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La política del gatopardo

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David Recondo

Primera parte. La crisis de la comunidad revolucionaria institucional

Capítulo 3. El fin de la paz revolucionaria: multipartidismo y conflictos comunitarios

Texto completo

1El nacimiento de una élite indígena fuera de los canales del corporativismo oficial, no puede aislarse de un proceso de cambio político generalizado que se refleja en la escena electoral a partir de los años ochenta. Algunas organizaciones van a utilizar, en el plano local, los espacios abiertos por la reforma electoral de 1977 y la de los municipios de 1983. Las estrategias electorales de estas organizaciones y las dificultades por las que atraviesa el pri para manejar la nueva complejidad social contribuirán a romper la antigua hegemonía del partido de Estado. El mapa electoral de Oaxaca se diversificará cada vez más y las elecciones dejarán de ser simples rituales de legitimación. La consolidación de una oposición electoral en un número cada vez mayor de municipios es, sin lugar a dudas, junto con la aparición de un nuevo actor indígena, uno de los factores que nos permitirá comprender mejor las razones de una legalización de las costumbres electorales de los municipios indígenas.

LAS REFORMAS ELECTORALES FEDERALES: EN BUSCA DE UNA LEGITIMIDAD PERDIDA

2Frente a la multiplicación de los movimientos de oposición fuera de la escena electoral y a la extinción de las políticas “populistas”, el gobierno de José López Portillo (1976-1982) intentará devolver al régimen su legitimidad perdida. La reforma electoral que echa a andar despejará el camino para nuevas dinámicas políticas locales. En el estado de Oaxaca, el decenio de los setenta está marcado por la creciente agitación de los estudiantes y el surgimiento de nuevas organizaciones locales y regionales fuera e incluso en contra del corporativismo oficial. La reforma electoral tendrá como objetivo que estos movimientos “radicales” regresen al camino recto de las instituciones.

3Tres grandes oleadas de reformas electorales tienen un impacto directo en la vida política local. Para empezar, la de 1977, que legaliza al partido comunista y permite la entrada de un gran número de organizaciones independientes al juego electoral. A continuación, la reforma municipal de 1983, que introduce el principio de representación proporcional en el nivel municipal. Por último, las reformas de inicios de los años noventa, que instituyen las autoridades electorales autónomas que hoy conocemos.

LA REFORMA DE 1977: LA APERTURA DE NUEVOS ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN

  • 1 Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo xx.
  • 2 Víctor Raúl Martínez Vásquez, Movimiento popular y política en Oaxaca: 1968-1986.

4En Oaxaca como en otros sitios, los años setenta están marcados por los movimientos universitarios y la formación de organizaciones “populares” dirigidas por estudiantes, maestros, abogados y profesionistas. A todas luces contestatarias, la mayoría no considera la vía electoral como medio de lucha contra el régimen priísta. Indígenas o no, los dirigentes comparten un escepticismo ligado a las particularidades del sistema político mexicano: éste recurrió a las elecciones para legitimarse, pero las elecciones siguieron estando controladas por el partido dominante. El papel de los partidos de oposición parecía perfectamente “decorativo”: en realidad no tenían la menor oportunidad de acceder al poder. Al día siguiente de la represión del movimiento del 68, el pri parecía como nunca invencible. Las ideologías de izquierda con las que se nutrían los estudiantes tendían a reforzar esta concepción antielectoral: a semejanza de sus homólogos franceses, consideraban las elecciones como instrumentos de legitimación del poder de la “burguesía”, y no como medios reales de cambio político.1 El camino predilecto era la acción directa. Las respuestas a la represión de octubre de 1968 son diversas: algunos optan por la lucha armada y forman guerrillas en la ciudad y el campo. Otros, más numerosos, constituyen organizaciones locales y regionales (con la forma de “frentes” o de coaliciones), concentrando estudiantes, campesinos y obreros en torno a reivindicaciones de tipo social y económico (salarios, derechos sindicales, reparto de tierras). La finalidad es provocar un cambio político, pero éste pasa por una “concientización” de las “masas” populares por la vía de la movilización, más que por la toma del poder a través de las elecciones.2 Otros, en fin, organizan partidos sin reconocimiento oficial, como el pcm, el pmt o el prt.

  • 3 Jaime Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, Nueva Antropología, vol. 7, núm. 25, (...)

5Esta posición antielectoral de los movimientos de izquierda se modificará a partir de la reforma de varios artículos de la Constitución impulsada por el presidente José López Portillo, en 1977; el 6 de diciembre de 1977 se emitirá la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (lfoppe), que incluye la legalización de tres nuevos partidos: el pcm, el pst y el pdm; permite la formación de asociaciones políticas nacionales; introduce una dosis de representación proporcional en la elección de diputados (locales y federales), senadores y regidores de las ciudades de más de 300 mil habitantes; eleva de 400 a 500 el número de diputados en el Congreso y garantiza a la oposición el acceso a los medios de comunicación y la participación en la calificación de los resultados de los comicios.3

  • 4 Enrique Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996)(...)

6Esta reforma electoral es la expresión de lo que el gobierno de López Portillo llamara la Reforma Política y que representa un paso adelante nunca visto en la apertura del sistema político mexicano. Rebasa con mucho la reforma realizada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en 1965, que creó la figura de los “diputados de partido”, permitiendo a los partidos minoritarios tener algunos diputados más en el Congreso. Ésta fue una reforma simbólica que no modificó el equilibrio de fuerzas en un régimen en que el poder se encontraba exclusivamente en las manos de un presidente de la república omnipotente. La reforma de López Portillo, en cambio, aspiraba a dar una respuesta a la crisis de legitimidad del régimen. La política de “apertura democrática” de Luis Echeverría no había sido suficiente para compensar los electos negativos de la represión de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Las guerrillas pululaban y la abstención aumentaba en cada elección. Preocupado porque se olvidara la represión del movimiento estudiantil en el que había tenido responsabilidad directa en su papel de secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, Luis Echeverría lanzó una política de apertura democrática que no asumió la forma de una reforma política propiamente dicha. En el más puro estilo populista, Luis Echeverría se propuso cooptar a todos los sectores de la sociedad susceptibles de tomar un camino que no fuera el del Estado revolucionario. Dio tierras a los campesinos y ofreció puestos tentadores a universitarios e intelectuales que habían apoyado las movilizaciones de 1968. Aumentó varias veces el presupuesto de la universidad nacional cada año.4

  • 5 Ibid., pp. 371.
  • 6 Ibid., p. 376.

7El estilo de Echeverría refleja en muchos aspectos la quintaesencia de la política a la mexicana: la cooptación sistemática de los opositores y la capacidad del gobierno de conservar la dirección del cambio. En contraste con la política conservadora de Díaz Ordaz, Luis Echeverría adopta un lenguaje y una imagen de izquierda, progresista. Se rodea de intelectuales marxistas, se proyecta en el escenario internacional como líder tercermundista y da a su discurso y a su política el tinte de un izquierdismo en boga en el entorno universitario mundial.5 Incrementa considerablemente el gasto del Estado para contentar a obreros, campesinos y empresarios, con una generosidad providencial. Izquierdista frente a los estudiantes, agrarista frente a los campesinos, Luis Echeverría busca borrar la imagen de esclerosis del régimen devolviendo al Estado su papel de conductor del cambio.6

  • 7 J. Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 71.
  • 8 Ibid., p. 70.

8Esta política de compensación no incluye, sin embargo, una apertura real de la representación política. En lo electoral, la legitimidad del pri no parece estar en peligro. Es durante las elecciones presidenciales de 1976 cuando se evidencia la asfixia del sistema político, a pesar de los esfuerzos de Echeverría: por vez primera desde la creación del pri, éste es el único partido que presenta candidato a la presidencia de la república.7 Un candidato único y un índice récord de abstención son sin duda las principales razones que empujaron a López Portillo a querer revitalizar el sistema mexicano de partidos. La reforma electoral de 1977 aparece, así, como una respuesta tardía a la pérdida de legitimidad del régimen provocada por la crisis de 1968. La inquietud es devolver al régimen el sostén popular, pero también volver a llevar a la escena electoral a los movimientos disidentes, que estaban cada vez más tentados por la lucha armada y eran menos controlables.8

  • 9 Ibid., p. 68.
  • 10 J. Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 71-73.

9Ésta no es respuesta a las presiones de las organizaciones que exigían una apertura de la arena política.9 Como dijimos, habían escogido otros caminos de acción política. Más bien fue una medida gubernamental que buscaba insuflar nueva vida a un sistema de partidos cada vez más atrofiado. Si lo revitalizaba, el pri encontraría nuevamente su papel central de mediación, de representación, de articulación entre las diferentes fuerzas políticas del país: se presentaría como el centro del tablero político con el pps, el pst y el pcm a la izquierda, y el parm, el pan y el pdm a la derecha. Se pretendía evitar una propagación del descontento y de las movilizaciones frente a la crisis económica e integrar las fuerzas políticas más recalcitrantes a la vida institucional, con el fin de aislarlas de los movimientos sociales. El meollo de la ingeniería electoral quedaría en manos del partido dominante, que así podría reforzar el control de la oposición y mantener su hegemonía.10

  • 11 Ibid., p. 72.
  • 12 Ibid., p. 73.

10Los resultados de las elecciones federales de 1979, las primeras donde se aplicaran las nuevas reglas del juego, no tienen los efectos esperados: la abstención aumenta a 50% contra 38 en 1976.11 Aun cuando perde varios miles de votos en comparación con las elecciones de 1973 y 1976, el pri obtiene el mejor puntaje y gana 296 de las 300 diputados por mayoría relativa, mientras que el pan gana 4 y 39 por la vía de la representación proporcional. Por su parte, el pcm obtiene 18 escaños de representación proporcional; el parm 12, el pps 11. El pst y el pdm, por último, obtienen 10 curules cada uno. Hasta las elecciones siguientes, en 1982, es cuando baja la tasa de abstenciones, y el pri obtiene los mejores resultados de su historia.12 El pan se consolida como principal fuerza de oposición, mientras que los resultados del psum disminuyen. Al fin la reforma parece haber tenido el efecto buscado. El pri sigue ganando más que nunca, mientras que la oposición (de derecha, sobre todo) se consolida, sin que ello represente un verdadero peligro para el partido dominante.

11Como toda reforma, sin embargo, la de 1977 tendrá efectos contradictorios. Aunque desde el inicio aparece como una medida de legitimación y control por parte de la clase dirigente, no por ello deja de abrir espacios reales de poder a la oposición, en especial en el plano municipal, como veremos más adelante. El gobierno toma medidas destinadas a “cambiarlo todo para que todo siga igual”, dando muestras de una extraordinaria capacidad de adaptación. Pero al mismo tiempo no puede controlar todos los efectos de largo plazo de las reformas institucionales. En el caso de las reformas electorales, éstas acaban por crear las condiciones de una consolidación real de la oposición, que podrá ganar, poco a poco, nuevas posiciones que le permitirán renegociar las reglas del juego político. Otras reformas electorales se instaurarán a lo largo de los años ochenta y noventa.

LA REFORMA MUNICIPAL DE 1983

  • 13 María Cristina Velasquez Cepeda, El nombramiento. Las elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, (...)
  • 14 María Cristina Velásquez Cepeda, El nombramiento. Las elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, (...)
  • 15 Fausto Díaz Montes, Los municipios. La disputa por el poder local en Oaxaca, Oaxaca, pp. 28-29.

12Uno de los aspectos de la reforma de 1977 es que afecta la representación política en el nivel de los municipios. El artículo 115 de la Constitución se modifica a fin de garantizar a los partidos de oposición una representación en el seno de los consejos municipales de los municipios de más de 300 mil habitantes. Es una reforma limitada para estados como el de Oaxaca, donde solamente dos ciudades, la capital y Juchitán, sobrepasan los 50 mil habitantes. De todos modos, es un primer paso en la apertura de espacios de poder municipales a las fuerzas de la oposición. Poco después, en diciembre de 1982, el presidente Miguel de la Madrid envía al Congreso una iniciativa de reforma integral del Artículo 115, que amplía el principio de representación proporcional a todos los municipios del país.13 Por supuesto, esta iniciativa, conocida con el nombre de “reforma municipal”, y aprobada por el Congreso en febrero de 1983, rebasa el aspecto estrictamente electoral. A los municipios se les asignan tareas en materia de reglamentación y administración de los servicios públicos y de gestión del territorio. Adquieren el derecho de recaudar los impuestos sobre los servicios públicos municipales y de establecer libremente sus programas de gastos (con anterioridad, tanto la elaboración del presupuesto municipal como el programa de gastos los establecían los congresos de los estados). Es ésta una reforma de envergadura en un país donde los municipios solían estar totalmente sometidos a la administración central en todo lo concerniente a gastos y administración. Sin embargo, no se trataba, ni de lejos, de una descentralización. El margen de autonomía que adquieren los municipios es muy relativo. La reforma beneficia también a los municipios urbanos, cuyos servicios públicos corresponden a los que la ley prevé. La inmensa mayoría de los municipios depende de la ayuda financiera que le aporta la administración central (ésta recauda los principales impuestos que redistribuye luego entre los estados; éstos, a su vez, asignan una parte ínfima a los municipios). Además, la reforma da a los legisladores locales el poder de destituir los ayuntamientos municipales o algunos de sus miembros en casos de faltas administrativas, lo que hace aún más relativa la “autonomía” de los municipios.14 Algunos analistas ven en esto una estrategia del gobierno para recuperar el control de los municipios tras haber constatado la amenaza que representaba la reforma electoral de 1977 para la hegemonía del partido de Estado. Los priístas utilizarán la representación proporcional para mantener el control de los ayuntamientos de oposición.15

  • 16 Ibid., p. 145.

