Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Las teorías de la guerra justa en el siglo XVI y sus expresiones contemporáneas

 | 
Gilles Bataillon
, 
Gilles Bienvenu
, 
Ambrosio Velasco Gômez

Tercera parte. Las expresiones contemporáneas

Narcotráfico, violencia política y políticas estadounidenses en Colombia durante los noventa

Bruce Michael Bagley

Texte intégral

1Este ensayo revisa el impacto de las políticas para el control de drogas de los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos en lo referente al cultivo de drogas, el narcotráfico y la violencia política en Colombia durante los años noventa. La tesis central es que la guerra respaldada por Washington y Bogotá contra las drogas en Colombia a lo largo de la década no sólo fracasó en su propósito de reducir el creciente narcotráfico y la corrupción correspondiente, sino que de hecho demostró ser contraproducente. Entre las consecuencias inesperadas más importantes están la explosión de las actividades de cultivo y producción de drogas, la dispersión y proliferación del crimen organizado y la expansión e intensificación de la violencia política y la guerra de guerrillas en el país. Como resultado, a principios del año 2000 Colombia enfrentaba amenazas más serias contra su seguridad nacional y estabilidad política que en 1990. En el ensayo se concluye que el incremento masivo de las deficientes estrategias antinarcóticos de la década pasada propuestas por la administración Clinton en enero de 2000 tienen mayores probabilidades de agravar los actuales problemas de la espiral de violencia y la inseguridad en Colombia que de resolverlos.

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE DROGAS EN COLOMBIA

  • 1 gao, Drug Control: Narcotics Threat from Colombia Continues to Grow, Washington, d.c., United Stat (...)
  • 2 Las estadísticas sobre los niveles de producción y cultivo en 1998 proceden de State Department, I (...)

2A pesar de que el gobierno estadounidense aportó casi mil millones de dólares para la lucha antinarcóticos de Colombia en la década de los noventa, en 1999 Colombia se había convertido en el principal cultivador de droga en el mundo, pues producía más hoja de coca que Perú y Bolivia juntos.1 Entre 1989 y 1998, la producción colombiana de hoja de coca aumentó un 140%, de 33 900 a 81 400 toneladas métricas. Más notable aún es el hecho de que los niveles de producción de hoja de coca de 1999 fueron de más del doble del total de 1998, y llegaron a alcanzar unas 220 toneladas. Estos impresionantes incrementos en la producción general reflejan el hecho de que entre 1996 y 1999, el número total de hectáreas de cultivo de hoja de coca en Colombia aumentaron casi un 100%, de 68 280 a 120 000 hectáreas. Esta explosiva expansión tuvo lugar a pesar de un programa permanente de erradicación de la Policía Nacional Colombiana, programa que fumigó una cifra récord de 65 000 hectáreas de coca tan sólo en 1998 (un 50% más de lo que se fumigó en 1997). Se calcula que este año — 2000 —, el área total de cultivo aumente a 200 000 hectáreas y podría llegar a las 500 000 para el 2002 si continúan las tasas actuales de expansión durante los siguientes años.2

3De manera simultánea, Colombia también mantuvo su posición como el principal refinador de cocaína en el mundo, abastecedor de un 80% (220 toneladas métricas) del total de las importaciones de cocaína (300 toneladas métricas, aproximadamente) introducidas en Estados Unidos en 1999. Se espera que en 2000 Colombia produzca entre 330 y 440 toneladas métricas de cocaína pura tanto de coca cultivada en el país como de base de coca introducida desde Perú y Bolivia.

4Durante los años noventa, la producción colombiana de la amapola del opio (la materia prima de la heroína) también tuvo un ascenso vertiginoso de cero toneladas métricas en 1989 a 61 en 1998. Aunque estos totales de producción significaban que Colombia seguía fungiendo sólo como un jugador relativamente menor en el mercado del mundo de la heroína (menos del 2% del abasto global total), le permitió convertirse en el mayor abastecedor de heroína en el este de Estados Unidos a fines de la década, a donde exportaba anualmente unas seis toneladas métricas de heroína pura.

5Con aproximadamente 5 000 hectáreas de cultivo, Colombia también siguió siendo un importante productor de marihuana a lo largo de la década. Tanto en 1998 como en 1999, Colombia abasteció cerca del 40% (4 000 toneladas métricas) del total de importaciones anuales de cannabis en el mercado de Estados Unidos.

  • 3 Asociación Nacional de Institutos Financieros, La economía de la cocaína: La clave para entender C (...)

6Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Institutos Financieros de Colombia informa que, en todo el mundo, las ventas callejeras de cocaína, heroína y marihuana colombiana sumaron 46 000 millones de dólares estadounidenses en 1999. Basándose en el presupuesto de que menos del 10% del total de ventas son repatriadas a Colombia cada año, la anif calculaba que las ganancias totales para el país por el tráfico ilícito de drogas sumó aproximadamente 3 500 millones de dólares estadounidenses en 1999. Con esta cifra, las ganancias producidas por la droga se situaron cerca de los 3 750 millones de dólares estadounidenses obtenidos por el petróleo — principal producto de exportación del país— y fueron más de dos veces y media superiores a las ganancias por exportación de café en 1999.3

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE DROGA EN LOS ANDES

  • 4 Véase State Department, op. cit.; Clifford Krauss, ”Peru's Drug Success Erode as Traffickers Adapt (...)

7A pesar de las apabullantes estadísticas, sería inexacto concluir que en su conjunto la ”lucha antinarcóticos” patrocinada por Estados Unidos en la región andina haya sido un fracaso rotundo durante los años noventa. En contraste con la situación colombiana, en Perú el cultivo de la coca disminuyó un 27% tan sólo entre 1996 y 1997, pues cayó de 96 000 a 70 000 hectáreas. En 1999 se cultivaban en Perú menos de 50 000 hectáreas de coca. El resultado directo es que la producción total peruana de cocaína también decayó estrepitosamente a lo largo de los noventa, desde una cima de 606 toneladas métricas en 1992 a 264 toneladas en 1998. Se pensaba que en el año 2000 Perú no produciría más de 192 toneladas métricas. Sin embargo, desde marzo de 1998 el repunte en el precio de la hoja de coca peruana ha amenazado con reimpulsar el aumento del cultivo en ese país.4

  • 5 State Department, op. cit.; Adalid Cabrera Lemuz, ”Bolivia erradica una cifra récord de coca”, en (...)

8Al igual que Perú, Bolivia también registró un descenso sustancial en el cultivo de la droga en esta década, con una caída de 48 800 hectáreas en 1996 a 46 000 en 1997, y hasta 38 000 hectáreas en 1998, mientras que el total de cocaína producido disminuyó de 248 toneladas métricas en 1992 a 77 toneladas en 1999. Se pensaba que en el año 2000 la producción boliviana cayera a sólo 55 toneladas métricas.5

  • 6 Clifford Krauss, op. cit.; ”Andean Coca Wars Special: A Crop that Refuses to Die”, en The Economis (...)

9Gran parte del éxito de los programas de erradicación y desarrollo alternativo en el Perú y Bolivia respaldados por Estados Unidos a fines de los noventa puede atribuirse a la interrupción del ”puente aéreo” que en años anteriores de esa misma década había permitido a las organizaciones colombianas de narcotraficantes transportar pasta de coca o ”base” de estos dos países andinos centrales hacia Colombia, donde posteriormente se refinaba para hacer la cocaína e introducirla desde ahí a Estados Unidos. El puente aéreo efectivamente se derrumbó a fines de 1995 luego de que la fuerza aérea peruana, bajo las órdenes del presidente Alberto Fujimori, comenzó a derribar aeroplanos sospechosos de narcotráfico que volaban entre Perú y Colombia. Efectivamente, durante 1995, los peruanos derribaron 25 aviones y obligaron a muchas otras naves sospechosas a aterrizar para inspeccionarlas. En consecuencia, entre abril y agosto de 1995, la demanda de hoja de coca se desplomó en el Perú y los precios cayeron en más del 60%. Junto con los esfuerzos más agresivos de erradicación emprendidos tanto por los gobiernos peruano y boliviano (con el respaldo financiero de Estados Unidos en 1996 y años subsiguientes, los programas de desarrollo alternativo comenzaron a gozar de bastante éxito entre los campesinos cultivadores de coca en ambos países. Sin embargo, una vez derrumbado el puente, los traficantes colombianos rápidamente expandieron el cultivo de coca en Colombia, llevando a su país a desplazar progresivamente a Perú y Bolivia como el mayor país cultivador de coca en el mundo a fines de los noventa.6

10En 1999, el éxito ininterrumpido del muy elogiado programa de erradicación de la coca del Perú se hallaba en grave peligro debido a que el precio de la hoja de coca volvió a dispararse ese año hasta alcanzar dos terceras partes de la cima anterior de 1995, lo que fue un renovado estímulo para el cultivo campesino. Son varios los factores que parecen explicar esta reactivación del cultivo de coca en el Perú. En primer lugar, los traficantes peruanos fueron encontrando formas de reabrir algunas rutas aéreas hacia Colombia y de reemplazar otras con vías terrestres, fluviales y marítimas, haciendo crecer la demanda internacional del cultivo de coca del Perú y haciendo más redituable el cultivo de coca en el país.

  • 7 Idem.

11La decisión de mayo de 1998 del gobierno estadounidense de suspender los vuelos de vigilancia awac y P-3 Orion sobre el Perú a fin de aumentar el espionaje aéreo en Colombia, donde aumentaba la actividad de los traficantes, redujo a ojos vistas la capacidad de los peruanos para interceptar los vuelos cargados de droga en su territorio. Las posibilidades de la policía peruana para llevar a cabo operaciones de intercepción se vieron aún más disminuidas cuando El Niño golpeó Perú a principios de 1998 y obligó a las fuerzas de seguridad del país a transferir helicópteros y aviones que normalmente se usaban en operaciones antidrogas a la costa del Pacífico para tareas de socorro y emergencia. Algo similar ocurrió cuando volvieron a desatarse las tensiones entre Perú y Ecuador en 1998, y las fuerzas militares peruanas tuvieron que enviar temporalmente algunos aviones a la región fronteriza, con lo que se redujeron las aeronaves disponibles para las actividades de intercepción. A fines de agosto de 1999, la administración Clinton aceptó reiniciar nuevamente los vuelos de vigilancia en el Perú para ayudar a las fuerzas aéreas peruanas a interceptar aviones ilegales.7

  • 8 Idem.

12En segundo lugar, los traficantes peruanos comenzaron a procesar la base de coca para transformarla en cocaína en su propio país, con lo que aumentó la demanda interna de hoja de coca. En tercer lugar, el consumo de cocaína en los principales centros urbanos subió sustancialmente a fines de 1990 (al igual que en otros grandes centros urbanos de toda la región en esa década), aumentando el margen de ganancias en el mercado local y la demanda general de hoja de coca en el Perú. Por último, el constante descenso en la disponibilidad de hoja de coca en Bolivia proporcionaría una ventaja adicional al cultivo de coca en el Perú (y en Colombia), especialmente con ocasión de la creciente demanda de cocaína en Europa, donde los precios en la calle a menudo llegaban a ser hasta del doble de los normales en Estados Unidos.8

INTERCEPCIÓN DE RUTAS DE NARCOTRÁFICO

  • 9 Office of National Drug Control Policy, The National Drug Control Strategy, 1998: A Ten Year Plan,(...)

13En 1999, cerca de 13 millones de consumidores de drogas de Estados Unidos gastaron unos 67 000 millones de dólares estadounidenses en drogas ilícitas, convirtiendo el mercado de Estados Unidos en el más lucrativo del mundo para los traficantes colombianos. Washington gastó aproximadamente dos terceras partes de los 17 800 millones de dólares estadounidenses que fueron su presupuesto antinarcóticos en 1999 en la intercepción de cargamentos y actividades relacionadas para disminuir el flujo hacia su país de drogas ilícitas procedentes de Colombia y otros lugares del hemisferio. Efectivamente, durante los años noventa el gobierno estadounidense puso gran énfasis en las actividades de intercepción como una táctica clave de su estrategia general en la lucha antinarcóticos.9

  • 10 gao, Customs Service: Drug Interdiction Efforts, Washington, d.c., United States General Accountin (...)

14Durante casi todos los años ochenta, el cártel de Medellín dominó el narcotráfico colombiano; sus principales rutas atravesaban (o sobrevolaban) el Caribe para entrar en Estados Unidos por el sur de Florida y otros puntos a lo largo de la costa atlántica del país. En la segunda mitad de la década, a medida que las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos aumentaron la presión sobre estas rutas ”tradicionales” de introducción, tuvo lugar una sustitución gradual de estas rutas caribeñas por otras que ahora cruzaban por Centroamérica y México para pasar la frontera suroeste de Estados Unidos. A principios de 1990, 70 u 80% de la cocaína que salía de Colombia entraban a Estados Unidos desde México, mientras que sólo 20 o 30% seguían llegando por el Caribe.10

  • 11 Tim Golden, ”Mexico and Drugs: Was u.s. Napping? ”, en The New York Times, 11 de julio de 1997; Pe (...)

15Este notable cambio en las rutas de contrabando se debió indudablemente al incremento en los esfuerzos de intercepción de las agencias ejecutoras de la ley, respaldadas por la creciente participación de las fuerzas militares estadounidenses (sobre todo la Armada y la Fuerza Aérea). El ”éxito” estadounidense en este frente de la guerra contra la droga no se tradujo, sin embargo, en una disminución de la cocaína (o la heroína) disponible en el mercado estadounidense, ni mucho menos en un aumento en los precios de la calle en los noventa. En la práctica, los traficantes de Medellín y Cali demostraron ser de lo más adaptables, pues establecieron sin tardanza nuevas rutas de contrabando para reemplazar las más viejas y peligrosas. En vez de reducir el narcotráfico de Colombia a Estados Unidos, el aumento en las operaciones de intercepción del Caribe simplemente provocó la ”extensión” de las actividades colombianas de contrabando a Centroamérica y México, junto con la corrupción y la violencia correspondientes que siempre acompañan las actividades de narcotráfico en gran escala.11

  • 12 Sam Dillon, ”Trial of a Drug Czar Tests Mexico's New Democracy”, en: The New York Times, 22 de ago (...)

16Originalmente, los cárteles colombianos de la droga dispusieron que las organizaciones mexicanas de narcotraficantes introdujeran su ”producto” en Estados Unidos cruzando la frontera mediante un simple pago por servicio. Sin embargo, para mediados de los noventa, cuando las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y Colombia desmantelaron los círculos de traficantes, primero en Medellín y luego en Cali, la mafia mexicana de la droga empezó a exigir droga y no dinero a cambio de sus servicios. Normalmente recibían hasta 40 o 50% de cualquiera de los envíos que manejaban. La expansión de los mexicanos en el negocio de la cocaína colombiana durante los noventa aumentó exponencialmente sus ganancias ilícitas y llevó a la consolidación de varios cárteles mexicanos (como el cártel de Juárez, el de Tijuana y el del Golfo) que pronto rivalizaron con las organizaciones colombianas por su tamaño, rentabilidad y violencia. Efectivamente, durante la segunda mitad de esa década, el surgimiento de estas nuevas y poderosas organizaciones criminales mexicanas desataron una oleada sin precedentes de violencia y corrupción relacionadas con la droga que pusieron en grave peligro el proceso naciente de democratización en el país.12

  • 13 Michael Riley, ”Mexico Claims Greater Success in War on Drugs”, en: Houston Chronicle (houstonchro (...)

