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Los espacios públicos en Iberoamérica

 | 
François-Xavier Guerra

Seguna parte. Revolución y movilizaciones del público

El escándalo de la risa, o las paradojas de la opinión en el periodo de la emancipación rioplatense1

Genevieve Verdo

Texte intégral

  • 1 El presente artículo corresponde a una ponencia presentada en el IXo Congreso del ahila, Liverpool (...)
  • 2 Keith Michael Baker, “Politique et opinion publique sous l’Ancien Régime”, Annales ESC, enero-febr (...)

1La noción de “opinión pública” en el momento de su aparición —es decir, en las últimas décadas del siglo xviii, al desencadenarse las revoluciones liberales— no se define fácilmente. Los estudios de Michael K. Baker y Mona Ozouf sobre el caso francés2 muestran que coexisten en el léxico de la época muchas expresiones (entre otras, la de esprit public) cuyos sentidos son próximos y que la noción misma aparece marcada por cierta ambigüedad.

  • 3 Jürgen Habermas, L’Espace Public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la s (...)
  • 4 Sobre la constitución de un espacio público moderno en el conjunto rioplatense, cf. Pilar González (...)

2En el conjunto de la política moderna, la noción está ligada a dos conceptos que pueden servir de guía para el análisis: el de “público”, por una parte, y, por otra, la dimensión crítica con respecto al poder, idea que funda la teoría de Habermas y que es retomada por Raymonde Monnier en su concepto de “espacio público democrático”.3 Lo que proponemos aquí es una reflexión sobre estas nociones y su articulación en el marco de una sociedad en la cual la modernidad política aparece todavía como un proyecto. Esta sociedad es la del virreinato del Río de la Plata, a principios de la Revolución de Mayo.4

  • 5 Representación de Jacinto Godoy, Francisco de Paula Cuervo y Maestro don Manuel Astorga a los Seño (...)

3El hilo conductor de nuestro análisis es un incidente ocurrido en la Semana Santa del año 1812, en la ciudad de Mendoza. Vistos desde lejos, los hechos son simples: por haberse reído en plena misa, durante el sermón patriótico, tres vecinos son confinados varios días en sus casas, y el incidente da lugar a una investigación ordenada por el gobernador de la ciudad. Conocemos algunos pormenores del asunto gracias a dos documentos conservados en los ramos de gobierno del Archivo General de la Nación. Uno de ellos es un alegato que los acusados mandan al poder central; el otro es el testimonio de cuatro regidores que estuvieron presentes durante el incidente, cuya visión de lo que pasó difiere por supuesto de la primera.5

4A pesar de ser una anécdota, este asunto constituye un observatorio precioso para analizar in situ nociones que a menudo quedan en la abstracción de las construcciones teóricas. Partiendo de la reconstrucción del asunto conforme al testimonio de los protagonistas, intentaremos explicar cómo se considera la expresión individual, cuáles son los elementos del entorno que permiten entender ambas posiciones y a qué conclusiones podemos llegar respecto del concepto de “opinión pública”, preguntándonos si ésta tiene algo que ver con la manifestación de un juicio crítico.

UN CRIMEN PERPETRADO Y PERPETUADO

5Aunque sea posterior al alegato de los acusados, hablamos primero del relato de los cabildantes porque permite entender mejor en qué consiste la acusación y cómo funciona lo que llamaremos la opinión oficial. Constituye un telón de fondo sobre el cual destacan las declaraciones de los acusados y plantea el problema del acaecimiento en público de un acto privado.

6Para instruir el proceso, los regidores empiezan por describir lo que ellos consideran un crimen, y luego acusan y denigran a sus autores. La evocación del crimen está precedida por una cuidadosa introducción sobre los sermones del oficiante, el padre Castillo, lo que les permite realzar el contraste con el incidente, declarando: “Lejos de hallar en [estas platicas] mo-tibos de que reír, no hemos encontrado sino instrucciones que imitar”. Castillo había hablado primero de “la obediencia debida al Superior Gobierno como legitima autoridad constituida” y luego del amor a la patria, de la soberanía del pueblo y de los “principales derechos del hombre”, que son la libertad, la seguridad de la religión y la unión fraternal que debe mantenerse entre europeos y americanos, por un lado, y entre las ciudades subalternas y la capital, por el otro.

