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Belice: una historia olvidada

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Mónica Toussaint Ribot

Nace una colonia

Texte intégral

AUTORIDADES E INSTITUCIONES

1Belice arribó al siglo xix apoyado en formas de organización bastante simples, pero gradualmente, a medida que la comunidad beliceña crecía y se convertía en una unidad política y administrativa, las formas de gobierno fueron cada vez más elaboradas. Inicial-mente los tres pilares que sustentaban al asentamiento de cortadores, con un carácter institucional incipiente, fueron el superintendente, la Asamblea Pública y la Junta de Magistrados. Años más tarde se creó un Consejo Ejecutivo y la Asamblea Pública se transformó en Asamblea Legislativa; además, poco a poco se sentaron las bases para la creación de un poder judicial en el establecimiento.

2El superintendente fungió claramente desde un principio como representante de la corona británica, pero esto tuvo diversos alcances en función del individuo concreto que ocupaba el cargo. Tradicionalmente el secretario de Asuntos Coloniales era el encargado de nombrar al superintendente, otorgándole una serie de instrucciones de carácter general, mientras que el gobernador de Jamaica tenía la función de dar al superintendente instrucciones más precisas. En tiempo de guerra, el superintendente llegó a ser nombrado exclusivamente por el gobernador de Jamaica, quien le otorgaba también el nombramiento de comandante en jefe encargado de la defensa del asentamiento; sin embargo, estos cargos sólo eran temporales. El cargo de comandante en jefe se mantuvo aun en momentos de paz, lo cual le dio un carácter dual a la autoridad del superintendente, situación que acarrearía conflictos en años posteriores.

3Dado que al gobierno inglés no se le había reconocido la soberanía territorial sobre Belice, tampoco estaba capacitado para conceder al superintendente cualquier tipo de derechos, prerrogativas o privilegios. La misión del superintendente, en términos generales, consistía en tomar bajo su cuidado a los súbditos británicos asentados y hacer todo lo posible para evitar cualquier conflicto o malentendido con las colonias españolas vecinas. Además debía procurar mantener el orden, las costumbres y las instituciones existentes. Todo ello disminuía su autoridad ante los ojos de los cortadores, por lo que sus logros dependieron en gran medida de su habilidad para negociar tanto con los cortadores como con los grupos de comerciantes.

4Con el paso del tiempo, el superintendente logró asumir ciertas funciones originalmente ejercidas por los magistrados o por la Asamblea Pública. Esta transferencia de funciones obviamente no estuvo exenta de conflictos; por ello, generalmente los cambios fueron realizados en los hechos por el propio superintendente y, una vez convertidos en una práctica relativamente aceptada, eran sancionados por el Ministerio de Asuntos Coloniales como parte de las funciones específicas del superintendente. Entre estas funciones se encontraban la promulgación de proclamas, la convocatoria de la Asamblea Pública, el nombramiento de magistrados y otros oficiales y el ejercicio del control financiero.

5Así, el cargo de superintendente no sólo se mantuvo intacto en las primeras décadas del siglo xix, sino que se fortaleció al grado de adquirir gran semejanza con la posición que ocupaban los tenientes gobernadores en otras colonias británicas. Sólo hubo un aspecto que debilitaba su autoridad. Debido a las acciones arbitrarias emprendidas en 1840 por el superintendente Mac Donald —en el sentido de asumir completamente el poder de legislar y el control de las rentas públicas— se vio incrementada la subordinación del superintendente de Belice al gobernador de Jamaica. De 1841 a 1884 la correspondencia de Londres debía enviarse vía Jamaica, estando autorizado el gobernador para resolver los asuntos secundarios.

6El oficio de magistrado precedió al de superintendente por más de medio siglo. Ya en el Código Burnaby (1765) se autorizaba a los magistrados para promulgar nuevas leyes y para establecer cortes encargadas de dirimir las disputas menores. Por ello, de alguna manera, la función de magistrado tenía también una naturaleza dual: ejecutiva, en estrecha colaboración con el superintendente, y judicial.

7La Asamblea Pública elegía anualmente a siete magistrados, y éstos a su vez nombraban de entre ellos un magistrado policía, quien recibía 300 libras por año. A los otros seis no se les pagaba. No podía obligarse a nadie para que fungiera como magistrado por dos años sucesivos, pero si se negaban a aceptar su elección por un año o su reelección tiempo después, se les imponía una multa de 100 libras esterlinas. En un principio no se exigían características específicas para ser electos. Más bien la costumbre había impuesto la práctica de elegir magistrados blancos, lo que había traído como consecuencia que fueran electos los cortadores y comerciantes más poderosos. Fue en 1809 cuando la Asamblea Pública acordó que los magistrados deberían ser residentes, blancos, de origen británico y poseer propiedades con un valor de por lo menos 500 libras esterlinas. El objetivo de esta medida consistía en convertir a la magistratura en una institución más “respetable”.

