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Indianidad, etnocidio e indigenismo en América latina

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Instituto Indigenista Interamericano
, 
Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines

Primera Parte. Las políticas indigenistas

Capitalismo y etnicidad: la política indigenista de Perú

Henri Favre

Texte intégral

1San Martín y los libertadores no se equivocaron en absoluto. Al considerar al indio como una secuela del colonialismo español, formularon sobre la naturaleza de la indianidad un diagnóstico cuya pertinencia aún tardan en admitir las ciencias sociales. En efecto, durante tres siglos, y a pesar de las veleidades de la Corona española, cuya política osciló entre la segregación absoluta y la integración total, pero que jamás pudo imponer opciones tan radicales a los intereses creados localmente, la sociedad colonial había tendido a mantener a la población autóctona al margen de la cultura occidental. Esta marginación se traducía en la negación del acceso a los bienes culturales estratégicos, tanto materiales como simbólicos: la lengua española, el alfabeto, el caballo, el molino y, en forma general, el conjunto de la tecnología avanzada de la época cuyo monopolio los colonizadores se adjudicaban. Si la marginación perpetuaba de esta manera la alteridad de los colonizados, al mismo tiempo contribuía a perpetuarlos en su situación de inferioridad y de dependencia sociales determinada directamente por esta diferencia cultural. Al fin y al cabo, ella acababa por entregarlos enteramente a la dominación de aquellos que, culturalmente mejor armados, se colocaban en los peldaños superiores de la sociedad, Conviene, pues, estudiar al indígena –es decir a ese campesino excluido y que, por eso, está sometido a modalidades específicas de opresión y explotación– como categoría de la formación social sui generis que los españoles implantaron en las Tierras Altas andinas y mesoamericanas después de la Conquista.

2Sin embargo, para eliminar esta secuela del régimen destituido, hubiera sido necesario ir mucho más allá de las medidas que tomaron los gobiernos de las jóvenes repúblicas de Perú, Bolivia y Ecuador a partir de 1821, cuyos dirigentes otorgaron al indígena los derechos de ciudadanía, suprimieron el estatuto legal que le había sido otorgado, y desmantelaron la organización comunitaria en la que estaba confinado. En la coyuntura continental de principios del siglo XIX, estas medidas que no tocaban sino la condición jurídica de los indígenas no surtieron efecto, y en ocasiones hasta fueron contraproducentes. La crisis económica enfatizó aún más el carácter señorial de una formación social cuyas estructuras no habían sido modificadas. La consolidación de la gran propiedad patrimonial a expensas de las antiguas tierras realengas y de los territorios de las viejas comunidades provocó la extensión de la servidumbre. Los mecanismos generadores de la indianidad continuaron operando sobre el campesinado, y llegaron a reducir a la condición social y cultural de indígenas a numerosos individuos pauperizados, los que legítimamente podían enorgullecerse de ascendencia europea. En muchas partes, el Estado embrionario, bajo la presión de duras necesidades financieras, terminó por restaurar, mediante la vía fiscal, esta categoría colonial que había sido solemnemente abolida algunos años antes. En 1826, en Perú, los indios rebautizados indígenas o peruanos por oposición a los no indios o castas, se hallaron sometidos al pago de la “contribución”, nueva denominación del tributo. El vínculo colonial con España había sido roto, pero el colonialismo perduraba: se había vuelto interno.

3Es preciso esperar al último tercio del siglo para que se plantee oficialmente el problema indio y que se esboce dentro del Estado –a cuya construcción se abocan ahora grupos capitalistas emergentes– una política dirigida a resolver ese problema. Esta política que se orienta hacia la asimilación de los indígenas y su integración en una sociedad de clases en vías de formación pretende realizar la unidad de la Nación. Se propone reducir las disparidades étnicas y borrar las diferencias culturales con el fin de “nacionalizar” el cuerpo social homogeneizándolo. El indigenismo estatal, por el ideal nacionalizador que proclama, se distingue de las otras corrientes indigenistas que comienzan a cristalizar en la opinión y entre las cuales algunas encubrirán más tarde tendencias federalistas, clasistas, regionalistas, racistas, tradicionalistas y otras que quedan aún por esclarecer.

  • 1 Para Perú, este inventario ya fue hecho por Thomas Davies, Indian Integration in Peru; a Half Cent (...)

4El objeto de las páginas que siguen no consiste en hacer el inventario de las leyes y decretos que el indigenismo de Estado produjo en el curso de los 100 últimos años en los países andinos,1 ni evaluar el alcance que cada uno de estos textos pudo tener. Pretendemos simplemente, limitándonos esencialmente al caso de Perú, investigar, más allá de sus justificaciones conferidas por la ideología nacional, los determinantes reales de la política indigenista, a partir de la hipótesis según la cual las disposiciones gubernamentales referentes a los indígenas entran en secuencias que corresponden lógica y cronológicamente a las diferentes fases de la edificación local del capitalismo, y tienden a favorecer la expansión de las fuerzas productivas. Se trata de mostrar que, a pesar de ciertas apariencias, esas medidas no son tan circunstanciales como a menudo se ha pretendido, que se articulan entre sí y que en su articulación conforman un postigo importante de la política general de desarrollo de la sociedad.