17A lo largo de la década, Washington respondió al incremento en la actividad del narcotráfico en la frontera con México reforzando la aplicación de la ley antinarcóticos en el suroeste y presionando a la ciudad de México para que cooperara más plenamente con las autoridades estadounidenses en operaciones conjuntas de control de drogas en la frontera y en México. Aunque el éxito alcanzado en la obtención de ayuda mexicana sólo fue relativo debido a la extensa corrupción relacionada con las drogas en este país, a fines de los noventa las reforzadas operaciones de intercepción habían comenzado a lograr avances importantes en la reducción del flujo de la cocaína y la heroína colombianas a través de la frontera. Los esfuerzos mexicanos y estadounidenses para el control de drogas recibieron un fuerte impulso por las desavenencias que surgieron a fines de los noventa entre las organizaciones de narcotraficantes de México y Colombia en torno al exorbitante monto exigido por la parte mexicana en el tráfico de cocaína. El estallido de una violencia fatal entre las familias rivales de la mafia mexicana, sobre todo tras la muerte del jefe del cártel de Juárez Amado Carrillo Fuentes, ”el Señor de los Cielos”, en 1997, también contribuyó a que los colombianos dejaran de usar las rutas mexicanas y, por ende, a que el control de drogas en la frontera por parte de Estados Unidos tuviera mayor éxito.13

  • 14 Larry Rohter, ”Haiti Paralysis Brings a Boom in Drug Trade”, en The Neiv York Times, 27 de octubre (...)

18Sin embargo, nuevamente, este ”éxito” en las operaciones estadounidenses de intercepción sería más aparente que real. A fines de la década eran claras las pruebas de que los traficantes colombianos habían regresado a sus rutas clandestinas por el Caribe. Surgían cada vez más informes señalando que la cocaína y la heroína colombianas pasaban por República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico hacia Estados Unidos. También había más pruebas de un mayor empleo de contenedores de carga marítima para introducir cocaína en los puertos de la costa este de Estados Unidos y un retorno a las ”muías” o ”swallowers” (tragones) que viajaban en vuelos comerciales y cruceros para transportar heroína. A fines de 1999, quizá era hasta 50% del tráfico de cocaína colombiana y de 80 a 90% del tráfico de la heroína el que se encauzaba por el Caribe y ya no por México. Encabezando la lista de los países caribeños más socorridos para el tránsito estaban República Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico y Cuba. Este retorno a las rutas más tradicionales fue posible, en parte, por la decisión que Washington había tomado unos años antes de transferir parte del personal de aduanas del sur de Florida a la frontera suroeste, dejando las rutas del Caribe y del sur de Florida nuevamente expuestas. La grave recesión que sufrieron muchas economías de las islas del Caribe en la segunda parte de la década las dejaron sin lugar a dudas más vulnerables al contrabando de drogas y también a la corrupción con ellas relacionada.14

  • 15 Tim Johnson, ”Radar Gap helps Colombian Drug Smugglers”, en The Miami Herald, 5 de febrero de 2000

19El cierre en mayo de 1999 de la base aérea de Howard en Panamá, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por Washington en el tratado de 1977 de devolver el control de la zona del canal de Panamá a Panamá a fines de siglo redujeron aún más la capacidad de Estados Unidos para ejercer vigilancia aérea sobre las actividades de contrabando de droga colombiana. A lo largo de los noventa, la fuerza aérea de Estados Unidos usó Howard como base de las operaciones de la awac para monitorear las áreas que no lograban cubrir las tres estaciones terrestres de radares controladas por Estados Unidos y localizadas en el sur de Colombia. Con la pérdida de Howard, comenzaron los vuelos de contrabando de droga, sobre todo a lo largo de la costa colombiana del Pacífico, a fines de 1999. Las peticiones de más vuelos de vigilancia para Centro y Suramérica y el Caribe que el Southern Command de Estados Unidos con base en Miami elevó ante el Pentágono en 1999 se satisficieron sólo en 43% de las ocasiones. En 1999, el gobierno de Estados Unidos negoció derechos para mejorar una base aérea en Manta, Ecuador que sustituyera a Howard, pero a principios de febrero de 2000 la construcción de las nuevas instalaciones aún no había comenzado.15

  • 16 Tim Johnson, ”Colombia's War on Drugs goes Airborne”, en The Miami Herald, 11 de febrero de 2000.

20Desde 1998, la fuerza aérea de Colombia, al igual que su contraparte peruana, empezó a obligar a los aviones sospechosos de transportar droga a que descendieran bajo amenaza de disparar en su contra. En 1998-1999, se interceptaron 36 aviones; se disparó contra seis de ellos y otros 30 fueron destruidos después del aterrizaje. A principios de febrero de 2000, el ministro colombiano de la Defensa, Luis Fernando Ramírez, anunció que el gobierno de Pastrana se proponía aumentar sus actividades aéreas de intercepción en ese año con la ayuda de nuevo equipo proporcionado por la administración Clinton.16

LA DECADENCIA DE LOS CÁRTELES COLOMBIANOS

  • 17 Bruce Michael Bagley, ”Dateline Drug Wars: Colombia: The Wrong Strategy”, en: Foreign Policy, núm. (...)

21A pesar de que el cultivo y el contrabando de drogas se expandió de manera exponencial a lo largo de la década en Colombia, la combinación de esfuerzos del gobierno de este país y de Estados Unidos sí tuvo éxito para romper parcialmente las actividades de las dos redes de narcotraficantes más notorias del país — los cárteles de Medellín y Cali — durante los noventa. A principios de los noventa, luego de que en agosto de 1989 el candidato a presidente del partido más importante, el Liberal — Luis Carlos Galán — fue asesinado por unos sicarios en la nómina del señor de las drogas de Medellín — Pablo Escobar —, el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) primero y el de César Gaviria Trujillo (1990-1994) después, organizaron ataques concertados contra el cártel de Medellín. En 1994, luego de la muerte en 1993 de Pablo Escobar en un combate a tiros en las azoteas de Medellín, el cártel ya se hallaba desmantelado en buena parte. De manera semejante, en 1995-1996, el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) persiguió y desmanteló eficazmente casi todo el cártel de Cali.17

  • 18 Bruce Michael Bagley, ”The New Hundred Years War? u.s. National Security and the War on Drugs in L (...)

22Aunque los restos de ambas organizaciones siguieron operando en un nivel inferior de actividades (a veces desde la cárcel) a fines de los noventa, el desmembramiento de estas dos poderosas y violentas organizaciones transnacionales de narcotraficantes a principios y mediados de los noventa fueron logros importantes para las autoridades antinarcóticos de Colombia y Estados Unidos. En los días felices de los ochenta y principios de los noventa, el implacable cártel de Medellín sobornó, intimidó y asesinó por montones a funcionarios del gobierno colombiano de todo nivel para proteger sus operaciones. Después de que el presidente Belisario Betancur (1982-1986) comenzó a extraditar narcotraficantes colombianos a Estados Unidos tras el asesinato del procurador general Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el cártel de Medellín en 1984, los capos de este cártel emprendieron una sistemática campaña narcoterrorista contra el Estado colombiano, cuyo propósito era obligar al Gobierno a detener cualquier extradición. Su campaña se vio finalmente coronada por el éxito cuando en 1987 una Suprema Corte de Justicia sumamente intimidada acabó dictaminando que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos era anticonstitucional. En pocas palabras, para mediados de los ochenta el cártel de Medellín se había hecho tan rico y poderoso que era capaz de operar una amenaza directa contra la seguridad del Estado colombiano. De ahí que el haber diezmado el cártel de Medellín y seguidamente el igualmente peligroso cártel de Cali deban reconocerse como victorias mayores en la guerra contra las drogas en Colombia, pues su desaparición impidió la emergencia de un ”narco-Estado” en ese país.18

  • 19 La lucha contra las drogas ilícitas. 1996, un año de grandes progresos, Bogotá, Presidencia de la (...)

23La irrebatible importancia de los logrados ataques del gobierno colombiano contra los cárteles de Medellín y Cali en esta década no debiera, pese a todo, opacar la realidad subyacente de la explosión de narcocultivos y narcotráfico en Colombia, en curso desde la segunda mitad de los noventa. Tampoco debiera distraer la atención de la acelerada corrosión política procedente del narcotráfico ilícito aún floreciente en el país. En la práctica, en vez de hacer disminuir el próspero narcotráfico en la nación, la muerte, extradición o encarcelamiento de los ”jefes” de los dos cárteles principales sólo provocaron interrupciones temporales y relativamente menores en el flujo del contrabando de drogas desde Colombia hacia los mercados estadounidenses y europeos. Efectivamente, el vacío provocado por la desaparición parcial de los cárteles de Medellín y Cali no tardó en ser ocupado con el surgimiento y la proliferación de muchos ”cartelitos”, más pequeños, menos notorios (pero igualmente violentos) en todo Colombia, que se introdujeron tanto en el tráfico de cocaína como en el comercio aún más lucrativo y en rápida expansión de la heroína. No obstante, a diferencia de los cárteles de Medellín y Cali, estos grupos de nuevos y más pequeños traficantes han guardado un perfil relativamente bajo, operan a menudo desde sus bases situadas en muchas ciudades ”intermedias” o secundarias y pueblos de Colombia donde pueden sobornar e intimidar a los funcionarios locales para obtener ”protección” y poder realizar sus actividades en relativo anonimato.19

  • 20 ”Narcotráfico: El Imperio de 'Juvenal'”, en Revista Semana, edición 912, 25 de octubre de 1999; Ki (...)

24Si bien es poco probable que representen una amenaza directa a la seguridad nacional de Colombia como las planteadas por los cárteles de Medellín y Cali a finales de los ochenta y principios de los noventa, la llegada de estos nuevos cárteles de ”boutique” tras la caída de aquéllos ha puesto a las autoridades antinarcóticos tanto de Colombia como de Estados Unidos frente a nuevos y grandes desafíos que éstas no han logrado superar eficazmente. Pese a algunos ”golpes” contra los traficantes a los que se ha dado gran publicidad, como la captura del ”Señor de las Drogas” Alejandro Bernal, alias ”Juvenal” — sucesor de Pablo Escobar y su organización de Medellín—, durante la ”Operación Milenio” en octubre de 1999, el narcotráfico en Colombia siguió floreciendo a principios del 2000. Sus violentos y corrosivos efectos siguen minando las instituciones políticas y judiciales de Colombia prácticamente sin haber sufrido menoscabo alguno, con lo que perjudican gravemente las posibilidades de una reforma democrática efectiva en el país.20

25Ciertamente, la corrupción política en Colombia fue anterior a la llegada del narcotráfico a gran escala en el país. De hecho, está profundamente arraigada en la herencia colonial y los patrones de la política elitista, el gobierno patrimonial y las relaciones entre patrones y clientes a lo largo de los casi dos siglos desde su independencia. El narcotráfico y los fenómenos correspondientes de violencia criminal y corrupción política que aquél hace proliferar comenzaron a surgir en Colombia a fines de los sesenta y los setenta en el contexto de un Estado débilmente institucionalizado, pletórico ya de corrupción política y políticas de patronazgo. El ascenso y la expansión de las poderosas organizaciones transnacionales del crimen implicadas en el tráfico internacional de drogas durante los setenta y los ochenta fueron resultado de las debilidades institucionales subyacentes del sistema político colombiano, que luego se exacerbaron de manera muy importante.

  • 21 Algunos análisis de los problemas de corrupción institucional en Colombia: Fernando Cepeda Ulloa, (...)

26En los ochenta y principios de los noventa, los enormes beneficios obtenidos por los cárteles de Colombia del tráfico ilícito de drogas les permitió organizar y equipar a sus propios ejércitos privados (grupos paramilitares) y sobornar e intimidar a políticos y funcionarios de todo nivel del gobierno de Colombia. En consecuencia, el sistema colombiano de justicia prácticamente se colapsó a fines de los ochenta y principios de los noventa, los elementos clave de la policía y las fuerzas militares normalmente eran comprados, y se calcula que 60% del congreso colombiano recibió contribuciones ilícitas durante su campaña para garantizar su cooperación en cuestiones críticas como la extradición.21

  • 22 ”Corrupción”, en Revista Semana, edición 928, 28 de febrero de 2000.

27El sector privado o la élite de los negocios del país también demostró su vulnerabilidad y complicidad, pues a menudo aceptaba pagos en efectivo, facilitaba las operaciones de lavado de dinero mediante negocios legítimos, vendiendo propiedades a precios exorbitantes, y otros mecanismos similares. Efectivamente, durante los noventa era común que no pudieran establecerse distinciones claras entre las actividades legítimas e ilegítimas del sector privado. Las honduras del problema se ilustran en un informe de febrero de 2000 de la llamada ”Comisión de la Verdad” (integrada por investigadores de varias agencias estatales) sobre la corrupción en el sector de la banca estatal, en el que se revela que a lo largo de los últimos diez años se extrajeron sistemáticamente unos 7 200 millones de pesos de seis bancos diferentes de propiedad estatal. A raíz de este enorme escándalo financiero, se han abierto recientemente más de 1 200 procesos criminales contra banqueros, hombres de negocios, líderes laboristas, congresistas, ex ministros y burócratas de alto nivel. En palabras del actual procurador general de Colombia, Alfonso Gómez, esta corrupción del sector público y privado ”...es aún más peligrosa [para el país] que los grupos armados que operan fuera de la ley”.22 En efecto, según Transparency International, en 1999 Colombia figuró como uno de los países más corruptos del planeta.

  • 23 gao, Drug Control, Washington, d.c., United States Government Accounting Office, gao/nsiad-99-136, (...)

28A lo largo de los noventa, bajo una gran presión de Estados Unidos, Bogotá se las arregló para refrenar, al menos en parte, la corrupción rampante y la cada vez mayor violencia criminal proveniente de los cárteles de Medellín y Cali. No obstante, las campañas relativamente exitosas de Colombia contra estas dos importantes organizaciones criminales no extirparon de ninguna manera la corrupción relacionada con la droga existente en el país. Según algunos informes recientes del gobierno estadounidense ”...la corrupción generalizada en todos los sectores del gobierno colombiano fue un factor de gran importancia que afectó las operaciones contra el narcotráfico” y ”...la corrupción relacionada con la droga en todos los ramos del gobierno sigue perjudicando la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico”.23

LAS FARC Y EL NARCOTRÁFICO COLOMBIANO

  • 24 ”Informe especial: Los negocios de las farc”, en Revista Semana, edición 879, 8 de marzo de 1999.
  • 25 Steven Ambrus y Joe Contreras, ”Fighting the Enemy within: The 'farc Republic': a New Outlaw State (...)
  • 26 César García, ”Tirofijo: Si me muero, hay mil que me reemplacen”, en El Nuevo Herald, 30 de enero (...)
  • 27 Associated Press, ”Comandante colombiano rebate declaraciones de líder guerrillero”, en El Nuevo H (...)