7El incidente se produce precisamente en este momento: el vecino Manuel Astorga se inclina hacia Jacinto Godoy, le dice algo al oído, y ambos se echan a reír... Ahora bien, según los acusados, toda la asistencia se hubiere reído, incluso “las mujercillas de menos consideración” que se encontraban en el fondo de la iglesia. Por su parte, los regidores no dicen que aquéllas hayan reído, pero que “bien pudieran haberlo hecho con su exemplo” desde el punto de vista de los testigos, la posible propagación de la risa es parte integrante del crimen.

8Al analizar el crimen, los cabildantes hacen hincapié en dos aspectos, empezando por la intención subyacente en la risa. En su representación, los acusados reivindican una intención crítica al decir que su risa era una censura, la expresión de un juicio negativo en contra de las palabras del padre Castillo. Los regidores tratan de desmontar este argumento. Según ellos, los acusados no criticaron, sino que se burlaron del prelado de manera muy grosera, carcajeándose, pifiando “con pedorretas, y sin reserva de lo mas sagrado”. Subrayan, por otra parte, la distinción entre el reír refinado de la crítica, le trait d’esprit (que se puede admitir entre hombres de bien, aunque siempre en privado), y la burla grosera, inadmisible en cualquier caso. Mediante estos juicios peyorativos, los regidores intentan denigrar la conducta de sus enemigos y humillarlos.

9En seguida, los cabildantes exponen el objeto de la risa, revelándonos finalmente el contenido del crimen. El padre Castillo acababa de exaltar la unión entre las provincias y Buenos Aires, pero, antes de concluir, invocaba a la Virgen y advertía a los feligreses que “[sus] pecados serian otras tantas espadas que penetrarían su amavilissimo Corazón”. La correlación, aunque velada, no le escapa al padre Astorga: se inclina hacia su vecino Jacinto Godoy y, presumiblemente, le sugiere de un modo irónico que oponerse a Buenos Aires es el pecado por excelencia. Esto es al menos lo que da a entender el comentario irritado de los regidores:

La malicia enemiga, y sacrilega, se ha arrostrado á ridiculizar estas ultimas Christianas expresiones, con el testimonio de que el padre dijo: Que quantos se oponian al govierno de Buenos Ayres eran tantos puñales que traspasaban el Corazón de la Virgen [...]: maldad que ha corrido vulgarmente...

10Se trata, pues, de un crimen múltiple: primero contra una personalidad y su comunidad, pues se burlan de un prelado, y luego contra los valores fundamentales, que son la patria y la religión, en la medida en que se ríen durante un sermón patriótico. Más aún, la insolencia cobra importancia si se relaciona con los temas abordados en el sermón, pues el padre había reprobado con vehemencia a los ignorantes y a los impíos y había explicado el verdadero sentido de los recientes decretos sobre la libertad de imprenta y la seguridad individual, subrayando que la libertad civil no debe confundirse con la libertad de conciencia, siendo esto, precisamente, lo que hicieron los acusados.

  • 6 Oficio del teniente-gobernador de Mendoza al Vicario del Obispado [trasmitiendo la orden del Excmo(...)
  • 7 Un comentario muy sugerente sobre la continuación de los rituales antiguos en el reconocimiento de (...)

11Además de abusar de la libertad de expresión, estos últimos obraron en contra de la unión exhortada por el prelado, pues atacaron la coherencia de su comunidad y de la “parte más sana del pueblo” a la cual pertenecen. Más aún, su risa es una ofensa contra la religión y sobre todo contra el gobierno, en la medida en que el nuevo régimen se apoya en la religión para investirse de carácter sagrado. La conjunción entre ambas categorías, la religiosa y la política, tiene lugar sobre todo en los sermones, de acuerdo con la antigua tradición del regalis-mo. Además, en la fecha en que ocurre el incidente, el gobierno revolucionario acaba de mandar que los sacerdotes introduzcan en los sermones un “punto patrio”.6 La mezcla está destinada no sólo a legitimar al gobierno, colocándolo bajo la protección divina, sino, más allá de ello, a conferirle en el plano simbólico una solemnidad de la cual, contrariamente al rey, está desprovisto.7 Ahora bien, la burla y el escarnio del vínculo que el padre ha sugerido entre la Virgen y Buenos Aires dañan gravemente esta solemnidad; la risa, en la medida en que desacraliza, resulta un arma terrible.

  • 8 Poco sabemos de ellos, sino que el segundo es el hijo de José Manuel Godoy y Rojas, uno de los pat (...)
  • 9 A pesar del “patriotismo” de su padre, Jacinto Godoy había participado en la sublevación fracasada (...)

