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La política del gatopardo

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David Recondo

Segunda parte. La invención paradójica de la democracia

Capítulo 6. Los usos políticos de la costumbre

Texte intégral

1Los conflictos electorales que surgen a partir de 1998 no se deben únicamente a las transformaciones de fondo –demográficas, económicas o socioculturales– que se han ido dando en las comunidades. Tienen que ver, sobre todo, con las mutaciones propiamente institucionales del poder local. A continuación veremos cómo la política de descentralización del gobierno federal, por un lado, y las reformas legales realizadas por el gobierno de Oaxaca, por el otro, contribuyen a modificar la naturaleza y el significado mismo del poder municipal. Lo que en algún momento pudo haber sido un ejercicio desinteresado de los cargos municipales, se va volviendo un objetivo estratégico para individuos y grupos. Ello provoca la exacerbación de la competencia por el control del poder municipal.

LA COMPETENCIA EXACERBADA POR EL CONTROL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

2La municipalización de los recursos fiscales federales, a partir de 1995, modifica la propia naturaleza del poder municipal. Éste dispone de recursos que lo hacen menos dependiente del consentimiento de la mayoría. Sobre todo, el acceso a los cargos municipales, en especial al de presidente municipal, tiende a dejar de ser percibido únicamente como un sacrificio, una obligación costosa que la mayoría tenía tendencia a evitar. La presidencia municipal se ha convertido en un sitio de poder efectivo cuyas retribuciones y medios no son nada más simbólicos u honoríficos. El presidente municipal y los principales miembros del ayuntamiento (el síndico, los regidores, en especial el regidor de hacienda, pero también el tesorero) son responsables de la asignación de un presupuesto cada vez más abultado. La competencia por el poder municipal y los conflictos en torno a la gestión de los nuevos recursos financieros se exacerban a partir de 1995.

LA PIRÁMIDE INVERTIDA DEL PODER MUNICIPAL

  • 1 Roberto Varela, “Estructuras de poder en comunidades de Morelos”, en Jorge N. Padua y Alain Vannep (...)

3Ya mencionamos en varias ocasiones que el poder de decisión autónomo de las autoridades municipales es muy limitado frente a los habitantes de la comunidad. Es necesario distinguir la autonomía interna del poder local y su autonomía externa. En la mayoría de los municipios las autoridades no podían tomar decisiones sin el acuerdo explícito de la mayoría de los habitantes del pueblo. No tanto por una ética democrática, sino por un principio de realidad: simple y sencillamente, las autoridades no poseían los medios para imponer sus resoluciones. Para retomar los términos que emplea el antropólogo Roberto Varela, las autoridades municipales no tenían más poder que el que sus conciudadanos les atribuían, y el poco poder que les delegaba el Estado.1 Además, sus medios de coerción eran extremadamente limitados, ya que las fuerzas del orden que tenían a su disposición estaban constituidas a su vez por personas que habían sido designadas por la asamblea de pueblo. Las funciones de topil, mayor o comandante eran igualmente obligatorias, no remuneradas y temporales en la mayoría de los casos. Solamente los municipios más urbanizados y con un número importante de habitantes solían disponer de un cuerpo de policía municipal profesional y remunerada. Pero no era el caso para la mayor parte de los municipios rurales o semiurbanos.

4No solamente las autoridades no eran remuneradas sino que con frecuencia no disponían de ningún presupuesto para financiar el funcionamiento del ayuntamiento. Hasta los años ochenta, las autoridades costeaban ellas mismas sus actividades, desde la fiesta ritual en el momento de entrar en funciones, hasta los desplazamientos para solicitar la ayuda del gobierno. La población entera cooperaba (con dinero y con mano de obra) en la realización de las obras públicas. Durante mucho tiempo el Estado no aportó más que un sustento marginal a los municipios más pequeños. Prácticamente funcionaban en la autarquía. Muchas veces los primeros edificios públicos (ayuntamiento, escuelas primarias, etc.) se construyeron gracias al tequio de los habitantes.

5En este contexto, la capacidad de decisión y de acción de las autoridades dependía totalmente del apoyo de la mayoría. Esto explica, en gran parte, que muchas decisiones se tomaran en asamblea. El acuerdo de todos (o cuando menos de la mayoría de los jefes de familia) era indispensable para emprender cualquier cosa, desde el desbrozo de un predio comunal, hasta la apertura de un camino o la construcción de una escuela. Únicamente desde este punto de vista es posible comprender por qué se insistía tanto en la necesidad de aprobar por consenso las decisiones colectivas. Para que una decisión fuera efectiva, simplemente para poder actuar, las autoridades municipales debían obtener el asentimiento de todos, expresado públicamente. Sólo así podían sancionar a las personas que no cooperaran. Ninguna acción que implicara la participación obligatoria de todos podía ser decidida por las autoridades municipales, a puerta cerrada, so riesgo de no poder llevarla a buen fin.

6Durante muchos decenios esta dependencia interna del poder local estuvo emparejada con cierta autonomía respecto del poder central, tiempo en que, en la mayoría de los municipios, el Estado no tenía injerencia directa en los asuntos comunitarios. En el primer capítulo describimos esta relación de indirect rule. La presencia directa del pri y del poder central se dejaba sentir en las cabeceras de distrito. El partido oficial establecía un control indirecto sobre los municipios del mismo distrito, la mayoría de las veces a través de un cacique regional que fungía como intermediario entre los pequeños municipios y el gobierno. En lo que toca a los asuntos internos, los municipios gozaban de una relativa autonomía respecto del centro, pero dependían totalmente del apoyo de los principales dirigentes de la comunidad.

7Esta configuración de las relaciones de poder cambia notoriamente a partir de los años ochenta, con la asignación de recursos financieros en forma de “participaciones” (recursos no etiquetados otorgados anualmente por la federación a los municipios, esencialmente para financiar los gastos de funcionamiento).

8El cambio más profundo se da a partir de la creación de los fondos municipales de Pronasol, en 1989. Cada año las autoridades van a participar en la administración de cientos de miles de pesos. La reglamentación de ese programa impulsado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, con préstamos del Banco Mundial, insiste en la participación de la comunidad. Se crean comités de Solidaridad para cada proyecto u obra financiada por el programa. Las decisiones se toman en asamblea y los beneficiarios deben aportar mano de obra gratuita para la ejecución de las obras. Como una manera de limitar el poder de ciertos caciques regionales y locales, Salinas de Gortari sólo les confirió a las autoridades municipales un papel de coparticipación y supervisión; el trato era más bien entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los comités regionales y municipales de Solidaridad. Aun así, las autoridades municipales obtuvieron recursos sustanciosos a través de los llamados fondos municipales de Solidaridad.

9Así, poco a poco las autoridades llegaron a no depender únicamente de la cooperación de todos los habitantes para llevar cabo sus decisiones. El margen de maniobra de las autoridades locales se fue ensanchando.

10No obstante, fue hasta 1995 en que la descentralización promovida por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), tuvo mayor impacto en la administración municipal. Efectivamente, el nuevo presidente decidió transferir la mayor parte de los recursos para el desarrollo social y la infraestructura básica a los municipios, y ya no a los comités formados, como antes, por actores de la “sociedad civil”. El objetivo era esencialmente de control y transparencia en el uso de los recursos, ya que el saldo de Pronasol, en ese aspecto, había sido bastante negativo: muchas de las organizaciones de la “sociedad civil” se disgregaban al momento de recibir los primeros recursos, y al final, nadie se hacía responsable de las obras a cargo de los comités de Solidaridad. Además, se habían producido cuantiosos conflictos entre las organizaciones formadas en torno a Solidaridad, y los gobiernos municipales, que en algunos casos eran marginados en el manejo de programas cuyos presupuestos rebasaban por mucho el presupuesto municipal. No en pocos casos se produjo una verdadera competencia encarnizada por la administración de los nuevos recursos entre los comités de Solidaridad y las autoridades municipales. Por esa razón, el presidente Ernesto Zedillo decidió que los programas regionales de desarrollo productivo fueran manejados por la Sedesol, al mismo tiempo que dirigía gran parte del presupuesto federal descentralizado a las tesorerías municipales. Se creó así el llamado Ramo 33, del presupuesto federal, cuyos recursos eran destinados al desarrollo de infraestructura básica municipal, mientras se mantenía el Ramo 26, de participaciones y fortalecimiento de la administración municipal (que incluía recursos para el pago de nómina a las autoridades municipales).

  • 2 Roberto Varela, “Estructuras de poder”, p. 162.

11La descentralización ha traído consigo nuevos conflictos en municipios que hasta ese momento habían funcionado a base de autofinanciamiento por las propios “cargueros” y las contribuciones obligatorias de los vecinos, en mano de obra y en dinero. Pese a los dispositivos previstos para que la gestión de los fondos municipales fuera lo más transparente posible, las sospechas de corrupción o sencillamente los desacuerdos en cuanto a la asignación de los recursos financieros se han ido multiplicando, año tras año, en municipios acostumbrados hasta entonces a “administrar la miseria”, según la expresión de Roberto Varela.2

12Algunos sectores de los municipios han exigido mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sobre todo han reclamado el derecho de incidir directamente en las decisiones sobre la distribución de esos recursos (en particular entre las comunidades de un mismo municipio). Además, en muchos municipios se ha ido cuestionando el tequio y el principio mismo del servicio comunitario no remunerado. Sectores cada vez mayores de las comunidades han exigido que el municipio utilice el dinero para remunerar la mano de obra o para pagar a los funcionarios municipales.

13De hecho, hoy en día, en un número cada vez mayor de municipios, los miembros del ayuntamiento reciben una dieta prevista en el presupuesto federal municipalizado. Pese a que en la mayoría de los municipios de costumbres las autoridades deciden depositar esta paga en la tesorería, para su uso en beneficio de la colectividad, el carácter “gratuito” de las funciones municipales se ha visto afectado.

14En todo caso, las autoridades ya no tienen que financiar con sus propios ahorros (y muchas veces endeudándose) el más mínimo desplazamiento a la capital para realizar gestiones o comprar materiales. Ahora todos los municipios tienen derecho a viáticos para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentación. Las participaciones cada vez más abundantes que recibe la tesorería municipal sirven para financiar este tipo de gastos, y también para adquirir vehículos que faciliten los frecuentes desplazamientos de las autoridades municipales. Eso también multiplica las oportunidades de desvío de fondos, con todo tipo de arreglos en la facturación y comprobación de gastos.

LA DISPUTA POR EL PODER MUNICIPAL

15Los conflictos electorales no son ajenos en esta nueva realidad del poder municipal. Ya en 1995 algunos de los conflictos que mencionamos tenían que ver con ese nuevo flujo de recursos financieros. El caso de San Pedro y San Pablo Ayutla es particularmente significativo. El conflicto que estalla en 1994 se relaciona directamente con la implementación de Pronasol en el plano regional y local. A principios de los años noventa, jóvenes ingenieros originarios de la región, constituyeron organizaciones para aprovechar los fondos regionales de Solidaridad manejados bajo la supervisión del ini. Una de ellas es la Unión Regional de Sociedades de Producción Rural “Mixes de Oaxaca”, que agrupa a varias organizaciones locales de productores de café, de ganaderos y de artesanos. Noel Martínez Villanueva forma parte de esta unión. Con el apoyo de dos cuñados suyos, Teódulo Domínguez y Antonio Aguilar, crea una empresa de artesanías que financia gracias al programa Empresas de Solidaridad, de Pronasol. Las empresas y las organizaciones de productores florecen simultáneamente en toda la región. Teódulo Domínguez funda la Unión Regional de Productores de Café “Territorio Mixe”, que agrupa a doce comunidades. Obtiene sumas considerables, en principio destinadas a la comercialización del café. Antiguo empleado de la Secretaría de Agricultura, utiliza los fondos para constituir una clientela política que le servirá luego para convertirse en diputado local del pri. Por su parte, Antonio Aguilar crea, en la baja mixe, una organización de productores de cítricos y de café.

  • 3 Los maestros se convirtieron en la clase política “natural” de Ayutla a partir de los años sesenta (...)