8Al no existir una clara distinción entre las obligaciones del superintendente y las de los magistrados, las decisiones administrativas cotidianas eran tomadas conjuntamente, por lo que el cuerpo de magistrados funcionaba como un pequeño consejo ejecutivo. Los magistrados eran los responsables de proponer la legislación en la Asamblea Pública, y tenían el deber de administrar los fondos públicos. Sostenían además frecuente correspondencia con los agentes de Londres y con los comerciantes europeos interesados en el asentamiento y, en caso de conflicto con el superintendente, los magistrados eran los encargados de informar al gobernador de Jamaica. También tenían la facultad de elegir a algunos oficiales menores, como el alguacil general. Como ya mencionamos, los magistrados no percibían un salario por ejercer esta función, pero gracias a su posición tenían la oportunidad de influir en las decisiones del superintendente y del gobierno inglés en beneficio de sus intereses particulares.

9Hasta 1832 las relaciones entre la Asamblea Pública y los magistrados fueron cordiales. A partir de ese año la práctica de elegir a los magistrados fue abolida, y empezaron a ser nombrados directamente por el superintendente debiendo ser aprobados por el gobernador de Jamaica. Con ello, el poder del superintendente se incrementó y el de los magistrados comenzó a declinar. En 1839 el superintendente Mac Donald propuso la creación de un Consejo Ejecutivo para ayudarlo en el proceso de otorgar concesiones de tierras a los cortadores. El consejo estaba integrado por ocho miembros —un oficial, un comandante de las tropas, un secretario colonial, un tesorero, un auditor general y tres miembros electos por el superintendente— y debía ser aprobado también por el gobernador de Jamaica.

10Las dificultades pronto sobrevinieron. El Consejo Ejecutivo inició sus funciones en 1841, asumiendo facultades legislativas y financieras. La Asamblea Pública levantó de inmediato una protesta y se negó a negociar con el consejo hasta que le fueran otorgadas varias facultades: el derecho de cultivar la tierra, la libertad de discusión, el derecho de decretar leyes locales y el control de las finanzas. Mac Donald trató en vano de llegar a un punto de conciliación, por lo que el gobierno inglés decidió mandar un sustituto. En 1843 arribó al asentamiento el coronel Fancourt, quien consideraba que había sido un error tratar de privar tanto a los magistrados de sus facultades administrativas como a la Asamblea Pública de su autoridad legislativa. Fancourt propuso entonces que los recursos financieros fueran otorgados al superintendente en consejo, de manera que los magistrados no tomaran decisiones administrativas sin la presencia del superintendente, pero mantuvieran su autonomía en cuanto a los asuntos judiciales. De aquí que en 1844 el antiguo Consejo Ejecutivo fuera abolido y en su lugar el cuerpo de magistrados conformara el nuevo consejo. La Asamblea Pública elaboró dos años después una ley en la cual se asentaba que los magistrados debían recibir un salario a partir de ese momento. Sin embargo, en 1848 la misma asamblea manifestó la pérdida de confianza de la población hacia el nuevo consejo debido a que estaba compuesto exclusivamente por oficiales públicos.

11La Asamblea Pública se había forjado en la práctica de reuniones informales entre los cortadores a lo largo del siglo xvm. Esta práctica fue reforzada por el Código Burnaby, el cual establecía que las decisiones debían ser tomadas por la mayoría de los habitantes del asentamiento. Las reuniones poco a poco se hicieron más regulares y, aunque al principio no existían requisitos para pertenecer a la Asamblea Pública, gradualmente se fueron estableciendo. En 1808 se propuso que todos los votantes de la Asamblea Pública, así como los electores del cuerpo de magistrados, fueran súbditos británicos. Los blancos debían tener un año de residencia en el asentamiento y tener propiedades con un valor de 100 libras esterlinas. Por su parte, los hombres libres de color estaban obligados a acreditar cinco años de residencia, y debían ser dueños de propiedades con un valor de 200 libras esterlinas. La membresía era vitalicia y ésta se mantenía aunque los votantes perdieran sus propiedades o cometieran algún delito.