12Dada la importancia política —más que estrictamente religiosa— que reviste el delito, después de haberlo denunciado, los regidores se esfuerzan por denigrar a estos individuos, y lo hacen desolidarizándolos del grupo de referencia al cual pertenecen, es decir, los patricios. Manuel Astorga es un sacerdote; Jacinto Godoy es un hijo de familia, de una de las más importantes de Mendoza; el tercer incriminado, Francisco de Paula Cuervo, también es miembro de la élite.8 Todos ellos son doblemente denigrados: en su calidad de vecinos y en su calidad de patriotas. Como vecinos, porque actuaron de manera grosera y, sobre todo, porque no respetaron los códigos de separación entre lo público y lo privado: su crítica y su risa hubieran sido admisibles entre vecinos ilustrados en el seno de una tertulia, por ejemplo, pero jamás durante la misa. Además, se intenta reforzar su mala reputación como patriotas: los regidores traen a cuento la mala conducta de los acusados desde 1810, lo que sugiere también que estos últimos estaban vigilados y que se esperaba una ocasión de pedirles cuentas por sus osadías.9

13Los acusados están así excluidos de su grupo de referencia, pero como no pueden quedar aislados, fuera de todo grupo, se les ubica forzosamente en el campo enemigo, tildándolos de “sarracenos” y de “insurrectos”, prestándoles así intenciones de complot y de rebelión. Además, los regidores acentúan la denigración, reprochando a los díscolos su grosería y su cobardía, puesto que los acusados se han negado en su declaración a repetir sus palabras ofensivas. En eso sus detractores ven “una prueba nada equivoca de que temen la opinión publica que los sindica, y que por inicuos medios quieren escapar al castigo”. A lo largo del texto, los acusados son presentados en contraposición al personaje del padre Castillo, quien aparece como una encarnación de la moderación y de la justicia, un “sabio prelado” y fiel servidor del Estado, designado como un “religioso obediente y público defensor de nuestra justa causa”. Por otra parte, lo que parece muy importante es que no son considerados individuos aislados, sino que se les coloca en una dinámica de facción. Por eso se habla de la “rivalidad que profesan” a Castillo y al sistema, supuestamente probada por su conducta pasada y presente: como lo hemos visto, sólo por haber reído, son considerados nada menos que contrarrevolucionarios. Así, lo que comienza como una broma, trasciende al campo político.

14Es decir, el estatuto del individuo está negado en este discurso: ni Castillo ni los acusados son presentados como personas sino como ejemplos o contraejemplos. Por otra parte, no se les reconoce la posibilidad de actuar de manera autónoma, sino que se les inscribe en un grupo de referencia, “gente de bien” o no, patriotas o “sarracenos”, rehusándoseles así toda capacidad de expresar una opinión por sí mismos. Ahora bien, la versión de los acusados nos da precisamente la impresión contraria.

15Este alegato, aunque firmado por los tres para quejarse de la manera en que se les trató, pertenece en realidad a la pluma del sacerdote Astorga, quien alterna la expresión de una solicitud colectiva (“unos leales vasallos del señor don Fernando Séptimo...”) con alusiones a su calidad personal de eclesiástico. La mayor diferencia con el texto precedente es el tono irónico, que contrasta con la indignación de los regidores: hasta en su defensa, los acusados persisten en su crimen, porque no toman el asunto en serio y, más aún, se burlan de sus acusadores.

16Los acusados empiezan también con el relato del suceso. Invocan la evidencia de los hechos, el buen juicio de los arbitros, afirmando que “la sencilla narración de los hechos” basta para su defensa, es decir, para que se vea que no hay nada que reprocharles. Esta llamada a la razón supone cierta ironía en el relato, marcado por el uso de fórmulas lapidarias como las siguientes:

El Gobierno ha juzgado deber hacer aprecio de esta vagatela, como un delito de lesa Patria, y sin respetar los dias mas sagrados de la Semana Santa, los ha dedicado à formar una Sumaria, de la cual resulta [...] que yo el Presbitero don Manuel Astorga hice una demostración de pifia de la tal Platica, y hablé en secreto à la oreja à don Jacinto Godoy, que nos reimos, y que somos tenidos por sarracenos.

17Con respecto al crimen que se les reprocha, para ellos consiste simplemente en “haber censurado y reído lo que censuraron, y rieron hasta las mugercillas de menos consideración”. Al hacer esta comparación, invocan la igualdad de todos frente a la razón y el carácter universal del juicio.

