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Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica

 | 
Arturo Taracena
, 
Jean Piel

3. Construcción del Estado moderno

La dinámica política institucional y la construcción de un régimen democrático

Costa Rica en perspectiva Latinoamericana

Fabrice Edouard Lehoucq

Texte intégral

INTRODUCCIÓN

  • 1 Arturo Valenzuela y J. Samuel Valenzuela, “Los orígenes de la democracia: reflexiones teóricas sob (...)

1Según numerosos observadores, el desarrollo de una democracia estable en Costa Rica es el producto de una sociedad homogénea y relativamente igualitaria. Sin embargo, es cuestionable que ese trasfondo económico y social sea el responsable de la democratización del sistema político costarricense. El análisis comparativo revela, por ejemplo, que regímenes democráticos pueden emerger en sociedades —como la chilena— caracterizadas por una distribución extremadamente desigual de la tierra y de otros recursos económicos, y desgarradas por conflictos de clase a menudo violentos.1

2Aun cuando no sean confrontados los regímenes democráticos con una problemática que evidencia lo contrario, los enfoques sociológicos más comunes son demasiado imprecisos para explicar el comportamiento de los políticos costarricenses. En contraste con las imágenes percibidas de la democracia tica, la competencia política no siempre se verificó dentro de la arena electoral. Hasta fines del siglo xix, el acceso al poder se logró por medio de las armas o de elecciones fraudulentas, con frecuencia apresuradamente organizadas. Fue hasta después de la dictadura de Tomás Guardia (1870-1882), que se eligió a los presidentes en comicios intensamente competitivos, en los cuales era usual el fraude e incluso la violencia. Entre 1882 y 1948, los presidentes impusieron a sus sucesores en seis diferentes ocasiones. Durante este periodo, miembros de la oposición organizaron veintitrés rebeliones contra el Gobierno, tres de las cuales triunfaron. El uso de la violencia y el fraude para alcanzar el poder solo declinó luego de la Guerra Civil de 1948.

  • 2 La principal ha sido mi tesis doctoral, cuyo título es: The Origins of Democracyin Costa Rica in C (...)

3Más adelante, me ocuparé de presentar algunas de las conclusiones centrales de mis investigaciones sobre el desarrollo de las instituciones democráticas en Costa Rica.2 Esta ponencia arranca del supuesto que para explicar la democratización de cualquier sistema político es indispensable identificar las razones por las cuales los políticos respetan o rechazan los resultados de las urnas electorales. Por esa razón, se analizará por qué los presidentes y sus adversarios en Costa Rica, desde finales del siglo pasado, desistieron gradualmente de usar la violencia para llegar al poder y comenzaron a competir por control del Estado dentro de la arena electoral.

  • 3 Michael Hechtor, Principies of Group Solidarity (Berkeley: University of California Press, 1987), (...)

4El análisis del comportamiento político no implica, sin embargo, que sostenga que las características culturales o sociológicas de los políticos costarricenses —por ejemplo, sus propensiones democráticas declaradas— los haya motivado a reconocer las instituciones democráticas. El hecho de que muchos costarricenses, en diferentes momentos de sus carreras políticas, reconocieran al igual que descartaran los resultados de las urnas electorales muestra las debilidades de las explicaciones que enfatizan el papel de las normas culturales en el comportamiento político. También me abstengo de especular sobre el papel desempeñado por valores culturales en la toma de decisiones, debido a la dificultad de medir la importancia que tiene una norma para una persona o grupo si se carece de observaciones acerca de su comportamiento.3 Por el contrario, afirmo que la construcción gradual de la estabilidad política fue el resultado de una lucha entre los presidentes y sus adversarios para definir los poderes del Poder Ejecutivo.

5Un enfoque político-institucional tampoco implica que las estructuras económicas, étnicas o sociales no tengan impacto en la lucha por retener u obtener el poder. Sería un error afirmar que los políticos nunca responden a las demandas de movimientos sociales como sindicatos de obreros o de clase media, gremios de capitalistas o partidos que promueven proyectos clasistas, étnicos o nacionalistas. Un enfoque político-institucional, como lo defino, se basa en el supuesto de que es una tarea indispensable demostrar cómo los conflictos sociales afectan el comportamiento de los políticos. Dicho enfoque también implica que la lucha por controlar el Estado tiene su propia dinámica y, por lo tanto, no se puede reducir a una lógica social de cualquier índole.

6Como trataré de demostrar en este ensayo, la importancia del caso costarricense se fundamenta en que la construcción de un régimen democrático fue un proceso lento, lleno de retrocesos e incertidumbres. Es decir que la pacificación de las ambiciones políticas de los costarricenses no era inevitable, no obstante el hecho de que este proceso ocurrió en una sociedad racialmente homogénea, relativamente igualitaria y no excesivamente pobre. La conclusión central, a nivel comparativo, de esta ponencia es que los estatutos constitucionales y la estructura de las instituciones políticas pueden agravar—sino fomentar— la inestabilidad política. También hay que señalar que los analistas de la política latinoamericana tenemos que profundizar la tarea de documentar y explicar cómo la dinámica política-institucional afecta el comportamiento de los que luchan por el poder.

7Esta ponencia se compone de varias secciones. En la primera, se ofrece un retrato del presidencialismo costarricense antes de sus profundas transformaciones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949. Luego, se demuestra cómo la democratización del sistema político de Costa Rica se logró en la medida en que los mandatarios y la oposición optaron por repartir el control del Estado. También se demuestra cómo dicho acuerdo promovió la reforma del presidencialismo costarricense, no obstante el hecho de que la mayoría de los gobernantes y las maquinarias políticas locales se oponían a reducir la habilidad del presidente para manipular su poder discrecional en materia electoral. En la tercera sección, se argumenta que la Guerra Civil de 1948 fue el resultado de una serie de disputas entre distintas fracciones en torno del control del Estado y no, como se suele presumir, un producto del enfrentamiento entre gobiernos reformistas y la oposición ligada con la oligarquía del país. Se termina el ensayo con un énfasis en lo que implican mis investigaciones para la comprensión del desarrollo político costarricense y para el estudio de los orígenes de los regímenes democráticos y autoritarios en América Latina.

LA PREPONDERANCIA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENCIALISMO COSTARRICENSE

  • 4 Si no digo lo contrario, me refiero a la versión no reformada de la Carta Magna de 1871. Dicha con (...)