16En cada municipio aparecen nuevos empresarios que proponen los proyectos más variados, desde la comercialización del café hasta el ecoturismo, pasando por la explotación de los recursos forestales. Pronasol despierta repentinas vocaciones. Pero la mayoría de estas empresas son de corta vida: son sólo fachadas para obtener, con pocos gastos, los muy abundantes recursos del programa federal. La mala administración y la utilización de los fondos para otros fines, de índole puramente política, contribuyen al fracaso de los fondos regionales en esta región. Pero si Pronasol tiene un impacto económico nulo, no ocurre lo mismo en el plano político. Contribuye a la formación de un grupo de dirigentes que, como Teódulo Domínguez, alcanzan posiciones claves en el seno del aparato político. En el plano local, los fondos de Pronasol permiten a ciertas personas hacerse de una clientela política y jugar el papel de intermediarias entre su comunidad y el gobierno. Esto necesariamente trae consigo tensiones: algunos antiguos dirigentes se sienten desplazados o bien entran en competencia por el control del nuevo maná que representa Pronasol. Es lo que ocurre en Ayutla. A lo largo de los años ochenta, una agrupación de maestros, antiguos alumnos de los salesianos, se consolidó como grupo dirigente en el plano municipal. Toman su distancia de los viejos maestros, allegados al pri, de los que de todos modos heredan la preeminencia política que les confiere su status profesional.3 A principios de los años noventa, cuando este grupo de maestros cercanos a la Iglesia está consolidando su poder en el seno de la comunidad, entra en competencia directa con Noel Martínez y sus asociados, cuya influencia se nutre de la gestión de los nuevos programas gubernamentales. Noel Martínez no tiene realmente ninguna intención de acceder al poder municipal: sus ambiciones son económicas más que políticas. Pero al mismo tiempo sus relaciones privilegiadas con algunos altos funcionarios y el éxito de su empresa hacen sombra a los maestros. Éstos van a explotar la envidia que provoca el éxito económico de Noel Martínez para movilizar a la comunidad en su favor.

17El conflicto de Ayutla no puede entenderse si no se toma en cuenta la dimensión religiosa, aunque también la del control del territorio. Sin embargo, el análisis queda trunco si no consideramos las tensiones que provoca el flujo de los nuevos recursos que el Estado descentraliza desde principios de los años noventa. En 1994 y 1995, en Ayutla, las autoridades municipales reprochan principalmente a Noel Martínez Villanueva que se enriqueciera a costa de la comunidad, sin que ésta se beneficie. Le exigen al gobierno que establezca la gestión de la empresa bajo el control de la comunidad y no en manos de un particular. Éste es el tipo de conflicto que provoca el Pronasol al saltarse a las autoridades municipales; éstas se sienten relegadas. Al mismo tiempo, la inversión muy “restringida” e inequitativa de los recursos del Pronasol causa la inconformidad de los que no se ven beneficiados con él.

18El aumento de los fondos municipales a partir de 1995 no resuelve verdaderamente el problema. Al contrario, las tensiones se exacerban conforme aumenta el presupuesto municipal. Diferentes sectores de los municipios se movilizan para obtener una mejor repartición de los fondos. Es el caso de las agencias municipales. En ocasiones los conflictos entre agencias y cabeceras son de larga data, pero la descentralización aviva esas tensiones. Aun cuando la reglamentación de los fondos municipales indique que la asignación de los recursos deba ser decidida en el seno de un Consejo de Desarrollo Social Municipal (cdsm), con la participación de las autoridades de las agencias, no siempre es así. Éstas reprochan con frecuencia a las autoridades municipales que no anuncien cuánto dinero reciben y que favorezcan al pueblo-cabecera en la asignación de recursos. En muchos casos, en efecto, resulta que el cdsm realmente no funciona, hecho que se acentúa a partir de 1998, ya que la responsabilidad de constituir los cdsm se deja enteramente en manos de las autoridades municipales, que adquieren más atribuciones en la selección, aprobación y ejecución de las obras de infraestructura. Este nuevo margen de maniobra suele utilizarse en detrimento de las comunidades periféricas.

  • 4 Entrevista con las autoridades de San Pablo Güilá, noviembre de 1998.

19La monopolización de los recursos –real o supuesta– está en el origen de muchos conflictos en 1998. El de Santiago Matatlán es un buen ejemplo. Las autoridades de la agencia de San Pablo Güilá acusan al alcalde de haber organizado solamente una reunión del cdsm. Se dice que durante su mandato dispuso del presupuesto municipal a su antojo, sin consultarlas, y que San Pablo Güilá no recibió más que una ínfima parte de los recursos asignados al municipio entre 1995 y 1998. En el momento de las elecciones municipales de 1998 las autoridades de la agencia exigen un cambio de régimen electoral, pues consideran que así asegurarán su representación en el seno del ayuntamiento, para poder obtener una porción más favorable de los recursos municipales. Las autoridades de la agencia afirman, sin embargo, que simplemente preferirían que el gobierno asignara de manera directa a San Pablo Güilá una parte del presupuesto municipal, más que participar en la elección del nuevo ayuntamiento. Finalmente llegan a un arreglo con el Coplade, que se compromete a asignarles recursos adicionales.4

20La movilización de las agencias para exigir de las cabeceras una mejor repartición del presupuesto municipal se produce prácticamente en todos los municipios que tienen varias localidades. Desde este punto de vista, el conflicto de Ayutla presenta, a partir de 1995, características similares a las de Matatlán. Las autoridades de las agencias dan apoyo a Noel Martínez Villanueva en contra de las autoridades de la cabecera, a las que les reprochan acaparar los recursos municipales en detrimento de las comunidades periféricas. Noel Martínez no hace más que explotar un viejo resentimiento de las agencias al transmitirles una información más o menos deformada sobre los recursos que la federación asigna a la cabecera. Una de las agencias de Ayutla, El Duraznal, manifestó siempre el deseo de ser autónoma. Se trata de una comunidad relativamente grande que posee enormes recursos forestales. Sus habitantes siempre se han quejado de que los obligan a participar en los tequios de la cabecera y a ocupar cargos subalternos en el seno del ayuntamiento, sin que la cabecera muestre reciprocidad y los ayude en sus propias obras de infraestructura. En otras palabras, tienen la sensación de ser explotados por la cabecera sin obtener, a cambio, el menor beneficio. Añádase la creciente diferenciación social entre un centro donde los maestros, comerciantes y otros profesionistas son mayoritarios, y una periferia donde la mayoría de los habitantes es todavía campesina. Las tensiones entre las dos categorías sociales son constantes. Los habitantes de las agencias aguantan cada día menos el desprecio o el paternalismo de los habitantes de la cabecera, que los tildan de “rancheros” y los utilizan para mano de obra gratuita.

21La descentralización activa estas antiguas tensiones entre la periferia y el centro de los municipios. En Ayutla la información en gran medida deformada que hace circular Noel Martínez Villanueva sobre los recursos municipales, atiza el sentimiento de explotación y de exclusión de los habitantes de las agencias. Al descubrir la cantidad de dinero que la cabecera recibió entre 1996 y 1998, las autoridades de las agencias llegan a la conclusión –errónea– de que así ha sido desde hace muchos años y de que jamás se les informó. A fines de 1997, los habitantes de las agencias se movilizan y logran colocar a uno de los suyos a la cabeza del nuevo ayuntamiento. Se trata de un maestro, sólo que originario de La Chicocana, una de las agencias de Ayutla, lo que le da legitimidad a los ojos de los rancheros. Su muerte en un accidente automovilístico en 1998 provoca el estallamiento de un nuevo conflicto: los habitantes de las agencias acusan a los maestros de la cabecera, que tuvieron el control del poder entre 1994 y 1997, de haberlo asesinado. Las elecciones municipales de 1998 tienen lugar dentro de este contexto de crisis extrema. Una vez más los rancheros se movilizan en masa para hacer que se elija a otro maestro originario de la periferia, quien se había opuesto a los maestros “salesianos” desde el comienzo del conflicto.

22No es posible entender el conflicto electoral de Ayutla ni de Matatlán si no se toman en cuenta las nuevas dinámicas políticas que la descentralización induce. Las agencias, que antaño aspiraban a separarse de su cabecera y se abstenían de participar en la elección del ayuntamiento, ahora intentan conquistar el poder municipal para tener acceso a los nuevos recursos que le han sido transferidos a éste. La competencia electoral se vé exacerbada por esta razón. En Ayutla la participación en las asambleas crece considerablemente, lo que las hace mucho más difíciles de controlar. Los habitantes de las agencias llegan a la cabecera en masa, el día de las elecciones, mientras que antes se limitaban a enviar a algunos representantes. Las reglas del juego ya no son las mismas. Mientras que antes se evitaban los cargos municipales, que se convertían en verdaderas “cargas”, en el sentido propio del término, a partir de entonces se pelearán por ocuparlos o por poner en ellos a algún conocido.

23La descentralización no solamente tiene consecuencias para las relaciones entre las agencias y las cabeceras. Los demás conflictos que describimos tienen mucho que ver con la entrada de los recursos federales. Esto vale para los municipios donde los avecindados exigen poder participar en las elecciones municipales, mientras que los habitantes originarios del municipio se oponen en nombre de la costumbre, como en San Sebastián Tutla. Pero también vale para los municipios, donde las facciones rivales en el seno mismo de la cabecera y de la población local se enfrentan para controlar el poder municipal.

24La nueva “febrilidad” electoral que afecta incluso a los municipios más pequeños y tradicionales se desprende en gran parte del beneficio potencial (económico y político) que representa el acceso a los cargos municipales, en especial al de presidente municipal. San Agustín Chayuco ilustra perfecramente esta situación. La confrontación entre la oposición y el alcalde elegido en 1995, Máximo Flores Alavez, tiene mucho que ver con la gestión de los recursos municipales. Al igual que en Matatlán, los adversarios del pueblo-cabecera se unen con los habitantes de una de las agencias, la de Dos Caminos, que acusan al presidente municipal de favorecer a la cabecera en la asignación de recursos. También en este caso la falta de transparencia en la gestión de los fondos municipales levanta la sospecha de algunos sectores del municipio, que acusan al presidente de hacer mal uso del dinero público. Pero la interacción entre el proceso de descentralización y las nuevas dinámicas políticas es más vieja. Máximo Flores Alavez edificó una gran parte de su liderazgo comunitario sobre la gestión de los fondos regionales manejados por el ini, a principios de los años noventa. Funda una unión de productores de café, después una organización que agrupa a productores de café y frutas, a ganaderos y a artesanos de toda la región. El acceso a los recursos de Pronasol contribuye sin duda a que se convierta en el intermediario inevitable para muchos productotes de Chayuco. El pri, que anda en busca de nuevos dirigentes capaces de hacer frente a la embestida del prd, apoya su candidatura en las elecciones municipales de 1995. El aumento de poder de este nuevo dirigente no ocurre sin provocar resentimientos y rivalidades entre los sectores que se han quedado al margen de los beneficios de los programas gubernamentales.

25A partir de 1996 Máximo Flores debe hacer frente a una fuerte oposición, aliada al prd. Al aproximarse las elecciones municipales de 1998, solicita ante el iee que Chayuco sea colocado bajo el régimen de usos y costumbres, cuando que en 1995 el pri –al que pertenece– y el prd participaron en la elección, como lo hemos mencionado en el capitulo anterior. No cabe duda que Máximo Flores vé en la “restauración” de las costumbres una forma de consolidar su poder y de mantener el control de los asuntos municipales cuando se termine su mandato. Al erigirse en defensor de las costumbres, se ganó a los tatamandones, cuyo prestigio e influencia han ido disminuyendo durante los últimos decenios, en parte a causa de las transformaciones económicas y culturales por las que atraviesa la comunidad. Su intento de valorización de las costumbres no es ajeno al hecho de que él mismo puede convertirse en tata-mandón, después de haber sido presidente municipal, a condición de que desempeñe la función tradicional de mayordomo durante la fiesta patronal del pueblo. Al devolver a los ancianos un lugar central en la jerarquía del poder local, garantiza la continuidad de su influencia entre las futuras autoridades municipales. El meollo de esta “operación” es en gran medida el control de los recursos financieros, que han aumentado exponencialmente a partir de 1995. Frente al alcalde en turno, los opositores exigen estar mejor representados en el seno del ayuntamiento, aunque pierdan la elección. Ellos también quieren poder controlar la asignación de los recursos municipales.

26Estos ejemplos demuestran que los factores estructurales ni las transformaciones sociales y culturales, como tampoco los conflictos territoriales, bastan para explicar la exacerbación de la competencia electoral y las tensiones que conlleva. Las transformaciones propiamente institucionales son igualmente decisivas. La descentralización, que se desprende a su vez de la consolidación del multipartidismo en el plano federal, provoca un cambio de fondo en la naturaleza misma del poder municipal. Éste tiene medios financieros que lo convierten en un punto de importancia estratégica. Los cargos municipales ya no son lo que eran. Dejaron de ser sinónimos de sacrificio y endeudamiento. El prestigio ya no es la única recompensa a la que puede aspirar la persona que ha servido a su comunidad “gratuitamente”. Ahora ser presidente municipal y regidor le permite decidir sobre la asignación de un presupuesto cada vez más abundante.