18Su justificación es muy hábil, porque se funda en los principios que animan decretos recién promulgados, en particular sobre la libertad de prensa. De acuerdo con éstos, el que habla en público, incluso un sacerdote en su sermón, se expone a la crítica y debe prestarse al juicio de los demás. El gobierno mismo, estableciendo la libertad de prensa, ha aceptado la posibilidad de que sus decisiones sean discutidas en público y, quizá, cuestionadas. Lógicamente entonces, no se puede concebir que haya por un lado un gobierno que permite la crítica del público y, por el otro, un sacerdote de provincia que no soporte que alguien se ría de sus disparates. Finalmente, los autores llegan a la conclusión de que este sacerdote actúa en contra de los sabios principios del gobierno.

19En segundo lugar, los autores dan totalmente vuelta a la situación, acusando a sus acusadores y echando sobre ellos la responsabilidad del escándalo. También ellos emplean el arma del descrédito frente a sus adversarios; se presentan ellos mismos como “fíeles vasallos del Rey” (lo que no deja de ser un tanto provocador, en la medida en que el gobierno, aunque todavía oficialmente conservador de los derechos de Fernando VII, invoca ya de hecho otro tipo de legitimidad) y, sobre todo, como patriotas intachables, que han entendido perfectamente las intenciones del gobierno en sus decretos. Acusan en cambio a Castillo de ser el verdadero responsable del escándalo, interpretando la vehemencia del padre como un exceso respecto a la “moderacion christiana”. Lo acusan de haber provocado la risa con sus disparates y, en consecuencia, el disturbio y la desunión, lo que traiciona el espíritu de la orden del gobierno sobre los sermones patrióticos.

20Después de rehuir toda responsabilidad en el escándalo, los acusados se vuelven quejosos: acusan a Castillo y a sus partidarios de haberse ligado contra ellos y de haberlos denunciado al gobernador. Se presentan entonces como individuos aislados, atacados por una facción, y protestan por sus derechos, invocando el fuero eclesiástico para Astorga y, sobre todo, el decreto de seguridad individual para cuestionar una detención que juzgan arbitraria. Más aún, acusan a sus adversarios de actuar contra la voluntad del gobierno y de dar prueba de “falso patriotismo”. En efecto, dado que el gobierno acepta la censura del público y se expone a ella, Castillo y sus partidarios, que pretenden limitarla, actúan fuera de la ley. Les reprochan entonces apropiarse de la opinión oficial, “persiguiendo a quantos no se adhieren a su dictamen”. Ahora bien, como veremos, si la opinión oficial está manipulada por un grupo reducido, escapa al control del gobierno y a su supuesta universalidad, por lo tanto, se reduce a nada.

21Estos sucesos acontecen en una situación muy particular, tanto en la ciudad misma como en el Estado. Una breve presentación de esta situación contribuye a esclarecer el impacto del incidente, la reacción de las autoridades locales y las contradicciones con las cuales juegan los acusados.

EL TRASFONDO DEL ESCÁNDALO

22En primer lugar, cabe señalar que el incidente tiene lugar dos años después de la Revolución de Mayo, en un momento en que el vínculo entre las ciudades del interior y el poder —identificado con la capital— se ha vuelto más frágil. A lo largo del año anterior, los pueblos del interior estuvieron luchando para afirmar sus derechos, es decir, para hacer efectiva la famosa “soberanía de los pueblos” en cuyo nombre se había creado la Junta de Mayo. Esta lucha se desarrolla no sólo en la capital, en el seno de la Junta Grande que reúne a los diputados de las provincias, sino también en las ciudades del interior. Básicamente, se presenta como una agitación de las facciones y un intento de los cabildos de conquistar un poder mayor frente a la administración central.

23Frente a estos movimientos contestatarios, el Triunvirato, que se impone tras la disolución de la Junta Grande en noviembre de 1811, trata de retomar el control de la situación, lo que significa ante todo sofocar las facciones y asegurar el orden. Este intento de represión está marcado por la nominación en el interior de nuevos gobernadores, cuya misión es luchar contra los oponentes y propagar el “espíritu público”. El autoritarismo se explica también por la delicada situación militar, debida tanto al largo sitio de Montevideo como a la amenaza de una invasión desde el Alto Perú.