8La importancia de la Presidencia en la vida política de Costa Rica proviene de la preeminencia política poseída por el Poder Ejecutivo. Aunque la Constitución de 1871 estipulaba que todas las leyes necesitaban la aprobación del Ejecutivo y Legislativo, dicha Constitución redujo la autonomía del Congreso en la medida en que dotó al presidente con un número de poderes excepcionales.4 La Carta Magna de 1871 solo permitía al Congreso tener sesiones ordinarias durante tres meses al año, y facultaba al presidente para llamar a sesiones extraordinarias de la legislatura para discutir asuntos de su consideración durante los meses restantes del año. El presidente tenía poder para convocar a la Comisión Permanente, un cuerpo cuasi-legislativo compuesto por cinco diputados elegidos por sus colegas, para buscar la aprobación temporal de decretos de emergencia cuando el Congreso no estaba en sesión. Esta autoridad le dio al Poder Ejecutivo la capacidad de revocar las garantías individuales mediante la suspensión del orden constitucional.

9La responsabilidad del Poder Ejecutivo en el manejo de la administración local y nacional fue otra razón para la importancia institucional de la Presidencia en la vida política costarricense. Los presidentes nombraban a todos los ministros y seleccionaban a los miembros de las agencias autónomas y otras agencias ejecutivas. Ellos eran responsables de la elaboración del presupuesto nacional, de la recolección de impuestos, de la negociación de tratados con otros países y de la contratación de préstamos de bancos extranjeros. Por tanto, las decisiones tomadas por los presidentes de Costa Rica impactaban a los intereses de todos los que residían en el país.

10Finalmente, el control por parte del ejecutivo de tres ministerios determinaba si los presidentes conducirían sus gestiones gubernamentales. El Ministerio de Obras Públicas era una fuente de trabajo que los presidentes manipulaban para compensar a las autoridades locales por su lealtad política. A través del Ministerio de Gobernación, los presidentes controlaban la administración provincial y cantonal de la República. Desde este ministerio, ellos también nombraban a los funcionarios que inscribían votantes, quienes seleccionaban a los miembros de las mesas de sufragio y a los que realizaban el escrutinio del voto. Al nombrar a los funcionarios y personal del Ministerio de Seguridad Pública (llamado Ministerio de Guerra y Marina hasta 1923), los presidentes también protegían sus regímenes, defendían la soberanía nacional y poseían la autoridad coercitiva para hacer cumplir las leyes del Estado. En un sistema en el cual el Poder Ejecutivo estaba dotado con tanta autoridad, la política entonces giraba alrededor de la lucha por retener o por capturar el poder.

LUCHA POLÍTICA, JUEGO ELECTORAL Y REFORMA INSTITUCIONAL

  • 5 Para un análisis pormenorizado de estos procesos, además de consultar mi tesis doctoral, también v (...)

11La estabilidad política de Costa Rica se construyó de manera gradual a partir de 1882 una vez que los presidentes, bajo la amenaza de ser derrocados, desistieron de retener el poder o de imponer a sus sucesores. Si esta presión no hubiera existido, las fuerzas políticas que monopolizaban el poder nunca hubieran negociado con la oposición para crear nuevas formas de distribuir los cargos públicos.5

  • 6 Según la constitución de 1871, la mitad de los diputados del Congreso Constitucional se elegían ca (...)

12La amenaza de ser depuestos, sin embargo, no fue suficiente para persuadir a los presidentes de respetar los resultados de las urnas electorales. La competencia política también se volvió más pacífica en la medida en que los partidos que perdían la Presidencia fueron compensados con cierta representación en el Congreso. En los periodos legislativos, entre 1890 y 1990, los intentos por derrocar el Gobierno, organizados por sectores de la oposición, se incrementaban en la medida en que el porcentaje de los diputados en favor del Poder Ejecutivo aumentaba.6 En contraste, cuando el porcentaje de los diputados en favor del Gobierno se reducía notablemente, los que perdían las elecciones presidenciales invertían su tiempo en la labor parlamentaria y en obtener el poder a través de procesos electorales. Así, los políticos en el Gobierno y sus adversarios comenzaron a conformarse con los resultados de las urnas a medida que unos y otros desarrollaron intereses en las instituciones políticas vigentes.

CUADRO N° 1. Rebeliones y la influencia legislativa de los presidentes en Costa Rica, 1890-1900

CUADRO N° 1. Rebeliones y la influencia legislativa de los presidentes en Costa Rica, 1890-1900

FUENTES: Fabrice Edouard Lehoucq, “Presidentialism, Electoral Lawsandthe Development of Democratic Stabillty in Costa Rica, 1882-1990”, Cuadro N° 2.
NOTAS: Los partidos políticos aparecieron en Costa Rica durante la campaña electoral de 1889-90. Las afiliaciones partidistas de los diputados durante la elección de 1900 no se pudieron identificar. Los datos para el año 1918 no se incluyen porque, entre 1917-19, existió una dictadura en Costa Rica.
* Número de elecciones están en paréntesis.

13Es necesario destacar que la estabilidad democrática está relacionada con la participación de la oposición en el manejo del Estado. Esto demuestra que la pacificación de la lucha por el poder no requiere la existencia de políticos previamente socializados a las normas democráticas. Todo lo contrario: se puede afirmar, con base en el caso costarricense, que los presidentes y sus adversarios canalizaron sus disputas a través de elecciones competitivas en la medida en que la lucha por retener u obtener el poder los obligó a construir una cultura democrática en donde el respeto por las instituciones republicanas comenzaron ser valorados por sí mismas. En su búsqueda por controlar y mantener el poder, las fuerzas políticas desarrollaron formas de regular la distribución del Estado, quizás no previstas por nadie.

14Es importante subrayar dichas conclusiones porque indican que la construcción de un régimen democrático es un proceso lleno de incertidumbre y riesgo. El hecho de que los presidentes y sus opositores no hayan podido ponerse de acuerdo en América Latina para compartir el control del Estado y, por lo tanto, respetar los resultados de las urnas electorales, demuestra que las condiciones para respaldar dichos arreglos no existieron frecuentemente. Sospechamos que uno de los obstáculos más importantes de la democratización de la política latinoamericana consiste en la existencia de un presidencialismo excesivamente fuerte. La posibilidad de que los presidentes pudieran manipular los recursos del Poder Ejecutivo siempre existió —y existe— como una amenaza contra la estabilidad política.

