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Vencer la derrota

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Thomas Calvo

Capítulo III. El universo hispánico, entre apariencias y realidades del poder

Texte intégral

El señor alcalde mayor: ¿entre la sombra de Dios y la del rey?

  • 1 Biblioteca Nacional de Madrid, ms 1262, fol. 13v.
  • 2 Geográfica descripción, t. 11, p. 187.
  • 3 J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 69.

1El breve y anónimo Discurso y noticias de Yndias, escrito en 1715 en Madrid, “para la vista y ojos de un Señor militar en Europa, que pasa con gobierno de los mejores de America”, emite un juicio global sobre los “ochenta y dos oficios de la jurisdizion de la audienza de Mexico: los mas son buenos, algunos son bien sobresalientes, y ninguno despreziable por la bondad del país y sus frutos”.1 Dentro de tal lista de méritos, los de la alcaldía mayor de Villa Alta figuran en destacado lugar. Ya en 1670, en tiempos del cronista Fray Francisco de Burgoa, “el trato de las mantas de repartimiento ha hecho tan célebre a este oficio de la Villa Alta, que está graduado en primer lugar en esta Nueva España para el interés de los alcaldes mayores”.2 Éstas son algunas pistas por explorar: el tejido de mantas de algodón constituía el principal atractivo regional; era la base de la fortuna de los representantes del Estado, y suscitaba la concupiscencia. En la década de 1660, el virrey conde de Baños nombró a dos de sus hijos alcaldes mayores: uno en Xicayán (en la costa pacífica de Oaxaca), provincia renombrada por su producción de cochinilla y de algodón; el otro en Villa Alta. Sin embargo, el joven tenía la epidermis tan fina que se rozaba con la rudeza de la sierra: en representación suya se envió a su barbero.3

  • 4 bnmd ms 19 512, fols. 354-355.
  • 5 Es verdad que la lista que establece J. Chance (La conquista de la Sierra, pp. 291-296) comporta a (...)

2En fechas más cercanas a nuestro periodo –hacia 1716-, las ambiciones que podía suscitar esta alcaldía mayor se advierten todavía con mayor claridad. En esa fecha, el sucesor del alcalde mayor en funciones ya era conocido. En efecto, don Gaspar de los Reyes había obtenido el derecho a la sucesión desde 1712, “por el servicio que hizo [al Rey] de doce mil pesos en contado”. Éste aún no había tomado posesión de su futuro gobierno, cuando ya se presentó un candidato a su propia sucesión, en la persona de don Diego Portales y Meneses, un criollo probablemente, que había servido en la caballería en Chile y que tenía que soportar la pesada carga de seis hermanas y cinco hermanos: al parecer, ¡no tenía otra cosa que ofrecer al “paternal amor” del Soberano!4 Es poco probable que su demanda haya sido aceptada y que toda su familia haya podido vivir a expensas de Villa Alta; como quiera que sea, su nombre no figura en las listas de alcaldes mayores.5

  • 6 Se trataba de una especie de decreto que, en este caso preciso, emanaba de la audiencia de México. (...)
  • 7 Para la totalidad del asunto, véase ahjo, Villa Alta, civil, leg. 5, exp. 3, 28 fols.

3Sin embargo, en esa mañana del 29 de enero de 1698 no era en esas brillantes perspectivas económicas en lo que pensaba el alcalde mayor capitán don Juan Antonio Mier del Tojo. El pueblo de Lachirioag, vecino de San Ildefonso de Villa Alta, se rebelaba desde hacía algunos días ante las órdenes de la autoridad: se negaba a devolver ciertos documentos que había emitido la Audiencia de México (“reales provisiones”),6 con el pretexto de que este pueblo era su depositario para el conjunto de la provincia. Peor aún, la comunidad había encarcelado a sus dos alcaldes elegidos y a don Phelipe de Santiago, a la sazón gobernador de Yasona, cuando los tres hombres habían solicitado al pueblo que devolviera estos documentos. Así, como solía ocurrir hacia esa fecha cuando existía un foco de disturbio, la nobleza de Yasona se encontraba presente tanto de un lado como del otro: don Phelipe se vio directamente involucrado. Don Pablo de Bargas se hallaba presente en calidad de testigo, y se mencionó el nombre de don Joseph de Selis por considerarse que éste estaba en el origen de las “reales provisiones”, objeto de litigio.7

4En tales circunstancias no le quedaba a don Juan Antonio sino desplazarse. Lo hizo con extrema cautela y “poca defensa”, con el fin de no perturbar aún más los espíritus. Llegó a la plaza de Lachirioag, atiborrada de gente (con “mucho concurso de yndios”) tumultuosa. Trató a la muchedumbre “cariñosamente” y recibió de su parte las mismas atenciones. Se le contestó con respeto, pero a la vez con firmeza. Puesto que había dicho a los presentes “que alli estaba en lugar de su Magestad para hacerles justizia”, éstos le replicaron, al unísono, que no tenían nada en contra de su justicia, “porque la tenian en lugar de Dios y el Rey”. Sin embargo, no era posible devolverle los documentos, puesto que Lachirioag era responsable de ellos ante toda la provincia: si los entregaban podía ocurrir que otros yndios “les quitasen sus bueyes y muías a dicho su pueblo”. Todo esto se expuso por medio de un intérprete.

5Finalmente, la comunidad aceptó liberar a sus dos alcaldes; pero era demasiado fuerte el rencor contra don Phelipe de Santiago, “porque siempre anda en pleitos”, y el gobernante español debió resignarse a dejarlo encarcelado, pues actuaba siempre con cautela frente a la “turba de indios” (“porque no me perdiesen el respecto y se atreviesen a mi persona”). Entre los asistentes reconoció a algunas personalidades que habían venido de los alrededores (de San Juan Tabaa, de San Melchor Betaza), e incluso de la región mixe, y que más tarde andarían en dimes y diretes con su sucesor (y con el obispo).

6Don Juan Antonio tuvo, pues, que regresar a su casa, a San Ildefonso, en medio del silencio y el respeto, pero sin haber obtenido lo que había venido a buscar: la obediencia inmediata a su voluntad. Esto ocurriría al día siguiente, cuando los alcaldes liberados por fin le entregarían los tan codiciados documentos y cuando don Phelipe se presentaría, libre, ante él... Entretanto, la comunidad de Lachirioag debió de haberse reunido, haber discutido, sopesado las correlaciones de fuerzas, los intereses en juego, los riesgos existentes.

7Esto constituye, por tanto, una peripecia que en la superficie no pareció haber dejado huellas, en la que la autoridad fue impugnada, aunque no forzosamente rechazada. Sin embargo, no deja de ser reveladora desde distintos puntos de vista. Por lo pronto, lo más enigmático es el origen mismo del conflicto: las tres reales provisiones. Se trata de documentos dotados de un fuerte carisma, y a los que las poblaciones concedían gran valor, como más adelante lo veremos. Más aún, estos documentos se refieren a los años 1689-1690 y a la muy controvertida administración de otro alcalde mayor, don Juan Manuel Bernardo de Quiroz –personaje sobre el cual volveremos–. Este asunto pone en evidencia otros hechos: la veneración de la que gozaba el gobernador español y, al mismo tiempo, su fragilidad. De ahí la necesidad de adaptarse a las circunstancias, de negociar, de permanecer a la expectativa y de esperar el momento oportuno para pasar al ataque: a este respecto cabe recordar que más tarde –en 1700–, Mier del Tojo fungiría como alcalde mayor cuando ocurrirían los hechos de Cajonos.

  • 8 ahjo, Villa Alta, crimina/, leg. 6, exp. 5, fols. 15-16.
  • 9 En su visita a la diócesis de Oaxaca, el viajero Fray Francisco Ajofrín quedó sorprendido ante la (...)

8Podría pensarse que el estilo, las referencias (a Dios, al rey) con las que se envolvía al gobernante eran simplemente de circunstancias, en todo caso formales. Sin embargo, ciertos ademanes, ciertos discursos reiterativos y concordantes van más allá de una simple película superficial. Volvamos a un documento que ya hemos revisado someramente: la carta en zapoteco que la comunidad de Roayaga dirigió a este mismo don Juan Antonio Mier del Tojo, en septiembre de 1698. En esa fecha la tensión era mucho más fuerte: la comunidad estaba a punto de perder parte de sus tierras y algunos miembros del cabildo fueron encarcelados en San Ildefonso. Esta carta constituía simultáneamente un vibrante llamado a la justicia y a la protección: “y lo ponemos en esta memoria para que lo sepa el señor alcalde mayor: es nuestro padre, nuestra madre [...] Somos pobres y nos a de aiudar por amor de Dios”. Pero, al mismo tiempo se trata de fórmulas de invocación mágica procedentes del doble legado, hispánico e indígena; de ahí el carácter reiterativo, excesivo, del conjunto: “eres justizia y alcalde maior, eres Dios en el cielo y Rei en el mundo, eres nuestro Señor. Nosotros obejas de Dios y del rey [...] Tu eres nuestro rey, señor, nuestro padre, nuestra madre de toda la jurisdicción”.8 Divinizado, último avatar entre el dios local y el dios cristiano, imagen del padre (y del Soberano), el alcalde mayor es el último recurso, porque es la encarnación de la justicia. Si bien es cierto que en este discurso hay mucha retórica, cabe preguntarse si se trataba tan sólo de eso.9

  • 10 aheo, Alcaldías mayores, leg. 5, exp. 3, año de 1684, “Autos y diligencias hechas sobre el socorro (...)