27Sin embargo, es conveniente evitar una lectura reductora que ponga el atractivo de las ganancias como móvil único de la movilización política. Las facciones o las personas que compiten por acceder al poder municipal no lo hacen solamente para ganar dinero, sino porque el poder municipal permite controlar la asignación de los recursos y por ende tomar decisiones que tienen efectos reales, inmediatos, palpables, sobre la situación material de la colectividad. Las decisiones que toman las autoridades municipales no conciernen sólo a la organización del trabajo obligatorio o al mantenimiento del orden, sino que tienen por objeto repartir un bien escaso que la federación les asigna de manera regular. Cada grupo, cada sector del municipio quiere influir en estas decisiones. En colectividades marcadas por la pobreza, donde los mecanismos de solidaridad eran una garantía de supervivencia, la transferencia de recursos financieros tiene efectos radicales. El conjunto del orden y de los principios comunitarios se pone parcialmente en tela de juicio. Se reavivan antiguas fracturas y el equilibrio de fuerzas se rompe. El presidente municipal tiene ahora una capacidad de acción y de mediación política que antes era exclusiva del cacique local o regional. La descentralización, en su fase más reciente, asesta el golpe de gracia a una comunidad revolucionaria institucional que ya se encontraba en un estado avanzado de descomposición.

LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PODERES PERIFÉRICOS

28Las disputas que surgen a partir de 1998 tienen también mucho que ver con la instauración de nuevas reglas del juego electoral. Ya hablamos de esto en el capítulo anterior, pero nos parece importante volver sobre este punto con mayor precisión. Las instituciones no son solamente “variables dependientes” cuyos cambios estarían determinados por otros factores de orden exógeno. A continuación demostraremos que, por el contrario, las instituciones actúan de manera autónoma y contribuyen por sí solas a modificar el juego político.

  • 5 Jack Knight, institutions and Social Conflict.

29Retomando la expresión de Jack Knight, toda reforma institucional trae consigo efectos distributivos particulares: redefine el acceso a los recursos, las prerrogativas y las ventajas estratégicas de los diferentes actores políticos.5 Pero los actores que se benefician de ella no son necesariamente los que la impulsaron o los que esperaban sacar mayor provecho. En este caso, el gobierno del estado y el pri encabezan todo el proceso de negociación de la reforma electoral. Al prohibir la intervención de los partidos en los municipios consuetudinarios, el gobierno lanza una moneda al aire: cuenta con preservar la estabilidad política del estado de Oaxaca y mantener la hegemonía de su partido en los municipios rurales, valiéndose de la simbiosis histórica Estado-pri. El resultado es una ley electoral que aparentemente penaliza ante todo a los partidos de oposición, pero que da nuevos poderes a las autoridades municipales. Los efectos distributivos de la reforma benefician principalmente a los actores locales que detentan el poder municipal, cualquiera que sea su filiación partidista u orientación política. La costumbre legalizada se convierte en un recurso clave para las autoridades municipales en turno. El uso que hacen de ella varía enormemente de un lugar al otro. Sin embargo, en muchos casos las autoridades se valdrán de aquélla para neutralizar a sus opositores. Esta estrategia de exclusión en nombre de la defensa de las costumbres –y las reacciones que provoca– es una de las principales causas de los conflictos que surgen a partir de 1998, durante las elecciones municipales.

EL PODER ELECTORAL DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

  • 6 Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, p. 19.

30Las nuevas reglas del juego electoral parecen dar un papel preeminente a las autoridades municipales. Y esto tiene que ver menos con el texto de la ley que con la aplicación que se hace de ella. El libro IV del código electoral habla de autoridades electorales “competentes” en el nivel local, sin precisar su naturaleza.6 El principio de respeto a la autonomía de las comunidades induce a los legisladores a no reglamentar con detalle los procedimientos de elección. La idea es hacer un reconocimiento “genérico”, sin codificar las costumbres locales por demás diversas y cambiantes. Las instituciones y los procedimientos varían de un municipio al otro, pero en la mayoría de ellos las autoridades en funciones juegan un papel muy importante. Son ellas las que convocan a las asambleas de pueblo e incluso, a menudo, las presiden. Sin embargo, en muchos casos, ceden el lugar a una mesa de debate, designada por la asamblea y encargada de moderar las deliberaciones y efectuar el recuento de los votos, en caso de que se tome alguna decisión por mayoría. Esta figura de la mesa de debates fue introducida por los maestros a partir de los años sesenta. Es el procedimiento que se sigue en las asambleas del sindicato de maestros y en los comités de padres de familia en las escuelas públicas.

  • 7 Ibid.
  • 8 Ibid.

31En todos los casos, las autoridades municipales tienen un papel central en la definición de la agenda de las asambleas comunitarias, en la decisión de la fecha de las elecciones (cuando no depende exclusivamente del calendario religioso), del procedimiento mismo de designación de sus sucesores, etc. Ahora bien, aun cuando la ley electoral destaca sobre todo el papel de la “asamblea general comunitaria” y evita definir claramente cuál es el “órgano electoral competente”, legitima la participación de las autoridades en turno en la elección de las nuevas autoridades. Por ejemplo, en el artículo 116 se indica que la autoridad electoral “podrá formar parte del órgano electoral designado por la asamblea”.7 Un poco más adelante la ley estipula que las autoridades en funciones deberán, obligatoriamente, firmar el acta de la asamblea.8

  • 9 Cipriano Flores Cruz, “El sistema electoral mediante usos y costumbres en los municipios indígenas (...)

32Las autoridades municipales no deben intervenir, en ningún caso, en la organización de las elecciones no consuetudinarias. Éstas se dejan en manos de los ciudadanos sorteados con base en el padrón electoral. Los comités electorales municipales y distritales se encargan del resto. El principio es el mismo que a nivel federal: las autoridades electorales deben ser independientes y cuidar que el gobierno se mantenga al margen del proceso electoral. Así, el contraste con la norma de las elecciones consuetudinarias es considerable. Esta diferencia refleja una concepción de la política comunitaria que ya mencionamos antes. Por lo que se vé, los legisladores y los impulsores de la reforma sobre las costumbres consideran que hay una diferencia de naturaleza entre el ejercicio del poder en los municipios “comunitarios” y los demás. En los primeros no habría competencia por ocupar los cargos del ayuntamiento, dado que corresponderían a una “carrera de servicio público y no de poder público”, según la expresión del presidente del iee, Cipriano Flores Cruz.9 Las personas designadas deben servir a su comunidad sin recibir remuneración. Es una obligación más que un derecho. Los ciudadanos no tienen acceso a los cargos de mayor responsabilidad y prestigio si no demuestran que son capaces de cumplir con funciones de menor importancia. La función pública es un cargo en sentido estricto. La mayoría de las veces implica el endeudamiento de la persona que lo ocupa. Cumplir con las obligaciones comunitarias da prestigio y autoridad a los que más se “sacrifican”. En esta concepción idealizada del municipio tradicional, la comunidad es un cuerpo unido en el que el sentido del bien común prevalece por encima de las ambiciones individuales o particulares. La designación de las autoridades supone menos una elección, una selección entre varias opciones, que un reconocimiento o una ratificación colectiva de la trayectoria pública de determinadas personas. Debe-ser designada la persona porque “ya le toca” servir, pero también porque ha cumplido honorablemente con las funciones que se le asignaron con anterioridad. Las autoridades elegidas expresan la voluntad común, y no la de un sector, de una parte de la colectividad. Disponen de un mandato obligatorio. No representan sino que encarnan la voluntad colectiva. Sus iniciativas se someten constantemente a la decisión de la asamblea de pueblo. Esta concepción del poder comunitario justifica que se pueda atribuir a las autoridades municipales un papel importante en el proceso de designación de sus sucesores. La decisión queda en manos de la asamblea, las autoridades no hacen más que coadyuvar, facilitar la expresión de la voluntad general.

33La reglamentación electoral, la concepción idealizada de la comunidad y, sobre todo, la necesidad práctica de tener un interlocutor en el plano local, llevan al iee a entablar relaciones privilegiadas con las autoridades municipales. Primero en lo que concierne a la selección del régimen electoral. En realidad, son las autoridades municipales las encargadas de anunciar al iee el régimen que se aplicará en su municipio. Pero, como ya dijimos, en ciertos municipios las autoridades toman decisiones no unánimes; se trata más bien de decisiones unilaterales de las autoridades y del sector del municipio que las apoya.

34En adelante las autoridades municipales tendrán, en la ley, considerables prerrogativas electorales. En la relación con el iee gozan de una evidente ventaja: son la “voz oficial” de la comunidad, a tal punto que solamente su firma puede validar una elección. Toda asamblea convocada sin su visto bueno carece de valor legal. En los municipios donde existe una fuerte polarización entre varios sectores o facciones, las autoridades tienden a tomar partido. Promueven o sostienen a candidatos que son sus allegados. También buscan definir e imponer reglas del juego electorales que favorezcan a sus candidatos.

35Una vez más, el ejemplo de Santiago Matatlán es especialmente ilustrativo. La defensa del régimen consuetudinario es esencialmente la obra del alcalde Juan José Méndez León (1996-1998), que representa a un grupo poderoso de productores y comerciantes de mezcal. En 1995, cuando acaba de aprobarse la reforma electoral, el futuro presidente municipal organiza una asamblea con la connivencia de las autoridades en turno. La elección se realiza como siempre: los representantes de los diferentes “sectores” de la comunidad (comisariado ejidal, comisariado comunal, representantes de las asociaciones de cultivadores de agave y de productores de mezcal) se reúnen en la alcaldía para seleccionar a las personas que van a reemplazar a las autoridades en turno. Sólo que en vez de registrar la lista con el pri, como en los años anteriores, las autoridades deciden utilizar la nueva categoría de usos y costumbres, impidiendo con ello, al mismo tiempo, que la oposición presente otra planilla. Y es que desde 1974 siempre hubo dos planillas durante las elecciones municipales: la del pri, designada por la asamblea de los “sectores” y la autoridad en funciones, y la del pan. Se instalaban las urnas, pero la del pan era minoritaria. La oposición, simbólica.

  • 10 El candidato del pri obtiene 459 votos, 146 el del prd y 142 el del pan.
  • 11 Noticias, 31 de agosto de 1998.
  • 12 Entrevista con Armando López López, Matatlán, febrero de 1999.

36En 1995, sin embargo, el prd obtuvo un centenar de votos en las elecciones legislativas del 6 de agosto de 1995. Aun cuando el pri continuara siendo mayoritario,10 la multiplicación por tres de los votos de la oposición reflejó un cambio sensible en las relaciones de fuerza locales. El bloque mayoritario de los productores de mezcal pareció resquebrajarse. De todos modos, la elección del régimen de costumbres en 1995 no provocó ninguna reacción en la oposición, todavía muy marginal. Entre 1996 y 1998, en cambio, las autoridades de la agencia de San Pablo Güilá entran en conflicto con el alcalde, al que acusan de monopolizar el presupuesto asignado al municipio por el Estado. Paralelamente, un sector de los habitantes de la cabecera impugna la gestión del presidente municipal, acusándolo de desviar los fondos municipales y favorecer a un grupo reducido de parientes y partidarios suyos.11 Este movimiento de oposición aglomera a los miembros de una especie de clase media local. Algunos han hecho estudios superiores y han pasado parte de su vida fuera de Matatlán. La mayoría son pequeños comerciantes, su situación económica es más bien mediocre en comparación con la de los grandes comerciantes de mezcal que apoyan al alcalde. El principal impulsor de la movilización, Armando López López, es médico; tiene un consultorio y una farmacia en Matatlán. Nacido en Oaxaca, de padre originario de Matatlán, crece y realiza una parte de sus estudios en Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, donde entra en contacto con los dirigentes de la cocei. Luego hace sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y participa en el movimiento universitario de fines de los años setenta. Tras casarse con una mujer de Matatlán, decide instalarse y establecer su negocio ahí.12 No se mete en la política hasta 1996, cuando la intransigencia del presidente municipal provoca la reacción de una parte de la comunidad. Encabeza entonces un frente de oposición que agrupa a una parte de los comerciantes, a pequeños productores de agave y mezcal, y a las autoridades ejidales de Matatlán. El prd, por intermediación de los dirigentes de la COGEI, da su apoyo a esta coalición heteróclita, a la que se unen los miembros del comité municipal del pri. A principios de 1998 estos nuevos adversarios se unen a las autoridades de San Pablo Güilá para exigir al iee que el municipio pase al régimen de partidos políticos e impedir así que el presidente en turno imponga a su sucesor.