13Las modificaciones del Artículo 115 constitucional, aunadas a la reforma electoral de 1977, contribuyen a que el acceso al poder municipal se convierta en un juego estratégico. Las organizaciones de oposición ven en él la posibilidad para acceder a posiciones institucionales y consolidar su poder regional. Pese al carácter extremadamente centralizado del sistema político mexicano, los gobiernos locales son instrumentos indispensables en la reproducción del modo de dominación priísta. Acceder a estas posiciones de poder puede permitir la creación de contrapoderes locales y de esta manera atacar la hegemonía priísta por su punto más débil: la periferia.16

14Veremos cómo, en el caso de Oaxaca, el acceso al poder local se convierte en un objetivo central en las estrategias de muchas organizaciones regionales a partir de este momento.

LAS REFORMAS DE 1990 Y 1996: LA CONSOLIDACIÓN DE INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS

  • 17 Además de representantes de los partidos políticos, el consejo general del ife está formado por co (...)
  • 18 Guy Hermet, Juan J. Linz y Alain Rouqié, et al. Des élections pas comme les autres.

15La apertura de espacios políticos continuará durante los años ochenta con la elaboración del Código Federal Electoral en 1987, que eleva de 100 a 200 el número de diputados de representación proporcional. No obstante, es en 1990 cuando toma forma una de las innovaciones decisivas para el porvenir político de México: la creación de instituciones electorales autónomas. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) da nacimiento al Instituto Federal Electoral (ife), cuyo consejo general está constituido por representantes de los partidos políticos y por consejeros elegidos por el Congreso a propuesta del presidente de la república. La reforma es de proporciones mayores, ya que hasta entonces había sido la Secretaría de Gobernación la que organizara y supervisara las elecciones sin contrapeso político. El control del partido “oficial” era absoluto. Sin embargo, la autonomía de la nueva institución electoral es relativa: el secretario de Gobernación sigue estando a la cabeza del consejo general del ife. Otra institución viene a completar este nuevo cuadro institucional: el Tribunal Federal Electoral (Trife), que garantiza a los individuos y a los partidos políticos el acceso a la justicia en caso de litigio electoral. Los próximas reformas, en 1994 y en 1996, darán al ife una real autonomía: los nueve miembros del consejo general –incluido su presidente– serán a partir de entonces designados por el Congreso, sin la intervención del presidente de la república, mientras que los representantes de los partidos políticos pierden el derecho a voto en el seno del consejo.17 El Trife se vuelve Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), cuyos magistrados son designados por el Senado, ya no a propuesta del presidente de la República, sino de la Suprema Corte de Justicia. Su jurisdicción se extiende a las elecciones municipales y estatales (en segunda instancia) y no ya únicamente a las elecciones federales. Por fin se crean nuevas vías de acceso a la justicia electoral para los individuos y para los partidos políticos. Otras modificaciones importantes relativas al financiamiento de los partidos políticos, a su acceso a los medios de comunicación y al modo de escrutinio van a contribuir a crear las condiciones institucionales de una verdadera competencia electoral en un país en que las elecciones no habían sido más que meros rituales de legitimación plebiscitaria.18

  • 19 Jean-François Prud’homme, “La negociación de las reglas del juego: tres reformas electorales (1988 (...)

16Esta segunda oleada de reformas responde a la misma lógica que la de 1977, pero el gobierno no es el único que determina su contenido ni su alcance. Los partidos de oposición, entre ellos el recién fundado prd, ganaron vigor en las elecciones presidenciales de 1988. Poseen una capacidad de negociación sin procedente. Otros factores, como la consolidación de medios de comunicación independientes (la prensa escrita en particular), contribuirán a cambiar las relaciones de fuerza y las condiciones en que el gobierno debe negociar las reformas. Éstas aparecen cada vez menos como concesiones benévolas del poder a una oposición sin capacidad real de iniciativa. Son el fruto de negociaciones que el gobierno no puede ya controlar ni dirigir tan fácilmente.19

  • 20 E. Krauze, La presidencia imperial, pp. 415-416.

17La historia política del México contemporáneo está determinada por grandes fechas que simbolizan crisis profundas del régimen priísta: 1968 es una; 1988 otra: para muchos marca el primer fracaso electoral del pri. Los resultados de estas elecciones fueron sin duda los más controvertidos de la historia entera del régimen. Supuestamente, los primeros resultados fueron favorables al candidato del fdn, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Lázaro Cárdenas. Ésta sería la explicación misteriosa, pero muy oportuna, de la caída del sistema de cómputo de los votos que permitió a la Secretaría de Gobernación modificar las tendencias a favor de Carlos Salinas de Gortari, el candidato “oficial”.20 Invertirá éste toda su energía, al igual que Luis Echeverría y José López Portillo, en compensar la falta de legitimidad de su gobierno y del régimen en su totalidad. Así, la reforma electoral formará parte de la “batería” de reformas que emprenderá desde el primer mes de su mandato, aun cuando en apariencia no sea fundamental. En 1991, al igual que en 1977, hay que redorar el escudo de un régimen cuya legitimidad había pasado siempre por las elecciones.

  • 21 Grupo de políticos que se forma dentro del pri en los años ochenta, que reivindica una democratiza (...)
  • 22 En especial en la Mixteca, donde la reforma agraria había sido particularmente efectiva.

18La crisis de 1988 hace eco de otra fecha clave, la del terremoto ocurrido en la ciudad de México en 1985, que puso al descubierto la amplitud de la corrupción y la ruina del régimen tanto como la de los edificios que se desplomaron aquel día. Frente a los bloqueos en el interior del pri, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, fundadores de la Corriente Democrática,21 deciden dejar el partido y constituyen una coalición con los partidos de izquierda. Cárdenas obtendrá un triunfo sin precedentes aun en las regiones tradicionalmente más priístas del país, como Oaxaca, donde la memoria del general Lázaro Cárdenas actuó en su favor.22

  • 23 E. Krauze, La presidencia imperial, p. 428.

19La crisis de legitimidad nunca fue tan palpable como en 1988. Salinas de Gortari tiene la difícil tarea de recuperar la credibilidad del gobierno. Algunos autores consideran, sin embargo, que Salinas insistió en la reforma económica más que en la apertura política.23 Su sexenio estuvo efectivamente marcado por el saneamiento de las finanzas públicas, la privatización de una cantidad considerable de empresas públicas y la firma del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. Con la expresión de “salinastroika” solían describir los analistas esta liberalización económica a marchas forzadas. Salinas, que se comparaba con Gorbachov, insistía en el hecho de que era necesario reformar la economía antes de intentar una apertura política, contrariamente a lo que había hecho el presidente ruso. Según él, esta última corría el riesgo de trabar la primera. Sin embargo, debía hacer que se olvidara la “caída del sistema” de 1988. Ansioso de que el pri se repusiera en las elecciones de 1991, lanza la primera reforma que coronó con la creación del ife. Cambio de fachada para muchos, de todos modos marca el primer paso hacia la creación de instituciones electorales autónomas. Este “retoque” institucional, encaminado a dar una imagen democrática de México en el escenario internacional, va acompañado de otras medidas, como la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la reforma constitucional que reconocía la composición “pluricultural” de la nación mexicana.

20El sexenio de Salinas refleja una vez más la estrategia fundamental del régimen priísta: “cambiarlo todo para que todo siga igual”, transformar las instituciones para que la “familia revolucionaria”, congregada en el pri, se mantenga en el centro del poder. Pero estas medidas no dejarán de tener repercusiones, e ilustran perfectamente, también, otra lógica que corre pareja con la primera: las reformas siempre tienen electos que se salen de las expectativas y del control de aquellos que tuvieron la iniciativa de lanzarlas. Acaban siempre por traer cambios reales en la configuración del poder, redistribuyendo los recursos y las oportunidades y creando otras nuevas. Lo que al principio puede parecer simples reformas de legitimación, en realidad acaba por provocar cambios profundos en la trama política.

MOVIMIENTO UNIVERSITARIO, CRISIS POLÍTICA Y REFORMA ELECTORAL EN OAXACA

21Cada reforma federal conlleva ajustes en los estados de la república. En materia electoral, éstos gozan de cierta “soberanía” que les permite tener sus propias leyes y su propio calendario electoral. Este margen de maniobra es el que permitió al gobierno de Oaxaca, en 1995, impulsar una legislación con dos vertientes, única en el conjunto del país: una reservada a los municipios llamados de “usos y costumbres” y otra destinada a los municipios donde las elecciones locales se realizan por la vía de los partidos políticos. Por eso es interesante ver la manera en que las reformas que se realizan en el centro son transferida en la periferia con características que dependen de la realidad política de cada uno de los estados.

EL CONFLICTO UNIVERSITARIO (1974-1978)

  • 24 V.R. Martínez Vásquez, El movimiento universitario en Oaxaca (1968-1988), p. 10.
  • 25 Especie de bufete de abogados benévolo que da apoyo jurídico a los grupos de campesinos, trabajado (...)
  • 26 V.R. Martínez Vázquez, El movimiento universitario en Oaxaca, p. 55.
  • 27 Ibid., p. 20.

22En el estado de Oaxaca, los años setenta están marcados por una gran turbulencia política que remata en la renuncia del gobernador Manuel Zárate Aquino, el 3 de marzo de 1977. Son los años del movimiento universitario, cuyos orígenes se remontan a las movilizaciones de agosto de 1968 que los estudiantes organizan para manifestar solidaridad con sus homólogos de la capital que sufren la represión militar.24 El movimiento del 68 en el país no se dio solamente en la capital, aunque sea allí donde mejor se conoció y donde fue más generalizado. En muchas universidades de provincia hubo movimientos similares. En la ciudad de Oaxaca, el movimiento universitario se extiende en los años setenta. Después de la primera experiencia de 1968 aparecerán nuevas organizaciones, como el Bufete Popular Universitario,25 el Grupo Cultural Netzahualcóyotl, el Grupo Nicolás Guillen, el pcm y el prt. Al inicio los estudiantes exigían poder participar, a la par de los profesores, en las elecciones de las autoridades universitarias (rector, directores de facultades, etcétera). Reclaman una “democratización” de la universidad y una transformación de fondo en los reglamentos internos y el contenido de la enseñanza. Quieren romper con lo que consideran un modelo de institución elitista y crear una “universidad científica, crítica y popular”.26 Pero el movimiento no se limita a las reivindicaciones universitarias. Para la mayor parte de los dirigentes estudiantiles el objetivo es, in fine, la “transformación revolucionaria de la sociedad”,27 cosa que los impulsa a liarse en las “luchas populares” fuera de la universidad.

  • 28 Ibid., p. 17.
  • 29 Ibid.

23Por lo demás, existe una discrepancia entre dos “facciones” o tendencias en el movimiento: por un lado los que están en pro de una articulación con la lucha armada y por otro aquellos a los que los primeros acusan de “reformisras”, que proponen articular el movimiento estudiantil con otros “movimientos populares” apoyándolos en sus reclamos concretos y ayudándolos a constituir sindicatos independientes. Los primeros forman parte del Grupo Cultural Netzahualcóyotl y desde 1976 apoyan la candidatura a la rectoría de Felipe Martínez Soriano. En los momentos más críticos del conflicto universitario no vacilarán en recurrir a la violencia contra sus rivales, los “mencheviques” del Bufete Popular y del prt. Estos últimos apoyan las reivindicaciones de los vendedores ambulantes, de los campesinos o bien de los empleados de ciertas líneas de transporte colectivo dándoles asistencia jurídica y movilizándose a su favor. En 1972 se crea la coceo, que se espera que reúna en un mismo frente a las organizaciones estudiantiles y a los diferentes movimientos populares de Oaxaca. Aglutina a la Federación Estudiantil Oaxaqueña (feo), la Central Campesina Independiente, el Movimiento Revolucionario del Magisterio (mrm), el Movimiento Sindical Ferrocarrilero (msf) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas (suterm). Según los estatutos de la organización, su objetivo era congregar los movimientos que luchan por la “transformación socialista del país”.28 Se espera que se convierta en “un instrumento de la unidad combativa de las fuerzas populares, de los sectores democráticos y progresistas”29. Al principio, la coceo está dirigida por el pcm, el MRM y los estudiantes de la FEO. Después de entrar en conflictos con las otras organizaciones el pcm se sale y es reemplazado por el Bufete Popular y el prt. En ese mismo momento, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en la ciudad de México, y de la Universidad de Oaxaca, originarios de Juchitán, crean la cocei, que mencionamos en el capítulo 2. Son organizaciones cuyos reclamos exceden con mucho el ámbito universitario. Apoyan a los campesinos de los pueblos de los Valles Centrales (Santa Gertrudis), de Tuxtepec (El Desengaño) y de Juchitán en su lucha por la tierra; a los empleados de las líneas de autobuses (Estrella del Valle, Oaxaca-Pacífico) en la constitución de sindicatos independientes y retoman reivindicaciones “populares”, como la reducción del precio del transporte colectivo. Por eso el gobernador Manuel Zárate Aquino, elegido en 1974, intenta a cualquier precio controlar estas organizaciones consideradas subversivas. Da todo su apoyo a los diferentes rectores que se suceden de 1974 a 1977 y que se oponen a los estudiantes “izquierdistas”.

