PRESENTACION

1En 1821, Guatemala proclama su separación del orden colonial español en América Central y pretende empezar una difícil transición —hoy por hoy, todavía no cumplida totalmente— hacia el modelo del Estado-Nación contemporáneo, tal como entendemos la palabra en 1993. Dentro de un mundo universalmente encuadrado por un sistema planetario de “Estados Naciones Unidos”.

2Desde ese momento hasta ahora: ¿En qué medida esa promesa histórica formulada por la elite criolla independiente ha sido realmente cumplida? He aquí una de las preguntas fundamentales de este encuentro internacional, al cual pretendo aportar algunos elementos de respuesta, no a partir de la historia del Estado Central y de sus soportes sociales propios, sino de la historia de un segmento de la Guatemala profunda. Muchas veces enjuiciada este —desde el siglo xvii hasta hoy— como muy tradicional, cuando no “arcaico”, por las ideologías criollas centralistas dominantes.

3Se tratará aquí de comprender el destino histórico regional del actual departamento del Quiché, en su relación con el Estado y el resto de la Nación, desde 1820 hasta 1970. Analizando esa relación no desde la mirada del estadista centralista o del tecnócrata desarrollista, sino desde una sociedad regional todavía mayoritariamente indígena en 1993 y situada al margen de los grandes ejes de circulación del país.

4Representativa de los problemas de la América Central indígena, la misma nos va a ayudar a agudizar nuestras reflexiones sobre la cuestión de saber si desde hace ya más de 170 años el Estado guatemalteco ha tenido o no éxito en incorporar eficazmente este tipo de región en sus redes de intercambios políticos, ideológicos, sociales y económicos, hasta formar con ellas una entidad única e indivisible, identificada con su Estado: la “Nación guatemalteca”.

5Con la condición previa de entender que la originalidad de una región como el Quiché, antes que ser de origen geográfico-ecológico y/o étnico (lo que también es, por supuesto), está primero en el resultado de una historia sociopolítica, que se fue estructurando entre Estado y sociedad regional y cuyas permanencias multiseculares fueron consciente y tenazmente conceptuadas, deseadas y experimentadas por quienes (las elites hispano-criollas centralistas y los líderes indo-mestizos regionales) tenían interés en mantenerlas en contra de las fuerzas de cambio internas o externas, y a expensas de la mayoría de las poblaciones de la región.

¿EL QUICHE ORIENTAL ADENTRO Y AFUERA DEL NUEVO ESTADO-NACION GUATEMALTECO? (1821-1871)

6Todavía indígena en 90 por ciento hacia 1820 y dentro del modelo particularmente paternalista de conservación de una indianidad primo-colonial, bajo la tutela del protectorado dominico — que supo mantener la región como un reducto frente a las tendencias secularizantes del siglo xviii—, ¿podía el Quiché oriental entrar en igualdad de condiciones que los demás neociudadanos guatemaltecos en el Estado-Nación en construcción por parte de la elite criolla? Liberal de 1821 a 1839, conservadora de 1839 a 1871. Y, si no ¿qué forma de compromiso histórico esta va a poder inventar durante el periodo entre entidades aparentemente tan incompatibles, como el modelo importado del Estado-Nación, “uno e indivisible” y compartido con ciudadanos iguales en derechos, y una sociedad regional todavía dominada por un modelo de Antiguo Régimen colonial, basado en la exclusión de la personalidad etno-jurídica de la mayoría indígena y en la marginalidad social de la minoría creciente de ladinos pobres?

7Porque no tenemos que equivocarnos: si las reformas borbónicas habían empezado a transferir en el Quiché el ejercicio de la tutela paternalista sobre los indios de las órdenes regulares al clero secular y a los neolatifundistas ladinos, nunca tuvieron como objetivo suprimir el principio mismo de esa tutela. Con lo cual, siempre minorizados, los indígenas del Quiché difícilmente habrían podido preparar su integración como ciudadanos en el marco de una proto-nacionalidad criolla incipiente.

Invención del Estado e indefinición de la Nación guatemalteca hasta 1839

8Inventar, ex nihilo, en 1821 un Estado independiente en Guatemala obedece a la regla del género, válida por la misma época para toda la América criolla hispánica: tener un grupo que pretende con cierta credibilidad representar los intereses supuestos comunes de todos los habitantes del territorio (según el caso: un cabildo, una junta, una asamblea de delegados); convocar a una asamblea constituyente y con ella, a nombre del pueblo y con la ayuda de Dios, transferir la soberanía desde la legitimidad histórica del imperio español hacia una mesa representativa, delegada por un segmento territorial del extinto imperio. Operación sencilla, en apariencia, pero que exige primero una difícil ruptura mental con la herencia imperial y, ante todo, una supuesta influenciade los “padres fundadores” sobre la opinión y la sociedad.

9En el caso guatemalteco, la opinión, reducida a una ínfima minoría criolla educada, es trabajada desde tiempo atrás por unas sociedades cultas, unas redes de tertulia y unos periódicos y revistas. La sociedad política (criolla) queda articulada a sus representantes por redes de parentesco, clientelas y dependencias personales típicas de una elite del Antiguo Régimen. En cuanto alas inmensas mayorías ladinas e indígenas-quichés, generalmente no saben leer ni escribir quedan en las clientelas dependientes de los precedentes o bajo control estricto de los agentes de la autoridad estatal o clerical. Vale decir, que no conforman una sociedad política y que están todavía fuera del Estado, fuera de la sociedad civil. Es decir, fuera de la Nación legal que acaba de nacer.

