Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Belice: una historia olvidada

 | 
Mónica Toussaint Ribot

Los albores del siglo xx

Texte intégral

INTENTOS DE DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA

1El marco de las operaciones de explotación forestal impuesto por la metrópoli no favoreció el desarrollo de actividades agrícolas en Belice, por lo que ya desde la segunda mitad del siglo xix se expresó la necesidad de rebasar el ámbito de la explotación forestal tradicional e iniciar el cultivo de ciertos productos agrícolas. Con ello se pretendía consolidar las bases de la economía beliceña y evitar la dependencia hacia los productos del bosque. El impulso inicial a este proyecto estuvo en manos de los yucatecos refugiados en el norte de Belice, pero éste no pudo hacerse extensivo a los grandes propietarios, quienes, más escépticos, se rehusaron a promover el desarollo de la agricultura en gran escala.

2Los inmigrantes yucatecos empezaron a producir azúcar y ron llegando a alcanzar un buen nivel de exportación de dichos productos en los años del siglo pasado. De aquí que otros grupos de inmigrantes tomaran la iniciativa de experimentar con el cultivo del café y el cacao, pero sin éxito. Durante el gobierno de sir Frederick Barlee (1877-1882) se intentó dar un nuevo estímulo a la agricultura por medio de la promoción de inversiones destinadas a la producción bananera y la abolición de los impuestos a la producción azucarera. A pesar de estas medidas, las condiciones del mercado mundial condujeron a la caída constante en las exportaciones de plátanos, azúcar y ron.

3Al inicio del nuevo siglo los intentos de diversificación agrícola se multiplicaron. Al tiempo que se producían café, cacao y algodón, empezó a cultivarse una gran variedad de pasturas y forrajes para alimentar el ganado. Paralelamente, los pequeños agricultores continuaron dedicados al cultivo bananero, combinándolo con el maíz, a pesar de que los grandes productores lo habían abandonado debido a la caída en las exportaciones hacia Estados Unidos.

4El desarrollo agrícola había dependido, en la mayoría de los casos, de las iniciativas de los particulares. La única institución que se había fundado (1879) para regular de alguna manera dicho desarrollo fue la junta agrícola, la cual tenía la función de proporcionar información a los productores y exportadores y ofrecer premios e incentivos para fomentar estas actividades. Sin embargo, fue en 1928 cuando se creó el Departamento de Agricultura, el cual promovió nuevamente la producción azucarera en Corozal y Orange Walk, e inició el cultivo de cítricos, fundamentalmente en el valle Stann Creek, ambos destinados en gran medida a la exportación. Asimismo, ya con un plan más organizado, se fomentó el cultivo de otros productos tales como tabaco, frijol, arroz, café y maíz, básicamente para el autoconsumo.

5Uno de los factores que determinó el interés por la diversificación agrícola fue la permanente amenaza de agotamiento del bosque, debido a su irracional explotación. Empezó entonces a generalizarse la idea de transformar los métodos tradicionales empleados para el corte de caoba e iniciar una campaña de reforestación. Para ello se creó en 1922 el primer departamento forestal, cuyo objetivo consistía en promover una política de conservación del bosque. Entre las principales medidas que tomó este departamento destaca la creación de la reserva forestal Silk Grass, con una extensión aproximada de 12 000 acres en el valle Stann Creek. Otras tareas emprendidas fueron la elaboración de un censo de los recursos forestales, el control de la tala en los bosques propiedad de particulares y la administración de las ganancias obtenidas por la exportación de la madera.

6Consecuencia fundamental de la planeación de la actividad forestal fue la modernización de la misma. Durante los años veinte se experimentó un intenso proceso de mecanización gracias a la introducción de tractores y vagones de carga. Además, se construyeron algunos caminos y líneas férreas que iban de la zona de corte de madera a los ríos cercanos. No obstante, debido a que los cortadores utilizaban los ríos para transportar los troncos, no se construyó un sistema de comunicaciones y transportes eficiente que comunicara al país; las escasas vías de comunicación se desarrollaron, precisamente, en función de la explotación maderera.