24Empero, la relación de fuerza termina por girar en favor de la corriente más radical del movimiento: Felipe Martínez Soriano, allegado al Grupo Cultural Netzahualcóyotl, gana el referéndum organizado en la universidad y se convierte en rector en mayo de 1977, después de una escalada de violencia que lleva a la ocupación del edificio central de la universidad por las fuerzas del orden, la muerte de varios estudiantes y la renuncia del gobernador. El sector universitario próximo al gobernador, que apoyó la candidatura de Horacio Tenorio Sandoval en el referéndum, deja la universidad y funda una privada.

  • 30 El general Eliseo Jiménez Ruiz acababa de dirigir la represión contra la guerrilla de Lucio Cabaña (...)
  • 31 V.R. Martínez Vázquez, El movimiento universitario en Oaxaca, p. 59.
  • 32 Horacio Tenorio Sandoval llegará al extremo de denunciar “la línea zurda del echeverrismo”. Véase (...)

25El Congreso local designa gobernador interino al general Eliseo Jiménez Ruiz.30 La crisis no se acaba aquí: las confrontaciones entre las diferentes corrientes de la izquierda universitaria se acentúan. Los grupos allegados al nuevo rector emprenden una verdadera “purga” contra los otros grupos de izquierda, ahora acusados de “reaccionarios”. Despiden a varios profesores y funcionarios universitarios y emplean la violencia contra los estudiantes partidarios del pcm, del Bufete, del prt y del Grupo Nicolás Guillén. Los “reformadores”, sin embargo, logran destituir al rector en noviembre de 1977. Entonces la violencia continúa fuera de la universidad: la organización Unión del Pueblo, partidaria de Felipe Martínez Soriano, organiza dos atentados con bomba en la ciudad de Oaxaca y asesina a cuatro universitarios pertenecientes al pcm en diciembre de 1977 y febrero de 1978.31 Felipe Martínez Soriano y sus secuaces son reprimidos y encarcelados. Hasta febrero de 1978 numerosos grupos externos a la universidad siguen apoyándolo, entre ellos el Frente Campesino Independiente, la cocei, los estudiantes de las Escuelas Normales de Oaxaca, Tamazulapan y Tuxtepec, los mineros de Chaneque Verde, la Unión de Obreros y Estudiantes de la Mixteca y los campesinos de San Andrés Zautla y Tlacochahuaya. El estado entero está en efervescencia. El gobernador Manuel Zárate Aquino describe la universidad como un “nido de agentes subversivos” financiados por el PC. Los partidarios de Horacio Tenorio Sandoval en el interior de la universidad acusan al presidente Luis Echeverría Álvarez de proteger a los comunistas.32 La crisis universitaria se convierte en una de las crisis políticas más graves de la historia contemporánea de Oaxaca.

LAS REFORMAS ELECTORALES DE 1978 Y 1984 EN OAXACA

  • 33 Ley Electoral de Ayuntamientos, octubre de 1921.
  • 34 Ley para las Elecciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, julio de 1922.
  • 35 M.C. Velásquez Cepeda, El nombramiento, p. 165.
  • 36 Ibid., p. 166-167.

26Dentro de este contexto político surge la reforma electoral de 1977. En el estado de Oaxaca da lugar a una reforma constitucional en octubre de 1978, y luego a la emisión de la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LOPPEO), en diciembre de 1979, que sustituye a la Ley Electoral del Estado de Oaxaca, que databa de 1962 y que había a su vez sucedido a las de 1921 y 1922 sobre las elecciones de ayuntamientos33 y de los poderes ejecutivo y legislativo locales.34 En 1978 se modifican trece artículos constitucionales, entre ellos el 3, sobre el derecho a la información, el 23, sobre la definición de la ciudadanía, y el 27, que atribuye a los partidos políticos un valor constitucional que viene a legitimar su existencia y sus actividades.35 El Artículo 98 se modifica también, introduciendo cambios en la composición del ayuntamiento: se precisa en él que el cargo de presidente debe asignarse a la persona que encabece la planilla y que el número de síndicos debe ser proporcional al de habitantes de cada municipio (un síndico por menos de 20 mil habitantes y dos por arriba de esta cifra). El número de regidores se establece en once. Además, la representación proporcional se reserva a los municipios de más de 100 mil habitantes (contra 300 mil en la reforma federal). Dado que solamente dos ciudades –Oaxaca y Juchitán– tienen más de 50 mil habitantes en el momento en que se emite la ley, esta cláusula no tiene prácticamente ningún efecto. En cambio, de los 24 diputados locales, seis se eligen por medio de la representación proporcional. La posibilidad de constituir partidos locales se elimina. Solamente los partidos nacionales pueden presentar planillas electorales en las elecciones locales. La ley prevé, sin embargo, la posibilidad de formar coaliciones locales en algunas elecciones.36

  • 37 M.C. Velasquez Cepeda, El nombramiento, p. 167.

27Una comisión estatal electoral está encargada de organizar las elecciones. Está presidida por el secretario general del gobierno local (el equivalente estatal del secretario de Gobernación) y comprende un secretario, dos representantes designados por el gobierno local, dos diputados locales, un representante de cada uno de los partidos políticos y un representante del Registro Nacional de Electores. En cada distrito hay comités distritales electorales. En cada municipio hay también un comité municipal electoral. Por último, se prevé una mesa directiva de casilla con escrutadores y representantes de los partidos.37

  • 38 Al igual que en la legislación de 1962, los electores, esto es, las personas que hayan cumplido 18 (...)
  • 39 M.C. Velázquez Cepeda, op. cit. as “elecciones extraordinarias”, son as que tienen lugar después d (...)

28La ley prevé igualmente procedimientos de denuncia de las irregularidades observadas en el registro de electores38 y en el desarrollo de las elecciones. Prevé la posibilidad de anular la elección en caso de que la recepción o el examen de los votos se efectuaran en un sitio diferente del que indique la ley, de que los votos se recibieran en una fecha diferente o por personas que no estuvieran autorizadas, y si la presencia de representantes de partido fuera impedida en cuando menos el 10% de las casillas. Se prevén elecciones extraordinarias en caso de anulación de la elección.39

  • 40 Los consejos municipales o juntas de administración civil han de distinguirse de los ayuntamientos (...)

29La reforma municipal de 1983 trae aparejada una reforma local en enero de 1984, que establece las razones por las que el Congreso local pudiera destituir un ayuntamiento y el procedimiento que debe seguir con tal fin (voto de dos tercios de los diputados). Reglamenta también la designación de consejos municipales40 en el caso de que la realización de elecciones extraordinarias fuera imposible. En fin, la fecha de entrada en funciones de los nuevos ayuntamientos se determina para el 15 de septiembre, cuando antes siempre tuvo lugar el 1 de enero del año siguiente a las elecciones. Frente al rechazo de la mayoría de los municipios de modificar su calendario tradicional, esta medida se aplica una sola vez, en las elecciones de 1986. La aportación más importante de esta reforma es, empero, la generalización del principio de representación proporcional a todos los municipios, independientemente del número de habitantes.

  • 41 Habrá que esperar las reformas de 1995 y 1997 para que se cree el Instituto Estatal Electoral, con (...)

30La reforma de 1979 se aplica en las elecciones locales de 1980. Por sí sola no representa un trastorno del orden político, sino que aparece más bien como una forma de contener los movimientos sociales que tienden a formarse por fuera de los canales institucionales. La amenaza de la guerrilla urbana que representan los grupos más radicales de la universidad de Oaxaca, o bien la que apareció por Jamiltepec (ligada a la de Lucio Cabañas, en el vecino estado de Guerrero), hacen necesaria una reforma que permita canalizar hacia la escena electoral las nuevas fuerzas políticas. Lo que se quiere es abrir una válvula de escape que despoje de toda legitimidad a los grupos “subversivos”, sin permitir por ello que la oposición tenga acceso al poder. En Oaxaca, es muy probable que la clase dirigente, escarmentada por la destitución de Zárate Aquino y las convulsiones de la universidad, no haya visto con buenos ojos la legalización del pcm, al que consideraba responsable del “desorden” político. A esto se debe sin duda que la representación proporcional se reserve a los municipios con un mínimo de 100 mil habitantes: esto limita su aplicación a la capital, donde se concentran el aparato de Estado y del pri y permite así anular sus efectos. La apertura de espacios y de poder está lo suficientemente limitada como para que la hegemonía del pri no se vea amenazada. Además, el gobierno estatal guarda el control de las elecciones en el seno de una comisión electoral que no posee autonomía alguna.41 Empero, es sólo la primera “brecha” que permitirá a la oposición ganar algunas posiciones en las instituciones electorales y en un reducido número de municipios.

ELECCIONES MUNICIPALES EN EL ESTADO DE OAXACA: EL AVANCE DE LA OPOSICIÓN Y LA MULTIPLICACIÓN DE LOS CONFLICTOS ELECTORALES

31Las reformas de 1977 y 1983 van a tener efectos directos en las dinámicas políticas del estado de Oaxaca. Permitirán a las organizaciones independientes que emergen en los años setenta y a los disidentes del pri establecer alianzas electorales y tener acceso al poder municipal. Aunada a una transformación profunda de la sociedad gracias a los efectos del “desarrollo modernizador” de los años anteriores, estas reformas institucionales contribuirán a la erosión de la hegemonía electoral del pri. Los progresos de la oposición en el plano municipal y los consecuentes conflictos electorales a lo largo de los años ochenta son, sin duda, los factores que llevaron al gobierno a legalizar, en 1995, los procedimientos consuetudinarios que habían contribuido a mantener una estabilidad política providencial para el partido en el poder.

DISIDENTES Y OPOSITORES: LAS FISURAS DE LA HEGEMONÍA PRIÍSTA

  • 42 Adriana López Monjardin, La lucha por el ayuntamiento: una utopía viable.
  • 43 F. Díaz Montes, Los municipios, la disputa por el poder local en Oaxaca, pp. 30-35.

32A principio de los años ochenta, muchas organizaciones locales y regionales independientes del pri inscriben la toma del poder municipal en el centro de sus estrategias de movilización. Según la expresión de Adriana López Monjardin, en esos años el acceso a los municipios se vuelve una “utopía viable”.42 Hecho que se debe sin duda a que se trata del nivel más cercano de poder institucional y el único que actores “periféricos” puedan aspirar a controlar. Las otras posiciones institucionales parecen ser inútiles (diputaciones locales o federales) o fuera del alcance (ejecutivos de los estados o de la federación). Aun cuando se encuentren al margen del poder efectivo (el del centro), los municipios no dejan de constituir la célula de base del sistema político, como subrayamos al principio de este volumen. Fausto Díaz Montes, al analizar la importancia del municipio en la política mexicana, destaca el papel que tiene esta institución en el modo de dominación priísta: el gobierno central la utiliza para controlar todos los sectores de la población que no pertenecen a las organizaciones corporativas del pri (ctm, cnop, cnc) y para reforzar el trabajo de éstas cuando no existen en el nivel local.43

33Aun cuando el juego de poder parezca insignificante, dado el reducido margen de decisión de los municipios, éstos son un eslabón definitivo de la reproducción del sistema de dominación priísta. El presidente municipal es responsable del comportamiento político de la población de su municipio. Está encargado de canalizar, incluso de contener, las demandas de sus conciudadanos. Según el autor, esto explica los esfuerzos desmesurados de los poderes centrales por impedir que la oposición gane las elecciones municipales. Para garantizar la estabilidad política y la promoción de las políticas del gobierno central es indispensable que los gobiernos locales estén en manos de alcaldes “leales”, es decir, priístas.

  • 44 F. Díaz Montes, Los municipios, la disputa por el poder en Oaxaca, p. 31. Como consecuencia de un (...)