9No obstante, serían estos mismos indios de Roayaga los que, una vez pronunciada la sentencia del alcalde mayor, apelarían esta decisión, se negarían a acatarla. Porque esta sombra del monarca era un gigante con pies de barro. En 1684, el alcalde mayor que a la sazón se encontraba en funciones, fue a Choapan sin gran escolta, por motivos que no se adivinan fácilmente (o, mejor dicho, por motivos que se negó a esclarecer). ¡Vaya ocurrencia! Choapan se encontraba, en aquel entonces, muy lejos –una buena jornada de camino– de aquel capullo protector que era Villa Alta, y el magistrado terminó sitiado y se vio obligado a pedir auxilio a todos los alcaldes mayores vecinos, “por aliarme en este pueblo de Choapa sitiado en una casa de paja por los naturales havien-donos obligado a mi y a tres ministros, y a otros tres o cuatro españoles, que son solos los fieles vasallos que en mi compañía y defensa se alian, sin que aya otra persona en este contorno a usar de todas armas ofensibas y defensibas”. Y en efecto, desde Antequera se envió tropa de 70 hombres para liberarlo. Jamás la villa de San Ildefonso habría tenido los medios necesarios para brindar tal protección a su alcalde mayor.10 Desde la perspectiva de la autoridad de este último, esta debilidad de la villa era ambigua: él mismo la mantenía con el fin de asentar su poder de la manera más hegemónica posible, y dedicaba parte de su energía a mantener a raya a eventuales rivales (religiosos, mercaderes, etc.); pero al proceder de esta manera, se privaba de apoyos.

  • 11 agi México 37, N. 18.
  • 12 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 7, fol. 13v.
  • 13 Los documentos de San Francisco Cajonos, p. 122.

10En 1684, en la carta que escribió desde Choapan, el alcalde mayor afirmaba que los indios se habían sublevado “sin aber exersittado castigo alguno ni palabra que a yncitarlos pudiera”. Nada nos obliga a dar crédito absoluto a sus palabras; pero no cabe duda de que estas visitas a los pueblos constituían momentos de riesgo para la autoridad. Algunas de éstas, como en Lachirioag en 1698, o en Choapan en 1684, coincidían con momentos de efervescencia, y la más mínima imprudencia podía tener consecuencias catastróficas. Sin embargo, aun cuando eran rutinarias, no por ello eran menos delicadas. Constituían una forma más o menos disfrazada de explotación directa de los indios, no sólo por parte del oficial sino también de toda su numerosa servidumbre: en 1653 el pueblo de Juchila reclamó al alcalde mayor 74 pesos, a raíz de las extorsiones que habían acompañado su visita: todo el mundo se había servido, hasta su cocinero, hasta su criado indígena.11 Y ¿qué decir cuando estas visitas eran la ocasión para cobrar el real tributo? Es verdad que, en este caso, no se encontraba involucrado forzosamente el alcalde mayor, sino sus delegados; sin embargo, su autoridad también estaba en juego. En el gobierno de Quiroz, éste envió a un español para que cobrara el tributo del pueblo de Yaguayo. La respuesta fue inmediata: “le perdieron el respeto, y le rompieron la bara de la real justicia, y lo quisieron amarrar”.12 ¿Es totalmente fortuito el hecho de que el drama de Cajonos hubiera estallado cuando en la plaza del pueblo se encontraba don Antonio Pinelo, “receptor de [las bulas de] la Cruzada”?13

  • 14 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 13, fol. 2v.

11Como quiera que fuera, los indios no dejaban de reaccionar ante todo eso; y a propósito de las visitas más o menos intempestivas a los pueblos, todo parece indicar que en 1699 don Phelipe de Santiago –¡una vez más él!– había ido a México, junto con otros, para “quejarse del alcalde mayor en razon de las visitas”. A raíz de lo cual el alcalde mayor de Oaxaca lo tomó prisionero cuando pasó por esta ciudad, a petición de su colega de Villa Alta.14

El tesorero Andrés de Aramburu, alcalde mayor (1652-1653): un caso ejemplar

12¿Por qué remontarnos tan lejos en el tiempo? Porque con el hombre de finanzas que fue Andrés de Aramburu –un verdadero profesional en la materia-, la explotación sistemática por parte de la alcaldía mayor alcanzó un punto culminante, que probablemente permanecería inigualado durante mucho tiempo. Esto suscitó una reacción tal, tanto por parte de las autoridades superiores como de las 105 comunidades de la provincia, que a raíz de ello los mecanismos se verían entorpecidos durante algún tiempo –hasta tal grado que, en la época que nos interesa (los años 1690), numerosos aspectos de la explotación se hallaban latentes o atenuados, o bien los aspectos más nocivos de ésta habían desaparecido–. Esto no significa que, en 1700, todo marchara forzosamente mejor en Villa Alta; pero un Aramburu difícilmente habría tenido cabida allí.

  • 15 Recopilación de Indias, libro V, título II, ley xxv.

13Sin embargo, hay que evitar centrarse exclusivamente en las personalidades, por más odiosa que, sin lugar a dudas, haya sido la del tesorero. Este personaje, como acabamos de verlo, era la sombra del soberano; gozaba de poderes reales en materia de policía, de finanzas, de milicia y, sobre todo, de justicia; además, se encontraba lejos de todo control directo: en tales condiciones, era inevitable que su autoridad tuviera un amplio margen de dis-crecionalidad. La legislación le imponía ciertas obligaciones precisas: debía cuidar que “los Indios no sean holgazanes, ni vagabundos [...] haziendoles seguir en todo lo demás [...] la forma y disposición de España”. Por tanto, era preciso movilizar una ingente fuerza de trabajo, mediante la incitación y la coerción. Al calor de la acción, el gobernador podía confundir fácilmente el interés general (mejor dicho: el del Estado) y el interés particular. La Corona se empeñaba en impedirlo: “que los Indios no sean apremiados a hazer ropa para los gobernadores, corregidores, ni otros ministros eclesiasticos o seculares y que los governadores y corregidores no les puedan comprar mas de lo que huvieren menester para el servicio de sus casas, sin hacer grangerias”.15 Entre estas dos disposiciones se inscribía todo el sistema del “repartimiento de mercancías”: su necesidad (hacer producir, hacer consumir) y su perversión (en beneficio sólo de uno, y no de la colectividad).

  • 16 En 1712, el oficio de Villa Alta, por cinco años, valía 12, 000 pesos, como lo hemos comprobado.
  • 17 Carta de Fray Antonio de Castro al Virrey Albuquerque, 1/10/1653, AGI, México, 37, N. 18.

14Todo esto se inscribía, asimismo, dentro de la situación personal del alcalde mayor: la venalidad de su cargo, 16 efectivo desde 1677, las distintas cantidades que, en el momento oportuno, había tenido que distribuir entre las distintas oficinas en Madrid, aunadas a los gastos de transporte, hacían que el alcalde mayor se encontrara agobiado por las deudas que pesaban sobre su circunscripción. Y no disponía de mucho tiempo para rehacerse: tres años antes de 1677, cuando era nombrado en Nueva España por el virrey; cinco después, cuando venía de España, con un título otorgado por la Corona misma. Un dominico, adversario de Aramburu, describió la enfermedad que minaba a los magistrados que llegaban a Villa Alta: “donde de hordinario entran ylidropicos (sic) de la sangre de estos pobres [Indios] y crese mas la sed de juntar dineros y adolescen mas de aqueste achaque mientras ven que no ay remedio humano que refrene tan diabólico achaque”.17 En realidad, Aramburu, después de haber sido víctima de este “achaque” (entiéndase: después de haber sido nombrado) en 1652, en tiempos del virrey conde de Alva, encontraría pronto un remedio con la llegada del sucesor de éste, el duque de Albuquerque, en septiembre de 1653. Fue destituido, sometido a un riguroso juicio (“juicio de residencia”). Los documentos que éste contiene, nos permiten conocer detalladamente lo que fuera a la sazón el sistema del repartimiento y sus excesos.

  • 18 Estos mecanismos se describen detalladamente en la Memoria de capítulo que los indios de los puebl (...)

15Éste funcionaba de acuerdo con una doble modalidad: los administrados trabajaban a destajo el algodón que les entregaba el alcalde mayor; a cambio, este último recibía cierta cantidad de mantas tejidas. Por este trabajo los indios no tenían derecho a indemnización alguna... Por otra parte, eran obligados a realizar ciertas compraventas: la autoridad compraba a bajo precio los productos locales –aquí, básicamente vainilla y grana–, vendía artículos “occidentales”: desde machetes hasta muías. La legitimación era simple: de esta manera se evitaba que los indios se hundieran en una ociosidad perversa; se les permitía que subvinieran a las necesidades comunes; y se les brindaba la oportunidad de compartir los beneficios de la cultura hispánica.18

  • 19 “Tenemos provision, y no la ovedece, y por eso prendio al governador y alcaldes y los aprisiono co (...)
  • 20 Carta de Aramburu a Sebastian de Castro, 5 de septiembre de 1653.