15Para asegurarse de que el Mandatario respetaría los derechos políticos de sus contrincantes, la oposición en Costa Rica se dedicó a reformar las instituciones del sistema político vigente. Este proceso fue propiciado por el acceso al Congreso y, ocasionalmente, al Poder Ejecutivo, que alcanzaron los adversarios de una Presidencia fuerte, cuyos objetivos eran los de reducir, si no eliminar, la capacidad del gobernante de suspender el orden constitucional, de marginalizar el Poder Legislativo en la toma de decisiones y de utilizar su poder discrecional en materia electoral para excluir a sus opositores del sistema político.

  • 7 Orlando Salazar Mora, “La Comisión Permanente y la suspensión del orden constitucional”, Revista d (...)

16La primera reforma importante al presidencialismo costarricense fue quitar la posibilidad que tenía el gobernante de imponer su voluntad en el Congreso, a través de la abolición de la Comisión Permanente en 1910. Las otras reformas importantes, aprobadas durante ese año, consistieron en restringir la capacidad del presidente para suspender el orden constitucional y obligarlo a obtener el apoyo legislativo para adoptar una disposición de este tipo.7 Ambas reformas constitucionales fueron posibles gracias a que el presidente González Víquez (1906-10), quien había llegado al poder a través del fraude organizado por su predecesor Ascensión Esquivel Ibarra (1902-6), temía ser víctima de un golpe y porque, al final de su gestión gubernamental, sus contrincantes dominaban el Congreso.

  • 8 Orlando Salazar Mora, El apogeo de la República liberal en Costa Rica, 1870-1914 (San José: Editor (...)

17Los adversarios de un Ejecutivo poderoso también lograron promulgar nuevas leyes y reformar la Constitución en materia electoral. Durante la primera administración de Ricardo Jiménez Oreamuno (1910-14) —uno de los pocos presidentes interesados en promover la reforma electoral— la Constitución se reformó para crear el voto directo para todos los cargos electivos. En 1913, la Constitución también se alteró para eliminar la capacidad del Presidente de manipular las asambleas electorales provinciales, en las cuales los electores elegidos por la ciudadanía seleccionaban a presidentes y diputados. Antes de dichos cambios, tres de las seis administraciones presidenciales entre 1890 y 1910 habían encarcelado a electores de la oposición para impedir la victoria de sus contrincantes.8

18Las garantías para los partidos de oposición se incrementaron con la aprobación del voto secreto como reforma fundamental de la Ley de Elecciones emitida en 1925. En 1925, las garantías contra el uso del fraude también se incrementaron con la creación del Gran Consejo Electoral, un tribunal dedicado a resolver conflictos electorales, y con el desarrollo de un registro nacional de votantes. La Ley de Elecciones de 1927 establecía la distribución de identificación fotográfica para todos los ciudadanos y también el reemplazo del sistema de abastecimiento de papeletas electorales, a través de maquinarias políticas, por un sistema de papeletas suministradas por el Ministerio de Gobernación.

  • 9 Samuel Z. Stone, La dinastía de los conquistadores: la crisis del poder en la Costa Rica contempor (...)

19Es importante destacar que la reforma electoral en Costa Rica no giraba alrededor de una disputa entre los que querían y los que se oponían a expandir el sufragio. Según la Constitución de 1871, el derecho al voto se restringía a los varones mayores de 20 años que poseían propiedad o empleo, o a los hombres mayores de 18 años si estaban casados o eran profesores de alguna ciencia; pero saber leer y escribir no era un requisito para poder votar. Desde finales del siglo diecinueve, el porcentaje de votantes se incrementó del 8,75 al 18,08 del total de la población de la República.9 La lucha por la reforma electoral, como en la mayoría de los otros países latinoamericanos, más bien enfrentaba las fuerzas políticas que querían eliminar el fraude con las otras que se beneficiaban de él.

20A pesar de las reformas descritas, la legislación electoral vigente todavía permitía un uso extendido del fraude, y no solo porque la mayoría de los presidentes estaban poco deseosos de renunciar a lo que quedaba de un útil expediente para alterar los resultados de las urnas, sino también porque muchos diputados bloquearon cambios que habrían eliminado deteriorado la capacidad de las maquinarias políticas locales (oficialistas u opositoras) para manipular los cargos electivos. Por ejemplo, el requisito de que los ciudadanos debían exhibir una identificación con foto para poder votar, fue pospuesto durante las décadas de 1920,1930 y 1940. Pero sí se mantuvo la disposición que permitía a los ciudadanos sufragar en distritos distintos de los de su residencia (los famosos “votos por computar”), lo que permitía a los Gobiernos y a las camarillas políticas locales, dada la falta de una identificación apropiada, inflar sus niveles de apoyo electoral y disminuir el de sus adversarios. Las estimaciones disponibles indican que, a mediados del decenio de 1940, había entre 40.000 y 60.000 identificaciones electorales falsas, o sea entre una tercera y una cuarta parte del electorado.

EL CAMINO HACIA LA GUERRA CIVIL DEL 48

21Las deficiencias de la legislación vigente siempre eran una tentación para cualquier gobernante. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera distorsionar los resultados de las urnas electorales permanecía como una fuente de incertidumbre y, por lo tanto, de inestabilidad política. Una vez que su popularidad comenzó a menguar y su influencia política amenazaba con reducirse, el presidente Rafael Angel Calderón Guardia (1940-1944) se valió de los mecanismos creados por el presidencialismo costarricense para limitar las posibilidades que tenían sus oponentes de alcanzar el Ejecutivo y el Legislativo.

22Los problemas del doctor Calderón Guardia se agravaron cuando comenzó a enfrentarse con León Cortés Castro (1936-40), su aliado político y predecesor. El presidente Calderón Guardia temió que un virtual triunfo de Cortés en las elecciones presidenciales de 1944 significara la persecución tanto en contra suya cuanto del movimiento que encabezaba. En efecto, entre fines de 1940 y principios de 1941, varios parientes de Cortés Castro perdieron sus puestos en el Gobierno y, en mayo de este último año, Calderón Guardia y sus diputados apoyaron a Teodoro Picado para Presidente del Congreso, en vez de apoyar al hijo de Cortés Castro. De esta forma y de acuerdo con el embajador norteamericano de la época, Calderón Guardia incumplió el acuerdo que tenía de mantener en el Gobierno a los familiares de León Cortés y de apoyar la candidatura presidencial de este último en 1944.

  • 10 Lehoucq, “The Origins of Democracy in Costa Rica in Comparative Perspective”, pp. 187-94.