5Quisiéramos asimismo interrogarnos acerca de las probabilidades de modificación o cambio que la política indigenista es susceptible de plantear a corto o mediano plazo en Perú y en los otros países andinos, como consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo y de la entrada del capitalismo en una nueva fase caracterizada por la transnacionalización del capital. El ejemplo de México, donde el Estado parece haber renunciado desde hace unos años a sus principios asimilacionistas e integracionistas para orientarse hacia una especie de gestión de la etnicidad, servirá de soporte para una breve reflexión prospectiva sobre el desarrollo futuro del indigenismo en los Andes.

  • 2 Investigación que emprende el Equipe de Recherche sur les Sociétés Indiennes Paysannes d’Amérique (...)

6Finalmente, se perdonará el aspecto esquemático de este texto falto de matices, de lo cual el autor está consciente; más que el resultado de una encuesta representa la exposición problemática de una investigación en sus inicios.2

  • 3 Sobre este punto ver Heraclio Bonilla, Guano y burguesia en el Perú, Lima, 1974.
  • 4 Sobre el desarrollo del capitalismo peruano, además de la obra citada anteriormente de Bonilla, se (...)

7El aprovechamiento de los yacimientos costeros de guano, en los aires 40 del siglo pasado, provoca un giro en la coyuntura que había mantenido a la economía peruana en un estado de depresión desde principios de siglo. La extracción y comercialización de este abono natural, que compraban los países europeos, generan rápidamente un proceso de acumulación interna.3 Ellas favorecen la constitución de un ahorro privado que se invierte, en primer lugar, en las haciendas del litoral. Los nuevos terratenientes emprenden la tarea de modernizar las viejas haciendas de los oasis de la costa y de transformarlas en plantaciones que producen para el mercado mundial. Se lanzan en una primera etapa al cultivo de la caña de azúcar, luego un poco más tarde al del algodón. Sacando provecho de la crisis cubana, la caña hace considerables progresos en el norte costero. En 1875 Perú, que había exportado 4 500 toneladas de azúcar dos aires antes, exporta 15 950, cifra que se eleva a 55 370 en 1876. En esta fecha, ya existen 235 plantaciones de caña en el litoral, 62 de las cuales alrededor de Chiclayo, 38 en los alrededores de Trujillo, 32 en el valle de Pacasmayo y 29 en el de Lambayeque.4 Así se desarrolla, a principios del último tercio del siglo XIX, el capitalismo en Perú. Económicamente, se limita por completo al sector llamado primario, el de las actividades agrícolas a las que se agregarán a fines del siglo XIX, las actividades mineras, ambas orientadas hacia la exportación. Geográficamente, se concentra en la estrecha franja costera y no afecta a la región interior de la sierra más que mediante los enclaves que constituirán posteriormente, a fines de siglo, los centres de extracción del mineral de cobre, plomo y zinc.

  • 5 Ref. Watt Stewart, Chinese Bondage in Peru, Durham, 1951.

8El principal obstáculo que encuentra el capitalismo lo constituye la escasez local de mano de obra. La costa, en efecto, está poco poblada. Su población autóctona había sido destruida hacía ya tiempo. En 1985, el virrey español de la época estimaba que de los dos millones de indios, aproximadamente, que deberían haber ocupado el litoral en vísperas de la Conquista, no quedaban en total más que 4 000 familias. Durante el período colonial, había sido necesario introducir esclavos negros traídos de Africa, cuyo número se elevaba a unos 17 000 en el momento de la Independencia. Pero este contingente de esclavos era demasiado débil como para satisfacer las nuevas necesidades. Desde antes de la abolición de la esclavitud, que ocurre en 1854, ciertos hacendados fletan navíos o financian expediciones marítimas a Hawai, Polinesia y la isla de Pascua. La población de la isla de Pascua, en especial, no se recuperará jamás de las sangrías demográficas a que la someten estos piratas al servicio de los grandes intereses azucareros peruanos. Sin embargo, los hawaianos, polinesios y pascuanos constituyen una fuerza de trabajo que resulta demasiado frágil al utilizarse. Así, en 1849, por iniciativa de un hacendado de Ica, el gobierno decide recurrir a la inmigración china. Las autoridades portuguesas de Macao favorecen este movimiento migratorio que se efectúa en condiciones dramáticas. Los migrantes son frecuentemente reclutados por la fuerza y vendidos a las compañías que se encargan del transporte y de su distribución en las plantaciones peruanas. Durante la vigencia del contrato que teóricamente han firmado y cuya duración inicial, de cuatro años, rápidamente pasa a ocho, se les obliga a residir en los lugares de trabajo. Entre esta población transplantada contra su voluntad y esclavizada en un país cuya lengua ignora, los suicidios son numerosos y las revueltas frecuentes. La más importante ocurre en Pativilca en 1870.5

9Es así que de 1 849 a 1874 entran en Perú entre 85 000 y 100 000 chinos. Aunque buen trabajador, el chino cuesta caro. El periódico limeño La Patria calcula que cada chino le sale a razón de 204 pesos por año a su amo, a q ien sin duda le convendría –sugiere este órgano de prensa– recurrir al trabajo libre. Cuando en 1874, ante la presión de la opinión internacional, Portugal pone fin a la emigración china, los hacendados deben resignarse finalmente a contratar a trabajadores libres. Pero para poder recurrir al trabajo libre, antes hay que crear un mercado de trabajo que aún no existe. Las grandes masas demográficas que podrían alimentarlo se encuentran todavía establecidas en el interior andino, controladas por las viejas aristocracias terratenientes que las dominan con un poder colonial, La urgencia de crear un mercado de trabajo vuelve inevitable el conflicto entre el grupo de los capitalistas costeros y el de los hacendados de la sierra, que siempre han monopolizado la mano de obra, conflicto que la importación de trabajadores traídos del Pacífico y China había permitido aplazar.