29Los problemas a los que hacían frente los agentes antinarcóticos que trabajaban en Colombia se agravaron a lo largo de la década por la creciente participación de la principal organización guerrillera de Colombia — las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc— en el cultivo de la droga y las actividades del narcotráfico. El eclipse de los cárteles más importantes abrió mayores oportunidades para que el ejército guerrillero de las farc, de 20 000 hombres, se beneficiara de la próspera industria de la droga en el país. Así lo hicieron cobrando impuestos a los campesinos cultivadores en sus zonas de influencia y vendiendo sus servicios a las organizaciones de traficantes para proteger las cosechas, los laboratorios de procesamiento y las pistas de aterrizaje.24 A fines de los noventa ciertas pruebas reconocidamente irregulares indicaban que algunos ”frentes” de las farc quizá habían comenzado inclusive a operar sus propias instalaciones en regiones remotas del país. No obstante, no había indicios de que la gente de las farc participara en actividades de contrabando internacional de droga fuera de Colombia.25 La máxima dirigencia de las farc siguió negando acusaciones de que la organización estuviera involucrada en el narcotráfico colombiano: ”La verdad es que no dependemos de la coca”.26 Pero el general Fernando Tapias, comandante de las fuerzas armadas colombianas, insistía en lo contrario: ”No creo que nadie en Colombia ni en el mundo pueda poner en duda los vínculos entre el narcotráfico y los grupos rebeldes.. . ”27

  • 28 Es extremadamente difícil obtener información precisa sobre las ganancias de las FARC relacionadas (...)
  • 29 Véase Alejandro Reyes Posada, ”Investigación sobre geografía de la violencia”, en El Tiempo, 17 de (...)

30A fines de esa década, los cálculos del gobierno colombiano situaban las ganancias totales de las farc por el narcotráfico en la elevada cifra de 400 millones de dólares anuales. Si a esto se agrega el cálculo de 500 millones anuales que deben ganar las farc gracias a sus actividades guerrilleras más ”tradicionales” (es decir, cobro de ”impuestos” revolucionarios a los terratenientes, secuestro, extorsión, robo, ”comisiones” recaudadas entre los gobiernos y los negocios locales y sus propias inversiones de negocios), el ingreso anual total de las farc puede haber llegado a ser de 900 millones de dólares estadounidenses en 1999.28 Si bien los ingresos del narcotráfico ciertamente han impulsado financieramente a las farc, sería erróneo concluir que el dinero de la droga fue en algún momento del pasado o es ahora esencial para la continuación de la guerra de las farc contra el gobierno colombiano. En primer lugar, hay varios ”frentes” de las farc que nunca han dependido de las rentas de la coca ni de la amapola del opio para financiar sus actividades. En segundo lugar, las disminuciones en el ingreso procedente de las drogas podrían, y muy seguramente así ocurriría, compensarse aumentando las ganancias de los secuestros, extorsiones y los ”impuestos” revolucionarios” a campesinos, terratenientes, hombres de negocios y multinacionales extranjeras. Por ende, la eliminación de la economía clandestina de la droga en Colombia, si alguna vez ocurriese, no acabaría automática ni inevitablemente con la guerra de guerrillas presente en el país desde hace cuarenta años, que tan sólo en la última década ha cobrado unas 35 000 vidas.29

31Sin embargo, propulsadas por las ganancias de la droga en una medida que no es desdeñable, las farc crecieron constantemente en número y potencia de fuego durante los noventa. En la segunda mitad de la década no les faltó ocasión de demostrar su capacidad para derrotar o castigar severamente a las fuerzas armadas de Colombia en el combate. Las decisiones de 1996 y 1997 de la administración Clinton de ”no certificar” a Colombia (debidas principalmente a que el presidente Samper presuntamente aceptó para su campaña contribuciones por 6.1 millones de dólares estadounidenses del cártel de Cali durante la contienda presidencial de 1994) llevaron a una considerable reducción de la ayuda de Estados Unidos hacia Colombia. Como era de esperarse, estas reducciones contribuyeron a que se deteriorara la capacidad de las fuerzas militares colombianas para combatir efectivamente a las farc. El tamaño y la fuerza creciente de las farc fue, a su vez, un factor determinante para la decisión del presidente Andrés Pastrana (1998- 2002) de patrocinar una nueva y ambiciosa iniciativa de paz ante las farc poco después de su ascenso al poder en agosto de 1998.

EL PROCESO DE PAZ DE PASTRANA Y LA ZONA DE DESPEJE

  • 30 Véase la declaración original de intenciones del presidente en cuanto al proceso de paz, en Andrés (...)

32Los avances en estas negociaciones de paz resultaron ser dolorosamente lentas durante los primeros 18 meses de su administración, aunque en noviembre de 1998 el presidente Pastrana y el comandante de las farc Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, acordaron establecer una zona desmilitarizada de 42 000 kilómetros cuadrados, una ”zona de despeje”, en el departamento de Caqueta, en el sureste del país. Efectivamente, el acuerdo obligaba a las fuerzas de seguridad del Gobierno a retirarse por completo de este territorio, del tamaño de Suiza, en los llanos orientales del país, y les impedía realizar operaciones militares e inclusive hacer labores de inteligencia en el área. La línea directriz que guiaba la creación de la zona de despeje para el gobierno de Pastrana era demostrar las intenciones pacíficas de Bogotá y facilitar el diálogo por la paz con las farc mediante la creación de un área de ”distensión” en la que pudieran llevarse a cabo las negociaciones.30

  • 31 Steven Ambrus y Joe Contreras, op. cit.

33En la práctica, la zona no tardó en convertirse en una especie de santuario para las farc. Ahí se encuentran acantonados de manera permanente unos 5 000 soldados de las farc y se han convertido en el gobierno de facto de la región. La creciente legión de críticos de Pastrana, tanto dentro como fuera de Colombia (entre ellos muchos congresistas de Estados Unidos) han denunciado una y otra vez la creación de la zona de despeje como una señal de que Pastrana está ”entregando” el país a las farc y permitiendo la consolidación de un Estado ”narcoguerrillero” dentro del territorio nacional de Colombia. En el último año y medio, las fuerzas de las farc que operan en la zona han sido acusadas frecuentemente de violar tanto la letra como el espíritu del acuerdo ejecutando asesinatos selectivos, escondiendo a víctimas de los secuestros, amenazando a los alcaldes y jueces locales, realizando cateos y aprehensiones ilegales, deteniendo a civiles inocentes, reencauzando indebidamente dinero público, haciendo una leva forzosa de niños para sus filas, entrenando a nuevos soldados y comandos terroristas y construyendo baterías antiaéreas y otras fortificaciones militares para fortalecer sus defensas. También han sido acusados de explotar unas 35 000 hectáreas de coca en la zona, de comprar hoja de coca a los cultivadores campesinos de los departamentos circundantes (por ejemplo, Meta, Guaviare, Caqueta, Putumayo) y de venderla directamente a los cárteles de la droga, y de utilizar las 37 pistas de aterrizaje que tienen a su disposición dentro de la zona desmilitarizada para transportar por vía aérea cocaína procesada a casi cualquier parte del país.31

  • 32 Agence France Presse, ”Aseguran que las farc poseen un poderoso arsenal de guerra”, en El Nuevo He (...)

34Las fuentes de inteligencia colombianas y estadounidenses también consideran que las farc han utilizado la zona de despeje y sus ganancias ilícitas procedentes de la coca y otros rubros para emprender un importante programa de rearme en los últimos 18 meses. A mediados de enero de 2000, el general Tapias calculaba que en el año y medio anterior, las farc habían adquirido más de 20 000 rifles de asalto de Alemania Oriental, junto con lanzagranadas, morteros, misiles sam-12 tierra/ aire, un sofisticado equipo electrónico de comunicaciones y su propia fuerza aérea, pequeña pero en crecimiento. De 1997 a la fecha han muerto en accidentes aéreos tres pilotos estadounidenses que sobrevolaban el sur de Colombia en misiones de intercepción de droga como empleados de DynCorp, un contratista militar privado de Estados Unidos. A mediados de 1999, un avión DeHavilland rc- 7 del ejército de Estados Unidos, con un sofisticado equipo de inteligencia para interceptar comunicaciones de radio y teléfonos móviles cayó en la selva del sur de Colombia mientras realizaba oficialmente un patrullaje antinarcóticos de rutina; los cinco elementos militares de Estados Unidos que iban a bordo murieron en el avionazo. No hay pruebas que señalen a las farc como responsables de haber disparado contra estos aviones. Sin embargo, se ha informado ampliamente que las farc han adquirido la potencia de fuego como para hacerlo en un futuro. Tan sólo en enero de 2000, las guerrillas de las farc en el sureste de Colombia dispararon misiles rpg-7 contra aviones en ocho ocasiones, aunque no se reportó que hubiera blancos alcanzados.32

LOS PARAMILITARES, DERECHOS HUMANOS Y EL NARCOTRÁFICO

  • 33 The Associated Press, ”Colombian Militias Tax Drug Trade”, en The New York Times, 10 de enero de 2 (...)

35Al igual que sus rivales de izquierda de las farc, las fuerzas derechistas paramilitares de Colombia, con unos 7 000 elementos (auc, Autodefensas Unidas de Colombia), también se financian al menos parcialmente gravando el narcotráfico en las regiones que controlan. En una entrevista televisada de principios de enero de 2000, el jefe nacional de los paramilitares, Carlos Castaño Gil, admitió por primera vez que sus fuerzas de ”autodefensa”, cuya base se ubica en el noroeste del país, acostumbraban cobrar un 40% de impuesto a los campesinos que producen coca. Efectivamente, los conflictos más sangrientos de la última década entre las guerrillas y los paramilitares colombianos han tenido lugar en regiones ricas en recursos naturales (por ejemplo, petróleo, oro o esmeraldas) o en las que hay cultivo de drogas.33

  • 34 Sobre los vínculos entre los paramilitares y el ejército colombiano, véase The Ties that Bind: Col (...)
  • 35 Linda Robinson, ” Where Angels Fear to Tread: Colombia and Latin America's Tier of Turmoil”, en Wo (...)

36Los paramilitares, que son de un anticomunismo virulento, cuentan con el respaldo de muchos grandes terratenientes, narcotraficantes y sectores del ejército, y son los principales responsables de las oleadas de masacres civiles que asolaron Colombia en la década pasada. Sólo entre 1998 y 1999, la incidencia de masacres aumentó en 44%, dejando a más de 2 000 civiles colombianos muertos en 1999.34 Sus ataques sistemáticos contra civiles sospechosos de ser ”simpatizantes” y no contra las mismas guerrillas provocó el desplazamiento de casi dos millones de colombianos en los años noventa. Pese a la brutalidad de los ”paras”, el temor hacia los rebeldes izquierdistas se ha vuelto tan generalizado que 60% de los colombianos participantes en una encuesta en 1999 declaró no estar a favor de que se desintegraran los grupos de autodefensa. Además, una mayoría de los entrevistados en la misma encuesta afirmaron que querían que intervinieran los soldados estadounidenses porque su propio gobierno era incapaz de protegerlos.35

  • 36 Ibid., pp. 64-65; Colombia's Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United (...)
  • 37 Reuters, ”Pastrana destituye a generales acusados de nexos paramilitares”, en El Nuevo Herald, 9 d (...)

37Junto con la mayoría de las organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Colombia, las farc han denunciado con insistencia ejemplos de colusión entre los grupos de autodefensa y las fuerzas de seguridad del gobierno en la última década. Según Marulanda, de las farc: ”Los grupos paramilitares son una expresión oficial de la política de Estado”. Cuando los paramilitares entran en una zona, las unidades del ejército en el área acostumbran supervisar sus actividades. En muchas ocasiones el ejército supuestamente ha ofrecido comunicación y apoyo logístico a las operaciones paramilitares. A mediados de 1999, cuando los rebeldes de las farc atacaron y rodearon el cuartel general del líder de las auc, Carlos Castaño, las tropas del ejército de hecho corrieron a rescatarlo. Para refutar el argumento de los altos mandos de que no hay vínculos estrechos entre los ”paras” y el ejército, las farc distribuyeron en 1999 listas de la ubicación de las bases paramilitares, las frecuencias de radio que empleaban para comunicarse con las unidades del ejército y los nombres de los oficiales del ejército que actúan como intermediarios.36 Estas vinculaciones entre militares y paramilitares constituyen incuestionablemente un impedimento mayor para cualquier futuro avance en las actuales negociaciones de paz de Bogotá con las farc. Consciente de ello, el presidente Pastrana destituyó en 1999 a cuatro generales del servicio militar activo por sus vínculos con los paramilitares y sometió a juicio a uno de ellos. También llevó a cabo el desmembramiento de la tristemente célebre Brigada xx (brigada de inteligencia) que durante años estuvo estrechamente vinculada a los grupos derechistas paramilitares e inició el proceso de reorganizar y modernizar unidades de inteligencia militar con ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, las vinculaciones persisten y las confrontaciones entre ejército y paramilitares siguen siendo sumamente raras.37

  • 38 Agence France Presse, ”Guerra total a paramilitares”, en El Nuevo Herald, 15 de enero de 2000. En (...)
  • 39 El Tiempo, ”Castaño se ve en la mesa de negociaciones”, en El Tiempo, 2 de marzo de 2000. En este (...)

38Reconociendo la creciente participación de los paramilitares en el narcotráfico y su historial como los peores violadores de los derechos humanos en Colombia, a mediados de enero de 2000, las autoridades del gobierno estadounidense hicieron un llamado a la administración de Pastrana para que actuara más enérgicamente con el fin de suprimir las actividades paramilitares en el país. Según las declaraciones públicas de Washington, la eliminación de estos grupos de autodefensa sigue siendo un paso esencial en el camino hacia la paz y el reestablecimiento de la ley y el orden en el país.38 Por su parte, Castaño afirma que el gobierno colombiano acabará por conceder la amnistía a sus hombres e incluir a las auc en las negociaciones de paz o que el proceso de paz fracasará.39

EL ELN, EL EPL, EL ERP Y LA BÚSQUEDA DE PAZ

  • 40 Hasta mayo de 1999, el eln controlaba unas 30 000 hectáreas de coca en Catatumbo, Norte de Santand (...)
  • 41 ”El eln y los alemanes”, en Revista Semana, edición 893,14 de junio de 1999; ”La bofetada”, en Rev (...)

39La búsqueda de un acuerdo negociado de paz por parte del gobierno de Pastrana se ha complicado aún más con la presencia de otros tres movimientos armados izquierdistas e insurgentes en Colombia. Son el Ejército de Liberación Nacional (eln), el Ejército Popular de Liberación (epl) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp). El castrista eln, que cuenta con unos 5 000 combatientes, es el segundo grupo rebelde izquierdista del país por su tamaño. Como las farc, opera en todo el territorio nacional. Sin embargo, a diferencia de las farc, el eln no parece haberse comprometido sistemáticamente en el tráfico de drogas durante los noventa.40 En cambio, ha financiado sus operaciones sobre todo extorsionando a las compañías multinacionales que trabajan los campos petroleros de Colombia y haciendo explotar (de 50 a 100 veces al año) el oleoducto que transporta el crudo desde los yacimientos situados a lo largo de la frontera con Venezuela hasta las instalaciones portuarias en la costa norte. Otro de sus grandes apoyos han sido los rescates cobrados en los secuestros.41

  • 42eln pide despeje en el sur de Bolívar”, en El Tiempo, 8 de enero de 2000; ”Coca, nudo para el des (...)

40Desde el principio de las negociaciones de Pastrana con las farc, el eln quiso participar en el proceso de paz desde una posición de pares. Sin embargo, en vez de incluir al eln en el diálogo del gobierno con las farc, el gobierno de Pastrana —a petición de las farc — prefirió tratar por separado con el eln en una serie paralela de diálogos por la paz. Si bien las negociaciones se realizaron adecuadamente durante los primeros 18 meses del gobierno de Pastrana, no se logró ningún avance sustancial. Por añadidura, Pastrana se rehusó consistentemente a acceder a la demanda del eln de crear una zona de despeje en el norte de Colombia (departamento de Bolívar) similar a la que había concedido a las farc en el sur de Colombia, aunque más pequeña.42

  • 43 The Associated Press, ”Colombian Rebels vow more Sabotage”, en The New York Times, 20 de enero de (...)
  • 44 Javier Baena, ”Medellín bajo racionamiento eléctrico tras un grave atentado de la guerrilla”, en E (...)