34En Oaxaca, durante los años ochenta, en que la oposición aumenta en el plano local, los comicios municipales son cada vez más conflictivos: el gobierno trata a toda costa de garantizar la victoria de los candidatos “oficiales”, incluso recurriendo al fraude. Mientras que los grupos de oposición tienen una verdadera capacidad de movilización, el gobierno intenta negociar la formación de consejos municipales con mayoría priísta. En el peor de los casos, si bien no se desmoviliza a la oposición, puede conceder elecciones extraordinarias. Si, en fin, logra franquear todos estos obstáculos y gana las elecciones, el gobierno puede recurrir a otros medios para “neutralizarla”: la retención de recursos presupuestarios, la supresión de programas sociales, el refuerzo de la intervención de las instituciones estatales o federales, etc. En los casos más extremos, el gobierno puede buscar destituir a las autoridades municipales so pretexto de faltas graves en la gestión financiera o de inestabilidad política y social, como ocurre en Juchitán en agosto de 1983.44

  • 45 Ibid, p. 148.
  • 46 Ibid., p. 149.

35La reforma de 1977 tiene un papel determinante en lo que algunos han llamado la “revolución municipal”, esta oleada de movilizaciones locales por el control de los municipios que estimula la participación en las elecciones de organizaciones independientes que antes se habían opuesto a ellas. Efectivamente, antes de las reformas estas organizaciones no tienen muchas opciones para participar en las elecciones locales. Ellas deben impulsar a candidatos en el interior del pri o bien buscar el apoyo de partidos de oposición susceptibles de canjear sus victorias locales por beneficios en el plano federal. Frecuentemente, el pps o el parm negocian diputaciones o senadurías por municipios que sus planillas han obtenido pero cuya elección está en litigio.45 En cuanto al pan, no tiene presencia significativa en las zonas rurales del sur del país. Los opositores pueden optar entre los riesgos de la represión y los de la traición. Al legalizar a nuevos partidos no comprometidos con el pri, como el pcm, la reforma hace posible nuevas alianzas para las organizaciones locales “radicales”. También tiene el efecto de frenar la utilización de la fuerza armada para resolver los litigios electorales e imponer a las autoridades municipales.46 No obstante que sigue siendo un medio al cual el gobierno recurre a menudo a principios de los ochenta, las nuevas reglas del juego empujan a éste a buscar nuevos medios para conservar el control, como la negociación y la integración de consejos municipales “mixtos”.

36Las nuevas oportunidades que brinda la reforma electoral no solamente benefician a las organizaciones que desde sus inicios nacen fuera del pri. En realidad, tanto en Juchitán como en todos los demás municipios la oposición electoral se alimenta de las fracturas que tienen lugar dentro del partido hesemónico. Son los disidentes del pri los primeros que buscan una alternativa electoral y se alian con el pps. La organización de las nuevas generaciones de radicales en realidad viene a reforzar esta primera ruptura. Se trata, en general, de los hijos de los primeros disidentes.

  • 47 Ibid., pp. 15, 77-78.

37Por motivos que no tienen que ver exclusivamente con la reforma, sino con una transformación de la sociedad por efecto de la modernización (urbanización, surgimiento de nuevos sectores de actividad, elevación del nivel de educación, etcétera), surgen nuevos actores que rivalizan por el control del poder en el interior mismo del pri.47 Éste nunca fue una organización monolítica y estuvo siempre marcado por las contradicciones y la competencia política interna. Como dijimos, en la mayoría de los municipios rurales de Oaxaca el partido no tenía más que una presencia indirecta, la selección de sus “candidatos” se hacía según los procedimientos tradicionales de la asamblea del pueblo. Pero en los municipios más grandes y urbanizados, donde tenía una presencia directa a través de sus organizaciones corporativas, la selección de candidatos sí se hacía según sus reglas.

  • 48 Citado en J. Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 81.

38En septiembre de 1980 el pri publica los mecanismos de selección de candidatos para las elecciones municipales: en 102 municipios la selección se realizará a través de “convenciones municipales” con dos modalidades: en 69 la convención estará compuesta por representantes de cada una de las organizaciones pertenecientes a los diferentes sectores del pri (ctm, cnop, cnc); cada uno de estos representantes propondrá a los candidatos elegidos por su organización. En 33 municipios la convención estará compuesta por un representante por sector; cada sector habrá elegido a sus candidatos con anterioridad. En el resto de los municipios (468 en total) el delegado general del Comité Ejecutivo Nacional (cen) del partido establecerá las “modalidades específicas que, en concordancia con las condiciones políticas y sociales particulares de estos municipios, garanticen una selección democrática con el fin de que se mantenga la unidad de acción orgánica y estratégica del partido”.48

  • 49 En muchos casos las urnas no se instalaban y las autoridades elegidas en las asambleas de pueblo e (...)

39En otras palabras, el partido incorporó a sus procedimientos de selección interna las formas tradicionales de elección de autoridades locales que aplicaban los municipios de Oaxaca. Las “condiciones políticas y sociales particulares” no eran otras que lo que más tarde se designaría con el nombre de “usos y costumbres”. En estos 468 municipios el pri, en realidad, lo único que hizo fue acreditar a las personas designadas por las asambleas comunitarias. Así pues, en la gran mayoría de los casos no había más que una sola planilla, que se ratificaba en las urnas el día de la elección “oficial”.49

  • 50 F. Díaz Montes, Los municipios, La disputa por el poder local en Oaxaca, p. 47, y V.R. Martínez Vá (...)
  • 51 J. Bailón Corres. “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 84.

40En ocasión de las elecciones de 1986, 1989 y 1992 los mecanismos de selección del pri reflejan con mayor evidencia esta “cooptación” de los procedimientos consuetudinarios con mayor evidencia. El partido prevé, en efecto, una de tres formas de selección: los “usos y costumbres” (la expresión figura por primera vez en la convocatoria publicada por el pri en los diarios en mayo de 1986, y luego en septiembre de 1992); la consulta directa a la base militante y la convención sectorial.50 El pri se basa en las elecciones precedentes para determinar en qué municipios aplicará diferentes procedimientos. Las convenciones de partido y otras consultas se aplican ahí donde ya hubo varias planillas en competencia. Es en esos municipios “de riesgo”, estimados en una centena en 1980, donde el partido debe intervenir directamente en la selección del candidato oficial.51

  • 52 F. Díaz Montes, Los municipios, 1.a dispara por el poder local en Oaxaca, p. 49.
  • 53 Ibid., p. 32.
  • 54 Ibid.

41Varios actores intervienen en la selección de candidatos: el presidente municipal en turno, los dirigentes estatales y locales del partido, el representante del comité nacional del partido, los diputados locales y el gobernador. Este último es, en realidad, el que decide principalmente, es él quien zanja las cuestiones ahí donde los diferentes sectores del partido no se ponen de acuerdo.52 En los casos en que la elección municipal coincida con la de gobernador (cada seis años), puede darse el caso de que el gobernador en turno y el recién elegido, cuando no pertenecen al mismo grupo político, apoyen a candidatos diferentes, provocando así escisiones. La regla general, no escrita, consiste en escoger a los candidatos que son apoyados por grupos u organizaciones locales susceptibles de garantizar la estabilidad política en el seno del municipio.53 La actividad política descansa esencialmente en las relaciones clientelistas. Si las principales “fuerzas políticas” locales (dirigentes de organizaciones, caciques, ex autoridades municipales y autoridades en turno) sostienen a un candidato, su popularidad entre el electorado queda asegurada. Sin embargo, puede ocurrir que los dirigentes estatales del partido busquen impulsar a candidatos que defienden sus intereses y los apoyan en su carrera política, en contra de la opinión misma de los grupos de poder locales. En estos casos es cuando surgen los conflictos.54

42A partir de los años setenta ocurre cada vez con mayor frecuencia que una nueva generación de dirigentes busque desplazar a los antiguos priístas. Para que las relaciones de fuerza se vuelvan en su favor, es común que movilicen a sectores de la población que hasta ese momento no han tenido participación política directa. Estas rivalidades dentro del partido se pudieron resolver a lo largo de los años sesenta y setenta gracias a una hábil política de compensación, que consistía en obtener de uno de los pretendientes que renunciara a la candidatura a cambio de otro beneficio (un puesto en la administración central, recursos para mantener a su propia clientela política o simplemente la promesa de ser el próximo candidato).

  • 55 Ibid., pp. 46-47.

43Durante los años faustos del crecimiento económico y del boom petrolero de los años sesenta y setenta la maquinaria estaba bien aceitada: había cabida para todo el mundo y medios suficientes para recompensar la disciplina de los dirigentes. Además, la falta de alternativas institucionales no dejaba otra opción que la resignación. A partir de los años ochenta la crisis económica hará más difícil esta política de compensación y de cooptación.55 Las rivalidades en el pri se transformarán en disidencias, que buscarán otros canales de expresión. La reforma electoral permitirá a estos candidatos frustrados y a los sectores marginados del pri recurrir a los partidos de oposición para registrar sus planillas. Si anteriormente esto trajo beneficios a los partidos existentes, el fenómeno tiende a alcanzar una amplitud diferente en los años ochenta: la oposición se nutre desde entonces de la alianza entre los disidentes del pri y los sectores que se movilizan por fuera del partido “oficial”, como el de los estudiantes o de las jóvenes generaciones de profesionistas. Los disidentes están más preparados para atreverse a la indisciplina, ya que pueden contar con estos grupos organizados y con las nuevas garantías institucionales en materia electoral.

  • 56 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 149.

44Se trata de una transformación de gran envergadura: la reforma electoral permitió que los movimientos de oposición locales (que surgieron dentro y fuera del pri) desplazaran el centro de agregación y conciliación de intereses fuera del marco institucional del partido hegemónico.56 Ya no será exclusivamente en el interior del pri donde se ejerza la competencia y la negociación política, sino en la arena, más abierta, del sistema de partidos. En otras palabras, a partir de los años ochenta los diferentes actores políticos se dan cuenta de que hay “una vida después del pri”. Este cambio va acompañado evidentemente de un número creciente de conflictos pre y poselectorales. Lo que antes se resolvía “en familia” y evitando las grandes fracturas rebasa los límites de la conciliación “amigable” y se transforma en “litigio” electoral. En un número cada vez mayor de municipios de Oaxaca, a partir de 1980 las elecciones locales dejan de ser simples rituales que sirven para ratificar decisiones tomadas en otra instancia. Un vistazo a las elecciones municipales de Oaxaca en 1980, 1986, 1989 y 1992 nos permitirá ver con claridad este aumento del nivel de competencia y de conflicto en una franja cada vez mayor de municipios.

EL OCASO DE LAS “PLANILLAS ÚNICAS”

45A medida que la competencia por el control del poder municipal se exacerba, los conflictos pre y poselectorales se multiplican. La antigua paz priísta queda relegada por la multiplicación de candidaturas disidentes y la consolidación –tímida pero constante– de la oposición. Las elecciones municipales de 1986 a 1992 reflejan el crescendo de los conflictos electorales y la dificultad cada vez mayor que el gobierno tiene para resolverlas.

46Uno de los indicadores más significativos de la evolución del nivel de competencia en las elecciones municipales es la cantidad de planillas registradas en cada uno de los 570 municipios. Antes de las reformas de los “usos y costumbres” de 1995, en la mayoría de éstos el pri aparecía como el único partido que presentaba una planilla electoral. Estas candidaturas “únicas” correspondían en realidad al hecho de que el pri registraba a las autoridades nombradas en las asambleas comunitarias. Podía darse un cierto grado de competencia en las comunidades, pero en general no rebasaba los límites de lo “negociable” y no se traducía en una disidencia política. Las facciones, si las había, no implicaban una filiación partidista distinta: todo el mundo era priísta, aun cuando eso no se tradujera en un militantismo activo. Ya lo dijimos: el pri no era percibido como una organización política distinta de las instituciones gubernamentales. Y además no lo era realmente. Funcionaba más bien como el aparato electoral del gobierno, al grado de que su dirigente “supremo” no era el secretario general del partido, como lo marca el organigrama, sino el presidente de la república.

  • 57 El año 1992 corresponde al último en que las elecciones se realizan siguiendo ese régimen electora (...)

47Las estadísticas electorales de los años anteriores a la creación de instituciones electorales autónomas son muy irregulares y difíciles de obtener. La información en general está diseminada en los archivos de los diferentes partidos y del gobierno, por lo que es difícil hacer un trabajo comparativo minucioso. Algunos investigadores, sin embargo, han logrado reconstruir una secuencia que va de 1977 a 1992.57 Esto nos permite contar con algunos índices relativos a la evolución de la competitividad de las elecciones municipales en los años siguientes a la reforma de 1977 y anteriores a la de 1995 sobre los usos y costumbres.

  • 58 F. Díaz Montes, “Elecciones municipales en Oaxaca, 1998-1992”, p. 110.