12Algunos superintendentes cuestionaron la calidad moral y económica de los miembros de la Asamblea Pública, lo cual trajo como consecuencia que en 1820 se formularan requisitos más estrictos. Se acordó entonces que los súbditos británicos debían tener un año de residencia y propiedades con un valor de 500 libras esterlinas, mientras que los negros debían haber nacido en Belice y ser dueños de propiedades con un valor de 1 000 libras esterlinas. Era necesario que se reunieran por lo menos quince miembros para constituir el quorum, y la Asamblea debía llevarse a cabo después de cada reunión de la Suprema Corte de Justicia. En 1843, la asamblea emitió una nueva ley, relativa al carácter vitalicio de sus miembros, en la cual se aclaraba que si éstos perdían sus propiedades seguirían fungiendo como miembros de la asamblea pero sin derecho a voto.

13Justo al mediar el siglo, junto con una nueva petición por parte de los cortadores para que le fuera otorgado al asentamiento el estatus colonial, se propuso también la creación de una Asamblea Legislativa con base en instituciones similares, existentes en otras posesiones británicas. El proyecto incluía una Asamblea Legislativa electa y un Consejo Legislativo, éste parcialmente electo. En enero de 1854 desapareció la antigua Asamblea Pública y se constituyó formalmente la Asamblea Legislativa, compuesta por 18 miembros electos y tres nombrados por el superintendente. Éstos debían haber nacido en Inglaterra o haberse naturalizado británicos, tener más de 21 años y poseer propiedades con un valor de 400 libras esterlinas. El cargo sería ejercido por cuatro años, y cada miembro debía declarar por escrito estar capacitado para asumirlo. Uno de los miembros debía ser electo como presidente por sus colegas y ratificado por el superintendente. Quienes eligieran a esta asamblea debían tener a su vez alguna pequeña propiedad o ingresos anuales de 100 libras esterlinas.

14Tradicionalmente habían sido los magistrados los encargados de la administración de justicia en el asentamiento, y lo habían hecho, por cierto, de una manera bastante ruda. En el Código Burnaby se estipulaban algunas normas mínimas, pero se aclaraba que los delitos no mencionados en él debían ser castigados de acuerdo con la costumbre, lo que resultaba muy ambiguo y propiciaba todo tipo de abusos. Constantemente el Ministerio de Asuntos Coloniales insistió en que los tribunales sólo podían establecerse con la autorización del Parlamento o de la corona, y no por un simple acuerdo entre la población, pero esta norma no tuvo mayor efecto. A principios del siglo xix algunos superintendentes utilizaron el recurso de la corte marcial para dar solución a los casos criminales, lo cual fue muy poco aceptado por los habitantes del asentamiento. A su vez, las cortes civiles sólo estaban autorizadas para castigar los delitos imponiendo multas o encarcelando a los que los habian cometido. Para 1815, el problema de las personas acusadas de asesinato u otros crímenes mayores quedó sin resolver.

15En junio de 1820 se estableció al fin la Suprema Corte de Justicia de Belice con el objetivo de resolver los problemas judiciales más complejos: asesinatos, violaciones, robos y asaltos. La corte estaba compuesta por un mínimo de cuatro personas, a las cuales se les confería un poder de la corona para dictar sentencia sobre este tipo de delitos. Este fue el único tribunal legalmente constituido hasta que a Belice le fuera otorgado el estatus de colonia británica.

HONDURAS BRITÁNICA: DEL ASENTAMIENTO A LA COLONIA REAL

16A lo largo del siglo xix, los cortadores habían expresado reiteradamente a Londres la necesidad de que el establecimiento británico para el corte de palo de tinte adquiriera el estatus colonial. Los conflictos con México, Guatemala, España y Estados Unidos habían retrasado esta decisión, amén de que la corona no había mostrado interés suficiente en llevarla adelante. Incluso el propio gobernador de Jamaica llegó a sugerir que el asentamiento debía transformarse en colonia británica, sujeta directamente a la corona, pero el gobierno inglés se negaba a dar el paso final. En 1841, lord Palmerston consideró la posibilidad de autorizar una forma de gobierno regular, dependiente directamente de Londres; sin embargo, su sucesor, lord Aberdeen, no pensaba lo mismo, quedando una vez más como un asunto pendiente.

17El problema volvió a reconsiderarse en 1850, año en que los cortadores enviaron una petición por escrito —firmada por el cónsul de Estados Unidos en Belice— en la cual solicitaban otra vez que se les otorgara la calidad de colonia. A pesar de que Palmerston fungia de nuevo como ministro de Asuntos Exteriores y de que él mismo tenía la idea de acceder a esta petición, notificando simplemente a España su decisión, el proyecto se vino abajo también esta vez.