  • 6 El Diario de Avisos de Guayaquil, sobre todo en su número 1485 del 27 de marzo de 1893, del que se (...)

10El problema se plantea en idénticos términos, más o menos en el mismo momento, en Ecuador, donde los hacendados de la llanura litoral de Guayaquil intentan desesperadamente abrirse un acceso a la fuerza de trabajo indígena del interior. El choque de sus intereses con los de los terratenientes tradicionales de la sierra se torna evidente cuando la población indígena de la región del Chimborazo se subleva en 1893. Para la prensa de Quito, que refleja fielmente la opinión de los hacendados, esta sublevación es una nueva “guerra de castas” declarada a la Civilización por la Barbarie. Los diarios de Guayaquil son mucho más circunspectos. El Diario de Avisos ve en el movimiento insurreccional la consecuencia lógica e ineludible del sistema de opresión en el que las élites serranas mantienen a los indígenas, sistema que el órgano de los grupos económicos costeros denuncia no tanto por su injusticia como por su arcaísmo y baja productividad. En su número del 27 de marzo de 1893, el diario amplía el debate: “El interior que no produce casi nada, posee brazos en demasía... mientras que la costa, esta gran colmena de nuestra patria, sin cuyo trabajo la República no sería nada.. carece de ellos”. Todo sucede como si se conservara a “los indios en el interior para que se subleven por millares, en lugar de hacerlos venir al litoral para que se civilicen y adquieran hábitos de trabajo y ahorro”. Si continúa viviendo en la sierra, “sin posibilidad de enriquecerse, la raza india no saldrá jamás de su estado actual de postración”. Para resolver el problema, hay que arrancar al indígena de sus tutores tradicionales que lo mantienen en el ocio y la miseria. La solución preconizada consiste en generalizar la conscripción militar entre los indígenas y enviarlos a la costa donde, una vez terminado su tiempo de servicio en el ejército, venderían su fuerza de trabajo en las plantaciones y “tomarían así poco a poco conciencia de las ventajas que procura la vida moderna”.6 Pero los hacendados que no tienen la intención de dejarse despojar de “sus” indígenas cuidan de que esta sugerencia sea descartada.

11Es también una sublevación indígena la que da a los capitalistas peruanos la oportunidad de distanciarse de los hacendados del interior, con quienes aún deben compartir el manejo del aparato estatal. En 1902, los indígenas de la provincia de Chucuito se levantan La sublevación es reprimida por la fuerza pública, pero el Congreso, donde los grandes intereses costeros son defendidos por el partido civilista, nombra una comisión para investigar las causas del movimiento. El informe que presenta la comisión ante la Cámara de diputados es aplastante. Más allá de la denuncia de los abusos de toda índole de los que son víctimas los campesinos indígenas de las regiones meridionales, éste es, en realidad, un juicio a los terratenientes tradicionales que se instruye por primera vez oficial y públicamente. En 1909, una mayoría parlamentaria civilista vota una ley que prohíbe los servicios personales que se exigen a los indios. En 1916, el civilismo, que se ha consolidado en el poder, hace que se apruebe un texto legislativo que pretende introducir relaciones de producción capitalista en la formación social precapitalista de la sierra. Esta ley obliga a los hacendados a remunerar a sus trabajadores en efectivo. Fija la remuneración mínima en 0.20 centavos por día, cantidad que representa el salario promedio del obrero agrícola de las plantaciones. Por otra parte, prohíbe retener la mano de obra en las haciendas contra su voluntad y secuestrar bienes, animales o personas, por deudas. Esta ley es importante, aunque sus efectos serán de alcance limitado. Revela intención de destruir el sistema de dominación vigente en el interior, para promover la movilidad de la mano de obra en beneficio de las plantaciones costeras. No es seguro que el legislador hubiese pensado que los hacendados pudieran asalariar a sus antiguos siervos sin arruinarse a sí mismos. Para él, lo esencial era, sin duda, liberar a los indígenas de su servidumbre y que fueran a engrosar las filas siempre ralas del proletariado. En su concepción, los indígenas emancipados no podrían sino abandonar a sus antiguos amos para dirigirse a los polos de desarrollo capitalista del litoral y aceptar los empleos asalariados que se les ofrecían en esa región.

12En 1919, el ascenso de Leguía a la presidencia marca el triunfo definitivo de la oligarquía capitalista costera sobre las aristocracias terratenientes del interior que son avasalladas y marginadas. Los 11 años durante los cuales Leguía conservó el poder presencian la racionalización de una política indigenista cuyos cimientos habían sido colocados por los civilistas a principios de siglo. La finalidad de esta política no cambia. Se trata, y más que nunca, de desligar al campesino indígena de la gleba, para hacerlo entrar en el mercado de trabajo. En apariencia, la primera medida indigenista de la nueva administración parece ir en contra de ese objetivo. La constitución promulgada en 1920 reconoce en efecto la existencia legal de las comunidades indígenas (artículo 58) cuyas tierras se vuelven inalienables (artículo 41). Pero esta disposición constitucional se toma menos en favor de los indígenas que contra los hacendados quienes, en el sur, particularmente en los departamentos de Puno, Cuzco y Arequipa, intentan compensar en extensión, mediante las tierras indias que invaden, lo que no pueden ganar en productividad, para tratar de seguir compitiendo con los dueños de plantaciones. Por otra parte, el mismo gobierno que protege a las comunidades de las amenazas exteriores representadas por los intentos de usurpación por parte de las haciendas periféricas que están en su última fase de expansión, organiza su destrucción desde el interior. En 1922, decide la supresión del cuerpo jerarquizado de autoridades, los varayoq, que constituía el elemento fundamental de la integración comunitaria. El reconocimiento legal de las comunidades y la supresión de los varayoq no son medidas contradictorias. Vistas en la perspectiva del desarrollo de las fuerzas productivas, la segunda aparece como el complemento indispensable de la primera. La comunidad, una vez sustraída a la codicia de las haciendas, está condenada a desintegrarse a perder su carácter corporativo, a transformarse en colectividad rural abierta. Es bajo estas condiciones que la mano de obra potencial que ella encierra podrá verterse sobre el mercado de trabajo. Mano de obra que resulta siempre insuficiente, ya que el Estado no encuentra el número necesario de campesinos separados de sus medios de producción para llevar a cabo su proyecto de construcción de caminos y debe recurrir al trabajo forzoso en el marco de la conscripción vial.