24En Mendoza, el movimiento de oposición al poder central tiene como origen la frustración de los vecinos, que aspiran desde hace mucho tiempo a constituirse en intendencia independiente de la de Córdoba. A eso se agrega la impopularidad del primer gobernador nombrado por la Junta de Mayo, el joven José de Moldes, quien impuso medidas severas y condenó al destierro a patriotas reconocidos. El gobernador nombrado en 1812, José Bolaños, parece estar animado por las mismas intenciones, pero es un hombre bastante débil y sobre todo muy receloso: en cualquier sacudida, ve una revuelta de las facciones (¡él mismo se comprometerá en una poco después!). El clima de tensión en la ciudad, por el temor a la reacción y por la personalidad cautelosa de Bolaños, explica el castigo de los acusados, confinados en sus casas. Ellos mismos, como lo vimos, se burlan en su carta de la excesiva prudencia del gobernador.

  • 10 Por ejemplo en la Constitución federal de Venezuela, del 21 de diciembre de 1811, capítulo 8°, “De (...)

25Hay otro elemento de la situación que es importante para analizar el asunto. Se trata de los famosos decretos de libertad de imprenta y de seguridad individual. Ambos son promulgados en noviembre de 1811, después de la disolución de la Junta Grande, al reafirmarse un poder centralizado y autoritario. No hay lugar aquí para analizar estos textos; baste decir que el decreto de libertad de imprenta consiste sobre todo en limitar el uso de dicha libertad, como suele ocurrir en esa época.10 Por su parte, el decreto de seguridad individual establece la igualdad de los individuos frente a la ley y reafirma los principios del habeas corpus. La proclamación y la difusión de estos principios en las ciudades del interior provocan algunas reacciones, porque chocan con la mentalidad tradicional de los vecinos. La libertad de imprenta, a pesar de su moderación, hace temer el desbordamiento de las opiniones personales, sinónimo de licencia y de desunión. En cuanto a la seguridad individual, choca con la concepción jerarquizada de la sociedad que tienen los patricios. Éstos no pueden aceptar que las clases bajas sean juzgadas en las mismas condiciones que ellos mismos y lo resienten como un ataque contra sus fueros.

26El asunto que presentamos ilustra algunas de las repercusiones de este cambio de mentalidad producido por los decretos. Retomando lo dicho por el padre Castillo, los cabildantes insisten sobre la mala interpretación que se puede hacer de la libertad de expresión. Afirman que los acusados “han querido tomarse la libertad de imprenta en la de conciencia”. Reconocemos aquí un lugar común de la época: el pueblo no está aún lo bastante ilustrado como para ejercer correctamente su libertad y sus derechos. Es evidente también que a sus ojos los vecinos tienen un papel social que cumplir: deben dar el buen ejemplo, y si tienen un juicio que expresar, no deben hacerlo en público.

27Los acusados, como hemos visto, se sirven doblemente de estos principios: como argumentos de defensa y como armas contra sus detractores. Se quejan en nombre de la seguridad individual, protestando por un arresto injusto, y sobre todo usan la consecuencia implícita de la libertad de imprenta, que consistiría en la libertad del juicio crítico. Su testimonio nos parece interesante desde este concepto, porque, con todo y su ligereza aparente, plantea una cuestión importante: ¿en qué medida estos decretos abren un espacio para el juicio crítico en materia política? Al sostener que si el gobierno tolera la libertad de imprenta, se puede entonces reír de un sermón patriótico; los acusados llevan la lógica del principio hasta sus últimas consecuencias. Afirman la posible existencia de una esfera crítica, y más aún, que ésta no se restrinja al círculo de la gente de bien —que usa entre sí, en el espacio privado, esta facultad de juzgar—, sino que sea pública. Así expuesto, el asunto nos permite hacer algunas reflexiones sobre las paradojas de lo que llamamos la “opinión pública”.

28En el ámbito hispánico de esa época, la expresión opinión pública tiene un sentido muy distinto del que se le da ahora: significa más que nada la consideración que se le presta a alguien, haciendo referencia solamente al ámbito de lo social. El texto de los cabildantes emplea dos veces la expresión en este sentido; habla primero de la opinión pública del padre Castillo y después dice que los acusados temen la “opinión pública que los sindica”. Se trata entonces de la opinión del común, que se ejerce sobre la sociedad en sí sin el menor contenido político.

  • 11 Para el análisis del concepto, cf. Mona Ozouf, “L’esprit public”, en Mona Ozouf y Francois Furet ( (...)