23Para evitar las eventuales represalias cortesistas (presagiadas por la intensa campaña de desprestigio lanzada en contra del Gobierno por Cortés y su familia), Calderón Guardia empleó las prerrogativas del Ejecutivo para excluir a sus adversarios del sistema político. La victoria presidencial de Picado Michalski, en 1944, fue vista ampliamente como producto del apoyo que Calderón Guardia le dio, a pesar de que mi análisis de los resultados electorales de ese año revela que el fraude patrocinado oficialmente pudo haber contribuido al triunfo de Picado, aunque no de manera decisiva.10 La marginación de la oposición en el Congreso fue otro factor desestabilizante: entre 1940 y 1944, los partidos pro gobierno controlaron casi tres cuartos del total de asientos legislativos. Al alterar el delicado balance del cual dependía la estabilidad política en Costa Rica, Calderón Guardia provocó la formación de grupos que empezaron a considerar el uso de la fuerza como medio para alcanzar el poder estatal.

  • 11 Analizo los estudios más importantes de los cuarenta en mi: “Class Conflict, Political Crisis and (...)

24Es necesario precisar estos hechos político-electorales para que quede en evidencia que, a pesar de las otras interpretaciones de la Guerra Civil del 48, dicha revuelta política no fue un producto de un enfrentamiento entre gobiernos reformistas y una oposición alineada con los sectores oligárquicos del país.11 Aunque los presidentes Calderón Guardia y Picado Michalski tomaron medidas como la creación del Seguro Social y el Código de Trabajo en 1943, que afectaron adversamente los intereses de los miembros de la clase dominante, también las redactaron de una manera que minimizaron su impacto en el sector cafetalero. El Código de Trabajo, por ejemplo, prohibió las huelgas en el sector agrícola y sus formulaciones solamente se aplicaban a los patrones que empleaban a cinco o más obreros permanentes. Estos gobiernos también promulgaron leyes que promovieron los intereses del sector industrial emergente. Por dichas razones y por el hecho de que estos gobiernos tenían el respaldo de las fuerzas armadas, la gran mayoría de capitalistas rehusaron apoyar los esfuerzos subversivos, organizados por distintos sectores de la oposición nacional.

25Tampoco se puede argumentar que en las postrimerías de las reformas sociales, la lucha política se polarizara en la medida en que el presidente Calderón Guardia comenzó a aliar su gobierno con el Partido Comunista y el movimiento obrero incipiente. Es decir, que la formación de una alianza electoral entre el candidato respaldado por el Gobierno de Picado Michalski y la izquierda costarricense —autodenominada el “Bloque de Victoria”— no demuestra que la lucha política comenzara a expresarse en la lucha de clases cada vez más visible en Costa Rica. No se puede negar que el movimiento del Partido Republicano Nacional hacia la izquierda alienó a muchos costarricenses e inyectó una dimensión ideológica al discurso político que, hasta entonces, carecía de discursos clasistas. El hecho de que la división entre los partidarios y los oponentes de Calderón Guardia se manifestara substancialmente antes del periodo en que el Partido Comunista expresara cualquier simpatía por este gobierno sugiere que muchas de las interpretaciones vigentes han ignorado las raíces institucionales y las consecuencias de los conflictos políticos de los años cuarentas en Costa Rica. Así pues, la alianza del gobierno con el Partido Comunista contribuyó a polarizar la lucha política, pero no fue el factor decisivo en tal proceso.

26En un esfuerzo para estabilizar su gobierno, Picado Michalski permitió a sus adversarios capturar aproximadamente la mitad de todos los asientos legislativos en los comicios de 1946 y 1948. Más importante aún, Picado Michalski apoyó un proyecto de ley a principios de 1945, cuyo fin era eliminar la posibilidad que tenían todas las fuerzas políticas de fabricar votos fraudulentos. Las principales innovaciones del Código Electoral propuesto incluían crear un Tribunal Nacional Electoral para resolver los conflictos respecto de los asuntos y resultados electorales. Asimismo, la creación de un nuevo Registro Electoral buscaba impedir que los ciudadanos votaran más de una vez el día de las elecciones, al formar una lista exacta de los individuos con derecho a sufragar y al suministrar a cada ciudadano una cédula de identificación fotográfica.

  • 12 Para un análisis más detallado de los orígenes del Código Electoral, véase mi artículo: “Instituti (...)

27Picado Michalski logró vencer la oposición a la promulgación de leyes electorales imparciales, porque contó con el apoyo de un heterogéneo grupo de diputados, pro y anti-gobiernistas quienes aprobaron el Código Electoral propuesto. Las maquinarias políticas calderonistas o de base local, fracasaron en organizar una coalición anti-reforma porque bastantes legisladores creían que podrían ganar aun en comicios honestos, o porque las consecuencias de la inacción legislativa eran peores que las de la reforma. De esta manera, la modificación de la legislación electoral en Costa Rica representó un ejercicio en la limitación del daño: importantes sectores del bloque gobernante reconocieron que cederé! poder a la oposición —el efecto más probable de la reforma electoral— era preferible a aumentar la incertidumbre política y favorecer el probable estallido de una guerra civil.12

28A pesar de la disposición de Picado Michalski para negociar acuerdos políticos mutuamente beneficiosos con la oposición, las relaciones entre el Gobierno y sus adversarios se volvieron tensas. El regreso de Calderón Guardia a Costa Rica, después de su larga estadía en Nueva York, y la preparación de su campaña presidencial pusieron en peligro las negociaciones entre los moderados pro y anti-gobiernistas. La competencia política se polarizó cada vez más, a medida que la campaña de desprestigio lanzada por los opositores de línea dura persuadió a líderes claves de la Oposición de que el compromiso con Picado solo serviría paraque Calderón Guardia fuera impuesto en la Presidencia en 1948.

  • 13 El único estudio disponible de la junta es: John W. Gardner, “The Costa Rican Junta of 1948-49,” u (...)