10Queda la Nación política real (a lo mejor en 1821 el 10 por ciento de los criollos en Guatemala), que a pesar de sus divisiones, puede considerar que sí está “representada” por el nuevo Estado. ¿Cómo definirla territorialmente? ¿Cómo organizaría administrativamente? ¿Cómo orientarla históricamente?

11A la última pregunta, la generación independentista da al principio una respuesta claramente liberal, particularmente sobre dos asuntos que van a tener mucha importancia para el Quiché oriental: la relación con la herencia colonial clerical y la relación con la herencia colonial pluri-étnica. En 1824 se corta en un 7 por ciento a todas las rentas clericales y en 1829 se suprimen todas las congregaciones religiosas y se les confiscan todos sus bienes. En cuanto al problema indígena, la Asamblea Constituyente formula, en 1824, un proyecto histórico claramente asimilacionista, al recomendar que los poderes locales:

se dediquen con las medidas parecidas, prudentes y eficaces a EXTINGUIR LOS IDIOMAS DE LOS PRIMEROS INDÍGENAS y que ayuden a que aquellos que se llaman 'ladinos' se establezcan entre los indígenas con el fin de promover la extinción de sus lenguas nativas y su ilustración.

12A la segunda pregunta, se responde con el dictado de 1823 a 1825 de varias leyes constitucionales, las que:

1. Territorializan la nueva República de Guatemala a las dimensiones del Antiguo reino de Goathemala [1824].
2. Reagrupan los pueblos y ciudades del Estado de Guatemala en siete departamentos. En el caso del Quiché oriental, es promovido al de distrito territorial del departamento de Sololá - Suchitepequez [1825].
3. Y reemplazan los antiguos cabildos y ayuntamientos coloniales por MUNICIPALIDADES republicanas, con un alcalde y un regidor si son menos de 500 habitantes y un alcalde, dos regidores y un delegado-procurador, si son de más de 500 habitantes [1823 - 1824].

13Pero, para la primera propuesta, los liberales que orientaron la independencia tienen mucha dificultad para encontrar la respuesta correcta, y tardan en poder definir su “territorio-nación”. De 1821 a 1823, Guatemala —así como el resto del istmo— queda asociada a México. Se separa de él en 1823 y orienta (difícilmente) el destino de la Federación centroamericana hasta 1839. Y cuando los secesionismos triunfan sobre la Federación (y los liberales guatemaltecos), los conservadores —que llegan al poder ese año— solo tendrán éxito en recuperar el Estado secesionista “de los Altos” a principios del año 1840.

14Una e indivisible, la República de Centroamérica, proclamada en 1824 por los liberales, tuvo que aceptar a lo largo del periodo la pérdida de Soconusco, Chiapas, Belice y la separación del istmo centroamericano. Eso subraya suficientemente las dificultades liberales para definir la Nación durante el periodo, no solamente de forma territorial, sino también social y étnicamente.

15Por ejemplo, libre cambistas —tanto en lo exterior como en lo interior—, los liberales deberán abrir el mercado guatemalteco a nuevos empresarios y comerciantes. En 1829, al contrario, restauran el poder monopolizante de los agroexportadores de cochinilla y añil, abriendo nuevamente el modelo fini-colonial la Sociedad Económica de Amigos del Estado de Guatemala.

16Jurídicamente igualitaristas, estos pretenden en 1824 operar en pro de la asimilación de la mayoría indígena en el marco de una ciudadanía guatemalteca jurídica y lingüísticamente homogénea. Pero desde 1823, por razones de apuro fiscal, prolongan la existencia del tributo indígena, bajo nombre de contribución territorial. Este se vuelve impuesto personal en 1825.

17Defensores de la movilización mercantil de la tierra, deberán favorecer la desamortización de los bienes de manos muertas. Y es verdad que van en ese sentido, cuando favorecen el loteo de las tierras ejidales por parte de las municipalidades (1824), el alquiler de tierras ejidales con reserva de usufructo enfitéutico al 2 ó 3 por ciento (1829) y la expropiación de los bienes de las congregaciones religiosas (1829). Pero, en total contradicción con sus principios, mantienen en 1824 los bienes inajenables de cofradías religiosas, cuando transfieren su control fiscal a la nueva Contaduría de Propios.

18Criticando esas contradicciones y fracasos liberales —los cuales derivan de su propia extracción de clase, del marasmo económico del periodo y de lasolidez de las formas de sociabilidad tradicional de origen colonial—, los conservadores retoman el poder en 1839, y lo guardan hasta 1871. Beneficiados por la nueva coyuntura económica después de 1850, con el desarrollo de la costa pacífica en relación con el “boom” del oro en California y de la grana y el café en Guatemala.

19Su obra durante esos tres decenios se puede caracterizar con dos palabras claves: estabilidad y consolidación. Tienen la inteligencia y la mente de alejar a Guatemala de las aventuras exteriores y de restituir a la Iglesia una parte de sus poderes perdidos durante el primer periodo liberal. Las parroquias, restauradas en sus prerrogativas tradicionales, sirven al encuadramiento de la población rural. Asimismo, una parte de sus bienes confiscados, en 1829, es restituida a los conventos y congregaciones religiosas.

