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Capítulo 4. La Reforma Agraria y los problemas actuales (1917-1975)

p. 163-253


Texte intégral

I. LA REFORMA AGRARIA

1la oposición contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, favorable a los sectores capitalistas y las grandes compañías extranjeras, aumentó poco a poco y se reforzó en la última década de la dictadura, entre 1900 y 1910. El crecimiento considerable, durante el porfiriato, del proletariado rural y del proletariado obrero dio lugar a graves problemas sociales. Las ideas socialistas se propagaban en los medios obreros por parte de grupos intelectuales, tales como el de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Antonio Villarreal, Antonio Díaz Soto y Gama. Fue una época de formación de sindicatos obreros y en la cual se organizaron varias huelgas de trabajadores. Sin embargo, todas fueron brutalmente reprimidas.

2Parece ser, en general, que el campesinado mexicano fue menos influido por la propaganda socialista, dado su aislamiento. El caso del Ajusco viene a refutar esta idea. Esto se explica induda blemente por su proximidad a la ciudad de México. En efecto, varios campesinos del pueblo asistieron con regularidad a las reuniones organizadas por los hermanos Flores Magón. Tal es el caso de Leonardo Eslava y de los hermanos Valentín y Manuel Reyes Nava. Ellos eran hijos de campesinos pobres y ayudaban a sus padres en las labores del campo. Participaron en las reuniones de los hermanos Flores Magón desde 1909, llegando a ser fervientes adeptos al socialismo.1

3No sabemos con certeza si intentaron difundir sus ideas en el pueblo, pero esto parece ser muy probable. En efecto, su participación dentro de la Revolución podría ser una prueba irrefutable, puesto que junto con ellos se levantaron la gran mayoría de los campesinos de Ajusco (la información concerniente al Ajusco durante la Revolución fue proporcionada por el profesor Jesús Camacho).

4Manuel y Valentín Reyes Nava tomaron las armas desde el principio de la guerra civil y se unieron a las tropas de Zapata: ambos fueron célebres generales zapatistas. Pero no fueron los únicos en destacar dentro del Ejército Libertador del Sur: también provenían de Ajusco el coronel A. Camacho Rivera, el teniente coronel Norberto Reyes y el mayor José Castro Camacho. En 1913 Valentín y Manuel Reyes Nava desempeñaron un importante papel en la vida del pueblo. Después de la caída de Madero y la toma del poder por Huerta, los hermanos Reyes Nava enlistaron y pusieron bajo sus órdenes a la mayoría de los campesinos de Ajusco, formando un pequeño contingente zapatista. Aquellos aparecían como los cabecillas de la causa campesina. Su formación política los llevó a encabezar a sus compañeros que los siguieron con fe y convicción. De esta manera el pueblo de Ajusco participó activamente en la revolución zapatista.

5Este es un caso muy interesante dado que muestra cómo había algunos campesinos preparados, desde antes de la Revolución, para realizar una acción política en contra del régimen. Ellos estaban prestos para asumir cabalmente la situación que se presentaba y encabezar a las tropas rebeldes de su pueblo. Sin embargo, no todos los vecinos del Ajusco formaron parte de las fuerzas zapatistas de los hermanos Reyes Nava. Algunos habían sido reclutados a la fuerza por las tropas de Huerta que habían penetrado en la sierra. Éstas cometieron muchos actos de violencia: los soldados allanaban las casas, se apropiaban de los víveres y reclutaban a los varones mayores. Los que se resistían eran fusilados en el acto.

6La guerra en la sierra fue, pues, terrible, tras la ocupación de las tropas federales de Huerta que saquearon e incendiaron los pueblos. Las haciendas fueron destruidas (ver las ruinas de la hacienda de El Guarda; Anexo IV, foto 10) y las iglesias se transformaron en arsenales militares. En Ajusco, los federales sacaron de la iglesia a los santos y a las vírgenes y los fusilaron... Así, en estos pueblos duramente golpeados por la guerra, las familias campesinas tuvieron que huir, y sólo regresaron a sus hogares poco a poco, después de 1920. Las tierras asoladas habían quedado baldías. Dos terceras partes de la población habían desaparecido. En medio de esta situación tan dramática entraron en vigor las leyes agrarias de la Revolución.

La legislación agraria

7Las primeras ideas que planteaban una revisión de la situación agraria en el país fueron expuestas por Madero, después de la encrucijada de las elecciones presidenciales de 1910, en las que se enfrentó a Porfirio Díaz. Después de salir de la prisión de San Luis Potosí (en donde fue encarcelado por el mismo dictador, aun antes de las elecciones, bajo el argumento de un complot armado), Madero se refugió en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, y publicó el Plan de San Luis. Fundamentalmente, esta proclama denunciaba que las elecciones eran nulas y declaraba el principio de no reelección, del mismo modo convocaba a un levantamiento general el 20 de noviembre del mismo año. Dicho plan también incluía un artículo que preveía la restitución de tierras a los pueblos indígenas.

8Como resultado de esta insurrección Madero llegó a la Presidencia en octubre de 1911, y la cuestión agraria quedó relegada a un segundo plano. Algunas personalidades propusieron proyectos sobre la materia: Díaz Soto y Gama defendía la restitución de las tierras comunales o ejidos que habían perdido los pueblos. Luis Cabrera ideaba la reconstitución del patrimonio perdido por los pueblos por medio de la expropiación de las grandes haciendas. Inclusive, hubo en Chihuahua bajo el mando de Pancho Villa recuperaciones de tierras públicas. Pero el gobierno de Madero, compuesto principalmente por conservadores, dudó en afrontar verdaderamente el problema de la tierra, aun cuando éste era el más grave que se imponía en el país. Su vacilación y lentitud llevaron al descontento y luego a la irritación de las masas campesinas, que, decepcionadas, se volvieron a levantar contra los líderes que les habían prometido tierras. Madero desestimó a estas fuerzas, reprimidas durante tanto tiempo y que se habían desencadenado al impulso de la Revolución. El pueblo esperaba más que un simple cambio de régimen político.

9Emiliano Zapata, que había combatido desde el principio de la insurrección al frente de los peones de las grandes haciendas azucareras del estado de Morelos, volvió a las armas, esta vez contra Madero, al grito de ¡Tierra y Libertad!, consigna que se haría célebre. En noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala, en el cual declaraba que no depondría las armas hasta tanto no se aplicara el programa de la Reforma Agraria, por ser prioridad: la restitución a los pueblos de sus tierras comunales y de las tierras que habían pasado a manos de las haciendas en la época de Porfirio Díaz. De esta manera, los pueblos deberían volver inmediatamente a la posesión de sus tierras en el caso de que demostraran poseer sus antiguos títulos de propiedad; y en los casos en que no existieran tales títulos, las grandes propiedades deberían ser expropiadas a favor de los pueblos que recibirían dotaciones de ejidos, como tierras de propiedad comunal. Este programa sería retomado años más tarde en la nueva Constitución.

10Pero mientras tanto, Madero había sido asesinado por órdenes del general Victoriano Huerta, y se suspendía de momento todo intento de reforma agraria o social. Por su parte, Huerta tuvo que huir ante la multiplicación de la Revolución en todo el país y Venustiano Carranza llegó al poder en julio de 1914.2

11Este último, si bien era un gran terrateniente, sabía de la importancia de la cuestión agraria, máxime cuando las tropas de Zapata se habían enseñoreado en todo el centro del país, en las mismas goteras de la capital, y ya empezaban a distribuir las tierras de las haciendas entre los pueblos. Lo que hizo Carranza para apaciguar los ánimos y ganarse el apoyo de los campesinos fue proclamar el Plan de Veracruz, en diciembre de 1914, en el cual declaraba su intención de romper con las grandes propiedades, restituir las tierras de los pueblos y apoyar a la pequeña propiedad. Dicho plan fue precisado por la ley del 6 de enero de 1915, que organizaba la restitución de tierras a los pueblos y creaba la Comisión Nacional Agraria, que se encargaría de tomar las decisiones en torno a las restituciones, los comités agrarios estatales, encargados de recibir las solicitudes, y los comités ejecutivos locales, que se encargarían de ejecutar las decisiones tomadas.

12Empero, esta ley preveía la posibilidad de indemnizar a los hacendados expropiados y también la distribución a título individual y no solamente comunal. Sólo las comunidades que tenían el estatus de pueblo podían hacer solicitudes de restitución de tierras, lo cual excluía a los asentamientos de hacienda, como era el caso de Parres, que en el siglo xix había sido completamente absorbido por la hacienda de El Guarda. Estos aspectos de la ley agraria fueron criticados violentamente por los zapatistas, que se negaron a confiar en ese gobierno y decidieron tomar por su propia cuenta la solución del problema agrario. Entonces se reanudó la guerra de manera más intensa. Carranza persiguió sin tregua a las tropas de Zapata, igual que a las de Pancho Villa.

13Sin embargo, en el otoño de 1916 fue elegido un Congreso Constituyente por órdenes de Carranza, con el fin de hacer una reforma de la Carta Magna que tuviera en cuenta los problemas dejados pendientes por la Revolución. En enero de 1917 se acordó un artículo de la más alta importancia, pues implicaba la modificación total de la situación agraria en México: el sonado artículo 27 constitucional. Éste fue redactado bajo la influencia del general Francisco Múgica, quien se inspiró en las ideas de Andrés Molina Enríquez, el "padre espiritual" de la Reforma Agraria. Múgica encabezaba, dentro de esta asamblea constituyente, un sector de diputados progresistas decididos a realizar reformas profundas. Este artículo reconfiguraba las nociones de propiedad en México: sólo la nación es propietaria del suelo y del subsuelo, éstos son inalienables y sólo ella tiene el derecho de transmitir el dominio de la propiedad a los habitantes. Ella puede hacer expropiaciones por causas de utilidad pública, si así lo exige el interés colectivo: por ejemplo, en el caso de que sea necesario crear parques naturales con el fin de cuidar los recursos naturales, para el establecimiento de servicios públicos como escuelas u hospitales. Las grandes propiedades de la iglesia fueron abolidas, al igual que las de las sociedades industriales y comerciales, y también las enajenaciones de tierras comunales realizadas siguiendo las leyes de 1856 y las del porfiriato.

14El artículo 27 preveía la reconstitución de los ejidos, es decir, de tierras comunales: por restitución, en el caso de que poseyeran los títulos que comprobaran su posesión, o por dotación de tierras tomadas de las grandes propiedades, en el caso de que no pudieran comprobar la enajenación de tierras, o simplemente porque los pueblos necesitasen las tierras. Las grandes propiedades debían desaparecer y ser reducidas a dimensiones más modestas, fijadas con precisión según las calidades del terreno o la actividad agrícola de la hacienda. Partes de esas tierras debían ser tomadas para dotar a los pueblos vecinos y el resto debía ser vendido por el estado, a menos de que cayeran bajo el manto de las leyes de expropiación por razones de utilidad pública.

15La idea básica de este artículo era que el "interés público" primaba en la definición de la propiedad de la tierra en México. Esta idea, así como la de "propiedad de la nación", provenía de los diputados marxistas del Congreso Constituyente. Su objetivo era iniciar la colectividad y la socialización de la tierra. Sin embargo, una gran mayoría de los diputados se oponía. Esto explica que el principal artículo de la Constitución, concerniente al régimen de la tierra, sea un pacto intermedio entre concepciones muy distintas, el cual permitió un régimen mixto de la propiedad, en donde la propiedad comunal de los pueblos coexistía con la propiedad privada.

16El artículo 27 también previo medidas complementarias con la finalidad de ayudar a los campesinos en la valorización de sus tierras y evitar desengaños como en el pasado, después de las leyes del siglo xix, que habían llevado a pensar en la pequeña propiedad sin otorgarle al campesinado los medios para disfrutarla. De esta manera, se crearon bancos de crédito rural, cooperativas, y se fomentó la educación agropecuaria y la irrigación.

17Sin embargo, el artículo 27 debía ser reglamentado, con el fin de organizar con mayor precisión la Reforma Agraria. Carranza había impulsado la Reforma Agraria sólo con el objeto de ganarse el favor de las masas campesinas y de asegurar la toma del poder, es decir, para servir a sus fines más inmediatos; en ese momento intentó demorar el proceso emprendido. Multiplicó las formalidades que había que cumplir por parte de los pueblos que solicitaran tierras; le quitó a los comités locales el derecho de distribuir tierras a título provisional, en espera de las decisiones de la Comisión Nacional Agraria, tal y como estaba previsto; e incluso en 1919 propuso que los pueblos pagaran por las tierras que les fueran atribuidas. Así pues, los efectos de la Reforma Agraria en la época de Carranza fueron muy limitados.

18Fue sólo después de 1920 que se reanudó la Reforma Agraria. Álvaro Obregón se había sublevado contra Carranza y logró retirarlo del poder. Este último sería asesinado poco tiempo después. Por otra parte, un decreto agrario de abril de 1922 especificó quienes podían beneficiarse del reparto de tierras, dejando a un lado una vez más a los pueblos de hacienda, así como a los barrios suburbanos; y por otra parte, especificaba qué tierras podían ser distribuidas, y en qué cantidad. Se estableció que las grandes propiedades que desarrollaban actividades industriales ligadas a la agricultura no serían expropiadas: tal es el caso de las haciendas azucareras y las grandes plantaciones de café, cacao y vainilla. Las demás haciendas quedarían reducidas a un máximo de 150 hectáreas, si se trataba de tierras de riego, 250 hectáreas si eran tierras relativamente bien irrigadas por lluvias y 500 hectáreas si se trataba de tierras de temporal, como era el caso de las haciendas del Ajusco. También se contemplaba la desaparición de las grandes propiedades, una vez que se alcanzaran los límites de inafectabilidad, dando lugar a pequeñas propiedades que a partir de entonces serían respetadas en su extensión, excepto en casos de utilidad pública. En cuanto a los pueblos que habrían de ser dotados con tierras expropiadas a las haciendas vecinas, se dispuso la aplicación del artículo 27 constitucional: es decir, la restitución de las tierras despojadas, en el caso de que entregaran pruebas irrefutables, o bien la dotación de tierras si sus documentos eran imprecisos o si las tierras resultaban insuficientes y ellos necesitaran más.

19La superficie de la dotación de tierras se realizaba en función de la cantidad de familias, cada una de las cuales recibiría entre tres y cinco hectáreas de tierras de riego, entre cuatro y seis hectáreas de tierras suficientemente irrigadas por lluvias, y entre seis y ocho hectáreas de terrenos de temporal.

20De esta manera, los efectos de la Reforma Agraria se vieron limitados de manera singular: Obregón no apostaba por una reforma radical. Él pensaba que el desmembramiento de las grandes propiedades arruinaría al país e intentó limitar las expropiaciones. Se exigían muchas condiciones para lograr restituciones de tierras. Cuando percibimos el espíritu "impreciso" de los documentos en poder de los pueblos, del cual los hacendados ya se habían aprovechado muchas veces, podemos prever que estas restituciones resultarían casi imposibles, tal y como nos lo demuestra el ejemplo de los pueblos del Ajusco. De hecho, Obregón sólo quiso calmar los ánimos haciendo algunas concesiones y poniendo fin a las revueltas. La Reforma Agraria había sufrido toda clase de tergiversaciones. Las leyes llegaron muy tarde, cuando las masas campesinas ya estaban desmovilizadas. Sus alcances fueron, pues, reducidos.

21Sin embargo, desde entonces y hasta nuestros días fueron emitidas numerosas leyes agrarias. Estas modificaron repetidas veces el curso de la Reforma Agraria. La política de la sucesión presidencial también tuvo importancia capital, pues del presidente en turno dependía detener la Reforma, o bien acelerarla, o imprimirle una nueva orientación. Las leyes cambiaron de sexenio en sexenio, se contradijeron, se anularon. Estos golpes de ciego, estos virajes de los cuales fue víctima la Reforma Agraria, explican en parte que ella haya faltado a su objetivo original y que todavía no haya podido efectuarse a plenitud, pasados 60 años de la Revolución.

22Bajo el gobierno de Plutarco Elias Calles, las leyes de 1925, o leyes de patrimonio ejidal, volvieron a cuestionar profundamente el tema de la propiedad comunal de los ejidos. Estas leyes se enfocaron en la división de los ejidos en parcelas privadas, con la finalidad de desarrollar una clase de pequeños propietarios campesinos. Para poder aplicar la parcelación y apresurar esta transformación, las leyes de 1927 simplificaron las formalidades para las demandas de dotación o de restitución de tierras.

23Este propósito fue continuado en el gobierno de Emilio Portes Gil. Éste promulgó las leyes de enero de 1929, que tenían la finalidad de acelerar aún más el proceso de dotación, buscando y castigando con multas a los hacendados que hacían divisiones ficticias en sus propiedades con el fin de impedir la aplicación de las leyes agrarias.

24Pero después de 1930 la Reforma Agraria sufrió una paralización bajo el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Ésta fue congelada bajo la influencia del ex presidente Calles, quien de hecho continuaba gobernando el país. Después de un estadía en Europa, éste regresó convencido de que no era deseable la pequeña propiedad campesina, que ésta más bien perjudicaba la modernización y estorbaba el desarrollo económico del país. Los decretos de diciembre de 1930 aumentaron la cantidad de categorías de grandes propiedades que no podían ser expropiadas. También limitaron las posibilidades de obtención de ejidos. Además, entre 1930 y 1931 se disolvieron numerosos comités agrarios locales.

25Los comités vieron cómo se les impuso un plazo muy corto, de dos meses, para remitir sus expedientes a la Comisión Nacional Agraria. Expirado este plazo se consideraría que ya no habría más solicitudes a formular por parte de los pueblos. En consecuencia, los comités locales ya no tenían razón de existir. Éstos fueron eliminados en más de doce estados de la República. Todas estas disposiciones provocaron una disminución considerable en el reparto de tierras. Aparentemente la Revolución había terminado.

26Pero en 1932 el nuevo presidente, Abelardo Rodríguez, intentó restablecer la Reforma Agraria, derogando las leyes impuestas por su antecesor. A partir de octubre de 1932 tomó medidas para dar un nuevo vigor y acelerar las leyes de patrimonio ejidal de 1925. En 1933 se reconstituyeron los comités agrarios locales que habían sido disueltos y se formuló una nueva legislación: ésta advertía la insuficiencia de los resultados obtenidos por la Reforma Agraria hasta el momento y buscaba nuevas soluciones.

27Las leyes de 1933 y 1934 significaron un acuerdo entre dos tesis adversas: la de los "veteranos", los cuales querían poner un límite a la adjudicación de tierras y a la propiedad comunal, privilegiando la creación de una clase media de propietarios de más de diez hectáreas, por medio del fraccionamiento y la venta de las haciendas; y las tesis socialistas de los "agraristas", dispuestos a llevar a cabo la reconstitución de ejidos y la colectivización de la tierra hasta sus últimas consecuencias. Se creó entonces el Departamento Agrario, con rango ministerial, y con lo cual se reorganizaba administrativamente la Reforma Agraria. El objetivo era llevarla a cabo definitivamente. La normatividad de 1934 permitió acelerar el reparto agrario y ampliar las posibilidades de obtener créditos por parte de los ejidatarios. De esta manera, el objetivo principal siguió siendo el desarrollo de la pequeña propiedad.

28La reforma se extendió a todos los núcleos de población: de esta manera los pueblos de hacienda pudieron finalmente beneficiarse del reparto de tierras. Por otra parte, se le otorgó al Departamento Agrario la facultad para crear nuevos centros de población, en lugares que serían acondicionados, para aquellos casos en donde los asentamientos estuvieran demasiado poblados y donde ya no fuera posible hacer dotaciones de ejidos a partir de las haciendas vecinas. Los pueblos que ya tuvieran ejido también podrían interponer nuevas solicitudes de ampliación, es decir, de extensión de sus ejidos, si las primeras dotaciones hubieran resultado insuficientes.

29Fue esencialmente durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, cuando la Reforma Agraria alcanzó un punto culminante. Toda vez que, hasta ese momento se habían entregado 7 500 000 hectáreas a los pueblos, mientras que en esos seis años se distribuyeron 17 500 000 hectáreas. Por otra parte, las tesis socialistas fueron aplicadas en ciertos ejidos colectivos, como los de La Laguna y de Yucatán, creados en 1936 y 1937.

30Después, durante más de 20 años la Reforma Agraria se detuvo, casi hasta el abandono. Llegamos así a una nueva época. Los gobiernos que se sucedieron entre 1940 y 1958 se rehusaron a prolongar la Reforma Agraria. Aquellos consideraron que ésta había fracasado. La mayor parte de las tierras que se habían repartido eran muy pobres. La miseria campesina, los escasos rendimientos y el tipo de agricultura primitiva que practicaban, no habían cambiado. Por otra parte, a pesar de la creación de 14 682 ejidos hasta 1940, el 30 por ciento del territorio del país continuaba en las manos de 2 832 grandes propietarios. La agricultura mexicana seguía dividida entre una agricultura de subsistencia, practicada en pequeñas parcelas privadas o comunales, y una agricultura comercial y moderna llevada a cabo en grandes propiedades. Esta última resultó favorecida en detrimento de los ejidos.