16Para que la máquina funcionara adecuadamente necesitaba, además, cierta dosis de coerción. Aramburu parece haber sido particularmente generoso al respecto: los de Cajonos, en particular, denunciaron la muerte de un hombre y las constantes amenazas de las que eran víctimas.19 La sombra negra de la fortaleza de San Juan de Ulúa como centro de deportación para los indios de Villa Alta, llegó a ser mítica y perduraría hasta 1700. Dentro de la lógica de un sistema carente de verdaderas limitaciones, el alcalde mayor pronto perdió el sentido de la mesura y de la prudencia. Aramburu escribió a su encomendero de México, a propósito de un arriero indígena que se quejaba de sus reiterados excesos: “para escarmiento le hize que le dieran dose azotes. Ahora seran sinquenta para que se vaya a quexar al nuevo gobierno”.20 Era una provocación que estaba de sobra, pues el virtuoso duque de Albuquerque no tenía necesidad alguna de ella.

  • 21 Carta al Virrey Albuquerque, 8 de octubre de 1653 (agi, México, 37, n. 18).
  • 22 Carta de Ftay juan de Noval al Virrey, desde Oaxaca donde se había refugiado, 18 de octubre de 165 (...)

17Una última perversión del sistema, y no era de las menores, consistía en que era preciso mantener a raya a los competidores, en particular a los religiosos, quienes también tendían a aprovecharse del maná indígena –o a protegerlo, puesto que los dos términos no se contraponían uno al otro–. En esta misma carta a su encomendero de México, Aramburu estimaba que tenía derecho a la gratitud por parte de los indios de Villa Alta: “no e hecho cosa con ellos que les pueda temer. Antes los e sacado del cautiverio de faraon de las tiranias de los frailes sobre que estan vastantemente reconosidos”. En particular, Aramburu entabló una lucha sin cuartel en contra de Fray Joan de Noval, vicario de Choapan, a quien obligó a abandonar su convento y a quien acusó de haber acumulado una fortuna de 60 000 pesos.21 En respuesta a tal acusación, el dominico afirmó que el alcalde mayor se empeñaba en apartar a todo rival: Aramburu había “ynpedido el comercio a todo genero de jentes y hecho estanco en sola su cassa de gruesas grangerias y tratos”.22

  • 23 Véase H. Díaz-Polanco, El juego de la inobediencia, p. 203.

18El inventario de los bienes de Aramburu que le fueron incautados en México, arroja un total de 40 800 mantas, cinco cajas de añil, cinco cajas de vainilla, por un monto de 71 753 pesos. Y no se trataba sino de bienes en especie, aún sin vender a finales de 1653, después de menos de dos años de su “gestión”. Como quiera que fuera, esto fue lo que Aramburu perdería, más una multa de 1 000 ducados; y, por supuesto, sería expulsado del oficio, de acuerdo con la sentencia del juez visitador emitida en Villa Alta el 21 de febrero de 1654. La sentencia era gravosa (con respecto a las costumbres de la época) y ejemplar, como lo había deseado el virrey duque de Albuquerque. ¿En qué medida tuvo valor disuasivo para los sucesores de Aramburu? En todo caso, en 1661, después de la rebelión de Tehuantepec que también había alcanzado una parte de Villa Alta, el repartimiento seguía señalándose con el dedo.23

  • 24 Véase R. Pastor, “El repartimiento de mercancías y los alcaldes mayores novohispanos...”; así como (...)
  • 25 BNMd, ms 6743, “Memorial del hecho en las caussas de la defensa de los naturales contra el alcalde (...)

19Sin embargo, es difícil contestar con precisión esta interrogante en el caso particular de Villa Alta y para finales del siglo. Una cosa es indudable: esta forma particular de exacción aún tenía un futuro muy promisorio a todo lo largo del siglo xviii, hasta su prohibición (no necesariamente efectiva) en 178624 para el conjunto de la Nueva España. En una fecha más cercana a nuestro contexto, en 1670, el obispo de Oaxaca seguía pronunciándose en contra de tales prácticas: “¿que corason, Señor, no lastimara ver ahorcado un pobre indio de desesperado, por no poder pagar el repartimiento de un potro, de una coa, y dos candelas?”.25

20En realidad, si la auscultamos de manera más detenida, la documentación de Villa Alta resulta encontrarse más matizada para los años 1680-1700. Esto se debe, probablemente, a que proviene principalmente (aunque no exclusivamente) del tribunal del alcalde mayor, donde las eventuales quejas en contra del repartimiento tenían poca probabilidad de llegar a buen término o, incluso, de ser aceptadas. Pero, al mismo tiempo, parece indudable que la autoridad del magistrado se flexibilizara, sus centros de interés diversificado y que éstos hayan tomado derroteros más complejos. A este respecto, los cinco años de don Juan Manuel Bernardo de Quiroz aparecen como determinantes.

Un parteaguas en la memoria colectiva: el gobierno de don Juan Manuel (1687-1691)

  • 26 En 1709, las pocas familias que vivían en San Juan Toabela entregaron cinco pesos al tesoro real, (...)

21En la memoria tradicional de las comunidades, las referencias cronológicas se relacionan con algunos grandes acontecimientos ligados, en la mayoría de los casos, a conmociones de origen natural (el año de la sequía, de la hambruna, etc.). Incluso las epidemias, que se repiten con demasiada frecuencia, no van más allá de algunos años, salvo contadas excepciones. Los orígenes estrictamente humanos de estas referencias (guerras, pillajes, paso de algún gran personaje) son todavía más raros en un mundo tan apartado como puede serlo Villa Alta, muy alejado de los grandes estremecimientos de la historia cronológica –aunque ésta no falte por completo, por ejemplo cuando se trata de ayudar al rey en sus guerras europeas mediante la donación de algunos pesos–.26

  • 27 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 5, exp. 3, 28 fols.

22No obstante, dentro de este contexto existió una referencia mayor que sirvió durante cierto periodo: el gobierno de don Juan Manuel Bernardo de Quiroz. En 1698, cuando los indios de Lachirioag debían ser tranquilizados, engatusados por el alcalde mayor, ¿cuál era la preocupación que los atormentaba? “Que los bolviesen a destruir como los destruyeron cuando el pleito con dicho alcalde mayor [Quiroz]” ¿Cuáles nombres invocaban? Los de tres dirigentes “que andubieron combocando toda la jurisdizion para poner los capitulos a don Don Juan Manuel Bernardo de Quiros”. ¿Y qué se rehusaban a devolver? Aquellos documentos que, en 1690, habían obtenido en reñida lucha contra dicho alcalde mayor y sus oficiales.27

  • 28 Ibid., leg. 7, exp. 11, fol. 7.

23En 1703, cuando el gobernador de Tabaa, Pasqual Garcia, fue destituido por sus administrados por ser considerado como demasiado “hispanófilo”, también fue acusado ante la autoridad de San Ildefonso porque “hizo pleito a don Juan alcalde maior” y porque el dicho “alcalde don Manuel” le había impuesto una multa de 100 pesos.28 Así, al cabo de unos doce años, el recuerdo y las secuelas seguían presentes, diluidos, como un espectro de la autoridad suprema con la cual se tropezaba en todo momento.

24Sin embargo, no podemos conformarnos con un fantasma que andaba merodeando por la sierra unos quince años después de sus fechorías. Los títulos de don Juan Manuel nos permiten conocerlo un poco mejor: al igual que muchos de sus congéneres, era Caballero de Santiago, con lo que afirmaba la nobleza de sus orígenes y la distancia que lo separaba no sólo de los indios, sino de todos sus administrados en general. Empero, a diferencia de muchos de sus colegas, capitanes más o menos encanecidos en el oficio, don Juan Manuel era un genuino fruto de la Corte: “gentilhombre de la boca del Rey”. Lo que significa que formaba parte del nuevo contingente de peninsulares, probablemente carentes de experiencia americana, recién desembarcados en esta tierra de Jauja mediante el juego de la venalidad y del favor real. Podemos imaginar fácilmente lo que significaba para un cortesano verse inmerso en la vida social y material de la villa de San Ildefonso, con sus techos de paja y su clima desmoralizante.

  • 29 Véase el mandamiento del virrey del 17 de septiembre de 1688, que autorizaba a Quitoz a permanecer (...)
  • 30 En realidad, de acuerdo con un testimonio de 1688, ya era “capitan” y “theniente general” de alcal (...)
  • 31 Véase el Capítulo V.