29Los resultados de las elecciones de 1948 indicaron que el candidato opositor, Otilio Ulate Blanco, había derrotado a Calderón Guardia. Manchado por numerosas irregularidades, tal resultado fue cuestionado por muchos calderonistas, quienes lograron anular la victoria de Ulate en la sesión del Congreso convocada para el primero de marzo de 1948 con el fin de juzgar la validez del dictamen de las urnas. En las semanas que siguieron, esfuerzos para negociar un pacto entre fuerzas pro y anti-gobiernistas perdieron sentido, una vez que el ejército conducido por Figueres Ferrer (un opositor de línea dura) ganó la Guerra Civil. Después que la Guerra Civil concluyó, Figueres Ferrer organizó una Junta que gobernó la República por un período de 18 meses.13

LA CREACION DE UNA NUEVA CONSTITUCION

  • 14 Estudios de la Asamblea Nacional Constituyente son: Osear Aguilar Bulgarelli, La constitución de 1 (...)

30Unicamente después de la Guerra Civil de 1948, los opositores a una Presidencia fuerte lograron convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reestructurar las disposiciones constitucionales y las instituciones políticas.14 Dominada por los representantes del partido de Ulate Blanco, la Asamblea Nacional Constituyente rechazó el proyecto de constitución de la Junta, en el cual esta declaraba a favor de una expansión dramática del papel del Estado en la sociedad y en la economía. Marginados dentro de la Constituyente, delegados aliados con el Gobierno no pudieron impedir que la mayoría redujera la capacidad de la Junta de emitir leyes sin el apoyo de la Constituyente. Contrariamente a los deseos de la Junta, la Asamblea restringió su tarea a reestructurar las relaciones entre los Poderes del Estado establecidas en la Carta Magna de 1871.

31La Constituyente de 1949 reforzó los poderes del Legislativo mientras que redujo los del Poder Ejecutivo a solo ejecutar las leyes existentes. Expandió la autonomía de la legislatura al aumentar sus sesiones ordinarias a seis meses; durante dicho periodo, el Ejecutivo y el Legislativo podían mandar proyectos a la Asamblea. Durante las sesiones extraordinarias, en contraste, el presidente convocaba a la Asamblea y determinaba su agenda. La Constituyente adoptó prácticas características de regímenes parlamentarios: facultó a la Asamblea Legislativa para conducir interpelaciones de ministerios y para censurarlos, dado el apoyo de dos tercios de los diputados.

  • 15 Desafortunadamente, esta institución política fundamental ha permanecido poco estudiada. Ensayos d (...)

32La institución más innovadora creada por la Constituyente fue el Tribunal Supremo de Elecciones.15 Para garantizar la honestidad de las elecciones, el Tribunal se compuso con tres magistrados propietarios y tres suplentes, cada uno de los cuales sirve escalonadamente en términos de seis años y son elegidos por dos tercios de los votos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Supremo de Elecciones, considerado en 1975 un poder igual a los otros tres, es el único responsable de llamar a elecciones, nombrar a los miembros de las mesas de sufragio, interpretar todas las provisiones legales y constitucionales relacionadas con asuntos electorales, investigar reclamos de parcialidad por parte de funcionarios, computar el voto popular, y declarar a los ganadores de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Finalmente, la Constituyente otorgó el voto a todos los costarricenses mayores de 20 años.

33Desde la promulgación de la Constitución de 1949, Gobierno y oposición han evitado en gran medida el uso de la violencia, y los políticos se han enfrentado por el control estatal en elecciones imparciales, competitivas y periódicas.

UNA POLITICA NO IDEOLOGICA: CONCLUSIONES CENTRALES SOBRE EL CASO COSTARRICENSE

34El estudio de las tendencias políticas desde 1882 revela que, a medida que a los grupos opositores les fue permitido ocupar asientos en el Congreso, los mismos se volvieron moderados. Es decir, que prefirieron competir en la arena electoral por el acceso al poder del Estado. Además, una vez que los políticos en el gobierno comprendieron que renunciar al control ejecutivo en favor de sus adversarios no los excluía necesariamente de la arena política, comenzaron a confiar en las urnas para seleccionar a los que iban a ocupar cargos electivos.

35Es importante destacar que las épocas más turbulentas de la historia política costarricense —los ocho años de la dictadura de Rafael Iglesias Castro (1894-1902) y la de Federico Tinoco Granados (1917-1919)—fueron provocadas por presidentes que rehusaron compartir el control del Estado con sus adversarios políticos. Por lo tanto, durante los años cuarentas no fue la única vez —aunque quizás fue la más importante— en que un presidente, en sus intentos por marginar a sus contrincantes del sistema político, tomó decisiones que contribuyeron a polarizar la dinámica política.

36Dichas afirmaciones no implican que el comportamiento de los capitalistas no haya tenido consecuencias políticas. Es indiscutible que, por ejemplo, la creación de un banco central y la declaración de impuestos sobre la renta por el presidente González Flores (1914-17) promovieron la formación de una coalición entre intereses oligárquicos, militares ambiciosos y partidos de la oposición para derrocar su gobierno. Como he señalado en mis investigaciones, pienso que la oposición oligárquica al “caldero-comunismo” fue más aparente que real y que, de todas formas, no es la razón por la cual se polarizó la dinámica política en Costa Rica durante la década de los cuarentas. Estos ejemplos demuestran que la clase dominante no siempre ha sido decisiva en los acontecimientos políticos y que, por los menos, hay que reconceptualizar su papel en la vida republicana de Costa Rica o de cualquier otro país latinoamericano.

  • 16 Creo que el primero que haya señalado la Importancia del Estado como una fuente de empleos y de pr (...)

37A la luz de lo expuesto, se puede afirmar que la principal división de la política costarricense ha consistido (y consiste) en la confrontación entre los que controlan el Ejecutivo y los que no. En una sociedad sin grandes conflictos étnicos ni de clase y con una economía subdesarrollada, no debería sorprender que la Presidencia haya sido (y sea) tan importante. Por medio del Poder Ejecutivo, los políticos y las maquinarias locales obtenían empleos, contactos y prebendas para sostenerse económicamente.16 Dada su importancia en la vida nacional y los recursos a su disposición, el control de la Presidencia ha fomentado las alianzas que han distinguido amigos de enemigos.

  • 17 Véase, Phllippe I. Bourgois, Ethnicity at Work: Divided Labor on a Central American Banana Plantat (...)
  • 18 Claudio Vargas, El liberalismo, la Iglesia y el Estado en Costa Rica (San José: Editorial Alma Mát (...)