13No entraremos en detalles de las otras medidas de carácter indigenista que toma el leguismo. Nos limitaremos a destacar que en el curso de la década de los 20, el Estado tiende a ampliar sus atribuciones y a centralizar sus decisiones. El aparato estatal se desarrolla en el campo de la región interior, donde sus agentes se muestran cada vez menos sensibles a los intereses de los poderes regionales y locales tradicionales, Prefectos, subprefectos, jueces, controlados por una mano más firme desde la capital, aseguran a los campesinos indígenas una mayor protección contra los abusos más patentes de los hacendados reducidos a la defensiva. Por otra parte, estructuras administrativas de encuadramiento del campesinado indígena progresivamente se establecen. En 1921, en el Ministerio de Fomento, se crea la Dirección de asuntos indígenas. Al año siguiente, se funda el Patronato de la raza indígena que abre una oficina en la capital de cada departamento y de cada provincia. Una burocracia indigenista destinada a proliferar comienza a tomar directamente a su cargo a los indígenas.

  • 7 Baltazar Caravedo, Burguesia e industrialización en el Perú (1933-1945), Lima, 1976.

14La gran depresión y sobre todo la segunda guerra mundial señalan la entrada del capitalismo peruano en una nueva fase de su desarrollo. Hasta ese momento, Perú comercializaba productos agrícolas (azúcar, algodón), y minerales metálicos (cobre, plomo, zinc). Gracias a los ingresos obtenidos con la exportación de estos productos, Perú adquiría en el mercado mundial la casi totalidad de los bienes industriales que necesitaba. Ahora bien, en 1929, los precios de las exportaciones peruanas se hunden. En consecuencia, la importación de los bienes industriales debe ser considerablemente reducida por carecer de medios para financiarla. Habrá que esperar a 1940 para que la fuerte demanda de los países comprometidos en el conflicto internacional provoque una nueva alza de los precios que alcanzan muy pronto cimas jamás logradas. No obstante, el sistema de intercambio que prevalecía en vísperas de la crisis no se restablece. Las divisas captadas en gran cantidad no permiten comprar productos manufacturados. En efecto, éstos ya no son llevados al mercado por las grandes potencias industriales que reorientan su potencial de producción en función del esfuerzo bélico. Tal situación favorece el desarrollo de una industria nacional que tiende a producir en el país los bienes manufacturados que ya no pueden ser importados. Este proceso de industrialización por sustitución de importaciones será conceptualizado por los economistas de la Cepal en la década de los 50, pero en realidad se venta gestando desde unos 12 años antes. Se puede hacer remontar sus orígenes a las medidas tomadas por el gobierno de Benavides para alentar al capital nacional a invertir en la industria y para proteger la producción industrial nacional de la competencia extranjera mediante una manipulación de los aranceles aduanales.7

15Acantonado básicamente en el sector de las actividades agro-extractivas, el capitalismo peruano se extiende, entonces, al sector secundario, el que corresponde a las actividades manufactureras. Para continuar duraderamente su expansión en este sector, le hará falta, ante todo, mano de obra, pero una mano de obra cuyas características sean sensiblemente diferentes a las que emplean empresarios agrícolas y mineros. La industria requiere trabajadores a la vez estables y calificados, siempre provistos de ese mínimo de instrucción que no es exigido al bracero de una plantación o al barretero de un centro extractivo. Le hará falta, además, un mercado interno, es decir una población que disponga de ingresos suficientes como para absorber los bienes producidos. La industrialización sólo puede sostenerse si se cumple la doble condición de encontrar una fuerza de trabajo adecuada y contar con una masa de consumidores lo suficientemente amplia como para justificar la producción.