25Esto nos permite comprender mejor la actuación de semejante hombre. Dio preferencia a la intervención política y a la astucia sobre la coerción y la opresión directas, sacando ventaja de unos, marginando a otros, contribuyendo así a corromper las relaciones y los equilibrios internos, particularmente en Yasona, como lo veremos. Peor aún: conocía todavía menos la región que sus predecesores, y buscaba ausentarse lo más que fuera posible y vivir en Oaxaca (pretextando problemas de salud).29 Dicho en otros términos, Quiroz tenía la imperiosa necesidad de contar con el respaldo de alguien de confianza que dominara perfectamente el terreno. Encontró a este hombre en la persona del capitán Pedro Boza de Espinosa de los Monteros, vecino de Villa Alta, personaje revoltoso, omnipresente, a títulos a veces contradictorios en la mayoría de los casos que nos interesan, entre 1688 (por lo menos) y 1704 –como representante de la autoridad española o de cabildos y de particulares indios.30 De este hombre hizo Quiroz su teniente general, que se encargaría de administrar la provincia durante las numerosas ausencias del titular. La política adoptada fue tanto la de Boza, hombre del terruño, quien debía administrar sus propios conflictos, como la de don Juan Manuel, el juez de origen peninsular. Posteriormente, encontraremos de nueva cuenta a Boza. Pero esta vez, la situación sufriría un giro total: a partir de 1693-1695, la relación de Boza con Ramón Nogales, sucesor de Quiroz sería tirante. Y Boza cambiaría diametralmente de campo: sin estado de ánimo, conspiraría con los indios a los que, anteriormente, mandaba encarcelar.31

  • 32 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 5, exp. 3, fols. 16-17.

26Así, don Juan Manuel y Pedro se habían encontrado: juntos llevarían a cabo una política hábil e incluso pérfida que afectaría profundamente a las comunidades; establecerían una verdadera confederación en su contra, cuyo detalle analizaremos más adelante, a partir de Yasona. Conocemos el contenido de tres reales provisiones, que la alcaldía mayor en su conjunto obtuvo en 1690 y mediante las cuales se transparenta la política del mencionado dúo. La primera no deja de ser un poco imprecisa, si bien esperada: que el alcalde mayor y sus oficiales “no hagan a los naturales las vejaciones que refieren, y que lo que nezesitare sea por los precios justos y corrientes para su sustento”. Y sobre todo que “quite al theniente [probablemente Boza] que en ella [la provisión] se expresa por las bejaciones que les haze”. La segunda se refiere a un punto más preciso, denuncia más un abuso que una verdadera exacción: que el alcalde mayor no cobre el tributo antes de la fecha establecida. Comprenderemos más adelante que esta práctica podía significar la pérdida de algunos reales para el tributario, al serle imposible cobrarlos. La tercera abre nuevas perspectivas: “no les agan agravios [a los indios] dejandolos vivir en sus casas y pueblos y no les ympidan el bestir el traje español y andar en todas cavalga-duras ensilladas y enfrenadas y tener sus muías de requa”.32 Éste es un texto importante: en primer lugar, porque permite precisar ciertos aspectos coyun-turales que ya hemos mencionado. Como se advierte, hacia la década de 1690 existió a todo lo largo y ancho de la sierra un auténtico afán de “progreso”, que fue lo suficientemente fuerte como para que la autoridad se interesara en él, intentara intervenir en él y suscitara, como reacción a éste, un importante movimiento de solidaridad. Así, en este nuevo contexto la intervención del poder español se desvió: ya no era propiamente cuestión del repartimiento sino de la violación de los derechos, las libertades y las formas de vivir. En segundo lugar, Quiroz parece haber dado inicio al movimiento de reducción de ciertos pueblos, que cobraría mayor auge algunos años más tarde: como quiera que sea, este fenómeno es evidente alrededor de Yaee, en 1690-1691.

  • 33 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 18, fol. 4v. Sobre este aspecto de la gestión de Quiroz, (...)
  • 34 agn, Indios, vol. 30, fol. 294v.
  • 35 Ibid., fol. 336.

27Don Juan Manuel interfirió en el libre juego de las elites indígenas, y no solamente en cuanto a sus costumbres y manetas de cabalgar: percibimos en él (y probablemente también en Boza, más al tanto de las realidades) desconfianza hacia el cacique demasiado “asimilado” –éste es un punto que será preciso volver a abordar, desde distintas perspectivas–. Perturbó el juego electivo al imponer como gobernadores de pueblos a sus propios clientes, aun cuando fuesen originarios de otras comunidades: nombró a uno de nuestros viejos conocidos, don Pablo de Bargas, hombre de absoluta confianza para el poder español, como gobernador de San Miguel Reagui, al noroccidente de Yasona: “todo el tiempo del Señor don Juan Manuel”, declaró un testigo en 1692.33 Don Juan Manuel encontró otros colaboradores dóciles en la provincia: en 1689 el abogado de los pueblos confederados en su contra señaló, desde la ciudad de México, “que en este escrito no hablan el gobernador de San Francisco Caxonos, el de Santa Maria Yabitte, el de Chuapan y Latan [costura] y el de Santiago Yalahiee, que es Andres Martin, y el de San Pedro Yabe, el de Suchila, y el de Camot-lan por ser del sequito de dicho alcalde mayor”. El defensor solicitaba la intervención de la Audiencia: “se les notifique con penas grabes dexen obrar libremente a los principales y electores sin intervenir en cosa por lo qual y a ser tiempo de nueba elecsion de que a de resultar el principal alivio de los naturales o su mayor perjuicio si las elecsiones se hazen por dicho alcalde mayor o sus sequasen (sic)”.34 Nuestro alcalde mayor sabía mostrarse particularmente vengativo: así, en 1690 el pueblo de Lachirioag se quejó de que se le hubiese prohibido matar a un número suficiente de reses para celebrar sus fiestas, “porque todo esto lo executa en odio de ser mis partes uno de los pueblos que le capitularon”.35

  • 36 Por consiguiente, no sólo se ttataba de prohibir el repartimiento de mantas, sino también el trans (...)

28La solidaridad afirmada, así como la victoria que finalmente se obtuvo en la ciudad de México en contra de Quiroz –que costó caro a sus promotores, como don Joseph de Selis– tuvieron consecuencias benéficas en los albores del último decenio del siglo xvii. La colectividad provincial, los pueblos, se encontraban cubiertos de amparos jurídicos más o menos ilusorios, pero que podían obstaculizar la acción del poder español local. Así, Yasona se dotó, a principios de los años 1690, de una real provisión: “y su contesto se dirige a que su Alteza [la audiencia de México] manda que la justizia desta villa no obligue a los naturales deste dicho pueblo a azer mantas ni pasar las petacas”.36

  • 37 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 3, exp. 2.

29En esa ocasión los pueblos volvieron a descubrir que su unidad podía inquietar al poder: en diciembre de 1689, Quiroz se preocupaba por la falta de abastecimiento, de medios de transporte y de brazos que trabajasen a su servicio, puesto que las comunidades, encabezadas por Yaguayo y Yasona, se negaban a servirle, como tenían la obligación de hacerlo.37 Recordemos que, poco tiempo después, Yaguayo se mostraría particularmente hostil contra el colaborador del alcalde mayor que había ido a reclamar el tributo.

30Sin embargo, los efectos de esta victoria no fueron menos nefastos: Quiroz y Pedro Boza habían obrado de manera subrepticia, exacerbando las divisiones dentro de los pueblos y, probablemente también, dentro de la villa. Las provisiones, obtenidas en reñida lucha en la ciudad de México, conferían prestigio y poder a quienes las habían conseguido: en Yasona, aquella que acabamos de mencionar permitió a los hermanos Paz (y a su aliado, don Joseph de Selis) perpetuarse en el poder durante algunos años.

31Para acabar con el poder de Quiroz y de los demás, cabe admitir que desde hacía más de siglo y medio los indios no sólo habían sido compelidos a transigir con él, a ceder, sino que también habían aprendido a sacar provecho hasta de sus aspectos más nocivos, con el fin de desviar los golpes, de alimentar sus luchas intestinas. Todo ello se sumaba a los juegos de perversión en los que también participaba, aunque a mezza voce, la comunidad hispánica de la villa de San Ildefonso.

Una presencia hispánica modesta en los pueblos

  • 38 Véase W. Taylot, Landlord and peasants.

32Podemos afirmar, sin mucho exagerar, que la provincia de Villa Alta era un desierto en cuanto a la impronta física española. Si éste era el caso en la época colonial para la totalidad de la diócesis de Oaxaca,38 el alejamiento geográfico de la sierra zapoteca reforzaba aún más esta característica.

33Incluso el observador prevenido se sorprende ante la ausencia de toda propiedad rural española, hacia 1700. Para la mitad noroccidental de la alcaldía mayor –donde, precisamente, se localiza Yasona– contamos con cierto número de descripciones que constituyen otras tantas panorámicas tomadas a los cuatro vientos. Jamás vemos perfilarse en el horizonte la menor hacienda –ni siquiera en manos de un noble indígena–, la menor apropiación no indígena. Otros pueblos colindan con el territorio municipal de San Juan Toabela, en 1709; ninguna finca española sirve como tapón entre Tagui y Roayaga, en 1698; en la enumeración de las parcelas situadas en los confines de tierras que eran objeto de litigio, en Yasona, en Temascalapa, hacia 1689-1697, jamás se hace mención de algún dominio que no haya sido indígena.

  • 39 Véase J. A. Cay, Historia de Oaxaca, p. 153, así como J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 153
  • 40 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 7, fol. 25r.