20En lo fiscal, se consolidan las decisiones del periodo anterior en cuanto a impuestos. No se ponen en tela de juicio las reparticiones de baldíos y tierras ejidales realizadas entre 1821 y 1839, pero tampoco los títulos compuestos en favor de los comunes de indios. Solo se exige, después de 1845, que todo poseedor de tierras baldías adyacentes a sus haciendas las componga en el lapso de un año. Con lo cual, se soluciona a favor de la propiedad privada muchos litigios de tierras pendientes desde 1836-1839.

21Pero, quizás, relativo al problema de la integración de los habitantes al Estado y a la Nación, la medida de mayor trascendencia en lo político interno son las Leyes de 1839 y 1841, que reorganizan el régimen de las municipalidades mixtas, donde —como consecuencia del movimiento de ladinización de las antiguas reducciones indígenas iniciado en el siglo xviii y acelerado conscientemente por el Estado liberal a inicios del xix—, coexisten una comunidad indígena y una comunidad ladina. De esa forma, sobre la base de las viejas leyes de Indias protectoras de los indios, se propone en 1839 separar en cada municipio los asuntos ladinos de los asuntos indígenas y, para ello, se propone la creación de una Comisión gubernamental permanente de protección y desarrollo de los indígenas que forman la mayoría de la Nación. Esta ley es completada con otra de 1841, que estipula que las municipalidades de población mixta, tendrán que ser gobernadas por dos alcaldes: uno ladino, otro indígena.

22Con esa política conservadora, la Guatemala primo-república encuentra por fin una especie de compromiso a propósito de la construcción etnosocial de la Nación, la cual alrededor de 1860 se podría caracterizar así:

• El Estado Central queda más que nunca en manos exclusivas de una elite criolla burocrática mercantil, que se juega su destino sobre una economía de exportación, en curso de reconversión con el café, y un mercado interior en lenta expansión y caracterizado por la tendencia al monopolio bajo la protección del Estado.
• El órgano local estratégico de la articulación, entre el Estado central y la sociedad no-criolla, es la municipalidad, dominada por el elemento ladino, bajo control del Estado central criollo, pero donde la masa indígena conserva un mínimo de representación municipal con base en su personalidad etno-jurídica pueblerina (común de indios, alcaldes y regidores indios, cofradías indígenas).
• Ello no impide mantener la exclusión de esos comunes de indios de los asuntos nacionales, más allá del horizonte restringido de su antigua reducción.
• Pero permite a las minorías ladinas, que ascienden al poder municipal en dichas reducciones indígenas luego de no tener ninguna representación antes de la Independencia, desplazar progresivamente al cabildo indígena con el apoyo del Estado central en asuntos de reparticiones y alquileres de tierras, reparticiones de trabajos comunales, etc.

23Entonces, desde 1821 hasta 1871 se está jugando a nivel municipal una incompleta —pero real— exclusión de la población indígena, no solamente de los niveles superiores del Estado (eso era tradicional desde el siglo xvi), sino hasta del gobierno de su propio pueblo, tal como lo garantizaban las Leyes de Indias. Al contrario, la población ladina (mestiza o de origen indígena convertida al individualismo), luego de conquistar una parte decisiva del poder municipal y de ponerse en contacto con el mercado abierto y las esferas superiores del poder provincial criollo, se va progresivamente convirtiendo en clientela política local, necesaria para la elite centralista, con el objeto de poder aplicar sus directivas administrativas a escalas regional y local.

24Resumiendo, se podría decir que a lo largo de esos primeros cincuenta años de vida independiente en Guatemala se juega a nivel municipal una partida donde los intermediarios ladinos se están proto-nacionalizando a la sombra y bajo el control de la sociedad política criolla, y los indígenas, proclamados étnicamente afuera de la nación criolla, se están “a-nacionalizando” más aún. Hasta dentro de sus propias antiguas reducciones.

El caso ejemplar de distrito territorial del Quiche (1821-1871)

25En realidad, desde 1825 el Quiché oriental sigue estando dividido como en el periodo colonial en dos partes administrativas distintas: al norte, los pueblos de Sacapulas, Cunén y Uspantán, conjugados en un distrito territorial del nuevo departamento de Totonicapán-Huehuetenango; al sur del río Chixoy, todos los demás pueblos ya conocidos, congregados en un distrito territorial del departamento de Sololá-Suchitepequez. Hasta las medidas anticlericales de 1829, el convento dominico de Santa Cruz del Quiché sigue dando la unidad clerical a esos dos segmentos, formando en lengua quiché a los párrocos dominicos de la zona. Después de 1829, la mayoría de ellos, o sus sucesores, se quedan en sus pueblos parroquiales, ya secularizados, bajo control directo del arzobispado de la capital. Pero las haciendas del convento “El Tululché” y “Chinique” pasan definitivamente a manos de compradores ladinos. En 1830, la hacienda “Chiché”, después de un largo juicio, que se inicia en 1813, termina por ser dividida por la mitad, entre el común ladino de Chinique y el común indígena de Chichicastenango.