31Durante la presidencia de Manuel Avila Camacho (1940-1946) se promulgó, en diciembre de 1942, un código que modificó la legislación agraria con la finalidad de limitar la distribución de tierras: bajo su gobierno sólo fueron entregadas 3 335 575 hectáreas. En 1946, Miguel Alemán (1946-1952) reformó el artículo 27 constitucional. Logró aumentar los límites de inafectabilidad para las propiedades que practicaban algún tipo de agricultura comercial. Las plantaciones de algodón beneficiadas con riego pudieron alcanzar un límite máximo de 150 hectáreas, las de plátano, caña de azúcar, café, hule, cocos, viñedos, vainilla, olivos, cacao, árboles frutales y fibras textiles como el henequén, hasta 300 hectáreas. Por otra parte, los propietarios que habían llevado a cabo mejoras en sus propiedades (de riego o drenaje) no podrían ser afectados por la Reforma Agraria. De esta manera fueron favorecidos los dueños de las grandes explotaciones, amigos del régimen, quienes practicaban una agricultura altamente lucrativa.

32En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se llevó a cabo una nueva política: la planificación del sector rural, la construcción de grandes presas y de pozos para poder irrigar y valorizar nuevas tierras. Sin embargo, la Reforma Agraria volvió a ser retomada después del gran Congreso Nacional Agrario, que tuvo lugar en Toluca en noviembre de 1959, durante el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), gracias a la iniciativa del doctor Gustavo Baz, gobernador del Estado de México. Entonces se analizaron los problemas agrarios de los pueblos mexicanos. Pero fue sobre todo durante la presidencia de Luis Echeverría (1976-1976) cuando se revivió la reforma Agraria. Éste quiso llevarla a su última fase: la reforma "integral". Sin embargo, no se puede decir que haya concluido plenamente: las últimas dotaciones de tierras efectuadas bajo su gobierno, en noviembre de 1976, en el estado de Sonora, provocaron sangrientas protestas por parte de "pequeños propietarios" de 500 hectáreas, lo que demuestra que la problemática agraria está lejos de ser solucionada.

Las primeras dotaciones de ejidos (1921-1930)

33Casi todos los pueblos del Ajusco se apresuraron a tramitar sus demandas de restitución de tierras, desde 1921, cuando apenas empezaban a repoblarse. Estas fueron presentadas entre 1921 y 1923, durante la presidencia de Obregón, lo que de alguna manera demuestra el fondo de las intenciones en aquel gobierno al ocuparse de los problemas agrarios. Sin embargo, los expedientes fueron arrastrados de un lugar a otro debido a que fue muy difícil analizar los documentos y los títulos que presentaron los pueblos para probar su antigua propiedad de la tierra. Esto tomó mucho tiempo y aun así los resultados no fueron nada satisfactorios.

34El pueblo de San Pedro reclamó en 1921 el barrio de San Buenaventura, usurpado en 1850 por la vecina hacienda de San Juan de Dios. Los de San Pedro se pusieron a buscar sus títulos pero no encontraron nada, e hicieron la observación de que todos los papeles habían sido retenidos por la hacienda cuando el barrio terminó abandonado con la epidemia de 1850. Como era de suponerse, la hacienda negó todo. De esta manera el expediente de San Pedro fue archivado en 1922.

35Magdalena Petlacalco presentó sus títulos en septiembre de 1922. ¡No fue sino hasta mayo de 1929 cuando recibió una respuesta! Sus documentos fueron reconocidos como auténticos. Sin embargo, en octubre del mismo año la Comisión Nacional Agraria3 le notificó que no podía satisfacer su solicitud: la razón seguía siendo la falta de pruebas para demostrar que la hacienda de la Venta los había despojado, porque ellos también exhibieron, por su parte, documentos que igualmente fueron considerados auténticos, pero contrarios a los del pueblo. Según ellos, las tierras habían sido usurpadas en 1894, y reclamaron que fueron asignadas a la hacienda tras el sonado proceso de 1897. De esta manera, se trataba de tierras comunales expropiadas según las leyes del porfiriato: la Comisión Nacional Agraria habría tenido que aplicar el artículo 27 constitucional, e invalidar el despojo, que a partir de entonces era ilegal. Los pueblos, que quizás no estaban al corriente de sus derechos, no supieron cómo defenderse. En octubre de 1930 el pueblo pidió que se le regresaran sus títulos, pero el comité agrario local había sido disuelto y se le notificó a Magdalena que los documentos se habían perdido. Todavía en 1934 el pueblo reclamaba sus títulos, mas en vano...

36Los campesinos de Xicalco remitieron en junio de 1923 los antiguos documentos de 1640, escritos en náhuatl, pero los peritos del Archivo Nacional los declararon falsos y apócrifos. A partir de entonces desaparecieron. Al parecer nunca se los regresaron al pueblo...

37Topilejo presentó sus títulos en 1923, los cuales fueron declarados auténticos por el servicio del Archivo Nacional. Sin embargo, sólo les concedieron una dotación provisional en 1928, pero nada más de 125 hectáreas tomadas de la hacienda la Venta. A pesar de sus protestas el pueblo no pudo lograr que se le diera seguimiento a su expediente en la Comisión Nacional Agraria.

38El caso de Topilejo sólo fue reexaminado diez años más tarde, en 1934, cuando se retomó la Reforma Agraria. El propietario de la hacienda El Guarda (que se formó en el siglo xix, gracias a las leyes de 1856, en lo que fueran tierras comunales del pueblo) era amigo personal del secretario general del Departamento del Distrito Federal... De esta manera se explica que se haya asfixiado el proceso de restitución. Topilejo no sólo reclamaba las 1 887 hectáreas de la hacienda El Guarda, sino las 1 970 hectáreas del rancho El Fraile, es decir, aquellas tierras que no fueron entregadas al pueblo después de la permuta de terrenos de 1879. El caso de Topilejo no significaba poca cosa: la reforma aquí dejaba mucho qué desear, por la lentitud, la mala fe, la deshonestidad y la corrupción.

39Por otra parte, el pueblo de Ajusco no envió ninguna demanda de restitución, lo que parece extremadamente extraño. Quizás el pueblo sufrió algún tipo de intimidación por parte de las haciendas, tal y como se puede comprobar con hechos ocurridos unos años después: en 1937 el Ajusco presentó por vez primera un expediente de restitución de tierras. Pero, el dueño de la hacienda de la Venta del Ajusco, Ángel Entrambasaguas, sobornó al representante4 del pueblo, Marcial Romero, con una fuerte suma de dinero, para que éste escondiera los documentos en poder del pueblo y eliminar así todo tipo de pruebas en su contra (información oral tomada del actual subdelegado del pueblo, el profesor Jesús Camacho). De esta manera se entiende por qué, después de que recuperaron estos preciosos documentos, fueron puestos bajo la custodia de un comunero de confianza, escogido especialmente para ello. Entonces, es muy probable que hubiera habido presiones similares en el periodo posterior a la Revolución, que le impidieron al pueblo intentar beneficiarse de la reforma, aunque no tenemos ninguna evidencia. Sólo sabemos de aquel pacto de mala fe de 1937 gracias a la tradición oral, y en esta medida, de manera fortuita, fue descubierta la verdad.

40Los pueblos del Ajusco que vieron cómo fueron rechazadas, por diversas razones, sus demandas de restitución de tierras se ampararon en la otra fórmula que proponía la Reforma Agraria, es decir, la dotación de ejidos. El primer pueblo que obtuvo un ejido en la sierra fue San Pedro. Como no pudo demostrar sus derechos sobre el barrio de San Buenaventura, el pueblo hizo una solicitud de dotación ejidal en noviembre de 1922. Muy rápidamente tuvo una respuesta satisfactoria: un censo permitió establecer, en 1923, que había 193 personas que podían ser dotadas, entre un total de 484 habitantes. Éstos eran los solteros mayores y los cabezas de familia. Casi todos eran jornaleros, y algunos trabajadores domésticos. Dos de ellos fueron excluidos porque se afirmó que poseían cinco y diez hectáreas respectivamente. Los 191 ejidatarios recibieron cada uno de ellos una hectárea, y se les entregó, además, 40 hectáreas para la construcción de la escuela. Aparentemente esta superficie era considerable, pero también debían establecerse otros edificios públicos en este terreno. En total, la dotación ascendía a 231 hectáreas.

41Estas tierras fueron tomadas de la hacienda San Juan de Dios (ver anexo II, mapa 10). En principio fueron entregadas provisionalmente, y la misma superficie fue confirmada en marzo de 1924 por parte de la Comisión Nacional Agraria. En este caso, la Reforma Agraria había hecho su trabajo, aunque resultaba irrisorio. ¿Qué podían hacer estos obreros agrícolas con una hectárea, más que seguir siendo jornaleros?

42San Pedro fue el único pueblo de la sierra que fue dotado de ejidos de manera rápida. En los demás pueblos los efectos de la Reforma Agraria llegaron más tarde, durante la presidencia de Portes Gil, quien se mostró favorable a reiniciar el reparto agrario en todo el país, con un ritmo más acelerado. Se reexaminaron las demandas interpuestas entre 1922 y 1923.

43En cuanto a San Andrés, en 1922 los campesinos habían solicitado la restitución de las tierras despojadas por la hacienda del Arenal. Pero como su expediente fue rechazado, por falta de pruebas contundentes, algunos habitantes hicieron lo mismo que en 1882: compraron las tierras que creían que jamás habrían de recuperar. Sin embargo, en junio de 1929 intentaron llevar a cabo una nueva acción durante la presidencia de Portes Gil, presentando una solicitud de dotación. El censo mostró que 384 cabezas de familia y solteros mayores podrían llegar a ser ejidatarios. En 1930 la Comisión Nacional Agraria confirmó la dotación de 348 hectáreas de tierras que habían sido entregadas provisionalmente en noviembre de 1929. Estas tierras habían sido desprendidas de otra de las grandes haciendas vecinas, la de Mipulco Eslava. En este caso, los campesinos recibieron, también, nada más que una hectárea por familia.

44En Magdalena, las tierras que reclamaban por la vía de restitución alcanzaban las 243.93-50 hectáreas, que se podían des agregar de la siguiente manera:

  • 181.59 hectáreas de la hacienda de la Venta (aunque ésta ya lehabía vendido 73.60 ha a Manuel Ollivier, de origen francés)

  • 31.22-50 hectáreas de la hacienda del Arenal

  • 12.58 hectáreas de pequeños propietarios del pueblo de Ajusco

  • 18.54 hectáreas del pueblo de San Andrés

  • 243.93-50 hectáreas en total

45Dichas tierras se dividían en tierras de agostadero y de temporal. Pero la dotación fue escasamente generosa, en la medida en que el censo había arrojado un total de 141 personas con derecho a tener parcelas comunales y sólo les fueron entregadas 141 hectáreas, es decir, una vez más, una hectárea por familia (ver Anexo II, mapa 10).

46Xicalco también solicitó la restitución de tierras despojadas por la hacienda de la Venta a raíz del juicio que ésta había ganado en 1897. Por otro lado, una fracción de las tierras del pueblo se habían transformado en pequeñas propiedades durante el siglo xix y habían pasado a formar parte de pueblos vecinos:

  • 120 hectáreas pertenecían a campesinos de San Pedro

  • 90 hectáreas pertenecían a campesinos de San Pablo

  • 17 hectáreas pertenecían a campesinos de Magdalena

  • 227 hectáreas en total

47En este caso, una vez más, la Reforma Agraria se mostró poco generosa : primero entregó 114 hectáreas, es decir una por cada cabeza de familia (éstas debían ser tomadas, por una parte, de la hacienda la Venta: 75.15-62 hectáreas, y por otra, de la propiedad de Ollivier: 38.84-38 hectáreas). Pero poco tiempo después se descubrió que los campesinos habían falseado un poco el censo, contando entre ellos a 16 individuos que no eran campesinos. Esta práctica fue realizada con frecuencia en todo el país. No quedaban más que 98 personas, todos peones agrícolas, algunos de las cuales trabajan lejos del pueblo. Finalmente, no recibieron más que 86.46 hectáreas, tomadas de la vecina propiedad de Manuel Ollivier. Esta dotación definitiva significaba menos de una hectárea por familia. Xicalco es el único pueblo de la sierra que recibió una dotación definitiva menor que la dotación provisional, ejemplo de un procedimiento que fue muy frecuente en el resto del país.

48Podemos notar que por regla general la Comisión Nacional Agraria repartió una hectárea por familia. La superficie de las tierras ejidales entregadas a los pueblos se calculaba en función del número de familias campesinas que necesitaran tierras. Era necesario realizar un censo para determinar este número. También podemos sorprendernos por la inconsistencia del reparto de tierras, que marchaba en contrasentido con las leyes vigentes, las cuales suponían dotar a los ejidatarios con entre seis y ocho hectáreas de terrenos de temporal. Dos razones pueden explicar este hecho: en primer lugar, los pueblos son muchos en esta región tan cercana a la capital, además están densamente poblados y, por si fuera poco, la presión demográfica se hizo sentir con más fuerza diez años después de la guerra civil y la Revolución. Por otra parte, las haciendas son pocas y mucho menos extensas que en otras regiones. Éstas tenían el derecho a conservar hasta 500 hectáreas. Así, la Comisión Nacional Agraria tenía que ser extremadamente prudente a la hora de hacer el reparto para ser equitativos. De no ser así, algunos pueblos corrían el riesgo de quedarse sin ejidos.

49Las siguientes tablas nos permiten hacer un balance de los primeros repartos de tierra en la sierra, aunque fueran modestos. Es de anotar que dos pueblos quedaron fuera de la Reforma Agraria: Topilejo y Ajusco.

50Un análisis de estas tablas nos enseña que en promedio los pueblos tuvieron que esperar entre seis y siete años para obtener tierras. Sólo el caso de Magdalena Petlacalco nos permite afirmar que la superficie de las tierras solicitadas fue inferior a las dotaciones de restitución. Algunas haciendas involucradas en el asunto de la restitución todavía no habían sido afectadas, como fue el caso del Arenal a favor de San Andrés.

TABLA 1. PRIMERAS DOTACIONES DE TIERRA EN LA SIERRA

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TABLA 2. BALANCE CORRESPONDIENTE

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*N. del T:. Este dato parece equivocado. La suma de la superficie anterior y la posterior a la reforma es de 387.63 hectáreas.

51Sin embargo, como los pueblos tenían con anterioridad una superficie bastante reducida sus tierras crecieron en fuertes proporciones: un 25 por ciento en el caso de dos pueblos, y 50 y 55 por ciento para los otros dos. Empero, esto no significó que aumentara la proporción de tierras de cada uno de los campesinos. Como hemos señalado, durante la época porfiriana una buena parte de las tierras de los pueblos, por no decir todas, se convirtieron en pequeñas o medianas propiedades, concentradas en pocas manos, algunas ni siquiera pertenecían a los campesinos de los pueblos. Estas pequeñas propiedades subsistieron y no fueron redistribuidas. Los ejidatarios, beneficiarios de las dotaciones, fueron los campesinos sin tierras. La dotación de una hectárea por familia resultaba extremadamente insuficiente, sobre todo en esta región de tierras tan pobres. Así, no hay que sorprenderse cuando los pueblos intentaron sacar partido de la nueva legislación agraria de 1934, que les permitía la posibilidad de obtener nuevas dotaciones de tierra, es decir "ampliaciones".

Reanudación de la Reforma Agraria bajo el gobierno de Cárdenas

52El pueblo de Magdalena fue el primero en manifestarse, en agosto de 1936. El nuevo censo, efectuado de inmediato, mostraba que el número de habitantes con derecho a obtener parcelas ejidales era de 113. El Departamento Agrario, que fue el nuevo organismo creado para la Reforma Agraria, se puso a la tarea de buscar en la sierra las haciendas susceptibles de ser afectadas. Las primeras dificultades ya se habían dejado sentir en los años anteriores: el nuevo código agrario especificaba que las haciendas debían encontrarse a una distancia máxima de siete kilómetros de los pueblos, lo cual limitaba las posibilidades de las afectaciones.

53En el caso de Magdalena eran tres las haciendas que podían ser tomadas: el rancho de Copilco al norte (ver Anexo II, mapa 11), pero éste acababa de ser reducido a 500 hectáreas tras las dotaciones de Padierna y San Jerónimo Aculco, lo cual era el límite de inafectabilidad en esta región de tierras de temporal, en parte estériles por la lava. La hacienda del Arenal, de 1 461 hectáreas, y que pertenecía a la fábrica de textiles La Fama Montañesa debía ser respetada pues había otros ejidos nuevos o en vías de creación, con lo que se corría el riesgo de convertir esta hacienda en una pequeña propiedad inafectable. No quedaba más que la hacienda de Mipulco Eslava, que aún conservaba 2 952 hectáreas después de las dotaciones de la época precedente: 1 300 hectáreas de ejido entregadas a San Nicolás Totolapan en 1924, que había reclamado 1 427 hectáreas en restitución sin quedar enteramente satisfecho, y las 348 hectáreas entregadas a San Andrés en 1930. Para la misma época, otros cuatro pueblos también podían ser dotados con tierras de Mipulco: San Andrés, San Nicolás, Padierna, San Bartolo Ameyalco, todos por ampliación de ejidos. Sin embargo, la respuesta para Magdalena fue satisfactoria, y recibió una dotación provisional de 622 hectáreas, el 30 de noviembre de 1936 (ver Anexo II, mapa 11), lo que elevaba su patrimonio a 1 210.38 hectáreas.

54La dotación de la época de Cárdenas fue más generosa: los campesinos beneficiados con el reparto recibieron en promedio cinco hectáreas y media cada uno. Sin embargo, es importante advertir que éstas no eran tierras laborables, y además que estaban situadas muy lejos del pueblo, del otro lado de las haciendas del Arenal y Eslava, en una zona muy difícil de explotar. Tras haber recibido la dotación definitiva, en enero de 1938, los campesinos de Magdalena se organizaron en una sociedad cooperativa forestal ejidal, para la explotación de estas tierras montañosas, cuya única riqueza era el bosque. Aquí tenemos un buen ejemplo de la aplicación de las tesis socialistas y de los intentos que se hicieron durante el gobierno de Cárdenas para desarrollar sistemas cooperativos que a su parecer eran la mejor solución para la organización campesina y ejidal. No obstante, al parecer siguieron estando insatisfechos, en la medida en que ellos querían tierras cultivables.

55Entonces intentaron sacar provecho al máximo de la legislación en vigor y de un gobierno que por fin había sido favorable a sus intereses, con el temor de que las administraciones sucesivas ya no lo fueran, y que así perdieran la oportunidad de sacar ventajas. Realizaron una nueva solicitud de ampliación en 1937, solicitando la afectación de la hacienda la Venta, que conservaba aún 1 155 hectáreas de tierras cultivables de temporal. Ellos manifestaron que la dotación de 622 hectáreas era insuficiente. Pero no se le dio seguimiento a esta última demanda, y después, en lo que concierne a la superficie del pueblo, la situación no volvió a cambiar para Magdalena.

56El caso de San Andrés fue más complicado. El pueblo había registrado una demanda de ampliación de ejido el 15 de agosto de 1936. El nuevo censo arrojó un total de 197 campesinos que podrían ser beneficiados. Pero un nuevo problema surgió en el contexto de la sierra: una buena parte de esta región montañosa acababa de ser reservada por la nación, según el decreto del 14 de agosto de 1936, que creaba el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, siguiendo los principios del artículo 27 constitucional por razones de utilidad pública, y que a partir de entonces sería inafectable. Las dos únicas haciendas con las cuales San Andrés hubiera podido ser dotado con nuevas tierras se encontraban incluidas dentro del parque. La hacienda del Arenal había sido reducida a 153 hectáreas, de las 1 461 que tenía, y era entonces una pequeña propiedad inafectable. A la hacienda de Mipulco sólo le quedaban 545 hectáreas de cerros y agostaderos. Por otra parte, la nueva legislación consideró la posibilidad de reducir las 500 hectáreas que serían respetadas en terrenos de temporal, a 400 o 300 hectáreas, dependiendo de las regiones. El Departamento Agrario determinó que la hacienda Mipulco conservaría 400 hectáreas, lo que dejaba 145 hectáreas disponibles para el pueblo de San Andrés. Esto fue todo lo que obtuvo el pueblo el 19 de julio de 1939, es decir, menos de una hectárea por familia de unas tierras montañosas, de donde sólo se podían aprovechar los escasos pastizales y un poco de explotación forestal.