34Por más que tratemos de exprimir, hasta arrancarle sus últimas gotas, la totalidad de la documentación, la cosecha no deja de ser particularmente pobre. La actividad minera tuvo real importancia en el momento de la conquista, en la región mixe (al este). Volvió a cobrar cierto auge a finales del siglo xviii, en la región nexitza,39 donde ya se encontraba presente a fines del siglo xvii: cuando don Joseph de Selis tuvo que sufrir dos años de trabajos forzados, fue en las minas de Talea donde vivió su purgatorio (al occidente de Yasona, en tierra nexitza).40 La actividad en estas minas no debió ser desbordante; como quiera que fuera, no se mencionan en ninguna otra parte.

  • 41 Op. cit., leg. 7, exp. 9, fol. 37v. J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 147.

35En cuanto a una explotación agrícola propiedad de un español, ésta sólo se señala en una ocasión: en 1703 uno de los maestros de idolatrías de Betaza reconoció haber realizado una ceremonia en el trapiche de Yooguila. Como un hecho poco común, este trapiche se encuentra bastante bien documentado al haber perdurado cerca de Yalalag a lo largo de los siglos xvii y xviii41 Su localización en la región cajonos, es decir, más o menos en el área de influencia de Oaxaca-Antequera, puede explicar su permanencia.

  • 42 Ibid., leg. 4, exp. 7, fol. 10r, y leg. 4, exp. 11, fol. 7.
  • 43 agn, Inquisición, vol. 746, fols. 57-62.

36En materia de propiedad de tierras esto constituye un muy pobre botín, que basta para poner en evidencia el carácter poco atractivo de la sierra para los conquistadotes. De hecho, a lo largo de toda nuestra documentación, que hace desfilar a varios cientos de personalidades, entre 1680 y 1700 no encontramos en Yasona y en un radio de varias decenas de kilómetros a la redonda, sino el solo caso de una familia mestiza establecida de manera permanente. Hacia 1682, don Joseph de Selis cometió un robo sacrilego en Yasona, con la complicidad de Hernando de Chaves y su hijo, vecinos de La Oya. En 1688, en ocasión de una de sus fechorías, don Phelipe de Santiago se encontró con este mismo Chaves, lo que nos permite enterarnos de que este último era mestizo y, por supuesto, ladino.42 Un poco más lejos, y al margen de nuestra documentación principal, vemos cómo el Santo Oficio aprehendió a otro mestizo que vivía entre los mixes de Santiago Atitlan, acusado en 1687 de rendir culto al demonio, y de otras idolatrías más.43

  • 44 Los documentos de San Francisco Cajonos, pp. 119 y 132.
  • 45 Los documentos de San Francisco Cajonos, p. 123; ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 4, fol. (...)

37Si bien los españoles visitaban los pueblos por distintos motivos, al parecer se apresuraban a concluir lo que habían emprendido para, a la brevedad posible, regresar a San Ildefonso o Antequera. Una vez más, el asunto de Cajonos nos permite entrever ciertos aspectos precisos de la vida en estos pueblos. Cuando, en la noche del 14 de septiembre de 1700, los dos dominicos establecidos de manera permanente en el convento de San Francisco Cajonos hicieron irrupción en medio del convite, se encontraban acompañados de un grupo compuesto esencialmente por españoles. De acuerdo con el testimonio más preciso, éstos eran por lo menos seis –entre ellos figuraban el receptor de la bula de las Cruzadas, un artesano y su oficial–.44 El receptor se encontraba de paso, los artesanos realizaban quizás algunos trabajos en el convento. Por otra parte, nos enteramos de que en el pueblo cajonos de San Balthasar Yasachi se hallaba a la sazón otro español, Juan Tirado, oficial de platero, quien probablemente trabajaba también para la iglesia del lugar y cuya estancia sería más o menos breve. En todo caso, en 1704 Juan Tirado sería vecino de San Ildefonso, donde se dedicaría a actividades judiciales, como defensor o procurador, según el caso.45

  • 46 Burgoa, Geográfica descripción, t. I, p. 241; ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 5.

38Como se advierte, los dominicos eran los únicos “residentes permanentes” en algunos pueblos indígenas –aquellos en los que habían establecido sus vicarías-. Pero fuera de estos centros de operación, su presencia en el resto de la parroquia era limitada, más o menos escalonada. Quizá pensaban que esta insuficiente presencia podía compensarse gracias a la duración de la misma y a la experiencia adquirida. A este respecto, el caso de Joan de Noval es casi caricaturesco: pasó más de 40 años en Choapan. Es verdad que murió a la edad de 90 años, cuando menos. Por su parte, en 1687 fray Alonso de Bargas afirmaba estar a cargo de la vicaría de San Ildefonso desde hacía 20 años.46

  • 47 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 3, fol. 2.

39Podría pensarse que, debido a sus precisos intereses económicos, los encomenderos tenían una presencia real en las comunidades. Esto probablemente había sido el caso en el siglo xvi; pero hacia 1700 el sistema de la encomienda se encontraba en plena decadencia en todas partes, y en particular en la sierra zapoteca. Es cierto que existía a la sazón un encomendero que sacaba cierta ventaja de Yasona –una reliquia, prácticamente–. Sin embargo, su efecto en la documentación, es muy débil: simplemente nos enteramos de que, en 1695, el gobernador don Francisco de Paz no estaba ya que había ido a Oaxaca para llevar el tributo de la encomienda.47

  • 48 Ibid., leg. 5, exp. 3, fol. 17v.

40Aparte de los religiosos, de algunos artesanos que realizaban trabajos en las iglesias, ¿a quién más podía encontrarse en las plazas y en los tianguis de los pueblos de la Sierra? A los mercaderes, por supuesto. La manera de proceder del español Andrés de Asiago, en Yasona en 1695, es significativa al respecto. Este personaje era invisible. Se atrincheraba tras la pantalla del cabildo (representado, en este caso preciso, por don Francisco de Paz y consortes, quienes se hallaban influenciados por don Joseph de Selis); el cabildo, a su vez, alegó el falso pretexto de una demanda arbitraria de repartimiento de mantas, en beneficio del alcalde mayor. Con este fin se repartieron 160 pesos, y las autoridades del pueblo (junto con Selis) facturaron en un peso y cuatro reales las mantas que habían pagado con un peso a los indios, embolsándose sin escrúpulos la diferencia. La misma operación se repitió con 40 mantas en beneficio del alguacil mayor de Villa Alta, don Diego de la Sierra, uno de los principales mercaderes de la provincia. El capitán Pedro Boza, quien a la sazón había pactado un convenio con don Joseph de Selis, también reclamó su parte del pactolo, y se le otorgó la confección de 40 mantas. Evidentemente todo terminó por saberse, de tal manera que los habitantes de Yasona se enteraron de “que la mano poderosa de la justicia” había encubierto muy dudosas transacciones.48 Con todo, cabe reconocer que los únicos verdaderos culpables fueron los Selis y demás Paz, y que, en definitiva, el delito era menor en comparación con las exacciones de un Aramburu algunos decenios antes, que ascendían a varios miles de mantas por cada comunidad: en este caso, en 1695 fueron menos de 200 en total. Por supuesto, muchos pocos hacen un mucho, sobre todo si esto contribuía a mantener un clima tenso dentro de la comunidad, entre embaucados y embaucadores.

  • 49 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 10, exp. 10.

41En tales circunstancias, la ganancia comercial era absorbida en parte por los intermediarios indígenas. De ahí que algunos mercaderes españoles prefirieran recurrir a procedimientos más directos; pero en este caso contaban con menores garantías, sufrían vicisitudes de distinta índole, tenían que reaccionar. Algunos sacaban provecho de una larga experiencia y operaban, probablemente, con una relativa especialización geográfica, lo que les permitía tener un buen conocimiento del medio, así como de los riesgos comerciales a los que se exponían: en 1703, Francisco Ochoa de la Rea, un español que residía en Oaxaca, afirmó ser tratante y mercader en la parroquia de Juquila desde hacía 55 años; de manera accesoria, se encargó de recaudar el diezmo y el producto de la Santa Bula de la Cruzada. Aunque fue más tardía, la desventura del mercader don Manuel Guerrero, en ese entonces vecino del pueblo de La Lopa, no deja de ser ejemplar: en 1736 había vendido a crédito por un total de 196 pesos a la comunidad de Yasona, mediante presentación de una carta del cura (habiéndose convertido Yasona en cabecera de un curato) y el cabildo de aquel entonces se había hecho fiador. Tal suma correspondía a la compra de cera para las distintas fiestas religiosas del año. En 1737-1738, el pago todavía no se había realizado: la comunidad había presentado numerosas argucias, considerando que el crédito era responsabilidad de sus antiguos oficiales. Por otra parte, el cura que había firmado la carta ya no estaba en Yasona... Finalmente se llegó a un arreglo después de no menos de cuatro años de la transacción, y ni siquiera tenemos la seguridad de que éste haya sido respetado por los deudores.49

  • 50 “Por estarle debiendo algunos natutales de dicho pueblo de Betaza algunos reales y mantas”: ahjo, (...)
  • 51 Ibidem, fol. 108r.