16A partir de esta época, la política indigenista contribuye a crear estas dos condiciones de las cuales la segunda, con el tiempo, toma cada vez más importancia en un país donde el ingreso está, extremadamente concentrado y donde la mayoría de la población vive todavía al margen de la economía monetaria. Si bien sigue tratando de integrar a los indios a la estructura nacional de clase –de hecho, de proletarizarlos– pone más énfasis en la asimilación cultural de éstos mediante la educación. Con esta finalidad asimilacionista se creó en 1929, en el Ministerio de Instrucción pública, la Dirección de educación indígena. Dos años más tarde, la Dirección coordina un ambicioso plan educativo con vistas a escolarizar a los niños indígenas. En 1939, “brigadas de culturización” inspiradas en las “misiones culturales” que Vasconcelos había creado en México en la década de los años 20, hacen su aparición. Cada brigada, que está compuesta por dos maestros, un enfermero, un técnico agrícola y un mecánico, tiene asignada un área dentro de la cual ejerce su actividad, pasando de un pueblo a otro para enseñar los rudimentos del español, de la higiene, de la agricultura moderna y de la mecánica, a la que el rápido desarrollo del transporte carretero promete un gran porvenir. El presidente Manuel Prado, que dio un lugar importante a los temas indigenistas en su campana electoral de 1939, adopta por lema “gobernar es educar”, y, para aplicarlo, asigna más de mil millones de soles al renglón de la educación en el presupuesto de 1940. La ley orgánica de instrucción pública que él promulga al año siguiente se fija como objetivo “culturizar al indio” (artículo 39). En las escuelas donde la mayoría de los niños no comprende el español, la enseñanza podrá impartirse en lengua indígena, pero el objetivo final seguirá siendo la castellanización (artículo 124). De todas maneras, la creación de escuelas especiales para los indígenas está prohibida (artículo 127). Prado, durante su segundo mandato presidencial, y luego de él, Belaúnde, proseguirán este esfuerzo de generalización de la educación.

17La escuela no se limita a dotar a los indígenas con un bien cultural estratégico –el español– que les era inaccesible. Tampoco se limita a proporcionarles la capacitación que el sector industrial exige a la mano de obra. Despierta asimismo nuevas aspiraciones y nuevas necesidades. Contribuye a la formación de una demanda que la política indigenista se dedica a hacer solvente, a fin de ampliar el mercado interno de bienes y servicios. Inscribir al indígena en el circuito de intercambios monetarios, transformarlo no sólo en productor sino también, y cada vez más, en consumidor, tal es el sentido en que se orienta la acción indigenista. En 1940, una delegación peruana participa en los trabajos del primer Congreso indigenista interamericano reunido en Pátzcuaro a iniciativa de México, con el propósito de hacer una evaluación de las experiencias realizadas en el campo de la promoción cultural, social y económica de las colectividades indígenas. Este Congreso culmina con la fundación del Instituto indigenista interamericano al que se afilia el Instituto indigenista peruano creado en 1946, En 1949 se lanza un Plan nacional de integración de la población aborigen Poco después, Cooperación popular, más directamente ligada al partido en el poder, es creada en 1963. Estos organismos, a los que vendrá a agregarse Sinamos después de 1968, actúan a nivel local, en el marco de la comunidad indígena campesina a la que ofrecen los medios de emprender su propio desarrollo. La metodología del desarrollo comunitario que se aplica deja teóricamente en manos de los propios indígenas la tarea de definir el orden de prioridad de sus necesidades, en cuya satisfacción el poder público participa aportando el capital y la técnica. Pero en realidad, bajo la apariencia de una ideología pretendidamente “democrática” y cooperativista, esta metodología hace reacer en los indígenas, quienes deben suministrar colectivamente el trabajo como contrapartida a esos aportes, una parte sustancial del costo de su modernización. La reforma agraria de 1964, y luego la de 1969, que destruye definitivamente los vestigios del sistema tradicional de dominación en el interior andino, abrirán a los agentes de desarrollo comunitario amplias posibilidades de acción, y al Estado “desarrollista” unas no menores posibilidades de intervención sobre las masas rurales no organizadas, a las que no les queda otro remedio, les guste o no, que entrar en las nuevas estructuras tecno-burocráticas que les están destinadas. El régimen militar presidido por Velasco es un buen ejemplo de que todas estas posibilidades han sido aprovechadas.

  • 8 Es ésta la opinión de Davies (op. cit.), que concluye su obra con la afirmación tajante de que se (...)

18Consideradas independientemente unas de otras, es obvio que las medidas adoptadas por el Estado en favor de los indígenas desde hace más de un siglo no siempre surtieron efectos inmediatos y que su alcance a corto plazo fue a menudo reducido. Sin embargo, resulta exagerado afirmar que las leyes, decretos y programas indigenistas concluyeron en fracasos o no sirvieron para nada.8 Y sería totalmente erróneo creer que tan solo fueron dictados por un sentimiento humanitario y que no son prueba más que de una buena voluntad o una mala conciencia, o bien de una preocupación por disimular detrás de una fachada de honorabilidad los vicios de la sociedad. En realidad, constituyen los hitos de una política que favorece la transición al capitalismo y la expansión a la vez sectorial (de las actividades primarias de exportación a las actividades secundarias) y territorial (de los oasis costeros hacia el interior andino) de este nuevo modo de producción. En lugar de confrontar los resultados de cada uno de ellos con los objetivos que proclaman, es preferible situarlos en el contexto del movimiento general de la sociedad que les confiere su verdadero significado.

19Queda por saber si, en el futuro, la política indigenista tiene posibilidades de proseguir en base a los mismos principios que no ha dejado hasta hoy de aplicar. El agotamiento del modelo nacional de desarrollo, el cuestionamiento de la división internacional del trabajo y el surgimiento de un nuevo orden mundial –o, lo que es lo mismo, la entrada del capitalismo en una nueva fase– justifican esta interrogante.