37Frente al aumento de la oposición, el presidente del iee hará todo lo posible para mantener el control del poder. Desde fines de enero de 1998 envía al iee una carta donde confirma que las elecciones se harán con el régimen de usos y costumbres, “procedimiento en vigor en Matatlán desde tiempos inmemoriales”, según sus propias palabras. Cita la Constitución local y el código electoral para apoyar su decisión. Niega categóricamente que los partidos políticos hayan participado algún día en las elecciones municipales. Ante las presiones del pan y del prd, el presidente del iee convoca al edil a discutir la posibilidad de un cambio de régimen. Frente a los consejeros electorales, provee una descripción de las costumbres de Matatlán digna de la mejor monografía etnológica. Incluye todo: el sistema de cargos jerarquizado, el servicio obligatorio y gratuito, etcétera:

  • 13 Palabras de Juan José Méndez. León, presidente municipal de Santiago Matatlán (1996-1998), recogid (...)

Todos los cargos que debemos asumir son gratuitos. Desde el topil hasta el presidente municipal, nadie cobra un solo centavo. Los cargos comienzan con los comités del panteón, que son los que se ocupan de dar mantenimiento al cementerio, y el servicio de jardinero: ellos cuidan las plantas que adornan el pueblo. Ninguna de estas funciones es remunerada, y hay que comenzar por ellas para llegar a subir los escalafones y ocupar funciones más importantes en el ayuntamiento.13

38El modelo es perfecto. Matatlán es una comunidad zapoteca que lucha por defender sus tradiciones y su cultura. Los habitantes de otras comunidades que pertenecen al municipio no han participado jamás en la elección del ayuntamiento de Matatlán, designado por los habitantes de la cabecera reunidos en asamblea general. Esta imagen idílica podría convencer a más de uno, si no hubiera sido enunciada por un mestizo, que no habla una palabra de zapoteca y cuya residencia principal se encuentra en pleno centro de la ciudad de Oaxaca. Es el contraejemplo de lo que predica. Jamás ocupó otro cargo antes de ser elegido presidente municipal. Miembro de una de las familias más ricas de la ciudad (su padre es propietario de una clínica en pleno centro de la capital del estado), realiza sus estudios superiores en Oaxaca y funda, en Matatlán, una empresa embotelladora de mezcal. Como todo aquel que tiene los medios, se lava las manos del servicio a la comunidad pagando a sustitutos (“mozos”). En 1995 es nombrado alcalde, como ya dijimos, con el apoyo de los productores de mezcal cuyos intereses defiende. Su clientela es numerosa, agrupada principalmente en tres asociaciones: la Unión de Productores de Mezcal, la Asociación de Magueyeros de Oaxaca y la Asociación de Mujeres Campesinas “Princesa Donají”, esta última directamente afiliada al pri. Estas organizaciones sirven para canalizar los financiamientos del Estado y del pri en una perspectiva puramente clientelista. La organización “Princesa Donají”, en especial, tiene instalaciones en todos los municipios de los Valles Centrales, y moviliza a las mujeres durante las campañas de los candidatos del pri a las elecciones estatales y federales.

  • 14 Bajo Palabra, núm. 23, 16 de agosto de 2001, p. 10.

39Además del apoyo de estos “batallones” de campesinos a los que proporciona becas y empleo en las empresas de mezcal, Méndez León tiene el apoyo de los hombres de negocios más poderosos de Oaxaca: Pedro Mateo, propietario de la marca de mezcal Benevá, de renombre internacional, y presidente de la Asociación de Magueyeros del Estado de Oaxaca. No solamente está este hombre a la cabeza de una de las industrias más florecientes de Oaxaca, a la que el gobernador Diódoro Carrasco quiso otorgar una promoción sin precedentes, sino que también es considerado uno de los padrinos del tráfico de drogas en la región de los Valles Centrales.14 Valiéndose de este apoyo en el interior de Matatlán, y de la relación personal que lleva con su compadre Diódoro Carrasco, Méndez León utiliza la legislación sobre los usos y costumbres para neutralizar a la oposición y asegurar su propia sucesión.

40Los recursos –relaciónales, financieros, legales– de que dispone el presidente municipal son tales que ni el iee ni el pri logran detenerlo. El iee intenta en vano forzarlo a negociar un mecanismo de elección que satisfaga a los opositores. La transición al régimen de partidos se rechaza desde el inicio. En nombre del respeto al “derecho de los pueblos indígenas a determinar su propio destino”, el presidente del iee decide buscar un procedimiento consuetudinario que garantice la participación de todos en la elección. Ante la intransigencia del edil, busca primero un acuerdo con las autoridades de San Pablo Güilá, que están dispuestas a no participar en las elecciones con la condición de obtener garantías sobre la repartición equitativa del presupuesto municipal. Pero la negociación con los opositores de la cabecera resulta mucho más difícil. Éstos exigen que la elección se haga según los patrones convencionales, con un sufragio universal y secreto, por medio de boletas y urnas. Consideran que será la única forma de evitar que el presidente municipal manipule la elección. A pesar de los esfuerzos de los consejeros electorales, que acuden a Matatlán en varias ocasiones (Méndez León no quiso ir a las reuniones convocadas por el iee en Oaxaca) para convencerlo de que ceda en cuanto al mecanismo del voto, él insiste en que la elección se realice por la vía de una asamblea con voto a mano alzada, “como siempre se ha hecho”. Finalmente, ningún acuerdo es posible. El presidente municipal se niega a ceder, al grado que convoca unilateralmente a una asamblea de elecciones el 18 de octubre de 1998, en la que sólo participan los miembros de tres asociaciones que lo apoyan, así como los comités de las iglesias católica y evangélica. En la asamblea se reúnen cerca de 150 personas, cuando que en la cabecera hay más de 1 500 electores. El escenario es perfecto, la reunión tiene lugar en la cancha municipal de basquetbol, los electores designan la mesa de debates y a varios escrutadores, antes de proponer a los candidatos para cada uno de los cargos del ayuntamiento. Cada “sector” (magueyeros, productores de mezcal, mujeres campesinas y representantes de las iglesias) propone un candidato. Luego la asamblea vota a mano alzada. Se elige al que obtiene el mayor número de votos. De esta manera el edil garantiza el nombramiento de sus propios candidatos. Su sucesor es Melchor Monterrosa Hernández, propietario de la marca de mezcal Fandango. La asamblea es un montaje en la que no está presente más que una facción, poco numerosa pero muy poderosa, de los habitantes de Matatlán.

41El iee se rehúsa a validar esta asamblea. El colegio electoral hace lo mismo y solicita a la autoridad electoral, en enero de 1999, que organice elecciones extraordinarias. Aun cuando Méndez León ya no esté en el puesto, sus hombres mantienen la misma posición: se oponen categóricamente al voto universal y secreto. El iee encuentra finalmente un punto medio: una contienda entre dos planillas compuestas por cada parte, y un voto público por medio de un pizarrón. Cada planilla tiene un color diferente (verde para la de Melchor Monterrosa y roja para Hermenegildo Hernández Méndez, candidato de la oposición). La elección tiene lugar durante una jornada entera, con la vigilancia de representantes del iee y de cada una de las planillas que compiten. Procedimiento que de todos modos permite a los “padrinos” del mezcal controlar el voto de su clientela.

42Éste es el mejor ejemplo de un presidente municipal que adquiere un poder y un margen de acción sin precedentes en materia electoral. La ley sobre las costumbres tiene mucho que ver en este caso, ya que deja la selección del procedimiento electoral en manos del municipio. Los partidos políticos y los consejeros electorales pueden ejercer presión para obligar al alcalde a encontrar una forma de elección que garantice la participación de los adversarios, pero su autoridad es muy limitada. Sólo les queda tratar de convencerlo o en última instancia de negarse a validar la elección, si ésta se efectúa de manera unilateral y fraudulenta. En Matatlán el edil reina como dueño y señor indiscutido. Hasta el final de su mandato marca el paso de las negociaciones. Ciertamente que no saca su fuerza solamente de la ley electoral, sino del apoyo tácito del gobernador, que naturalmente no se atreve a enemistarse con el representante de uno de los grupos de empresarios más poderosos del estado. Pero la reglamentación electoral le permite mantener muy de cerca el control de la elección municipal. Basta con que la mayoría priísta del Congreso local decida validar su elección, en contra de la opinión del iee, para que el presidente municipal asegure su propia sucesión sin toparse con mayores obstáculos.

43Las autoridades municipales, empero, no tienen el monopolio del uso de los nuevos recursos legales, aun cuando estén en una posición ventajosa para hacerlo. Ya lo vimos en Matatlán: el conflicto surge porque el presidente municipal en turno quiere imponer a su sucesor. Pero si alcanza tales proporciones es también porque sus oponentes han encontrado la manera de contrarrestar su estrategia apelando a los partidos políticos y al iee. Aun si la capacidad de acción de éste es muy limitada, de todos modos logra invalidar la elección del 18 de octubre de 1998 y organizar otra, con reglas del juego más equitativas. En otras palabras, si antes los disidentes no podían hacer nada frente a las imposiciones de los caciques, ahora pueden utilizar los nuevos canales institucionales: los partidos de oposición, al iee y también, como veremos más adelante, al Tribunal Electoral Federal.

44El problema es que a partir de 1995 existen dos órdenes jurídicos: el de la costumbre legalizada, en el que las autoridades municipales tienen la sartén por el mango, y el derecho positivo, al que los actores locales pueden apelar, según su postura y sus intereses. El derecho consuetudinario por su parte se convierte en arena de conflicto, en la que las autoridades municipales y sus oponentes se enfrentan para imponer las reglas del juego que mejor les convengan.

45Estos conflictos locales son la prueba de que la adopción de cualquiera de los regímenes electorales –usos y costumbres o partidos políticos–, no es una operación “natural” dictada únicamente por una realidad social o cultural. No puede ser comprendida a menos que se le considere una alternativa, en la que los actores hacen un cálculo de las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos. Los conflictos se desprenden también de las estrategias políticas de los actores locales. A partir de ahora éstos tendrán a su disposición recursos legales que se contradicen, ya que algunos ponen el acento en los derechos políticos de los ciudadanos y otros sobre los derechos de la comunidad. Según su posición y sus intereses, pero también según su formación ideológica o su trayectoria política, los actores locales apelarán a uno de los dos órdenes jurídico-institucionales, provocando disputas que el iee o los tribunales deberán resolver.

LOS USOS ESTRATÉGICOS DE LA COSTUMBRE

46La legalización de la costumbre le confiere a ésta un valor agregado considerable. En un contexto nacional en que la rebelión neozapatista y las negociaciones en torno a los derechos de los pueblos indígenas ocupan un lugar central en la agenda pública, definirse como indígena e inscribir sus reivindicaciones locales en un movimiento más amplio de lucha por la defensa de la identidad se vuelve políticamente rentable. Los nuevos recursos legales contribuyen así a rediseñar las estrategias de los actores sociales.

47La legalización de las costumbres traza una nueva frontera política al establecer dos categorías electorales claramente diferenciadas e incluso antinómicas, ahí donde antes existía un tejido institucional híbrido, que mezclaba en grados diversos la lógica partidista y la lógica comunitaria. En la vertiente exterior de esta nueva frontera existe una confrontación entre dos órdenes jurídicos: el de los derechos del individuo-ciudadano y el de la comunidad. Las posturas de los actores son tajantes, claramente diferenciadas. Pero sobre la vertiente interior de la frontera existe una franja en la que los actores compiten por definir y producir la costumbre legítima. Ninguno de los actores apela al derecho positivo y todos se erigen en defensores de la auténtica costumbre.

48En ambos casos es evidente que la costumbre no es un dato objetivo, mecánico, que se imponga a los actores locales. Por el contrario, se presenta como un instrumento, un recurso que los actores van a movilizar en función de sus intereses y de sus objetivos. La costumbre no es simplemente el reflejo de una voluntad general, sino que expresa una cierta relación de fuerza. Como toda institución, es a la vez el instrumento v la sustancia de las relaciones de poder. Los grupos políticos dominantes en el plano local se erigen en intérpretes y defensores de la costumbre con la finalidad de descalificar a sus oponentes. Éstos aparecen entonces como los enemigos de un orden comunitario cuya armonía y unidad pretenden romper al perseguir sus propios objetivos particulares. El mismo discurso de la unidad comunitaria y el respeto de las costumbres “ancestrales”, esconde la defensa de intereses particulares, sectoriales, erigidos en beneficio general.