48Para empezar, lo que aparece es que el número de municipios donde participa más de una planilla electoral en los comicios aumenta constantemente a partir de 1980. En ese año, en efecto, los partidos de oposición acreditan planillas en 73 municipios, mientras que en 497 no hay más que una planilla inscrita: la del pri. En las elecciones precedentes, en 1977, año de gran efervescencia universitaria y política, la oposición había presentado planillas en 77 municipios. El año 1980 arroja una ligera disminución, debida sin duda a una relativa tregua política. En 1983, en cambio, el número de candidaturas “únicas” disminuye a 483, dado que en 87 municipios hay más de una planilla inscrita. Esta disminución se acentúa en 1986, en que no aparecen candidaturas únicas más que en 449 municipios. La cifra se estabiliza entre 1986 y 1989, al pasar de 449 a 445 municipios de planilla única. Finalmente, en 1992 hay 436 municipios con una sola planilla electoral acreditada. El número de municipios en que las elecciones son verdaderamente competitivas casi se duplicó entre 1980 y 1992, al pasar de 73 a 134.58 Según Fausto Díaz Montes, autor de un trabajo comparativo sobre las elecciones municipales en Oaxaca, este aumento de la competitividad es un efecto directo de la reforma electoral de 1977. Al permitir el registro de nuevos partidos, abrió nuevas opciones para canalizar las preferencias de los electores y de los grupos políticos locales. Aunque la mayoría de los municipios sigue teniendo solamente una planilla acreditada en las elecciones locales, nos parece importante subrayar el aumento exponencial del multipartidismo en los años que preceden a la reforma de los usos y costumbres. A nuestro modo de ver, este fenómeno contribuye a la comprensión de lo que llevó al gobierno a legalizar los procedimientos consuetudinarios de elección, de los que el pri sacó provecho durante muchos años.

  • 59 J. Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 88. En las elecciones municipales de (...)

49Otro dato interesante es el del número de planillas que la oposición acredita sobre el conjunto de los municipios. Pasa de 87 planillas en 1977 a 155 en 1986 y a 172 en 1992. La cantidad de planillas de oposición se duplicó. El pri, por su parte, registra 570 planillas en cada elección. A estas planillas legalmente inscritas por los partidos políticos cabe agregar las planillas “independientes” que aparecen en 1977. Se trata de planillas que no son registradas por ningún partido pero que hacen campaña y obtienen votos el día de la elección en el espacio reservado en las boletas a los candidatos no inscritos; fenómeno interesante que se podría considerar el antecedente directo de las “planillas comunitarias” del régimen de usos y costumbres aplicado a partir de 1995. Las planillas independientes están conformadas por personas que pertenecen al pri y que buscaban el registro de su partido pero la selección interna no las favoreció. Impugnan esta decisión pero no su pertenencia al partido, y conservan su planilla para el día de las elecciones esperando triunfar sobre la candidatura “oficial” y ser reconocidas por el gobierno. Las personas que optaron por este género de “disidencia” son conscientes de que es más arriesgado que los acredite un partido de oposición. Saben que todo municipio ganado por la oposición será bloqueado económicamente. La “neutralidad” de la candidatura “independiente” es vista como una forma de evitar la confrontación directa con el partido y por ende con el gobierno. Los disidentes continúan presentándose como priístas, por lo tanto son “recuperables” para el partido en caso de que ganen.59

  • 60 Jesús Martínez Álvarez era el secretario de gobierno de Pedro Vázquez Colmenares, que se convierte (...)
  • 61 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 50.
  • 62 Entrevista con Clemente de Jesús López, antiguo miembro del pcm y miembro activo del frd, Oaxaca, (...)

50En 1977 y 1980 se cuenta una decena de planillas independientes. En 1986 el fenómeno se produce de nuevo, pero esta vez en relación con la confrontación entre el gobernador de turno Jesús Martínez Álvarez,60 y su sucesor, Heladio Ramírez López, que promueven un candidato diferente cada uno. En diversos municipios el gobernador saliente apoya planillas “independientes” constituidas por las personas que habían sido desplazadas por los candidatos de Heladio Ramírez.61 Pero parece ser también que el número de candidatos sin acreditación partidista se extiende a otros municipios, en los que las organizaciones corporativas del pri no están presentes. Son las primeras reivindicaciones del respeto de los procedimientos comunitarios. Así, varias comunidades de la sierra Juárez, en la región mixe y en la Mixteca, exigen que las autoridades sean acreditadas directamente por el gobierno sin que tengan que afiliarse a un partido político. Esto se repite en 1989, y más tarde con mayor amplitud en 1992. Durante estas últimas elecciones hay una veintena de planillas que corresponden a disidentes del pri, a grupos independientes como la cocei –en ciertos municipios del Istmo–, o bien a comunidades que se rehusan a tener que elegir entre el pri o un partido de oposición para registrar a sus autoridades.62

51El gobierno acepta esta opción de manera tácita, quizá para evitar grandes confrontaciones. Indudablemente, es también una forma de frenar el progreso de la oposición. A fin de cuentas, estas candidaturas “independientes” pueden siempre volver “al redil” en caso de alejarse. Más vale un independiente al que se puede seguir considerando “uno de los nuestros”, con quien la negociación es más fácil, que un opositor declarado que hace retroceder el lugar del partido en las estadísticas electorales y puede apoyarse en relevos opcionales (organizaciones regionales independientes, partidos políticos de oposición) para ejercer presión en el gobierno y construir un verdadero contrapoder.

  • 63 F. Díaz Montes, “Elecciones municipales en Oaxaca: 1980-1992”, p. 105.

52No por ello deja de avanzar la oposición en Oaxaca. Las cifras hablan por sí solas: en 1977 la oposición gana en 9 municipios; en 1980 gana 17, casi el doble; en 1983 se debilita ligeramente ya que sólo gana en 11. Ese año el pri y el gobierno se resarcen, tras caer en la cuenta de los efectos desfavorables de la reforma de 1977 para la oposición; el pri, recurriendo a la reforma municipal, retoma el control de los municipios por todos los medios, la fuerza incluida, como ocurre en Juchitán. En 1986 la oposición casi recupera su presencia anterior, ganando en 15 municipios. Pero es en 1989 cuando su empuje es más espectacular: gana en 34 municipios. El efecto del “neocardenismo” golpea con toda su fuerza al pri en Oaxaca. Es un momento decisivo de cambio en la región. Aun si los resultados parecen irrisorios en términos absolutos (de hecho, ¡no se trata más que del seis por ciento de los municipios!), la presencia de la oposición se ha duplicado en menos de diez años. Es una señal de alarma para el gobierno de Oaxaca, que emprenderá una serie de reformas destinadas a contener la avanzada de la oposición o, en todo caso, a devolver al pri la legitimidad. En 1992 la oposición conserva 27 municipios, baja menor tras el repunte de 1989.63

  • 64 Ibid., pp. 98-103.

53El avance de la oposición no se refleja únicamente en el plano de los municipios ganados, donde finalmente las cifras siguen siendo modestas. El porcentaje de votos que se lleva cada uno de los partidos en las elecciones municipales es igualmente revelador de la tendencia de fondo hacia el ocaso de la hegemonía priísta. El prd pasa de 94% de los votos en 1980 al 74 en 1992, una pérdida de 20% de los votos en doce años. Aquí también la irrupción del prd en 1989 es bastante espectacular, dado que el pri pasa de 92% de los votos a 84 entre 1986 y 1989, mientras que el prd y sus antecedentes (pcm, psum, después Coalición Democrática en 1986) pasan de 2% en 1986 a 7 en 1989 y luego a 13 en 1992. El pan, por su parte, pasa de 1 a 3% de los votos entre 1980 y 1983, y se mantiene en este nivel hasta 1992. El cambio más visible es el derivado del empuje de la oposición “a la izquierda” del pri en 1986 y 1992, en las elecciones que preceden justamente a las reformas sobre las costumbres electorales.64

54Así, pues, el panorama electoral se modifica sensiblemente en unos pocos años. De un estado donde el partido oficial reinaba prácticamente solo y donde las elecciones no eran competitivas salvo en una decena de cabeceras de distrito, pasamos a una realidad más heterogénea. La avanzada de la oposición o el ocaso de la hegemonía priísta son por cierto hechos muy relativos, cuando sabemos que en 1992 más del 95% de los municipios están gobernados por el mismo partido. Pero lo significativo es lo repentino del cambio: entre dos elecciones municipales –1986 y 1989– la presencia de la oposición en los ayuntamientos se duplicó. Es este salto cualitativo el que repercutirá en el comportamiento del gobierno, de los partidos pero también de las comunidades, que bruscamente se ven confrontadas con el multipartidismo. Pues es necesario recordar que la introducción de la representación proporcional permite a la oposición tener una precencia en el seno de los ayuntamientos la representación proporcional también le permitió tener una mayor presencia en el Congreso local, sobre todo después de las elecciones de 1989. Su capacidad de presión y de negociación en las diferentes instituciones, entre ellas la Comisión Electoral, modifica las relaciones de fuerza habituales: el gobierno está obligado a un “arreglo” con la oposición; su margen de maniobra se vé sensiblemente reducido, al punto que tendrá que ceder en ciertos litigios electorales. Aun cuando el pri conserva la mayoría aplastante, el gobierno ya no es omnipotente, como antes; en todo caso, lo es cada vez menos. Finalmente, no hay que aislar a Oaxaca del resto del país: a partir de 1988 la oposición aumenta en todo el territorio nacional. En el norte, en Baja California, el pan llega por primera vez al gobierno estatal en 1989, y gana también las principales ciudades de la región. La oposición, en fin, gana terreno en el Congreso federal, amenazando en el mediano plazo la eficacia de la “aplanadora” priísta, que pasaba todas las iniciativas del presidente de la república.

55Hay otro factor, más significativo aún, de la nueva realidad política de Oaxaca: el aumento de los conflictos vinculados a las elecciones municipales. Si bien la renovación de los 570 ayuntamientos de Oaxaca constituyeron siempre un asunto delicado, a todas luces nunca fue tan problemática como durante estos años de cambios políticos.

LOS RIESGOS DE INGOBERNABILIDAD

56A partir de los años setenta, las elecciones municipales son cada vez más difíciles. Hay conflictos en las diferentes fases del proceso electoral: en el momento de la selección de las candidaturas; durante las campañas electorales; el día de las elecciones; en el momento en que se emiten los resultados oficiales y durante la transmisión de poder. Estos conflictos existieron siempre, pero en un número menor de municipios. Un hecho que cambia a partir de los años setenta es que el número de municipios “con problemas” aumenta. El nivel de conflicto evidentemente tiene que ver con el grado de competencia entre los diferentes candidatos y los grupos que representan. En la mayoría de los casos los conflictos implican un cierto nivel de violencia, que puede variar de la simple escaramuza al homicidio.

Las elecciones de 1980: candidaturas frustradas y disidencia

  • 65 J. Bailón Corres, “Las elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 91.

57En 1980, la mayoría de los conflictos surgieron a partir de la selección de candidatos en el seno del pri. Los candidatos “excluidos” se movilizaron contra las planillas registradas por su partido. Ya lo dijimos: sólo raramente tenían los partidos de oposición militantes permanentes. En realidad, prestaban su registro a los disidentes del partido “oficial”. En unos pocos casos nada más alcanzaban a hacer de esta alianza coyuntural una relación más permanente. El día de la elección, los partidarios de las planillas independientes y los de la oposición se movilizaron para exigir la anulación de los resultados. Denunciaron, entre otras cosas, el robo de urnas y el voto de personas que no tenían credencial de elector. Pero fue tres días después de los comicios cuando los partidos hicieron las primeras presiones públicas. Los comités municipales se declararon incompetentes y transfirieron los paquetes electorales a la Comisión Electoral. Los grupos trataron de ejercer presión ante esta institución mediante los representantes de los partidos políticos, para obtener la anulación de la elección. Así, el pan exigió al pri el reconocimiento de su victoria en los municipios de Coyotepeji, Huixtepec y Santo Domingo Ingenio. El pps pidió la anulación en varios municipios del Istmo, entre ellos Tehuantepec. El 24 de noviembre, la oposición reclamó la anulación de las elecciones de Tehuantepec, Ixhuatán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec y Juchitán. El parm, por su parte, había ocupado el palacio municipal de Pinotepa Nacional para que se reconociera su victoria. El pri declaró aceptar las victorias de la oposición, salvo en los casos de Pinotepa Nacional y Juchitán, que consideraba haber ganado. Finalmente, el 25 de diciembre la Comisión Electoral emitió su veredicto para 560 municipios, de los cuales doce correspondían a la oposición, entre ellos Pinotepa Nacional, Huajuapan, Asunción Tlacolulita, Huixtepec y Unión Hidalgo. Las elecciones se anularon en Juchitán, cuyo palacio municipal ocupó gente de la cocei, y donde se realizarían elecciones extraordinarias.65

  • 66 Ibid., p. 93.