20El agotamiento del modelo nacional de desarrollo no se manifiesta solamente en Perú ni está ligado al fracaso de la experiencia realizada por las fuerzas armadas a partir de 1968. El fenómeno se observa, con mayor o menor intensidad, en los demás países andinos y de América Latina que han tomado, en diferentes grados, conciencia de ello. El estado crítico al que conduce es el resultado de una combinación de varios factores. El primero de estos factores lo constituye la demografía, una demografía galopante que hace crecer la población al ritmo del 3% anual. La tasa anual de crecimiento que se estimaba en 1.4% en 1940, pasa, en efecto, a 2.4% en 1954, para alcanzar el 3.1% en 1970, nivel en el que tiende a mantenerse a lo largo de la década. En un país que contaba con menos de 7 millones de habitantes en 1940, el censo de 1961 arroja 10.5 millones, y el de 1972, 13.5 millones. Según las últimas estimaciones, Perú contaría hoy con alrededor de 19 millones de habitantes. Su población se habría, pues, casi triplicado en poco menos de 40 años.

  • 9 Sobre los movimientos migratorios interregionales y los fenómenos de urbanización “incontrolable”, (...)

21Durante este mismo período, las corrientes migratorias internas que comienzan a perfilarse a principios de la década de los 40, modifican considerablemente la distribución geográfica de esta población en fuerte expansión. En número cada vez mayor, los migrantes que vienen del interior bajan por la vertiente occidental de la cordillera para establecerse en la Costa. El interior montañoso, donde en 1940 vivía todavía el 62% de los peruanos, no retenía más que el 51.5% veintiún años más tarde, mientras que los pobladores de la estrecha franja litoral que representaban el 25% del conjunto de la población, crecen hasta representar el 40%. Es probable que hoy el peso demográfico del litoral equilibre y esté a punto de sobrepasar el del interior. Las ciudades costeras son los principales puntos donde desembocan esas corrientes migratorias que desplazan el centro de gravedad de la población. Entre 1940 y 1965, Chiclayo y Piura ven triplicarse el número de sus habitantes, en tanto que Chimbote, pequeño centra pesquero de 4 000 habitantes, acoge por lo menos a unos 100 000 recién llegados. En cuanto a la aglomeración metropolitana Lima-Callao, estalla literalmente ante la oleada de los provincianos, incapaz de controlarlos y canalizarlos. De 600 000 habitantes en 1940, su población pasa a 1.8 millones en 1961, luego a 3.3 millones en 1972. Se rodea de urbanizaciones espontáneas, las barriadas, donde actualmente se hacinan entre un tercio y la mitad de sus 5 millones de habitantes.9 Puesto que las tendencias demográficas tienen una gran amplitud, se debe tomar en consideración al principio de cualquier análisis a largo plazo, la que está disparando la curva de población. Aun cuando la fecundidad cayera inexplicablemente de la noche a la mañana, todavía continuaría prevaleciendo esta tendencia unos 40 años más.

  • 10 Guillermo Briones y José Mejía Valera, El obrero industrial; aspectos sociales del desarrollo econ (...)
  • 11 Señalaremos a este respecto que las disposiciones del Acuerdo de Cartagena sobre las inversiones ex (...)

22Hacia 1950, el problema que había preocupado tanto a los promotores del capitalismo peruano parece solucionado. Alimentado por las fuertes migraciones interregionales, se había constituido un mercado de trabajo relativamente homogéneo y fluido. Las necesidades de mano de obra de las empresas modernas de la costa se hallaban cubiertas, al menos cuantitativamente. Pero otro problema, que sólo surgirá a la luz mucho después, est á germinando. Por notable que sea el desarrollo de la economía, respaldado por la industrialización, es sin embargo insuficiente para dar trabajo a los que, cada vez más numerosos, vienen a solicitarlo. Treinta años antes, la oferta de empleo excedía a la demanda, ahora es la demanda la que excede a la oferta, y esto en proporciones crecientes. La capacidad de la industria para crear puestos de trabajo se muestra limitada, en todo caso interior a las expectativas y muy inferior a las necesidades. Una investigación realizada por el Departamento de sociología de la Universidad de San Marcos de Lima a principios de la década de los 60 comprueba que el número de obreros industriales aumenta lentamente, y que no crece al mismo ritmo que el de las inversiones en el sector de las actividades secundarias.10 El hecho de que las empresas recurran a las técnicas más modernas que tienden a sustituir al hombre por la máquina, mediante inversiones cada vez más importantes, explica este relativo estancamiento del proletariado industrial. La intervención de las empresas transnacionales que comienzan a introducirse en Perú acentuará aún más la tendencia al deteriora de la tasa de empleos generados por unidad de capital invertido. Las transnacionales, en efecto, que poseen la tecnología más avanzada, inscriben progresivamente en la economía mundial a una industria que se había desarrollado dentro de las fronteras nacionales, y la someten con más rigor a los imperativos de productividad y competitividad.11

23Conviene señalar que las fuerzas armadas que toman el poder en 1968 con un programa de ruptura con el capitalismo no cuestionan a este modelo de desarrollo labor saving y capital intensive. Por el contrario, lo desarrollan hasta sus límites extremos y extienden su área de aplicación a la agricultura tradicional mediante la reforma agraria. A partir de 1969, se moderniza y se racionaliza el sector agrícola reformado. Las plantaciones azucareras de la costa que constituían ya verdaderos complejos agro-industriales altamente tecnificados se tecnifican aún más para poder prescindir de los servicios de los migrantes que bajan cada ano de la sierra a efectuar la zafra. Se estima en unos 20 000 el número de empleos temporales que las plantaciones azucareras han suprimido de este modo después de su nacionalización y de su organización en cooperativas agrícolas de producción. Las sociedades agrarias de interés social que reagrupan en la sierra a los latifundios expropiados y a las colectividades rurales circundantes contratan solamente a la mano de obra ya establecida en la ex hacienda y confinan a sus otros miembros a la condición de accionistas ociosos de la empresa. En cuanto a las comunidades campesinas, su estatuto contempla que su población no residente sea privada de todo derecho. La reforma agraria que no es en realidad más que una tentativa de redefinición en un sentido más amplio del “Perú útil” ciertamente ha contribuido a reducir la ocupación agrícola, mucho más que a elevar su nivel.

