérgicamente en su política exterior. Aquí es importante mencionar que las organizaciones de familiares de víctimas en Argentina, como las conocidas Abuelas de Plaza de Mayo e hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), han sido de gran influencia para las organizaciones en México por sus estrategias de movilización y expresiones simbólicas en memoria de los desaparecidos.

13La “ronda” fue una de las estrategias más emblemáticas de las Abuelas de Plaza Mayo, ésta tiene sus orígenes en el año 1977 cuando las mujeres con un pañuelo blanco sobre la cabeza comenzaron a caminar en círculo alrededor del obelisco de la Plaza de Mayo como respuesta a su desesperación y ante la orden policial que impedía la concentración de personas por disposiciones del Estado de excepción (Inclán, 2012) (Imagen 2). En México, los pañuelos blancos van tener un fuerte significado para mantener vigente la memoria de las víctimas de la violencia en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Por ejemplo, la Red Nacional de Bordados por la Paz es una actividad que se realiza en las plazas públicas con el propósito de que familiares, amigos, activistas y transeúntes borden sobre pañuelos los nombres de las víctimas. Con hilo de color rojo se bordan los nombres e historias de las personas asesinadas y con hilo de color verde las historias de los desaparecidos.

14El “siluetazo” es otra de las estrategias de lucha más importantes para la denuncia e intervención en el espacio púbico que propusieron los artistas Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel en los años ochenta. Los artistas crearon masivamente siluetas con forma humana para ser colocadas en edificios, plazas públicas y como acompañantes en las marchas de las madres y las abuelas (Garza, 2017a). De acuerdo con los artistas, las siluetas serían una expresión simbólica del tiempo social de la violencia, de las formas en que se ejecutaba la desaparición de personas y la ausencia de cuerpos (Inclán, 2012).

15Por otra parte, en Argentina, la organización hijos también se sumó a las discusiones sobre la memoria e identidad de los desaparecidos a través de la intervención político-artística-cultural del espacio público. Se destaca su plataforma de acción conocida como el escrache palabra que en el lunfardo (el habla popular rioplatense) designa “evidenciar” o “hacer público algo que estaba oculto”. El escrache tuvo como sentido fundamental producir una condena social en los casos de violaciones a los derechos humanos donde no había posibilidades de justicia. Por lo que este colectivo intervenía en los barrios para denunciar la represión de la dictadura e involucrar a más habitantes en sus visiones sobre el pasado, la violencia y sus víctimas. Con un escrache se daba conocer la vida o biografía de un represor y se cuestionaba su acción al ser parte de una dictadura; también se denunciaba el comportamiento de los que callaron o colaboraron con los militares (Dri, 2008).

16En 1999 se fundó hijos-México, organización hermana de hijos-Argentina. Esta agrupación se integra principalmente por los hijos de los desaparecidos, exiliados, asesinados y presos políticos de los años setenta en México. hijos-México se ha “(...) planteado usar el espacio público como un espacio simbólico de la memoria” (2012: 157), y tiene como consigna “hacer de la memoria un verbo”, al recuperar la historia de lo sucedido en 1968 y en los años que siguieron con el propósito de no sólo conmemorar los hechos sino también para des-legitimar una memoria oficial (Huffschmid, 2012). Entre sus acciones puede mencionarse el renombramiento simbólico de las calles6 y la colocación de fotografías con los rostros de las víctimas de desaparición forzada en un corredor de la Ciudad de México, justo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) (hijos-México, 2012). También propusieron la campaña fotográfica “Los desaparecidos nos faltan a todos”, en la que han participado artistas, intelectuales, activistas y ciudadanos que deseen tomarse una fotografía con la imagen de algún detenido-desaparecido. Para hijos-México, esta campaña tiene como intención hacer notar en el espacio público la ausencia de todos los desaparecidos, haciéndolos presentes.