18Una vez firmado el Tratado de Límites con Guatemala en 1859, los ingleses consideraron que era ese el momento propicio para conferir a Belice el rango de colonia británica, con lo cual se reforzaban los acuerdos pactados en dicho tratado. Así, el 12 de mayo de 1862 se decretó la creación formal de la colonia de Honduras Británica y, ese mismo día, el superintendente Frederick Seymour fue nombrado por la reina teniente gobernador, bajo la autoridad del gobernador de Jamaica.

19En 1869 la Asamblea Legislativa solicitó a Londres que Honduras Británica fuera considerada colonia de la corona con la idea de que, al asumir el sistema de gobierno de colonia real, el asentamiento alcanzaría una mayor prosperidad y, por otra parte, con la esperanza de obtener refuerzos militares para combatir las continuas incursiones de los indígenas sublevados de Yucatán. El 13 de diciembre de 1870 la Asamblea Legislativa dispuso su propia disolución, dando lugar a la creación de un Consejo Legislativo compuesto por cinco miembros oficiales —el presidente de la Suprema Corte, el secretario colonial, el comandante de las tropas, el tesorero y el fiscal—, y cuatro miembros no oficiales nombrados por el teniente gobernador, quien a su vez presidía el consejo. Estas medidas crearon las condiciones para que la corona británica interviniera y, después de crear un Consejo Ejecutivo prácticamente con los mismos miembros, impusiera en el mes de abril de 1871 el sistema de gobierno de colonia real, con el que desaparecieron todas las instituciones representativas vigentes hasta ese momento. El gobernador gozó así de un poder casi absoluto.

20A partir de entonces los cortadores trataron por todos los medios de recuperar sus derechos perdidos. En 1880 los cortadores beliceños solicitaron, sin éxito, la restitución del autogobierno. Diez años después, los miembros no oficiales del Consejo Legislativo presentaron su renuncia por encontrarse en franca minoría, y pidieron al gobierno inglés una mejor representación en los consejos coloniales. En enero de 1892 se anunció que en el futuro el Consejo Legislativo tendría una mayoría de miembros no oficiales. El nuevo consejo debía componerse por tres miembros oficiales y, cuando menos, cinco no oficiales; no obstante, el gobernador continuaría ejerciendo la facultad de nombrar a los miembros no oficiales.

21Una última consecuencia, efecto de la instauración del sistema de gobierno de colonia real en Belice, fue que la supervisión de la colonia por parte de Jamaica se convirtió en algo innecesario. En noviembre de 1884 los vínculos entre ambas colonias se disolvieron con la creación del cargo de gobernador y comandante en jefe de Honduras Británica. El único elemento que las mantuvo unidas hasta 1911 fue la dependencia de la Suprema Corte de Justicia beliceña con respecto a la jamaiquina.

MÉXICO Y BELICE DEFINEN SUS FRONTERAS

22Dejando de lado los conflictos con Guatemala, Inglaterra se dio a la tarea de obtener el reconocimiento —por parte de México— de la soberanía inglesa sobre Honduras Británica. Sin embargo, México pensaba defender sus propios intereses, y durante el imperio de Maximiliano resurgió la disputa en torno a los derechos de ambos países sobre el territorio beliceño. En 1865, un año después de la llegada a México de Maximiliano, los ingleses sometieron al emperador un proyecto de tratado, el cual fue rechazado por varias razones: las autoridades de México consideraban que la corona británica no tenía soberanía sobre el territorio beliceño y pensaban que los colonos habían traspasado los límites acordados entre España e Inglaterra; además, argumentaban que México no era responsable de los daños causados por los indios. En ese mismo año el comisario imperial de Yucatán extendió un decreto en el cual se incluía al asentamiento de cortadores dentro de los límites de Yucatán. Inmediatamente las autoridades británicas emitieron una protesta y, a partir de entonces, el gobierno inglés se negó a reconocer cualquier derecho que México pudiera tener sobre las tierras ocupadas por los cortadores. En 1866 sólo se firmó un tratado en el cual ambas partes acordaron resolver la cuestión de Belice por medio de un tratado especial o de un arbitraje.