57Xicalco presentó muy tarde su solicitud, a finales de la presidencia de Cárdenas, en octubre de 1940. El pueblo demandaba tierras montañosas para poder tener pastura para sus animales y árboles para cortar madera. Las dos propiedades que se consideraron para dotar a Xicalco al cabo resultaron inafectables. La hacienda de la Venta se redujo de 1 155 hectáreas a 126 hectáreas, debido a las siguientes operaciones: 141 hectáreas sirvieron para dotar a Magdalena en 1929, 575 hectáreas habían sido expropiadas para el Parque Nacional Cumbres del Ajusco y 313 hectáreas fueron vendidas a la fábrica de papel y celulosa Loreto y Peña Pobre de Tlalpan. Esta última protestó enérgicamente en contra de toda afectación y argumentó que había comprado este bosque de la Venta para asegurar el abastecimiento de madera, materia prima indispensable para esta industria. Sólo quedaba el rancho El Fraile, en manos del dueño de la Venta, Ángel Entrambasaguas. Este rancho todavía conservaba 1 715 hectáreas, de un total de 2 225, después de la restitución de 255 hectáreas para Huitzilac, y la expropiación de 255 hectáreas para el parque nacional. Empero, no se podía expropiar esta propiedad para dotar a Xicalco porque estaba fuera del radio legal de siete kilómetros. El pueblo solicitó una revisión del expediente en 1945, pero se volvió a rechazar tajantemente su demanda. Las consecuencias fueron muy graves para Xicalco, que necesitaba tierras con urgencia. Efectivamente, había 37 campesinos que no tenían parcelas y el pueblo contaba con esta nueva dotación para entregárselas. Estos campesinos se quedaron, pues, sin tierras. Sólo recibieron en compensación, sus títulos de derechos agrarios, lo cual es irrisorio porque éstos eran letra muerta.

58En estos dos últimos casos (San Andrés y Xicalco) fue prácticamente imposible dotar a los pueblos con nuevos ejidos. La creación del parque del Ajusco le quitó muchas tierras a la Reforma Agraria, que ya no encontró más tierras a su disposición. La única gran propiedad restante era el rancho El Fraile, situado muy lejos al sur (ver Anexo II, mapa 11) y muy pocos pueblos se situaban a menos de siete kilómetros para reclamar tierras, las cuales, por otra parte, serían defendidas por su dueño a capa y espada.

59Por otra parte, hubo otros pueblos que también tuvieron la oportunidad de presentar sus demandas en la época de Cárdenas y que se vieron más favorecidos en este periodo de la Reforma Agraria: Parres, Topilejo y Ajusco.

60Respecto a Parres El Guarda, hubo que esperar hasta la nueva ley agraria de 1934 para que este pueblo de hacienda pudiera solicitar una dotación de tierras. Hasta entonces había sido catalogado como ranchería o aldea, no como pueblo.

61En la época de Cárdenas estaba conformado por 31 familias de peones que trabajaban en la hacienda El Guarda, que se había formado durante el siglo xix en el seno de las tierras comunales de Topilejo. El 3 de septiembre de 1935 dicha aldea solicitó su dotación ejidal con tierras de la hacienda El Guarda. En agosto de 1936 obtuvo los títulos provisionales y en septiembre la dotación definitiva de 286.65 hectáreas (ver Anexo II, mapa 11), las cuales serían repartidas entre 35 campesinos, puesto que se agregaron 4 solteros. El promedio de la superficie de estas parcelas era de ocho hectáreas de terrenos de agostaderos pero que se pensaba eran apropiadas para ser cultivadas.

62No obstante, el año siguiente, en julio de 1937, los habitantes del pueblo hicieron una solicitud de ampliación. El representante ejidal expuso ante el Departamento Agrario que las tierras que habían recibido en 1936 no eran cultivables: dado que estaban situadas a tres mil metros de altura, quedaban a expensas de las heladas y no servían más que para cultivos de forraje. En consecuencia, los recursos del pueblo serían muy escasos; entonces solicitaron tierras boscosas, en los cerros, de las cuales intentarían sacar mejor provecho. El Departamento Agrario radicó la demanda pero nunca le dio seguimiento. Entre tanto, la hacienda El Guarda se había vuelto inafectable tras la dotación a Topilejo.

63Topilejo había presentado en 1923 un expediente por restitución de tierras, despojadas por el rancho El Fraile, la hacienda El Guarda y el vecino pueblo de Coajomulco. Ya habíamos dicho que el dueño de El Guarda, Díaz de la Fuente y Parres, hizo desaparecer el expediente. Topilejo retomó el asunto en 1933. Pero como, una vez más, no se vislumbraba ninguna solución a sus problemas, los campesinos pasaron a las soluciones de hecho y enfrentaron una prueba de fuego: el representante del pueblo, Luciano Eslava, irrumpió en las tierras de la hacienda, acompañado de varios compañeros y su ganado. Inclusive determinó que se allí instalaran algunos de los compañeros. El dueño se quejó enérgicamente contra esta invasión de tierras y contra la pretensión de restitución de Topilejo. Presentó ante el Departamento Agrario sus títulos de propiedad, que resultaron auténticos. Las autoridades se encontraron ante dos tipos de documentos contradictorios y dudaba qué tipo de decisión tomar. Los títulos de la hacienda El Guarda incluían los términos de la compra de pequeñas propiedades y nada probaba que se tratase de antiguas tierras comunales. No sabemos por qué razón esto último no era evidente para el Departamento Agrario. En resumen, ante la duda, decidieron de renunciar a conceder la restitución de tierras a Topilejo, y lo dotó por la vía ejidal. Éste recibió una dotación provisional de 1 301 hectáreas en julio de 1936, y 1 373 hectáreas definitivas en septiembre del mismo año, todas las cuales fueron tomadas de la hacienda El Guarda, en beneficio de los 417 cabezas de familia. Así, la hacienda quedó reducida a 224 hectáreas.

64A pesar de todo, el comité ejidal no pudo resolver el problema de la tierra; de los 417 ejidatarios, 95 pudieron disponer de sus parcelas en las tierras comunales que ya poseía el pueblo, 171 recibieron parcelas de ocho hectáreas en las tierras que les acababan de entregar, y 151 se quedaron sin parcela, es decir, más de la tercera parte de los campesinos. Esto se explica por la escasez de tierras para cultivo en la región. Entonces, al igual que los de la aldea de El Guarda, los de Topilejo solicitaron una nueva dotación en 1937. La respuesta que obtuvieron es que ya no había más propiedades afectables en la sierra, por lo que consiguientemente Topilejo solicitó la creación de un nuevo núcleo de población, fuera de la sierra, para dotar de tierras a una parte de su población. Sin embargo, frente a esta proposición nunca hubo una respuesta.

65Resta decir de qué manera se escapó el rancho El Fraile, una vez más, a la expropiación. O, ¿por qué no fue posible obtener la restitución de las tierras usurpadas en 1879 a Topilejo? El Departamento Agrario declaraba que el documento de permuta de 1879 era muy impreciso como para demostrar nada, pues éste no incluía ningún mapa, ni tampoco especificaba las superficies que intercambiaron el pueblo y la hacienda. No menciona más que un par de lugares como referencias (AN, IB, 1879, semestre 1: 267). En aquel entonces los campesinos fueron vilmente engañados. Por si fuera poco, el rancho se encontraba a más de siete kilómetros de Topilejo y la expropiación por medio de dotación ejidal ya no sería posible, como tampoco era factible la restitución.

66A pesar de todo, el pueblo nunca bajó los brazos. En 1937 hicieron una nueva demanda de restitución, esta vez solicitando ampliación de ejidos. Volvieron a la carga en 1941, después del fracaso del proyecto del nuevo núcleo de población. Cuando aparentemente el asunto ya estaba aplacado, en 1973 volvió a cobrar actualidad. Los comuneros de Topilejo, animados por este nuevo impulso a la Reforma Agraria, se reunieron en febrero para elegir nuevos representantes, más dinámicos, que serían los encargados de actuar de nueva cuenta en el asunto de la restitución de tierras comunales. Salieron electos R. Amescua Linares y J. Martínez Hernández, quienes sin mayor demora le enviaron una carta al director de Bienes Comunales de la Secretaría de la Reforma Agraria, el 15 de febrero de 1973. Ellos pedían que se reexaminara todo el expediente y los documentos relacionados. En 1975 todavía no se había arreglado nada y el rancho El Fraile, de 1 970 hectáreas, todavía existe...

67Finalmente, el pueblo de Ajusco, que no había realizado ninguna demanda de restitución de tierras en el inicio de la Reforma Agraria, si bien le faltaban más de 5 000 hectáreas, se manifestó en los tiempos de Cárdenas. El 3 de febrero de 1937 elevó una primera demanda ante el Departamento Agrario. Ajusco reclamaba las tierras usurpadas por las haciendas de la Venta, el Arenal, el rancho El Fraile y los pueblos vecinos de Magdalena, Xicalco, San Andrés, Topilejo y Jalatlaco, cuyos ejidos o ampliaciones de ejidos estaban localizados en tierras que anteriormente le habían quitado las haciendas. En este momento intervino Ángel Entrambasaguas, dueño del rancho El Fraile: sobornó al representante del pueblo, Marcial Romero, quien postergó todo al entregar los documentos auténticos (traducción del códice de 1531, merced del virrey Mendoza de 1545 y el lienzo de 1609) a dos cómplices que los escondieron, Modesto Martínez y Néstor Romero, de Santo Tomás Ajusco.

68Pero el representante de San Miguel Ajusco, Benjamín Eslava, se hizo cargo del asunto. En 1939 emprendió una búsqueda en el Archivo General de la Nación de todos los documentos que pudieran estar relacionados con el Ajusco. Un paleógrafo del Departamento Agrario fue encargado de esta misión. Éste encontró copias antiguas de las mercedes de tierras de la época colonial y de varios juicios, y ordenó que se les sacase copias certificadas. Pero estas búsquedas tomaron demasiado tiempo, un tiempo demasiado precioso, pues ocupó todo el año de 1939, y después el Departamento Agrario arrastró el proceso durante todo 1940, a pesar de que se efectuaron varias marchas de protesta por parte de San Miguel Ajusco, la Liga de Comunidades Agrarias y la Confederación Nacional Campesina. En todo caso, ya era demasiado tarde, el presidente Cárdenas estaba de salida y la Reforma Agraria sería puesta a un lado. Ajusco fue el único pueblo que no obtuvo nada de la Reforma Agraria en los tiempos de Cárdenas.

TABLA 3. BALANCE AL TERMINAR LA ÉPOCA DE CÁRDENAS

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69Se pueden sacar varias conclusiones de este cuadro. En primer lugar, que en la sierra se distribuyeron muchas más tierras que en la primera etapa de la Reforma Agraria, esto es el triple: 2 432.91 hectáreas frente a 806.46. Por otra parte, estas distribuciones no se hicieron siguiendo los mismos criterios que en la época precedente: ya no se tenía en cuenta el número de campesinos que pudieran ser dotados con parcelas ejidales para determinar la superficie de las tierras entregadas. Por el contrario, se analizaron las posibilidades de afectación de las haciendas vecinas, con el fin de poder dotar a los campesinos con la mayor cantidad de tierras posibles. Esto explica dos aspectos que pudieran ser aparentemente contradictorios en dicha tabla; algunos pueblos fueron favorecidos en la época de Cárdenas y otros no. En particular, Magdalena quedó con una buena dotación, mucho más que San Andrés, mientras que a Xicalco no le tocó nada. En el caso de Topilejo y Parres sólo fue posible hacerles una dotación. A pesar de las demandas, desde entonces ya no se podía realizar ningún proyecto de extensión de ejidos sobre las tierras de El Guarda, por falta de disponibilidad. La Reforma Agraria de esta época se tropezó con la imposibilidad de encontrar tierras en la sierra. La creación del parque del Ajusco fue la causa, en algunos casos, de este nuevo obstáculo. La hacienda del Arenal quedó reducida a 143 hectáreas y pasó a ser inafectable, lo mismo que la hacienda El Guarda. Sólo quedaba el rancho El Fraile, pero su dueño opuso una feroz resistencia y esta propiedad, situada a más de siete kilómetros de los pueblos, pudo escapar a las afectaciones. Esto explica en gran medida el hecho que Topilejo, Parres y Ajusco no pudieron obtener respuestas satisfactorias. No obstante, la época de Cárdenas tuvo una resonancia importante en la sierra, en la medida en que hubo resultados positivos y se pudieron solucionar algunos problemas: se ampliaron dos ejidos, se crearon otros nuevos, uno de los cuales fue para el provecho de un antiguo pueblo de hacienda.

La reciente Reforma Agraria en Ajusco

70A pesar de todo, tras la salida de Cárdenas, el pueblo de Ajusco no permitió que se enredara su expediente y continuó promoviendo sus demandas. Pero, desde los inicios de la Reforma Agraria, muchas de las tierras ejidales que fueron expropiadas a las haciendas y entregadas a los pueblos vecinos de San Andrés, Magdalena y Xicalco, anteriormente habían sido arrebatadas a Ajusco. Por ejemplo, el ejido de Magdalena ocupaba 170.5 hectáreas de tierras que anteriormente eran suyas.

71Durante 1942 y 1943 Ajusco se dirigió al Departamento Agrario amparado en los títulos que probaban su legítima posesión de las tierras. Y en el dictamen favorable del paleógrafo T. Alarcón. Los campesinos solicitaron en varias ocasiones que viniera un agrimensor del Departamento Agrario para verificar in sitti los límites entre Ajusco y los pueblos vecinos cuyas propiedades ejidales se encontraban en tierras que anteriormente habían sido despojadas por las haciendas.

72Ajusco puntualizaba que los representantes de dichos pueblos debían ser citados y que debían presentar sus títulos.

73El 28 de julio de 1941 se llevó a cabo un reconocimiento de los límites entre San Andrés y Ajusco, pero no se le dio seguimiento a este asunto. El 14 de febrero de 1942, ante las protestas de Ajusco, el Departamento Agrario respondió que los trabajos de mensura sólo tenían un carácter informativo (archivos locales de Ajusco). De hecho, las autoridades se encontraban frente a un problema muy espinoso y evitaban tener que resolverlo y, sobre todo, no tener que echar para atrás las dotaciones previamente realizadas. Ya no eran tiempos favorables para la Reforma Agraria. No obstante, el pueblo de Ajusco siguió reclamando sus tierras apoyado por la Liga de Comunidades Agrarias.

74Al parecer, en julio de 1942 desistió de la disputa con San Andrés, puesto que ya no hay más huellas del conflicto, pero dirigió toda su acción en contra del pueblo de Jalatlaco (ver Anexo II, mapa 12). El Departamento Agrario emprendió una nueva investigación en enero de 1943. Se consideraba que ninguno de los pueblos tenía los documentos suficientes para hacer valer sus derechos: en 1941 Jalatlaco ya había visto cómo rechazaban sus títulos, después del inicio del conflicto con Ajusco, porque la sección de paleografía los había considerado apócrifos. En cuanto Ajusco, sus títulos habían sido considerados auténticos, pero el Departamento Agrario consideró que dichos papeles habían sido presentados para otra acción agraria, que no se hacía ninguna referencia que los implicara en la controversia que enfrentaba Ajusco y a Jalatlaco y, por lo tanto, que en este caso no tenían ningún valor. Esta determinación es sorprendente, porque los límites de las tierras de Ajusco habían quedado perfectamente trazados en el dibujo del lienzo de 1609, en la merced hecha por el virrey Velasco. No era posible ninguna discusión porque el lienzo era lo suficientemente preciso (ver Anexo IV, foto 2). ¿Pero en dónde estaba el documento? Precisamente, el pueblo no lo había recuperado en 1943. Todavía estaba escondido, sustraído por el representante de Santo Tomás Ajusco para enterrar el conflicto entre el pueblo y el rancho El Fraile. No existía copia alguna de este plano, ni huella alguna en otro documento. En ese momento hubiera servido como prueba irrefutable contra Jalatlaco. De esta manera podemos medir la importancia del daño que sufrió el pueblo por la corrupción de su representante.

75El Departamento Agrario concedió a los pueblos un primer plazo de 60 días para que buscaran nuevas pruebas antes de tomar una decisión final. El plazo se prolongó, pero los pueblos no pudieron suministrar ningún documento nuevo. Finalmente, las autoridades zanjaron la discusión: consideraron que como ningún pueblo había podido probar la posesión de las 1 740 hectáreas en litigio éstas debían ser repartidas. Hacía mucho tiempo que dichas tierras eran objeto de disputa, aun desde la época colonial, y en ese entonces se decidió, para poner fin a las querellas, a menudo bastante encendidas, que todas estas tierras, situadas en una región montañosa, quedarían a disposición de los dos pueblos, los cuales podrían explotarlas en común para sacar madera y carbón de madera. La decisión del Departamento Agrario no hizo más que ratificar el estado de las cosas, sin embargo, asignó a cada uno una zona para explotación. Jalatlaco recibió 680 hectáreas, mientras que para Ajusco fueron 1 060. Esta diferencia favorable a Ajusco se explica por el hecho de que este pueblo había sido afectado por la expropiación a favor del parque nacional de manera particular. En cambio, a Jalatlaco, de un total de 5 403 hectáreas, no le fueron expropiadas más que un dos por ciento de sus tierras. A Ajusco nada más le quedaron 350 hectáreas. Las 1 740 hectáreas compartidas se encontraban en su totalidad en el parque del Ajusco. Con el objetivo de no perjudicar de más a los pueblos el Departamento Agrario logró un acuerdo con éstos: por una parte, ellos podrían pedir una indemnización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por otra parte, se les autorizaría a cultivar las tierras dentro de la zona expropiada, con la condición de que no utilizaran los terrenos con una inclinación mayor al ocho por ciento, con el fin de conservar la capa vegetal, evitar el peligro de erosión del suelo y proteger la zona.

76El conflicto con Jalatlaco fue puesto en regla en 1943, pero de una manera absolutamente insatisfactoria para Ajusco, que consideraba que todas las tierras le pertenecían. Empero, el pueblo le dio carpetazo al asunto y se dedicó a buscar el reconocimiento comunal de sus tierras, lo cual todavía no se había hecho después de la Revolución. A este expediente se le dieron largas hasta la presidencia de Alemán, en 1948. En efecto, el Departamento Agrario estaba ante un problema espinoso: el parque nacional del Ajusco ocupaba 6 616 hectáreas de las 6 969 del pueblo, aproximadamente un 95 por ciento de su territorio. A Ajusco no le quedaban más que 350 hectáreas. El gobierno no le podía acreditar al pueblo las tierras que le había expropiado.

77Por otro lado, no parecía posible hacer alguna dotación ejidal. Las haciendas vecinas del Arenal, la Venta y Mipulco eran inafectables. Éstas se habían visto reducidas por las anteriores dotaciones de ejidos, las ventas practicadas y las expropiaciones a favor del parque del Ajusco: a 143 hectáreas la primera, 126 la segunda y 400 la última. En cuanto al rancho El Fraile, ya no se menciona más en esta época, aunque todavía conservaba 1715 hectáreas. ¿Cómo fue posible que dicha propiedad pasara a lo largo de los tiempos sin ser afectada? Quizás esto pueda explicarse por el hecho de que se encuentra a más de siete kilómetros de todos los pueblos y que por ley no pudiera ser afectada para dotación ejidal. En cambio, sí podría ser afectada en una demanda de restitución de tierras, con la condición de que los pueblos exhibiesen pruebas irrefutables de propiedad. Topilejo no pudo hacerlo porque sus documentos fueron considerados apócrifos, y no tuvo ni restitución ni dotación.

78Ajusco significaba una mayor amenaza para el rancho, puesto que sus documentos eran auténticos. Sin embargo, como hemos visto, el único título probatorio, el lienzo de 1609, fue inutilizado. El rancho estaba expuesto frente a una solicitud de restitución o de dotación por parte de Ajusco. El dueño de El Fraile, Ángel Entrambasaguas, había sido hábil.5

79Sólo hasta julio de 1948, el Departamento Agrario atinó a dar una respuesta, muy poco satisfactoria para el pueblo de Ajusco: nada más le confirmó la posesión de las 1 060 hectáreas, concedidas después del reparto de 1943 con Jalatlaco, que si bien estaban situadas dentro del parque nacional el pueblo tenía derecho de cultivar. Además de lo anterior el pueblo tenía 350 hectáreas que no estaban dentro de la zona del parque. En total, le fueron confirmadas 1 410 hectáreas. Aquí no hubo ni restitución, ni dotación; el resultado de la Reforma Agraria fue más bien negativo.