7Durante las primeras décadas de nuestro siglo empezaron a cobrar importancia nuevos productos del bosque. Uno de ellos, el chicle, era utilizado por los fabricantes norteamericanos para la elaboración de goma de mascar. Después de la segunda guerra mundial, la demanda de este producto declinó severamente debido, principalmente, a la competencia de sustitutos sintéticos. Paralelamente hubo en Belice un gran interés por utilizar la madera de pino para la construcción. Al principio ésta se importó de Estados Unidos pero, a partir de los años cuarenta, se incrementó la tala en los bosques de pino, los cuales abarcaban 15 % del total de la superficie del país.

8De esta manera, los dos pilares de la economía beliceña eran, al mediar el siglo, la explotación forestal y la producción azucarera y de cítricos. Hasta 1945 90 % de las exportaciones beliceñas correspondía a los productos del bosque, pero esta cifra se redujo aproximadamente en un 30 % y, para 1959, las exportaciones conjuntas de azúcar y cítricos rebasaron por primera vez a la de madera.

FORMAS LOCALES DE PODER

9La idea de que los distritos beliceños debían contar con su propio magistrado surgió en el año 1849 cuando, a raíz de los conflictos con los refugiados yucatecos que emigraron a Belice durante la guerra de Castas, el superintendente sugirió enviar al distrito norte de Corozal un magistrado, lo cual fue aprobado por la Asamblea Pública al año siguiente. Éste percibía un ingreso anual de 200 libras y debía contar con la colaboración de dos guardias, cuyo ingreso ascendía a 30 libras por año, y de dos magistrados, sin pago alguno. La misma asamblea acordó nombrar magistrados sin pago en las regiones de los ríos Sibún y Belice, así como en el distrito del sur.

10En 1856 la asamblea decretó el pago obligatorio a todos los magistrados de distrito por medio de los impuestos que se recabaran en cada uno de ellos. Los magistrados de distrito se transformaron así en comisionados de distrito con la función de actuar como magistrado y administrador de correos, supervisar el trabajo de la policía y asumir la presidencia de la junta municipal en caso de que existiera. Comisionados de distrito fueron nombrados en 1865 para Orange Walk y Stann Creek, y en 1882 para los distritos de Cayo y Toledo con lo cual, al iniciar el siglo xx, la colonia se encontró dividida en seis distritos —Orange Walk, Corozal, Belice, Cayo, Stann Creek y Toledo—, cada uno a cargo de un funcionario dedicado exclusivamente a las tareas administrativas.

11Sin embargo, esta estructura no derivó en una efectiva centralización del poder, y debido a las precarias comunicaciones existentes en Belice, prevaleció el aislamiento y la falta de vínculos entre los gobiernos locales y el poder central ubicado en la ciudad de Belice. Los comisionados adquirieron así mayores facultades y las formas locales de gobierno variaron en cada una de las regiones. Ejemplo de ello es el sistema de alcaldes, presente en las comunidades mayas y caribes sudoccidentales, en el cual anualmente se llevaba a cabo la elección del primer alcalde, el segundo alcalde y la corte de justicia. Ésta, compuesta por cinco miembros, debía nombrar a los jueces de paz, decidir sobre la tierra que iba a ser cultivada y la fecha de inicio de la siembra, además de fijar el monto de la contribución en especie destinada a recabar los fondos necesarios para la realización de las obras en beneficio de la comunidad.

12Otro órgano de poder local eran las juntas municipales (town bo-ards). Su primer antecedente fue la junta municipal de Belice, establecida por la Asamblea Legislativa en 1865, la cual estuvo compuesta por miembros nombrados directamente por las autoridades, siendo su presidente el secretario de Asuntos Coloniales (colonial secretary). En 1911 se creó una nueva junta municipal de Belice, esta vez con ocho miembros electos y sólo dos designados, cuyo objetivo central consistía en hacerse cargo de la administración de la ciudad. Los electores debían ser hombres mayores de 21 años, poseedores de propiedades con un valor de 60 dólares, que rentaran propiedades con valor de 96 dólares o que percibieran un salario de 300 dólares al año.