58Quedaban diez municipios en litigio. Las planillas independientes exigieron que se reconociera el triunfo en Pochutla, Zaachila, Telixtlahuaca, Valle Nacional, Nochixtlán y Ayoquezco de Aldama, entre otros. Varios palacios municipales fueron ocupados por grupos de priístas disidentes. La solución de estos litigios se anunció el 31 de diciembre: la Comisión Electoral reconoció el triunfo de la oposición en 17 municipios, mientras que en otros diez los resultados fueron anulados. Se instalarían consejos municipales mientras se organizaban las elecciones extraordinarias en Juchitán, Tehuantepec, Chil-tepec, Magdalena Ocotlán, Zanatepec, Huautla, Huhuetlán, Nochixtlán, Pochutla y otros.66 Los partidos aceptaron evacuar los palacios municipales y el gobierno negoció con las planillas independientes. En Zaachila, por ejemplo, miembros de las dos planillas rivales participaron en el ayuntamiento.

  • 67 Ibid., p. 94.
  • 68 J. Bailón Corres, “Las elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 91.

59Esto no impidió que hubiera dificultades el 1 de enero de 1981, fecha de la entrada en funciones de las nuevas autoridades. Hubo enfrentamientos violentos en varios municipios, entre ellos Ixtepec, Matatlán, San Juan La-lana, Pochutla, Nochixtlán, Telixtlahuaca, Lachilá, Mariscala de Juárez y Unión Hidalgo.67 En este último caso, con mucho el más violento, hubo dos muertos y varios heridos. En los demás, la constitución de los consejos municipales parece haber permitido desactivar los conflictos. Se suponía que serían provisionales, pero pocos días después el gobierno cambió de decisión: en aquellos sitios donde no fuera necesario no habría elecciones extraordinarias. Se previó, entonces, organizar elecciones en siete municipios, pero sólo tuvieron lugar en Juchitán, Magdalena Ocotlán (donde ganó el pcm) y Zanatepec. En los demás casos, las diferentes fuerzas políticas habían hallado un equilibrio: la participación en los consejos municipales permitía a los grupos de oposición participar en la gestión municipal sin necesidad de bloqueo económico por parte del gobierno. Otros conflictos aparecieron ulteriormente en Miahuatlán, donde fue necesario constituir un consejo municipal, después en Pochutla, Telixtlahuaca, Nochixtlán, Juchitán y Tehuantepec.68

  • 69 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 74.

60Las elecciones de 1980 confirman la tendencia que empezó a principios de los años setenta. Aun cuando la reforma electoral favoreciera la reducción del nivel de violencia al canalizar los litigios hacia los partidos y las instancias de negociación previstas para tal efecto, los conflictos aumentaron. Según las investigaciones de Fausto Díaz Montes, el número de municipios que se vieron envueltos en conflictos durante las elecciones municipales pasó de 10 en 1971 a 50 en 1980, 56 en 1983 y 73 en 1986.69

Las elecciones de 1986: la ruptura de la paz priísta

  • 70 El presidente de la república deja de fungir como “fiel de la balanza” cuando el pri pierde la pre (...)
  • 71 F. Díaz Montes, Los municipios, pp. 44-45.

61Las elecciones de 1986 estuvieron particularmente plagadas de tropiezos. Marcan un récord en ocupación de alcaldías, manifestaciones, enfrentamientos, intervención de las fuerzas del orden, anulación de elecciones, realización de elecciones extraordinarias, plebiscitos y formación de consejos muncipales. Dos factores principales contribuyeron a este recrudecimiento de los conflictos. Para empezar, como dijimos, el gobernador en turno y el que debía reemplazarlo pertenecían a grupos políticos opuestos. Normalmente las elecciones municipales que coinciden con las de gobernador (esto es, cada seis años) suelen ser más conflictivas que las otras, pues el cambio de gobernador implica un cambio de grupo político. En suma, se trata de una especie de alternancia en el interior mismo del pri. Es raro que el candidato surja del gabinete del gobernador en turno. En el sistema priísta, la selección de candidato la hacía el presidente de la república,70 tomando en cuenta las relaciones de tuerza entre los diferentes grupos políticos en el plano local tanto como el federal. Ocurre a menudo que el gobierno en turno y el que debe reemplazarlo no estén en muy buenos términos. Esta diferencia se refleja en la selección de los futuros presidentes municipales, ya que cada grupo busca colocar a sus propios hombres a la cabeza de los municipios. En 1986 había dos precandidatos al cargo de gobernador: Heladio Ramírez López y Jesús Martínez Álvarez. El primero estaba apoyado por el sector campesino del partido y el segundo por el sector “popular” y los comerciantes de la región. Apenas en 1985 el gobernador Vázquez Colmenares fue nombrado para ocupar un puesto en el gobierno federal. Jesús Martínez Álvarez, secretario general de gobierno a la sazón, pasó a ser gobernador interino y se retiró, muy a su pesar, de la carrera por la candidatura. Heladio Ramírez se convirtió en candidato oficial, aun cuando su rival hiciera lo posible para impedirlo. Sus diferencias se dejaron sentir más tarde en la selección de candidatos para las elecciones municipales.71

  • 72 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 43.

62Otro factor que contribuyó a aumentar las dificultades es el cambio de fecha para las elecciones y la entrada en funciones de los ayuntamientos. La reforma electoral de 1984 determinó que las elecciones municipales, las de gobernador y diputados locales tuvieran lugar el mismo día, siendo que en los años anteriores se hacían separadamente. Las segundas se efectuaban en el mes de agosto y las primeras en el de noviembre, lo que daba la posibilidad al gobernador de identificar a los mejores candidatos en función de su participación en su propia campaña electoral. Una vez elegido, el gobernador tenía el apoyo para sostener a sus candidatos. Disponía de un nuevo congreso local conformado por diputados, cuya candidatura había impulsado, y el secretario general de gobierno, designado por él mismo, estaba a la cabeza de la Comisión Electoral. En 1986, el gobernador elegido ya no tuvo el tiempo para intervenir personalmente en la selección de candidatos para las elecciones municipales y tuvo que confiar la tarea a su equipo de campaña.72 Por otro lado, el gobernador en turno aún controlaba el Congreso local y la Comisión Electoral, cosa que le permitía obstaculizar las decisiones del candidato oficial. Esta fractura en el seno de la élite política regional explica en gran parte las divisiones entre priístas en el plano municipal y los desacuerdos en torno a la integración de las planillas electorales.

63La generalización de la representación proporcional provocó también nuevos conflictos poselectorales. Como el número total de consejeros había quedado fijado en quince, la nueva fórmula de representación implicaba que la lista mayoritaria cediera varios lugares a la oposición, sin que por ello aumentara el número de escaños. En la mayoría de los casos el partido que había triunfado en las elecciones no aceptaba que le “quitaran” posiciones en el seno del ayuntamiento.

  • 73 Ibid., p. 46.

64A fin de cuentas, frente a un pri fragmentado la oposición constituyó la Coalición Democrática (que aglutinaba al psum, al prt y al pmt) y postuló candidatos en un número mayor de municipios que en los años precedentes. Además, la sección regional del sindicato de maestros, en pugna con su dirección nacional, decidió apoyar a los candidatos de la oposición el día de los comicios; la Iglesia, por su parte, hizo un llamado al voto “consciente” y a la movilización para impedir el fraude electoral. Signos todos precursores de una elección difícil.73

  • 74 Ibid., p. 47.
  • 75 Ibid., p. 48.

65Por lo tanto, los conflictos surgieron desde el proceso de selección de candidatos del pri. En esta ocasión el pri realizó elecciones primarias en 27 municipios y después convenciones de sectores en 14. En 521 municipios el pri recurrió a los usos y costumbres de las comunidades. En los tres tipos de municipios hubo problemas. En el caso de los de usos y costumbres, varias comunidades protestaron contra la imposición, por los caciques regionales, de candidatos diferentes a los que habían sido designados en asamblea. Es el caso, por ejemplo, de San Juan Mazatlán, en la baja Mixe, donde el cacique regional intentó imponer a su propio candidato con el apoyo del pri74. En los demás municipios fueron los precandidatos que perdieron los que acusaron a sus adversarios y al partido de fraude en la elección interna, o de manipulación en la realización de las convenciones. En la mayoría de los casos decidieron no someterse a la selección del partido y trataron de mantener su propia candidatura de forma independiente, o uniéndose a un partido de oposición. Los grupos más radicales decidieron ocupar las alcaldías de sus municipios para obtener la anulación de las primarias, tal como ocurrió en San Pedro Tututepec y en Teotitlán de Flores Magón.75 Casi todas estas divisiones continuaron hasta el día de las elecciones, a pesar de los intentos del pri de resolverlas invitando a los disidentes a participar en las planillas oficiales, o bien proponiéndoles cargos en el partido o en la administración.

  • 76 76 F. Díaz Montes. Los municipios, p. 53.

66Los conflictos aumentaron a medida que se aproximaban los comicios. La lista nominal de electores y la repartición de credenciales para votar estaban entre las principales causas del descontento. Efectivamente, la ley precisaba que solamente las personas mayores de 18 años que figuraran en la lista nominal y tuvieran la credencial de elector podrían votar. En 1986, la lista elaborada por el Registro Nacional de Electores se distribuyó entre los partidos de oposición solamente un día o dos antes de las elecciones. En muchos municipios las listas nominales estaban incompletas. La oposición se movilizó para denunciar estos “faltantes” y la mala distribución de las credenciales. En algunos municipios, la tensión era tal que los comicios no pudieron celebrarse (Chahuites y San Pedro Comitancillo, sobre todo) o fueron interrumpidos violentamente (San Francisco Telixtlahuaca y Santiago Laollaga, entre otros). Ya el día de la elección la oposición denunció las irregularidades: voto de priístas menores de edad; distribución de credenciales de elector adicionales entre las mismas personas; urnas embarazadas a favor del pri; listas nominales rasuradas en detrimento de opositores; intento de robo de las urnas en las casillas donde el pri parecía perder, etcétera.76

  • 77 Ibid., p. 55.
  • 78 Ibid., p. 56.

67Los diferentes partidos de oposición establecieron la lista de municipios donde exigían la anulación de las elecciones. Al día siguiente las manifestaciones, la ocupación de edificios públicos y el bloqueo de carreteras se multiplicaron como nunca antes. Unos días después los partidos de oposición crearon un Frente Cívico para la Defensa del Voto Ciudadano, que organizó manifestaciones y huelgas de hambre en la capital. Como prácticamente era imposible aportar pruebas del fraude electoral, la oposición se esforzó por hacer presión por la vía de la movilización más que por la legal. Así, el número de alcaldías ocupadas aumentó considerablemente77 Por su parte, los priístas adoptaron una actitud relativamente pasiva, esperando que su partido defendiera sus victorias ante la Comisión Electoral. La violencia se produjo sobre todo en los municipios donde se enfrentaron a priístas disidentes.78

  • 79 F. Díaz Montes, Les municipios, p. 59.
  • 80 Ibid. p. 62.

68El 15 de septiembre, el día de la transferencia del poder, había 36 alcaldías ocupadas por grupos inconformes con el resultado de las elecciones. En ciertos municipios, como Pochutla y San Pedro Comitancillo, hubo enfrentamientos violentos entre priístas y miembros de la oposición. En más de 50 municipios los conflictos prosiguieron hasta después del 15 de septiembre. Después de esta fecha, sin embargo, el equilibrio de fuerzas se inclinó en favor del gobernador electo, ya que el nuevo Congreso local, que acababa de entrar en funciones, estaba conformado por partidarios suyos. Por otra parte, el trabajo de la Comisión Electoral llegó a su fin el 15 de septiembre, cediendo el lugar al Congreso y al gobierno la tarea de resolver los conflictos. Se crearon comisiones especiales para resolver los casos más graves con la participación de un representante del gobierno, de la legislatura local y del pri. Pese a todo, la mayoría de los conflictos no se pudieron resolver. Los grupos de oposición continuaron con sus movilizaciones e incluso comenzaron a echar a andar las alcaldías que estaban ocupando. En San Francisco Telixtlahuaca, Asunción Ixtaltepec, San Juan Mazatlán, San Juan Guichicovi y Tlacolula de Matamoros, especialmente, el candidato de la oposición abrió las oficinas de la alcaldía y puso en marcha la administración municipal después de haber recibido el aval de la mayoría de los habitantes, entre ellos los priístas.79 Con la salida de Jesús Martínez Álvarez, el 1 de diciembre de 1986, la oposición ganó dos municipios más, uno por la vía de un plebiscito (Asunción Tlacolula) y el otro formando un consejo municipal. Otros conflictos se resolvieron con la creación de consejos municipales “mixtos” y realizando plebiscitos. Se organizó una sola elección extraordinaria que fue ganada por el pri (Santiago Llano Grande).80

  • 81 Heladio Ramírez López inició su función de gobernador el 1 de diciembre de 1986.
  • 82 F. Díaz Montes, op. cit., p. 61.
  • 83 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 62.