80Durante otros 22 años un gran silencio rodeó el expediente de Ajusco. Pero en julio de 1970, el representante del pueblo, el coronel P. Aurelio Rocha Gómez, que probablemente se sirvió de algunas influencias, o que intentó llevar a cabo una acción diferente, aprovechó el hecho de que se abrían nuevas posibilidades para la Reforma Agraria y envió una primera carta al Departamento Agrario donde volvía a solicitar la restitución de tierras para el Ajusco. Más adelante envió una segunda carta, esta vez al presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, en la que denunciaba más de 20 años de inoperancia del Departamento Agrario. Ahora bien, el asunto pudo cobrar nueva vigencia gracias a un descubrimiento de la mayor importancia: el decreto de 1936, que creó el parque nacional del Ajusco, había sido modificado en febrero de 1947. Así, el parque había sido reducido considerablemente, y desde entonces comprendía las tierras situadas por encima de la cota de 3 550 metros (ver Anexo II, mapa 13), es decir, una altura donde ya no crece cultivo alguno. El parque se había reducido a 920 hectáreas, todas las cuales estaban en el territorio de Ajusco. Por inverosímil que parezca, este documento no fue tenido en cuenta por el Departamento Agrario en 1948, a pesar de que era un decreto del año anterior. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Falta de honestidad para con el pueblo? ¿Una simple negligencia o un problema de información? En todo caso, es difícil de creer que a nadie se le haya puesto al corriente de este decreto que modificaba de manera considerable la situación agraria en la sierra.

81Mientras tanto las cosas se iban complicando más y más, puesto que, a partir de 1948, esas tierras que le habían quitado al pueblo sufrieron suertes diversas: se emprendieron algunas obras de infraestructura, ciertas tierras fueron vendidas, de manera ilegal en cuanto se trataba de tierras expropiadas por causa de utilidad pública, por parte de gente que se decían propietaria, organizándose de esta manera una especulación comercial.

82A la sazón, el 4 de octubre de 1973 se integró un nuevo expediente, con elementos novedosos. Los ingenieros comisionados tomaron nuevas medidas. Durante el mes de julio de 1974 los campesinos tuvieron que comparecer ante las autoridades de Santo Tomás Ajusco para levantar un censo y declarar las tierras que poseyeran, incluyendo los títulos que tuvieran en su poder. Se pudo conformar un plano preciso del pueblo, con los nuevos límites, y se pudo realizar el censo agrario. La resolución presidencial del 18 de diciembre de 1974, firmada por Luis Echeverría, le reconocía a Ajusco 7 649 hectáreas de tierras. Este decreto apareció en el Diario Oficial en enero de 1975. En esencia, no se trataba más que de una confirmación de tierras. La única restitución realizada era la concerniente a las tierras que habían sido injustamente compartidas con Jalatlaco a partir de 1943. Se le reintegraron al Ajusco las 680 hectáreas que le habían correspondido a dicho pueblo. Ajusco pudo reencontrar sus documentos, entre ellos el plano de 1609, aunque no podemos precisar cómo ni de qué manera el pueblo volvió a tener su posesión. Por otra parte, no se pudo obtener ningún tipo de restitución en esta última intervención de la Reforma Agraria, y mucho menos se pudo obtener algo del rancho El Fraile. ¿Por qué?

83Las 7 649 hectáreas incluían 775 que el pueblo le había comprado en 1940 a la hacienda del Arenal y otras 558 del rancho de Tierra Blanca (ver Anexo II, mapa 12), que le fueron compradas a los herederos de los hermanos Camacho y de José Castro. Otrora, dichas tierras habían sido despojadas por las haciendas del Arenal y la Venta, respectivamente, pero el pueblo resolvió que era más fácil recuperarlas comprándolas, en lugar de tener que esperar las determinaciones de la Reforma Agraria y arriesgarse a que su espera fuera en vano. De esta manera el pueblo pudo recuperar la nada despreciable superficie de 1 333 hectáreas.

84A estas 7 649 hectáreas se agregaron las 1 410 hectáreas que ya estaban confirmadas en 1948. Esto eleva la superficie del pueblo a 9 059 hectáreas. Harían falta, pues, unas 3 000 hectáreas respecto de la superficie que fue concedida por los virreyes en la época colonial. Actualmente el pueblo tiene litigios con los pueblos vecinos sobre 1 800 hectáreas. No podríamos precisar en dónde están las 1 200 hectáreas restantes. Hay que tener en cuenta que todo el parque del Ajusco, reducido a 920 hectáreas por el decreto de 1947, se encuentra en su totalidad en el territorio del pueblo de Ajusco, alrededor del Pico del Águila, y fue incluido en el reconocimiento y titulación de bienes comunales.

85Por otra parte, tenemos que destacar el hecho de que las pequeñas propiedades del siglo xix están incluidas en la confirmación de tierras. Sólo que sus propietarios debían presentarse antes de julio de 1975 para hacer valer sus títulos de propiedad. Dichas tierras fueron dejadas a sus propietarios, aunque se consideraban como parte de la comunidad y, en consecuencia, eran inalienables, imprescriptibles y no hipotecables. Esto significa que los campesinos podían conservarlas, heredarlas, pero no podían venderlas a personas ajenas al pueblo. Esta precaución se tomaba con el fin de evitar nuevas enajenaciones de las tierras de Ajusco. La única restitución fueron las 1 740 hectáreas que estaban en litigio con el vecino pueblo de Jalatlaco. No hubo ninguna restitución que proviniera de una hacienda, en la medida en que el pueblo había vuelto a comprar las tierras antes despojadas, para resolver sus problemas de una forma más segura. En definitiva, Ajusco sólo recuperó dos quintas partes de las tierras que le fueron despojadas a partir de la época colonial. Claro está que ningún pueblo obtuvo de la Reforma Agraria las restituciones deseadas.

86Podemos hacer una recapitulación de todo lo anterior por medio de unas tablas, y hacer un balance general de la reforma en la sierra. Esto nos permitirá sacar conclusiones más precisas a partir de dichos resultados.

87Podemos observar que, a pesar de todas las dificultades encontradas, la Reforma Agraria fue bastante positiva. En total, la superficie de los pueblos aumentó aproximadamente un 32 por ciento, mientras que la superficie de las haciendas se redujo a la mitad. Estas últimas, que ocupaban el 41.93 por ciento del total de la superficie de la sierra, después de las dotaciones ejidales alcanzaron el 20 por ciento. A partir de entonces, los pueblos ocuparon el 80 por ciento de la sierra. Algunos pueblos fueron más favorecidos que otros: Magdalena creció cinco veces, San Andrés un 25 por ciento más; Xicalco siguió estando muy disminuido, dado que la primera dotación le reportó muy pocas tierras. Los pueblos más extendidos siguieron siendo Ajusco, con sus 9 059 hectáreas, y Topilejo, con más de diez mil.

88No todas las haciendas se vieron afectadas de la misma manera. Dos fueron verdaderamente desmanteladas: la hacienda El Guarda, que perdió cerca del 85 por ciento de sus tierras, y la hacienda de Mipulco, que perdió cerca del 90 por ciento. También podemos destacar el hecho de que la hacienda El Guarda quedó reducida a 224 hectáreas, muy por debajo de los límites de inafectabilidad que marcaba la ley para este tipo de regiones estériles. El gobierno de Cárdenas no dudó en desmantelar las grandes propiedades con el fin de dotar a los pueblos de manera suficiente.

TABLA 4. EL DESTINO DE LAS HACIENDAS

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GRÁFICA 1. CRECIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y REDUCCIÓN DE LAS HACIENDAS

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89Las propiedades de la Venta y El Fraile, pertenecientes a la familia Entrambasaguas, casi no fueron tocadas por la Reforma Agraria, lo mismo que la hacienda del Arenal, propiedad de la fábrica La Fama Montañesa. El hecho de que estas grandes propiedades no fueran tocadas por la Reforma Agraria se debe a que fueron fraccionadas en lotes antes que pudieran llegar a ser amenazadas por las dotaciones ejidales. Algunos pueblos aprovecharon estas ventas para aumentar sus tierras. Todos estos nuevos factores terminarían modificando el panorama agrario en la sierra, pero reforzando los efectos de la Reforma Agraria, es decir, minimizando las haciendas y aumentando la tierra de los pueblos. En otras palabras, la Reforma Agraria no fue la única responsable de la redistribución de la tierra en la sierra. Sin embargo, estas ventas de tierras estorbaron su objetivo general, y fueron parte de los muchos obstáculos que ella encontró en el camino.

GRÁFICA 2. INCREMENTO DE LAS TIERRAS DE LOS PUEBLOS A LO LARGO DE LA REFORMA AGRARIA

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GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS EN LA SIERRA

1. Aumento de los pueblos (Antes de la Reforma Agraria)

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2. Reducción de las haciendas (Después de la Reforma Agraria)

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II. LAS DIFICULTADES DE APLICACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

La reacción de los hacendados ante la Reforma Agraria

90El primer obstáculo que encontró la reforma fue la encarnizada resistencia de los grandes propietarios. Éstos se valieron de la lentitud administrativa, de la demora en el inicio de la Reforma Agraria, para retardar más, limitar o anular los efectos de dicha política. Uno puede incluso hacerse la pregunta de si más bien hubo una complicidad tácita entre el gobierno y los grandes propietarios, en ciertas épocas, por ejemplo en la época de Obregón, para que éstos tuvieran tiempo de organizarse

91La primera reacción de los hacendados contra las demandas de restitución de tierras por parte de los pueblos fue probar la propiedad de las tierras y la legitimidad de sus posesiones, por medio de los títulos. Ahora bien, en muchos casos los documentos presentados por los pueblos fueron declarados falsos y apócrifos, lo que sirvió como un argumento más a favor de las haciendas. Pero en los casos de Topilejo y Ajusco los documentos eran auténticos. Aquí los hacendados utilizaron medios más radicales para que naufragaran estos amenazantes procesos: echaron a andar sus relaciones y las complicidades.

92Díaz de la Fuente y Parres logró extraviar el expediente de Topilejo, que reclamaba en 1924 la restitución de todas las tierras de El Guarda, por medio de un alto funcionario del Distrito Federal. De esta manera se quedó tranquilo durante doce años, hasta la llegada de Cárdenas. Pero mientras que el expediente de Topilejo era reabierto, aquél buscaba nuevas complicidades. El pueblo lo acusó ante el Departamento Agrario de que había buscado interferir en la comisión agraria local, elegida por el pueblo, para que dicho órgano escondiera un buen número de habitantes después de haber practicado el censo. Aquel procuraba demostrar que los pueblos no necesitaban ejidos, especialmente Parres, que estaba dentro de la hacienda. Por si fuera poco, el propietario presionó al ingeniero agrónomo del Departamento Agrario para que destacara en el reporte que las tierras de la hacienda no eran cultivables, pues estaban expuestas a los vientos, con suelos de lava y sin ningún tipo de irrigación (Archivo General Agrario, expediente ejidal de Topilejo, Tlalpan, 24/8761).

93También se ha dicho que Ángel Entrambasaguas, propietario del rancho El Fraile, impidió la restitución de sus tierras, pero de paso las de otras haciendas, que reclamaba el pueblo de Ajusco, cuando corrompió a los representantes que se encargaron de ocultar los documentos auténticos.

94Otro medio de defensa de los hacendados fue demostrar que su propiedad ya no era afectable. Esto dio lugar a abundante cantidad de correspondencia dirigida al Departamento Agrario. Se presentaron diversos argumentos: primero, que las tierras eran estériles, es decir, sin interés para los pueblos. El mismo dueño de la hacienda El Guarda le escribía al presidente Cárdenas, el 23 de octubre de 1936, que por esta razón le debían dejar al menos 800 hectáreas, lo que de ninguna manera permitía la ley (Archivo General Agrario, expediente ejidal de Topilejo, Tlalpan, 24/8761).

95Enrique Entrambasaguas empleó los mismos argumentos, en una carta al Departamento Agrario del 10 de noviembre de 1929, pretendiendo que su propiedad de 703 hectáreas era inafectable (Archivo General Agrario, expediente ejidal de Magdalena, Tlalpan, 23/962). Los argumentos que exponía resumen de manera general las ideas que sostuvieron los hacendados de la época: que los pueblos habían recibido las mejores tierras para sus ejidos, aquellas aptas para la agricultura o aquellas de las cuales se podían extraer recursos complementarios, tal como una cantera que iría a parar al pueblo de Magdalena. En ocasiones los ejidos quedaron mal situados, porque partían a las haciendas y separaban las tierras de los edificios de explotación. Entrambasaguas protestaba contra el hecho de que fuera precisamente su propiedad la que se buscaba afectar, cuando había varias otras haciendas en la región. Él ponía como ejemplo una propiedad vecina, de solamente 446 hectáreas de extensión, que él mismo le había vendido a Manuel Ollivier, para acusar al Departamento Agrario de respetarla puesto que se trataba de un extranjero (de origen francés, recientemente naturalizado). ¡Un poco de xenofobia! Todos los argumentos eran buenos. De cualquier forma, nos parece que estos argumentos eran poco convincentes y sin peso. En efecto, jamás impresionaron al Departamento Agrario, que no los tomó en consideración.

96En estas cartas, algunos hacendados cuestionaban los principios mismos de la Reforma Agraria, arguyendo que ésta fracasa ría si las tierras acertadamente trabajadas por las haciendas eran entregadas a campesinos inexpertos. En realidad no hacían más que recoger los argumentos de los diversos adversarios de la Reforma Agraria, pero que no venían al caso en la sierra, porque las haciendas estaban descuidadas y dejaban muy poco.

97Rápidamente los grandes propietarios se dieron cuenta de la ineficacia de este tipo de defensa y emprendieron la refutación sistemática de las investigaciones y los censos que llevaban a cabo los servicios del Departamento Agrario antes de cada dotación ejidal. Ésta era una amenaza más seria en contra de los intereses de los pueblos. Las haciendas protestaron contra los trabajos de agrimensura, porque les quitaban muchas tierras, pero sobre todo contra los censos. Todos los hacendados se quejaron de las alteraciones efectuadas por los campesinos: siempre se exageraba el número de personas aptas para ser dotadas con parcelas ejidales. Se tomaba en cuenta a aquellos campesinos que ya contaban con terrenos de propiedad privada, a muchos jornaleros cuyas ocupaciones no se precisaban, a empleados domésticos y a todo tipo de gente que no se dedicaba a la agricultura, incluso vecinos de otros pueblos.

98La hacienda de San Juan de Dios decía que de los 193 ejidatarios censados en San Pedro, 71 ya eran pequeños propietarios de parcelas de entre una y diez hectáreas. En ocasiones estos argumentos surtieron efecto, pues en este caso fueron eliminados de la dotación ejidal los dos pequeños propietarios que tenían entre cinco y diez hectáreas; mientras que en Xicalco fueron excluidos de la dotación 16 jornaleros que ya no vivían en el pueblo, que habían emigrado en busca de oportunidades de trabajo. En este caso fueron denunciados por la hacienda de la Venta.

99La hacienda de El Guarda intentó demostrar que de los 417 ejidatarios de Topilejo tenidos en cuenta para la Reforma Agraria, sólo 61 se dedicaban a la agricultura, y que éstos sembraban en total 106 hectáreas. El dueño de la hacienda, con indiscutible mala fe, pretendía que aquellos en realidad debían cultivar mucho más, porque nadie que sembrara menos de dos hectáreas era un verdadero agricultor. Decía que los otros habitantes vivían del corte de madera, de la recolección de zacatón y de la cría de animales; algunos eran estudiantes, artesanos, comerciantes y, por lo tanto, no vivían de la agricultura. En conclusión, nadie necesitaba tierras en este pueblo.

100Sin embargo, este tipo de rectificaciones fueron limitadas, a pesar de que en apariencia las haciendas tenían razón al denunciar ciertos fraudes. En efecto, los datos arrojados por los censos hechos para las dotaciones o extensiones de ejidos revelan curiosas anomalías.

TABLA 5. DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE EJIDATARIOS ENTRE 1929 Y 1936

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101El ejemplo de los tres pueblos que obtuvieron su primera dotación ejidal durante la presidencia de Portes Gil y que después intentaron obtener extensión de sus ejidos en la de Cárdenas, nos enseña que la cantidad de personas con derecho a una parcela ejidal disminuyó en diez años, mientras que la población total aumentaba. Es prácticamente imposible que la población campesina que dependía de la tierra disminuyera tan rápido. Se trata de un periodo muy corto, y seguramente fueron las mismas personas las que fueron censadas en 1929 y en 1936.

102La única explicación para lo anterior es que las cifras de 1929 y 1930 hayan sido elevadas a discreción, con el fin de que el pueblo obtuviera más tierras. Este subterfugio fue común y corriente, en aquel entonces, en toda la República. Pero en tiempos de Cárdenas esto no tenía ninguna importancia, porque la cantidad de ejidatarios no fue considerada para acordar la extensión de los ejidos. Esto explica que los datos de esta época fueran más confiables. Sin embargo, esta trampa era mínima, si consideramos que nada más se hacía en función de ganar unas cuantas hectáreas más, una por ejidatario, lo cual era insignificante en comparación con las enormes superficies de las que disponían las haciendas.

103Los hacendados no demoraron en darse cuenta de que no contaban con ningún medio legal para defenderse y que todas sus acusaciones ante el Departamento Agrario no detendrían el curso inexorable de la Reforma Agraria. Entonces intentaron otro método para trabar la Reforma Agraria, celebrando contratos de arrendamiento con aparceros. Por ejemplo, de las tierras reclamadas por Magdalena, primero para restitución y luego para dotación, la hacienda de la Venta alquiló 60 hectáreas, a partir de 1923, en beneficio de ocho agricultores de Ajusco, con el compromiso de su parte de mantenerlas cultivadas, de pagarle a la hacienda en especie una cuarta parte de la producción y de devolver las tierras una vez terminado el contrato. Estos contratos eran renovables año con año y se efectuaron hasta el año 1925. Pero en noviembre de 1929, después de que Magdalena obtuvo su dotación provisional en octubre, la hacienda volvió a celebrar nuevos contratos. Con el contrato en mano, vigente hasta noviembre de 1930, 26 campesinos de Ajusco ocuparon 50 hectáreas, comprometidos a entregar una tercera parte de los rendimientos a la hacienda; ésta por su parte se comprometía a pagar la mitad de los gastos de la cosecha.

104La misma hacienda firmó otros contratos parecidos con 13 campesinos de Ajusco, pero sobre 80 hectáreas, que eran las tierras que por esa misma época le serían entregadas a Xicalco. Los ejidos definitivos fueron titulados en el curso del año 1930, antes de la expiración de los contratos. En este caso hubo episodios de violencia, ya que los aparceros defendieron las tierras en las que ya habían invertido su trabajo y las semillas. Sin embargo, tuvieron que regresar las tierras. El contrato preveía que si las tierras les eran retiradas por la Comisión Nacional Agraria, la hacienda no cargaría con la responsabilidad de indemnizarlos. Los campesinos habían tomado estas tierras bajo su propio riesgo. En última instancia, ellos serían los perjudicados por el proceder deshonesto del propietario de la hacienda, que lograba de esta manera sacar el máximo de provecho, sin hacer muchos gastos, de unas tierras que sabía perdidas.

105Las haciendas tuvieron que buscar estrategias más radicales para escapar al proceso ya iniciado: una de ellas fue hacer fraccionamientos y vender los lotes por separado, de manera que alcanzaran el límite de inafectabilidad; esto les permitiría recuperar algo de dinero en lugar de perder todo. Otra solución fue transformar las haciendas en sociedades industriales, más difíciles de afectar, puesto que empleaban mano de obra abundante y de ellas dependían numerosas familias.

106La primera hacienda que se vendió por partes fue la de la Venta. En 1921 se vendieron 446 hectáreas a Manuel Ollivier (ver Anexo II, mapa 11), que ya era propietario de tierras en el estado de Hidalgo, y en 1922 otras 300 hectáreas a Apolonia Villarreal viuda de García. Un poco después, sin que tengamos la fecha exacta, pero en todo caso antes de 1930, fueron vendidas 300 hectáreas que se conocían como el bosque de la Venta a la fábrica de papel y celulosa de Tlalpan, Loreto y Peña Pobre. En total habían vendido una superficie de 1 046 hectáreas, reduciendo las 1 890 hectáreas a 844. Después de la dotación ejidal de 141 hectáreas para Magdalena, la hacienda todavía vendió en 1945 otras 20 hectáreas a un tal González, quien fraccionó esta propiedad en 15 lotes donde se instalaron sendas familias de agricultores, los cuales construyeron y explotaron modernas granjas para la cría de animales, gallinas, pollos y cerdos, conformando así la colonia Felicidad, al oriente del pueblo de Ajusco, del otro lado de las vías del tren (ver Anexo II, mapa 11). Estas granjas todavía existen. En 1975 la cantidad era de 16. Cierta mente, esta venta fue hecha tratando de prevenir una eventual dotación de tierras para Ajusco, cuyo expediente todavía estaba en curso. La hacienda de la Venta no tenía más que 680 hectáreas. Como el decreto del parque del Ajusco le expropiaba 575 hectáreas, ya no le quedaban más que 105. De esta manera, la hacienda era inafectable. El nuevo decreto de 1947 le reintegraba dichas 575 hectáreas, pero ya hemos dicho que esta enmienda no salió a la luz pública. Después de 1964 la hacienda fue repartida en varios lotes, entre los herederos de Enrique Entrambasaguas; este procedimiento fue llevado a cabo con frecuencia en el país, buscando no desmantelar el dominio.