13Gracias a la ordenanza de juntas municipales de distrito (district town boards), emitida en 1838, se establecieron juntas municipales de distrito en siete localidades: Corozal, Orange Walk, Punta Gorda, Monkey River, Stann Creek, San Ignacio y Benque Viejo. Originalmente estaban constituidas por cuatro a siete miembros designados, incluyendo al oficial médico del distrito y al comisionado de distrito, quien fungía como presidente de la junta. En general, los integrantes de la junta eran propietarios de tierra, comerciantes y contratistas de chicle. No recibían pago alguno y sus principales funciones consistían en vigilar las transacciones comerciales y encargarse del mantenimiento de los caminos locales. Esta situación prevaleció hasta la década de los cincuenta, cuando se elaboraron algunas normas estatutarias que regularon el funcionamiento de estas juntas.

LA CRISIS DE 1929

14Como ya mencionamos, la economía beliceña estuvo sustentada en la extracción de maderas para la exportación, por lo que la mayoría de los habitantes de Belice se encontraban ligados, en definitiva, a las actividades del sector primario, ya fuera la explotación forestal o las incipientes actividades agrícolas. Grandes efectos tuvo entonces la crisis mundial del 29 sobre la precaria economía de Honduras Británica. Las ofertas de trabajo disminuyeron y los salarios se redujeron como consecuencia del descenso abrupto de los precios de las materias primas en el mercado internacional, en virtud de lo cual se registró una intensa corriente migratoria de las zonas rurales a las urbanas.

15En 1931 la situación económica se hizo más crítica debido al arribo de un fuerte huracán que destruyó gran parte de la ciudad de Belice. De aquí que el gobierno británico viera la oportunidad de reforzar el control financiero sobre su colonia y otorgara un préstamo destinado a la reparación de los daños ocasionados por el huracán y a la reactivación de la economía. A cambio, al gobernador le fueron otorgados poderes de reserva en asuntos de orden público, fe pública y “otros necesarios para el buen gobierno”, por medio de una enmienda a la Constitución en 1932.

16Ya desde 1921 se había expresado una gran inquietud por parte de los miembros no oficiales del Consejo Legislativo, en el sentido de proponer una enmienda a la Constitución que restaurara el principio electivo. El gobernador propuso acceder a dicha petición siempre y cuando se mantuviera la mayoría de los miembros oficiales, lo cual no sucedía en Belice. Dos años más tarde se sugirió que podía aceptarse que los miembros no oficiales fueran electos y tuvieran la mayoría en el Consejo Legislativo a cambio de que se le otorgaran al gobernador poderes de reserva. Esta propuesta fue rechazada completamente.

17Por ello, con el fin de evitar que la crisis económica trajera consigo una crisis social, y temeroso de que se manifestara la oposición al recién tomado acuerdo sobre los poderes de reserva otorgados al gobernador, éste decidió dar ciertas concesiones de carácter político a los grupos locales. Se nombró entonces un nuevo Consejo Legislativo presidido por el gobernador e integrado por doce miembros, cinco oficiales y siete no oficiales; de éstos, dos eran nombrados por el gobernador y cinco podían ser electos. Los requisitos para formar parte de este consejo restringían la participación de la mayoría de la población, ya que se exigía que los candidatos fueran británicos, con tres años de residencia en el asentamiento como mínimo y, además, que percibiera un ingreso anual de 1 000 dólares o tuvieran propiedades con un valor no menor a 500 dólares. Igualmente, los electores debían ser británicos, con un año de residencia y tener un ingreso anual de 300 dólares, propiedades con valor de 500 dólares, o pagar 96 dólares al año por rentar alguna propiedad.