42Escarmentado probablemente por la experiencia, el mercader Bernardo García fue mucho más expeditivo, por no decir brutal. Radicaba en Oaxaca, y en diciembre de 1703 había tejido su telaraña desde el pueblo cajonos de San Juan Yalalag, localizado en el camino que unía la cuenca central con la villa de San Ildefonso; allí se ponía un tianguis todos los lunes, al que acudían los habitantes de San Melchor Betaza, Lachitaa. Al parecer, García estaba harto de algunos deudores morosos de Betaza.50 En tales condiciones, no dudó en desencadenar una verdadera guerra entre Betaza y Yalalag, conminando a las autoridades locales para que arrestaran como idólatras notorios a algunos de sus conocidos de Betaza que habían acudido al tianguis con su mula “cargada de platanos”. Algunos días antes había enviado un ultimátum al cabildo de Betaza, exigiendo “toda la cuenta y lo que falte del pueblo, que me quiero ir a Oaxaca, y de no venir quitare ottros (sic) dos o tres muías”.51 Una vez más los cabildos indígenas, al verse obligados a tomar cartas en el asunto, se encontraron en posición incómoda.

  • 52 agn, Indios, fols. 174 y 275.

43Este asunto, que tuvo lugar poco tiempo después del de Cajonos y en plena “cacería de brujos” a lo largo y ancho de la sierra, tuvo graves repercusiones. Se comprende perfectamente el juego del mercader español. Pero ¿por qué las autoridades de Yalalag obedecieron a un mero particular?, ¿por miedo a verse involucradas?, ¿para oponerse a una comunidad rival en distintos aspectos (religioso, económico)? Como quiera que fuera, quien recorre los registros del Archivo General de la Nación, en México, no deja de sorprenderse ante el paralelismo que existe entre dos documentos: en 1694, Gonzalo de Aquino, cacique de San Juan Yalalag, obtuvo una licencia para marcar sus rebaños, para comerciar con sal, jabón, vajillas, zapatos, chile, algodón, etc. En 1695, una autorización similar fue concedida a Jacinto de Morales, indio de San Melchor Betaza.52 Más riquezas, más iniciativas, y mayor número de conflictos: una vez más la misma cantaleta.

  • 53 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 9, fol. 9.
  • 54 lbid., exp. 11, fol. 117v.
  • 55 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 9, fol. 105r.

44Pero quizá las cosas hayan sido más sencillas de lo que parece, en Yalalag, en diciembre de 1703. En efecto, el alcalde del pueblo era a la sazón Juan de la Cruz, indio “del barrio de Analco, arrabal desta dicha villa” de San Ildefonso, calificado como “ladino en el ydioma castellano” y quien se encontraba lo suficientemente aculturado como para tener una firma bastante hermosa.53 Es muy probable que, a raíz de los acontecimientos de Cajonos se le haya colocado en este cargo estratégico, como leal cancerbero de las autoridades españolas y de la fe católica. Y actuaría en consecuencia. Lo mismo que su congénere Ascasio Gonzales, quien se encontraría en una situación similar a finales de 1703, en San Juan Tabaa, donde “cristianos” e “idólatras” se desgarraban unos a otros desde mediados de ese año, este otro vecino de Analco fue catalogado “como persona catholica y de buenas costumbres”. Y como si fuera poco, lograría convencer a sus administrados de que entregaran todos sus instrumentos de idolatría.54 A raíz de tal logro, el alcalde mayor nombraría a Ascasio para encabezar el cabildo de Betaza en 1704-1705 que, como lo veremos, necesitaba que la autoridad española volviera a controlarlo de manera mucho más estricta.55

  • 56 J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 77.
  • 57 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 11.

45Asimismo, es preciso agregar a toda una población de colaboradores indígenas, cuyos orígenes se remontaban a los tiempos de la conquista. Como solía ocurrir en las regiones marginales, y frente a la hostilidad de la población, para reforzar sus defensas la nueva fundación española de San Ildefonso había recurrido al auxilio de una colonia de indios procedentes del México central, que llegaría a ser el arrabal de Analco. Esta implantación conformaría una comunidad dotada de gran cohesión, pero dependiente de San Ildefonso: de ahí que se le designara como un barrio, cuya población rebasaba la de la propia cabecera: en 1703 contaba con 271 vecinos, quizás el doble del número de habitantes con los que contaba San Ildefonso. A fin de cuentas, ¿quién protegía a quién? En todo caso, en 1684, un momento difícil, particularmente en Choapan, el barrio de Analco se jactaba de su capacidad para sofocar las revueltas locales en contra del ocupante español.56 De hecho, los de Analco eran utilizados para toda operación policiaca: en mayo de 1688, otro de sus vecinos, también ladino, recibió el encargo de recuperar una muía así como a su ladrón, un tal Phelipe de Santiago, cacique de Yasona...57

La villa de San Lldefonso de Villa Alta: una cabecera dependiente

  • 58 El primer Nueva Coránica y Buen Gobierno, México, Siglo xxi, t. ii, p. 847 [fol. 918].

Y decíame el procurador y el protetor (sic) que yo haré peticiones; más hacía por mí perdiciones que peticiones. Y los dichos procuradores son más proculadrones.
Guaman Poma 58

  • 59 J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 68; j. a. Gay, Historia de Oaxaca, p. 203.
  • 60 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 3, exp. 2.

46Por medio de todos estos desenlaces que pueden observarse, resulta fácil comprender cuál era el origen de esas carencias que iban aparejadas con la presencia hispánica en esta provincia: tales carencias no eran sino reflejo de aquellas que aquejaban a la villa desde sus orígenes, hacia 1527. Las quejas de sus habitantes en 1551, a raíz de una rebelión que podría haber triunfado sin la ayuda de Oaxaca, bastan para establecer un balance, que no sufriría grandes cambios en 1700. La villa sólo contaba, a la sazón, con 20 paterfa-milias españoles –45 en 1663, y su número probablemente no sería mucho mayor en 1700–. La villa exigía que se edificara una casa fuerte, y que se le dotara de 50 arcabuces y otras tantas ballestas; además, reclamaba el envío de refuerzos desde Oaxaca (que volverían a solicitarse en 1684 y en 1700). Pero, sobre todo, exigía tener poder, no sólo sobre el alcalde mayor, que debía ser un “letrado” elegido, capaz de administrar justicia, sino también sobre la mano de obra indígena: nada de esto se llevaría a cabo.59 Hacia 1690, Villa Alta seguía siendo una pequeña localidad adormecida que ni siquiera tenía un tianguis local, a diferencia de otros numerosos pueblos de la provincia.60

  • 61 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 3, fol. 36r; así como leg. 5, exp. 7, fol. 7.
  • 62 Gratificación que se entregaba al alcalde mayor, en ocasión de la toma de posesión de las autorida (...)
  • 63 J. de la Fuente, “Documentos para la etnografía e historia zapoteca”, pp. 109-110.

47De hecho, esta ciudad española atípica, con sus casas desalineadas, sus muros de adobe y sus techos de paja, que por ello mismo fue presa de un gran incendio en 1580, sólo cobraba algo de animación gracias al tránsito de incesantes cohortes de indios. Estos acudían en masa en ocasión de los distintos festejos, en particular los de Semana Santa. Decenas de ellos hospedados en la cárcel por estancias de larga duración (varios meses, a veces años), ofrecían el espectáculo de la ejecución de sus sentencias –las más de las veces azotes, ocasionalmente la horca–. Pero, más que nada, la villa debía su animación a la presencia de pueblos enteros que se desplazaban, guardando silencio o vociferando, para acompañar a sus autoridades que debían hacer frente a las exigencias del alcalde mayor y de sus oficiales. Era un desfile ininterrumpido de demandantes, pedigüeños y demás trapaceros, de sus parientes y amigos. La plaza de la villa era particularmente concurrida a principios de enero, cuando todas las autoridades del centenar de pueblos (que con frecuencia se desplazaban junto con toda la comunidad) acudían para presenciar la entrega de las varas por parte del alcalde mayor. Esto podía dar lugar a otras intrigas, otras griterías, en tres o cuatro dialectos diferentes.61 En ocasiones todo esto podía degenerar en tumulto, como ocurrió en 1735, cuando más de 200 indios mijes de Santiago Sochila y algunos cajonos de Tabaa se introdujeron a la fuerza en las casas reales (donde residía el alcalde mayor), gritando que ya no querían pagar los derechos de vara,62 ni la limosna de San Ildefonso.63

  • 64 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 3, exp. 17.

48Asimismo, la ciudad era un centro de redistribución gracias al alcalde mayor y a algunos mercaderes locales, como el alguacil mayor Martín de la Sierra. Sin embargo, no contamos con ninguna evidencia documental de ello hacia 1680-1700: simplemente vemos circular en la campiña a mercaderes españoles que no podemos localizar con precisión (o que procedían de Oaxaca), y sobre todo a arrieros indígenas pertenecientes a las capas favorecidas (caciques, principales). Éstos seguramente se abastecían con productos de su pueblo, o bien directamente en Oaxaca. Todo esto era estrictamente controlado por el alcalde mayor: en 1664, y una vez más en 1693, la audiencia debió intervenir no sólo para impedirle que impusiera un sistema de licencias para comerciar, sino también para reafirmar el derecho de los mercaderes a permanecer en los pueblos el tiempo que requerían para llevar a cabo sus transacciones.64

  • 65 Los documentos de Cajonos, pp. 105-106.