107Esta misma hacienda poseía, antes de 1930, sin que pudiéramos precisar desde cuándo exactamente, dos fábricas: un taller de zacatón, que empleaba a algunos obreros, y cuya producción era exportada a Europa, y una cantera de piedra chiluca, para construcción, denominada El Moderno México, la cual empleaba entre 50 y 100 obreros, dependiendo de la temporada, sin contar los empleados administrativos. Por estas dos actividades la hacienda era inafectable, puesto que sacaba las materias primas de sus propias tierras, que le eran indispensables de conservar.

108La hacienda El Guarda también vendió algunas parcelas en 1935 a campesinos de Santa Cruz,6 quienes de tiempo atrás alquilaban tierras en Topilejo. Estas ventas fueron realizadas un poco antes de la dotación ejidal de Topilejo. Los documentos no precisan la extensión de las tierras vendidas.

109Estas ventas tuvieron el propósito de quitar algunas tierras a las afectaciones ejidales. De esta manera la Reforma Agraria vio cómo se reducían las posibilidades para hacer dotaciones. Hubo varios casos en los que las ventas de último momento, antes de las dotaciones ejidales, ciertamente estorbaron la aplicación de las decisiones tomadas por el Departamento Agrario, porque correspondían a las tierras de los ejidos acordados. Los campesinos se percataron de que no podían ocupar sus tierras ejidales, en tanto que éstas ya habían pasado a las manos de pequeños propietarios, decididos a defender sus derechos.

110Por ejemplo, Manuel Ollivier ya había empezado a vender por parcelas las 446 hectáreas que había comprado en 1921 a la hacienda de la Venta, con el objeto de escapar a la dotación ejidal de Xicalco. Le vendió en 1929 cinco hectáreas a Hoffmann y 12 hectáreas a Ramírez. No hay duda que hubiera seguido vendiendo, pero ya era demasiado tarde. Xicalco acababa de recibir su ejido. La Comisión Nacional Agraria declaró que esas ventas habían sido nulas e ilegales, a pesar de las protestas de los dos pequeños propietarios. Hoffmann, quien ya había constituido un pequeño rancho con dos vacas, dos puercos y 130 borregos, protestó de tal manera que los ejidatarios de Xicalco le propusieron a las autoridades que le dejaran sus tierras y que se tomaran otras cinco hectáreas de la propiedad de Ollivier, lo que finalmente se llevó a cabo en 1931. Por su parte, la propiedad de Ollivier pudo ser afectada porque la Comisión Nacional Agraria conside-ró que las ventas de la hacienda de la Venta también habían sido ilegales.

111En el caso de San Pedro, fue todavía más difícil que los campesinos tomaran posesión de su ejido. La hacienda de San Juan de Dios se había apresurado en sus maniobras: por una parte, había vendido una gran cantidad de pequeños lotes, de una o de media hectárea, algunos a campesinos del vecino pueblo de Tepepan y a otros de San Pedro. En total, 51 campesinos de San Pedro adquirieron 55 hectáreas de tierras de labor por una suma total de 27 500 pesos, a 500 pesos la hectárea. No deja de causar curiosidad el hecho de que estas compras de tierras hayan sido realizadas por los campesinos en enero de 1923, cuando su solicitud había sido hecha en 1921, y que en ese momento todavía esperaban una respuesta de las autoridades. En realidad se trataba de algunas familias de San Pedro que vivían en el barrio de Chimalcoyotl y que por entonces querían formar un pueblo aparte.

112El conflicto fue inevitable, después de la dotación provisional de junio de 1923, porque las pequeñas propiedades se encontraban dentro del ejido y sus nuevos dueños protestaron acaloradamente en noviembre. En ese momento el comité ejidal procedía al reparto de las parcelas, aunque ya habían sembrado maíz y la cosecha estaba lista. Se trataba de todas las familias del barrio de Chimalcoyotl, al oeste de San Pedro, que estaban muy a disgusto por su fracasada solicitud de dotación de ejido, rechazada en julio de 1923, o sea cuatro meses atrás. La respuesta fue que ellos habían sido dotados de ejido junto con el pueblo de San Pedro, y que ya no tendrían derecho a otra dotación. Su proceder tenía como finalidad obtener más tierras, puesto que la dotación ejidal de San Pedro, en la cual estaban siendo tomados en cuenta, implicaba que se les retiraran las tierras que le habían comprado a la hacienda. Cuando vieron que ya casi las tenían perdidas, interpusieron un amparo en contra del ejido de San Pedro. Pero este pueblo ganó el juicio y conservó sus tierras ejidales. Este ejemplo demuestra en qué medida las violaciones a la ley cometidas por las haciendas complicaban la aplicación de la Reforma Agraria, llegando incluso a provocar enfrentamientos entre los propios campesinos de un mismo pueblo.

113Sin embargo, los problemas inherentes al ejido de San Pedro no quedaron resueltos. El conflicto con los habitantes del barrio de Chimalcoyotl dejó de manifiesto que todas las tierras de la hacienda estaban hipotecadas y, por lo tanto, no podían ser tocadas. Fue notorio que los campesinos de Chimalcoyotl, cuando fueron privados de los lotes que le compraron a la hacienda, le reclamaron a la propietaria, Soledad Toriello viuda de Arenas, que les regresara el dinero, puesto que no habían sacado provecho de su compra. Ahora bien, dicha señora necesitó una fuerte suma de dinero en 1912, sin duda alguna para constituir la sociedad Toriello Cifuentes y Compañía, que sería la encargada de administrar su fábrica de cigarros Pargas. Ella pidió un préstamo por 92 000 libras esterlinas a Crédito Territorial Belga Suizo con un interés del siete por ciento anual. Todavía en 1923 no se había cubierto esta deuda, y en consecuencia la hacienda estaba bajo hipoteca, puesto que había servido de garantía para el desembolso.

114El ejido de San Pedro estaba, pues, constituido sobre tierras hipotecadas, situación paradójica e ilegal: las tierras ejidales son inalienables y no pueden ser objeto de hipoteca. Posteriormente, en 1928, el organismo crediticio procedió a la liquidación de la deuda, o sea, a reembolsarse el préstamo entregado 16 años atrás. Empero, casi la totalidad de las tierras de la hacienda habían sido entregadas al ejido. Soledad Toriello tenía otra hacienda en el estado de Michoacán, pero también estaba hipotecada y no alcanzaba para cubrir la deuda. Entonces Crédito Belga instauró una acción en contra de las dotaciones ejidales, porque no habían tenido en cuenta la hipoteca anterior. Hubo dos fallos, en 1935 y 1944, que reconocían los derechos que tenía este organismo sobre la totalidad de dichas tierras. Pero al parecer éstos no se llevaron a efecto, porque los habitantes de San Pedro siguieron siendo dueños de su ejido. Destacamos una resolución del Departamento Agrario de 1960, donde se rechaza categóricamente la atribución de las tierras de San Pedro al organismo de crédito, la cual demuestra que para entonces no se había arreglado el asunto y que el pueblo todavía seguía defendiéndose. Incluso, en noviembre de 1959 intervino la embajada de Bélgica ante el Departamento Agrario para defender a sus conciudadanos, los antiguos socios de la institución crediticia. Se estimaba que en 1961 la deuda de los herederos de Soledad Toriello, fallecida en 1931, se elevaba a las 220 720 libras esterlinas, por los intereses que no habían sido cubiertos... A partir de entonces ya no hay huellas de este asunto en los expedientes de San Pedro; pero constatamos que el pueblo conservó su ejido, no sin antes haber pasado bastantes dificultades.

115Por otra parte, el ejido de San Pedro fue modificado por una operación de permuta con el vecino club de golf. En 1950 el inglés Percy J. Clifford adquirió el terreno de El Cedral, de 235 hectáreas, que la hacienda de San Juan de Dios le había vendido en 1928 a José Roldán Vargas, justo cuando intentaba evadir la Reforma Agraria. Esta propiedad se transformaría en un campo de golf. Quizás debido a sus influencias, Clifford logró hacer pasar esta propiedad como inafectable por causas de utilidad pública y escapó a la acción que seguía Crédito Belga en contra de las tierras de la ex hacienda de San Juan de Dios. Amparado en este argumento también se le concedió el permiso para hacer un intercambio de tierras con el pueblo de San Pedro. En 1951, le propuso al pueblo que le cedieran 70 hectáreas, correspondientes a un terreno conocido como El Encinal, a cambio de un terreno irrigado y de buena calidad, con el doble de extensión en el estado de Veracruz. Aquella propiedad, la granja Tesechoacán, pertenecían a uno de los socios del club de golf, el ingeniero Lezama. De esta manera el campo de golf alcanzó una extensión de 305 hectáreas. Pero los campesinos de San Pedro no recibieron a cambio sus tierras...7

116Una vez más se abusó de los campesinos. Aquí podemos hacer las siguientes reflexiones: ¿acaso los representantes del comité ejidal no fueron sobornados por los socios del club de golf? Es difícil de creer que los campesinos hayan tenido algún interés en particular por adquirir estas tierras tan lejanas, sobre las cuales no habían podido ni siquiera comprobar la altísima calidad que se les prometía. ¿Quién de los del pueblo habrá aceptado irse tan lejos? No podemos más que quedarnos perplejos.

117Mientras tanto, la hacienda de San Juan de Dios ya había desaparecido, desmembrada por las diversas ventas y las dotaciones ejidales. La última venta fue la del terreno El Cedral, en 1928, después de otra venta hecha en 1926: un fraccionamiento de 123 hectáreas repartidas en lotes entre 24 agricultores que con anterioridad alquilaban esas tierras. En 1928 ya no existía la hacienda, lo que explica, sin lugar a dudas, que en la época de Cárdenas el pueblo de San Pedro no hiciera una solicitud de extensión de ejido. Ya no había más tierras afectables. Este caso es elocuente y demuestra cómo hicieron las haciendas para bloquear la Reforma Agraria.

118La hacienda de Mipulco, por otra parte, se había transformado en 1931 en una sociedad en comandita, la Compañía José Pérez Gil y Ortiz, enfocada en el ramo de la explotación forestal. Esta propiedad sólo había conservado 455 hectáreas después de las importantes pérdidas que la afectaron. En 1975 ponía a la venta estas mismas tierras para crear un fraccionamiento destinado a la edificación de una zona residencial. Fue el mismo heredero de esta propiedad, el arquitecto De Teresa, quien se encargó de este proyecto. Otra hacienda había desaparecido.8

119Si bien los lotes vendidos por las haciendas escaparon, en la mayoría de los casos, a los efectos de la Reforma Agraria, también hubo casos en los cuales los pueblos pudieron hacerse acreedores a nuevas tierras y en consecuencia aumentaron su territorio. Dos pueblos fueron los que se beneficiaron de este procedimiento: San Andrés y Ajusco.

120En el pueblo de San Andrés se agruparon 67 campesinos para comprar, en 1924, un terreno de 218 hectáreas a la hacienda del Arenal (ver Anexo II, mapa 11). Éstos crearon la colonia Héroes de 1910 y formaron una cooperativa para explotar estos terrenos montañosos, cuyos únicos recursos aprovechables eran los bosques. Sin embargo, surgió un problema con Ajusco, porque este terreno se encuentra dentro de lo que fueran tierras comunales de este pueblo, posteriormente acaparadas por la dicha hacienda a finales del siglo xvii. Ajusco intentó recuperar estas tierras en 1941, y posteriormente en 1948, luego de la primera confirmación de tierras, e incluso impidió que los campesinos de San Andrés vinieran a sembrar en los pocos espacios cultivables. Pero todo fue inútil, la colonia era una pequeña propiedad inafectable.

121En 1957 el pueblo de Ajusco todavía no renunciaba a reclamar estas tierras, pero una nueva amenaza habría de venir. Un abogado de la ciudad de México, el licenciado Gastón Alegre López, estaba comprándoles las tierras, poco a poco, a los propietarios de la colonia Héroes de 1910. Bien sabía que había un conflicto por la posesión de las tierras entre San Andrés y Ajusco, de manera que fue a ver al director de la fábrica La Fama Montañesa, entonces dueña de la hacienda del Arenal, la cual, según Ajusco, había acaparado estas tierras. Alegre le compró los títulos y todos los documentos históricos relacionados con la hacienda, y en su momento los exhibió para comprobar que estos terrenos siempre habían pertenecido al Arenal, y de esta manera impedir una restitución a favor de Ajusco.

122Ajusco se amotinó una vez más en 1969 cuando una comisión técnica de la fábrica de Loreto y Peña Pobre vino a marcar árboles para ser talados. Los de San Andrés se los habían vendido a la fábrica. No sabemos cuál fue la reacción en aquel episodio de parte del Departamento Agrario, pero lo que sí sabemos es que la colonia Héroes de 1910 todavía existe, a pesar de varios intentos recientes de Ajusco de hacer valer sus derechos. En 1973, luego de la reanudación del expediente de restitución de Ajusco, el pueblo basó sus demandas en sus títulos de posesión y exigió que este asunto fuera examinado con urgencia, puesto que los habitantes de la colonia seguían vendiendo sus lotes, ahora delimitados con alambre de púas. Empero, la resolución de 1975 no indicaba ninguna restitución en esta zona. La Reforma Agraria fue, en este caso, impotente ante estas pequeñas propiedades inafectables.

123Hubo sin embargo otros casos en los que Ajusco pudo recuperar antiguas tierras comunales al comprárselas a las haciendas vecinas. En 1936, el pueblo compró el rancho de Tierra Blanca, de 558 hectáreas, que formaba parte de un lote que había vendido la hacienda de la Venta en 1867. En 1940 le compraron a la hacienda del Arenal 775 hectáreas en la zona del Xitle (ver Anexo II, mapa 12). En ambos casos, las tierras habían sido tomadas por dichas haciendas en la época colonial, y formaban parte de las tierras suplementarias que habían sido agregadas al pueblo gracias a la merced de 1609.

124Años más tarde, en 1965, los representantes de los comuneros compraron 60 hectáreas más, a un precio de 130 000 pesos -lo que al parecer es una suma muy elevada-, a Irene Morales viuda de Nava. Se trataba de la propiedad que constituyó Fabián Nava a fines de la época porfiriana, uno de los antiguos comuneros que supo sacar provecho de las leyes agrarias del siglo xix y conformó una propiedad de un tamaño considerable. Este procedimiento les permitía recuperar algunas de las tierras que la Reforma Agraria jamás les restituiría, porque a pesar de que la Constitución de 1917 decretaba la anulación de las propiedades creadas según las leyes de 1856, éstas en realidad nunca fueron impugnadas. El pueblo de Ajusco acudió al Fondo Nacional de Fomento Ejidal, organismo crediticio destinado a prestar ayuda a los pueblos, para pagar esta cantidad. Pero a diferencia del caso de San Andrés, todos estos terrenos se agregaron a las demás propiedades comunales.

125Todos estas ventas de tierras efectuadas por las haciendas, y la recompra por' parte de los pueblos, contribuyeron a modificar la estructura de la propiedad de la tierra en la sierra. De esta manera podemos establecer un balance de la situación actual:9

TABLA 6. RESULTADOS DE LAS VENTAS DE TIERRA HECHAS POR LAS HACIENDAS (HASTA 1975)

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126Esta tabla nos permite comprobar que las grandes propiedades desaparecieron por completo en la región. Las haciendas que no fueron tocadas, o que casi no fueron afectadas por la Reforma Agraria, como las del Arenal y la Venta, se fraccionaron en lotes que luego fueron revendidos. Estas ventas se realizaron justo antes de que la Reforma Agraria llegara a dejar sentir sus efectos en los diferentes pueblos. Sólo el rancho El Fraile conservó una gran extensión, lo que se explica por el hecho de que estaba a más de siete kilómetros de los pueblos y no podía ser afectado. Como no corría ningún riesgo, sus propietarios no se vieron en la necesidad de fraccionarlo.

127También podemos subrayar el hecho de que la Venta logró conservar más tierras de las que estaban fijadas en el límite de inafectabilidad. Sin embargo, exceptuando el rancho El Fraile, podemos concluir que las cuatro grandes propiedades dieron paso a otras siete, de dimensiones más reducidas:

  • El Guarda: propiedad de 224 hectáreas

  • Mipulco: fraccionamiento de 455 hectáreas

  • El Arenal: propiedad de 468 hectáreas

  • Venta: propiedad de 680 hectáreas, pero después de 1964 fue dividida entre sus herederos Propiedad de García: 300 hectáreas

  • Propiedad de Ollivier: 360 hectáreas

  • Bosque de la Venta: 313 hectáreas, de la fábrica de Loreto y Peña Pobre

128Aparecieron nuevos propietarios, de orígenes diferentes: Ollivier, que era extranjero, ya tenía propiedades en otro estado y seguramente quería reinvertir; muchas empresas industriales también adquirieron tierras, como la fábrica de textiles La Fama Montañesa en el caso del Arenal, o la fábrica de papel Loreto en el caso del bosque de la Venta. Mipulco sufrió la suerte de muchas de las haciendas de la meseta central al convertirse en un fraccionamiento residencial. Todas estas grandes propiedades privadas quedaron debajo del límite establecido por la ley para ser consideradas como pequeñas propiedades inafectables, es decir, con menos de 500 hectáreas en tierras de temporal. Cuando la hacienda de la Venta fue repartida, la superficie de dichas propiedades estuvo entre las 224 y las 468 hectáreas. Las gráficas 4 y 5 muestran el balance que podemos hacer después de las ventas efectuadas y las afectaciones de la Reforma Agraria.

129La superficie total de las haciendas pasó de 12 241.56 hectáreas a 2 742, es decir, 78 por ciento menos. La Reforma Agraria las hizo disminuir en un 50 por ciento, y las ventas un 28 por ciento más. Las propiedades que siguieron estando constituidas dentro de la sierra, después de la reducción de las haciendas y la formación de nuevas propiedades, ocupaban en total 4 170 hectáreas. Esta cifra no representa más que el 14.03 por ciento de la superficie total en la región. Los pueblos alcanzaron las 25 558 hectáreas, es decir, el 85.57 por ciento del total. Sus compras les significaron un aumento de 1 731 hectáreas, siete por ciento más. Gracias a la Reforma Agraria la superficie total de los pueblos aumentó 27.9 por ciento más.

GRÁFICA 4. INCREMENTO DE LA TIERRA DE LOS PUEBLOS Y REDUCCIÓN DE LAS HACIENDAS DESPUÉS DE LA REFORMA AGRARIA (FRACCIONAMIENTO DE LAS HACIENDAS)

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GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN LA SIERRA

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En 1917

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Después de la Reforma Agraria y el fraccionamiento de las haciendas

130El balance es positivo en la medida en que los pueblos obtuvieron tierras. Sin embargo, la Reforma Agraria no fue el único responsable, porque, en los casos de San Andrés, pero sobre todo de Ajusco, los pueblos le compraron lotes a las grandes propiedades. Muchas de las tierras perdidas en tiempos coloniales nunca fueron recuperadas, especialmente en los casos de Topilejo y Ajusco, los pueblos más despojados. La superficie total de los pueblos no volvió a alcanzar la cifra de 27 500 hectáreas que, según nuestros propios cálculos, tenían en la época colonial. Sin embargo, éstos no estaban lejos de alcanzarla: nada más les faltaban 2 000 hectáreas, provenientes sobre todo del despojo del rancho El Fraile en tierras que fueran de Topilejo.

131Sin embargo, al mismo tiempo sobrevenían una serie de hechos que retardaron o incluso contrarrestaron la aplicación de la Reforma Agraria, de manera que se hace necesario matizar esta lectura optimista frente a los resultados concretos que se alcanzaron en los pueblos.

Las dificultades para disponer de las tierras comunales y ejidales

132Primero debemos señalar las dificultades que se encontraron los pueblos a la hora de entrar en posesión de sus tierras ejidales. En efecto, los dueños de las haciendas, y sobre todo los más afectados, se defendieron hasta el último momento y por todos los medios con el objeto de no entregar sus tierras.

133A veces fue a través de medios bastante mezquinos. El dueño de El Guarda protestó ante el Departamento Agrario porque, según él, los habitantes de Topilejo invadían sus tierras. Él explicaba que esto se debía al hecho de que, tras la dotación ejidal, no existían muros ni barreras establecidas para fijar los límites materiales entre las tierras de Topilejo y las de la hacienda. El Departamento Agrario se vio obligado a llevar a cabo una investigación en el campo para constatar que los campesinos no ocupaban ningún predio de la hacienda. Entonces el mismo propietario se volvió a quejar, esta vez porque los ganados pastaban en sus tierras dañando sus plantaciones de zacatón. Este tipo de conflictos demuestran que había una relación muy tensa entre pueblos y haciendas, y qué tan dura debió ser esta coexistencia.