18Con estos criterios, para 1936 sólo podía votar 1.8 % de la población, lo cual significaba, en cifras absolutas, que de 56 071 habitantes sólo tenían acceso al voto 1 035. En ese año se realizaron nuevas modificaciones a la Constitución. El Consejo Ejecutivo fue integrado por tres miembros ex oficio y cuatro no oficiales, mientras que el legislativo se conformó por tres miembros ex oficio, cuatro nombrados por el gobernador y diez electos por sufragio. A pesar de estas pequeñas reformas, la mayoría de la población beliceña permaneció excluida del voto, a lo cual se agregaba que los beliceños miembros del Consejo Legislativo carecían de una autoridad definitiva ya que el gobernador mantenía el poder absoluto, siendo apoyado a su vez por el Consejo Ejecutivo.

19También en 1936 la colonia fue dividida en cuatro distritos electorales. Esto no significó que la residencia fuera a convertirse en un requisito necesario para votar o ser votado; definitivamente, el criterio para convertirse en candidatos o electores se basaba en el nivel económico y cultural de los individuos. Así, el gobernador prefería elegir a los clérigos y abogados nacidos en Europa, miembros de las familias prominentes de Belice, para que formaran parte del Consejo Ejecutivo. Lo mismo sucedía en el Consejo Legislativo, cuyos miembros eran, en su mayoría, cortadores con grandes recursos económicos. No obstante, en este consejo empezaron a participar algunos cortadores nacidos ya en Belice. Los criterios electorales comenzaron a modificarse en 1945, año en que los requisitos para ser electo miembro del consejo se redujeron a los mismos que se exigían a los electores, siendo éste un antecedente de gran importancia en el tránsito hacia la instauración del sufragio universal entre los beliceños.

CONTINÚA LA DISPUTA POR BELICE

20La controversia anglo-guatemalteca permaneció, durante las tres primeras décadas del siglo xx, prácticamente en estado latente. A partir de 1929 empezó a negociarse el problema de la demarcación de fronteras a petición de Gran Bretaña, que solicitó a Guatemala enviara los comisionados necesarios para emprender esa tarea. La negativa de Guatemala fue contundente, argumentando que eran los ingenieros británicos quienes debían llevar a cabo la demarcación y que la obra debía ser costeada por Inglaterra en su totalidad. En 1929 un grupo de comisionados de ambos países revisaron la demarcación original —realizada en parte por el capitán Wray en 1861 y completada por Miller en 1887—, la cual corría del Salto Garbutt a la frontera México-Guatemala, quedando pendiente la parte sur que llegaba hasta Gracias a Dios en el río Sarstún.

21La posibilidad de llegar a una negociación comenzó a vislumbrarse en 1931, cuando ambos gobiernos acordaron que la línea antes mencionada formaba parte de la frontera entre Honduras Británica y la República de Guatemala. Sin embargo, la demarcación de la parte sur de la línea fronteriza no pudo llevarse a cabo de manera conjunta. Guatemala se rehusó a participar enviando un comisionado y sugirió que esta labor debía llevarse a cabo de manera unilateral por parte del gobierno de Belice. Finalmente los beliceños emprendieron la obra y, en 1933, la línea fronteriza fue inaugurada con la presencia de algunos oficiales guatemaltecos, quienes dejaron sentado que dicha frontera había sido delimitada correctamente.

22Mientras tanto, el gobierno guatemalteco resucitó su antiguo reclamo con respecto al compromiso bilateral del artículo vii del tratado de 1859 y declaró que, a menos que Gran Bretaña cumpliera con las obligaciones contraídas, Guatemala se negaba a concluir las negociaciones relativas a la frontera con Belice. El gobierno británico propuso limitarse a la cuestión fronteriza ya que, desde su punto de vista, el ferrocarril de Guatemala a Puerto Barrios hacía innecesaria la construcción del camino estipulado en el tratado de 1859. Guatemala respondió entonces que, de ser así, Inglaterra debería pagar la mitad del costo de la vía ferroviaria, lo cual fue rechazado por el gobierno inglés por considerar que esta vía no estaba contemplada en el artículo vii.

23El 13 de noviembre de 1934 Gran Bretaña presentó una nueva propuesta: construir una carretera desde la ciudad de Belice hasta el Petén. El gobierno guatemalteco, pensando que el comercio del Petén se dirigiría hacia Belice, rechazó esta oferta y se negó a continuar con los trámites de la delimitación de fronteras hasta que Inglaterra cumpliera los compromisos antes estipulados.