  • 12 Sector informal; funcionamiento y políticas, Prealc, Organización Internacional del Trabajo, Santi (...)

24En estas condiciones, aumenta el número de individuos no empleados o subempleados que viven de apaños y forman parte de lo que las instituciones internacionales llaman con un infinito pudor el “sector terciario informal”.12 En 1969, el gobierno militar evaluaba en un 24% la población económicamente activa que se hallaba en situación de desempleo más o menos disfrazado o de subempleo. El plan nacional lanzado en 1971 se proponía bajar ese porcentaje a 18% en cinco años, aumentando en un 40% el número de puestos de trabajo. Dos años después de finalizado el plan, las autoridades gubernamentales reconocían que este objetivo no se había alcanzado. No sólo el número de subempleados había aumentado de modo considerable, sino que además representaba el 47% de la población económicamente activa, en 1977, según las fuentes gubernamentales, y entre el 55 y el 60% según estimaciones menos conservadoras, pero quizá mejor fundadas. Por lo menos la mitad de los peruanos en edad de trabajar se hallaban condenados por el sistema social a la inactividad o a la subactividad. La masa que forman sobrepasa de lejos la dimensión de un “ejército de reserva” destinado a influir en los salarios, hasta el punto de representar una amenaza directa para el orden establecido. La interrogante no es ya saber a qué precio esta fuerza de trabajo es susceptible de venderse; más bien es saber si podría encontrar una ocupación, aun cuando aceptaría ofrecerse gratuitamente. Desde ahora la respuesta parece ser negativa

  • 13 Un análisis del cambio de la política indigenista de México a partir de 1971, es propuesto por Hen (...)

25La incapacidad del sistema social para absorber una población que está en expansión y que lo seguirá estando por mucho tiempo, para dotarla de un empleo y por ende de un ingreso, torna caducos los principios que siempre guiaron la política indigenista. La integración de los indígenas que la euforia de las décadas de los 40 y de los 50 llevó a estimar necesaria y próxima, se ha vuelto un objetivo perfectamente irreal que se sitúa cada vez más en el dominio de la utopía. México, que tomó conciencia mucho antes del atolladero en que desembocaba el modelo de desarrollo y de la grave situación que de él se derivaba, ya ha sacado todas sus consecuencias. En 1971 el indigenismo integracionista asimilacionista empezó a cuestionarse oficialmente. Incluso se denunció en nombre de la defensa de la etnicidad y de las culturas indígenas a las que se les descubrió de pronto virtudes insospechadas. El Instituto Nacional Indigenista con el cual se identificaba y que había elaborado una tecnología social original para promoverlo, veía reducidas sus atribuciones en provecho de nuevas instituciones, entre ellas el sindicato campesino del Estado. En unos anos, las comunidades indígenas fueron reagrupadas en “etnias” en base a criterios lingüísticos. Cada etnia fue dotada por la autoridad política o administrativa de un “consejo étnico” compuesto muy a menudo por maestros indígenas bilingües, es decir por funcionarios que tendrían el cometido de representar a su “pueblo” ante el gobierno mexicano, pero cuya actuación en relación con este mismo gobierno resulta muy reducida, puesto que es su patrón. En 1974, se inauguré solemnemente un Congreso nacional de los pueblos indígenas. Como medida de seguridad, a la delegación de cada “pueblo” la acompañaba un cierto número de “asesores fraternos” obligatoriamente no indígenas. Los debates, eficientemente conducidos, versaron esencialmente sobre reivindicaciones de orden cultural (protección de las lenguas indígenas, defensa de las tradiciones, valorización de la artesanía) cuya discusión prevaleció sobre la de los problemas sociales y económicos a los que tan duramente se enfrentan los indígenas. Esta nueva política indigensita, que va acompañada de un fuerte incremento del control administrativo y policiaco, y que se apoya en los elementos más conservadores y tradicionalistas de las comunidades cuya posición a su vez refuerza, se inserta por otra parte en un plan más general de contención y organización del conjunto del campesinado en su irremediable marginalidad. En 1977, en una serie de 13 emisiones difundidas por todos los canales de televisión rural y elocuentemente tituladas No tendrás ningún lugar a donde ir, el gobierno hacía saber a todos los campesinos que convenía que se resignaran a las condiciones en que se encontraban confinados, puesto que la sociedad no podía procurarles otras mejores.13