29Ahora bien, hay otra realidad que suele confundirse con la noción moderna de “opinión pública”, lo que la Revolución francesa llamó el espíritu público11 y que yo designaría como opinión oficial. Se trata del conjunto de ideas que constituyen el cuadro ideológico de la Revolución, que legitiman el nuevo régimen y justifican sus acciones. Estos principios son presentados como la expresión de la voluntad del pueblo, nuevo sujeto de la soberanía, pero emanan del poder central, que se esfuerza por difundirlos en todos los estratos de la sociedad. La opinión oficial, impuesta desde arriba, intenta crear una conciencia colectiva en torno de algunos principios repetidos sin cesar: la unión, la obediencia a las autoridades, el sacrificio por la causa.

30Reconocemos aquí el argumento de los sermones del padre Castillo. Los clérigos son efectivamente los mejores agentes de propagación de estos principios. Sin embargo, los cabildantes comparten totalmente estas ideas, pues la opinión oficial es, en efecto, la del poder revolucionario, pero se nutre de la mentalidad tradicional de las élites. Resulta así de la articulación de un proyecto político y de un imaginario social.

  • 12 Otro ejemplo famoso es el del discurso jacobino francés, analizado por primera vez en esta perspec (...)

31Sin embargo, la opinión oficial encierra una ambigüedad, en la medida en que actúa como si fuera la opinión pública, en el sentido moderno de la palabra. Esta confusión voluntaria tiene por objetivo una legitimación del poder, dado que el pueblo constituye la nueva figura de la soberanía. Suponer una correspondencia absoluta entre ambas formas de opiniones, la oficial y la pública, es un paradigma del discurso revolucionario de la época.12 Para ser entonces acreditada como expresión de la voluntad del pueblo (o, mejor dicho, de los pueblos), la opinión oficial no puede ni debe ser cuestionada. En consecuencia, cualquier juicio distinto de la opinión oficial parece sospechoso y es tachado de “particular”, por apartarse de la comunidad, y de “antipatriótico”, por cuestionar la ideología de la Revolución.

32Vemos entonces aparecer, tanto en el discurso como en los hechos, una imagen en negativo de la opinión oficial, que es la facción. Cualquier movimiento de oposición o de rebelión es atribuido a una facción, es decir, a una fracción de la comunidad que persigue intereses particulares opuestos a la voluntad del pueblo. Es lo que, obviamente, se reprocha a los acusados. También se entiende la sutileza de estos últimos, cuando denuncian el “mal entendido patriotismo” de sus adversarios, acusándolos de usar la opinión oficial en su provecho. Les reprochan no sólo el constituir una facción, defendiendo sus propios intereses en vez de los de la comunidad, sino el pervertir el sentido genuino de los principios y de las intenciones del gobierno, lo que constituye un delito mucho más grave que el hecho de reír durante la misa.

33En este conjunto, el individuo no tiene sino un estatuto muy ambiguo desde el punto de vista de la opinión. Se le toma en cuenta sólo cuando comparte la opinión oficial: constituye entonces el modelo del patriota, como Castillo. Pero en caso contrario, es considerado miembro de una facción: todo sucede entonces como si no pudiera existir por sí solo. Lo averiguamos cuando los regidores desolidarizan a los acusados de su grupo de referencia y los colocan en el bando opuesto, el de los enemigos, ya sea como “insurrectos” o como “sarracenos”. Pero en ningún caso se les trata como personalidades aisladas, porque esto sería reconocer la posibilidad de una expresión individual y, por lo tanto, forzosamente crítica.

34Además de eso, los acusados agravan su caso, en su propia defensa, al destruir la lógica de la opinión oficial como proceso de legitimación. Lo hacen tanto por el uso de la ironía, que despoja a las figuras patrióticas de su carácter sagrado, como por las armas mismas que les procura el poder revolucionario, volviendo contra este último la libertad de expresión, es decir, la crítica. Junto a sus palabras, su actitud misma a lo largo del asunto se opone decididamente a lo que caracteriza a la opinión oficial, tal como se ha definido anteriormente. Al justificar su risa asumen una actitud individual frente a la lógica comunitaria; asientan entonces que la esfera privada puede ganar terreno sobre la pública, en contra de lo normalmente admitido. Y aún más: invocando el hecho de que hasta “las mugercillas de menor consideración” se hayan reído, parecen invocar la igualdad de todos con respecto al juicio, cuando para sus adversarios existe obviamente una división social de la opinión. Al fin y al cabo, los “rebeldes” aparecen como librepensadores al afirmar que la facultad de juzgar puede ejercerse sobre cualquier tema, a pesar del carácter sagrado de algunos de ellos, pues se otorgan la posibilidad de criticar hasta a la religión y al gobierno, que constituyen los pilares de la opinión oficial, es decir, del patriotismo.