26Paralelamente, en la contigua Vera Paz, en 1830 le son confiscadas a los dominicos sus ricas haciendas ganaderas y de azúcar de “San José” y “San Jerónimo” (para no serles devueltas nunca, aun por los conservadores en el poder). En Rabinal se subasta, en aplicación de las medidas liberales, las tierras ejidales, mientras que en Sacapulas, San Bartolomé Jocotenango, Jo-yabaj y Uspantán los viejos conflictos de tierras entre curas, cofradías, comunes de indios y parentelas ladinas, que vienen desde fin del siglo xviii, se reactivan con la aplicación de las leyes liberales sobre las tierras y bienes de cofradías. Durante el periodo conservador se apaciguan, pero sin llegar a desaparecer.

27Ahora, continuemos más detalladamente con la historia de un pueblo típico de la región durante el periodo, San Andrés Sajcabajá y su anexo San Bartolomé Jocotenango. Allí, en aplicación de las leyes nacionales sobre municipalidades, la dirección del pueblo queda compartida de 1823 a 1836 entre alcalde ladino y alcalde auxiliar indígena, y desde 1836 hasta 1871 coexisten una municipalidad ladina y otra indígena. Los puestos de regidores municipales corren por mitad para cada una de las dos comunidades. No pocas veces el secretario de Alcaldía es un indígena (en 1834, 1836, 1845, por ejemplo). Los indígenas pagan al Estado la contribución territorial hasta antes de 1825. El impuesto personal, después. Ambos establecidos sobre la base de los padrones tributarios fini-coloniales. Por su parte, los ladinos no tienen nada que pagar sino unas rentas simbólicas al Estado.

28En asuntos de tierras, varios de los juicios que prosiguen después de la Independencia (desde 1794 hasta 1845), por conflictos indígeno- ladinos y comunes-jueces de tierras, nos permiten entender el funcionamiento de los poderes pueblerinos para el periodo. Durante la primera acaparación latifundista ladina en contra del común de indios de Sajcabajá en 1794, el título de tierras del común habíadesaparecido en manos del juez visitador de tierra. Sin consideración frente a los cambios de legitimidad referencial del Estado central independiente, el común de Sajcabajá vuelve a reclamar dicho título a las nuevas autoridades en 1836. En vano, los ancianos lo reconstituyen entonces de memoria (los que habían asistido a la composición de 1794), para oponerse a los nuevos despojos de tierras baldías cometidas por los ganaderos ladinos de Canillá.

29Más reclamaciones en 1841 y en 1844 por Pedro Antun, alcalde indígena del municipio. Siempre en vano, el juez agrimensor venido de Sololá, atemorizado por el rumor ladino de una amenaza de sedición de los varios pueblos indígenas de la región, “para echarse encima de los ladinos y del juez, intentar atacar a sus propiedades, lanzarlos de sus tierras”, arbitra el conflicto a favor de los ladinos y reclama 321 pesos de comisión al común indígena de Sajcabajá. En 1845, al evaluar que la relación de fuerza en el terreno no está a su favor, dicho común acepta esas condiciones contra la composición definitiva de sus 430 caballerías de tierras comunales restantes. Con esa transacción final —que no será contestada sino hasta 1871—, se termina un conflicto que viene desde 1794 entre ganaderos ladinos y el común indígena y donde se nota bien el papel del Estado (a través de su juez de tierras, favorable a los ladinos) y de la nueva municipalidad republicana indo-ladina.

30Cuando la “república ladino-indígena” de Sajcabajá está amenazada en sus intereses agrarios comunes por elementos del exterior (en torno a tierras colindantes con los pueblos vecinos de Sacapulas, Zacualpa o Joyabaj en 1823, 1835, 1836, 1844 o frente al aparato judicial central para recuperar el título desaparecido en 1794, 1836, 1841, 1844), A NOMBRE DEL COMUNDESAJ-CABAJA, las autoridades ladinas se solidarizan con las indígenas contra el enemigo común, extramunicipal. Pero, cuando reaparece un conflicto interno entre ladinos y el común de indios (en 1794, 1836, 1844 y 1845), las autoridades municipales ladinas, aliadas de las de agentes del poder central, no se solidarizan con “sus indios” y acaparan sus tierras. Así, desde 1794 hasta 1845, bajo la tutela del Estado colonial, liberal y conservador, los ladinos de Sajcabajá han acaparado por vías de hecho o legalmente, mas de 4,000 ha del ejido de ese común de indios (o sea 20 por ciento) y toman la dirección municipal a pesar de representar no mas de 10 por ciento de la población. Lo cual les permite crear, ex nihilo, nuevas haciendas en plena propiedad, alquilar a bajo precio grandes cantidades de bosques y pastos comunales y ponerse como intermediarios locales incontornables entre las autoridades indígenas tradicionales o nuevas y los agentes del Estado Central.