17El año 2000 suponía cambios fundamentales con el primer gobierno federal controlado por el Partido Acción Nacional (pan). Supuestamente se terminaba una época de régimen autoritario e iniciaba un periodo de rendición de cuentas sobre los abusos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante los años sesenta y setenta, aunque no fue precisamente así como ocurrieron los hechos. Para el año 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) presentó un informe sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante los años setenta en México. El informe era el resultado de diez años de investigación en torno a 537 expedientes de queja referentes a las desapariciones de personas. Pero la mayor parte de la información provenía de los casos de desaparición que los integrantes del Comité Eureka habían documentado y presentado a la cndh cuando fue creada por el presidente Carlos Salinas de Gortari en los años noventa. De modo que era evidente el incesante trabajo realizado por parte de los familiares para buscar información sobre el destino de las personas desaparecidas en comparación con el trabajo casi nulo realizado por parte del Estado.

18Más tarde, el informe de la cndh dio origen al acuerdo de creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (femospp). Esta Fiscalía se había propuesto trabajar desde dos perspectivas: la jurídica y la historiográfica. Las tareas de investigación histórica concluyeron con el informe “ ¡Que no vuelva a suceder!”, titulado así en homenaje al informe “Nunca más” que preparó la Comisión de la Verdad sobre la dictadura en Argentina. Durante la elaboración del informe “ ¡Que no vuelva a suceder!”, se obtuvo información sobre la actuación del Ejército frente a la guerrilla en la década de los setenta, ya que más del 80 % de las personas detenidas-desaparecidas estaban en su poder. Este informe fue entregado por un grupo de historiadores el 15 de diciembre de 2005 al fiscal especial. No obstante, los órganos e instituciones gubernamentales tuvieron en sus manos la decisión de seleccionar, guardar, destruir o modificar información para no dejar rastros “comprometedores” ligados a algo que se buscaba borrar o manipular del pasado (Da Silva y Jelin, 2002).

19Así, la fiscalía especial se demoró once meses en subir al portal de la Procuraduría General de la República (pgr) la nueva versión. En tanto, en esta nueva versión tuvo modificaciones al original, en principio fue llamado “El informe histórico a la sociedad mexicana 2006” y a la “desaparición forzada” se le reclasificó como “privación ilegal de la libertad” (Montemayor, 2010). En marzo de 2007, la fiscalía sería abrogada por el presidente Felipe Calderón bajo el argumento de que ya se había presentado un informe sobre las investigaciones históricas y por tanto su misión había sido cumplida. Fue así que en los dos periodos presidenciales panistas, tanto en el de Vicente Fox Quesada (2000-2006) como en el de Felipe Calderón Hinojosa (2006- 2012), se perpetuó la cultura de la impunidad y el olvido (Aguayo y Treviño, 2010).

Memoriales y actos simbólicos de memoria

Que el memorial sea un pretexto para el trabajo de recuperación del pasado. El memorial podría ser un ejemplo de que la sociedad se puede organizar, de que tiene memoria y que no se puede callar al pueblo. Que el memorial sea un símbolo de nuestra lucha.
Erik, comunicación personal, 20 de agosto de 2012

20Para los familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos un empoderamiento simbólico de su lucha es a través del memorial. Los activistas y familiares se han dedicado a construir y ocupar espacios públicos que preserven la historia de sus víctimas (Imagen 3). Este es el caso del Museo Casa de la Memoria Indómita (mcmi) que se fue inaugurado el 14 de junio de 2012. El edificio7 fue concedido en comodato por el Gobierno del Distrito Federal a la fundación Por la Vida y la Libertad de los Desaparecidos que preside Rosario Ibarra. El nombre del museo hace referencia a la “lucha de las familias de los desaparecidos políticos mexicanos”. El espacio cuenta con dos áreas centrales, una de carácter testimonial en la que se exhiben documentos, fotografías y objetos relacionados con el periodo de represión y violencia en los años setenta. La otra área está destinada a la realización de actividades y expresiones artísticas que contribuyan a la construcción de memoria viva, promover la movilización social y la defensa activa de los derechos humanos.