24Las negociaciones se estancaron durante dos años. Sin embargo, en septiembre de 1936 se iniciaron nuevas pláticas a instancias de Guatemala, la cual propuso dos opciones: que Inglaterra devolviera el territorio de Belice a Guatemala a cambio de una compensación monetaria que ascendería a 400 000 libras esterlinas, o que, en caso de que el gobierno británico no aceptara, pagara a Guatemala las 400 000 libras a cambio del territorio de Belice. Esta segunda opción contemplaba la cesión de una faja de tierra que diera una salida al mar al departamento del Petén, que abarcaría la desembocadura del río Grande, Punta Gorda y los cayos Zapotillo. Inglaterra rechazó ambas propuestas por considerarlas plenamente improcedentes.

25Guatemala intentó entonces una nueva negociación en otros términos. A cambio de aceptar las fronteras con Belice, el gobierno guatemalteco solicitaba que Inglaterra le pagara la suma de 50 000 libras esterlinas, con los respectivos intereses del 4 % anual desde 1859, además de conceder, como ya se estipulaba en la propuesta anterior, una salida al mar. Una vez más Inglaterra rechazó la oferta guatemalteca. Guatemala sugirió entonces someter el caso al arbitraje del presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, pero Inglaterra consideraba el conflicto un asunto estrictamente legal que debía ser dirimido en un tribunal internacional de justicia. De aquí que sugiriera que se turnara el caso al tribunal permanente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya; esto fue rechazado por Guatemala con el argumento de que el conflicto no tenía un carácter estrictamente jurídico, por lo que solicitaba un procedimiento ex aequo et bono, es decir, tomando en cuenta elementos de muy variada índole y no exclusivamente legales.

26Dado que no se había llegado a ningún acuerdo, el gobierno inglés propuso en enero de 1940 la formación de un tribunal ad hoc integrado por tres jurisconsultos, uno por cada una de las partes, siendo el tercero el presidente de Estados Unidos, con el fin de discutir lo relativo al artículo vii del Tratado de 1859. Este nuevo intento fue rechazado por Guatemala, que declaró caduco el Tratado de 1859 y exigió la restitución de Belice, a la cual debían sumarse indemnizaciones correspondientes a los perjuicios resultado de la ocupación británica del territorio. Por su parte, Inglaterra expuso que aunque el Tratado de 1859 fuera declarado nulo, Gran Bretaña contaba con la posesión del territorio beliceño por más de 150 años, mucho antes de la independencia de Centroamérica y de la firma del tratado. Los ingleses defendían los derechos derivados de la posesión del territorio con base en tres elementos: las exploraciones realizadas por los cortadores de madera británicos en la bahía de Honduras durante el siglo xvii; que el nombre de Belice derivaba del apellido del bucanero Wallace; que las tropas españolas nunca lograron desalojar a los cortadores ingleses y que no volvieron a intentarlo después de la batalla del cayo de San Jorge, en 1798. Una vez más, no se pudo solucionar la disputa.

27La publicación en 1938 del Libro blanco, que exponía de manera detallada la postura guatemalteca buscando justificar sus reclamos sobre el territorio beliceño, atrajo la simpatía del gobierno mexicano hacia la causa guatemalteca. El 17 de marzo de 1940 el presidente de México, Lázaro Cárdenas, hizo una declaración expresando el apoyo a las reclamaciones territoriales de las naciones hermanas, como en el caso de Guatemala con respecto a Belice. Esta declaración fue pronto rectificada y Mexico declaró que consideraba tener derechos históricos y jurídicos sobre la parte norte del territorio de Belice. Como respuesta, el presidente guatemalteco, Jorge Ubico, propuso conciliar la disputa anglo-guatemalteca dividiendo Belice en dos partes, correspondiendo a Guatemala la mitad sur.