134En cuanto a la hacienda de San Juan de Dios, ésta reclamaba la cosecha de maíz y de otros cereales que había sembrado antes de la dotación ejidal de San Pedro, en junio de 1923. En rigor, la cosecha de noviembre les pertenecía. Los documentos no precisan quiénes, finalmente, recogieron la cosecha, pero es probable que fuera el pueblo, quien a partir de ese momento ocupó las tierras. Pero al año siguiente, en 1924, la hacienda se negó a darle a San Pedro el agua necesaria para el riego de dichas parcelas, la cual provenía de los manantiales de Peña Pobre, que todavía le pertenecían. Ahora bien, esto era ilegal, porque el artículo 27 constitucional establecía que la propiedad de las tierras y aguas corresponde a la nación, y que sólo ella puede disponer su aprovechamiento para el interés público.

135Por otra parte, en 1924 la hacienda recurrió a una acción de mayor importancia: un juicio de amparo, siguiendo los términos establecidos en la ley. Ésta exponía los argumentos según los cuales, en el momento de la dotación, ya se encontraba reducida a la calidad de pequeña propiedad, debido a las siguientes operaciones:

  • 354 hectáreas habían sido entregadas a los ejidos de Tepepan, Huipulco, Santa Úrsula y La Moyoguarda

  • 299 hectáreas habían sido vendidas en 1923 a Tepepan y San Pedro

  • 653 hectáreas en total

136En consecuencia, la superficie había pasado de 1 107 hectáreas a 454 hectáreas inafectables. Sin embargo, la hacienda perdió el juicio porque las 299 hectáreas fueron vendidas después de la demanda de dotación de San Pedro, de manera que esta transacción quedó anulada. Entonces el propietario recurrió a las más altas autoridades para impedir la dotación ejidal de San Pedro; el embajador de España expuso el caso de su conciudadana ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual dirigió el caso a la Comisión Nacional Agraria. Ésta respondió por el mismo conducto, explicando que no había nada qué hacer porque el juicio de amparo ya había llegado a una determinación. Casos como éste nos enseñan que los pueblos, por aquella época, ganaban sus causas con frecuencia, a pesar de que las haciendas hacían hasta lo imposible para impedirlo.

137En cambio, la aplicación de ciertas decisiones de gobierno le quitó tierras a los pueblos. Ya vimos que el decreto del 14 de agosto de 1936, expedido por el presidente Cárdenas, había creado un parque natural en la sierra. La idea de Cárdenas era proteger el entorno excepcional de la sierra del Ajusco, pero también desarrollar su potencial turístico. Se hacía necesario conservar las riquezas de la sierra, una inmensa reserva forestal y manantiales, importantes para las ciudades de la meseta central. Había que conservar y proteger el equilibrio climático, biológico, ecológico que brindaba este entorno natural. Ahora bien, se llegó a pensar que las comunidades rurales que ocupaban estos lugares y las grandes propiedades eran una amenaza constante para dicho equilibrio, en la medida en que explotaban sin moderación las reservas forestales, practicaban una tala excesiva y sin control, provocando una grave erosión de los suelos. No se podría dar una protección eficaz a esta región más que haciendo expropiaciones a favor del interés público. Sólo de esta manera se protegería la mancha forestal, la flora y la fauna en general. Además, los acondicionamientos turísticos previstos mejorarían las vías de comunicación, lo cual a su vez les agregaría un importante valor a los pueblos, permitiendo un mejor desarrollo económico.

138El denominado Parque Nacional Cumbres del Ajusco (ver Anexo II, mapa 13) ocupaba 7 774 hectáreas, y expropiaba:

  • 6 619 hectáreas del pueblo de Ajusco

  • 575 hectáreas de la hacienda de la Venta

  • 325 hectáreas de la hacienda del Arenal

  • 255 hectáreas del rancho El Fraile

139La creación de este parque conllevó efectos muy importantes para las dotaciones de tierras a los pueblos. Por una parte, algunas haciendas alcanzaron el límite de inafectabilidad: la hacienda de la Venta, la cual había vendido 746 hectáreas en total, entre 1921 y 1922, y había sido afectada por la dotación de 141 hectáreas a Magdalena, además de la expropiación para el parque, quedó reducida a 428 hectáreas. Por otra parte, el pueblo de Ajusco quedó reducido a 350 hectáreas y prácticamente sin posibilidad alguna de ser dotado de tierras porque todas las haciendas vecinas eran inafectables.

140El gobierno seguramente se dio cuenta de los problemas que esto implicaba para Ajusco, porque le permitió al pueblo que siguiera cultivando en la zona expropiada maíz, trigo, frijoles, pero con la condición de que no tocaran las tierras con una pendiente mayor de ocho por ciento, pues de otra manera aumentaba el riesgo de erosión de los suelos.

141En 1938, el Departamento Forestal de Caza y Pesca, una dependencia del Departamento Agrario, se encargó de la reforestación y de la vigilancia del parque, con el fin de evitar los incendios, muchos de los cuales, hasta aquel entonces, eran provocados para obligar a las presas a salir de sus madrigueras o para permitir una mejor explotación del zacatón. Por otra parte, en 1947 se creó una Unidad Industrial de Explotación Forestal dependiente de la fábrica de papel y celulosa Loreto y Peña Pobre que de esta manera se ocupaba del aprovechamiento del corte de madera.

142Fue justamente este mismo año cuando se modificó el decreto de Cárdenas con un nuevo decreto que reducía el parque a 920 hectáreas, por encima de la cota de los 3 550 metros (ver Anexo II, mapa 13). De esta manera sólo se afectaba al pueblo de Ajusco. Pero aquellas eran tierras demasiado altas, rocosas e inutilizables. Las haciendas recuperaron sus tierras. Sin embargo, la Reforma Agraria ya había pasado a un segundo plano y los pueblos no solicitaron extensiones de ejido sobre estas tierras, que volvieron a estar a disposición de sus propietarios. Sin embargo, al parecer los pueblos no conocieron este nuevo decreto a juzgar por la confirmación de tierras de Ajusco, limitada a 350 hectáreas, más las 1 060 que compartía con Jalatlaco. En cuanto a los grandes propietarios, ellos sí conocieron el nuevo decreto de 1947, porque ellos vendieron tierras donde antes habían sido expropiados.

143De esta manera el parque del Ajusco impidió en parte la realización de la Reforma Agraria en la sierra. Además, hubo otra decisión gubernamental que, en otro sentido, se oponía a la dotación ejidal de Topilejo: se trata de la creación de granjas experimentales. La idea vino del general Miguel Acosta, quien quería poner en marcha la ley de patrimonio ejidal, según la cual los ejidos debían ser divididos en parcelas las cuales serían entregadas como propiedades a los ejidatarios. Al parecer, el general Acosta tenía buenas relaciones con el gobierno del Distrito Federal, pues conocía al jefe del Departamento, el licenciado Javier Rojo Gómez. Este último pensaba que el lugar adecuado para experimentar eran las casi 4 000 hectáreas de tierras baldías que poseían los pueblos de Topilejo y Parres, entre los kilómetros 35 y 45 de la carretera a Cuernavaca. Fue él mismo quien presionó para echar a andar este experimento; logró que el presidente Ávila Camacho estuviera de acuerdo y, en 1943, se empezó a determinar la extensión de dichas tierras.

144El experimento consistía en crear una determinada cantidad de granjas, cada una de ellas de 16 hectáreas, que serían dotadas de instrumentos de trabajo modernos y suficientes: nuevas edificaciones, maquinaria, muías, animales, semillas seleccionadas, abonos... La inversión necesaria sería posible gracias a la existencia de una sociedad anónima, la Financiera Rural del Distrito Federal, creada específicamente para dar créditos blandos a los futuros granjeros.

145El decreto presidencial que autorizaba el fraccionamiento de las tierras ejidales de Topilejo y Parres fue expedido en agosto de 1944, mismo año en que la ley de patrimonio ejidal fue modificada, fijando en 12 hectáreas la superficie mínima de las parcelas. ¿Acaso el general Acosta había estado al corriente de los proyectos gubernamentales?10 Se crearon cien granjas en una superficie de 1 600 hectáreas. En principio, este experimento quería demostrar que la ley de patrimonio ejidal servía para desarrollar una clase de pequeños y medianos propietarios capaces de mantener una agricultura rentable, y estaba destinada para los ejidatarios y comuneros de dichos pueblos. Pero los problemas empezaron cuando muchos campesinos, que sin duda alguna guardaban una gran desconfianza hacia este proyecto que involucraba a sus tierras comunales, se resistieron a tomar las granjas. Sólo se presentaron 65 comuneros. Dado que el general Acosta estaba resuelto a realizar su experimento, hubo que buscar campesinos venidos de otras partes. Alcanzó a reclutar a 32, que en su mayoría provenían del estado de Coahuila, al norte de la República. De esta manera les entregaba sus granjas y una parte de las tierras de Topilejo: 512 hectáreas pasaron a manos de "fuereños".

146Sin embargo, el experimento fracasó. Las deudas contraídas para la puesta en marcha de las granjas eran demasiado onerosas y los campesinos no pudieron pagarlas. La Financiera Rural del Distrito Federal quebró y tuvo que ser liquidada, por decreto presidencial del 8 de agosto de 1947. Las herramientas que poseían las granjas fueron vendidas para recuperar un poco las pérdidas. Pasados cuatro años, el experimento era abandonado. Sin embargo, en el campo, fue más difícil y demorado lograr un arreglo final: los granjeros avecindados no querían partir y dejar las tierras, mientras que los ejidatarios y comuneros de Topilejo no querían admitir que éstas pasaran a manos de unos forasteros.

147Cada quien recurrió a la fuerza: los campesinos de Topilejo comenzaron a invadir y ocupar las tierras en litigio. Los colonos forasteros tomaron las armas y se pusieron bajo las órdenes de Ignacio Rodríguez, su jefe. Fue particularmente después de 1949 cuando el conflicto llegó a un punto de encono, porque no se había tomado ninguna decisión al respecto, ni por parte del Departamento del Distrito Federal, ni del Departamento Agrario. El subdelegado del Distrito Federal vino al lugar del conflicto, en abril de 1949, con una carabina en las manos. Al parecer, después de esta intervención Topilejo retomó la posesión de las tierras. En efecto, campesinos de dicho pueblo sembraron este año las tierras que habían correspondido a las granjas modelo. En represalia, los antiguos granjeros vinieron en julio a cortar la avena, que ya había crecido entre cinco y 15 centímetros, para destruir la cosecha... Hubo que enviar tropas para poner orden. Éstas tuvieron que permanecer en el lugar durante varios meses. Algunos agitadores campesinos fueron detenidos y enviados a prisión. Los granjeros forasteros intentaron recuperar sus tierras por medio de juicios de amparo, pero fue en vano: no tenían títulos de propiedad. El conflicto se extendió hasta 1953, cuando los granjeros recibieron en compensación lotes de 16 a 20 hectáreas de tierras irrigadas en el ejido Tempoal,11 en el estado de Veracruz.

148Los campesinos de Topilejo y Parres tuvieron, en ciertos casos, problemas para recuperar estas tierras puesto que ya habían cambiado de manos. Algunas granjas fueron alquiladas a otros campesinos, alguna fue alquilada al Hipódromo de Las Américas, otra a un coronel, otra a un profesor... Todo lo cual demuestra que, muy pronto, los granjeros perdieron el interés por estas tierras. Doce parcelas ni siquiera estaban cultivadas.

149En este caso, una vez más, la Reforma Agraria quedaba a punto de ser considerada un fracaso. Sin embargo, los pueblos recuperaron sus tierras.

150Un parte de esta historia que queda oscura, es el papel desempeñado por el general Acosta y el provecho que éste esperaba sacar de tal experimento.

151La aplicación de la Reforma Agraria también contó con otro tipo de dificultades: las que se derivaron del problema de las pequeñas propiedades que habían adquirido los campesinos en el siglo xix y a inicios del siglo xx.

La pequeña propiedad campesina dentro de las tierras comunales

152Estas propiedades que fueron adquiridas conforme a las leyes de Reforma hubieran podido ser anuladas de acuerdo a la nueva Constitución, sin embargo, en los pueblos se siguieron respetando. Esto no implicaba ningún problema si los dueños de los terrenos eran campesinos del mismo pueblo, pues se podía considerar que las tenían como parcelas, de acuerdo a la ley de patrimonio ejidal. Sin embargo, dichas tierras habían cambiado varias veces de manos, incluso desde la época porfiriana, como ya lo habíamos dicho. En ocasiones quedaron en manos de campesinos de pueblos vecinos, a veces en manos de avecindados.

153En este último caso, parece ser que los pueblos no pudieron recuperar sus antiguas tierras comunales, como lo demuestran varios casos. En Magdalena, a partir de 1948, los campesinos denunciaron a J. Gutiérrez Mendoza, quien acababa de comprar las 199 hectáreas, o sea, las seis propiedades que en épocas anteriores habían adquirido las familias Ortiz, Osorio y Gómez, en tierras comunales del pueblo. De esas seis, cuatro habían pasado a las manos de E. Entrambasaguas en 1912, es decir, 130 hectáreas. En cuanto a Gutiérrez Mendoza, éste reunió una buena cantidad de las tierras del pueblo, que en 1948 sumaban 1 210.38 hectáreas. No es de sorprenderse, pues, que el pueblo haya tratado de impedir la formación de esta propiedad y que intentara recuperar sus tierras.

154Un juez de primera instancia en Coyoacán, encargado de solucionar el conflicto, consideró que los títulos de propiedad de Mendoza eran válidos y le confirmó la posesión de las tierras. Magdalena retomó el asunto años más tarde, en 1966. Pero el Departamento Agrario respondió en 1969, una vez más, que Mendoza tenía títulos de propiedad y en consecuencia que no podían restituirle estas tierras al pueblo. Pero ellos insistieron haciendo denuncias en la prensa (diario Avance, 15 de mayo de 1969) con el fin de sensibilizar a la opinión pública del problema, y volvió a emprender una demanda ante el juzgado de Coyoacán, en octubre del mismo año. No conocemos el veredicto final, pero es poco probable que el pueblo haya ganado el caso.

155En Xicalco, durante la época de Cárdenas, los campesinos intentaron obtener una extensión de su ejido. Entonces le solicitaron al Departamento Agrario que le restituyeran las tierras comunales que se habían vuelto pequeñas propiedades de acuerdo a las leyes del siglo xix. En gran medida éstas habían pasado a manos de avecindados; y era notorio que sus vecinos de Santiago Tepalcatlalpan poseían una gran cantidad de propiedades de entre cuatro y cinco hectáreas. Estos propietarios se defendieron diciendo que ya poseían sus tierras desde tiempo atrás: sus padres las habían adquirido hacía 25 o 50 años. Subrayaron el hecho de que anteriormente eran tierras estériles e improductivas, y que gracias a su dedicación a la agricultura se habían convertido en tierras provechosas. No hay duda, estaban decididos a no dejarles sus propiedades a los campesinos de Xicalco.

156A partir de 1937, aquellos intentaron recuperarlas por la fuerza, invadiendo las tierras y cortando madera. Fue necesario que la policía interviniera varias veces para reestablecer el orden entre ambos pueblos. Al parecer el Departamento Agrario intentó recuperar estas tierras para Xicalco, con el fin de dotar a los 37 ejidatarios que se habían quedado sin tierra. Para entonces, se hicieron trabajos de deslinde, los cuales molestaron mucho a los campesinos de Santiago. Su representante, G. Rodríguez, le escribió al Departamento Agrario solicitando una explicación. La dependencia respondió que no había enviado a ingeniero alguno para hacer deslindes, lo cual sin duda era falso. De cualquier manera, el asunto no tuvo seguimiento: el Departamento Agrario renunció a la extensión de ejido de Xicalco ante la imposibilidad de encontrar tierras. Los campesinos de Xicalco seguían cometiendo actos hostiles en contra de sus vecinos, porque después de una nota de protesta de los pequeños propietarios, dirigidos a la sazón por F. Jiménez Toledo, recibieron una severa reprimenda por parte del Departamento Agrario, que les prohibía en lo sucesivo ir a cortar las flores de los duraznos en las propiedades vecinas.

157Del mismo modo, Xicalco actuó en contra de pequeños propietarios de Magdalena, quienes poseían antiguas tierras comunales de su pueblo. En junio de 1973 Xicalco denunció la venta de tierras comunales por parte de F. Gómez. Los pequeños propietarios de Magdalena protestaron en octubre, ante el Departamento Agrario. Pero Xicalco mostraba sus títulos de la época colonial y argüía que estas tierras habían sido objeto de despojo en el siglo xix. En 1974 el asunto no se había solucionado.

158Estas fechas recientes prueban que, para estos pueblos, los problemas de las pequeñas propiedades del siglo xix no alcanzaron a ser solucionados. Teóricamente ya no debían existir, pero en la realidad nunca se suprimieron y coexistieron dentro de las tierras comunales de los pueblos.

159La particularidad en los vecinos Topilejo y Ajusco radica en que muchos de los campesinos de dichos pueblos tienen pequeñas propiedades. En Topilejo, quince pequeños propietarios, representados por uno de ellos, Julián Martínez Ibarra, dirigieron una solicitud al Departamento Agrario para que sus tierras -las cuales poseían por medio de contratos privados desde tiempos inmemoriales-fueran excluidas de ejido y de las tierras comunales que le reconocieron a Topilejo en 1936. En efecto, éstas se encontraban dentro de las 9 910 hectáreas del pueblo. Una verdadera paradoja, puesto que las autoridades agrarias toleran la existencia de estas pequeñas propiedades y, por lo tanto, el traspaso a los herederos y su venta, cuando oficialmente son tierras comunales.

160Es verdad que este problema deberá ser afrontado y zanjado con claridad, porque la situación es muy ambigua. El pueblo de Ajusco -para el cual la Reforma Agraria es muy reciente-proponía en junio de 1974, por parte de sus representantes comunales y sus subdelegados, que las 2 500 hectáreas de las pequeñas propiedades privadas que se constituyeron bajo el régimen de Díaz, fueran excluidas de las tierras comunales. Ellos especificaban que esto se podría hacer si el pueblo era compensado por consentir tal pérdida: los pequeños propietarios deberían pagar al pueblo una indemnización. Esto es más realista y permitiría regularizar la situación y evitar, en lo sucesivo, cualquier conflicto en caso de que las tierras fueran vendidas. La Secretaría de la Reforma Agraria todavía no ha emitido una respuesta. En todo caso, esto demuestra la actualidad de todos estos problemas.

161El censo y el registro de propiedades, efectuados en julio de 1975, permiten conocer mejor la situación exacta en el pueblo de Ajusco, al mismo tiempo que demuestran que la solución no es sencilla, pues muchos campesinos poseen a la vez tierras comunales y privadas. Por lo pronto, podemos decir que de las 9 569 hectáreas del pueblo, 2 500 son pequeñas propiedades privadas, es decir, el 24 por ciento, frente al 76 por ciento de tierras comunales. Sin embargo, no todas las tierras del pueblo están ocupadas. A partir de las tierras que están trabajadas podemos delinear la siguiente tabla:

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS CULTIVADAS EN AJUSCO EN 1975

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162Esta tabla nos permite darnos cuenta de que la mayoría de los campesinos de Ajusco (74.8 por ciento), más de las tres cuartas partes, tienen tierras privadas que provenían de las pequeñas propiedades del siglo xix. Muy pocos campesinos (5.6 por ciento) nada más tienen parcelas comunales y 16 por ciento tienen a la vez tierras privadas y comunales. La mayor parte de las tierras cultivadas (77.3 por ciento) corresponde a tierras privadas. Esto se explica porque estas pequeñas propiedades se constituyeron sobre las mejores tierras, las más bajas en altura y las más planas, en una aureola alrededor del pueblo. En cuanto a las tierras comunales, éstas son en gran medida agostaderos aprovechados en común, o para la explotación maderera, a la cual tienen derecho los comuneros. Es por esto que se subraya el hecho de que sólo el 3.7 por ciento de las tierras comunales fue distribuido en parcelas.

163Una cifra en especial causa curiosidad: del total de las tierras privadas sólo el 38 por ciento fueron declaradas por los campesinos durante el censo. ¿Quién ocupaba el 62 por ciento restante? ¿Acaso estas tierras cambiaron de manos? La única explicación plausible es que éstas ya no pertenecieran más a los habitantes del pueblo, por lo tanto sus dueños no fueron tomados en cuenta.

164Por otra parte, una investigación llevada a cabo recientemente en Magdalena por cuenta de la delegación de Tlalpan, nos mostraba que

  • 31 % de los campesinos tienen pequeñas propiedades

  • 28 % de los campesinos tienen tierras comunales

  • 24 % de los campesinos tienen tierras ejidales

165El 17 por ciento restante no tenía tierras. El problema que ha impuesto la existencia de estas pequeñas propiedades se torna cada vez más agudo, máxime cuando desde hace poco asistimos a una especulación en las tierras de la sierra, que va de la mano con el establecimiento de la zona turística. De esta manera, los pequeños propietarios son buscados por los especuladores y son provocados para que vendan sus tierras, aunque formen parte del territorio comunal. Los campesinos de Topilejo que solicitan la exclusión de sus parcelas del territorio comunal ciertamente querrán tener toda la libertad para vender sin tener que arrastrar con las protestas de los otros comuneros. Lo mismo sucede en Ajusco.