38A diferencia de otros países, en Costa Rica la lucha política no se ha caracterizado por la confrontación entre fuerzas a favor o en contra de un papel importante para la Iglesia Católica en la política, entre grupos étnicos opuestos o entre una izquierda y una derecha bien definidas, cada una con apoyo de clases sociales divergentes. A pesar de la presencia de una población afrocaribeña en la provincia de Limón, la homogeneidad racial de la mayoría de los costarricenses que viven en el Valle Central ha prevenido el surgimiento de conflictos raciales en este país.17 Aunque a finales del siglo diecinueve, las luchas sobre el papel de la Iglesia Católica en la política ayudaron a estructurar el sistema de partidos, dichos conflictos se disiparon en los comienzos del siglo veinte.18

  • 19 Véase: Víctor Hugo Acuña Ortega, “La ideología de los pequeños y medianos productores cafetaleros (...)

39Vale la pena destacar que la citada interpretación calza muy bien con la observación de que la lucha por el poder en Costa Rica se ha caracterizado por pleitos personalistas y por la ausencia, durante largos periodos, de debate programático e ideológico. Más bien, la dinámica política y el discurso político han girado, como lo han demostrado varios historiadores, en torno de la protección de los intereses y valores de las clases medias rurales (y después de 1948, cada vez más urbanas), la promoción de las instituciones democráticas y la defensa de la identidad nacional costarricense.19 Así pues, la política en Costa Rica ha sido y sigue siendo esencialmente no ideológica.

EL PAPEL DEL PRESIDENCIALISMO: IMPLICACIONES DEL CASO COSTARRICENSE

  • 20 No examino criticismos contemporáneos del presidencialismo que enfocan en el impacto de gobiernos (...)

40Mi análisis de la vida política en Costa Rica sugiere que la estructura del presidencialismo de este país fue la causa principal de la inestabilidad que existió hasta mediados del siglo veinte. En los párrafos siguientes, ubico el caso costarricense en una perspectiva comparativa; se pone énfasis en el papel desempeñado por arreglos constitucionales e instituciones políticas en la vida típicamente turbulenta de los países latinoamericanos. Sostengo que las interpretaciones existentes del desarrollo de regímenes democráticos en América Latina necesitan ser complementados con análisis sobre el impacto de instituciones en general y del presidencialismo en particular en la lucha política.20

  • 21 Un buen estudio comprensivo realizó: Bernardo Bravo Lira, “Etapas históricas del Estado constituci (...)
  • 22 Para un buen estudio de este problema, véase: Diego Valadés, La dictadura constitucional en Améric (...)

41La mayoría de las constituciones de Centro y Suramérica históricamente crearon sistemas presidencialistas altamente centralizados debido a que el Poder Ejecutivo frecuentemente tenía la capacidad de marginar la legislatura y la facultad de suspender el orden constitucional.21 Los legisladores latinoamericanos solamente han tenido poder para llevar a cabo sesiones ordinarias por periodos cortos. Frecuentemente, ellos han estado reunidos en sesiones extraordinarias a petición del presidente. Durante tales periodos, los presidentes de muchos países poseían la autoridad para determinar la agenda del parlamento. La capacidad de los presidentes de declarar un estado de sitio unilateralmente, o con mínima consulta legislativa, también les ha permitido utilizar sus facultades para abusar, —si no reprimir—, de sus adversarios.22

42El recurso más importante poseído históricamente por los presidentes latinoamericanos surge de su custodia de la maquinaria electoral del Estado. Hasta que los tribunales electorales fueron creados durante el siglo veinte, el Ministro de Gobernación —un funcionario nombrado por el Mandatario— era el responsable de la confección de los registros de sufragantes, y de la distribución de cédulas electorales a ciudadanos habilitados para votar. El Poder Ejecutivo también seleccionaba a los funcionarios de los recintos electorales, nombraba a los encargados del escrutinio de votos y frecuentemente resolvía conflictos sobre resultados y leyes electorales.

  • 23 Julio Heise González, El periodo parlamentario, 1861-1925: democracia y gobierno representativo en (...)
  • 24 Rolando Franco, Democracia “a la uruguaya”:análisis electoral, 1925-1985 (Montevideo: Editorial Li (...)
  • 25 Véase: Anne Louise Potter, “The Failure of Democracy in Argentina, 1916-1930: An Institutional Per (...)

43Varios estudios documentan cómo la forma tomada por el presidencialismo en América Latina ha contribuido a la precariedad de la democracia en dicha región. Guerras civiles y otros tipos de conflictos en Chile, por ejemplo, frecuentemente fueron provocados por presidentes que abusaron de las facultades a su disposición como Gobernantes.23 Un régimen democrático se consolidó en Uruguay cuando partidarios compartieron el Poder con sus contrincantes y crearon un sistema autónomo de tribunales electorales en 1925.24 La inestabilidad histórica de la política argentina ha sido trazada por la omnipotencia del Poder Ejecutivo de ese país. La facultad de los presidentes para despedir a gobernadores elegidos popularmente, por ejemplo, ha sido responsable de agravar los conflictos entre el Gobierno y la oposición, esto llevó a la destrucción de la democracia argentina en 1930.25

44Lo que mi análisis del caso costarricense, junto con otros estudios históricos del presidencialismo latinoamericano, demuestra es que la práctica común de dotar al Poder Ejecutivo con poderes extraordinarios no solo ha agravado, sino ha creado, conflictos en los países de la región. Dada la experiencia latinoamericana, se podría afirmar que, en la medida en que se aumentan los poderes del presidente, la lucha por retener u obtener el control del Estado se intensifica. En sociedades económicamente subdesarrolladas, la importancia de mantener o de capturar el Poder Ejecutivo se pone aun más evidente: en un ambiente donde los empleos bien remunerados son escasos, el Estado se convierte en fuente de trabajo, influencias y prebendas.

  • 26 Para un análisis del impacto de los conflictos sociales en la política chilena, véase: Timothy R. (...)
  • 27 Los estudios sociológicos más prominentes incluyen: Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens (...)

45Estas hipótesis no niegan el papel desempeñado por conflictos sociales y económicos en fomentar la caída de los regímenes democráticos. La ausencia de una severa división social en la política costarricense indudablemente redujo la intensidad de los conflictos en torno del control del Estado. Discrepancias en torno del papel de la Iglesia Católica en la sociedad chilena, junto con la formación de sindicatos urbanos y movimientos agrarios, solo exacerbaron los conflictos creados por la lucha por retener o controlar el Poder Ejecutivo en este país.26 Lo que dichas afirmaciones indican es que las interpretaciones existentes que enfatizan el impacto del subdesarrollo económico y la lucha de clases en la vida política necesitan ser reexaminados y tal vez aún substancialmente modificados.27

Notes

1 Arturo Valenzuela y J. Samuel Valenzuela, “Los orígenes de la democracia: reflexiones teóricas sobre el caso de Chile”, Estudios Públicos (Santiago de Chile), No. 13 (Primavera 1983). También véase mi “Explicando los orígenes de los regímenes democráticos: Costa Rica bajo una perspectiva teórica”, Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 16, No. 1 (1990).