21En ese mismo año (2012), surge Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (fundenl) con la articulación de los familiares de trece personas desaparecidas. Pero este colectivo no había logrado tener un diálogo o una reunión con el gobernador estatal y tampoco existían mesas de seguimiento en torno a sus casos de desaparición. Por ello, esta organización de familiares decidió hacerse visible en el espacio público y evocar a sus desaparecidos. Una de sus estrategias consistió en nombrar de manera simbólica “Plaza de la Transparencia de la Víspera” a una plaza pública que tiene una fuente con una escultura de cristal. Según los integrantes de este colectivo, su objetivo era re-significar la plaza al convertirla en un “lugar de esperanza y reencuentro de todas esas personas desaparecidas”.

22El 11 de enero de 2014, los familiares colocaron en la escultura de cristal los nombres completos de las personas desaparecidas con la leyenda “desaparecido” o “desaparecida” y la fecha en que se perdió su rastro. De esta forma, los desaparecidos se encontraban presentes y los familiares esperaban que cada uno de ellos a su regreso quitará su nombre del cristal (Martínez, 2014). Tres meses después, los nombres fueron removidos de la escultura de cristal por funcionarios públicos. Para los familiares esto significó una ofensa muy grande por lo que regresaron a colocar nuevamente los nombres. Sin bien los familiares volvieron a apropiarse de la escultura de cristal, lo hicieron sin llegar a un acuerdo con las autoridades estatales, razón por la cual argumentan sentir miedo y temor de ser confrontados o reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado.

23Por su parte, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (mpjp), en los diálogos que sostuvo con el presidente Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec, exigió la creación de un memorial para las víctimas de la violencia en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Como respuesta a esos diálogos, el presidente Calderón impulsó la creación de un “Memorial a las víctimas de la violencia en México” que no representó una solución satisfactoria a las demandas del mpjd. Los familiares de las personas desaparecidas y activistas del movimiento argumentaban que el memorial ubicado a un costado del Campo Marte no era un espacio adecuado para honrar a las víctimas de las agencias de seguridad del Estado, y el mensaje principal de ese espacio se sustenta en “conmemorar la guerra” y no a las víctimas de la violencia. Cabe decir, que este memorial se creó en un espacio que estaba bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional.8 El lugar tiene una superficie de 15 mil metros cuadrados donde se colocaron placas de acero con frases sobre la justicia y la muerte de autores como Martin Luther King, Octavio Paz y Gabriel García Márquez.

24Ante las nulas respuestas gubernamentales a la demanda por preservar la historia de las víctimas y los pocos recursos económicos con los que contaba el mpjd, los activistas y familiares encontraron formas alternas para construir espacios de memoria para recordar a los muertos, los desaparecidos y el dolor que se padeció en el país durante el periodo de violencia 2006-2012. En noviembre de 2012, el mpjd pronunció una declaratoria en la que se definió al monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana, conocido como la Estela de Luz, “Memorial para las Víctimas de la Violencia y Estela de la Paz”.

25Este monumento fue conocido como un símbolo de la corrupción del sexenio presidencial de Felipe Calderón porque su construcción estuvo plagada de irregularidades, por ejemplo, en sus inicios tenía contemplado un costo total de 339 millones 215 mil pesos que luego se elevó a más de mil 300 millones de pesos (Proceso, 2013). La estela es una estructura de acero con dos planchas armadas por paneles de cuarzo que tiene 104 metros de altura. De forma oficial, la Estela de Luz no es un memorial para las víctimas, pero a este espacio se le ha dotado de un sentido de resistencia porque se convirtió en un lugar de encuentro para el mpjd y otras manifestaciones de protesta (Garza, 2015).

26Una de las manifestaciones públicas más simbólicas de ese periodo de protesta fue el llamado “Recuento de los daños: sexenio de la muerte”, que se realizó el día 28 de noviembre de 2012 en la explanada de la Estela de Luz. Para los integrantes del movimiento, esta acción representaba la última oportunidad de protesta que el mpjd tenía en el sexenio del presidente Calderón, y por esta razón, se requería de mucha organización. Durante varios días se llevaron a cabo múltiples reuniones donde había una pluralidad de opiniones sobre las acciones y el lugar en el que se realizaría este acto de protesta. La principal disyuntiva versaba en que el movimiento ya no tenía la capacidad para convocar masas, sin embargo, todavía podía influir en la opinión pública y quizás en la siguiente administración federal (2012-2018).