69El nuevo gobernador81 prosiguió esta política de negociación, ya que no hubo más que una sola elección extraordinaria en San Francisco Telixtlahuaca, el 15 de febrero de 1989, también ganada por el pri. En el resto de los municipios se aplicaron tres soluciones: la organización de plebiscitos (en un total de diez casos, tres de ellos ganados por la oposición); la constitución de consejos municipales (29 en total, tres de ellos dominados por la oposición, nueve por el pri y 17 con una representación equivalente del pri y de la oposición) y, finalmente, la integración de uno o dos miembros de la oposición en los ayuntamientos electos (en 32 municipios).82 Juchitán fue uno de los municipios donde el gobierno estableció un consejo dominado por el pri, pero con la participación de la cocei. El gobierno siguió esta política de “concertación” con la participación del Congreso local, de la Comisión Electoral y del pri. En muchos casos, la negociación se hizo fuera de la ley, ya que se instalaron consejos ahí donde el Congreso había recomendado la realización de elecciones extraordinarias (se anuló un total de 13 elecciones, por lo que se esperaba que se organizarían nuevas elecciones). En varios casos, también, el Congreso hubo de ratificar a los consejos designados por el gobierno después de instalados, cuando que la ley exigía que fueran aprobados primero por el Congreso.83 La estrategia del gobierno consistió en evitar la prolongación de los conflictos integrando a los grupos en pugna en el seno de los consejos mixtos, más que buscar aplicar la ley con rigor y organizar elecciones extraordinarias. Rara vez recurrió a la violencia para desalojar las alcaldías ocupadas.

70Las elecciones de 1986 reflejan un cambio en la intensidad y el número de conflictos pre y poselectorales. Aun si tradicionalmente las elecciones municipales que coinciden con las de gobernador son más conflictivas, éstas fueron especialmente agitadas. La presencia de la oposición creció y la competencia entre grupos dentro del pri se acentuó. El gobierno tuvo que gastar más energía y recursos que nunca para resolver los litigios y garantizar la estabilidad política.

Las elecciones de 1989: la embestida del neocardenismo

  • 84 Isidoro Yescas Martínez, “Oaxaca 1989: variaciones sobre un mismo tema (notas sobre la elección mu (...)

71Las elecciones municipales del 6 de agosto de 1989 exhibieron un nivel similar de conflicto. Al igual que para las elecciones precedentes, las rupturas comenzaron en el momento de la selección de candidatos dentro del pri. Una vez más, la imposición de candidatos por el comité ejecutivo del partido provocó la inconformidad de muchos “pretendientes” locales. Éstos organizaron movilizaciones para ejercer presión sobre los dirigentes del partido. Al ver que no resultaba, elaboraron planillas independientes (sin registro oficial) o bien se aliaron con el parm y el prd.84

  • 85 Ibid., pp. 71-74.

72Pues la gran novedad en 1989 fue la creación de un nuevo partido de oposición, el prd, formado por la mayoría de los partidos reunidos en 1988 en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. En efecto, durante las elecciones federales de 1988 varios partidos de izquierda se habían aliado con un grupo de disidentes priístas en el seno del Frente Democrático Nacional. Como ya dijimos, Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo un alto puntaje en las elecciones del 6 de julio de 1988 y se sospecha que el gobierno y el pri manipularon los resultados a favor de su candidato, Carlos Salinas de Gortari. En Oaxaca, Cárdenas ganó las elecciones en cerca de 200 municipios, hecho sin precedentes para la oposición. Semejante resultado tuvo consecuencias directas en las elecciones municipales del año siguiente.85

  • 86 Ibid., p. 73.

73Efectivamente, en 1989 el prd creó un Frente Democrático Estatal (fde), junto con otros tres partidos (el pps, el parm y el pfcrn). Trataron de promover candidaturas comunes, pero sólo lo lograron parcialmente. Así, el fde registró un solo candidato en 70 municipios, mientras que en otros cada partido postuló su propio candidato: el prd y el parm lo hicieron en 64 municipios, el pfcrn en 71 y el pps en 47. El pri, como de costumbre, pudó reivindicar una presencia efectiva o indirecta (¡consuetudinaria!) en los 570 municipios del estado. En cuanto al pan, acreditó candidatos en 31 municipios.86

  • 87 Isidoro Yescas Martínez, “Oaxaca 1989: variaciones sobre un mismo tema (notas sobre la elección mu (...)

74Frente al impulso de la oposición y el peligro que representaba la nueva coalición, el gobierno y el pri hicieron todo lo posible para controlar las elecciones. Después de haber logrado invalidar las planillas conjuntas del fde (con la connivencia del pan), recurrieron a todos los artilugios imaginables de fraude electoral, desde el rasuramiento del padrón electoral (supresión del nombre de las personas sospechosas de haber votado por Cárdenas en 1988) hasta el embarazo de urnas o la repartición de credenciales de elector falsas el día de los comicios, pasando por la intimidación, el robo de urnas, etc. Hubo enfrentamientos violentos en una docena de municipios, como Juchitán, donde el candidato de la cocei-prd, Héctor Sánchez, ganó la elección, pero también en Telixtlahuaca, Suchilquitongo, Chahuites, Yalálag, etcétera.87

  • 88 Ibid., pp. 85-88.

75Después de las elecciones la oposición organizó manifestaciones por todo el estado. El 17 de agosto el prd llegó incluso a sitiar la capital bloqueando todas las vías de acceso durante tres horas. La oposición, aunque también los disidentes del pri, ocuparon más de 30 alcaldías. Pero los candidatos oficiales del pri no se quedaron atrás, ya que a su vez organizaron manifestaciones frente al palacio del gobernador, cuando la Comisión Electoral rehusó atribuirles la victoria electoral. En total, ésta tuvo que anular las elecciones en diez municipios.88

  • 89 Las elecciones municipales de 1989 también están marcadas por un nivel de abstención nunca antes v (...)
  • 90 I. Yescas Martínez, “Oaxaca 1989: variaciones sobre un mismo tema”, pp. 89-91.

76Las elecciones de 1989 marcaron un verdadero hito político, ya que el prd desplazó al pan como segunda fuerza política del estado, con 7% de los sufragios (contra dos en 1986). El prd ganó, así, 15 municipios y el pan solamente seis, como en 1986. En total, la oposición más que duplicó sus puntos ganando 34 municipios (contra 15 en 1986).89 Sin duda hay que buscar en esta verdadera erupción de la oposición una de las razones que llevan al gobierno de Heladio Ramírez a darles fuerza de ley a los usos y costumbres.90

Las elecciones de 1992: la consolidación de la oposición

  • 91 V.R. Martínez Vázquez, “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, p. 151.
  • 92 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, p. 24.
  • 93 “Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca”, Periódico oficial, 12 (...)
  • 94 Ibid.

77En 1992 la tendencia se confirmó, aunque el número de municipios en conflicto se redujo sensiblemente. El pri aplicó los mismos procedimientos de selección interna apropiándose, como siempre, de los usos y costumbres de más de 430 municipios en los que los partidos de oposición eran inexistentes.91 En el resto de los municipios la selección se realizó a través de consultas directas a las bases y de convenciones. Hubo una novedad, sin embargo: el “respeto” de los usos y costumbres se inscribió en la Constitución local (Artículo 25, reformado en 1990)92 y en el nuevo código electoral (creado en 1992).93 Esta reforma, sobre la que volveremos un poco más adelante, marca el primer paso hacia una inserción de las formas tradicionales de elección de las autoridades municipales en la reglamentación electoral. Los procedimientos consuetudinarios que el pri había incluido ya en sus estatutos, adquieren fuerza de ley a partir de ese momento. Sin embargo, se trata de una reforma meramente declarativa, que no especifica qué significa concretamente el “respeto” de las “tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas”.94 La ley electoral, que supuestamente debe reglamentar el Artículo 25 de la Constitución, en realidad se contenta con citarlo.

78Otras dos modificaciones a la ley electoral tuvieron sin duda más repercusiones: primero, las fechas de elección de gobernador y diputados y la de los municipios fueron nuevamente separadas; las primeras tendrían lugar en agosto y las segundas en noviembre. La entrada en funciones de los nuevos ayuntamientos sería el 1 de enero de 1993. Además, el Congreso local, erigido en “colegio electoral”, y no ya la Comisión Electoral, tendría la responsabilidad de calificar las elecciones.

  • 95 V.R. Martínez Vázquez, “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, p. 148.
  • 96 Ibid., p. 149.

79Una vez más los primeros conflictos se presentaron en la selección de los candidatos del pri. En más de una decena de municipios la selección del candidato fue impugnada por los demás precandidatos. Es el caso de Tequisistlán, San Francisco del Mar, Ixtepec, Ejutla de Crespo, Tlaxiaco, Tlacolula, Huautla, Ojitlán, Acatlán, entre otros.95 Las manifestaciones se multiplicaron. Algunos casos se resolvieron por medio de plebiscitos, pero casi en todos lados el gobierno aceptó que se formasen planillas independientes (alrededor de una veintena). El pri no fue el único en tener dificultades para designar a sus candidatos. Entre los simpatizantes del prd surgieron conflicros en varios municipios, como Jalapa del Marqués y Juchitán. En Jalapa se presentó una planilla de disidentes además de la “oficial” del prd. En Juchitán, disidentes de la cocei registraron su planilla con el pfcrn.96

  • 97 Municipio de la costa del Pacífico, cerca de Pinotepa Nacional, en el suroeste del estado.
  • 98 Ibid., pp. 157-159.

80La violencia obligó a interrumpir las elecciones en varios municipios, entre ellos Huautla, Zanatepec, Jalapa de Díaz, Jalapa del Marqués, Chichicapan, Santiago Apóstol, Santiago Huajolotitlán. En algunos de estos lugares quemaron las urnas o hubo tiroteos entre grupos adversos. Después de las elecciones, hubo enfrentamientos violentos en varios municipios, donde los resultados fueron impugnados por uno de los partidos. En Jicayán,97 por ejemplo, una dirigente fue asesinada. En total, 30 alcaldías fueron ocupadas, y el Congreso anuló las elecciones en 15 municipios. Del conjunto del proceso electoral, 35 municipios exhibieron algún conflicto.98

  • 99 Ibid., p. 162.

81Como en 1986, el gobierno se esforzó por negociar la integración de consejos municipales bi o tripartitas. De las 15 elecciones extraordinarias previstas solamente cinco tuvieron lugar. En los demás casos se constituyeron consejos municipales. De cinco elecciones extraordinarias una sola fue ganada por la oposición (San Jacinto Amilpas), el resto las ganó el pri.99 Al igual que en 1986, el pri parecía estar dispuesto a someterse a elecciones solamente cuando estuviera seguro de ganar. En caso contrario, prefería los arreglos “en corto”.

82En cuanto a las planillas independientes, una decena ganó las elecciones contra el pri. En Juchitán, en cambio, la cocei se impone desde entonces como la fuerza política hegemónica. Quedaron atrás los años de represión y de exilio de las primeras aventuras electorales de la alianza cocei-pcm.

  • 100 Diódoro Carrasco Altamirano forma parte del gabinete de Heladio Ramírez López. De 1986 a 1992 está (...)
  • 101 V.R. Martínez Vásquez, “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, p. 156.

83En 1992, de todos modos, el nivel de conflicto fue menor que en 1986. Esto se explica en parte porque el candidato del pri al gobierno de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, formaba parte del equipo de Heladio Ramírez, que lo convirtió en su sucesor.100 Esto permitió evitar la fractura de 1986 y controlar mejor el “relevo” municipal. Pero estas elecciones fueron marcadas, sobre todo, por la consolidación de la oposición, en particular del prd, como acabamos de ver. La oposición perdió algunos municipios, pero se impuso en los ayuntamientos como primera minoría. La alternancia se impuso en un número creciente de municipios, incluyendo los que estaban en manos de la oposición, como Huajuapan, Zaachila o Pochutla, que el pri recuperó, o bien San Antonio Castillo Velasco, donde el pan perdió a manos del prd.101 De esta manera, la competencia entre partidos parecía haber echado raíces.

  • 102 F. Díaz Montes, “Elecciones municipales en Oaxaca: 1980-1992”, p. 107.

84Paradójicamente, en la medida en que la competitividad de las elecciones iba aumentando, el índice de participación electoral disminuía. En 1980 votó el 50% del electorado. La abstención aumentó levemente en 1983, en que solamente 48% de los electores participó. 1986, al contrario, fue con mucho el año de mayor participación, ya que votó el 57% de los electores. Como dijimos, en 1989 y 1992 la participación no rebasó el 38%.102

85Es verdad que las cifras varían mucho de un lugar a otro: la abstención en general es menor en los municipios donde compiten varias planillas. Lo cual no quiere decir que la población sea totalmente “apolítica”: algunas personas no votan por muy diversas razones (porque no están en la lista nominal, porque no tienen credencial de elector o sencillamente porque no aprueban la “oferta política”), pero eso no les impide participar en las movilizaciones a favor de ciertos candidatos o contra el fraude. Suele ocurrir, por lo demás, que los movimientos de oposición reciban más apoyo en las manifestaciones públicas que en las urnas. Esto se debe, en gran parte, al descrédito de las elecciones entre una población acostumbrada a los fraudes del partido de Estado. En la mayoría de los conflictos electorales las organizaciones de oposición prefieren la solución del plebiscito (con un voto público) a las elecciones extraordinarias. El plebiscito les permite aplicar una estrategia de acción directa que les parece más favorable que el terreno minado de las elecciones.