49Una vez más, esta estrategia de exclusión en nombre de la costumbre es ante todo privativa de las autoridades municipales. Generalmente éstas representan a un grupo dominante en el seno de la colectividad. Este grupo no necesariamente es un usurpador del poder municipal. La mayoría de las veces goza de cierta legitimidad, representa una constelación de intereses y una corriente de opinión mayoritaria en el seno de la comunidad. Sin embargo, no es la expresión de una voluntad unánime, como parece dar a entender el discurso dominante. La autoridad, por tradicional que sea, refleja a su vez las discrepancias de la sociedad local. En la mayoría de los municipios sirve para legitimar un cierto equilibrio de las relaciones de fuerza en el que cada facción, cada grupo de interés, tiene su sitio. No se trata en absoluto de una integración armoniosa y equitativa. Cada asamblea de elección es el teatro de una lucha entre grupos diferentes, a veces discreta o imperceptible a los ojos del profano. Después de interminables justas verbales, uno de los grupos gana y ocupa los principales cargos del ayuntamiento. Pero la mayoría de las veces los grupos minoritarios consiguen colocar a sus “candidatos”. La elección produce entonces una forma de integración, ciertamente desigual, ya que el grupo dominante ocupa los cargos claves, pero es una integración al fin y al cabo, ya que están representadas las minorías y pueden ejercer presión desde el interior para orientar las decisiones de la autoridad en un sentido que les sea menos desfavorable.

50El conflicto estalla y rebasa los límites de la comunidad cuando coinciden dos elementos. Por una parte, en el plano local, un solo grupo monopoliza el poder y excluye a los otros de forma permanente. El precario equilibrio se rompe y el discurso sobre la unidad comunitaria sirve entonces para legitimar la exclusión. Pero, por otra parte, los excluidos tienen a su disposición recursos y canales institucionales que les permiten reclamar su inclusión: los partidos políticos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los medios de comunicación y algunas instituciones públicas que adquieren una relativa autonomía, como los institutos electorales o los tribunales electorales (en los planos federal y estatal). Ahí donde a los disidentes no les quedaba más que resignarse o apelar al único árbitro disponible –el pri o el gobierno que apoyaba al grupo dominante–, en adelante podrán recurrir a otras mediaciones para impugnar el monopolio del poder que ejercen sus adversarios.

51La añeja unanimidad de la comunidad revolucionaria institucional se ha roto, pero también los modos precarios de integración de los grupos de interés y de las minorías asociadas a ellos. En este contexto de pluralización política, en que la consolidación de un sistema de partido competitivo en el plano federal juega un papel central, la defensa de las costumbres parece haberse convertido en un instrumento de exclusión y no de integración. Ya no sirve para crear un equilibrio entre las fuerzas locales, por frágil que fuera, sino para imponer los intereses de un grupo reducido de “partidarios” que se disfrazan de defensores de la unidad comunitaria. La asamblea ya no es un espacio de conflicto y de conciliación, sino el instrumento de legitimación de una facción que busca erigir sus decisiones en expresión de la voluntad general.

LA CRISIS DE LAS MEDIACIONES POLÍTICAS

52La “clasificación” de los municipios (usos y costumbres ta. partidos políticos) y las disputas que se derivan de ella tienen mucho que ver con la transformación de las instituciones políticas del estado de Oaxaca, en especial las directamente relacionadas con la organización de las elecciones. A continuación queremos demostrar que esta nueva configuración institucional tiene consecuencias directas en la transformación del juego político local. No vamos a establecer lazos de causalidad unívocos y simplistas con los que, por lo demás, fácilmente nos veríamos atrapados en un razonamiento tautológico. Más bien vamos a tratar de mostrar que las instituciones estructuran el juego político, lo constriñen sin que por ello lo determinen. Acabamos de ilustrar este hecho en lo relativo a las estrategias de los actores locales y la forma en que utilizan los nuevos recursos legales. Insistiremos ahora en los vínculos que existen entre la aparición de un nuevo árbitro electoral y el aumento de las disputas en los municipios consuetudinarios.

EL FIN DEL MONOPOLIO PRIÍSTA DEL ARBITRAJE ELECTORAL

53La reforma electoral contribuye a su vez a modificar los mecanismos habituales de mediación política. Como ya dijimos, hasta los años noventa el pri es el principal árbitro en materia electoral. Canal privilegiado para las negociaciones entre facciones locales, tiene los medios y la legitimidad necesarios para conciliar los intereses y las exigencias de los diferentes actores políticos. En la mayoría de los municipios el partido oficial interviene sólo como aval para acreditar a las autoridades nombradas por las asambleas comunitarias. Cuando los mecanismos tradicionales de conciliación no funcionan y los disidentes reclaman una participación que les está vedada, recurren al dirigente estatal del pri o directamente al gobernador (o su secretario general de Gobierno). Éstos negocian con las diferentes facciones para constituir una planilla electoral “de unidad” o convencer a los disidentes de que renuncien, cuando menos provisionalmente, a sus ambiciones. En caso de conflicto, las decisiones tienden a tomarse en el centro y no en el municipio. No hay, entonces, más que un árbitro, el pri y sus representantes oficiales, el gobernador incluido.

54A partir de los años setenta la mecánica comienza a anquilosarse. En los municipios de tamaño mediano, generalmente las cabeceras de distrito, las facciones locales empiezan a recurrir a los partidos de oposición y no solamente al pri pata zanjar sus diferencias. Rompen entonces con la lógica de la concertación para entrar en una competencia electoral directa. Sin embargo, la mayoría de las veces no se trata más que de una manera de presionar para obligar a los dirigentes del pri y al gobierno a reconocer su fuerza política y garantizarles un acceso al poder local. En la mayor parte de los municipios, pese a la consolidación de un sistema de partidos más competitivo en el plano federal, el gobierno y el pri siguen siendo los principales interlocutores y árbitros cuando los conflictos rebasan los límites de las instituciones locales.

55La reforma electoral de 1997 otorga al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, creado en 1992, un papel central en la regulación de los conflictos electorales. En efecto, la ley establece, por un lado, que los ayuntamientos nombrados por medio del procedimiento consuetudinario no tienen filiación partidista, y, por el otro, atribuye al Consejo General del iee la responsabilidad de resolver las disputas que surgen durante las elecciones. En un contexto de creciente competencia electoral, estos dos preceptos contribuyen a cortar el cordón umbilical que unía al pri con las comunidades indígenas. Las autoridades ya no son consideradas de manera automática como candidatos del pri. Éste ya no debe asumir el papel de árbitro, ahora será el iee el que lo hará.

56El problema fundamental radica en que el nuevo árbitro electoral no tiene la legitimidad ni los medios (financieros o institucionales) que poseía el pri para resolver los conflictos electorales. Es también un espacio relativamente más abierto y plural que el del pri lo que contribuye a modificar la naturaleza misma del arbitraje y de las negociaciones políticas. Conflictos que antes se negociaban en las oficinas del partido oficial o del gobernador ahora se resuelven en un espacio donde intervienen los representantes de los partidos de oposición y los consejeros electorales, que ya no están directamente afiliados al gobierno.

  • 15 La ley señala que el consejero presidente del iee debe ser elegido por dos terceras partes del Con (...)
  • 16 Durante diez años, de 1985 a 1995, dirige la escuela nacional de cuadros del pri.

57Lo anterior no quiere decir que el pri o el gobierno estén atados de pies y manos durante los procesos electorales. Por el contrario, el pri interviene cada vez más directamente en los municipios consuetudinarios, al sentir que su poder está amenazado por actores políticos independientes. Además, el iee no es la institución plenamente autónoma como dice la ley. Ya vimos que Cipriano Flores Cruz, el consejero presidente del iee, fue elegido por un congreso local en el que el pri seguía siendo mayoritario, y con mucho. Aun cuando recibe el apoyo de una parte de la oposición, su designación se debe en mucho a la decisión del gobernador.15 Cipriano Flores Cruz pertenece al pri, aun cuando nunca haya ocupado un cargo electivo. Hizo carrera de funcionario en el seno del partido,16 después en la administración federal, en la Secretaría de Gobernación, entre otros. Procede, pues, de las altas esferas del régimen. Sus cualidades de negociador, su contacto permanente con todos los partidos políticos cuando participa en la reforma electoral federal de 1991, le confieren una cierta legitimidad a los ojos de la oposición. Su designación ha sido ampliamente concertada. Diódoro Carrasco busca una persona cercana al pri pero que se presente como conciliadora y pueda así ser aceptada por la oposición. El contexto político –rebelión zapatista, ascenso de la oposición-hace que toda imposición del gobierno sea arriesgada. Al mismo tiempo, éste no quiere soltar completamente el control de los procesos electorales. La designación de Cipriano Flores representa un término medio. El Instituto Estatal Electoral, antes dirigido por el secretario general de gobierno, lo encabeza ahora una persona cercana al pri pero sin vínculo directo ni institucional con el gobierno. Con Cipriano Flores, de 1995 a 2002, la autoridad electoral adquiere una autonomía relativa. No es un árbitro verdaderamente independiente e imparcial, pero tampoco un instrumento electoral del gobierno. Se trata más bien de un nuevo espacio de negociación entre las diferentes fuerzas políticas, en el que el gobierno y el pri disponen de ciertas ventajas. Eso, como lo mencionamos en el capítulo precedente, va a cambiar radicalmente con la renovación del consejo electoral del iee, en diciembre de 2002. José Luis Echeverría, el nuevo consejero presidente, es el que fungió como secretario técnico y director general del iee, de 1995 a 2002. Rápidamente entró en rivalidad con el consejero presidente, al querer monopolizar la dirección del instituto, sobre todo, porque se vuelve el operador del gobernador José Murat, dentro de esa institución. Éste le tiene recelo a Cipriano Flores, simplemente porque lo identifica con Diódoro Carrasco, su principal adversario político dentro del pri; también porque el presidente consejero trata de mantener cierta distancia del gobernador en la resolución de los conflictos electorales municipales. Con la salida de Cipriano Flores el iee pierde su autonomía sustancialmente.

  • 17 El director general, al igual que el secretario general, el representante del registro federal de (...)
  • 18 La ley prevé tres direcciones ejecutivas: la dirección ejecutiva encargada de la organización de l (...)
  • 19 Se constituyen comités electorales en los 25 distritos de Oaxaca y en los 152 municipios clasifica (...)

58De todas formas, con Cipriano Flores o sin él, la composición del consejo general y de la administración del iee siempre ha favorecido al pri. Lo mismo que los seis consejeros electorales. Aunque se supone que no deben pertenecer a ningún partido, todos fueron propuestos por los grupos parlamentarios del congreso local. Su imparcialidad es, pues, relativa. De 1995 a 2003, la mitad de ellos son cercanos al gobernador; el resto tiene una posición neutra o independiente. En cuanto a la administración del iee, está dominada en gran parte por personas allegadas al pri y al gobierno. Al igual que el director general, que controla la gestión del presupuesto del instituto electoral. Aun cuando su capacidad de intervención en el consejo general17 es limitada, su influencia en el funcionamiento del iee es considerable. En principio, debe ser elegido por dos terceras partes de los miembros del consejo general, pero aquí también la decisión del gobernador es determinante. El director general está encargado de elaborar el proyecto de presupuesto anual del instituto electoral y también debe proponer al consejo general los candidatos a las direcciones ejecutivas del iee18 y a los consejos electorales de los distritos y de los municipios.19

59La constitución de los consejos electorales en los 152 municipios de partidos es objeto de ásperas negociaciones entre los representantes de los partidos políticos. Su decisión es fundamental durante todo el curso de las elecciones locales. En este caso también la mayoría de los consejos están dominados por personas allegadas al pri, excepto en los distritos y municipios en los que la oposición es suficientemente fuerte para colocar a sus propios consejeros electorales. Sin embargo, al igual que en el centro, cada partido tiene un representante que participa en las deliberaciones, aunque no puede votar.

60La autonomía y la imparcialidad de la autoridad electoral están limitadas por un último elemento: la institución del colegio electoral. La ley señala que el congreso local, erigido en colegio electoral, debe validar las elecciones. En el caso de las elecciones consuetudinarias, los diputados deben “ratificar” las decisiones tomada por el iee. En algunos casos ocurre que el congreso revoca la decisión del iee. El principio mismo del colegio electoral contradice el objetivo de imparcialidad que se pregona en el resto de la ley. En materia electoral, la decisión final la toman los propios partidos. El pri, que tiene mayoría calificada en el congreso local, puede así influir en los resultados electorales cuando son objeto de disputa.