41A mediados de 2000, el eln emprendió una serie de ataques durante toda una semana que destruyeron 28 torres de electricidad en los departamentos noroccidentales de Antioquia y Choco y dejaron la red eléctrica del país al borde del colapso. En una entrevista radiofónica del 19 de enero de 2000, Nicolás Rodríguez, el jefe máximo del eln, declaró que su grupo había ”perdido la paciencia” con la estrategia de paz del gobierno y prometió que sus fuerzas seguirían protestando con sus secuestros de personalidades importantes y operaciones de sabotaje. ”La clase dirigente sólo escucha la voz de los rifles y la dinamita”.43 Los voceros militares de Colombia admitieron con toda franqueza que sería prácticamente imposible para las fuerzas armadas proteger las 15 000 torres de transmisión eléctrica dispersas por todo el país. Tan sólo en 1999, los rebeldes izquierdistas dinamitaron 169 torres, infligiendo daños a la economía nacional tasados en 13 200 millones de dólares estadounidenses.44

  • 45 Desde mediados de febrero, las unidades paramilitares han matado a más de 60 personas que se creía (...)

42Luego de estos perjudiciales bombardeos, el gobierno de Pastrana reinició sus negociaciones con el eln y aceptó, en principio, su demanda de crear una zona de despeje en el sur de Bolívar, donde el eln pudiera celebrar su convención nacional y comenzar pláticas de paz con el Gobierno. Opuestos radicalmente a esta concesión al eln y decididos a controlar las provechosas actividades de la coca y las minas de oro de la región, a mediados de febrero de 2000, los paramilitares de las auc ejecutaron una serie de brutales masacres entre las comunidades campesinas vinculadas con el eln pensadas para impedir la consolidación de una zona de despeje del eln en la región. La intensidad y la extremada crueldad de la reciente campaña militar de las auc en el sur de Bolívar reflejan tanto la profundidad como la acritud de su rivalidad con el eln y las elevadas ganancias económicas que hay tras la lucha entre la guerrilla y los paramilitares en la región. Al menos a corto plazo parecía haber pocas probabilidades de que la complicada situación en el terreno permitiría al gobierno de Pastrana avanzar rápidamente con sus planes de crear una nueva zona en el sur de Bolívar. Sin embargo, aún en medio de la carnicería, proseguían las pláticas entre el gobierno y el eln en Venezuela y la mayoría de los observadores opinaban que finalmente se concedería al eln una zona desmilitarizada.45

  • 46 Agence France Presse, ”Ataques recuerdan que la guerra continúa en Colombia”, en El Nuevo Herald, (...)

43A fines de los noventa, el epl, con menos de 500 combatientes, era mucho más pequeño que las farc o el eln. Sus principales bases de operación se ubican en los departamentos nororientales de César, Santander y Norte de Santander cerca de la frontera venezolana. Al igual que el eln, el epl parece haberse mantenido al margen del narcotráfico, y haberse concentrado en cambio en la extorsión, el secuestro y el asesinato para financiarse. En los ochenta, el epl abandonó gradualmente su ideología de un maoísmo radical y a principios de los noventa negoció un acuerdo de paz con Bogotá que llevó al grueso de sus miembros (casi 3 000) a deponer las armas y reinsertarse en la sociedad civil. Los elementos disidentes del epl, encabezados por Hugo Carvajal, alias el Nene, se negaron firmemente a participar en las negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana. Con la muerte de Carvajal, acaecida el 12 de enero de 2000 a consecuencia de las heridas recibidas en un tiroteo con las tropas del ejército colombiano el 31 de enero de 1999, es difícil esclarecer qué papel tendría el epl, si lo tuviera, en el actual proceso colombiano de paz.46

  • 47 ”La suerte de erp”, en Revista Semana, edición 930, 28 de febrero de 2000.

44El erp, con tan sólo 150 combatientes, era el más pequeño y menos conocido de los cuatro grupos de la guerrilla que seguían activos en Colombia a principios de 2000. Su origen se debe a una escisión dentro del eln que tuvo lugar en agosto de 1996 durante el III Congreso Ideológico del eln. Su principal base de operaciones se localizaba al norte de Colombia en las regiones fronterizas de los departamentos de Antioquia, Sucre y Bolívar. Bajo un asedio constante de Carlos Castaño y las fuerzas paramilitares de las auc, sobre todo en el sur de Bolívar, en 1998 las guerrillas del erp, con el respaldo del Frente 37 de las farc, buscaron refugio en la remota región de Montes de María en el departamento central de Bolívar a lo largo de la frontera con Sucre. Por ser un grupo tan pequeño y por su incapacidad para mantener su territorio contra las presiones de las auc, el erp no ha sido un factor significativo en el cultivo de drogas ni en el narcotráfico.47

  • 48 Idem.

45Luego de un largo periodo de tranquilidad, el erp resurgió a fines de 1999 —aprovechando la tregua navideña entre el gobierno de Pastrana y las farc —, cuando emprendió una serie de ”pescas milagrosas” (secuestros al azar) que fueron muy publicitadas a lo largo de la frontera Sucre-Bolívar. A mediados de febrero de 2000, las auc renovaron sus ataques contra el erp agrediendo a varios corregimientos (comunidades rurales) cerca de Ovejas, Sucre, en los que murieron unas 70 personas. A fines de febrero, los informes de combate intenso entre las fuerzas de las auc y el erp en la región de Montes de María indicaban que la ofensiva de las auc seguía escalando. Al igual que el epl, el erp no participó en las negociaciones de paz con el Gobierno durante los primeros dieciocho meses de la administración de Pastrana, pero sus recientes derrotas en el combate contra las auc bien pueden forzarlos a considerar entrar en el proceso de paz en los siguientes meses o encarar su aniquilación.48

  • 49 The Associated Press, ”Colombia breaks Kidnap World Record”, en The New York Times, 28 de enero de (...)

46Los secuestros al azar se convirtieron indudablemente en una de las principales fuentes de financiamiento de los cuatro grupos guerrilleros durante los noventa. Al comienzo del 2000, las farc mantenían como rehenes a 850 víctimas de secuestros. El eln tenía otras 702, el epl, 200 y el erp, unas pocas docenas. Durante 1999 los grupos paramilitares de las auc secuestraron a 120 personas, lo que equivale a un aumento de seis veces el número de secuestros del año anterior. En 1999, la cifra total de raptos registrados en Colombia se elevó a 2 945 casos, dejando atrás los 2 216 de un año antes (un aumento de 33% respecto a los niveles de 1998), y esa cifra rompió la marca mundial de secuestros de la propia Colombia.49

  • 50 Larry Rohter, ”Driven by Fear, Colombians leave in Droves”, en The New York Times, 5 de marzo de 2 (...)

47Esta creciente ola de secuestros no sólo complicó los esfuerzos de pacificación de Pastrana, sino que también contribuyó a un creciente éxodo de colombianos profesionistas de las clases media y alta que salieron de su trastornado país rumbo a Estados Unidos. De acuerdo con los cálculos del gobierno colombiano, en los últimos cuatro años han salido del país unas 800 000 personas, el 2% de la población total de Colombia, que es de 40 millones. Sólo en 1999,366 423 colombianos solicitaron visas de no inmigrantes para Estados Unidos, es decir, 150 514 individuos más que en 1997. En 1999 se otorgaron como tres cuartas partes de las solicitudes de visa de no inmigrantes y poco más de la mitad de las 11 345 solicitudes de visa de inmigrantes. Por añadidura, si bien siguen siendo pocas en términos absolutos (sólo 334 en los 12 meses que van del último trimestre de 1998 hasta el tercer trimestre de 1999), las solicitudes de asilo político por parte de los colombianos también han comenzado a aumentar considerablemente (396 en el último trimestre de 1999). También ha subido la tasa de aprobación de Estados Unidos para las peticiones de asilo, de un 19% en 1998 a un 46% para fines de 1999.50

  • 51 María Travierso, ”Representantes federales abogan por los inmigrantes colombianos”, en El Nuevo He (...)
  • 52 El 11 de marzo de 2000, Francisco Santos, un periodista del diario El Tiempo de Bogotá y dirigente (...)

48Actualmente hay por lo menos entre 60 000 y 80 000 colombianos que viven y trabajan ilegalmente en Estados Unidos, y han solicitado a la administración Clinton que les conceda un estatus de protección temporal para permanecer en el país legalmente hasta 18 meses.51 Tanto Clinton como Pastrana se han opuesto públicamente a cualquier cambio de esta índole en la legislación estadounidense de inmigración con el argumento de que su aprobación desencadenaría un éxodo mayor aún desde Colombia y, con él, se exacerbarían los problemas de ”fuga de cerebros” y de capitales del país, que ya de por sí son graves. Pastrana ha exhortado a sus conciudadanos a permanecer en Colombia y apoyar su iniciativa de paz en vez de irse. Los necesita para que trabajen e inviertan en Colombia y para que paguen impuestos a su gobierno de modo que éste tenga alguna posibilidad de reactivar la economía en recesión y reestablecer la estabilidad política. Sin embargo, la escalada de violencia e inseguridad en áreas tanto rurales como urbanas llevan a un número de gente cada vez mayor a optar por la emigración. El incipiente ”movimiento de paz” del país, que en años recientes ha movilizado a millones de colombianos para marchar o manifestarse a favor de la paz en diversas ocasiones, ha tenido hasta hoy poco impacto práctico en el ritmo de las negociaciones de paz o en la escalada de violencia armada y secuestros que convulsionan el país.52

VIOLENCIA, MIGRACIÓN INTERNA Y CATÁSTROFE SOCIAL

  • 53 Sergio F. Kovaleski, ”Thousands Roam Colombia to Escape Brutal Rural War”, en The Washington Post,(...)

49En los quince años transcurridos entre 1985 y 2000, las guerras internas en Colombia han desplazado aproximadamente a 1.7 millones de colombianos de su lugar de origen. Sólo en 1999, al menos 225 000 personas tuvieron que dejar su casa, su pueblo y su modo de vida a causa de la violencia relacionada con las drogas y la política. De éstas, al menos 53% eran mujeres y niños. En contraste con los pocos privilegiados de los estratos más ricos de la sociedad colombiana que han podido emigrar a Estados Unidos, la vasta mayoría empobrecida de colombianos desplazados se han visto condenados a vagar por el país como migrantes internos en busca de trabajo, comida, techo y seguridad. A mediados de 1999, las Naciones Unidas informaban que la ayuda que prestaba el gobierno colombiano y otros esfuerzos para mejorar las condiciones de los desplazados ”han demostrado ser absolutamente insuficientes, provocando una deplorable situación de sufrimiento humano”.53

  • 54 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes), Crisis humanitaria y catástrof (...)

50Un estudio de 1999 sobre la población desplazada de Colombia concluye que los grupos paramilitares han provocado 47% del total de los desplazamientos forzados de años recientes; las guerrillas, 35% —sobre todo las farc y el eln —; las fuerzas de seguridad del Estado, el 8%; grupos criminales desconocidos, el 7%, y los narcotraficantes, el 1%.54

  • 55 Sergio F. Kovaleski, op. cit.

51La mayoría de los desplazados se han visto obligados a dejar sus pueblos a causa de las incursiones, masacres, amenazas de muerte o tomas de tierra que realizan las milicias derechistas o las guerrillas izquierdistas. Efectivamente, muchos observadores afirman que ambos, grupos derechistas e insurgentes marxistas por igual, emplean estrategias regionales de ”limpieza” sistemática para despejar las áreas de gente que no los apoya y luego dar las tierras abandonadas a sus seguidores o a sus parientes. Sin embargo, los ataques del ejército y los bombardeos de la fuerza aérea colombiana antiguerrillas también han sido factores importantes que han complicado la situación en muchas áreas rurales, así como la campaña antinarcóticos respaldada por Estados Unidos — especialmente la fumigación de los cultivos de coca y amapola del opio — que corre a cargo del gobierno colombiano.55

  • 56 Idem.

52Algunos desplazados consiguen asilo con sus parientes en comunidades cercanas; pero con la violencia continuamente en aumento, esta solución los ha dejado muchas veces en riesgo de ser desalojados una segunda y hasta una tercera vez en el lapso de unas semanas o unos meses. Los pocos campamentos de refugiados establecidos por el gobierno generalmente están sobrepoblados y a menudo resultan vulnerables a revanchas violentas de uno u otro lado en el curso de los conflictos que convulsionan las áreas rurales del país. Decenas de miles se han quedado sin más alternativa que engrosar las filas de trabajadores rurales migrantes de los campos ilegales de coca u opio, donde los contratan como ”raspachines” para recoger hoja de coca o goma de opio de las amapolas, único empleo remunerado que aún queda en muchas áreas rurales desgarradas por la violencia.56

  • 57 ”El 'boom' de las invasiones”, en El Tiempo, 8 de marzo de 2000.
  • 58 Tim Johnson, ”Colombia's Child Soldiers”, en The Miami Herald, 23 de enero de 2000.
  • 59 Larry Rohter, ”Crisis in Colombia as Civil Strife Uproots Peasants”, en The New York Times, 21 de (...)

53Otros cientos de miles han emigrado del campo a las regiones urbanas de Colombia, donde escasean la vivienda, las escuelas, los servicios de salud y el empleo, especialmente considerando la fuerte recesión económica del país de fines de los noventa.57 En consecuencia, la mendicidad, la prostitución y la delincuencia violenta en los centros urbanos de Colombia se dispararon de manera meteórica en los noventa. Medellín, por ejemplo, luego de la desaparición del cártel de la droga de Medellín a principios de esa década, vive la proliferación de bandas de jóvenes delincuentes —unas 138, según informes recientes— muchas veces afiliadas a organizaciones criminales mayores.58 Bogotá, Cali y otras ciudades importantes han sufrido todas ellas aumentos igualmente impresionantes en migración, delincuencia y delitos comunes en la última década.59

  • 60 Tim Johnson, op. cit.

54La espiral de violencia y los desplazamientos masivos de población en el campo también han llevado a miles de campesinos desposeídos a las filas tanto de las guerrillas como de los paramilitares. Aunque ambos lados niegan pagar a sus soldados salarios regulares, sí admiten hacer pagos de estipendios irregulares a jóvenes pobres de áreas rurales (o a sus familias) como parte de sus esfuerzos por reclutar nuevos combatientes para sus organizaciones. A menudo utilizan a niños de apenas 8 o 10 años como espías o exploradores, y es de rutina que entrenen y desplieguen a adolescentes (de ambos sexos) como combatientes. A otros sencillamente se los roban y a otros se los llevan, muchas veces en contra de su voluntad, a cambio del pago de ”impuestos” o para cubrir las deudas familiares. Pero muchos de los jóvenes desplazados de Colombia se encuentran con que unirse a uno u otro bando es la única opción de vida que les queda.60

  • 61 Idem; Rafael Prieto Sanjuán, ”Conflicto armado en Colombia y desplazamiento forzado: ¿Qué protecci (...)