49De hecho, y aparte de estos aspectos más o menos molestos, benéficos o contrarios, la población española (y, de manera accesoria, la población mexica de Analco) vivía de las migajas que caían de la mesa del alcalde mayor, como administrador –éste podía comisionar a algunos lugartenientes, en los centros secundarios como Choapan– y sobre todo como juez. Esto permitía a la parte más educada (o más flexible) del grupo hispano, hacerse de algunos recursos adicionales, aunque nada despreciables, como lo evidencia claramente el pleito en contra de los asesinos de don Gabriel de los Angeles en 1674. En otras circunstancias, los gastos de la justicia constituían un verdadero maná. Así, en 1702, a raíz del triste asunto de Cajonos, estos gastos se elevaron a 1 037 pesos, 36 de los cuales fueron para beneficio exclusivo del verdugo: es verdad que en esa ocasión su labor había sido ruda y de consideración.65

  • 66 Se traca de Diego Díaz Romero (ahjo, Villa Alta, civil, leg. 2, exp. 17).

50En tales condiciones, Villa Alta fue un centro terciario, administrativo y judicial, que tampoco estuvo exento de carencias. La primera radicaba en la ausencia de verdaderos técnicos: ningún letrado reconocido como tal durante los aproximadamente veinte años que nos interesan ni, sobre todo, entre los propios alcaldes mayores. De ahí la necesidad de recurrir a abogados de la ciudad de Oaxaca, e incluso de México, como asesores para las sentencias, con todos los riesgos, contratiempos y costos que ello llevaba aparejado. Sólo en contadas ocasiones se observa la presencia de un escribano real como en 1689.66 De ahí que todo procedimiento jurídico se haya visto entorpecido por la presencia obligatoria de dos testigos españoles al lado del magistrado, que, de paso, también cobraban su óbolo.

  • 67 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 17, fol. 25. También es posible que, por tratarse de un c (...)
  • 68 agn, Turras, vol. 167, Ia pane, exp. 2, fol. 37r.

51Aunque no existían requisitos muy estrictos en cuanto a la calificación de quienes podían desempeñarse como abogado o procurador en Villa Alta, su número era forzosamente reducido. Así, en mayo de 1696, un grupo de caciques encabezado por don Pablo de Bargas debió resolverse –“porque en esta villa no ay persona a quien poder nombrar por su defensa”– a redactar él mismo su requisitoria, “a su usanza lo arian”.67 En junio de 1697 no pudo resolverse en Yasona un litigio por tierras, por no existir un experto calificado –a menos que se tratara aquí de una maniobra del alcalde mayor, quien de esta manera pudo perjudicar tranquilamente a una de las partes en presencia, don Phelipe de Santiago–. Y efectivamente, sería el mismo magistrado el que acosaría con su vindicta a “nuestro héroe”, en los años 1699-1701.68

52Esto nos conduce a la pregunta principal. Con un personal tan reducido, que contaba con calificaciones limitadas y se encontraba dominado por la fuerte personalidad del alcalde mayor que actuaba como juez, ¿podía esperarse una justicia, si no de calidad, por lo menos imparcial? Éste era el caso, probablemente, cuando se trataba de asuntos de orden privado, o sin gran relevancia política, como fueran los de Yasona en 1674-1676, aunque todo parece haber sido bastante expeditivo. Sin embargo, como lo veremos más adelante al seguir las peripecias dentro del mismo pueblo de Yasona en los años 1687-1700, numerosas evidencias demuestran que el funcionamiento de esta justicia dejaba mucho que desear cuando la autoridad del propio alcalde mayor era desafiada, cuando su acción corría el riesgo de ser obstaculizada.

  • 69 Los documentos de Cajonos, p. 23.

53Estas desviaciones tenían un doble origen: los abusos de poder del alcalde mayor, por una parte; y por otra, la incapacidad de abogados improvisados y subyugados por el juez, para defender correctamente a sus clientes. Por supuesto, estas dos circunstancias podían conjugarse, como ocurrió en ocasión del proceso de Cajonos, único ejemplo que consideraremos por lo pronto. En 1700 el alcalde mayor, don Juan Antonio Mier del Tojo, quedó particularmente impresionado por los hechos, hasta tal punto que, al parecer, quiso renunciar a su papel de juez: “estan los indios a la mira de sus aziones observando sus movimientos”.69 Sin embargo, fue él quien, con mucha cautela, organizó la represión a lo largo del año de 1701, y quien, finalmente, juzgaría y pronunciaría las sentencias a principios de 1702, una vez calmada la agitación. Podría entonces ejercer su vindicta con brutalidad, como lo hemos observado. En este contexto cometió tres errores graves, sin que el defensor improvisado de los inculpados, en San Ildefonso, osara intervenir o elevara la más mínima crítica.

  • 70 “Se hallará la causa en terminos de una sumaria mera, y en terminos de sumaria con solo idiotismo, (...)
  • 71 “Las tarificaciones en tottura no ay autor ni detecho que lo apoye” (op. cit., p. 111). “Contra el (...)

54La amonestación llegaría más tarde –demasiado tarde– de la ciudad de México, en junio de 1702. Fue el abogado –esta vez, un auténtico letrado-de los condenados sobrevivientes, el que se indignó ante la Audiencia. Por una parte, el procedimiento se instruyó totalmente en contra, de manera inquisitoria, sin que tuviera lugar la parte acusatoria, con intercambio de pruebas y de argumentos.70 Denunció un error (?) de procedimiento: si bien la tortura estaba autorizada en el momento del interrogatorio, ésta no tenía ningún sentido en el momento en que los acusados ratificaron sus declaraciones. Finalmente, y sobre todo, en el caso de los quince ejecutados se les negó su derecho a apelar, en contra de toda justicia.71 Pero este discurso contundente provenía de un profesional, quien lo emitía desde la protección que le brindaba la lejana ciudad de México: ¿qué tan factible habría sido pronunciarlo en Villa Alta, frente al “Señor alcalde mayor”?

  • 72 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 11, fols. 37r y 123.

55¿Significa esto que la justicia de este gobernador era todopoderosa, en Villa Alta? Sí, en amplia medida; además, no hay que olvidar que, tanto por necesidad como por desconocimiento, aceptaba que corriera debajo de ella un flujo más o menos difuso de justicia municipal, ejercida por las distintas autoridades indígenas. Pero esta justicia estrictamente local, a menudo brutal, pronto rebasada por los elementos populares, se paraba fácilmente en seco y prefería, cuando las cosas se complicaban –o se tornaban demasiado graves–, recurrir al juez superior de San Ildefonso. A la inversa, esta justicia indígena, en su práctica, también sabía arquear el lomo cuando así lo exigía la comunidad: hacia 1694, Diego de Santiago, de San Juan de Tabaa, fue expulsado de su pueblo por haber denunciado prácticas idólatras. Obtuvo distintos despachos por parte de la Audiencia de México, que le ordenaban retornar a su comunidad. En 1703 aún no había logrado reintegrarse.72

  • 73 “En la varbaridad de los yndios jusgaran por menos atros el delicto de idolatría que otros delicro (...)
  • 74 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 11, fol. 30v.

56Más grave aún: la justicia del alcalde mayor llegaba en ocasiones a embrollarse con la de la Iglesia, lo que desembocaba en situaciones paradójicas, como ocurrió en 1703, cuando denuncias y convulsiones de toda índole, que asociaban crisis políticas, vías de hecho y conductas paganas, se difundieron por los pueblos. En Tabaa, en Betaza, en Lachitaa (entre otras comunidades), el alcalde mayor, manipulado más o menos hábilmente por acusadores y acusados, llegó a encarcelar a los simples agitadores y responsables de violencia física, sin importar de qué lado estuvieran, pero dejó en libertad a los “autores intelectuales” de los hechos, los maestros de idolatrías. Uno de los defensores de Villa Alta se sorprendió ante tal manera de proceder, considerándola como un peligro para la comprensión de la acción de la justica por parte de la población indígena.73 El caso de Tabaa provocó la ira del virrey Albuquerque: bajo el fuego cruzado de acusaciones de toda índole –incluido el sacrilegio–, los indios habían destituido a su gobernador favorable a los españoles, así como a sus secuaces, y obligado al alcalde mayor a encarcelarlo. El virrey, “indignado y ofendido, por estarlo Dios y el Rey”, pensó en inflingirles los más terribles castigos, “aunque sea en todos los pueblos arrasandolos y aniquilandolos, para que no quede memoria de tan infames basallos por la injusta prision del gobernador Pasqual Garcia”.74 Al alcalde mayor no le quedó más remedio que arrestar al nuevo cabildo y a los principales (16 personas en total) para equilibrar la situación, aunque no pudo liberar al gobernador y sus cómplices.