35Por eso se les castiga como “rebeldes”, porque su insolencia va más allá de lo permitido y bien puede revelarse peligrosa en una situación de tensión política y de debilitamiento de los equilibrios sociales tradicionales. Pero, por otra parte, tampoco se les trata con demasiada severidad. A fin de cuentas, el asunto vale más por los comentarios que suscita (por la retórica y los conceptos que revela) que por los efectos que tiene. Cabe apuntar, entre otras cosas, que los regidores, si bien insisten en la ofensa hecha al prelado, ni siquiera hablan de blasfemia para calificar a la risa, y que sepamos, los acusados no serán perseguidos por los tribunales eclesiásticos.

  • 13 En estos años, los castigos reservados a los contrarrevolucionarios —y generalmente a los españole (...)

36En cuanto a los autores del delito, a pesar de la audacia que manifiestan tanto en su conducta como en su alegato, son y seguirán siendo miembros de una élite tradicional. Su actitud parece ser de pura provocación, sin que tengan la menor intención de trastornar el orden vigente. Por eso son confinados solamente algunos días, a manera de advertencia y penitencia: si se les llama “sarracenos”, en ninguna forma se les trata como tales.13 Las expresiones usadas por ambos textos sirven para enfatizar las posiciones y funcionan como las armas de un duelo: los “rebeldes” persisten en su insolencia con soberbia y osadía frente a los regidores que se erigen en portavoces de la afrenta hecha al sacerdote y a toda la “gente de bien”. Por un lado se ríe; por el otro se grita, pero al final todo vuelve a la normalidad. Los textos permiten entonces reubicar el asunto en el marco que le es propio: el de las innumerables fricciones que se producen en los estrechos círculos de las élites urbanas. Quedamos así muy lejos de la “esfera crítica” a la cual remite la opinión pública moderna.

37El asunto presentado resulta ser un incidente común en la vida de las ciudades, pero cobra relevancia por ocurrir en una situación particular, en la cual se combinan un refuerzo del control social y la promoción de principios liberales, los cuales perturban los medios tradicionales de regulación del orden social.

38Más allá de la anécdota, el asunto muestra, tras bambalinas, la fragilidad de lo que describimos como la “opinión oficial”, que idealmente desempeña el papel de la opinión pública (por ejemplo, en la prensa). La debilidad proviene de que, por un lado, la opinión oficial tiene que conseguir y asegurar la unanimidad para perpetuar esta ficción, y también, por el otro, siempre puede caer bajo el control de un grupo reducido, de una facción (lo que siempre ocurre en la práctica). Eso es lo que denuncian los acusados cuando revelan que, al fin y al cabo, son los patriotas mismos quienes deciden quién es patriota y quién no lo es. Dando vuelta a la acusación mediante la invocación de los principios en boga, muestran que también ellos podrían ser los portavoces (¿o los intérpretes?) de la opinión oficial. Destruyen por lo tanto la ficción de la opinión oficial, desacralizada por la risa.

39El análisis nos permite también hacer una observación sobre el estatuto del individuo en una esfera pública premo-derna. En el caso estudiado parece que no hay lugar para el individuo: los cabildantes colocan a los acusados en un grupo determinado, y lo mismo hacen con ellos sus adversarios. Los “rebeldes” se presentan a sí mismos como verdaderos patriotas y a los demás como oponentes; todos adoptan la misma actitud, en la que afirmarse significa denigrar al enemigo. A pesar de los indicios que tenemos, no podemos entonces comprobar la hipótesis del surgimiento de una esfera crítica autónoma, porque en esta sociedad revolucionaria que protege más que todo su propia cohesión, el estatuto del individuo —no tanto en el nivel jurídico como en el sociológico— permanece incierto. El asunto presentado constituye entonces —a pesar de sus límites intrínsecos— una de estas excepciones que confirman las reglas.

Notes

1 El presente artículo corresponde a una ponencia presentada en el IXo Congreso del ahila, Liverpool, 17-22 de septiembre de 1996. Agradecemos su ayuda a Elisa Cárdenas Ayala.