55Las guerrillas marxistas suelen organizar sesiones políticas de ”concientización” en las comunidades campesinas que tienen bajo control para atraer a nuevos partidarios a sus grupos, y acostumbran darles comida, techo, uniformes, armas y hasta educación básica a los jóvenes que se enlistan. El adoctrinamiento marxista es parte integral del entrenamiento para los recién llegados. Los paramilitares abrazan las doctrinas anticomunistas, pero normalmente no se preocupan tanto por la ideología como los rebeldes. Se apoyan básicamente en incentivos materiales y el deseo de venganza contra las guerrillas para atraer nuevos reclutas. En las entrevistas con ex rebeldes que han sido capturados por el ejército o que han desertado se observa que son pocos los adolescentes que expresan convicciones firmes de la ideología marxista y que muchos hablan de cambiar de bando — de irse con los paramilitares o con una banda criminal — una vez que dejen de ser custodiados. En resumen, para muchos jóvenes desplazados, la decisión de unirse a las guerrillas o a las milicias es una ”elección económica racional” dictada por qué grupo domina un área o región en particular, no un compromiso ideológico. La falta de recursos y programas gubernamentales adecuados para tratar el problema de las masas desplazadas literalmente deja a muchos sin una alternativa económica realista. Cuando los conflictos internos de Colombia logren ceder el paso, si lo logran, a la paz formal, las tasas de criminalidad seguramente seguirán elevándose entre los jóvenes y los adultos jóvenes sin educación, desempleados e inadaptados que han sido obligados a dejar su casa y su familia, y que han sufrido traumas irreparables por la violencia que han soportado.61

LOS CONFLICTOS INTERNOS DE COLOMBIA Y LA SEGURIDAD REGIONAL

56La iniciativa de paz del presidente Pastrana también se ha visto obstaculizada por el creciente desbordamiento de los conflictos internos hacia los países circundantes. Las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes de Colombia ya tienen por rutina cruzar a los territorios vecinos de Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador buscando puerto seguro, abasto, tráfico de armas y contrabando de drogas. También han aumentado de forma impresionante los episodios de secuestros y asesinatos transfronterizos en años recientes. Y miles de los campesinos desplazados de Colombia han buscado refugio al otro lado de las fronteras en Venezuela y Panamá.

  • 62 ”Tráfico de armas: La conexión venezolana”, en Revista Semana, edición 898, 19 de julio de 1999; ” (...)

57Después de que el presidente Hugo Chávez ocupó la presidencia de Venezuela en febrero de 1999, las relaciones entre ambos países se deterioraron rápidamente. De inmediato Chávez acusó a Colombia de no controlar adecuadamente sus fronteras y luego anunció que podría abrir negociaciones directamente con las farc en vez de esperar los resultados del vacilante proceso de paz de Pastrana. Tomando en cuenta su retórica populista, antiestablishment y vagamente ”revolucionaria”, algunos observadores de Colombia temían que diera apoyo clandestino a las farc o incluso les concediera el ”estatus beligerante”. Si bien en la práctica Chávez no hizo nada de eso en 1999, a principios de 2000 las relaciones bilaterales entre los vecinos seguían siendo tensas e incómodas.62

  • 63 Bruce Bagley, ”Panamá-Colombia Border Conflicts could threaten the Canal”, especial para cnn Inter (...)

58También han surgido tensiones similares, aunque menos públicas, en las relaciones bilaterales de Colombia con Brasil, Perú y Ecuador en el último año y medio. En 1999, los tres países enviaron refuerzos militares considerables a sus fronteras con Colombia para fortalecer la defensas contra las incursiones transfronterizas. Como ruta primaria, sin embargo, para meter y sacar armas y drogas de Colombia y como zona clave de conflicto entre las farc y los paramilitares de las auc, la frontera con Panamá era con mucho la que representaba mayor conflicto entre las relaciones bilaterales de Colombia en 1999. La salida de las tropas estadounidenses de la zona del canal a fines de ese año y la limitada capacidad militar de la Policía Nacional de Panamá hizo surgir serias dudas sobre la seguridad del canal mismo para el futuro.63

  • 64 Aunque algunas altas autoridades estadounidenses alimentaron las expectativas colombianas de un nu (...)

59Desde la perspectiva de Estados Unidos, la incapacidad de Colombia para asegurar sus propias fronteras o para contrarrestar el narcotráfico y las incursiones de la guerrilla a través de las fronteras convertía efectivamente al país en una seria amenaza para la seguridad regional en el norte de Suramérica. En todo el año de 1999, la administración Clinton trabajó para ”restringir” la ”amenaza” colombiana ejerciendo presión sobre los vecinos del país para que formaran un ”Grupo de Amigos” que intervinieran diplomáticamente (e incluso quizá militarmente) en la crisis colombiana. La renuencia de los gobiernos de los países vecinos a acceder a la iniciativa estadounidense se hizo patente desde el principio y los esfuerzos diplomáticos de Washington no obtuvieron ninguna respuesta colectiva significativa en lo referente al asunto. Este fracaso, junto con la creciente preocupación de Estados Unidos por la estabilidad interna de Colombia, orillaron finalmente a Washington, a fines de 1999, a proponer importantes aumentos unilaterales en la ayuda de Estados Unidos des tinados a impulsar la capacidad del gobierno de Pastrana para enfrentar los crecientes problemas del país.64

NARCOTRÁFICO, GUERRA DE GUERRILLAS Y RELACIONES ENTRE COLOMBIA Y ETADOS UNIDOS

  • 65 Bruce Bagley, ”Hablando duro: La política internacional antinarcóticos de los Estados Unidos en lo (...)

60Con honda preocupación por el ascenso meteórico en la producción y el tráfico de droga, la escalada en la guerrilla y la violencia paramilitar, y el deterioro de las condiciones políticas y económicas en Colombia, desde el 1 de marzo de 1998 Washington decidió nuevamente ”certificar” la ”plena cooperación” de dicho país con la lucha antinarcóticos encabezada por Estados Unidos por primera vez desde 1994. En 1995, se negó la certificación a la administración Samper, pero el gobierno de Clinton le concedió una ”dispensa de la Seguridad Nacional” que permitía a Estados Unidos seguir brindando ayuda a Colombia. En 1996 y 1997 se negó decididamente la certificación al gobierno de Samper y el flujo de ayuda de Estados Unidos sufrió drásticos recortes (salvo hacia la Policía Nacional). Aunque Clinton finalmente no impuso sanciones comerciales a Colombia, como lo autoriza la legislación estadounidense en los casos en que se niega la certificación, Washington recurrió a la diplomacia ”coercitiva”, o ”chantaje” diplomático, durante este periodo, lo que produjo un enfriamiento considerable en la actividad general de negocios y en la afluencia de inversión extranjera de 1996 en adelante.65

  • 66 Henry Orrego, ”Saldo en rojo muestra la economía de Colombia”, en: El Nuevo Herald, 7 de agosto de (...)

61Junto con la contracción económica mundial, las recesiones cada vez más profundas en los vecinos países de Brasil, Venezuela y Ecuador y la mala administración populista y clientelista de la economía del propio Samper durante su mandato, el retiro de la certificación por parte de Estados Unidos contribuyó a lanzar la economía colombiana en una espiral descendente en 1997- 1998 de la que aún tiene que recuperarse. Efectivamente, en 1999 Colombia experimentó la peor recesión económica de los últimos 70 años, considerando que la economía se contrajo en casi un 6%, mientras que los niveles de desempleo llegaron a un máximo de 18%.66

  • 67 ”Luz al final del túnel”, en Revista Semana, edición 924,17 de enero de 2000; ”¿Cómo nos ven en Wa (...)

62La gravedad de la actual crisis económica y el descontento popular generalizado por ella provocado han empeorado en gran medida los problemas de delincuencia común y gobernabilidad enfrentados por el presidente Pastrana durante su primer año y medio en el cargo, a la vez que han dado impulso y fuerza a las guerrillas del país. A su vez, las acciones de las guerrillas — secuestros, sabotaje de la infraestructura, escalada del conflicto armado — han exacerbado y prolongado la actual caída económica del país.67

  • 68 Los 289 millones de dólares triplicaban la cantidad de la ayuda que Colombia recibió de Estados Un (...)

63A principios de 1998, la situación en Colombia se había deteriorado de manera tan preocupante para las autoridades estadounidenses que aunque el contaminado periodo de cuatro años del presidente Samper acababa hasta agosto de ese año, Washington decidió no obstante reotorgar la certificación a Colombia el 1 de marzo. Con ello, se despejó el camino al gobierno de Clinton para que proporcionara 289 millones de dólares estadounidenses en ayuda antinarcóticos a Colombia en el año fiscal de 1999, suma que inmediatamente lanzó a Colombia a la posición de tercer receptor de ayuda estadounidense al extranjero en todo el mundo, superada sólo por Israel y Egipto. Puesto que el año fiscal de Estados Unidos comienza el 1 de octubre de cada año, los nuevos fondos de ayuda no comenzaron a fluir a Colombia sino hasta fines de 1998 (mucho después de que el presidente Pastrana ocupó el cargo, lo que tuvo lugar el 7 de agosto). Con esta calendarización se obtuvo la garantía de que el desprestigiado gobierno de Samper no recibiera beneficios directos del aumento de la ayuda estadounidense en el año fiscal de 1999.68

64Una vez con Pastrana en el cargo, las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos se estrecharon rápidamente. En octubre de 1998, el presidente Clinton recibió al presidente Pastrana en una visita de Estado a Washington, subrayando claramente el contraste con el ex presidente Samper, a quien se le negó oficialmente una visa para viajar a Estados Unidos en 1996. Aunque con sus reservas de escepticismo, el gobierno de Clinton avaló públicamente la apertura del presidente Pastrana para acordar la paz con las guerrillas de las farc a fines de 1998. De hecho, a petición del presidente Pastrana, la administración de Clinton incluso aceptó enviar emisarios para reunirse secretamente con los representantes de las farc en Costa Rica en diciembre de 1998 para discutir la disposición de estas fuerzas de emprender programas de erradicación de drogas como parte del proceso de paz.

  • 69 ”Estados Unidos y la guerrilla de Colombia hablan de paz”, en El Nuevo Herald, 4 de enero de 1999. (...)

65Sin embargo, una vez que estas charlas secretas fueron reveladas a la mayoría republicana del congreso de Estados Unidos, se desató tal controversia en Washington que el gobierno de Clinton tuvo que dar marcha atrás y se comprometió a abstenerse de cualquier discusión futura con los ”terroristas” de las farc.69

66El gobierno de Clinton siguió apoyando la iniciativa de paz de Pastrana a lo largo de 1999 en la diplomacia pública. No obstante, a medida que el proceso de negociación se estancaba mes tras mes, las figuras estratégicas de la política estadounidense llegaron claramente a la conclusión de que las farc nunca negociarían seriamente a menos que se vieran obligadas a ello previa derrota en el campo de batalla.

  • 70 Madeleine Albright, ”Colombia's Struggles and How We Can Help”, en The New York Times, 10 de agost (...)

67Una señal de cambio importante fue que en marzo de 1999 Washington aceptó comenzar a compartir la información de sus servicios de inteligencia sobre el narcotráfico y la actividad de la guerrilla con el gobierno de Pastrana y el ejército colombiano, incluyendo datos obtenidos mediante la observación satelital de la zona de despeje.70

  • 71 ”El cheque del Tío Sam”, en Revista Semana, edición 924,17 de enero de 2000.

68A mediados de 1999, más de 300 efectivos estadounidenses fueron apostados en Colombia: 200 entrenadores y asesores militares estadounidenses y más de 100 agentes operativos de la dea (Drug Enforcement Administration) y la cia (Central Intelligence Agency). El control de la droga siguió siendo la prioridad de la política estadounidense declarada en Colombia. La principal misión de Estados Unidos era entrenar y equipar un nuevo batallón móvil antinarcóticos de 950 hombres en el ejército colombiano.71

69Pero el estancamiento en el proceso de paz y las derrotas sufridas por los militares en el combate a las farc en 1998-1999, junto con la creciente evidencia de la cada vez mayor participación de las farc en el narcotráfico, obligaron a Washington a aceptar que la guerra contra las drogas no podía distinguirse claramente de la guerra contra las guerrillas. A instancias de Washington, en septiembre de 1999, el gobierno de Pastrana emitió un documento titulado ”Plan Colombia”, en el que exponía su estrategia general para enfrentar los múltiples males que asediaban el país, desde el narcotráfico y la violencia política, pasando por la crisis humanitaria y el estancamiento económico, hasta la corrupción institucional.

  • 72 Plan Colombia, Bogotá, Presidencia de la República, septiembre de 1999. Como un indicio inequívoco (...)

70El precio con el que se etiquetó al plan fue de 7 500 millones de dólares estadounidenses a lo largo de un periodo de tres años, y de ellos Colombia prometía aportar 4 000 millones. Se esperaba que Washington diera entre 1 500 y 2 000 millones y que el resto vendría de las instituciones financieras multilaterales (por ejemplo, el fmi, el Banco Mundial y el bid) y la Unión Europea.72

71Después de una primera petición hecha a fines de 1999 ante el Congreso de Estados Unidos que no se impulsó, la administración de Clinton sometió una nueva iniciativa a la consideración del Congreso en la que se presentaba un programa de ayuda de emergencia para Colombia por 1 280 millones de dólares estadounidenses. Destinado a ayudar a Bogotá en el combate a la próspera expansión del narcotráfico en todo el país y en el crecimiento de su democracia durante los siguientes dos años, cerca de la mitad del dinero se incluyó como una solicitud de presupuesto complementario para el año fiscal 2000.

  • 73 Secretaria de Estado Madeleine K. Albright, ”Statement on u.s. Assistance to Colombia”, Washington (...)

72La otra mitad se incorporó a la propuesta de presupuesto que Clinton presentó ante el Congreso para el año fiscal 2001 el 7 de febrero de 2000. Además de los 300 millones previamente asignados para Colombia en el presupuesto del año fiscal 2000, la asistencia total de Estados Unidos a este país en los dos años siguientes ascendería — de ser aprobada por el Congreso— a casi 1 580 millones de dólares estadounidenses, casi el doble de la cantidad otorgada para toda la década de los noventa.73

  • 74 Sergio Gómez Maseri, ”Clinton le apuesta a Colombia”, en El Tiempo, 12 de enero de 2000.

73Efectivamente, con esta nueva propuesta de ayuda, el gobierno de Clinton develó un cambio drástico en la estrategia estadounidense ante Colombia. En 1999, así como en años anteriores, prácticamente toda la ayuda antinarcóticos de Washington se había canalizado a través de la Policía Nacional en vez del ejército. En cambio, el nuevo paquete asignaba el grueso de la ayuda futura de Estados Unidos a las fuerzas armadas colombianas (ejército, fuerza aérea y naval) y reducía sustancialmente el flujo de ayuda a la policía. Del total de 1 573 millones de dólares estadounidenses que serían otorgados en los dos años siguientes, casi dos terceras partes — 940 millones — estaban destinados a los militares, contra los 96 millones que se dirigirían a la policía. Para reforzar el entrenamiento, el equipamiento y para comprar 33 helicópteros Huey y 30 Black Hawks para los dos nuevos batallones antinarcóticos, el ejército se dispone a recibir 599 millones de dólares estadounidenses (512 millones en el año fiscal 2000 y 88 millones en 2001). Para las actividades de intercepción, la fuerza aérea y la fuerza naval recibirán 341 millones (238 millones de dólares en el año fiscal 2000 y 103 millones en 2001).74

  • 75 Luis Torres de la Llosa, ”La ayuda de Estados Unidos irá contra las farc si trafican droga”, en El (...)