61De todos modos, la consolidación del iee y la prohibición a los partidos de intervenir en las elecciones consuetudinarias conlleva un notorio desplazamiento del pri y éste deja de ser el único interlocutor autorizado, en caso de conflictos electorales. Todavía en 1995 el pri contribuye a desactivar muchos conflictos antes de las elecciones, negociando planillas comunes o el desistimiento de ciertos “pretendientes” al poder municipal. El divorcio entre el partido y las asambleas comunitarias no se ha consumado todavía. El pri sigue siendo considerado la vía oficial para acreditar las planillas electorales. La reforma electoral es demasiado reciente como para que las autoridades municipales y las fuerzas locales la conozcan verdaderamente. Muchos ni siquiera saben que ya tienen la posibilidad de acreditar independientemente a sus autoridades elegidas. En muchos casos, empero, las autoridades municipales en funciones y las que acaban de ser elegidas insisten en que su acreditación se realice a través del pri, “como siempre”. La mayoría invoca el respeto de las costumbres, pero esta decisión refleja sobre todo el temor de que se rompa el antiguo pacto clientelista. Las autoridades municipales y las fuerzas políticas locales temen que la acreditación independiente vaya a provocar el descontento del gobierno y que éste decida vengarse reduciendo los recursos para el municipio.

62A partir de 1998, en cambio, en 418 municipios la acreditación independiente es la única opción posible. El pri ya no es un mediador indispensable para efectuar las elecciones y las acreditaciones de las autoridades municipales. Es verdad que en la mayoría de los municipios continúa siendo percibido como el partido del gobierno. Conviene, por lo tanto, seguirle siendo leal, pero ya no es el pasaje obligado para obtener el reconocimiento oficial de las autoridades elegidas. La transacción clientelista pierde, pues, uno de sus principales recursos legales. El pri deja de ser la autoridad electoral encargada de supervisar y registrar las planillas electorales, ya que la ley se lo prohibe. Las palabras de uno de los dirigentes del pri, Jacobo Sánchez López, son significativas:

  • 20 Entrevista con Jacobo Sánchez López, diputado local (1998-2001) y secretario de asuntos electorale (...)

Nos ataron de manos, ya no podemos llegar a los pueblos y proponerles resolver un conflicto... los grupos confrontados nos responden que no pertenecen a ningún patudo, que van a arreglar las cosas entre ellos, que no tenemos que intervenir. Cualquiera puede denunciarnos, porque desde ahora estaremos fuera de la ley. Esto nos limita muchísimo.20

63Esta modificación de la ley trae consigo una transformación en los mecanismos de mediación política. Las facciones y las autoridades municipales ya no tratan de resolver sus conflictos con ayuda del pri. Pueden acudir al iee. Los conflictos adquieren proporciones nunca vistas.

LA FRAGILIDAD DE LOS NUEVOS MECANISMOS DE ARBITRAJE

64Para empezar, los conflictos se difunden mucho más ampliamente: el iee es un espacio público, lo que ahí se hace y se ventila adquiere mayor visibilidad que en el seno del pri (al menos hasta 2003). Es verdad que no todas las negociaciones son públicas. En los casos más difíciles, los representantes de las facciones rivales negocian con el presidente del iee, a puerta cerrada. Pero en la mayoría de los otros hay una fase en que los grupos políticos se encuentran cara a cara, en sesiones abiertas al público y a los medios. Esto representa un cambio considerable en comparación con elecciones anteriores en que las negociaciones se realizaban en la intimidad del partido.

65Por lo demás, el iee no posee los mismos medios que el pri para resolver los conflictos, ya que éste contaba con todo el peso del Estado detrás de él. Tenía la autoridad y los recursos financieros suficientes para “disciplinar” a los disidentes. En los casos más difíciles el gobernador intervenía personalmente. A partir de 1998 esto ya no es posible. En todo caso, las elecciones consuetudinarias ya no son cosa de los partidos; si el pri interviene, debe hacerlo con discreción, disimuladamente. Sus medios se ven igualmente reducidos: continúa disponiendo de recursos financieros considerables pero ha perdido gran parte de su autoridad. Como las facciones locales no se consideran necesariamente como miembros o clientes de un partido, éste ya no ejerce la misma influencia sobre ellos.

66Al mismo tiempo, ya lo dijimos, el iee no es reconocido como un árbitro imparcial y legítimo. Su autonomía respecto del gobierno es relativa. Muchos lo perciben como un instrumento en manos del gobernador y su partido. Esta falta de legitimidad tiene un efecto directo en la propia autoridad de esta institución. En muchos casos, como veremos más adelante, el instituto electoral es incapaz de obligar a las facciones locales a negociar.

67La fragilidad del árbitro electoral procede ciertamente de su falta de autonomía. Pero más que un instrumento en manos del pri, hasta 2003, el iee es un espacio donde se expresan de manera aleatoria las relaciones de fuerza entre los diferentes grupos políticos en el interior de los partidos, del gobierno y de los municipios. Debilitado por los conflictos internos que oponen, en este caso, al director general y al consejero presidente, la autoridad electoral difícilmente logra asumir su papel de árbitro. En muchos casos, como el de Santiago Matatlán, el iee no logra controlar a las autoridades municipales salientes, que quieren imponer a sus sucesores y dejar fuera a los adversarios políticos. Cuando una solución amistosa no es posible, el iee tampoco es capaz de imponer reglas del juego aceptables para el conjunto de los actores locales.

  • 21 Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, p. 80.
  • 22 Son los municipios siguientes: San Pablo Etla, Santa María Colotepec, La Pe, Santiago Xanica, San (...)

68Una vez más, la impotencia del iee se deriva en gran parte de la reglamentación en materia de elección consuetudinaria. Ésta se basa, en efecto, en el principio de respeto de la autonomía de las comunidades en la elección de sus autoridades locales. Las comunidades deben gozar de absoluta libertad en el nombramiento de sus autoridades. Se supone que el iee no debe intervenir más que para validar la elección y el congreso local solamente ratifica la decisión de la autoridad electoral. La ley se basa en una concepción autogestionaria en que las decisiones y la solución de los conflictos –si los hay– se dejan enteramente en manos de las autoridades locales. La necesidad de un arbitraje externo no se toca más que de manera marginal. Solamente en el artículo 125 del código electoral se especifica que el iee debe tener conocimiento de las disputas que aparecen en el momento de las elecciones y tratar de resolverlas “por la vía de la conciliación”.21 Pero ningún procedimiento está previsto en caso de no alcanzar dicha conciliación. En gran medida, la resolución de los conflictos depende de la buena voluntad de las facciones rivales. En 1998, por ejemplo, en diez municipios el iee no consigue negociar un procedimiento electoral aceptado por todos y remite la decisión al congreso local después de transcurrido el tiempo legal de las elecciones.22

69Así pues, la ley pone fin a un modo de regulación política, el operado por el pri, pero lo reemplaza por un sistema de arbitraje imperfecto y frágil. Esto explica en gran parte los conflictos que se producen a partir de 1998. Desde el momento en que el pri-árbitro se retira, afloran las rivalidades entre dirigentes y facciones. En muchos casos, los conflictos no son realmente nuevos. Una revisión escrupulosa de la prensa en 1995 revela otros conflictos que el pri desactiva unos meses antes de la fecha oficial de las elecciones. Una vez más, las palabras de Jacobo Sánchez López, el operador estatal del pri, son significativas:

  • 23 Entrevista con Jacobo Sánchez López, 18 de enero de 2000.

En 1995 hay [en varios municipios] grupos que no logran ponerse de acuerdo... son facciones del pri que acuden al partido para que zanje sus diferencias. Entonces, nos hicieron creer que se ponían de acuerdo por la vía de la concertación, para constituir una sola planilla. Por eso en el iee hay muy pocos problemas, porque el pri no puede hacer que sus militantes se pongan de acuerdo antes de las elecciones. No como en 1998, no... eso es otra cosa, porque esta vez los partidos ya no pueden intervenir. Al iee le roca resolver todos los conflictos...23

70El operador electoral del pri no revela más que una parte de la verdad: en 1998 el pri ni los demás partidos se quedan con los brazos cruzados. En muchos municipios, el pri trata de influir en las elecciones a través de sus operadores regionales y locales: delegados del gobierno, antiguos delegados municipales del pri, diputados locales, dirigentes comunitarios, etcétera. Pero ya no interviene como árbitro, tratando de reconciliar a su “grey”, a partir de ahora lo hace como partido y apoya, más o menos directamente, a una de las facciones locales. Frente a la división comunitaria, el pri ya no puede asumir un papel integrador; está obligado a actuar en lo oscuro, cosa que reduce su capacidad de negociación y de cooptación. Por supuesto, esto no se debe únicamente a la ley electoral. Se trata más bien del efecto conjugado de una intensificación de la competencia electoral, de la influencia creciente de una corriente autonomista de inspiración neozapatista y de la nueva reglamentación electoral. En efecto, al prohibir a los partidos que intervengan en las elecciones municipales de más de 400 municipios, la ley impugna el pacto implícito por medio del cual las autoridades locales se comprometen a sostener al pri a cambio del reconocimiento oficial y de los apoyos materiales que éste les garantizaba. A partir de ahora, para preservar la lealtad de las autoridades y de las comunidades, el pri debe realizar esfuerzos que antes no tenía que hacer. Debe buscar por otros medios ganarse la confianza de un electorado y unas autoridades municipales que disponen de nuevo margen de maniobra.

LA INTERVENCIÓN ENCUBIERTA DE EOS PARTIDOS POLÍTICOS

71Los ejemplos que citamos muestran hasta qué punto, pese a la prohibición legal, los partidos políticos intervienen en las elecciones consuetudinarias. Su participación es disimulada pero directa. En Matatlán, como en Tutla o Chayuco, aunque también en Ayutla, los partidos dan su apoyo a una de las facciones locales. Cosa que hace que algunos observadores digan que los conflicros son proyecciones locales de la competencia entre el pri y el prd. Efectivamente, en los municipios en que la elección opone dos planillas de diferente color (como en Matatlán y Chayuco), cada una está indirectamente ligada a uno de los dos partidos, aun cuando esta relación no siempre se declare.

72Los partidos son los principales mediadores entre las facciones locales y la autoridad electoral. Constituyen el canal privilegiado para influir en las decisiones del Consejo General del iee. Esto es verdad particularmente para los adversarios cuando quieren contrarrestar la decisión de las autoridades municipales. En Matatlán las autoridades de San Pablo Güilá y los opositores de la cabecera negocian con el apoyo del prd. Lo mismo ocurre en Chayuco. Algunos municipios eluden este esquema bipartidista, como San Sebastián Tutla, donde los avecindados que se movilizan no tienen vínculos directos con la oposición; sus dirigentes están más bien vinculados a un grupo diferente dentro del pri. En Ayutla los maestros, que tienen control del poder hasta 1997, adoptan una posición antipartidista y rechazan el apoyo del prd, mientras que sus adversarios son allegados del pri.

73Los modos de articulación entre las facciones locales y los partidos políticos son variables. En algunos casos, en el plano local existe un militantismo más bien reciente y frágil. Pero en la mayoría de los casos los grupos locales establecen alianzas tácticas con los partidos. No necesariamente existe una identificación ideológica anterior. Por regla general el pri es el interlocutor natural de las autoridades municipales, que la mayor parte de las veces representan a los grupos dominantes, vinculados al poder central a través del compromiso clientelista tradicional. Entonces los disidentes acuden al prd para que los escuchen. Rara vez la relación resulta de una iniciativa unilateral, sino más bien de una convergencia de intereses. El prd trata de conformar su propia clientela en el plano municipal y los disidentes buscan un canal para intervenir en las decisiones del iee. Estas alianzas tácticas no siempre dan lugar a una relación duradera entre los partidos y sus aliados del momento. Las identidades partidistas, como hemos dicho y repetido, siguen siendo frágiles, sobre todo en lo que toca a la oposición. En cambio el pri goza todavía de la autoridad que le confiere su relación simbiótica con el gobierno. Tiene los medios para ganarse la confianza de una clientela, que rebasan con mucho los de los otros partidos, pese a los efectos de la crisis económica y de las transformaciones políticas en el plano federal.

74Los partidos políticos intervienen activamente en el seno del iee, pero también en el terreno. Sus propias estrategias constituyen una variable determinante que influye directamente en la selección del régimen electoral. Los grupos locales –autoridades municipales, disidentes, avecindados, etc.– nunca actúan aisladamente y sus estrategias no responden nada más a motivaciones estrictamente locales. Los tejemanejes del poder local son también los del poder regional y las relaciones de fuerza locales están articuladas a las que se juegan en el plano de las regiones, del estado e incluso de la federación. Las articulaciones son complejas y variables, pero el proceso de autonomización de los poderes locales no significa que los municipios se hayan convertido en islas separadas del juego político nacional y estatal.

  • 24 Acuerdo del Consejo General del iee, mimeo., 24 de agosto de 1998.
  • 25 Según la ley, el acceso al Tribunal Electoral está reservado a los partidos políticos. El represen (...)
  • 26 Este artículo señala que el iee debe tratar de llegar a un acuerdo entre las partes por la vía de (...)