31En cuanto a los indígenas originarios de Sajcabajá, en una posición de poder cada vez más marginada, son víctimas de una redoblada exclusión etno-política, peor que en el tiempo colonial. Pues, lo son frente al Estado central y la nación criolla (lo cual era tradicional), en su propio municipio (heredero de su reducción colonial) y en sus calpules prealvaradianos. Como se nota entonces, a pesar de que los conservadores impulsen una cierta política de retorno a la protección y desarrollo de la mayoría de la nación, en Sajcabajá, por lo menos, el balance de esa política para la población quiché puede ser caracterizado como una relativa “desdramatización” después de 1845, pero en ningún caso como un mejoramiento. Y en cuanto a los ladinos pobres, afectados por una tasa de crecimiento demográfica igual o superior a la indígena, sus necesidades crecientes de nuevos recursos los hacen chocar no solamente con la resistencia del común de indios, sino también los hace desear la superación, más allá del horizonte municipal restringido, de la exclusión donde los mantienen como “provincianos”, la elite conservadora y centralista.

32Entre indios pueblerinos y criollos urbanos, los “blanquitos” provincianos se exasperan de ser mantenidos en los márgenes rurales y no “civilizados” del Estado y de la Nación. Vale decir que, después de ios primeros cincuenta años de vida independiente en Guatemala y gracias a la evolución hasta un cierto individualismo agrario, generado por las primeras medidas liberales sobre tierras, existen en el Quiché y en el resto de los Altos, clientelas ladinas e indígenas en vías de ladi-nización, dispuestas a sacudir el orden conservador y listas para una cierta promoción social y política en el marco regional.

NACIONALIZACION MARGINAL Y PROVINCIANA DE LOS LADINOS: EXCLUSION CRECIENTE DE LOS INDIGENAS AFUERA DE TODO ORGANO ESTATAL REPRESENTATIVO: EL DEPARTAMENTO DEL QUICHE DE 1872 A 1970

33Apoyándose en esas clientelas organizadas en guerrillas provincianas —en el Quiché particularmente las ladinas e indígenas de Cubulco, Santa Cruz del Quiché y San Bartolomé Jocote-nango—, Justo Rufino Barrios conquista el poder ante la elite metropolitana conservadora, viniendo de la provincia, entre 1871 y 1873. Representante de la nueva generación liberal criolla, va a favorecer así una doble promoción social y política en el país:

• De esa parte de la elite criolla que se beneficia de una estrategia de sustitución de la exportación, cuando el café reemplaza el añil y la grana; que se beneficia también de una coyuntura internacional favorable al nuevo brillo del optimismo capitalista.
• De clientelismos locales criollo-ladinos interesados en la consolidación del mercado regional y del aparato de Estado, como vías de ascenso social, si no hasta el poder metropolitano por lo menos hasta los beneficios del poder provincial.

34Pero ahí está planteado el problema central del liberalismo: ¿capitalista al final, contradictoriamente integrador y diferenciados el proyecto nacional de esa nueva generación liberal autoritaria tendrá éxito en integrar al Estado y a su sociedad civil, constituida en Nación, a los eternos excluidos desde el siglo xvi? Las mayorías indígenas y minorías ladinas pobres del Quiché y de Guatemala.

El nuevo orden liberal en el departamento del Quiché (1871- 1920)

35La creación, en 1871, del nuevo departamento por Barrios no corresponde solamente a la voluntad de promover hasta el poder regional sus clientelas de partidarios locales que lo apoyaron en su conquista del poder central, sino también a la voluntad centralista de encuadrar mejor una de las zonas, hasta entonces, mal controlada del país. Pues, esta solo lo era a través del clero, con cinco parroquias en funciones después de 1833. Esa voluntad no garantiza la nacionalización de la región, pero sí su fiscalización, en contra de los poderes locales tradicionales: la Iglesia (por definición, antiliberal) y los últimos restos de representación indígena capaces de resistir los esfuerzos “integracionistas” del Estado liberal.

36Contra la Iglesia y sus partidarios políticos locales, quienes van hasta armar una contraguerrilla en Uspantán dirigida por Ramón Carrera en 1877), la nueva prefectura del Quiche —en manos de un militar— obtiene un éxito en la contrainsurgencia. Saca del aislamiento a Uspantán con la inauguración de un puente de hierro sobre el río Chixoy y quita a las pocas parroquias, todavía en función, sus últimos bienes. Muchas iglesias y presbiterios, abandonados por sus feligreses, caen en ruina, y las imágenes y estatuas santas pasan a manos de las cofradías indígenas, que continúan funcionando por casi un siglo en ausencia total de los curas (el caso de Sajcabajá, por ejemplo, desde 1873 hasta 1963).

37Más aún, en 1883, para el departamento se nombran cuarenta y dos maestros de escuela —funcionarios del Estado—, que a través de una veintena de escuelas atienden a 920 niños y a 258 niñas. Esa población escolar representa apenas 1,6 por ciento de la población del departamento, y es exclusivamente de ladinos.

38Y ahí nos viene inmediatamente la sospecha que, más allá de las intenciones afirmadas, la acción del Estado liberal-autoritario demuestra rápidamente ser bastante débil en cuanto a su capacidad para tomar realmente el control del territorio departamental y de su población. Además, no lo hace sino en forma conscientemente selectiva: escolarización dirigida solamente a elementos ladinos “urbanizados” de los principales centros de población (y no de todos: Chiché, Chichicas-tenango, Jocopilas, Nebaj, Sajcabajá se quedan sin escuela todavía hasta 1883), pero también movilización electoral, selectiva políticamente, en momento de elecciones nacionales. El censo electoral de 1882, de carácter censatario, da las cifras siguientes de electores empadronados (proporcionales a las lealtades locales con el Gobierno central): 2,710 inscritos sobre 75,979 habitantes (¡3,57%!). Repartidos, así:

39En el momento final de votar, en Sajcabajá solo 68 electores (1,6%) participan realmente el acto. ¡Qué lejos estamos de una verdadera participación universalizada a la vida política del país! ¡Qué lejos estamos de un Estado respaldado por una verdadera sociedad civil nacionalizada! Evidentemente, en el Quiché, lasociedad política “nacionalizada” se reduce a unas clientelas electorales muy restringidas: indígenas pro Barrios en Jocotenango y Cubulco; ladinos propietarios proliberales en el resto del departamento. Todo lo demás (96,43%), se queda en los comicios de 1882 afuera, sin mayores progresos hasta 1920. Por dos razones obvias, que impiden, por debajo de la falta de nacionalización política, la protonacionalización social: la marginalización económico-social de un departamento que se queda afuera del despegue del capitalismo dependiente en otras zonas del país (capital, costa pacífica y atlántica, Verapaz colonizada por alemanes); la marginalización etno-social de la mayoría indígena dentro del departamento.

40Síntoma inequívoco de la marginalidad socioeconómica del Quiché durante el periodo es la situación de los ladinos pobres (cuyo crecimiento demográfico es mayor que el de los propios indígenas), con tendencia crónica al bandolerismo propio de tierras de ganadería extensiva y de subempleo rural (en Chiché y Uspantán); a la multiplicación de la “ociosidad” y de sus efectos derivados (alcoholismo, juegos, billares) y al tráfico ilegal (abigeato, contrabando de alcoholes y tabacos, etc.) Asimismo, multiplicación de los casos de violencia interrelacional en el medio indígena, familiar y público (riñas, heridos, asesinatos, violaciones, incestos).

41La Iglesia en crisis no tiene función de encuadramiento institucional por medio de las parroquias. El Estado tiene para mantener el orden y la moralidad pública solamente una pequeña guarnición en Santa Cruz, una red de alguaciles y regidores indígenas en cada comunidad de indios y, en caso de emergencia, ladinos voluntarios armados, que se ponen bajo el mando de unos comisionados políticos o militares enviados por la prefectura. Para mantener la relación entre poder central y sociedad local, la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché dispone tan solo de dos correos a la semana con la capital y de un correo a la semana con las cabeceras distritales. Pueblos como Sajcabajá, cuya red vial no mejoró desde el siglo xvii, no dispone de correo alguno y el telégrafo no llegaría antes de 1918.

42Esa miseria del aparato de Estado en el departamento —comprobada por el hecho que el Quiché está casi en el último rango nacional en cuanto a sus presupuestos municipales por habitante (0,17 pesos/habitante en 1883)—, expresa claramente el estancamiento de las fuerzas productivas en la región. Aparte de la introducción de algunas plantaciones de café en Rabinal y de caña de azúcar en Uspantán, las producciones siguen allí siendo las de finales del siglo xvi, sin mejoras tecnológicas sustanciales: maíz, frijol, petates y textiles indígenas; carpintería, tejas, cueros, propias del artesanado rústico ladino. Las únicas especulaciones de tipo extensivo son la explotación del bosque y de la ganadería ovina y vacuna, así como el clientelismo estatal, pero con posibilidades restringidas de expansión. Para los intermediarios ladinos más astutos está destinada la explotación de las reservas indígenas de tierras y de mano de obra, con la condición de mantener y reforzar la exclusión de aquellas de la sociedad civil a nivel nacional o provincial y de los poderes municipales. Por lo tanto, definitivamente, ahí donde existe cohabitación ladino-indígena en el mismo municipio, el “común de indios” queda excluido de la municipalidad, monopolizada por los ladinos, y tiene que empezar una lucha sola y en retirada a niveles municipal y departamental, frente a la explotación colectiva ladina. En el ámbito municipal, ese apartheid se manifiesta por el hecho que solo la masa indígena paga impuestos significativos (impuesto territorial, multas), presta servicios forzosos y gratuitos, está sometida al colonato o la aparcería y, tiene que migrar a las lejanas plantaciones de la costa treinta días al año para conseguir recursos monetarios (en 1950, 22 por ciento de los trabajadores migratorios de Guatemala son indígenas originarios del Quiché). En los campos tanto municipal como departamental, y en aplicación de las nuevas leyes sobre las tierras, el segundo periodo liberal inicia a una segunda ola de agresión neolatifundista contra las reservas de tierras comunales indígenas, entre 1880 y 1920.

43Tres son las vías de esa agresión: privadas, municipales, estatales. En el caso del Quiché, la iniciativa es claramente estatal y en ello, el caso de las tierras comunales de Sajcabajá y su anexo Jocotenango es ejemplar. Deseoso de recompensar sus clientelas locales, que lo ayudaron a tomar el poder en 1871 - 1872, el gobierno liberal —a través de la Prefectura de Santa Cruz del Quiché— decide actuar en las tierras reputadas “baldías” de dicho común. A sus apoyos indígenas, los milicianos de Jocotenango, les reparte a 310 de ellos 2,274 hectáreas, en lotes de 1,6 a 7 hectáreas, entre 1886 y 1889. A sus apoyos ladinos acomodados, que sirven de intermediarios entre la prefectura criolla y la sociedad provincial ladino-indígena, les reparte de 1886 a 1890 más de 12,196 hectáreas, en lotes de 900 a 6,496 hectáreas, los cuales van a conformar cuatro nuevos latifundios de explotación ganadera y maderera extensiva. En tan solo cuatro años, el común de Jocotenango se ve amputado de 75 por ciento de sus reservas de tierras comunales por intervención directa del poder central.