74El consejero de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca, Arturo Valenzuela, declaró que la nueva ayuda de Estados Unidos no tenía ”nada que ver” con la lucha contra las guerrillas; pero el ”Zar de las Drogas” Barry McCaffrey reconoció con más llaneza que el dinero sería una contribución ”importante” para el combate del ejército colombiano contra las guerrillas. En la práctica, los esfuerzos retóricos que sigue haciendo Washington por mantener una estricta división entre la ayuda antinarcóticos y las operaciones militares colombianas contra la guerrilla son inútiles y falsas. La realidad colombiana actual sencillamente no se presta para estas distinciones simplistas. Efectivamente, durante su viaje a Washington de fines de enero de 2000 en el que se proponía obtener apoyo entre los congresistas de Estados Unidos para el paquete del presidente Clinton de ayuda a Colombia, el presidente Pastrana reconoció abiertamente que en la medida en que las farc están ”en el negocio”, los fondos antinarcóticos y el equipamiento de Estados Unidos se usarían contra las guerrillas.75

IMPLICACIONES DEL CAMBIO EN LAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE HACIA COLOMBIA

  • 76 Reuters, ”Albright Declares 'New Relationship' with Colombia”, en The New York Times, 25 de enero (...)

75En el fondo, la administración de Clinton se ha ido preocupando cada vez más por la estabilidad de la democracia colombiana y las implicaciones para la seguridad regional ante la posibilidad de colapso del Estado colombiano, que por el control de las drogas por sí solo; aunque ambas cuestiones siguen a todas luces estrechamente entrelazadas. Efectivamente, a mediados de enero de 2000, la secretaria de Estado Madeleine Albright eligió explícitamente a Colombia y a otros tres países (Nigeria, Indonesia y Ucrania) para señalar que ameritaban atención especial, porque ”cada uno de ellos puede ser una fuerza mayor en la estabilidad y el progreso de su región y cada uno de ellos se encuentra en un punto crítico de la senda democrática”.76

76Aunque el aumento de atención de parte de Washington a menudo va acompañado de recursos que se necesitan con desesperación, la experiencia indica que generalmente también acarrea mayor ”condicionalidad” hacia Estados Unidos y un aumento en la injerencia estadounidense en los asuntos internos del país en cuestión. El caso colombiano no será la excepción. En primer lugar, Washington ha estipulado que la mayor parte de la ayuda de Estados Unidos se usará para operaciones de control de drogas en el sur del país, donde se cultivan las dos terceras partes de la cosecha de coca y donde las farc despliegan mayor actividad en la protección de los campos, laboratorios de procesamiento y pistas de aterrizaje. La intensificación del conflicto del Gobierno con las fuerzas de las farc parecería un resultado inevitable de las exigencias de Estados Unidos a Bogotá.

  • 77 Tim Golden, ”Colombia asks Congress for Aid not tied to Human Rights”, en The New York Times, 26 d (...)

77En segundo lugar, la administración Clinton está plenamente consciente de la anterior participación de los militares colombianos en los abusos de derechos humanos y ha vinculado directamente la acrecentada ayuda estadounidense a la supervisión permanente de las actividades de los nuevos batallones antinarcóticos y a la certificación estadounidense de que no haya militares o sectores de la policía involucrados con grupos paramilitares. De hecho, 93 millones de dólares estadounidenses están explícitamente asignados en la nueva propuesta de presupuesto al fortalecimiento de los derechos humanos, la administración de justicia y la democracia en Colombia (45 millones en el año fiscal 2000 y 48 millones en 2001). Considerando la posibilidad de un escrutinio más concienzudo del comportamiento de sus fuerzas armadas en combate ante los derechos humanos, Pastrana pidió explícitamente que la ayuda estadounidense no se condicionara a los derechos humanos durante un viaje a Washington a fines de enero de 2000 (el cuarto durante los primeros 18 meses de su presidencia). ”Sabemos que seguimos teniendo muchos problemas. .. [pero] no creo que sea adecuado que la ayuda traiga aparejado todo tipo de condiciones”.77 Sin embargo, a pesar de las preferencias de Pastrana, los congresistas demócratas como el senador Patrick J. Leahy (Vermont) parecían decididos a ejercer presión para que se mantuvieran tales condiciones:

  • 78 Idem; The Associated Press, ”Doubts over u.s.-Colombia Policy”, en The New York Times, 15 de febre (...)

No quisiera que en la lucha antinarcóticos cometiéramos el mismo error en el que incurrimos durante la guerra fría, cuando dimos dinero [...] sin considerar la situación de los derechos humanos, a condición de que fueran anticomunistas.78

  • 79 Guerra de dos mundos”, en Revista Semana, edición 930, 28 de febrero de 2000; Michael Radu, ”Aid t (...)

78En tercer lugar, Washington, contradiciéndose de algún modo, ha estipulado que todas las operaciones de las nuevas unidades antinarcóticos de Colombia financiadas por Estados Unidos deben relacionarse directamente con misiones de control de drogas y no con acciones generales contra la guerrilla. Esta distinción será indudablemente difícil de hacer en la práctica. Sin embargo, de no cumplirse, seguramente será la causa de fuertes debates políticos en el congreso de Estados Unidos y podría llevar a que Estados Unidos se negara a proporcionar más ayuda en un futuro. El salto cuántico en la ayuda total estadounidense en 2000 y las condiciones aparejadas en efecto convertirían el desempeño militar de Colombia en una cuestión tanto internacional como doméstica dentro del sistema político estadounidense en una medida mucho mayor de lo que ha sido anteriormente.79

  • 80 Sobre los efectos contraproducentes de los programas de erradicación de la coca en Colombia, véase (...)

79Finalmente, las autoridades estadounidenses también han exigido a Colombia que intensifique sus esfuerzos por erradicar la coca y la amapola del opio. En cumplimiento con ello, el 21 de enero de 2000, la Policía Nacional colombiana prometió expandir su campaña de fumigación herbicida aérea para pasar de 40 000 hectáreas, que fueron su meta en 1999, a 80 000 en 2000. En el nuevo paquete de ayuda se han designado 145 millones de dólares estadounidenses para proyectos de desarrollo alternativos durante los dos años siguientes (92 millones en el año fiscal 2000 y 53 millones en 2001). Sin embargo, si se satisfacen, estos ambiciosos objetivos de fumigación probablemente desplazarían a decenas de miles de campesinos cultivadores de coca en las regiones del sur dominadas por las farc, infligiendo en el proceso considerables sufrimientos e impulsando protestas civiles multitudinarias contra el gobierno de Pastrana. Aunque la intención de esta política es obviamente debilitar a las farc reduciendo su ingreso por el cultivo de la coca, el resultado que no se persigue bien puede ser el fortalecimiento del movimiento guerrillero al llevar a miles de campesinos amargados y víctimas de la pobreza a unirse a sus filas.80

  • 81 John P. Sweeny, ”Tread Cautiously in Colombia's Civil War”, Washington, d.c., en The Heritage Foun (...)

80El número de entrenadores y asesores militares estadounidenses, agentes de la dea, agentes operativos de la cia y miembros de la Agencia para el Desarrollo Internacional (aid, Agency for International Development) en Colombia también puede aumentar considerablemente, junto con la mayor afluencia de ayuda estadounidense en los siguientes años. A la luz de las anteriores experiencias en Vietnam, prácticamente no hay probabilidades de que Washington envíe tropas de combate a Colombia en ningún momento del futuro previsible. Sin embargo, el cambio en la estrategia estadounidense que ahora está en curso indica inequívocamente que Washington ya no tiene como objetivo los cárteles de la droga colombianos, sino que más bien va contra la emergente ”narcoguerrilla”. La posibilidad de que algunos militares o civiles de Estados Unidos puedan perder la vida a medida que se intensifique la lucha es muy real y seguramente arrastrará a Colombia a profundidades aún mayores en los debates políticos internos de Estados Unidos.81

  • 82 Reuters ”Colombia Rebels 'declare War' on United States”, en The New York Times, 29 de febrero de (...)
  • 83 Matthew Brigs, ”Contractors Playing increasing Role in u.s. Drug War”, en Dallas Morning News, 27 (...)

81A fines de febrero de 2000 un alto comandante de las farc, Raúl Reyes, dijo, subrayando esta posibilidad, que su organización consideraba el paquete de ayuda estadounidense como una declaración de guerra apenas disimulada de Washington contra su organización. A su vez, él declaraba la ”guerra” contra Estados Unidos y prometía que las farc pelearían contra la intervención extranjera en Colombia.82 Para no poner en peligro a los militares estadounidenses y arriesgándose a la protesta que inevitablemente llegará, es posible que Washington opte por el bien establecido negocio privado conocido como ”outsourcing” (el empleo de recursos externos). Esta estrategia implicaría recurrir a contratistas civiles (muchos de ellos han sido anteriormente miembros del servicio estadounidense muy bien capacitados) para la ejecución de este programa de ayuda en vez de aumentar repentinamente las cifras de miembros de los cuerpos militares de Estados Unidos. Aunque pueda resultar una solución conveniente desde el punto de vista de Washington, las organizaciones de derechos humanos, como Amnesty International, advierten que esta estrategia presenta serios problemas de contabilidad: ”El propio Departamento de Defensa, en su entrenamiento, debe cumplir con ciertos lineamientos de derechos humanos, porque así los obliga la ley. Pero no resulta claro hasta donde rige este mandato cuando de lo que hablamos es sobre todo de actores privados”.83

  • 84 ”Buenos ojos a la ayuda de ee.uu. ”, en El Tiempo, 23 de enero de 2000.

82Tanto Bogotá como Washington preferirían sin lugar a dudas que las FARC reaccionaran acelerando el ritmo de las negociaciones de paz y poniendo un fin a sus vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con una encuesta reciente financiada por la organización noticiosa El Tiempo en Bogotá, el 70% de todos los colombianos están a favor de los aumentos planeados de ayuda estadounidense para su país; pero menos de la mitad cree que la ayuda contribuirá a disminuir el nivel del conflicto armado. El escenario más probable, según la mayoría de los encuestados, es una escalada en el conflicto entre las farc y los militares colombianos, al menos para el futuro previsible. Efectivamente, la mayoría de los analistas creen que es probable que las farc respondan con una nueva e importante ofensiva que incluirá un mayor sabotaje de la infraestructura, más secuestros y asesinatos, y movilizaciones multitudinarias de campesinos para protestar por la intensificación en los programas de erradicación de la coca y la amapola.84

CONCLUSIONES

  • 85 Durante su testimonio sobre el paquete de ayuda de Clinton ante el Subcomité de House Appropriatio (...)

83La lógica implícita de la nueva estrategia estadounidense es obligar a las farc a negociar seriamente con el gobierno de Pastrana demostrándoles en el campo de batalla que es más lo que hay que ganar con un acuerdo de paz que prolongando la guerra. Hay grandes dudas en cuanto a si funcionará la estrategia. Lo que no debiera ponerse en duda es que el nuevo paquete de ayuda estadounidense prepara el escenario para una fase más violenta y sangrienta aún en los conflictos internos de Colombia durante los próximos años. Por añadidura, sería un engaño pensar que la actual propuesta de Clinton de los dos años de ayuda bastarán para cambiar la corriente. Si la estrategia tiene alguna posibilidad de funcionar, Washington tendrá que mantener estos elevados niveles de financiamiento dirigidos a Bogotá durante la mayor parte de la siguiente década y habrán de encontrarse donantes adicionales (en Europa, es lo más probable) para complementar el compromiso de Estados Unidos.85

  • 86 Michael Radu, op. cit., p. 3.

84Aun suponiendo que se mantuviera el flujo de la ayuda estadounidense y europea, muchos críticos se muestran escépticos ante las perspectivas de acabar con la violencia política y el narcotráfico en Colombia con la estrategia actualmente adoptada por Bogotá y Washington. A grandes rasgos, los críticos pueden dividirse en dos grupos o bandos básicos. Por un lado, hay una ”línea dura” que argumenta que las farc están ya tan involucradas (y bien financiadas) por el narcotráfico y otras actividades ilegales, que nunca aceptarán un acuerdo de paz que las obligue a deponer las armas y a renunciar a sus fuentes ilícitas de ingreso. La lógica de este bando lleva a la conclusión de que las farc primero tendrán que ser derrotadas en una prolongada guerra de contrainsurgencia antes de que pueda reestablecerse la paz o reducirse el cultivo de drogas en Colombia. Washington debería reconocer esta realidad, afirman los críticos de la línea dura, ”... primero, declarando la prioridad absoluta de la guerra contra los comunistas, en vez de la guerra contra las drogas”.86

  • 87 Ibid., pp. 2-3.

85Desde esta perspectiva, la insistencia de Washington en establecer una distinción entre operaciones antinarcóticos y antiguerrilla (y en financiar sólo la primera) se considera artificial y destinada a la autoderrota. Por añadidura, vincular la ayuda estadounidense al respeto a los derechos humanos y la eliminación de los vínculos militares y policiacos con grupos paramilitares sólo atará de manos las fuerzas colombianas de seguridad y dejará a las guerrillas en la libertad de operar sin el obstáculo de tales restricciones. En último análisis, el escepticismo de los críticos de línea dura surge de su convicción de que las fuerzas armadas colombianas no podrán derrotar a las guerrillas, ni siquiera con ayuda estadounidense, si Washington insiste en manejar a nivel micro las operaciones de guerra.87

  • 88 Ralph Peters, ”The u.s. is setting a Trap for Itself in Colombia”, en The Washington Post, 5 de ma (...)
  • 89 Idem.

86Hay entre los críticos de línea dura diferencias de énfasis que no debieran pasarse por alto. Algunos ponen en duda que la élite colombiana realmente tenga la voluntad de pelear, ni siquiera con el respaldo estadounidense. ”¿Por qué habríamos de enviar un solo dólar estadounidense — y ni hablar de un solo soldado — a poner en pie unas fuerzas armadas en las que a ningún colombiano con un diploma de educación media se le exige que preste sus servicios? ” ”¿Merece el gobierno colombiano —incompetente, corrupto e inconstante — nuestra ayuda para sobrevivir? ”88 El fondo de esta línea de argumentación es que no hay ayuda estadounidense que baste para salvar a un régimen incapaz de salvarse a sí mismo. Sólo servirá para prolongar el ”horrendo” statu quo. ”El resultado indeseado de nuestra ayuda puede ser fortalecer el sistema actual lo suficiente como para preservar todas sus peores características, manteniendo el equilibrio de los males”.89

  • 90 Idem.
  • 91 Michael Radu, op. cit., p. 4.
  • 92 Ralph Peters, op. cit., p. B01.

87Estas dudas no necesariamente llevan a estos críticos a rechazar la necesidad del actual paquete de ayuda de Clinton. En efecto, hasta los más cautelosos piensan que debería enviarse la ayuda a Pastrana como una ”última” oportunidad de que demuestre su voluntad y capacidad para ”rescatar” a Colombia de los terroristas y narcoguerrillas de cualquier denominación. Si Bogotá responde eficazmente, qué bueno. Pero si no, la mayoría advierten que Estados Unidos no debiera desplegar tropas estadounidenses de combate para luchar en las batallas colombianas. ”Debemos estar conscientes del 'síndrome saudita', consistente en que ciertos regímenes decididamente indignos nos manipulan para que peleemos la guerra por ellos”.90 ”Si Bogotá se niega a financiar su propia defensa, Washington no debería salir al quite”.91 En un escenario así, la mejor alternativa, según algunos — aunque ciertamente no según todos— sería permitir que el actual régimen, corrupto, oligárquico y moralmente en bancarrota, cayera por su propio peso en vez de posponer su agonía indefinidamente a costa de vidas estadounidenses. Admiten que después del colapso quizá Estados Unidos de cualquier forma tenga que acabar peleando en Colombia para proteger sus intereses estratégicos. Pero alegan que Washington podría hacerlo como parte de un consenso regional ante la necesidad de intervención y como miembro de una coalición que pelee en apoyo de un nuevo régimen ”meritorio”, en vez de respaldar artificialmente a titulares ”indignos”.92

  • 93 ”Dangerous Plans for Colombia”, en The New York Times, 13 de febrero de 2000.