75La naturaleza y las estrategias mismas de los mediadores influyen directamente en la dinámica del conflicto y la selección del régimen electoral municipal. Una vez más, es significativo el ejemplo de San Sebastián Tutla. Los intereses y la decisión de los dirigentes del pri tienen un papel determinante en la preservación del régimen consuetudinario en 1998. Sin el apoyo del pri las autoridades municipales ciertamente no habrían ganado el pleito. Efectivamente, el 24 de agosto de 1998 el iee emite una resolución que coloca a Tutla en el régimen de partidos políticos.24 La decisión se basa en un estudio antropológico realizado bajo la responsabilidad de la Dirección de Usos y Costumbres del iee. La autoridad electoral se contenta con afirmar que los resultados de este estudio confirman la viabilidad del régimen de partidos en el municipio de Tutla. El representante del pri ante el Consejo General del iee impugna de inmediato la decisión. Propone a las autoridades municipales que impugnen la decisión ante el Tribunal Estatal Electoral. Paso nunca visto, ya que generalmente los partidos tienen recurso a esta instancia para denunciar irregularidades en los procesos electorales o impugnar resoluciones del iee que los perjudiquen. Sólo que esta vez el pri acude al tribunal para impugnar una resolución que no le afecta directamente –en apariencia–, puesto que se trara de defender el derecho de una comunidad a preservar sus costumbres electorales. De entrada a uno le sorprendería que un partido defienda una causa contraria a sus propios intereses, ya que al querer restablecer el régimen consuetudinario en Tutla, el propio pri se priva de la participación directa en la competencia electoral. El argumento jurídico de Miguel Ángel Carballido es interesante en este sentido, ya que afirma que la resolución del consejo general perjudica a su partido en virtud de que la autoridad electoral “no respetó el principio de legalidad y atenta contra el estado de derecho”. No se pronuncia en realidad sobre el fondo del asunto, tratando de demostrar, por ejemplo, que Tutla llena las condiciones legales para pertenecer al régimen consuetudinario. Cuestiona la forma en que el consejo general tomó la decisión.25 Por una parte, éste se basó en un estudio antropológico, cuando la ley señala otros procedimientos para determinar el régimen de un municipio (artículo 110 del código electoral);26 por otra, los miembros del consejo general no tuvieron conocimiento directo del expediente completo relativo al caso de Tutla (incluidas las conclusiones finales del estudio antropológico en cuestión, que recomiendan que se mantenga el régimen consuetudinario a condición de garantizar la participación de los avecindados). Esta falta de información estaría en el origen de una resolución errónea que atenta contra la legalidad sobre la que se basa el estado de derecho y, por ende, ¡la existencia misma del pri! El quejoso agrega, para acabar, que la resolución del iee viola el Artículo 25 de la Constitución local, ya que no protege las “tradiciones y prácticas democráticas que las comunidades indígenas han utilizado hasta ahora para elegir sus ayuntamientos”.

  • 27 Fallo del Tribunal Electoral sobre el caso de San Sebastián Tutla, mimeo., 5 de septiembre de 1998 (...)
  • 28 Fallo del Tribunal Electoral sobre el caso de San Sebastián Tutla, mimeo., 5 de septiembre de 1998 (...)

76El 25 de septiembre de 1998 el tribunal electoral emite una sentencia favorable al representante del pri, pero no se limita a juzgar la forma en que los consejeros electorales tomaron la decisión. En un preámbulo relativamente largo los magistrados se pronuncian sobre las características mismas del municipio de San Sebastián Tutla. A partir de los documentos proporcionados por el quejoso (cartas enviadas por las autoridades municipales al iee, actas de asambleas comunitarias, estudio antropológico, etc.), concluyen que el municipio de San Sebastián Tutla presenta “características muy tradicionales en su forma de gobierno”: sigue existiendo el sistema de cargos civiles y religiosos, y el acceso a los puestos del ayuntamiento depende del cumplimiento de una serie de obligaciones comunitarias, la asamblea sigue fungiendo como “órgano de decisión” para resolver los problemas de la comunidad y designar a las autoridades municipales, todo ello “a pesar de la proximidad de la capital y la explosión demográfica”.27 A continuación los magistrados evocan los preceptos legales, desde el Convenio 169 de la OIT hasta las constituciones federal y local, pasando por la Ley Estatal de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, para afirmar que el Estado tiene “la obligación de reconocer y preservar las formas de organización social y política de las comunidades indígenas”.28 Después de esta larga y meticulosa argumentación jurídica, los magistrados dan la razón al representante del pri: los consejeros electorales emitieron su resolución sin tener conocimiento del expediente completo relativo al municipio de Tutla. Tampoco siguieron los procedimientos señalados por la ley: buscar la conciliación entre las partes o bien recurrir a la consulta de la comunidad. La resolución del iee es revocada y San Sebastián Tutla vuelve al régimen consuetudinario.

77Esta sentencia del Tribunal Electoral permite a las autoridades de Tutla efectuar sus elecciones sin la participación de los avecindados y que el iee las valide. Por paradójica que parezca, la diligencia del pri es enteramente lógica si se considera una estrategia política cuyo objetivo principal es contener el avance de la oposición en un municipio tradicionalmente priísta. El cálculo es relativamente simple: la oposición ha progresado claramente en el fraccionamiento El Rosario desde las elecciones legislativas federales de 1997 y las estatales de 1998. Los votos del prd y del pan, sumados, rebasan ligeramente los del pri. Aun cuando los dirigentes de los avecindados son más cercanos al pri, existe el evidente riesgo de que se vean desbordados por la oposición en las elecciones. En cambio, en la cabecera el pri sigue llevando la delantera con un cómodo margen, a pesar de los avances del prd. Fuera de este cálculo electoral, parece ser también que las autoridades municipales hicieron valer su lealtad –y la de su comunidad– hacia el pri para convencer a su representante de que “les diera una mano”. En realidad, estamos aquí ante una reformulación del antiguo pacto clientelista con un nuevo disfraz. En palabras del ex presidente municipal de Tutla, el representante del pri se comprometió a ayudarlos con la condición de que hicieran que la comunidad continuara votando por los candidatos de su partido en futuras elecciones. Las autoridades municipales reiteran su lealtad al gobierno y al pri, al mismo tiempo que le piden a éste que los ayude a defender sus costumbres de los “intrusos”. El antiguo pacto prevalece, el pri se erige ahora en defensor de una costumbre que sigue estando afiliada al partido gracias a la complicidad del grupo hegemónico a nivel local.

78El intercambio funciona tanto mejor cuanto que los magistrados del Tribunal Electoral actúan en connivencia con el representante del pri y el jefe de la Dirección de Usos y Costumbres del iee. Éstos les proporcionan incluso –por demanda expresa del gobierno– los argumentos jurídicos para justificar el mantenimiento del régimen consuetudinario en el municipio de Tutla. El gobierno cuenta así con evitar una confrontación que podría poner en peligro la “gobernabilidad” de su estado –puesto que las autoridades de Tutla han amenazado con eliminar a sus adversarios por la fuerza, si es necesario– y contener el avance de la oposición en los suburbios de la capital.

79El ejemplo de Tutla muestra que las estrategias de los partidos y las decisiones del poder central tienen influencia directa en la adopción del régimen electoral. El cálculo estratégico de los actores locales se articula al de los demás actores políticos fuera del municipio. La costumbre se convierte en un instrumento político, en un medio para preservar cierta configuración de las relaciones de fuerza. Con frecuencia el pri está mejor posicionado para sacar provecho de su presencia tradicional en el conjunto de los municipios y su relación con el gobierno.

80Pero hay excepciones, como veremos más adelante. La defensa de las costumbres es un recurso que los adversarios pueden movilizar también para exigir una negociación de las reglas del juego que les sean más favorables. Cuando los defensores de las costumbres adoptan una posición independiente del pri, éste asume la estrategia inversa: busca a toda costa instaurar el régimen de partido para contrarrestar la costumbre de sus adversarios. La realpolitik se manifiesta claramente, sin su disfraz indigenista.

LA MEDIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES

  • 29 Soledad Loaeza, “Mexique. Construire le pluralisme”, en Georges Couffignal (coord.), Réinventer la (...)
  • 30 Ibid.

81Los partidos políticos no son los únicos mediadores. Si bien el pri está presente en todos los municipios del estado, los demás partidos, incluido el prd, no alcanzan a “cubrir” la totalidad del territorio. La herencia del corporativismo Estado-pri-comunidad, en plena descomposición, dificulta la consolidación del sistema de partidos. En las zonas rurales el voto se diversifica, como veremos más adelante, pero la abstención alcanza niveles récord y en la mayoría de las regiones prevalece un fuerte sentimiento antipartidista, nacido en parte de una conjunción del principio comunitario del concenso y el “unitarismo” priísta. En ambos lados la lucha electoral se percibe como una fuente de inestabilidad y un obstáculo para el progreso de la colectividad. Como nos recuerda Soledad Loaeza, el Partido Nacional Revolucionario se crea en 1929 para llegar a un acuerdo entre los caudillos de la Revolución cuyas luchas intestinas impiden el restablecimiento de un orden institucional y la reconstrucción del país.29 Desde su formación el régimen posrevolucionario pone el acento en la unidad política de la sociedad como condición sine qua non de la modernización y del progreso de la nación.30 Esta ideología unitaria se articula perfectamente con el unanimismo comunitario, a la vez que lo refuerza. Como describimos ampliamente en el capítulo 1, el corporativismo comunitario y el del Estado priísta se conjugan para dar nacimiento a la comunidad revolucionaria institucional. La indefectible lealtad de los dirigentes comunitarios con el gobierno y su partido se vuelve indisociable de su aversión por la ruptura del consenso en el interior de la comunidad.

  • 31 Kristin Norget, “The Politics of Liberation. The Popular Church, Indigenous Theology, and Grassroo (...)

82Pero el antipartidismo tiene otros orígenes. Es un hecho que se deriva de la nueva élite formada por la Iglesia e influida por los movimientos universitarios de fines de los años sesenta. En el capítulo 2 describimos este fenómeno: la Iglesia, por intermedio de ciertas congregaciones, como la de los salesianos en la región mixe, tiene considerable influencia en toda una generación de jóvenes indígenas, y contribuye a la aparición de un movimiento de afirmación identitaria hacia fines de los años setenta. Influidos por los principios del Concilio Vaticano II, los misioneros transmiten a sus pupilos un ideal de solidaridad y unidad de la comunidad cristiana, que recupera, aunque reinterpretándolos, algunos de los principios de la organización tradicional.31 Los partidos políticos se perciben aquí también como fuente de confrontaciones que impide la unión fraternal, la única que puede arrancar a las comunidades indígenas de la situación de opresión y pobreza en que se encuentran. Algunos de estos jóvenes indígenas participan también más o menos directamente en los movimientos universitarios de protesta de los años sesenta y setenta. La ideología marxista antielectoral contribuye a reforzar su concepción negativa de los partidos políticos. En este semillero ideológico arraiga el movimiento comunalista y autonomista de los años ochenta y noventa. Nuevas organizaciones se crean en el plano regional, como la Asamblea de Autoridades Mixes o el UCIRI en el Istmo de Tehuantepec. La Iglesia continúa apoyándolos, a veces participando directamente en su formación y su dirección. En muchas regiones estas organizaciones tienen un arraigo mucho más profundo que los partidos políticos. Se convierten en verdaderos intermediarios, en el ámbito de la producción, o del desarrollo, pero también en el de la política.

83Estos nuevos mediadores, portadores de un proyecto comunitario, juegan un papel central en la resolución de ciertos conflictos electorales. Son muy activos y también hacen las veces de puente entre las facciones locales y el iee. El ejemplo de Ayutla que hemos dado es significativo. Los maestros que controlan el poder hasta 1997 son antiguos alumnos de los salesianos. Encarna esta nueva generación formada fuera de las escuelas públicas y portadora de un proyecto de reforma, de modernización en el interior de su comunidad. Ponen el acento en la solidaridad como motor del desarrollo y retoman ciertos elementos de la organización comunitaria, como el tequio, que erigen en principios rectores de su gestión municipal. En los años ochenta, constituyen asociaciones locales encargadas de dar un sostén benévolo a las autoridades municipales u organizar actividades culturales y deportivas en favor de la juventud. Trabajan siempre de concierto con los salesianos y sobre todo con el párroco Pedro González Villanueva. Este último forma parte de la generación que la congregación envía a cursar estudios de antropología en la Universidad Iberoamericana en los años setenta, después del Concilio Vaticano II. En su pastoral se esfuerza por aplicar los principios de la incluturación del evangelio. Guiado por una percepción favorable de algunas características de la organización comunitaria, alienta a sus alumnos a revalorizarlas y a “rescatar” las prácticas o valores tradicionales “perdidos” como consecuencia de la modernización.