44Paralelamente, en los pueblos indígenas donde los ladinos tomaron el monopolio del poder municipal, estos se adjudican con alquileres muy baratos grandes extensiones de bosques y pastizales comunales, anteriormente bajo control del cabildo indígena. Con el tiempo, y gracias a las leyes de redención de censos al 4 por ciento, garantizado por la administración de la “Sección de tierras”, el usufructo alquilado se transforma en posesión exclusiva y, no pocas veces, en apropiación definitiva de las tierras baldías adyacentes a las propiedades de los ladinos terratenientes. Pero dada la tasade crecimiento de dichos ladinos, igual o superior a la indígena (¡tasaque oscila entre el 30 y el 40por ciento!), raras veces eso termina consolidando un latifundio definitivo por causa de parcelación entre herederos del acaparamiento inicial en la segunda o tercera generación.

45Se consolidan así, al margen de las antiguas reducciones indígenas coloniales, comunidades consanguíneas ladinas que terminan por independizarse en municipios. Tal es el caso de los municipios ladinos de Chiché, Chinique, Lemoa, Jocopilas y Canillá, alrededor de 1900. Beneficiarios colectivos de la exclusión de los indígenas de toda representación en los niveles del poder municipal, departamental y nacional, esos ladinos, en su mayoría, se quedan pobres, con la única ventaja, ante la situación de los indígenas, de que participan libre (pero mediocremente) en la economía de mercado, de que el Estado los necesita como clientelas políticas (dependientes) y que sus relaciones de parentesco con los vecinos notables de la municipalidad les permiten explotar colectiva (faenas municipales) e individualmente (contratos tácitos de colonato o aparcería) una parte de la reserva de mano de obra indígena.

46Alrededor de 1920, la masa indígena excluida y explotada del departamento está más alejada que nunca del Estado-Nación y de la masa ladina. Beneficiaria mediocre de la explotación del indio en el marco municipal, esta no pasa —salvo unas excepciones individuales— de un estatuto de clientela política dependiente del Estado criollo, liberal y autoritario.

Un departamento instalado en reserva marginal del estado-nación (1920 - 1970)

47A pesar de la aparición de nuevos actores políticos en el contexto de la crisis de 1920 y de la tentativa reformista radical que corre de 1944 a 1953, el orden oligárquico, heredado del liberalismo autoritario, no cambia en lo esencial en Guatemala hasta 1970, gracias a una represión permanente que dura hasta hoy. Vale decir que los Altos guatemaltecos siguen siendo una reserva atrasada y marginal de la Guatemala capitalista exportadora y, particularmente, el Departamento del Quiche, por no presentar recursos naturales nuevos qué extraer y por no tener una elite provincial capaz de tomar a cargo un proyecto significativo de desarrollo regional para transformar la estructura socioproductiva de la zona. Solo las interpelaciones revolucionarias atraen la atención de los poderes nacionales y extranjeros sobre los peligros que, al final, podrían emerger de esa región olvidada —de parte del elemento ladino pobre en los 60, de parte del elemento ladino— indígena al final de los 70.

48Con la apertura de nuevas pistas, carreteras y la implantación de varias sectas protestantes proselitistas se empieza (entre 1960 y 1970) a “abrir” la zona en forma sectorial y limitada. Y, por primera vez desde 1873, la Iglesia católica intenta retomar el control espiritual de esa cristiandad olvidada y participar, con formas propias, en su movilización económico-social. Era tiempo: porque todos los indicios indican un inexorable deterioro económico y ecológico de la situación a partir de 1920, por ejemplo en Sajcabajá y Canilla:

49En Canillá, comunidad ladina generada a partir de una hacienda compuesta en 1794, la excesiva parcelación por sucesión termina por agravar la crisis de la ganadería y el agotamiento incipiente de las reservas de tierras de cultivo temporal. En Sajcabajá, comunidad indo-ladina, la exclusión mayor del común de indios de las reparticiones municipales de tierras disminuye la proporción de propietarios y provoca el receso de los bosques y suelos de las vertientes próximas a las aldeas pobladas. Ese fenómeno, dado el estancamiento de las técnicas agrícolas y ganaderas tradicionales, es consecuencia del crecimiento demográfico. Desde 1870 hasta 1970, la población, tanto ladina como indígena, se cuadriplica y pasa de 73,096 habitantes en 1881 a 249,939 en 1967, para todo el departamento. Esa presión de los hombres sobre la tierra altera la estructura comunitaria indígena, lo mismo sucede con las estructuras latifundistas ladinas iniciales, transformándolas en comunidades pueblerinas ladinas, rápidamente también superpobladas. De ahí que se dé un fantástico movimiento de nueva dispersión del hábitat rural en todo el Quiché, fuera de los centros poblados de origen. En búsqueda del mínimo terreno aprovechable, después de 1830, tanto los ladinos como los indígenas recuperan viejos terrenos agrícolas abandonados a la fuerza, en el momento de la creación de las reducciones en el siglo xvi. En 1881, casi 50 por ciento de la población departamental vive así en aldeas y aldehuelas. Más de 75 por ciento para 1970.