2 Keith Michael Baker, “Politique et opinion publique sous l’Ancien Régime”, Annales ESC, enero-febrero de 1987, núm. 1, pp. 41-71; An tribunal de l’opinion. Essais sur l’imaginaire politique au xviiième siècle, Payot, Paris, 1993, 319 pp. ; Mona Ozouf, “Le concept d’opinion publique au xviiième siècle”, en L’Homme régénéré. Essais sur la Révolution française, Gallimard, Paris, 1989, pp. 21-53.

3 Jürgen Habermas, L’Espace Public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Payot, Paris, 1978, 322 pp.; Ray-monde Monnier, L’Espace Public démocratique, Kimé, Paris, 1994.

4 Sobre la constitución de un espacio público moderno en el conjunto rioplatense, cf. Pilar González Bernaldo, La création d’une nation: histoire politique des nouvelles appartenances culturelles dans la ville de Buenos-Aires (1829-1862), tesis de doctorado en historia. Universidad de París-i, 1992, 3 vols.

5 Representación de Jacinto Godoy, Francisco de Paula Cuervo y Maestro don Manuel Astorga a los Señores Presidente y Vocales de la Excma. Junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata, s. f.; Oficio de Antonio Suarez, Francisco, Femando Guiraldes y José Rudesindo de Castro al Señor Teniente Gobernador de la ciudad de Mendoza, 13 de mayo de 1812, Archivo General de la Nación, Gobierno de Mendoza, Sala X, leg. X-5-5-2. El hecho de que el expediente se encuentre en Buenos Aires nos da ya un indicio sobre la dimensión política del asunto.

6 Oficio del teniente-gobernador de Mendoza al Vicario del Obispado [trasmitiendo la orden del Excmo. Superior Gobierno a los Reverentes Obispos], 10 de septiembre de 1812, AGN, Gobierno de Mendoza, X-5-5-3.

7 Un comentario muy sugerente sobre la continuación de los rituales antiguos en el reconocimiento de las nuevas autoridades se encuentra en Antonio Annino, “Cádiz y la revolución de los pueblos mexicanos 1812-1821”, en A. Annino (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo xix, FCE, Buenos Aires, 1995, p. 211.

8 Poco sabemos de ellos, sino que el segundo es el hijo de José Manuel Godoy y Rojas, uno de los patriotas más destacados de la ciudad, en cuya casa tuvo lugar la reunión previa al reconocimiento de la Junta en junio de 1810. Cf. Jorge Comadrán Ruiz, “Mendoza en 1810”, en Academia Nacional de la Historia, Tercer Congreso Internacional de Historia de América, Buenos Aires, 1961, vol. 6, p. 336.

9 A pesar del “patriotismo” de su padre, Jacinto Godoy había participado en la sublevación fracasada del comandante de armas de Mendoza, Juan Faustino Ansay, después del reconocimiento de la Junta por los vecinos de la ciudad. De ahí le viene sin duda la reputación de ser contrarrevolucionario (cf. Jorge Comadrán Ruiz, “Mendoza en 1810”, p. 352).

10 Por ejemplo en la Constitución federal de Venezuela, del 21 de diciembre de 1811, capítulo 8°, “Derechos del hombre que se reconocerán y respetarán en toda la extensión del Estado”, en José Luis y Luis Alberto Romero, Pensamiento político de la emancipación, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1977, tomo i, pp. 119-122, o en la Constitución mexicana de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814, capítulo 5°, art. 40, en J. L. y L. A. Romero, Pensamiento político de la emancipación, tomo 2, pp. 58-62.

11 Para el análisis del concepto, cf. Mona Ozouf, “L’esprit public”, en Mona Ozouf y Francois Furet (dirs.). Dictionnaire Critique de la Révolution Française, vol. Idées, Flammarion, París, Colección “Champs”, 1992, pp. 165-180.

12 Otro ejemplo famoso es el del discurso jacobino francés, analizado por primera vez en esta perspectiva por François Furet (Penser la Révolution française, Gallimard, Paris, nrf, 1978) y luego por Lucien Jaume (Le discours jacobin et la démocratie, Fayard, Paris, 1989). Para el caso argentino, cf. Noemí Lidia Goldman, Historia y lenguaje. Los discursos de la Revolución de Mayo, Centro Editorial de América Latina, Buenos Aires, 1992.

13 En estos años, los castigos reservados a los contrarrevolucionarios —y generalmente a los españoles europeos— consisten en impuestos o préstamos forzosos, confiscaciones de bienes y destierros a otras provincias. A partir del año 1813 se generalizan por lo tanto las solicitudes de “cartas de ciudadanía” por parte de los europeos.

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Université de Franche-Comté, Aleph

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2008

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