166Efectivamente, en estos dos pueblos hubo una buena cantidad de quejas en contra de la venta excesiva de las pequeñas propiedades. En Ajusco, en enero de 1971, Ángela Reyes Nava, hermana de los dos generales Zapatistas, denunció la venta a precios irrisorios de una buena cantidad de terrenos comprados por el ingeniero Videgaray; éste quería reunir varios predios para crear un club de recreo, con campo de golf incluido, con otros asociados.

167En Topilejo, en enero de 1973, los comuneros denunciaron al ingeniero Aurelio Guerrero López, quien se hacía pasar por funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria y quien, a partir de 1959, compró diversas propiedades y logró hacerse de una posesión de 284 hectáreas, en los límites de Topilejo y el estado de Morelos, kilómetro 47 de la carretera a Cuernavaca. En la misma zona, pero en 1972, fueron vendidos una gran cantidad de terrenos, hacia el kilómetro 41 de la carretera. Se trataba en ambos casos de terrenos baldíos que no utilizaban los campesinos, a quienes les pareció más rentable venderlos. Empero, no se ha tomado ninguna medida al respecto, y las pequeñas propiedades que se constituyeron en los terrenos comunales durante el siglo xix están pasando poco a poco a manos de personas ajenas a los pueblos.

168Si lo vemos así, la Reforma Agraria apenas si arregló algunos problemas, mientras que muchos otros surgieron o se multiplicaron, poniendo en entredicho las posesiones de los pueblos, bien sea porque les quitaban las tierras, por la razón que fuera, o bien porque éstas son cada vez más insuficientes.

III. LOS PROBLEMAS ACTUALES

169Los primeros problemas que podemos tratar son los que corresponden a la pérdida del territorio comunal, después de la aplicación de la Reforma Agraria. Estas reducciones tienen dos causas diferentes: las expropiaciones por causa de utilidad pública, hechas por el gobierno, y las ventas ilegales de tierras ejidales y comunales.

Las expropiaciones de tierras comunales

170Las expropiaciones en esta región datan de los últimos 30 años12 y se corresponden con el crecimiento de la ciudad de México, ávida de tierras para instalar servicios públicos, redes de comunicación y reservas ecológicas

171Son los pueblos al pie de la sierra los que, por ahora, han salido más afectados; de manera particular San Pedro, que es el pueblo más cercano al valle. La primera amenaza de expropiación se remonta a 1937, durante el gobierno de Cárdenas y está en estrecha relación con la creación del parque nacional del Ajusco. Una resolución presidencial preveía expropiar a los 63 ejidatarios que ocupaban el terreno Cuernavaca, de 25 hectáreas, para establecer un vivero forestal. Existió, al parecer, un acuerdo en lo oscuro entre el delegado del pueblo, un representante del Distrito Federal y otro de la Secretaría de Agricultura y Fomento, del cual no fueron informados los campesinos afectados. Éstos se dieron cuenta de lo que pasaba cuando ya era demasiado tarde; entonces le enviaron una carta al Departamento Agrario, por medio del representante ejidal, M. Martínez, señalando que el representante del pueblo, Isaías Juárez Flores, les había hecho firmar documentos sin que ellos pudieran precisar su contenido (sin duda porque no sabían leer). Después prometió darles una renta anual de 90 pesos a cambio de que abandonaran sus parcelas. En seguida, llamó a los mismos campesinos para que trabajaran en las tierras de las que habían sido desposeídos: sembrar postes con alambre de púas y aplanar los terrenos, a cambio de un salario de dos pesos por día.

172Esto incomodó de tal modo a los campesinos que, en diciembre de 1937, quisieron saber la verdad de lo que estaba pasando. Al parecer el propio Departamento Agrario no estaba al tanto de los hechos pues tuvo que solicitarle una explicación al Departamento del Distrito Federal. Cuando se supo todo lo que había pasado, los campesinos expropiados se defendieron y opusieron una resistencia feroz. El gobierno tuvo que echar marcha atrás y abandonar el proyecto del vivero. Este ejemplo demuestra que el gobierno de Cárdenas, que en otras partes favoreció tanto la distribución de ejidos, en esta zona del Ajusco fue muy poco respetuoso de las tierras de los pueblos.

173Este vivero, de manera verosímil, debía servir para reforestar la sierra del Ajusco y otorgarle más importancia al interés general antes que al interés particular del pequeño productor campesino de la región. Sin embargo, lo que demuestra el caso es que los campesinos siempre estuvieron marginados de las decisiones que les concernían, y que sólo eran informados cuando ya todo estaba cocinado.

174Años más tarde, a partir de 1959, el terreno Cuernavaca fue objeto de otros intentos de expropiación, cuando empezaba el auge de las expropiaciones de tierras en esta zona. Dicho terreno está bastante bien situado, al sur del Distrito Federal (ver Anexo II, mapa 11). Nuevamente el Departamento del Distrito Federal pensó en este terreno para construir un proyecto de vivienda popular. El Departamento Agrario rechazó el proyecto, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios Sociales y Médicos13 -para el cual estaban destinadas esas viviendas-retomó el asunto y propuso que cambiaran este terreno por otro que ellos poseían en Tampico. ¡Este nuevo caso de permuta de tierras nos hace pensar que los campesinos de San Pedro eran bastante poco queridos en sus propias tierras, situadas en los extramuros de la capital; todos hubieran querido verlos en otro lugar!

175Una vez más el Departamento Agrario defendió a los campesinos, que por última vez pudieron conservar sus tierras. En efecto, ese mismo año la Secretaría de Salubridad y Asistencia reclamaba este terreno para construir un internado para retardados mentales, así como diversos laboratorios. Los campesinos protestaron, pero esta vez el Departamento Agrario respondió que se trataba de un servicio público y social, lo que por otra parte, le podría servir a los propios campesinos, y que por lo tanto la expropiación era legal. La construcción de los laboratorios y del internado se emprendió en 1962, exactamente en las 23.44 hectáreas del terreno Cuernavaca.

176En 1966, San Pedro fue afectado por los trabajos de adecuación de carreteras entre el Periférico y la salida a Cuernavaca. Se trataba de la construcción de la tercera sección del Periférico sur y los empalmes entre la calzada de Tlalpan, la carretera a Cuernavaca y la autopista de Cuernavaca, con distribuidores viales. En este caso fueron expropiadas 17.26 hectáreas en las cuales 80 ejidatarios cultivaban pequeños campos de flores. Se preveía una indemnización por 555 996 pesos, que el Departamento del Distrito Federal le giraría al Banco Nacional de Crédito Ejidal. Pero los campesinos tuvieron que reclamar porque en 1968 esta suma todavía no había sido depositada. Suponemos que la deuda fue pagada porque más adelante ya no encontramos más reclamaciones. Tampoco sabemos en qué forma utilizó el pueblo esta cantidad. Sin embargo, sabemos que en otras regiones del país los pueblos tuvieron muchas dificultades para disponer de las cantidades depositadas en el banco, porque deben justificar el destino que se le va a dar a los dineros y obtener la autorización de los servicios agrarios. Se ha llegado incluso a utilizar esos dineros sin el consentimiento de los pueblos y en cosas sin interés alguno para ellos.

177El Departamento del Distrito Federal también preveía el pago de una renta para los ejidatarios que poseían parcelas cercanas al área de las obras, porque dichos terrenos habrían de ser requeridos para la construcción de bodegas, depósitos de materiales y las maniobras de la maquinaria.

178Algunos años más tarde, en 1972, al mismo pueblo le fueron expropiadas 40.70 hectáreas para la construcción de un hospital de cardiología, así como diversas oficinas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Fueron afectadas cuatro parcelas ejidales, a cambio de las cuales el pueblo recibió una indemnización total de 13 563 443 pesos.

179El mismo año varios pueblos, además de San Pedro, fueron afectados por la creación del Colegio Militar. En esta ocasión, fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que emprendió en octubre de 1972 un estudio en la región para determinar la cantidad de terrenos que necesitaría para edificar el Colegio Militar y la caserna para un batallón de infantería. Tenía que encontrar 400 hectáreas. Varios pueblos fueron seleccionados y sus tierras expropiadas:

  • 23.20 hectáreas del ejido de San Pedro

  • 233.40 hectáreas de tierras comunales de San Pedro

  • 121.20 hectáreas de pequeñas propiedades de San Andrés (compradas a Xoco en 1882) 22.20 hectáreas de tierras comunales de Tepepan

  • 400 hectáreas en total

180Dos pueblos de la sierra estaban involucrados: San Pedro y San Andrés. El primero perdió en total 256.6 hectáreas. Por lo demás, este pueblo ya había quedado muy reducido por las anteriores expropiaciones:

  • 23.44 hectáreas para el internado infantil

  • 17.26 hectáreas para adecuación de carreteras

  • 40.70 hectáreas para el hospital de cardiología

  • 81.40 hectáreas en total

181Después de la Reforma Agraria el pueblo había quedado con 639.97 hectáreas, de las cuales 231 eran tierras ejidales y 408 eran tierras comunales y pequeñas propiedades compradas a la hacienda de Xoco en el siglo xix. El total de las tierras expropiadas se elevaba a 338 hectáreas, es decir, el 52 por ciento de las tierras del pueblo. El ejido entregado en 1924 se había reducido de 231 hectáreas a 126, es decir el 51 por ciento. Este pueblo ya casi no tiene tierras. Intentó protestar en contra de la edificación del Colegio Militar ante el presidente Echeverría, pero fue en vano. La autorización de la expropiación fue firmada por este mismo en julio de 1974, a partir de lo cual empezaron las obras de construcción.

182San Pedro fue golpeado de manera particular. En otras partes nunca fue igual. San Andrés sólo fue tocado por el Colegio Militar, Topilejo por la construcción de la autopista a Cuernavaca. El pueblo de Ajusco está a punto de sufrir los efectos del decreto de 1947, que modificaba al de 1936, respecto de la creación del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Actualmente este decreto procura la aplicación de los mismos objetivos que se había fijado el presidente Cárdenas, hace 40 años: el acondicionamiento de una zona de reserva forestal, de vegetación y manantiales. Los planes actuales son mucho más ambiciosos y sobrepasan con mucho lo que Cárdenas esperaba. Ahora se trata de edificar una amplia zona turística para la distracción de los capitalinos.

183Lo que se busca es, por una parte, conservar a la sierra como una barrera contra la expansión tentacular urbana de México y su periferia, a partir de la cota de los 2 350 metros de altura. La sierra será atravesada por nuevas carreteras: una ruta panorámica primaria y una ruta panorámica secundaria (ver Anexo II, mapa 13). La primera debe partir del Periférico sur, a la altura de Contreras, atravesar el Pedregal y ascender hasta el flanco norte del Ajusco, rodear todo este volcán por el oeste hasta llegar a los volcanes Malacatepec y Pelado por el norte, y después bordear los volcanes de Malacatepec y Pelado, y en Parres encontrarse con la carretera a Cuernavaca. La segunda, en los planos establecidos en la actualidad en la delegación de Tlalpan, en la dirección del arquitecto Hernández, implica la construcción de diferentes tramos que se empalmarían posteriormente y que permitirían conectar todos los volcanes de la sierra.

184Por lo demás, se pensaba construir un refugio en el Pico del Águila, una de las cumbres del Ajusco, para alojar a los numerosos alpinistas que todas las semanas se lanzan al asalto del volcán. Esto implica una escalada bastante difícil (entre cinco y seis horas, ida y vuelta) desde el pueblo de Ajusco, atravesando primero el bosque y luego la lava al desnudo, con escaladas a través de pasos estrechos entre peñascos volcánicos, desprendidos por la erosión, y se remata en el Pico del Águila. A los pies del volcán, antes de llegar a la pendiente más empinada, serán construidos dos hoteles para turistas, los cuales simple y sencillamente podrán venir a reposar en estos lugares alejados, o para los que quisieran pasar una noche antes de emprender el ascenso y acostumbrarse antes a la altura, toda vez que allí se encontrarán a 3 550 metros sobre el nivel del mar.

185Por último, un teleférico será construido en la vertiente sur del Ajusco, en donde la nieve dura aproximadamente dos meses al año.14 Se acondicionarán pistas de esquí para el invierno, mientras que el resto del año se podrá montar en el teleférico y apreciar la magnífica vista que se tiene allá arriba. ¿En realidad se construirán todos estos proyectos? Todo lo que podemos afirmar es que durante la presidencia de Echeverría se iniciaron y se construyeron obras a toda marcha. La carretera primaria ya había comenzado y estaba bastante adelantada. Fue inaugurada, a la vez, desde el Periférico, donde se acondicionó una salida para Ajusco, y desde las calles del pueblo de Ajusco, el cual atraviesa. Para esta carretera ya se expropiaron algunas tierras comunales, al oeste del pueblo, muchas de las cuales estaban cultivadas. El primer tramo de la carretera Contreras-Ajusco fue inaugurado en 1975.

Venta de tierras comunales y ejidales

186Este desarrollo reciente de la región en el plano turístico provocó la llegada en masa de los especuladores. Éstos compran todos los terrenos que están bien situados, los que tienen vista panorámica de toda la región. En San Andrés, Xicalco, Magdalena, algunos especuladores astutos ya han acaparado varios lotes, y los ofrecen como "terrenos panorámicos". Ahora bien, se trata de tierras de los pueblos: algunas formaban parte de las pequeñas propiedades del siglo xix, que como ya habíamos visto, se crearon a partir de las antiguas tierras comunales y que actualmente volvieron a conformar el territorio comunal. Pero también se da muy frecuentemente el caso de que los pequeños propietarios vendan terrenos comunales que limitan con sus parcelas, toda vez que los límites son imprecisos y que no es común cuestionar este tipo de corrupción. Sin embargo, después de 1970 el comité comunal de Ajusco ha empezado a hacer varias denuncias. El Departamento Agrario intervino para prohibir toda venta de terrenos en tanto que no fuera expedido el decreto presidencial de reconocimiento y titulación de tierras del Ajusco.

187Entre tanto, el decreto fue publicado en el Diario Oficial en enero de 1975. Ya dijimos que Ajusco pidió que no fueran tomadas en cuenta en la confirmación de tierras comunales aquellas pequeñas propiedades constituidas en su territorio durante el porfiriato, a cambio de que sus propietarios pagaran una indemnización. Y es que habían sucedido acontecimientos muy graves antes de la resolución presidencial, a pesar de la advertencia de la dependencia encargada de la Reforma Agraria en el sentido de que estaba prohibido vender. A partir de 1971, el secretario de Obras Públicas del gobierno de Echeverría, Luis Enrique Bracamontes, compró por intermedio de su mujer varias propiedades privadas al suroeste de Santo Tomás, al pie del volcán y muy cerca de los límites del parque nacional. Estas ventas, orquestadas por una agencia inmobiliaria que representaba Vicente Camacho Hernández, molestaron a las diversas autoridades del pueblo. Aquel personaje había intimidado a los campesinos y los había obligado a venderle sus tierras bajo amenazas, diciéndoles que su cliente, la señora Bracamontes, tenía mucha influencia... Las autoridades comunales acudieron al lugar de los hechos, a raíz de que los pequeños propietarios se quejaron porque no les habían pagado. Camacho Hernández ya había empezado a poner cercas con alambre de púa. No sólo se dieron cuenta de que ya había comprado ocho terrenos, además había invadido varios lotes en los alrededores de las propiedades recién constituidas.

188En marzo de 1973 las autoridades de Ajusco trataron de atajar la situación y convinieron reunirse en la agencia inmobiliaria con Camacho Hernández y la señora Bracamontes. Esta última alegó que tenía los títulos de propiedad de los terrenos que había comprado. Posteriormente trató de desviar la conversación, reprochándole a los representantes de Ajusco que no hubieran querido autorizar una solicitud hecha por la Secretaría de Obras Públicas, en la cual el secretario Bracamontes requería el permiso del pueblo para construir carreteras en los terrenos de la comunidad, además de un centro médico, un club hípico charro, una escuela primaria y una guardería de niños, todo lo cual redundaría en mejoras para el pueblo y sería pagado por el propio secretario de estado, de su propia bolsa.

189Los representantes de Ajusco, quienes ya habían sufrido incesantes presiones de parte del secretario, respondieron: en cuanto a los caminos, que ya habían sido acordados en el decreto presidencial; que el gobierno ya se había comprometido desde mucho tiempo atrás a construir el centro médico y la escuela, y de hecho ya existían unos planos. Señalaron que no tenían la intención de tener relación con el secretario porque temían que se aprovechara de ellos. Con toda certeza éste hubiera deseado ejecutar las obras, aprovechando la maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas y reduciendo gastos.

190Pero el secretario no tomó en cuenta las protestas de los campesinos, en tanto que por su cargo y posición política tenía cierta inmunidad. De esa manera siguió arreglando su propiedad, cuya superficie exacta no conocemos. Es posible que ni siquiera el pueblo haya podido evaluarla. Tumbó árboles sin contar con el permiso de la dependencia forestal de la Secretaría de la Reforma Agraria y empezó a edificar. También ordeñó15 el tubo del acueducto que proviene de Monte Alegre y que alimenta a pueblos y barrios de Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, quitándoles el agua, pero asegurando el riego para sus tierras.

191Actualmente, Ajusco está en negociaciones con el abogado de Bracamontes para obtener la restitución de las tierras comunales invadidas y el cubrimiento del pago de las pequeñas propiedades adquiridas, cuatro en total. Pero en 1976 todavía no había un arreglo, y la maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas seguía despejando los terrenos, prestando un servicio personal al secretario, cuya propiedad, debidamente cercada, es impenetrable. El comportamiento de Bracamontes apareció denunciado en la prensa, por el diario Excélsior (ver Anexo VIII, artículo del 29 de mayo de 1976). El secretario Bracamontes se ganó el apodo de "Brincamontes": desde entonces así lo llamaría la gente en la calle... ¿Podrá el pueblo recuperar estas tierras después del cambio de gobierno y el fin de su gestión al frente de la Secretaría de Obras Públicas, a partir de diciembre de 1976? Todo parece indicar que no, porque la especulación aumenta día con día en la sierra.

192Varios pueblos fueron afectados por la especulación: también hubo otras quejas por venta de tierras comunales y ejidales dirigidas a la Secretaría de la Reforma Agraria. Xicalco denunció en mayo de 1974 la invasión de tierras comunales por parte de ave cindados que acababan de comprar lotes, especialmente de una señora de apellido Olivo que acababa de comprar ocho terrenos. El representante comunal de este pueblo acusaba a 27 personas, todas originarias, quienes estaban llevando a cabo las operaciones de ventas de estas parcelas comunales. Por otra parte, en enero de 1975, San Pedro ponía de manifiesto la venta de dos parcelas de su ejido.

193Estas fechas tan recientes demuestran que se trata de problemas nuevos y muy actuales, relacionados con el reciente interés que ha ido adquiriendo la sierra, donde los terrenos han ido ganando mucho valor gracias a las nuevas obras de infraestructura, y que hasta entonces éste no era significativo desde el punto de vista agrícola. Es comprensible que los campesinos hagan cuentas de que pueden sacar mayor provecho vendiendo sus parcelas y aprovechando la ocasión. Pero no son ellos quienes realizan las operaciones más rentables y más lucrativas: son las agencias inmobiliarias, que les compran sus terrenos a precios muy bajos y después los revenden.

194En Topilejo hay otro caso de ventas de tierras comunales, con otras condiciones y por otros motivos. Entre 1970 y 1973 el representante comunal del pueblo, Luis Santos Martínez Reza, y el representante ejidal, José Castillo Muñoz, acordaron vender algunas tierras de la comunidad a diversas personas. Éstos fueron denunciados en 1971 por un grupo de comuneros indignados, dirigidos por Juan Martínez Hernández.

195Entonces se dio a conocer que en septiembre de 1970 los dos representantes le habían entregado 30 hectáreas de tierras del pedregal cerca del cerro de Tochtepec a un grupo de 37 personas, que al parecer eran habitantes sin tierra de Topilejo. Las tierras fueron vendidas para poder acondicionar unas granjas agropecuarias modernas. Aquellos formaron la colonia Buenos Aires Santa Cruz. Martínez Reza, el representante comunal, respondió a las primeras acusaciones que el 95 por ciento de los comuneros tenían parcelas de 15 hectáreas en promedio, a veces hasta el triple, y que estas ventas no deberían indignar a nadie. Pero esto no era todo: a partir de 1970 los dos representantes agrarios autorizaron la sobreexplotación de piedra de tezontle, así como de tierra apta para abono en terrenos comunales. Para marzo de 1971 los comuneros dirigidos por Martínez Hernández ya habían exigido que se suspendieran tales operaciones, lo cual fue ratificado en mayo del mismo año por la Dirección General de Fomento Agrícola Ejidal.