88Por otro lado, hay una ”línea reformista” que aduce que los actuales conflictos internos del país nunca se resolverán definitivamente a menos que Bogotá emprenda reformas socioeconómicas y políticas mayores pensadas para atender las notorias desigualdades en la sociedad colombiana y para democratizar su sistema político, corrupto, elitista y excluyente. Desde esta perspectiva, la actual estrategia estadounidense no refleja ni un plan realista para combatir las drogas, ni un programa viable a largo plazo para la restauración de la paz y la estabilidad. ”Hace mucho que Washington debió haber aprendido que la sociedad con militares latinoamericanos abusivos e ineficaces rara vez arroja resultados positivos y suele debilitar la democracia en la región”.93

89Dejando de lado la retórica estadounidense, los reformistas creen que el paquete de ayuda de Washington está demasiado inclinado hacia las soluciones militares y dedica recursos demasiado escasos a la ”construcción de instituciones” y la reforma económica estructural. Los abogados de la reforma no desconocen la necesidad de reorganizar y fortalecer las fuerzas armadas colombianas. Efectivamente, consideran que esta tarea es un componente esencial para la construcción de instituciones. Pero destacan la importancia crucial de un cumplimiento estricto de los militares en el respeto a los derechos humanos y de cortar los vínculos entre las fuerzas gubernamentales y los militares, en vez de equiparlos para pelear una prolongada guerra de contrainsurgencia. También ponen énfasis en la necesidad fundamental de acabar con la impunidad militar sometiendo al personal militar al escrutinio judicial civil y a sanciones. Para esto, será necesario, a su vez, que Washington y Bogotá concedan mayor prioridad y más fondos a la reforma del debilitado sistema judicial colombiano. Según esta lógica, los 45 millones de dólares estadounidenses del año 2000 (48 millones en 2001) destinados al fortalecimiento de los derechos humanos, la administración de justicia y democracia son lamentablemente inadecuados y ofrecen un indicio revelador de lo equivocado de las prioridades en la actual propuesta de ayuda de la administración de Clinton.

90Igualmente reveladores son los niveles comparativamente bajos de financiamiento (145 millones en los dos próximos años) asignados a los programas de desarrollo alternativo. Si se logra, la promesa de Colombia de destruir 80 000 hectáreas de coca sólo en 2000 inevitablemente desplazará a decenas de miles de campesinos de las zonas de cultivo de coca en el sur del país. Los recursos de la ayuda considerados en la actual propuesta presupuestaria ante el congreso de Estados Unidos sencillamente no bastarán para atender a la población recién desplazada, mucho menos para enfrentar los problemas de los casi dos millones de colombianos que han sido expulsados de sus tierras durante los anteriores quince años del conflicto. Por añadidura, la prioridad otorgada a los militares colombianos deja poco o nada para sustituir las apremiantes necesidades que son la sustitución de cultivos, los programas de desarrollo alternativos o las inversiones en infraestructura de caminos, puentes, escuelas públicas y servicios de salud pública. En vez de alejar al campesinado colombiano del cultivo de coca, lo más probable es que la estrategia actual expanda la producción de coca llevándola más allá, hacia la vasta frontera agrícola de las llanuras orientales de Colombia, internándola en la región del Amazonas y adentrándola en Brasil y otros países vecinos. Al mismo tiempo, es probable que al menos parte de la población campesina con su creciente desesperación sea arrojada a las filas de las farc, otros grupos guerrilleros o los paramilitares.

  • 94 Seattle Post-Intelligencer Editorial Board, ”Spraying Coca Crop is a Misplaced Priority”, en Seatt (...)

91Aunque en general los reformistas adoptan un enfoque orientado más bien hacia el desarrollo en la política estadounidense, también hay otros que ponen gran énfasis en la necesidad de que Washington gaste más dinero en la reducción de la demanda estadounidense. Estos críticos sostienen que Estados Unidos ha restado consistentemente fondos a los programas de prevención, educación, tratamiento y rehabilitación en casa. ”No hay más que comparar la solicitud de 1 600 millones de dólares para Colombia durante un periodo de 18 meses con los 2 000 millones para toda la prevención y tratamiento en la propuesta presupuestaria para 2001.. , ”94

92Es evidente que la actual estrategia de Washington ante Colombia no satisface plenamente ni a los críticos de línea dura ni a los reformistas. En efecto, busca encontrar la línea media entre ellos. La guerra contra las drogas sigue siendo la prioridad formal y la supervisión de los derechos humanos una condición para la ayuda estadounidense. Sin embargo, el grueso de la ayuda estadounidense se canalizará hacia las fuerzas armadas de Colombia y no hacia las reformas socioeconómicas e institucionales. Esta estrategia de ”dos vías” bien puede demostrar su capacidad para apuntalar el régimen político colombiano al menos en los siguientes años; pero es muy poco probable que impulse la paz duradera o una estabilidad política perdurable para la siguiente década.

Notes

1 gao, Drug Control: Narcotics Threat from Colombia Continues to Grow, Washington, d.c., United States General Accounting Office (gao), gao/nsiad-99-136, junio de 1999, pp. 4-5.

2 Las estadísticas sobre los niveles de producción y cultivo en 1998 proceden de State Department, International Narcotics Control Strategy Report, Washington d.c, u.s., Government Printing Office, 1999. Los datos para 1999 y los proyectados para el 2000 y más allá los proporciona Revista Semana, ”Cultivos ilícitos: La ola verde”, Semana, edición 903, 23 de agosto de 1999; Associated Press, ”dea, Cocaine Production Grows”, The New York Times, 18 de enero de 2000, y Tim Johnson, ”Colombian Coca Fields Flourishing, cia Reports”, The Miami Herald, 21 de enero de 2000.

3 Asociación Nacional de Institutos Financieros, La economía de la cocaína: La clave para entender Colombia, Bogotá, anif, 2000.

4 Véase State Department, op. cit.; Clifford Krauss, ”Peru's Drug Success Erode as Traffickers Adapt”, en The New York Times, 19 de agosto de 1999.

5 State Department, op. cit.; Adalid Cabrera Lemuz, ”Bolivia erradica una cifra récord de coca”, en El Nuevo Herald, 19 de diciembre de 1999.

6 Clifford Krauss, op. cit.; ”Andean Coca Wars Special: A Crop that Refuses to Die”, en The Economist, 4 de marzo de 2000.

7 Idem.

8 Idem.

9 Office of National Drug Control Policy, The National Drug Control Strategy, 1998: A Ten Year Plan, Washington, d.c., The White House, 1998, pp. 42-52; gao, Drug Control: Assets dod Contributes to Reducing the Illegal Drug Supply have declined, Washington d.c., United States General Accounting Office, gao/nsiad- 00.-9, diciembre de 1999.

10 gao, Customs Service: Drug Interdiction Efforts, Washington, d.c., United States General Accounting Office, go/ggd-96-189br; septiembre de 1996, Office of National Drug Control Policy, The National Drug Control Strategy, 1997, Washington, d.c., The White House, febrero de 1997,49-62.

11 Tim Golden, ”Mexico and Drugs: Was u.s. Napping? ”, en The New York Times, 11 de julio de 1997; Peter Lupsha, ”Transnational Narco-Corruption and Narco Investment: a Focus on Mexico”, en Transnational Organized Crime Journal, primavera de 1995.

12 Sam Dillon, ”Trial of a Drug Czar Tests Mexico's New Democracy”, en: The New York Times, 22 de agosto de 1997; Tim Golden, ”Mexican Tale of Absolute Corruption”, en The New York Times, 9 de enero de 2000; J. Michael Waller, ”Mexican Standoff - The Narcostate Next Door”, en Insight Magazine, 27 de diciembre de 1999 (www.insightmag.com/ archive/199912048.shtml).

13 Michael Riley, ”Mexico Claims Greater Success in War on Drugs”, en: Houston Chronicle (houstonchronicle.com), 26 de enero de 2000; Ricardo Sandoval, ”Albright Hails Mexican Role on Drugs”, en The Miami Herald, 17 de enero de 2000.

14 Larry Rohter, ”Haiti Paralysis Brings a Boom in Drug Trade”, en The Neiv York Times, 27 de octubre de 1998; Reuters, ”Traffickers Moving Back to the Caribbean—u.s. Drug Czar”, en The New York Times, 10 de febrero de 2000; The Associated Press, ”Jamaican Fishermen's Tainted Boom: Rising Trade in Cocaine”, en The New York Times, 11 de febrero de 2000; David Kidwell, ”Haiti Now a Major Route for Cocaine Entering u.s. ”, en The Miami Herald, 13 de febrero de 2000.

15 Tim Johnson, ”Radar Gap helps Colombian Drug Smugglers”, en The Miami Herald, 5 de febrero de 2000.

16 Tim Johnson, ”Colombia's War on Drugs goes Airborne”, en The Miami Herald, 11 de febrero de 2000.

17 Bruce Michael Bagley, ”Dateline Drug Wars: Colombia: The Wrong Strategy”, en: Foreign Policy, núm. 77, invierno de 1989-1990, pp. 154-171; Patrick L. Clawson y R. W. Lee III, The Andean Cocaine Industry, New York, St. Martin's Griffin, 1998, pp. 37-61.

18 Bruce Michael Bagley, ”The New Hundred Years War? u.s. National Security and the War on Drugs in Latin America”, en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 30, núm. 1, 1988, pp. 71-92; John P. Sweeny, ”Colombia's Narco-Democracy threatens Hemispheric Security”, en Backgrounder, núm. 1028, The Heritage Foundation, 21 de marzo de 1995; Michael Shifter, ”Colombia on the Brink”, en Foreign Affairs, vol. 78, núm. 4, julio/agosto 1999, pp. 14-20.

19 La lucha contra las drogas ilícitas. 1996, un año de grandes progresos, Bogotá, Presidencia de la República, 1997, pp. 24-25; ”Narcotráfico: cuentas pendientes”, en Revista Semana, edición 913,1 de noviembre de 1999; Adam Thomson, ”Colombia: 'Mafia Links' Boost Cocaine Exports”, en The Financial Times, 29 de noviembre de 1999.

20 ”Narcotráfico: El Imperio de 'Juvenal'”, en Revista Semana, edición 912, 25 de octubre de 1999; Kirk Semple, ”Major Arrests Sabotage Colombian Drug Network”, en The Washington Post, 14 de octubre de 1999.

21 Algunos análisis de los problemas de corrupción institucional en Colombia: Fernando Cepeda Ulloa, ”Seguimiento y evolución de la lucha contra la corrupción”, en Beatriz Franco-Cuervo, comp., La corrupción y la lucha contra la corrupción, Bogotá, Fundación Konrad Adenauer y Goethe Institut, febrero de 1997, pp. 99-116; David Roll, ”La corrupción política en Colombia, del surrealismo a la realidad virtual”, en B. Franco-Cuervo, comp., op. cit., pp. 117- 134; Fernando Cepeda Ulloa, coord., La corrupción administrativa en Colombia: Diagnóstico y recomendaciones para combatirla, Bogotá, Tercer Mundo Editores, Contraloría General de la República y Fedesarrollo, 1994; Fernando Cepeda Ulloa, ”El Congreso Colombiano ante la crisis”, en Francisco Leal Buitrago, ed., Tras las huellas de la crisis política, Bogotá, Tercer Mundo Editores, fescol, iepri (un), 1996; y Fernando Cepeda Ulloa, ”Virtudes y vicios del proceso descentralizador”, en Jaime Jaramillo Vallejo, ed., El reto de la descentralización, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, ceja y Fundación Konrad Adenauer, 1996.

22 ”Corrupción”, en Revista Semana, edición 928, 28 de febrero de 2000.

23 gao, Drug Control, Washington, d.c., United States Government Accounting Office, gao/nsiad-99-136, 22 de junio de 1999; y gao, Drug Control: u.s. Efforts in Latin America and the Caribbean, Washington, d.c., United States Government Accounting Office, gao/nsiad-00-90R, 18 de febrero de 2000, p. 7.

24 ”Informe especial: Los negocios de las farc”, en Revista Semana, edición 879, 8 de marzo de 1999.

25 Steven Ambrus y Joe Contreras, ”Fighting the Enemy within: The 'farc Republic': a New Outlaw State in the Heart of South America”, en Newsweek International, 29 de noviembre de 1999; Reuters, ”Colombia's Pastrana plays down farc's Drug Links”, en The Miami Herald, 29 de julio de 1999.

26 César García, ”Tirofijo: Si me muero, hay mil que me reemplacen”, en El Nuevo Herald, 30 de enero de 2000.

27 Associated Press, ”Comandante colombiano rebate declaraciones de líder guerrillero”, en El Nuevo Herald, 30 de enero de 2000.

28 Es extremadamente difícil obtener información precisa sobre las ganancias de las FARC relacionadas con la droga, por lo que los cálculos varían mucho, desde un mínimo de 100 millones de dólares estadounidenses anuales hasta un máximo de 600 millones anuales. Las cifras que aquí se presentan se basan en entrevistas con informantes que conocen sobre el tema realizadas por el autor en Colombia en noviembre de 1999. Algunas discusiones sobre las fuentes de ingreso de las FARC pueden verse en Semana, ”Informe especial: Los negocios de las FARC”, en Revista Semana, edición 879, 8 de marzo de 1999; Douglas Farra, ”Drug Sales change Colombia's Power Balance”, en The Washington Post, 4 de noviembre de 1999 y Agencia efe, ”La guerrilla obtuvo 3 121 millones en ocho años”, en El Nuevo Herald, 12 de mayo de 1999.

29 Véase Alejandro Reyes Posada, ”Investigación sobre geografía de la violencia”, en El Tiempo, 17 de octubre de 1999.

30 Véase la declaración original de intenciones del presidente en cuanto al proceso de paz, en Andrés Pastrana, ”Una política de paz para el cambio”, Bogotá, 8 de junio de 1998, mimeografiado, 17 pp. Puede encontrarse un panorama de las iniciativas de paz en Colombia durante las dos últimas décadas en Juan Gabriel Tokatlián, ”Colombia en guerra: Las diplomacias por la paz”, en Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales, Buenos Aires, vol. 39, núm. 155, octubre.-diciembre. de 1999, pp. 339-360.

31 Steven Ambrus y Joe Contreras, op. cit.

32 Agence France Presse, ”Aseguran que las farc poseen un poderoso arsenal de guerra”, en El Nuevo Herald, 21 de enero de 2000; ”Colombian Rebels Tap E. Europe for Arms”, en The Washington Post, 4 de noviembre de 1999; ”Los misiles de las farc ”, en Revista Semana, edición 905, 6 de septiembre de 1999; J. Hammer y M. Isikoff, ”Fighting the Rebels: A Mysterious Plane Crash Highlights Covert u.s. Operations”, en Newsweek, junio de 1999; ”Proceso de paz: La paz armada”, en Revista Semana, edición 873, 25 de enero de 1999.

33 The Associated Press, ”Colombian Militias Tax Drug Trade”, en The New York Times, 10 de enero de 2000; ”¿Narco-Castaño? ”, en Revista Semana, edición 886,26 de abril de 1999.

34 Sobre los vínculos entre los paramilitares y el ejército colombiano, véase The Ties that Bind: Colombia and Military-Paramilitary Links, Nueva York, Human Rights Watch, vol. 12, núm. 1, febrero de 2000.

35 Linda Robinson, ” Where Angels Fear to Tread: Colombia and Latin America's Tier of Turmoil”, en World Policy Journal, invierno de 1999/2000, p. 64.