50Inevitablemente, esa centrifugación poblacional altera gravemente el poder de control de las autoridades indígenas sobre su comunidad, de las municipalidades ladinas sobre su población, del Estado sobre su departamento. Un indicio muy significativo al respecto es el de la escolarización y alfabetización en Sajcabajá y Canillá para el año 1964. Sus entonces 12,071 habitantes censados se reparten así:

51Para entender mejor la significación de esas cifras vale la pena hacer notar que en 1964 los “centros poblados” son, en su mayoría, aldeas importantes situadas fuera de la cabecera municipal, donde está la escuela. En Sajcabajá, por ejemplo, el 93 por ciento de la población vive ya en 1970 en aldeas y aldehuelas, fuera de la antigua reducción colonial.

52Pero esa relativa igualdad en el analfabetismo, entre ladinos pobres e indígenas, no puede esconder el hecho que la comunidad indígena, alterada por esos movimientos centrífugos, sigue más que nunca sujeta a la municipalidad en manos de los vecinos ladinos más notables. Y si tiene todavía éxito en mantener el principio de derechos comunales sobre las tierras comunales, de hecho, son los vecinos notables —ladinos— quienes alquilan por pedazos de 900 a 4,000 hectáreas de bosques y pastizales del común a sus parentelas y clientelas. A nombre del común (municipal) reparten obligaciones y multas solo entre la comunidad (indígena): impuestos, encarcelamientos por riñas o vagancia de animales, deportaciones forzadas por deudas de trabajadores (indígenas) migrantes a las plantaciones capitalistas de la costa del pacífico, trabajos forzados y gratuitos para obras municipales, etc. Y llegan hasta aprovechar relaciones de dependencia personal de los indígenas (compadrazgo, endeudamiento) para entremeterse en las reparticiones (indígenas) de tierras agrícolas. Así, pedazo por pedazo, juntando minifundios indígenas, componen, al final, “pequeñas” propiedades de 30 a 40 hectáreas (cuando lo máximo que puede gozar un líder comunal indígena por el valor de su cargo público es de 4 manzanas: 2,8 hectáreas).

53Esos mecanismos, reproducidos a través de todo el departamento donde tienen que coexistir minorías ladinas y mayorías indígenas, explica por qué la estructura agraria del Quiché, a pesar de sus condiciones etno-sociales y ecológicas muy particulares, no contradice la desigual estructura agraria del resto de la Nación. Pero, con circunstancias más agravantes en cuanto a la extracción de una renta precapitalista sin inversión de parte de los propietarios (colonato, aparcería).

Estructuras agrarias comparadas del Quiché y Guatemala en 1950

54Empresas cultivadas en colonato o aparcería

55Guatemala 9,5%

56Quiché 13,0%

57Para mejor darse cuenta del atraso relativo en el cual se encuentra ese departamento, indígena en 70 u 80 por ciento todavía en 1970, basta saber que menos del 10 por ciento de su población está “urbanizada” (si se puede hablar de “urbanización” por el hecho de vivir en una cabecera municipal sin infraestructura) y que menos del 1 por ciento de las empresas “industriales” y el 0,37 por ciento del asalariado permanente guatemalteco se encuentran radicados en el Quiche en 1964.

58El Quiche está fuera de la nación todavía en 1970, al hallarse suburbanizado, subalfabetizado, subequipado en escuelas, rutas, luz eléctrica y telecomunicaciones, subpoblado a pesarde su enorme vitalidad demográfica (400 por ciento desde 1850, pero con una densidad de solo 20h/km² en 1964), casi totalmente afuera del modo de producción capitalista y coercitivamente encuadrado por un aparato de estado insuficiente. La mayoría de su población no conoce del Estado más que intervenciones puntuales para levantar obligaciones fiscales, quitar tierras y mano de obra y, de vez en cuando, restablecer un orden raras veces comprometido a nivel local.

59Pero si en algo la acción del Estado (¿Nación?) durante los 150 primeros años de vida republicana tuvo allí una consecuencia, duradera y dramáticamente anti nacional, fue su favorecimiento de la competencia entre marginales ladinos y excluidos indígenas, hasta un odio racista esclerosado, que vino a impedir toda iniciativa regional modernizante hasta finales de los años setenta. Y cuando al final, bajo amenazas revolucionarias y presiones norteamericanas, el Estado central se preocupó para “abrir” el departamento al resto del mundo, no lo hizo en forma global e integrada, sino añadiendo nuevas divisiones a las antiguas: de tal forma que, a los viejos odios entre chauvinismos pueblerinos y parentelas ladinas e indígenas, superpuso rivalidades de sectas religiosas y desigualdades económico-sociales y micro regionales de forma concertada, contribuyendo a preparar el clima de guerra civil que reinaba allí en 1978 y del cual se aprovechó el brazo armado del Estado, a nombre de una ideología superada de guerra fría, para intervenir como sabemos.

60En más de 170 años de independencia, en el Quiché por lo menos y salvo raros momentos, el proyecto de Estado-Nación guatemalteco genéticamente criollo y racista, nunca supo comportarse como un Estado Nacional.

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