23A fines de 1872 Inglaterra tomó de nuevo la iniciativa y propuso resolver el problema limítrofe entre el establecimiento de cortadores y la provincia de Yucatán con base en el argumento de que los ingleses estaban en posesión del territorio por derecho de conquista. Preocupados además porque las autoridades mexicanas se habían mostrado incapaces de controlar a los indios de Yucatán, los británicos consideraban urgente la delimitación de fronteras que fueran reconocidas oficialmente por México ya que, a pesar de que la guerra de Castas había concluido en 1855, la sublevación indígena en contra de las autoridades yucatecas persistió. A ello se sumaron las pugnas entre los diversos grupos indígenas y los frecuentes ataques a los cortadores de la parte norte de Belice. De hecho, el sur de Yucatán no logró ser pacificado hasta finalizar el siglo.

24Una vez restablecida la república, las conversaciones entre México y Gran Bretaña relativas a los límites con Belice se reanudaron. Con motivo de las frecuentes incursiones a Belice de los indios sublevados en Yucatán en busca de refugio o para abastecerse de armas, se entabló una correspondencia entre las autoridades británicas y las mexicanas. Los argumentos esgrimidos por los ingleses se centraban en negar el reconocimiento de la soberanía mexicana sobre Belice, en tanto que el gobierno de México intentaba demostrar no ser responsable de las hostilidades de los indios sublevados en contra de los cortadores. Una vez más, no se llegó a ningún acuerdo.

25Guatemala volvió a aparecer en escena cuando en 1880 su cancillería propuso dar solución al conflicto originado por el incumplimiento del artículo vii del Tratado de Límites de 1859 a través de un arbitraje. Esta propuesta fue definitivamente rechazada por Inglaterra por lo que Guatemala decidió continuar demandando el pago de lo acordado y, como elemento de presión, reclamar sus derechos sobre Belice en los momentos en que Inglaterra atravesara por situaciones conflictivas. Mientras tanto, Guatemala había iniciado negociaciones con México para la delimitación de su frontera. En el año de 1878 se llevó a cabo la convención preliminar sobre los límites entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala y en 1882, durante las administraciones del presidente Manuel González en México y de Justo Rufino Barrios en Guatemala, se firmó el tratado definitivo. En él, Guatemala renunciaba para siempre a los derechos sobre Chiapas y el Soconusco, quedando los límites entre ambos países definidos en el paralelo 17°49’, el cual correría indefinidamente hacia el este, lo que en la práctica significaba “hasta topar con la frontera occidental de Honduras Británica”.

26Con la firma del tratado entre México y Guatemala parecían haberse allanado los obstáculos para alcanzar un acuerdo entre Inglaterra y México en lo que se refiere a la definición de límites con Honduras Británica. Además, en ese momento Inglaterra contaba con ciertos mecanismos de presión de índole económica, por la vía tanto del comercio como de los empréstitos hacia México. Así, en el año de 1887 se iniciaron las negociaciones. El representante de la cancillería británica de México, sir Spenser Saint John, recibió a principios de año instrucciones de su gobierno en el sentido de considerar preferible que la frontera entre México y Honduras Británica se estableciera con base en una frontera natural; por ello, se le indicó que sería conveniente proponer que la frontera siguiera la línea más corta desde la intersección del paralelo 17°49, con el meridiano del salto de Garbutt al arroyo Azul y, desde ahí, seguir el arroyo Azul y el río Hondo.

27Mientras tanto, en marzo del mismo año la Oficina de Asuntos Coloniales fue informada de que el general Aniseto Zul, jefe de los indios Santa Cruz, junto con el general Cruz Xiab, jefe de los indios de Tulum, había acudido a entrevistarse con el gobernador Henry Fowler pidiéndole que su territorio fuera incorporado a Honduras Británica bajo la protección de su majestad. El gobierno inglés de inmediato comunicó a las autoridades mexicanas sobre esta visita, señalando la urgencia de definir las fronteras y evitar que este tipo de acciones se multiplicaran.

28México propuso entonces llegar a un acuerdo en el cual no se hiciera referencia alguna a la soberanía británica sobre la colonia y se reconociera al río Hondo como frontera. Quedaría también claramente estipulada la prohibición estricta del comercio de armamentos por ambas partes, comprometiéndose las autoridades mexicanas a hacer todo lo posible para controlar a los indios sublevados. Inglaterra aceptó estas bases para la negociación, pero ésta no pudo culminar con éxito en el mismo 1887 debido a la situación política interna de México —la reelección de Porfirio Díaz—, por lo que el tratado definitivo hubo de ser pospuesto algunos años.