36 Ibid., pp. 64-65; Colombia's Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States, Washington, d.c., en Human Rights Watch Publications, noviembre de 1996; ”Carlos Castaño, jefe de las autodefensas”, en Revista Cambio, 29 de noviembre al 6 de diciembre de 1999.

37 Reuters, ”Pastrana destituye a generales acusados de nexos paramilitares”, en El Nuevo Herald, 9 de abril de 1999; Margarita Martínez, ”Colombia Sergeants Convicted”, en The Washington Post, 20 de diciembre de 1999.

38 Agence France Presse, ”Guerra total a paramilitares”, en El Nuevo Herald, 15 de enero de 2000. En una visita a Washington hecha a principios de marzo de 2000 para cabildear con los legisladores estadounidenses sobre el paquete de ayuda de Clinton, el vicepresidente colombiano Gustavo Bell declaró que en fechas recientes el gobierno de Pastrana había destituido a siete importantes jefes militares por colaborar con grupos derechistas paramilitares. También anunció que las fuerzas gubernamentales habían matado a siete miembros de organizaciones paramilitares y capturado a 42 en los primeros dos meses de ese año. George Gedda, ”Colombia Breaking Paramilitary Ties”, en The Washington Post, 8 de marzo de 2000.

39 El Tiempo, ”Castaño se ve en la mesa de negociaciones”, en El Tiempo, 2 de marzo de 2000. En este artículo, Castaño presumía que sus fuerzas de la auc sumaban 11 200 elementos en marzo de 2000, una cifra considerablemente mayor a los 7 000 que calculaban la mayoría de los analistas independientes.

40 Hasta mayo de 1999, el eln controlaba unas 30 000 hectáreas de coca en Catatumbo, Norte de Santander; pero perdió el control de esta área a manos de los paramilitares de las auc. La posición oficial del eln, que declara no financiar sus actividades con el narcotráfico, y su tamaño relativamente menor lo hacen menos preocupante ante Washington que las farc Diana Lozada, Unidad de Paz, ”Diez obstáculos con el eln”, en El Tiempo, 26 de marzo de 2000.

41 ”El eln y los alemanes”, en Revista Semana, edición 893,14 de junio de 1999; ”La bofetada”, en Revista Semana, edición 894, 21 de junio de 1999; ”Sí estamos cobrando”, en Revista Semana, edición 918, 20 de diciembre de 1999.

42eln pide despeje en el sur de Bolívar”, en El Tiempo, 8 de enero de 2000; ”Coca, nudo para el despeje”, en El Espectador, 8 de febrero de 2000.

43 The Associated Press, ”Colombian Rebels vow more Sabotage”, en The New York Times, 20 de enero de 2000.

44 Javier Baena, ”Medellín bajo racionamiento eléctrico tras un grave atentado de la guerrilla”, en El Nuevo Herald, 19 de enero de 2000; ”El país, al borde del racionamiento por atentados del eln”, en El Tiempo, 23 de enero de 2000; Luis Jaime Acosta, ”Colombia sufre pérdidas incalculables por los atentados”, en El Nuevo Herald, 22 de enero de 2000.

45 Desde mediados de febrero, las unidades paramilitares han matado a más de 60 personas que se creía eran simpatizantes del eln. The Associated Press, ”Groups kill 11 in Colombia”, en The New York Times, 13 de marzo de 2000; ”La caldera del diablo”, en Revista Semana, edición 930, 28 de febrero de 2000; Javier Baena, ”Pastrana acusa a Venezuela de irresponsabilidad”, en El Nuevo Herald, 10 de marzo de 2000.

46 Agence France Presse, ”Ataques recuerdan que la guerra continúa en Colombia”, en El Nuevo Herald, 2 de enero de 2000; Reuters, ”Cae en combate el líder del tercer grupo guerrillero colombiano”, en El Nuevo Herald, 29 de enero de 2000; El 7 de marzo de 2000, una víctima de secuestro del epl recientemente liberada anunció a la prensa que el epl había decidido entrar en pláticas de paz con el gobierno de Pastrana; ”Sucesos del día”, en El Tiempo, 7 de marzo de 2000.

47 ”La suerte de erp”, en Revista Semana, edición 930, 28 de febrero de 2000.

48 Idem.

49 The Associated Press, ”Colombia breaks Kidnap World Record”, en The New York Times, 28 de enero de 2000; Reuters, ”Former Cycling Champ Kidnapped in Colombia”, en The New York Times, 4 de marzo de 2000.

50 Larry Rohter, ”Driven by Fear, Colombians leave in Droves”, en The New York Times, 5 de marzo de 2000.

51 María Travierso, ”Representantes federales abogan por los inmigrantes colombianos”, en El Nuevo Herald, 20 de enero de 2000.

52 El 11 de marzo de 2000, Francisco Santos, un periodista del diario El Tiempo de Bogotá y dirigente del movimiento por la paz País Libre que organizó las marchas por la paz en 1999 en la que participaron unos 12 millones de colombianos, fue obligado a exiliarse en Estados Unidos tras descubrir un complot tramado por las farc para matarlo. En total, en los últimos 15 meses diversos grupos armados han asesinado a nueve periodistas colombianos en su país, más de 300 han recibido amenazas de muerte y por lo menos 11 además de Santos se han exiliado. Agence France Presse, ”Existe un complot para matarme”, en El Nuevo Herald, 13 de marzo de 2000; The Associated Press, ”Peace Protests Planned in Colombia”, en: The New York Times, 4 de enero de 2000; Henry Orrego, ”Salida de figuras públicas muestra dimensión de la violencia en Colombia”, en El Nuevo Herald, 14 de marzo de 2000.

53 Sergio F. Kovaleski, ”Thousands Roam Colombia to Escape Brutal Rural War”, en The Washington Post, 11 de agosto de 1999, p. A01; Reuters, ”Se han desplazado 1.7 millón de colombianos por la guerra”, en La Jornada, 25 de noviembre de 1999.

54 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes), Crisis humanitaria y catástrofe social, Bogotá, codhes, noviembre de 1999.

55 Sergio F. Kovaleski, op. cit.

56 Idem.

57 ”El 'boom' de las invasiones”, en El Tiempo, 8 de marzo de 2000.

58 Tim Johnson, ”Colombia's Child Soldiers”, en The Miami Herald, 23 de enero de 2000.

59 Larry Rohter, ”Crisis in Colombia as Civil Strife Uproots Peasants”, en The New York Times, 21 de octubre de 1999; ”Violencia joven”, en Revista Semana, Edición 932, 27 de marzo de 2000; ”Los acuerdos de paz”, en Revista Semana, edición 932, 27 de marzo de 2000.

60 Tim Johnson, op. cit.

61 Idem; Rafael Prieto Sanjuán, ”Conflicto armado en Colombia y desplazamiento forzado: ¿Qué protección? ”, Revista iidh, núm. 28, julio-diciembre de 1998, pp. 39-68.

62 ”Tráfico de armas: La conexión venezolana”, en Revista Semana, edición 898, 19 de julio de 1999; ”Chávez no tratará directamente con la guerrilla colombiana”, en El Nuevo Herald, 17 de agosto de 1999; Gerardo Reyes, ”Advertencia para Chávez: ¡Manos fuera de Colombia! ”, en El Nuevo Herald, 2 de octubre de 1999.

63 Bruce Bagley, ”Panamá-Colombia Border Conflicts could threaten the Canal”, especial para cnn Interactive (http://cnn.com/specials/1999/panamá, canal/stories/border/), diciembre de 1999.

64 Aunque algunas altas autoridades estadounidenses alimentaron las expectativas colombianas de un nuevo e importante paquete de ayuda de su país para la segunda mitad de 1999, los pleitos partidistas y las fuertes disputas en torno a las prioridades presupuestarias entre los congresistas republicanos y los demócratas llevaron a no programar la solicitud inicial de ayuda de Clinton ante el Congreso de Estados Unidos sino hasta finales de 1999. Véase Michael Shifter, ”The United States and Colombia: Partners in Ambiguity”, en Current History, febrero de 2000, p. 51.

65 Bruce Bagley, ”Hablando duro: La política internacional antinarcóticos de los Estados Unidos en los años noventa”, en Juan Gabriel Tokatlián, comp., Colombia y Estados Unidos: Problemas y perspectivas, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1998, pp. 103-118.

66 Henry Orrego, ”Saldo en rojo muestra la economía de Colombia”, en: El Nuevo Herald, 7 de agosto de 1999, p. 5b; ”Economía y negocios: en tierra de ciegos.en Revista Semana, edición 913,1 de noviembre de 1999.

67 ”Luz al final del túnel”, en Revista Semana, edición 924,17 de enero de 2000; ”¿Cómo nos ven en Wall Street? ”, en Revista Semana, edición 931, 6 de marzo de 2000.

68 Los 289 millones de dólares triplicaban la cantidad de la ayuda que Colombia recibió de Estados Unidos en el año fiscal de 1998 durante el último año completo del gobierno de Samper. Bajo Samper, prácticamente todo el disminuido flujo de ayuda antinarcóticos que Estados Unidos enviaba a Colombia se canalizaba a través de la Policía Nacional, encabezada por el general José Rosso Serrano, y no a través del ejército, que las autoridades estadounidenses consideraban corrupto y profundamente involucrado en los abusos a los derechos humanos, gao, Drug Control: u.s. Counternarcotics Efforts in Colombia Face Continuing Challenges, Washington, d.c., United States General Accounting Office, gao/nsiad-98-60, 12 de febrero de 1998; gao, Drug Control: Narcotics Threat from Colombia Continues to Grow, Washington, d.c.: United States General Accounting Office, gao/nsiad-99-136, junio de 1999.

69 ”Estados Unidos y la guerrilla de Colombia hablan de paz”, en El Nuevo Herald, 4 de enero de 1999. Los asesinatos de tres estadounidenses que trabajaban por los derechos humanos a manos de las guerrillas de las farc en marzo de 1999 volvió políticamente inimaginable cualquier renovación de contactos entre diplomáticos estadounidenses y las farc.

70 Madeleine Albright, ”Colombia's Struggles and How We Can Help”, en The New York Times, 10 de agosto de 1999; Reuters, ”High-level Visit Signal u.s. Alarm over Colombia”, en The Washington Post, 11 de agosto de 1999, p. A15; entrevistas personales realizadas por el autor en 1999 con oficiales del gobierno estadounidense.

71 ”El cheque del Tío Sam”, en Revista Semana, edición 924,17 de enero de 2000.

72 Plan Colombia, Bogotá, Presidencia de la República, septiembre de 1999. Como un indicio inequívoco de que su principal intención era convencer a Estados Unidos de que apoyara al gobierno de Pastrana, el Plan Colombia se escribió originalmente en inglés y circuló primero en Washington antes de que el Congreso Colombiano tuviera acceso a la versión en español en Bogotá.

73 Secretaria de Estado Madeleine K. Albright, ”Statement on u.s. Assistance to Colombia”, Washington, d.c., Office of the Spokesman, u.s. Department of State, 11 de enero de 2000; The White House, ”Fact Sheet: Colombia Assistance Package”, Grand Canyon, Arizona, Office of the Press Spokesman, The White House, 11 de enero de 2000.

74 Sergio Gómez Maseri, ”Clinton le apuesta a Colombia”, en El Tiempo, 12 de enero de 2000.

75 Luis Torres de la Llosa, ”La ayuda de Estados Unidos irá contra las farc si trafican droga”, en El Nuevo Herald, 27 de enero de 2000.

76 Reuters, ”Albright Declares 'New Relationship' with Colombia”, en The New York Times, 25 de enero de 2000; Steven Dudley, ”Albright discusses Anti- Drug Aid in Colombia”, en The Washington Post, 15 de enero de 2000, A20.

77 Tim Golden, ”Colombia asks Congress for Aid not tied to Human Rights”, en The New York Times, 26 de enero de 2000.

78 Idem; The Associated Press, ”Doubts over u.s.-Colombia Policy”, en The New York Times, 15 de febrero de 2000.

79 Guerra de dos mundos”, en Revista Semana, edición 930, 28 de febrero de 2000; Michael Radu, ”Aid to Colombia: A Study in Muddled Arguments”, distribuido por correo electrónico por The Foreign Policy Research Institute, Filadelfia, Pensilvania [fpri@fpri.org], pp. 1-4.

80 Sobre los efectos contraproducentes de los programas de erradicación de la coca en Colombia, véase a Coletta Youngers, ”Coca Eradication Efforts in Colombia”, en wola, ed., wola Briefing Series: Issues in International Drug Policy, Washington, d.c., wola, 2 de junio de 1997; Juan Gabriel Tokatlián, ”Estados Unidos y la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia: La funesta rutinización de una estrategia desacertada”, copia mimeografiada, Buenos Aires, Argentina, febrero de 2000.

81 John P. Sweeny, ”Tread Cautiously in Colombia's Civil War”, Washington, d.c., en The Heritage Foundation, Backgrounder, núm. 1264, 25 de marzo de 1999; Juan Gabriel Tokatlián, ”Colombian Catastrophe”, en The World Today, vol. 56, núm. 1, enero 2000, pp. 13-15; Gabriel Marcena y Donald Schultz, ”Colombia's Three Wars: u.s. Strategy at the Crossroads”, en Strategic Review, vol. xxviii, núm. 1, invierno de 2000, pp. 3-22.

82 Reuters ”Colombia Rebels 'declare War' on United States”, en The New York Times, 29 de febrero de 2000; The Associated Press, ”Colombia Rebel Rips Pastrana Plan”, en The Washington Post, 29 de febrero de 2000.

83 Matthew Brigs, ”Contractors Playing increasing Role in u.s. Drug War”, en Dallas Morning News, 27 de febrero de 2000.

84 ”Buenos ojos a la ayuda de ee.uu. ”, en El Tiempo, 23 de enero de 2000.

85 Durante su testimonio sobre el paquete de ayuda de Clinton ante el Subcomité de House Appropriations que supervisa la ayuda al exterior, el general Barry MacCaffrey, director de The Office of National Drug Control Policy, respondió ante la presión ejercida por ciertos congresistas escépticos: ”En lo personal, creo que debemos pensarlo como un esfuerzo de cinco años”; pero luego declaró que habría ”disminuciones considerables en la producción de drogas”. Algunos de sus críticos en el Subcomité expresaron temores de que la propuesta podría llevar a Estados Unidos a otra intervención ”como la de Vietnam”, sin un final definido, y otros argumentaron que sería mejor gastar esos fondos en casa para controlar la demanda de drogas en Estados Unidos. Alan Fram, ”u.s.: Colombia Drug War to take Five Years”, en The Washington Post, 29 de febrero de 2000. Sobre las dificultades para obtener recursos de la Unión Europea, véase a Hernando Corral G., ”Sin censura: dinero, paz y Unión Europea”, en El Tiempo, 7 de marzo de 2000.

86 Michael Radu, op. cit., p. 3.

87 Ibid., pp. 2-3.

88 Ralph Peters, ”The u.s. is setting a Trap for Itself in Colombia”, en The Washington Post, 5 de marzo de 2000, p. B01.

89 Idem.

90 Idem.

91 Michael Radu, op. cit., p. 4.

92 Ralph Peters, op. cit., p. B01.

93 ”Dangerous Plans for Colombia”, en The New York Times, 13 de febrero de 2000.

94 Seattle Post-Intelligencer Editorial Board, ”Spraying Coca Crop is a Misplaced Priority”, en Seattle Post-Intelligencer, 9 de marzo de 2000.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1998

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

amazon.fr