196A pesar de lo anterior, los dos representantes siguieron permitiendo la extracción de piedra y tierra. Pero fueron acusados en la prensa, lo cual sensibilizó a la opinión pública del problema (ver diario La Prensa, 3 de agosto de 1971). Como se sentía amenazado, Martínez Reza acusó al subdelegado del Departamento del Distrito Federal, J. Guadalupe Martínez Fragoso. Decía que éste se había apropiado de dos terrenos comunales, despojando de sus parcelas a dos comuneros, y que había firmado contratos con el capitán Bringas, director nacional de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir del 23 de julio de 1971. Aquél sacaba de dichos terrenos piedra para construcción (tezontle) y tierra para abono (de hoja de encino) sin pagar nada. En su defensa, Martínez Reza aseguraba que él no estaba involucrado con este asunto, y que el subdelegado Martínez Fragoso había usurpado sus funciones y disponía de las tierras comunales de Topilejo sin tomarlo en cuenta. Todo esto parece bastante dudoso. En efecto, los comuneros lo acusaron de nuevo en enero de 1973 de continuar vendiendo terrenos, y obtuvieron el permiso por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria de llevar a cabo nuevas elecciones. En febrero del mismo año fueron elegidos nuevos representantes: Rafael Amazona Linares y Juan Martínez Hernández -el líder comuneroen reemplazo de Martínez Reza y Castillo Muñoz.

197Empero, las ventas de tierras comunales no cesaron. Ahora fue el subdelegado del pueblo, Joel Morales Rosas, quien fue acusado por Martínez Hernández de vender terrenos sobre el pedregal, dentro de una zona que requería el pueblo justamente para extender su casco urbano. Martínez levantó a la gente del pueblo en contra de Morales Rosas y quiso hacer justicia por su propia cuenta. Morales acudió al delegado de Tlalpan, el general Varela, pero fue en vano. Fue destituido en noviembre de 1975. Sin embargo, las tierras vendidas no le fueron regresadas al pueblo.

198No existe duda de que en la actualidad se venden terrenos en la sierra y que esto es muy difícil de impedir, dadas las influencias políticas que se ejercen y que están en juego. La tierra de los pueblos se sigue reduciendo, aunque de por sí era insuficiente. En ninguna parte los ejidatarios o los comuneros poseen las doce hectáreas de tierras necesarias para echar a andar la parcelación, que según las leyes de patrimonio ejidal de 1944 llevaría a la creación de una clase de pequeños propietarios de tierras.16 Ya no era posible proyectar una solución para los pueblos, con el estado actual de la legislación, porque ya no hay más tierras afectables. En todo caso, los ingresos provenientes de las parcelas ejidales, comunales, e incluso privadas, ya no son suficientes para mantener decentemente a una familia campesina.

El minifundismo y la falta de recursos para actividades agropecuarias

199Las tierras que entregó la Reforma Agraria no eran lo suficientemente buenas y no sirvieron para mejorar las fuentes de ingresos. En este punto podemos elaborar una tabla con el fin de sintetizar esta situación.

200Nada más un pueblo recibió tierras cultivables: San Pedro, que está ubicado en los bordes del valle.17 Hubo dos pueblos que sólo recibieron terrenos de agostadero. Otros dos no recibieron más que terrenos montañosos, no aptos para la agricultura, y cuya única fuente de recursos era la explotación forestal. Nada más se entregaron 245 hectáreas de temporal, que corresponden al 7.6 por ciento, pero en cambio se les atribuyeron 1 675.65 hectáreas de pastizales -el 51.8 por ciento-y 1 312.75 hectáreas de tierras montañosas -el 40.6 por ciento-. Esto demuestra con suficiente claridad que las tierras de la sierra son muy poco favorables para la agricultura y que la vocación de la región es la cría de animales y el aprovechamiento de los bosques. Pero los campesinos que todavía practican una agricultura de subsistencia necesitan tierras para sembrar maíz y frijoles negros, base de su alimentación. Por otra parte, en la mayoría de los casos las tierras montañosas son de difícil acceso, quedan lejos de los pueblos y los campesinos pasan enormes dificultades para poder explotarlas. Éste fue el caso de San Andrés, donde las tierras ejidales fueron abandonadas, ya que después de 15 años de cortar madera se les prohibió seguir adelante con esta actividad por el riesgo de erosión que conlleva. Además, los campesinos no tienen los recursos suficientes para invertir en la construcción de granjas agropecuarias modernas, ni para explotar los bosques de manera rentable. De esta manera, pues, las dotaciones de la Reforma Agraria significaron un provecho muy limitado para los campesinos.

TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS DE CULTIVO, PASTIZALES Y BALDÍOS EN LOS EJIDOS DE LA SIERRA

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201En otro orden de ideas, la presión demográfica redujo progresivamente las pocas tierras disponibles. El estudio sobre el pueblo de Ajusco -con datos recientes y precisoses un ejemplo indicativo de la situación actual en la sierra; por una parte, desde el punto de vista de la posesión de la tierra, y por otra parte, desde el punto de vista de la relación entre el porcentaje de tierras ocupadas y las actividades a las que se dedican:

TABLA 9. RELACIÓN ENTRE LA POSESIÓN Y LA OCUPACIÓN DE LAS TIERRAS EN AJUSCO, 1975

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202Los campesinos más favorecidos son el 16 por ciento que reunió parcelas comunales y pequeñas propiedades, porque tienen en promedio 4.3 hectáreas por persona. Los más desfavorecidos son los propietarios de terrenos privados, a pesar de que son más numerosos -78.4 por ciento de los campesinos-tienen en promedio 1.9 hectáreas. Consideremos los efectos de los sucesivos fraccionamientos de las tierras, ocurridos desde principios de siglo en estas pequeñas propiedades. En aquella época las parcelas privadas, constituidas sobre terrenos comunales, tenían una extensión de cinco hectáreas en promedio.

203No obstante, aún podemos determinar en forma más precisa estos datos, porque sabemos que, en la práctica, existen grandes diferencias en el reparto de tierras entre los habitantes:

TABLA 10. RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO Y EL TIPO DE PROPIEDAD EN AJUSCO (1975)

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204Más de la mitad de las parcelas -el 51.8 por cientotiene menos de una hectárea. Ya no se trata de minifundismo sino de microfundismo. Esto afecta sobre todo a los pequeños propietarios que heredaron las parcelas comunales del siglo xix. La mayoría de los que tienen parcelas o que reúnen varias, entre comunales y privadas, tienen entre una y cinco hectáreas. También podemos decir que el 87.4 por ciento de la población propietaria en Ajusco disfruta de menos de cinco hectáreas. Las parcelas comunales jamás exceden esta superficie, excepto la de Guadalupe Eslava Reyes, que alcanza 26.5 hectáreas, y es una rareza para la cual no tenemos explicación. El restante 12.6 por ciento son superficies medianas, comunales y privadas, que no sobrepasan las 29 hectáreas, las que tiene la propiedad más grande que encontramos en el pueblo. Es ésta la proporción de los campesinos que puede sacar algún provecho del cultivo de la tierra. Las otras están consagradas a una producción más modesta o a otras actividades.

205Entre 506 campesinos censados hay 93, o sea el 18.4 por ciento, que declaran tener alguna ocupación diferente a la de cultivar la tierra:

  • 23 son jornaleros, o sea, trabajan en otras tierras

  • 57 son empleados del sector terciario: conductores empleados de la delegación, músicos 11 son comerciantes en el pueblo

  • 2 son médicos

206Esta elevada proporción de personas que abandonaron el trabajo en sus parcelas demuestra que la insuficiencia de las tierras desalienta al campesinado de la agricultura, y que corremos el riesgo de asistir en un futuro no muy lejano al abandono de la tierra.

207No obstante, el pueblo cuenta con 647 hectáreas de buenos pastizales en los cuales se pueden llevar a pastar las 1 208 vacas y los 7 670 borregos que se tienen. Se trata de un ganado considerable.

208La mayor parte de los campesinos poseen sólo algunos cuantos animales domésticos, pero algunos son pastores y tienen ganados grandes: 21 pastores tienen entre 40 y 500 borregos, una tercera parte del ganado del pueblo; otros diez poseen hatos con más de diez vacas y representan el 20 por ciento del total. Uno de entre ellos cría diez mil pollos y gallinas.

209La composición actual de la población activa18 está repartida de esta manera:

TABLA 11. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN AJUSCO (1975)

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210La mayoría de la población activa se dedica todavía a la tierra: 77.1 por ciento, contando entre campesinos y jornaleros. La cantidad de jornaleros es muy elevada y 296 entre 319 no tienen tierras. Una tercera parte de la población activa, es decir, el 33.6 por ciento, trabaja en tierras que no les pertenecen. Si nada más tomamos en cuenta a los que viven de la agricultura, es decir los 413 campesinos y los 319 jornaleros, nos podemos dar cuenta que el 43.5 por ciento, casi la mitad de la población agrícola, no tiene tierras. El censo también nos permite conocer que es muy frecuente que los jefes de familia sean jóvenes. En efecto, de los 319 jornaleros, 123 tienen menos de 30 años, es decir el 38.9 por ciento. Las tierras son escasas y los jóvenes ya no pueden recibir parcelas. Nos podemos dar cuenta de la insuficiencia de tierras favorables para la agricultura, dado que el pueblo disponía de 9 569 hectáreas, pero sólo podía ofrecer 1 202.08 hectáreas cultivables y 647 hectáreas de agostadero, que suman un 19.03 por ciento de tierras favorables. Muchos campesinos buscan recursos complementarios en la explotación de los bosques comunales, pero la impresión más fuerte es el aparente abandono de la agricultura.

211En otros pueblos hay diversos ejemplos que demuestran el desinterés de los campesinos por la tierra. En San Pedro, les retiraron a algunos ejidatarios varias parcelas ejidales porque ya no las cultivaban. Ya habían redistribuido algunas en 1961. Pero en 1965, unas indagaciones hechas por el Departamento Agrario revelaban que 56 ejidatarios ya no ocupaban sus parcelas. Se decidió que se las quitarían. Y en adelante, cada parcela que no fuera cultivada durante dos años era retomada por el comité ejidal y redistribuida.

212Las pequeñas propiedades en San Andrés, resultado de las compras a la hacienda de Xoco en 1882, quedaron tan divididas por los repartos de herencia que llegaban a 800 en 1 348 hectáreas. Los pequeños propietarios poseían ahora entre media y una hectárea. La mayoría había encontrado un trabajo en la ciudad y abandonado la tierra. El actual representante de los pequeños propietarios, Basilio Sandoval, persuadió a los campesinos para que vendieran sus tierras -muy volcánicas y poco rentables -en bloque y se repartieran el dinero. En 1969 le vendieron sus heredades a una sociedad privada a razón de 3.50 pesos el metro cuadrado. De esta manera, es evidente anticipar que vendrá una muy fuerte especulación con estos terrenos. Actualmente conforman un fraccionamiento llamado Jardines Xitle. Algunos terrenos están siendo acondicionados y están listos para empezar a construir. De todas maneras el desarrollo del fraccionamiento estaba imposibilitado: no tenían permisos de construcción porque en estas zonas tan apartadas no hay ningún servicio público, ni agua, ni saneamiento (alcantarillado y drenaje).

213Aunque por el momento los trabajos se encuentren detenidos, es posible pensar que en todo caso se llevarán a cabo cuando toda la infraestructura esté lista. Los pueblos ya vendieron y perdieron estas tierras para siempre. Una vez más, los campesinos dejaban pasar la oportunidad de aprovechar las riquezas que tenían entre sus manos, por falta de información suficiente. Se dejaron convencer muy fácil de vender sus tierras y no se dieron cuenta de que podrían tener, sobre todo en la actualidad, un valor distinto al agrícola. Ahora algunos critican a Basilio Sandoval, pero ya es demasiado tarde, pues estas tierras con una ubicación excepcional, donde se domina todo el valle de México, entre una naturaleza agreste y hermosa, están en manos de especuladores que sabrán sacar de ahí una fortuna.

214En San Andrés no quedan más que 640 hectáreas de tierras comunales y ejidales, entre las cuales sólo hay unos pocos campos cultivables, y las 218 hectáreas de bosques que fueron compradas por algunos pequeños propietarios a la hacienda del Arenal. Ya no les queda nada de aquella gran operación del siglo xix, cuando los informados campesinos se organizaron para comprar la hacienda de Xoco.

215El abandono de estas tierras se explica por la insignificancia de las parcelas que cada quien dispone y también por los escasos recursos que se obtienen de éstas. En el pueblo de Ajusco, una hectárea de maíz rinde 2 800 pesos en todo el año, una hectárea de avena 3 000 pesos; eso sin contar los gastos que implica: entre 600 y 700 pesos por hectárea, por el alquiler de bueyes o de caballos para tirar del arado, las semillas y el pago de peones para recoger la cosecha. Los rendimientos son extremadamente bajos debido a la mala calidad de las tierras y la falta de abonos. La mayor parte de los cultivos son viveros. En la actualidad se han especializado en el cultivo de flores, en tanto que existe un mercado importante en la capital.

216Otro grave problema para la agricultura en estos pueblos es el agua. El pueblo de Topilejo ya había manifestado el problema en tiempos de Porfirio Díaz. Se realizó entonces una colecta entre el pueblo para recaudar fondos y emprender trabajos para el suministro de agua potable. Pero se atravesó la Revolución y todo quedó arruinado. En 1921 muchos animales murieron de sed. Topilejo le propuso entonces a la municipalidad de Tlalpan utilizar el dinero pagado por los vendedores de madera tlalpenses, quienes explotaban los bosques en las montañas de Topilejo, para construir una represa. Esta demanda no logró los resultados esperados, porque en 1923 Topilejo ya buscaba otra solución. Creó una sociedad local de crédito agrícola y forestal para reunir fondos. Pero en 1929 los trabajos todavía no se habían terminado por falta de dinero. En 1960 Topilejo todavía se quejaba de que el 80 por ciento de sus tierras no estaban cultivadas debido a la falta de riego.

217Existía otro problema de agua entre los pueblos ubicados en las faldas del Ajusco, abajo del pueblo de Ajusco: Magdalena, Xicalco, San Andrés y San Pedro, los cuales, después de la Revolución, fueron privados completamente de agua, porque el pueblo de Ajusco había captado las diversas fuentes, desecando el curso bajo del río San Buenaventura. Ajusco había aceptado dejar pasar una parte de sus aguas, pero a cambio del pago de una renta anual de 500 pesos por cada pueblo, excepto San Pedro que se quedaba sin agua. Entonces, a solicitud de este pueblo, la Comisión Nacional Agraria envió a un ingeniero, en julio de 1925, para realizar los estudios necesarios para la construcción de una tubería que llevaría el agua a los pueblos de más abajo. Pero los habitantes del pueblo se enfurecieron, se armaron y, dispuestos a todo, detuvieron al ingeniero. Éste tuvo que solicitarle al gobernador del Distrito Federal una escolta de policía, lo cual le fue negado. Entonces renunció a seguir con la acción... En 1927, San Pedro tuvo que hacer una nueva demanda de provisión de aguas. No sabemos cómo se resolvió este problema, pero las dificultades que encontramos demuestran hasta qué punto el agua es un elemento raro y precioso en la sierra, en tanto que es vital para la agricultura, la ganadería y el consumo doméstico.19

Notes de bas de page

1 N. del T.: Respecto al papel de los Flores Magón antes de la Revolución, es importante destacar su labor como promotores de los clubes liberales en el movimiento antirreeleccionista, antes de 1909. Este incluyó a las clases medias y bajas, urbanas y rurales, en los círculos políticos, y ayudó a la conformación de un partido de oposición. En 1909 la oposición se fragmentó, pero aquellas células clandestinas y núcleos armados remanentes, como los que formaron campesinos de Ajusco, no podrán pensarse sin la existencia previa a la fecha señalada de una red política organizativa. Ver la tesis de Francisco Pineda (2002).

2 N. del T.: En estricto, el 15 de julio de 1914 renunció Huerta, pero la preeminencia de Carranza empezó a ser cuestionada de inmediato por los demás revolucionarios, que rompieron con él tres meses después, en la Convención de Aguascalientes. Sólo después que Carranza derrotara a Villa y Zapata, en 1916, se puede afirmar que "llegó" al poder.

3 N. del T.: En el original aparece "Departamento Agrario", pero hay que aclarar que éste aún no existía, ya que se creó en 1934 para sustituir a la Comisión Nacional Agraria. Después de esa fecha sí fue el organismo encargado del reparto de tierras y aunque en 1946 volvió a cambiar de nombre y jerarquía, en el texto se conservó la denominación de "Departamento Agrario" para lo hechos sucedidos hasta 1974, cuando se creó la Secretaría de la Reforma Agraria. Ver nota 1 de la bibliografía.

4 N. del T.\ Hay varios casos en donde Percheron traduce los términos de las autoridades en los pueblos con expresiones que no corresponden a alguna autoridad existente. En este caso, le pre'sident du village (el presidente del pueblo), ¿a qué autoridad se refería?, ¿al subdelegado?, ¿al comisariado?, ¿a alguna autoridad informal? En algunos casos empleamos el término "representante", neutral aunque impreciso. En otros casos sí podemos establecer de qué autoridad se trataba, como cuando alude al "subdelegado" Jesús Camacho, délégué actuel du village (actual delegado del pueblo).

5 N. del T.: Entre la iglesia de Santo Tomás y el límite norte del rancho El Fraile hay un poco menos de siete kilómetros en línea recta (6 750 metros, exactamente), lo que hace aún más inverosímil esta situación.

6 N. del T.\ Santa Cruz Xochitepec, en Xochimilco. Vid supra.

7 N. del T.\ Al parecer, finalmente los terrenos de Veracruz sí fueron entregados a los ejidatarios de San Pedro; no obstante, la distancia geográfica -Tesechoacán está ubicado en la cuenca del río Papalopan, a 480 kilómetros de San Pedro Mártirhace que esta solución tenga algo de absurdo.

8 N. del T.\ La organización social en el poblamiento del Ajusco medio fue objeto de un inusitado interés por parte de sociólogos y activistas políticos en las décadas posteriores. Vale la pena destacar la tesis de Pezzoli (1990), que -si bien se enfoca en la dimensión ecológica de la urbanización, está en inglés y se encuentra sólo en la biblioteca de El Colegio de Méxicoreitera el papel que jugó Ignacio de Teresa, heredero de terratenientes, en el proceso de formación de las colonias populares Dos de Octubre, Belvedere, El Mirador, entre otras.

9 N. del T.: Hasta 1975, se entiende.

10 N. del T.\ La autora también se interrogará por el papel que jugó el general Acosta en esta historia. El potosino Miguel Acosta participó en la fase armada de la Revolución y fue un destacado dirigente político del grupo de Calles. Participó decididamente a favor de aquella tendencia en la política agraria que consideraba necesario poner fin al reparto agrario y a cambio profundizar la titulación de las tierras a los productores individuales. La primera disposición con este propósito fue la Ley de Patrimonio Parcelario Ejidal, promulgada el 29 de diciembre de 1925. Evidentemente el general Acosta conocía las modificaciones de 1944, que no limitaban, antes bien, reforzaban su propósito original.

11 N. del T.: En el original aparece "Temporal", en lugar de "Tempoal". Es de suponer que en realidad se refiere a esta población del norte de Veracruz, en la región huasteca.

12 N. del T.\ Es decir, aproximadamente desde 1945.

13 N. del T.\ Ya que no existe ningún sindicato con ese nombre, es muy probable que se refiera al sindicato del ISSSTE, pues no muy lejos de allí se construyó finalmente la unidad habitacional Fovissste San Pedro Mártir.

14 N. del T.: Para el habitante actual del Ajusco muchas cosas pueden sonar extrañas. ¡Ahora ya no dura la nieve más que un par de días, y no todos los años cae una fuerte nevada en estas cumbres!

15 N. del T.\ La traducción literal debiera ser "perforó", sin embargo, "ordeñar" es el nombre usual de esta práctica.

16 N. del T.: Ya habíamos mencionado que la primera Ley de Patrimonio Parcelario Ejidal data de 1925.

17 N. del T.: En la tabla podemos apreciar que fueron dos: Magdalena también recibió tierras de cultivo.

18 N. del T.\ De nueva cuenta, en este pasaje no es claro si Percheron se refiere sólo a los jefes de familia o a la "población económicamente activa" tal como se define en la nota de la página 38, esto es, todos los individuos mayores de 12 años en capacidad de trabajar.

19 N. del T.\ El acueducto que reúne los ojos de agua del Ajusco, y que llevó durante casi medio siglo el vital líquido a los mencionados pueblos (Magdalena, Xicalco, San Andrés, San Pedro) además de Chimalcoyotl, se terminó de construir en 1937, proyecto que estaba ligado al acueducto que baja de Monte Alegre y lleva agua a Topilejo y otros pueblos de Xochimilco y Milpa Alta. Para un conocimiento más específico sobre el agua del Ajusco, consultar el estudio de Correa (2007), "Ajusco, agua y poder desde una perspectiva histórica".

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