27La fecha y el lugar eran el único consenso en torno a la organización del acto de protesta. Los asistentes a las reuniones coincidían en que la protesta sería el día 28 de noviembre en la explanada de la Estela de Luz porque ese día se cumplía un año del asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez en Hermosillo, Sonora. Don Nepo – como le decían sus compañeros–, se integró al mpjd para exigir justicia por la desaparición de su hijo, pero sus denuncias habían causado gran impacto en la opinión pública. Esto debido a que el propio Nepomuceno narraba cómo su hijo Jorge Mario Moreno había sido detenido el 1 de julio de 2010 por policías del estado de Sonora cerca de Ciudad Obregón y desde entonces nunca lo volvieron a ver. Durante el acto de protesta fueron proyectados en el monumento de la Estela de Luz diversos audiovisuales que contaban la historia de Don Nepo y la de su hijo Jorge Mario.

28También se colocaron placas de acero en memoria de las víctimas de la violencia y se propuso que la Estela de Luz sería un espacio de reunión cultural y social abierto a las diferentes expresiones del arte y la promoción de una cultura de paz (mpjd, 30 de noviembre de 2012). Sin embargo, esta iniciativa ciudadana no prosperó, ya que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación rechazó la propuesta, y al día siguiente, las placas que habían sido colocadas por el mpjd para recordar a las víctimas fueron retiradas por personal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) (SinEmbargo.mx, 2013).

29Aunque en el periodo 2006-2012 había un consenso entre autoridades gubernamentales y el movimiento conformado por activistas de derechos humanos y familiares de las personas desaparecidas sobre la necesidad de conversar y recuperar la memoria de las víctimas, también existían múltiples disputas sobre los modos y procesos sociales para recordarlas. El memorial situado a un costado de Campo Marte y el monumento de la Estela de Luz son ejemplo de esos espacios de conflictividad y disputa entre actores con distintas voluntades e intereses que lucharon por recordar o dejar en olvido ciertos hechos del pasado (Husffschmid, 2012).

Notas finales: entre memoria, silencio y olvido

30Sin bien la principal demanda de los familiares ha sido que aparezcan las personas desaparecidas, obtener información sobre lo que pasó con ellas y justicia, también ha sido muy importante para su lucha social y política mantener vigente la historia de las víctimas en el espacio público (Imagen 4). Activistas en derechos humanos y familiares de las personas desaparecidas y asesinadas se han convertido en “emprendedores de memoria” (Jelin, 2002) al documentar los casos de las víctimas y recuperar información sobre los hechos del pasado que fueron silenciados o negados.

31A los colectivos de familiares de personas desaparecidas junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (mpjd), se les puede adjudicar una notable influencia en la agenda gubernamental para la creación de nuevos espacios institucionales destinados a garantizar los derechos humanos y la memoria de las víctimas. Pero el gobierno de Felipe Calderón respondió con la formulación de políticas públicas que más bien legitimaban su enfoque de seguridad y poco tomaban en cuenta las demandas e ideas que habían surgido en el diálogo con los familiares y activistas del mpjd. Este fue el caso del Memorial a las Víctimas de la Violencia en México, que por su ubicación a un costado de Campo Marte, significó un agravio para las familias de las víctimas de las fuerzas de seguridad.

32Así, la memoria se ha configurado como un espacio de disputas y dilemas en torno a la preservación de un pasado reciente de represión y violencia en México. No obstante, aún es largo el camino por recorrer para llegar a la definición de políticas estatales de memoria. Entre las dificultades para establecer procesos, políticas y debates en torno a la memoria se encuentran la formulación de un diálogo entre los familiares de las víctimas con las instituciones y autoridades públicas. Así como la voluntad ético-política de ambas partes para participar en la construcción de una memoria colectiva, que sea el resultado de un trabajo constante de recuperación de un pasado que reconozca y dignifique a las víctimas.