29En 1892 la legislatura de Yucatán presentó una propuesta que coincidía básicamente con el proyecto británico, a la cual se sumó la junta auxiliar de Mérida de la Sociedad Nacional de Geografía y Estadística, quienes, al igual que los comerciantes de Yucatán, veían la conveniencia de firmar el tratado de límites entre México y Honduras Británica. En él, además de quedar claramente estipulada la delimitación fronteriza, se hacía referencia a la cuestión de los indios rebeldes, comprometiéndose ambos gobiernos a promover la pacificación de los indígenas sublevados prohibiendo el suministro de armas.

30A pesar de que ciertos sectores habían considerado conveniente la realización de un tratado que definiera claramente la frontera entre México y Belice, el resultado no los satisfizo, ya que aunque en dicho convenio no se hacía referencia explícita a la soberanía inglesa sobre el territorio, en los hechos se le concedía. La crítica al tratado fue muy severa, sobre todo en el ámbito intelectual, pues se consideraba que México perdía jurisdicción en las tierras situadas entre el río Hondo y el río Belice y que, al ceder el cayo Ambergris, se perdía la entrada a la bahía de Chetumal sin obtener compensación alguna. De aquí que el ministro Mariscal tuviera que presentar al senado de la república un informe para justificar la firma del tratado.

31En 1897 se llevó a cabo la ratificación de firmas y se añadió una convención adicional, celebrada el 7 de abril, en la cual Inglaterra garantizaba a México —a perpetuidad— la libertad de navegación en las aguas territoriales de Honduras Británica. Así, México renunciaba a la posibilidad de reclamar la herencia de los derechos soberanos de España sobre el asentamiento y, consecuentemente, la presencia inglesa en Belice quedaba legalmente reconocida.

SE REANUDA LA DISPUTA ANGLO-GUATEMALTECA

32Durante la segunda mitad del siglo xix, la política estadunidense hacia América Central se transformó de manera significativa. En su afán por obtener el dominio exclusivo del tan ansiado canal interoceánico, Estados Unidos trató de modificar el tratado Clayton-Bulwer y, al no obtener la aceptación de Inglaterra para hacerlo, decidieron cuestionar su validez acusando al gobierno británico de haberlo violado al haber otorgado a Honduras Británica el estatus colonial.

33Esta situación fue aprovechada por Guatemala para elevar una nueva protesta contra el gobierno inglés en 1884 argumentando que, mientras Guatemala había hecho todo lo posible por la vía diplomática para hacer efectivo el tratado de 1859, Inglaterra había suspendido los esfuerzos para construir la carretera y, además, había declarado nula la convención de 1863, oponiéndose también al arbitraje. Por ello, Guatemala consideraba que si el tratado de 1859 era vigente, Inglaterra debía entonces acatar las cláusulas compensatorias; de lo contrario, el tratado sería declarado nulo y Guatemala no reconocería los límites fijados con Honduras Británica.

34El Ministerio de Relaciones Exteriores británico trató entonces de resolver el problema dando una satisfacción tanto a Guatemala como a la Oficina de Asuntos Coloniales. El primer obstáculo que debió enfrentar el Ministerio fue que para 1884 la importancia comercial de Belice se había reducido en gran medida debido a la construcción del ferrocarril panameño y a la apertura de nuevas rutas comerciales. Para salir de este estancamiento, los cortadores pensaban que la metrópoli inglesa debía financiar la construcción de un ferrocarril en Belice, por lo que la Oficina de Asuntos Coloniales intentó ligar esta nueva propuesta al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo vii del tratado de 1859. Asimismo, el tratado anglo-guatemalteco firmado por Chatfield en 1849 había caducado, y los guatemaltecos se negaron a renovarlo a menos que Inglaterra diera respuesta a sus nuevos reclamos. El Ministerio de Asuntos Exteriores redobló consecuentemente los esfuerzos encaminados a solucionar el conflicto partiendo de la base de que Inglaterra había adquirido una obligación moral con Guatemala.

35En ese momento el secretario de Asuntos Coloniales era lord Derby, quien en 1867 se había negado a reconocer que Inglaterra tuviera algún compromiso pendiente con Guatemala. Debido a la presión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en el sentido de reabrir las negociaciones con Guatemala, Derby propuso consultar a la junta de comercio. Ésta opinó que mientras la construcción de un camino entre la ciudad de Guatemala y Puerto Barrios carecía de sentido, era mucho más benéfico un ferrocarril que abriera una ruta entre Belice y los bosques del Peten y que, al mismo tiempo, sirviera para cumplir con lo pactado en el tratado de límites. Durante el mandato de Justo Rufino Barrios (1873-1885) se había iniciado en Guatemala la construcción del ferrocarril que comunicaba la capital con el puerto de San José, en el Pacífico. Para 1884, habiéndose terminado este tramo, se esperaba extender la línea ferroviaria de la ciudad de Guatemala a Puerto Barrios, en el océano Atlántico, pero este proyecto no se pudo llevar adelante debido a la escasez de recursos económicos.