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26Dada la influencia que siempre ejerció el indigenismo mexicano en los países andinos y teniendo en cuenta la similitud de las situaciones a las que Perú y México deben hacer frente, es posible que el gobierno peruano reoriente en la misma dirección su política indigenista, en un plazo más o menos corto. La reforma agraria –y es éste su aspecto positivo– liquidó lo que quedaba todavía de la formación social colonial que generaba la indianidad y la reproducía. Posibilitó plenamente la integración de las masas indígenas en la estructura nacional de clases. Ahora bien, esta integración, en el momento mismo en que se torna por fin posible, ya no es realizable. Provocó entre los indígenas una explosión de demandas culturales, sociales, económicas y hasta políticas que se expresan de un modo cada vez conminatorio y a menudo violento. Ahora bien, esas demandas no pueden ser satisfechas por la sociedad, tal cual está constituida. Cierto que siempre se puede emplear la mano dura para mantener marginada esta población que el sistema social no puede utilizar, y recurrir a la policía y al ejército para reprimir la expresión de estas necesidades. Pero esta solución, además de conmover a los corazones sensibles, presenta la desventaja de ser poco eficaz a largo plazo. Desde 1975, el ejército peruano vive la trágica experiencia de sus carencias. La solución alternativa consistiría en almacenar los efectivos supernumerarios, en enclaustrarlos en sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones, en congelarlos en el arcaísmo y la miseria mediante una gestión de la etnicidad, como parece ya hacerlo México.14 No agreguemos nada más, para no correr el riesgo de dar a los gobernantes presentes y futuros ideas demasiado buenas, que sin duda ya tienen. Señalemos solamente que tal política no dejaría de encontrar etnólogos aficionados al exotismo para confeccionarle un ropaje ideológico decente con el lino blanco del relativismo cultural. Y debemos comprobar que algunos movimientos recientes que parecen un tanto folclóricos, como el Movimiento indio peruano, y que se hallan cercanos al poder, podrían hacerse el instrumento de este nuevo indigenismo.

27Unos 150 años después de San Martin, el general Velasco ha decretado la abolición del indio. Pero uno de sus sucesores bien podría resucitarlo, o, mejor todavía, hacer nacer de sus cenizas “pueblos” quechua y aymara, “etnias” wanka, kolla, lukana y otras, a quienes se les ensenaría cómo ser dignas de sus gloriosos antepasados precolombinos que vivían felices en sus tierras con 1 200 calorías diarias escarbando el suelo con la chakitaqlla, y que iban a reunirse con el dios Sol en su felicidad eterna a la edad promedio de 25 años, mediante los auxilios prestados por los brujos implorantes de Wamani Con bantustanes semejantes donde estarían acorralados bocas inútiles y brazos inexplotables, Perú vuelto “plural” se situaría más allá de la fase de Estado-Nación que jamás ha logrado alcanzar. Territorio multiétnico, abierto a la feudalidad de las transnacionales, prefiguraría entonces un futuro probable que nos concierne a todos. Sería su manera propia de adelantarse a su tiempo.

Notes

1 Para Perú, este inventario ya fue hecho por Thomas Davies, Indian Integration in Peru; a Half Century of Experience (1900-1948), Lincoln, 1974.

2 Investigación que emprende el Equipe de Recherche sur les Sociétés Indiennes Paysannes d’Amérique Latine que el autor dirige en Credal (CNRS).

3 Sobre este punto ver Heraclio Bonilla, Guano y burguesia en el Perú, Lima, 1974.

4 Sobre el desarrollo del capitalismo peruano, además de la obra citada anteriormente de Bonilla, se consultará a Henri Favre, “El desarrollo y las formas del poder oligárquico en el Perú, en François Bourricaud, Jorge Bravo y Henri Favre, La oligarquía en el Perú, Lima, 1969; y, del mismo, “Pouvoir oligarchique et réforme agraire au Perou”, en Henry Mendras e Yves Tavernier (eds.), Terre, paysans et politique, vol. 1, Paris, 1969.

5 Ref. Watt Stewart, Chinese Bondage in Peru, Durham, 1951.

6 El Diario de Avisos de Guayaquil, sobre todo en su número 1485 del 27 de marzo de 1893, del que se compararán los artículos que tratan sobre la sublevación de los indios del Chimborazo con los que publica sobre el mismo tema El Republicano de Quito.

7 Baltazar Caravedo, Burguesia e industrialización en el Perú (1933-1945), Lima, 1976.

8 Es ésta la opinión de Davies (op. cit.), que concluye su obra con la afirmación tajante de que se ha comprobado el fracaso (failure) de toda la política indigenista.

9 Sobre los movimientos migratorios interregionales y los fenómenos de urbanización “incontrolable”, nos remitiremos a los trabajos de José Matos, Las barriadas de Lima, Lima, 1966 y Urbanización y barriadas en América del Sur, Lima, 1968.

10 Guillermo Briones y José Mejía Valera, El obrero industrial; aspectos sociales del desarrollo económico del Perú, Lima, 1964.

11 Señalaremos a este respecto que las disposiciones del Acuerdo de Cartagena sobre las inversiones extranjeras sólo afectan a las empresas medianas. Las empresas transnacionales logran soslayar sin dificultad aparente estas limitaciones.

12 Sector informal; funcionamiento y políticas, Prealc, Organización Internacional del Trabajo, Santiago, 1978.

13 Un análisis del cambio de la política indigenista de México a partir de 1971, es propuesto por Henri Favre, “L’indigénisme mexicain: crise et reformulation”, en Le Mexique en 1976, Actes du Colloque international des mexicanistes, Perpignan, s.f. Este texto fue publicado en México bajo el título: “El indigenismo mexicano: crisis y replanteamiento”, El Trimestre Político, no. 2, 1977.

14 Las ciencias sociales, subordinadas al poder en turno, sistematizan las técnicas útiles a la gestión de la etnicidad, y los grupos de investigación prospectiva de ciertos organismos internacionales parecen otorgar a estas técnicas gran importancia en la administración del nuevo orden mundial.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1988

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