28Inglaterra rechazó esta idea y señaló tajantamente que en la solución del conflicto únicamente debían intervenir Guatemala y Gran Bretaña, oponiéndose así a la interferencia mexicana. Por su parte, México, aprovechando que las relaciones guatemaltecas con las otras repúblicas centroamericanas —a excepción de Honduras— no eran del todo buenas, trató de obtener su apoyo en la defensa de los derechos mexicanos sobre Belice. En respuesta, el gobierno guatemalteco publicó en 1941 una versión contraria a los reclamos mexicanos sobre Belice, la cual fue difundida en México por algunos partidos de oposición. Como consecuencia, empezaron a circular publicaciones mexicanas que argumentaban que los derechos guatemaltecos sobre Belice no podían extenderse más allá del río Sibún, que la parte norte del territorio había sido cedida por México en el tratado de 1893 y que, en caso de cambiar la situación de Honduras Británica, los distritos del norte deberían pasar a manos de México.

29Era este el estado de cosas al inicio de la segunda guerra mundial, periodo en el que la actividad diplomática entre Guatemala e Inglaterra permaneció prácticamente en suspenso. No obstante, mientras duraba el conflicto el gobierno guatemalteco se mantuvo presente en los foros internacionales para defender sus derechos sobre Belice. Así, en la primera reunión de consulta de cancilleres americanos, celebrada en Panamá en 1939, Guatemala formuló una reserva en el sentido de no aceptar ningún principio que pudiera afectar en el futuro sus derechos sobre el territorio beliceño. Un año después, en la Convención sobre administración provisional de las colonias y posesiones europeas en América firmada en la segunda reunión de consulta que se llevó a cabo en la Habana, se acordó que en caso de que un Estado no americano intentara sustituir a otro Estado no americano en la soberanía o control sobre cualquier territorio en América, dicho territorio sería sometido a un régimen de administración provisional. Sin embargo, debido a que tanto Guatemala como México defendieron sus derechos sobre Belice, este terrritorio quedó fuera de lo estipulado en la convención. También en 1942, durante la tercera reunión de cancilleres americanos celebrada en Río de Janeiro, Guatemala aceptó adherirse a los principios de la Carta del Atlántico, siempre y cuando dichos principios no afectaran sus intereses sobre Belice. Finalmente, en la quinta reunión de cancilleres, en la que se reafirmaron los principios interamericanos en relación con las colonias y posesiones europeas en América, la delegación de Guatemala hizo incluir una cláusula que estipulaba que las resoluciones acordadas no eran aplicables a los territorios que eran materia de litigio o reclamación entre las potencias europeas y las repúblicas americanas.

30A punto de finalizar el conflicto bélico, comenzaron a presentarse ciertos signos de mejoría en las relaciones entre Guatemala y Gran Bretaña, situación que se vio truncada por el golpe militar que derrocó al general Ubico (1944) y condujo a la presidencia a Rafael Arévalo. Éste promulgó de inmediato una nueva Constitución, la cual declaraba, en su primer artículo, que Belice era parte del territorio guatemalteco y que, por lo tanto, las cuestiones encaminadas a lograr su efectiva incorporación eran consideradas de interés nacional. La situación se tornó más tensa aún debido a los constantes rumores que circularon de manera recurrente durante 1945 en el sentido de que Guatemala estaba fraguando una invasión a Belice, lo cual trajo como consecuencia que Inglaterra preparara la defensa de su colonia enviando tropas desde Jamaica. De esta manera, las partes en conflicto arribaron a la mitad del siglo demostrando sus plenas intenciones de defender sus intereses y derechos sobre el territorio beliceño, sin importarles la suerte de sus pobladores.

Bibliographie

BIBLIOGRAFÍA

Bardini, Roberto, Belice, historia de una nación en movimiento, Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 1978, 207 pp.

Dobson, Narda, A history of Belize, Longman Caribbean, Londres, 1973, 361 pp.

Paz Salinas, Ma. Emilia, Belize, el despertar de una nación, Siglo xxi Editores, 1983, 192 pp.

Walddell, D. A. G., British Honduras, a historical and contem-porary survey, Oxford University Press, Londres, 1961, 151 pp.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1996

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

amazon.fr