86No obstante, si bien el alto nivel de abstención no es necesariamente sinónimo de apatía política, no por ello deja de reflejar un aspecto interesante de la realidad política de Oaxaca: en la mayoría de los municipios los partidos políticos y las elecciones de sufragio universal, individual y secreto son todavía una realidad lejana. Es de esta franja municipal alejada de la lucha electoral convencional donde el pri se mantiene con mayor fuerza. Es comprensible que, frente a una escalada progresiva de la disidencia, de la oposición y del conflicto, trate de preservar el “colchón” que representan los más de 400 municipios en que el pacto clientelista sigue siendo efectivo para la protección, a la vez, de la autonomía comunitaria y la hegemonía del Estado-pri. Éste es el sentido de la reglamentación del reconocimiento a los usos y costumbres que el gobernador Diódoro Carrasco impulsa en 1995, en plena coyuntura electoral y en medio de una efervescencia sin precedente de las organizaciones indígenas, estimulada por el levantamiento de los zapatistas en el vecino estado de Chiapas.

87Bajo el efecto conjunto de las transformaciones sociales y de las reformas institucionales, el panorama político de Oaxaca se modificó radicalmente de fines de los años setenta a principios de los noventa. El control casi absoluto del pri sobre el poder y la competencia electoral cede el paso a una multiplicidad de candidaturas disidentes que refuerzan, poco a poco, el peso de la oposición. Lo que el gobierno más teme no es la amenaza de un triunfo de ésta, que a fin de cuentas sigue siendo marginal, sino la inestabilidad política que provocan los conflictos electorales. El aumento constante de éstos es una de las razones que llevaron al gobierno a tratar de preservar el “colchón protector” de las costumbres.

Notas

1 Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo xx.

2 Víctor Raúl Martínez Vásquez, Movimiento popular y política en Oaxaca: 1968-1986.

3 Jaime Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, Nueva Antropología, vol. 7, núm. 25, octubre de 1984, pp. 67-68. Para un estudio más general sobre la génesis y los efectos de la reforma electoral de 1977, véase Kevin J. Middlebrook, “Political Liberalization in an Authoritarian Regime: the Case of Mexico”, en Guillermo O’Donnell et al.. Transitions From Authoritarian Rule, pp. 123-147.

4 Enrique Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), pp. 369-370.

5 Ibid., pp. 371.

6 Ibid., p. 376.

7 J. Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 71.

8 Ibid., p. 70.

9 Ibid., p. 68.

10 J. Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 71-73.

11 Ibid., p. 72.

12 Ibid., p. 73.

13 María Cristina Velasquez Cepeda, El nombramiento. Las elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, p. 74.

14 María Cristina Velásquez Cepeda, El nombramiento. Las elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, p. 170.

15 Fausto Díaz Montes, Los municipios. La disputa por el poder local en Oaxaca, Oaxaca, pp. 28-29.

16 Ibid., p. 145.

17 Además de representantes de los partidos políticos, el consejo general del ife está formado por consejeros que suelen provenir del mundo académico, sin vínculo formal con los partidos políticos. Se les llama consejeros magistrados en la ley de 1996, consejeros ciudadanos en 1994 y consejeros electorales en 1996. Son los únicos que poseen el derecho de votar en el seno del consejo federal del ife. Para más detalles, véase José Woldenberg, “La transición a la democracia”, Nexos, núm. 261, septiembre de 1999, pp. 65-70.

18 Guy Hermet, Juan J. Linz y Alain Rouqié, et al. Des élections pas comme les autres.

19 Jean-François Prud’homme, “La negociación de las reglas del juego: tres reformas electorales (1988-1994)”, Política y Gobierno, vol. 3, núm. 1, 1996, pp. 93-126.

20 E. Krauze, La presidencia imperial, pp. 415-416.

21 Grupo de políticos que se forma dentro del pri en los años ochenta, que reivindica una democratización del partido.

22 En especial en la Mixteca, donde la reforma agraria había sido particularmente efectiva.

23 E. Krauze, La presidencia imperial, p. 428.

24 V.R. Martínez Vásquez, El movimiento universitario en Oaxaca (1968-1988), p. 10.

25 Especie de bufete de abogados benévolo que da apoyo jurídico a los grupos de campesinos, trabajadores, pequeños comerciantes o artesanos que se movilizan para mejorar sus condiciones de vida.

26 V.R. Martínez Vázquez, El movimiento universitario en Oaxaca, p. 55.

27 Ibid., p. 20.

28 Ibid., p. 17.

29 Ibid.

30 El general Eliseo Jiménez Ruiz acababa de dirigir la represión contra la guerrilla de Lucio Cabañas v Genaro Vásquez en el estado de Guerrero. El que haya sido colocado a la cabeza del gobierno de Oaxaca es prueba de que el gobierno federal está empeñado en restablecer la “paz social” en la región.

31 V.R. Martínez Vázquez, El movimiento universitario en Oaxaca, p. 59.

32 Horacio Tenorio Sandoval llegará al extremo de denunciar “la línea zurda del echeverrismo”. Véase la entrevista con Tenorio Sandoval citada en V.R. Martínez Vásquez, El movimiento universitario en Oaxaca, pp. 83-85.

33 Ley Electoral de Ayuntamientos, octubre de 1921.

34 Ley para las Elecciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, julio de 1922.

35 M.C. Velásquez Cepeda, El nombramiento, p. 165.

36 Ibid., p. 166-167.

37 M.C. Velasquez Cepeda, El nombramiento, p. 167.

38 Al igual que en la legislación de 1962, los electores, esto es, las personas que hayan cumplido 18 años, deben figurar en un registro nacional y poseer una credencial de elector.

39 M.C. Velázquez Cepeda, op. cit. as “elecciones extraordinarias”, son as que tienen lugar después de la fecha oficial de las elecciones. En el estado de Oaxaca generalmente ocurren a finales del año siguiente, después de que el Congreso haya realizado las elecciones ordinarias, a más tardar el 31 de diciembre del año electoral, a la media noche, p. 169.

40 Los consejos municipales o juntas de administración civil han de distinguirse de los ayuntamientos. Éstos se eligen por medio del sufragio universal, mientras que los primeros se constituyen por la vía de la negociación entre los grupos en conflicto, con la mediación del gobierno.

41 Habrá que esperar las reformas de 1995 y 1997 para que se cree el Instituto Estatal Electoral, con mayor autonomía respecto del ejecutivo y de los partidos políticos, al igual que el ife.

42 Adriana López Monjardin, La lucha por el ayuntamiento: una utopía viable.

43 F. Díaz Montes, Los municipios, la disputa por el poder local en Oaxaca, pp. 30-35.

44 F. Díaz Montes, Los municipios, la disputa por el poder en Oaxaca, p. 31. Como consecuencia de un enfrentamiento entre priístas y coceístas, que produce un muerto en el momento de las campañas electorales de agosto de 1983, el gobierno de Oaxaca pide al ejército que intervenga para restablecer la “paz social” en Juchitán, mientras el Congreso local decreta la destitución de Leopoldo de Gyves, presidente municipal en turno.

45 Ibid, p. 148.

46 Ibid., p. 149.

47 Ibid., pp. 15, 77-78.

48 Citado en J. Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 81.

49 En muchos casos las urnas no se instalaban y las autoridades elegidas en las asambleas de pueblo en diferentes fechas, según las costumbres locales, iban a recibir su acreditación directamente con el gobernador de Oaxaca, entregando, en prueba legal de su elección, el acta de la asamblea.

50 F. Díaz Montes, Los municipios, La disputa por el poder local en Oaxaca, p. 47, y V.R. Martínez Vásquez, “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, Cuadernos del Sur, p. 147.

51 J. Bailón Corres. “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 84.

52 F. Díaz Montes, Los municipios, 1.a dispara por el poder local en Oaxaca, p. 49.

53 Ibid., p. 32.

54 Ibid.

55 Ibid., pp. 46-47.

56 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 149.

57 El año 1992 corresponde al último en que las elecciones se realizan siguiendo ese régimen electoral “uniforme”. En las elecciones de 1995 aparece una nueva categoría de municipios: la de los municipios de usos y costumbres sin “filiación” partidista. Para una comparación de las elecciones municipales de Oaxaca de 1980 a 1992, véase F. Díaz Montes, “Elecciones municipales en Oaxaca: 1980-1992”, Cuadernos del Sur, núm. 6-7, enero-agosto, 1994, pp. 93-110.

58 F. Díaz Montes, “Elecciones municipales en Oaxaca, 1998-1992”, p. 110.

59 J. Bailón Corres, “Elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 88. En las elecciones municipales de 1992, una decena de planillas independientes se llevan la palma en las elecciones sobre las acreditadas por el pri. El gobierno reconoce su victoria al día siguiente de los comicios. La mayoría manifestó su afiliación priísta. Véase V.R. Martínez Vásquez, “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, p. 156.

60 Jesús Martínez Álvarez era el secretario de gobierno de Pedro Vázquez Colmenares, que se convierte en gobernador interino cuando éste se va a México a ocupar un cargo en la Secretaría de Gobernación en 1985.

61 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 50.

62 Entrevista con Clemente de Jesús López, antiguo miembro del pcm y miembro activo del frd, Oaxaca, noviembre de 1999.

63 F. Díaz Montes, “Elecciones municipales en Oaxaca: 1980-1992”, p. 105.

64 Ibid., pp. 98-103.

65 J. Bailón Corres, “Las elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 91.

66 Ibid., p. 93.

67 Ibid., p. 94.

68 J. Bailón Corres, “Las elecciones locales en Oaxaca en 1980”, p. 91.

69 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 74.

70 El presidente de la república deja de fungir como “fiel de la balanza” cuando el pri pierde la presidencia en el año 2000, y se produce la alternancia a favor del pan, con la elección de Vicente Fox.

71 F. Díaz Montes, Los municipios, pp. 44-45.

72 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 43.

73 Ibid., p. 46.

74 Ibid., p. 47.

75 Ibid., p. 48.

76 76 F. Díaz Montes. Los municipios, p. 53.

77 Ibid., p. 55.

78 Ibid., p. 56.

79 F. Díaz Montes, Les municipios, p. 59.

80 Ibid. p. 62.

81 Heladio Ramírez López inició su función de gobernador el 1 de diciembre de 1986.

82 F. Díaz Montes, op. cit., p. 61.

83 F. Díaz Montes, Los municipios, p. 62.

84 Isidoro Yescas Martínez, “Oaxaca 1989: variaciones sobre un mismo tema (notas sobre la elección municipal)”, en V.R. Martínez Vázquez y F. Díaz Montes (coords.), Elecciones municipales en Oaxaca.

85 Ibid., pp. 71-74.

86 Ibid., p. 73.

87 Isidoro Yescas Martínez, “Oaxaca 1989: variaciones sobre un mismo tema (notas sobre la elección municipal)”, en V.R Martínez Vázquez y F. Díaz Montes (coords.), Elecciones municipales en Oaxaca, pp. 80-81.

88 Ibid., pp. 85-88.

89 Las elecciones municipales de 1989 también están marcadas por un nivel de abstención nunca antes visto: 62% contra 43 en 1986, cifra que conviene interpretar con prudencia: si bien es más que elocuente sobre la ilegitimidad del sistema electoral que prevalece a la sazón, puede ser que también constituya la señal paradójica de una disminución relativa del fraude electoral. Efectivamente, antes el índice de participación estaba sobrevaluado, ya que el propio partido oficial llenaba las urnas ¡sin siquiera preocuparse de hacerlo dentro de los límites del número efectivo de electores! En este sentido, el índice de participación de 1989, que se confirma en 1992, sin lugar a dudas está más próximo a la realidad que los resultados en gran medida “ficticios” de las elecciones anteriores. En este caso también, es la consolidación de la oposición y los esfuerzos de ésta para supervisar las casillas de votación lo que explica el cambio.

90 I. Yescas Martínez, “Oaxaca 1989: variaciones sobre un mismo tema”, pp. 89-91.

91 V.R. Martínez Vázquez, “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, p. 151.

92 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, p. 24.

93 “Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca”, Periódico oficial, 12 de febrero, 1992, p. 2.

94 Ibid.

95 V.R. Martínez Vázquez, “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, p. 148.

96 Ibid., p. 149.

97 Municipio de la costa del Pacífico, cerca de Pinotepa Nacional, en el suroeste del estado.

98 Ibid., pp. 157-159.

99 Ibid., p. 162.

100 Diódoro Carrasco Altamirano forma parte del gabinete de Heladio Ramírez López. De 1986 a 1992 está a la cabeza del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, encargado de la política social del gobierno de Oaxaca.

101 V.R. Martínez Vásquez, “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, p. 156.

102 F. Díaz Montes, “Elecciones municipales en Oaxaca: 1980-1992”, p. 107.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2007

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