36En marzo de 1886, el ministro británico en Guatemala, Harriss Gastrell, propuso que Inglaterra invirtiera 50 mil libras esterlinas en la construcción de este ferrocarril, con lo cual podría liberarse de sus obligaciones hacia Guatemala y renovar el tratado comercial entre ambos países. Sin embargo, Guatemala no aceptó esta propuesta pues quería que Inglaterra ofreciera una cantidad mayor. A pesar de que las autoridades de Honduras Británica se mostraron a favor de la construcción de una línea de ferrocarril de Belice al Petén, el proyecto de momento se estancó. Al año siguiente el Ministerio de Asuntos Coloniales y el Ministerio de Asuntos Exteriores pidieron conjuntamente al Parlamento inglés la dotación de 10 000 libras anuales, durante cinco años, para construir un ferrocarril de Belice a la ciudad de Guatemala. El Tesoro británico se opuso terminantemente a esta idea.

37Mientras tanto, en Belice se realizaron algunos intentos para llevar adelante el proyecto. En 1888 se elaboró un esbozo de contrato cuya finalidad consistía en negociar con el gobierno de Guatemala una concesión para la construcción de la vía ferroviaria en territorio guatemalteco, pero Guatemala se negó a otorgar concesiones o firmar algún tratado comercial a menos que Inglaterra arreglara definitivamente el problema de Belice.

38El Ministerio de Asuntos Coloniales solicitó de nuevo recursos económicos al Parlamento inglés en enero de 1891; paralelamente, la Asamblea Legislativa de Honduras Británica ofreció invertir 60 000 libras esterlinas para la construcción del ferrocarril. En ese momento se nombró a Audley Gosling nuevo ministro británico en Guatemala con la función de lograr la reapertura de las negociaciones entre ambos países. Como el Tesoro británico se negaba a aportar recursos económicos para la obra, Gosling recibió instrucciones en el sentido de recibir las propuestas guatemaltecas, pero Guatemala no hizo ninguna. Dos años después, Gosling sugirió que en lugar del ferrocarril o el camino se estableciera un cable submarino entre Guatemala y Jamaica, vía Belice, pero una vez más el Ministerio de Asuntos Exteriores juzgó que no era conveniente solicitar recursos económicos al Parlamento.

39En 1895, Joseph Chamberlain fue nombrado secretario de Asuntos Coloniales. Inmediatamente Chamberlain planteó que la mejor manera de utilizar las 50 000 libras esterlinas que Inglaterra tenía el deber moral de aportar, era construyendo el ferrocarril de Belice a la frontera con Guatemala. El problema radicaba en constatar si Guatemala estaba dispuesta a considerar esta obra como compensación, liberando a Inglaterra de toda otra obligación. Sin embargo, las negociaciones con Guatemala se vieron interrumpidas en 1898 debido a que su presidente fue asesinado. El Ministerio de Asuntos Coloniales propuso entonces que se otorgara un préstamo a Belice para que éste contratara a una compañía privada que se hiciera cargo de la construcción del ferrocarril. El préstamo debía ser aceptado por el gobierno guatemalteco como el cumplimiento de las obligaciones contraídas previamente por Inglaterra.

40No obstante, el Tesoro británico dio de nuevo su negativa para extraer cualquier cantidad de las arcas, pues consideraba que el tratado de 1859 era ya obsoleto y que, por lo mismo, Inglaterra no tenía ningún compromiso con Guatemala; además, el Tesoro ponía en duda los supuestos beneficios que dicho ferrocarril traería para Honduras Británica. El último intento del gobierno británico consistió en obtener una concesión del gobierno guatemalteco para contratistas privados pero, después de un nuevo fracaso, las negociaciones se cerraron en 1901.

EL COMERCIO MADERERO: AUGE Y CRISIS

41La explotación forestal fue, durante casi dos siglos, la única razón que justificaba la existencia del asentamiento de cortadores de Belice, primero con la explotación del palo de tinte y, ya en el siglo xviii, con la de la caoba. Generalmente de muy buena calidad, la caoba de Honduras Británica no sólo era muy resistente sino que, además, tenía la característica de no ser afectada por los cambios de temperatura. Gracias a esta propiedad, durante la primera mitad del siglo xix se registró una gran demanda de caoba beliceña para la construcción de barcos y muebles de madera.