  • 32 Floriberto Díaz, el fundador de Ser, es originario de Tlahuitoltepec, el municipio vecino con el q (...)

84Pero para comprender la orientación que toma el conflicto electoral en Ayutla, cabe agregar a la influencia ideológica de la Iglesia, la intervención directa de la organización Servicios del Pueblo Mixe. Las autoridades municipales en funciones apelan a esta organización en agosto de 1995, cuando sus adversarios se movilizan con el apoyo del diputado priísta Teódulo Domínguez. Ansiosos de defender el poder que conquistaron en 1994, los maestros buscan un relevo externo que les permita ejercer presión sobre el gobierno y el iee. Hasta ese momento habían estado relativamente solos, ya que su orientación comunitarista los hace que desconfíen naturalmente del prd, al que asocian con el corrupto sistema político. Se identifican más fácilmente con el discurso identitario y autonomista de la organización Ser, pese a la distancia que habían mantenido respecto de los dirigentes de esta organización, a causa de las rivalidades históricas que oponen los municipios de donde son originarios.32 La organización les sirve de puente con la prensa escrita y contribuye a dar forma a un discurso político que conecta su lucha local con un movimiento indígena de mayores dimensiones.

85Gracias a Ser los maestros de Ayutla participan en foros regionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, organizados con el apoyo de la Iglesia y que congregan a numerosas organizaciones y representantes de las comunidades. Con ella descubren un nuevo vocabulario y conceptos (libre determinación, autonomía, derechos indígenas, etcétera) que dan sentido a su propia experiencia. Cobran conocimiento también del desarrollo del conflicto en Chiapas, de las reivindicaciones del ezln y de las negociaciones que la guerrilla lleva con el gobierno. Los organizadores de estos foros, entre los cuales figuran miembros de Ser, se encargan también de divulgar la nueva legislación electoral sobre los usos y costumbres, que conciben como un medio para defender la autonomía comunitaria y municipal. Gracias a estas reuniones y a la asesoría de los abogados de Ser, los maestros pueden movilizar cierto número de recursos legales y políticos que antes no conocían. Al inscribir su movilización en el marco de un movimiento general, de alcance federal y de resonancia internacional, le atribuyen una fuerza y una legitimidad de las que hasta entonces carecía. El estratégico apoyo de los nuevos mediadores regionales les permite elaborar una interpretación del conflicto local en la que ya no aparecen como un grupo que defiende sus intereses particulares. Se presentan a partir de entonces como los defensores de la unidad y de la autonomía comunitaria en contra de los intereses mezquinos de un puñado de individuos corruptos. Están investidos de una verdadera misión que rebasa al mismo tiempo las redes locales, dado que está inscrito en un movimiento global de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por eso los comunicados que las autoridades municipales en turno envían a la prensa o los mensajes que inscriben en las paredes del municipio, presentan su movilización como una lucha por la unidad del pueblo mixe. La lucha ya no es local, sino la expresión de un combate por la autonomía de un pueblo entero. El cambio es radical ya que como muchas otras regiones, la mixe está marcada por una lógica localista, y las comunidades, aunque pertenezcan a la misma etnia, tienen relaciones conflictivas entre sí. La intervención de Ser contribuye a desenclavar el conflicto de Ayutla, a darle un significado político regional e incluso nacional.

86La intervención de este tipo de organización tiene un efecto determinante en la orientación y la salida del conflicto electoral. En Ayutla, como en otras partes, existe un tejido comunitario y algunas reglas y prácticas que regulan la política local, pero lo que los actores locales llaman usos y costumbres puede someterse a diversas interpretaciones. Aun cuando una de las partes en conflicto quiera hacerlos aparecer como algo objetivo, unívoco, las costumbres siempre son objeto de una interpretación selectiva, de una elaboración política para legitimar y consolidar una cierta relación de fuerza. Quien dice selección dice elección, y es en esta elección donde la influencia de mediadores tales como la Iglesia o bien las organizaciones independientes –muchas veces cercanas a ella– tienen un papel decisivo. Proporcionan a los actores locales un marco de interpretación de la realidad social y política que hace que den más valor a determinados aspectos de la organización comunitaria y que movilicen ciertos recursos institucionales en vez de otros.

87La defensa de los usos y costumbres refleja una estrategia política que implica tanto a los actores locales como a los que les sirven de relevo en un nivel supralocal. La naturaleza misma del aliado exterior puede variar de una región a otra e imprimir una orientación diferente a las estrategias de las facciones locales. Una vez más, nada está dado por anticipado. Cabría imaginar que las autoridades de Ayutla hubieran podido establecer una alianza con el prd si éste hubiera tenido la capacidad de intervenir rompiendo con la tradicional actitud clientelista. En otros sitios, pese a la posición autonomista y antipartidista de los actores locales, éstos escogen hacer una alianza táctica e informal con un sector del prd (el que conforman los dirigentes de la cocei), en vez de recurrir a otro tipo de mediación. En Ayutla, Servicios del Pueblo Mixe llena el vacío dejado por los partidos de oposición, que son incapaces de realizar una verdadera labor de articulación de las demandas locales sin dar la impresión de que los mueve un fin puramente electoral y clientelista. El repliegue sobre la comunidad y la defensa de la autonomía son igualmente reveladores de las deficiencias del sistema de representación política que suscitan el rechazo de una buena parte de las élites y de las poblaciones locales.

88Los ejemplos que evocamos demuestran que la preferencia por un régimen electoral –usos y costumbres o partidos políticos– y los conflictos que puede suscitar, no está exclusivamente determinada por factores socioeconómicos o culturales. Incluso, si hay más “juego” y por ende más conflicto en los municipios que pasan por profundos cambios económicos, sociales y culturales (como los situados en las regiones donde la agricultura de subsistencia cede el sitio a una agricultura de exportación, o los que son absorbidos por la expansión de la capital), los factores estructurales no explican por sí solos las variaciones que pueden observarse entre municipios de características semejantes pero que emprenden caminos políticos diferentes. Solamente si tomamos en cuenta las dinámicas propiamente institucionales (cambio político en el plano federal, descentralización, reformas electorales) y las estrategias políticas que se derivan de ellas, podremos comprender estas diferencias.

89La legislación sobre los usos y costumbres tiene por derecho propio un papel en la formación de nuevas estrategias políticas. Hay que considerarla como una variable independiente y no como un simple reflejo de las transformaciones que afectan a la sociedad de Oaxaca. Al mismo tiempo, los conflictos que describimos revelan hasta qué punto es ambigua la orientación del cambio político. Las costumbres legalizadas y los nuevos mecanismos de mediación política que se derivan de la reforma electoral son otros tantos recursos institucionales que los actores de las más diversas orientaciones, a veces contradictorias, pueden movilizar para alcanzar sus objetivos. ¿Debemos, por ello, concluir que la reforma electoral refuerza las lógicas de manipulación y de exclusión en nombre del “respeto de las tradiciones”? ¿Son los conflictos reveladores de una radicalización de las formas de dominación, de un refuerzo de viejos o nuevos caciquismos? ¿O bien debemos ver en ellos los reflejos de una descomposición de los antiguos mecanismos de mediación política y la aparición caótica y endeble de un nuevo orden político? ¿Qué ocurre en los municipios donde no se ha detectado oficialmente ningún conflicto? ¿Representan simplemente espacios en los que el antiguo compromiso clientelista ha quedado intacto, o bien son escenario de una recomposición silenciosa, gradual, pero no menos real, de las relaciones sociales y políticas? Para tratar de responder a estas preguntas ahora más que nunca es indispensable que nos volvamos hacia los actores locales, sus representaciones y las estrategias políticas que aplican.

Notes

1 Roberto Varela, “Estructuras de poder en comunidades de Morelos”, en Jorge N. Padua y Alain Vanneph (coords.). Poder local poder regional, pp. 144-163.

2 Roberto Varela, “Estructuras de poder”, p. 162.

3 Los maestros se convirtieron en la clase política “natural” de Ayutla a partir de los años sesenta, cuando se intensifican las relaciones con el Estado. Para más información sobre el apogeo y la declinación del papel político de los maestros en la región mixe, véase Etsuko Kuroda, “Los mixes ante la civilización universal”, Bulletin of the National Museum of Ethnology, vol. 18, núm. 3, 1993, pp. 495-531.

4 Entrevista con las autoridades de San Pablo Güilá, noviembre de 1998.

5 Jack Knight, institutions and Social Conflict.

6 Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, p. 19.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Cipriano Flores Cruz, “El sistema electoral mediante usos y costumbres en los municipios indígenas de Oaxaca”, En Marcha. Realidad Municipal de Oaxaca, núm. 8, octubre-noviembre de 1998, p. 12, primera parte.

10 El candidato del pri obtiene 459 votos, 146 el del prd y 142 el del pan.

11 Noticias, 31 de agosto de 1998.

12 Entrevista con Armando López López, Matatlán, febrero de 1999.

13 Palabras de Juan José Méndez. León, presidente municipal de Santiago Matatlán (1996-1998), recogidas durante una sesión de negociación en el iee, Oaxaca, 6 de abril de 1998.

14 Bajo Palabra, núm. 23, 16 de agosto de 2001, p. 10.

15 La ley señala que el consejero presidente del iee debe ser elegido por dos terceras partes del Congreso local, a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios. En 1995 Cipriano Flores Cruz es propuesto por el pri, pero va antes el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano había decidido impulsar su candidatura. Lo mismo ocurre con su sucesor, José Luis Echeverría Morales, quien es “sugerido” a los diputados por el gobernador José Murat, en 2002.

16 Durante diez años, de 1985 a 1995, dirige la escuela nacional de cuadros del pri.

17 El director general, al igual que el secretario general, el representante del registro federal de electores y los representantes de cada partido, tienen todos derecho a participar en las deliberaciones del consejo general, pero no pueden votar.

18 La ley prevé tres direcciones ejecutivas: la dirección ejecutiva encargada de la organización de las elecciones, la que se ocupa de la capacitación de los funciones de casillas y del personal electoral, y la encargada del financiamiento el registro de los partidos políticos. Existe también una dirección de usos y costumbres, creada por iniciativa de Cipriano Flores sin que se modificara la ley.

19 Se constituyen comités electorales en los 25 distritos de Oaxaca y en los 152 municipios clasificados bajo el régimen de partidos políticos, siguiendo el modelo del Consejo General del iee, con consejeros electorales sin filiación partidista y con representantes de cada uno de los partidos. Solamente los primeros poseen derecho de voto en los comités.

20 Entrevista con Jacobo Sánchez López, diputado local (1998-2001) y secretario de asuntos electorales del pri, Oaxaca, 22 de octubre de 1999.

21 Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, p. 80.

22 Son los municipios siguientes: San Pablo Etla, Santa María Colotepec, La Pe, Santiago Xanica, San José Ayuquila, Santiago Ixtayutla, Santa María Camotlán, Santiago Yaveo, San Miguel Tlacotepec y Santiago Matatlán.

23 Entrevista con Jacobo Sánchez López, 18 de enero de 2000.

24 Acuerdo del Consejo General del iee, mimeo., 24 de agosto de 1998.

25 Según la ley, el acceso al Tribunal Electoral está reservado a los partidos políticos. El representante del pri se esfuerza entonces por demostrar en qué lesiona a su partido la resolución del Consejo General del iee, ya que el argumento de que perjudicaría a la comunidad de Tutla no sería aceptable.

26 Este artículo señala que el iee debe tratar de llegar a un acuerdo entre las partes por la vía de la conciliación. En última instancia, si no es posible llegar a un acuerdo, la autoridad electoral debe consultar a la comunidad

27 Fallo del Tribunal Electoral sobre el caso de San Sebastián Tutla, mimeo., 5 de septiembre de 1998, p. 6.

28 Fallo del Tribunal Electoral sobre el caso de San Sebastián Tutla, mimeo., 5 de septiembre de 1998, p. 6.

29 Soledad Loaeza, “Mexique. Construire le pluralisme”, en Georges Couffignal (coord.), Réinventer la démocratie. Le défi latino-américain, p. 206.

30 Ibid.

31 Kristin Norget, “The Politics of Liberation. The Popular Church, Indigenous Theology, and Grassroots Mobilization in Oaxaca, Mexico”, Latin American Perspectives, vol. 24, núm. 5, septiembre de 1997, pp. 96-127.

32 Floriberto Díaz, el fundador de Ser, es originario de Tlahuitoltepec, el municipio vecino con el que Ayutla tuvo conflictos sangrientos en el pasado por cuestiones de tierras.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2007

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