2 La principal ha sido mi tesis doctoral, cuyo título es: The Origins of Democracyin Costa Rica in Comparativo Perspective. La defendí en diciembre de 1992 en el Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, EE.UU. Dicha tesis también se encuentra en “University Microfilms International” en Ann Arbor, Michigan (Número 9321707). Los otros escritos míos los cito en las otras notas de pie de este artículo. Todos los hechos presentados en este ensayo no documentados en otros trabajos científicos están respaldados por fuentes periodísticas costarricenses y por los archivos diplomáticos estadounidenses, cuyas referencias se encuentran en mi tesis doctoral. No las cito en este trabajo para evitar la acumulación de un gran número de notas de pie.

3 Michael Hechtor, Principies of Group Solidarity (Berkeley: University of California Press, 1987), pp. 3-6 y Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latín America (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 19-37.

4 Si no digo lo contrario, me refiero a la versión no reformada de la Carta Magna de 1871. Dicha constitución ha sido publicada en: Marco Tulio Zeledón, Digesto constitucional de Costa Rica (San José: Colegio de Abogados, 1946), pp. 207-24 y en: Hernán G. Peralta, Las constituciones de Costa Rica (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1962). Presentaré una discusión breve de la Constitución de 1949 en una sección subsecuente de este ensayo

5 Para un análisis pormenorizado de estos procesos, además de consultar mi tesis doctoral, también véase mi artículo: “Presidentialism, Electoral Laws and the Developmentof Democratic Stability in Costa Rica, 1882-1990”, manuscrito inédito, mayo, 1993.

6 Según la constitución de 1871, la mitad de los diputados del Congreso Constitucional se elegían cada dos años. Desde 1893, la mayoría se eligió a través de distintos sistemas de representación proporcional; con la emisión del Código Electoral en 1946, todos los diputados han sido elegidos por el método de resto mayor del sistema de representación proporcional con listas bloqueadas y cerradas. Después de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, los diputados de la Asamblea Legislativa se elegían cada cuatro años para coincidir en sus curules con el presidente electo simultáneamente. Asimismo, antes del 49, la Constitución permitía la reelección de los diputados. Según la Carta del 49, la reelección está prohibida para periodos consecutivos; sin embargo, los diputados pueden ser reelegidos luego de permanecer por lo menos cuatro años fuera de la Asamblea. Para un análisis de las consecuencias de dichas leyes sobre distintos aspectos del sistema de partidos políticos, véase John M. Carey, “Term Limits and Legislative Representaron,” Tesis doctoral no publicada, University of California, San Diego, 1993 (la tesis de Carey está basada en los casos de Costa Rica, los Estados Unidos y Venezuela).

7 Orlando Salazar Mora, “La Comisión Permanente y la suspensión del orden constitucional”, Revista de Ciencias Jurídicas (San José), No. 44 (mayo-agosto 1981).

8 Orlando Salazar Mora, El apogeo de la República liberal en Costa Rica, 1870-1914 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1990), pp, 177-230.

9 Samuel Z. Stone, La dinastía de los conquistadores: la crisis del poder en la Costa Rica contemporánea (San José: EDUCA, 1975), p. 236.

10 Lehoucq, “The Origins of Democracy in Costa Rica in Comparative Perspective”, pp. 187-94.

11 Analizo los estudios más importantes de los cuarenta en mi: “Class Conflict, Political Crisis and the Breakdown of Democratic Practices in Costa Rica: Reassessing the Origins of the 1948 Civil War”, Journal of Latin American Studies, Vol. 23, No. 1 (Febrero 1991). (Una traducción al español de este artículo mío se encuentra publicada como: “Conflicto de clases, crisis política y destrucción de las prácticas democráticas en Costa Rica: reevaluando los orígenes de la Guerra Civil del 48”, Revista de Historia, 25. (Heredia/ San José, enero-junio, 1992). Este ensayo representa un avance de los capítulos 4-7 de mi tesis doctoral, donde estas ideas son desarrolladas con más precisión y documentación.

12 Para un análisis más detallado de los orígenes del Código Electoral, véase mi artículo: “Institutional Changeand Political Conflict: Evaluating Alternative Explanations of Electoral Reform in Costa Rica”, Electoral Studies de próxima aparición (Dicho artículo también está disponible como el Working Paper, No. 189, Kellogg Institute, University of Notre Dame [January 1993]).

13 El único estudio disponible de la junta es: John W. Gardner, “The Costa Rican Junta of 1948-49,” unpub. Ph.D. dissertation, St. John’s University, 1971. En la actualidad, estoy preparando un libro tentativamente titulado: “The Breakdown and Reemergence of Democratic Institutions: The 1948 Costa Rican Civil War in Comparative Perspective”. El último capítulo de dicho manuscrito analizará las relaciones entre la Junta y la Asamblea Nacional Constituyente durante 1949.

14 Estudios de la Asamblea Nacional Constituyente son: Osear Aguilar Bulgarelli, La constitución de 1949: antecedentes y proyecciones (San José: Editorial Costa Rica, 1973); Mario Alberto Jiménez, Historia constitucional de Costa Rica (San José: Editorial Juricentro, 1979), pp. 154-69. Una discusión de cada una de las sesiones de la Asamblea puede encontrarse en: Rubén Hernández Poveda, Desde la barra: cómo se discutió y emitió la Constitución Política de 1949 (San José: Editorial Costa Rica, 1991 [originalmente publicado por la Editorial Borrasé en 1953]). Hernández Poveda cubrió debates de la Asamblea como reportero de el diario vespertino La Prensa Libre.

15 Desafortunadamente, esta institución política fundamental ha permanecido poco estudiada. Ensayos disponibles incluyen: Mauro Murillo, “El Tribunal Supremo de Elecciones,” Derecho constitucional costarricense: ensayos, ed. por Carlos José Gutiérrez (San José: Editorial Juricentro, 1983); Rafael Villegas Antillón, “El Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil de Costa Rica”, Cuadernos de CAPEL, No. 18 (San José: Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, 1987); y Rubén Hernández Valle, Derecho electoral costarricense (San José: Editorial Juricentro, 1990).