42Este producto dependía de dos factores, fundamentalmente. En primer lugar, la explotación de caoba tenía un carácter estacional, por lo que las variaciones climáticas y la duración de la estación lluviosa afectaban directamente la extracción de la madera. En segundo lugar, la explotación forestal tenía una estrecha relación con la demanda del mercado mundial. Otro de los problemas a los cuales debieron enfrentarse los cortadores fue el agotamiento de los recursos madereros en Belice, situación que se vio agravada por la indefinición de los límites, lo que los llevó a la práctica de importar caoba de las colonias españolas.

43Los años 1845 y 1846 marcaron el punto culminante de la explotación de caoba, cuando el boom europeo de los ferrocarriles la hacía cada vez más necesaria. A partir de entonces, el comercio maderero comenzó a declinar de manera constante. Tanto en 1849 como en 1860 el superintendente de Belice informó una situación de severa depresión en el comercio de la caoba. En cambio, el palo de tinte, que no había cesado de explotarse por completo, experimentó un resurgimiento a finales del siglo xix hasta ser plenamente sustituido por los colorantes sintéticos.

44A pesar de que la economía beliceña se había sustentado principalmente en el comercio maderero, el asentamiento había ejercido también un papel fundamental como centro de distribución comercial hacia toda Centroamérica, especialmente en el siglo xix. En tiempos de paz, los comerciantes intercambiaban las manufacturas importadas por ganado y víveres en los puertos españoles de Omoa y Trujillo. En tiempos de guerra, los británicos asentados en Belice se abastecían de productos provenientes de Estados Unidos.

45Una vez consumada la independencia de las colonias españolas, Inglaterra tomó el lugar de España como proveedora de productos manufacturados y como compradora de las materias primas que producían las nacientes repúblicas. Belice, que había sido centro importante del contrabando durante la época colonial, se convirtió en el punto nodal del comercio legal entre Gran Bretaña y Centroamérica, debido en gran medida a su posición estratégica. Así, en los años veinte del siglo pasado el 80 % del comercio de Inglaterra en América Central se realizaba vía Belice. En la siguiente década la proporción disminuyó a 75 %, y en los años cuarenta, el volumen comercial que pasaba por Belice alcanzaba el mismo monto que el que se llevaba a cabo directamente con Europa.

46Los principales productos que importaban los países centroamericanos eran los textiles de algodón, mercería y productos metálicos, todo ello a cambio de cochinilla, añil y algunos metales extraídos de las minas. En la primera mitad del siglo xix, dichos colorantes tuvieron una gran demanda en Europa, especialmente en la industria de los textiles ingleses, pero a mediados de siglo la cochinilla y el añil habían sido desplazados por los colorantes provenientes de la India; a ello se añadía el agotamiento de los filones de las minas centroamericanas. En su lugar, el café —primero de Costa Rica y luego de Guatemala— empezó a cobrar importancia como el principal producto de exportación. Igualmente se intercambiaron en Belice algunos productos naturales como la zarzaparrilla y el carey.

47A pesar de que esta red comercial le reportaba grandes beneficios al gobierno británico, éste no invirtió mayores recursos en la región con la finalidad de darle un mayor impulso. Debido a la falta de un sistema eficiente de comunicaciones, el comercio resultaba a veces un tanto difícil. Durante años los beliceños protestaron por su estrecha dependencia respecto de Jamaica para comunicarse al exterior, y no fue sino hasta 1836 cuando se estableció el servicio regular de correos entre Belice y Guatemala. En 1839 se estableció el primer correo marítimo entre Gran Bretaña y el Caribe, pero Belice continuó dependiendo de la presencia mensual de un barco proveniente de Jamaica. Fue en 1851 cuando este correo marítimo incluyó en su ruta a Greytown y a Belice. a pesar de estas limitaciones en cuanto a la comunicación, el comercio con Centroamérica vía Belice prosperó durante la primera mitad del siglo; no obstante, el papel de Belice como centro de distribución comenzó a declinar una vez que se establecieron vínculos directos con Europa y Estados Unidos. De aquí que el siglo se cerrara con una serie de intentos para promover el desarrollo económico a través de la inmigración, la agricultura y la construcción de un ferrocarril, todos ellos sin éxito.

Bibliographie

BIBLIOGRAFÍA

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© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1996

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