16 Creo que el primero que haya señalado la Importancia del Estado como una fuente de empleos y de prebendas en Centroaméríca fue Dana G. Munro, The Five Republics of Central America: Their Political and Economic Development and Their Relations with the United States (New York: Russell & Russell, 1918), esp. pp. 185-203.

17 Véase, Phllippe I. Bourgois, Ethnicity at Work: Divided Labor on a Central American Banana Plantation (Baitimore: Johns Hopkins University Press, 1989) y Trevor Purcell, Banana Fallout: Class, Color, and Culture among the West Indians in Costa Rica (Berkeley: UCLA Center for Afro-American Studies, 1993).

18 Claudio Vargas, El liberalismo, la Iglesia y el Estado en Costa Rica (San José: Editorial Alma Máter y Guayacán, 1991).

19 Véase: Víctor Hugo Acuña Ortega, “La ideología de los pequeños y medianos productores cafetaleros costarricenses (1900-1961)” y Alfonso González O., “El discurso oficial de los pequeños y medianos cafetaleros (1920-40,1950-61),” ambos en la Revista de Historia (Heredia/San José), No. 16 (julio-diciembre 1987); Iván Molina Jiménez, “Los pequeños y medianos caficultores, la Historia y La Nación: Costa Rica (1890-1950),” Caravelle (Toulouse, Francia), de próxima aparición; y Steven Paul Palmer, “A Liberal Discipline: Inventing Nations in Guatemala and Costa Rica, 1870-1900,” Tesis doctoral no publicada, Columbia University, 1990 y su “Sociedad anónima, cultura oficial: inventando la nación en Costa Rica (1848-1900)” en Héroes al gusto y libros de moda: sociedad y cambio cultural en Costa Rica (1750-1990), editado por Iván Molina Jiménez y Steven Palmer (San José: Editorial Porvenir, 1992).

20 No examino criticismos contemporáneos del presidencialismo que enfocan en el impacto de gobiernos divididos (es decir, situaciones en donde los poderes Ejecutivos y Legislativos están controlados por distintos partidos) en la estabilidad política. Exploro este asunto a la luz del caso costarricense en mi: “Presidentialism, Electoral Lawsand the Development of Political Stability in Costa Rica, 1882-1990”. También véase los siguientes estudios importantes: The Crisis of Presidential Regimes: The Latin American Experience, ed. by Juan Linz and Arturo Valenzuela (Baltimore: Johns Hopkins University Press, de próxima aparición) [los artículos escritos por Lijphart, Linz y Valenzuela fueron publicados en Hacia una democracia moderna: la opción parlamentaria, ed. Por Oscar Godoy Arcaya (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile)]; Presidencialismo vs. parlamentarismo en América Latina, compilado por Dieter Nohleny Mario Fernández (Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1991); Matthew Soberg Shugart y John M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

21 Un buen estudio comprensivo realizó: Bernardo Bravo Lira, “Etapas históricas del Estado constitucional en los países de habla castellena y portuguesa (1811-1980),” Revista de Estudios Históricos-Jurídicos (Valparaíso, Chile), No. 5 (1980). Para una revisión más reciente (y limitada en cuanto el número de países analizados), véase: Jorge Mario Eastman, Constituciones políticas comparadas de America del Sur (Bogotá: Parlamento Andino, Secretaría General Ejecutiva, 1991) y Manuel Alcántara Sánez, Sistemas políticos de América Latina, dos tomos (Madrid: Tecnos, 1989-90).

22 Para un buen estudio de este problema, véase: Diego Valadés, La dictadura constitucional en América Latina (México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México, 1974). También, véase: Daniel Zovatto G., Los estados de excepción y los derechos humanos en América Latina (Caracas/San José: Editorial Jurídica Venezolana/Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990).

23 Julio Heise González, El periodo parlamentario, 1861-1925: democracia y gobierno representativo en el periodo parlamentario (Santiago: Editorial Universitaria, 1982) y J.Samuel Valenzuela, Democratización via reforma: la expansión del sufragio en Chile (Buenos Aires: Ediciones del IDES, 1985).

24 Rolando Franco, Democracia “a la uruguaya”:análisis electoral, 1925-1985 (Montevideo: Editorial Libro Libre, 1984); Héctor Gros Espiell, La Corte Electoral del Uruguay (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral, 1990); Philip Taylor, Government and Politics of Uruguay (New Orleans: Tulane University Press, 1960).

25 Véase: Anne Louise Potter, “The Failure of Democracy in Argentina, 1916-1930: An Institutional Perspective,” Journal of Latin American Studies, Vol. 13, No. 1 (1981), y también su “Political Institutions, Political Decay and the Argentine Crisis of 1930,” Tesis doctoral no publicada, Stanford University, 1979 y Natalio R. Botana, El orden conservador: la política argentina entre 1880-1916 (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1979). También, véase: N. Guillermo Molinelli, Presidents and Congresos en Argentina (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1991).

26 Para un análisis del impacto de los conflictos sociales en la política chilena, véase: Timothy R. Scully, Rethinking the Center:Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile (Palo Alto: Stanford University Press, 1992). Para un análisis del presidencialismo chileno, véase: Arturo Valenzuela, “Political Parties and the Failure of Presidentialism in Chile: A Proposal for a Parliamentary Form of Government,” The Crisis of Presidential Regimes.

27 Los estudios sociológicos más prominentes incluyen: Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens y John D. Stephens, Capitalist Development and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992); Democracy in Developing Countries: Latin America, ed. by Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Los Lipset (Boulder: Lynee Rienner Pubs., 1989). También, véase: Ruth Berins Collier and David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America (Princeton: Princeton University Press, 1991).

Table des illustrations

Titre CUADRO N° 1. Rebeliones y la influencia legislativa de los presidentes en Costa Rica, 1890-1900
Légende FUENTES: Fabrice Edouard Lehoucq, “Presidentialism, Electoral Lawsandthe Development of Democratic Stabillty in Costa Rica, 1882-1990”, Cuadro N° 2.NOTAS: Los partidos políticos aparecieron en Costa Rica durante la campaña electoral de 1889-90. Las afiliaciones partidistas de los diputados durante la elección de 1900 no se pudieron identificar. Los datos para el año 1918 no se incluyen porque, entre 1917-19, existió una dictadura en Costa Rica.* Número de elecciones están en paréntesis.
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Auteur

Christopher Newport University

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1995

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