57En este caso particular, ¿cabe alegar la inexperiencia del alcalde mayor, que sólo estaba en funciones desde hacía algunos meses?, ¿cabe considerar estos “errores” como la continuación, más o menos permanente, del conflicto entre las jurisdicciones civil y religiosa, en un momento (1703) en que la segunda parecía despertar, después de Cajonos, en ocasión de la visita pastoral que el nuevo obispo había emprendido en la sierra? O, más simplemente, ¿no obedecía tal situación a la debilidad consustancial con el poder del alcalde mayor, terrible pero solitario? Como tal, dependía de los ojos y de las manos de todos. Se encontraba sujeto a las insinuaciones, a los deseos, e incluso a las vociferaciones de unos y otros. Pero resulta que el centenar de repúblicas de indios que supuestamente le correspondía dirigir, era ducha en la materia, en particular Yasona, durante el periodo que nos interesa.

Notes

1 Biblioteca Nacional de Madrid, ms 1262, fol. 13v.

2 Geográfica descripción, t. 11, p. 187.

3 J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 69.

4 bnmd ms 19 512, fols. 354-355.

5 Es verdad que la lista que establece J. Chance (La conquista de la Sierra, pp. 291-296) comporta algunas lagunas, en las cuales podría haber tenido cabida nuestro postulante.

6 Se trataba de una especie de decreto que, en este caso preciso, emanaba de la audiencia de México. Volveremos más en detalle sobre esta pieza clave del derecho, que se sitúa en el punto en el cual se articula la justicia y quienes se encuentran sujetos a ésta.

7 Para la totalidad del asunto, véase ahjo, Villa Alta, civil, leg. 5, exp. 3, 28 fols.

8 ahjo, Villa Alta, crimina/, leg. 6, exp. 5, fols. 15-16.

9 En su visita a la diócesis de Oaxaca, el viajero Fray Francisco Ajofrín quedó sorprendido ante la solemnidad con la que se llevó a cabo la toma de posesión oficial del alcalde mayor en su provincia: Diario del viaje que por orden de la sagrada congregación de Propaganda Fide hizo a la América septentrional, Madrid, 1959, t. ii, p. 51 y ss.

10 aheo, Alcaldías mayores, leg. 5, exp. 3, año de 1684, “Autos y diligencias hechas sobre el socorro que se envio al alcalde mayor de Villa Alta”, fol. 8.

11 agi México 37, N. 18.

12 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 7, fol. 13v.

13 Los documentos de San Francisco Cajonos, p. 122.

14 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 13, fol. 2v.

15 Recopilación de Indias, libro V, título II, ley xxv.

16 En 1712, el oficio de Villa Alta, por cinco años, valía 12, 000 pesos, como lo hemos comprobado.

17 Carta de Fray Antonio de Castro al Virrey Albuquerque, 1/10/1653, AGI, México, 37, N. 18.

18 Estos mecanismos se describen detalladamente en la Memoria de capítulo que los indios de los pueblos cajonos presentaron en contra de Aramburu, el 15 de septiembre de 1653: “nos da muy gran repartimiento y tratta de grandes mercadurías, y nos reparte muchos dineros y nos da mucho fiado, y nos da mucho dinero para grana, que nos da a quince reales la libra, y nosotros la compramos a tres pesos por cada libra. Y nos repane algodon a seis libras para cada manta, y cada tanda le entregamos cada veinte dias, y no nos paga nuestro trabajo, y nos reparte muías y xavon de cevo y paño [ilegible] y machetes y fresadas, y sombreros y chapopote y naguas y gueypiles” (agi, México, 37, n. 18).

19 “Tenemos provision, y no la ovedece, y por eso prendio al governador y alcaldes y los aprisiono con dos pares de grillos. Y en las manos les pusso espossas y los vendio en el trapiche de Oriçaba en cassa de Thomas de Mariaca. Y alli murio el gobernador don Juan de Santiago [...] Pregono que el que viniesse a esta ciudad de Mexico a ponetle pleito los avia de enviar al puerto de San Juan de Ulua y al trapiche de Thomas Mariaca” (agí, México, 37, n. 18).

20 Carta de Aramburu a Sebastian de Castro, 5 de septiembre de 1653.

21 Carta al Virrey Albuquerque, 8 de octubre de 1653 (agi, México, 37, n. 18).

22 Carta de Ftay juan de Noval al Virrey, desde Oaxaca donde se había refugiado, 18 de octubre de 1653. Fray Juan de Noval era todo un petsonaje en la sierra; véase su biografía en Burgoa, Geográfica descripción, t. I, p. 241.

23 Véase H. Díaz-Polanco, El juego de la inobediencia, p. 203.

24 Véase R. Pastor, “El repartimiento de mercancías y los alcaldes mayores novohispanos...”; así como N. Castillo, “Españoles e indios: una vecindad coercitiva...”.

25 BNMd, ms 6743, “Memorial del hecho en las caussas de la defensa de los naturales contra el alcalde maior de esta ciudad [de Oaxaca] y demas alcaldes mayores de Nuestro obispado”, fol. 287r.

26 En 1709, las pocas familias que vivían en San Juan Toabela entregaron cinco pesos al tesoro real, para que fueran reconocidos los derechos que tenían sobre sus tierras, en un procedimiento de composición de tierras: “y que dicha donasion que acemos para ayuda a los continuos gastos que su Magestad esta asiendo en la defensa de nuestta santa fee y su real corona” (AHEO, Alcaldías mayores, leg. 57, exp. 29 (1709), fol. lv.).

27 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 5, exp. 3, 28 fols.

28 Ibid., leg. 7, exp. 11, fol. 7.

29 Véase el mandamiento del virrey del 17 de septiembre de 1688, que autorizaba a Quitoz a permanecer en Oaxaca, con el fin de curarse, antes de viajar a México, donde se requería su presencia: agn, General de parte, vol. 16, exp. 140, fol. 120v.

30 En realidad, de acuerdo con un testimonio de 1688, ya era “capitan” y “theniente general” de alcalde mayor hacia 1680 (ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 11, fol. 27v.).

31 Véase el Capítulo V.

32 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 5, exp. 3, fols. 16-17.

33 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 18, fol. 4v. Sobre este aspecto de la gestión de Quiroz, véase J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 217.

34 agn, Indios, vol. 30, fol. 294v.

35 Ibid., fol. 336.

36 Por consiguiente, no sólo se ttataba de prohibir el repartimiento de mantas, sino también el transporte obligatorio de éstas.

37 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 3, exp. 2.

38 Véase W. Taylot, Landlord and peasants.

39 Véase J. A. Cay, Historia de Oaxaca, p. 153, así como J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 153.

40 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 7, fol. 25r.

41 Op. cit., leg. 7, exp. 9, fol. 37v. J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 147.

42 Ibid., leg. 4, exp. 7, fol. 10r, y leg. 4, exp. 11, fol. 7.

43 agn, Inquisición, vol. 746, fols. 57-62.

44 Los documentos de San Francisco Cajonos, pp. 119 y 132.

45 Los documentos de San Francisco Cajonos, p. 123; ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 4, fol. 9 y leg. 7, exp. 9.

46 Burgoa, Geográfica descripción, t. I, p. 241; ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 5.

47 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 3, fol. 2.

48 Ibid., leg. 5, exp. 3, fol. 17v.

49 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 10, exp. 10.

50 “Por estarle debiendo algunos natutales de dicho pueblo de Betaza algunos reales y mantas”: ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 9, fol. 79r.

51 Ibidem, fol. 108r.

52 agn, Indios, fols. 174 y 275.

53 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 9, fol. 9.

54 lbid., exp. 11, fol. 117v.

55 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 9, fol. 105r.

56 J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 77.

57 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 4, exp. 11.

58 El primer Nueva Coránica y Buen Gobierno, México, Siglo xxi, t. ii, p. 847 [fol. 918].

59 J. Chance, La conquista de la Sierra, p. 68; j. a. Gay, Historia de Oaxaca, p. 203.

60 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 3, exp. 2.

61 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 3, fol. 36r; así como leg. 5, exp. 7, fol. 7.

62 Gratificación que se entregaba al alcalde mayor, en ocasión de la toma de posesión de las autoridades locales.

63 J. de la Fuente, “Documentos para la etnografía e historia zapoteca”, pp. 109-110.

64 ahjo, Villa Alta, civil, leg. 3, exp. 17.

65 Los documentos de Cajonos, pp. 105-106.

66 Se traca de Diego Díaz Romero (ahjo, Villa Alta, civil, leg. 2, exp. 17).

67 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 5, exp. 17, fol. 25. También es posible que, por tratarse de un caso sin gran consistencia, nadie en Villa Alta haya querido tomar cartas en el asunto.

68 agn, Turras, vol. 167, Ia pane, exp. 2, fol. 37r.

69 Los documentos de Cajonos, p. 23.

70 “Se hallará la causa en terminos de una sumaria mera, y en terminos de sumaria con solo idiotismo, incuria e impericia” (Los documentos de Cajonos, p. 100).

71 “Las tarificaciones en tottura no ay autor ni detecho que lo apoye” (op. cit., p. 111). “Contra el derecho natural, civil y de las gentes, y contra el derecho munizipal de el Reyno” (ídem).

72 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 11, fols. 37r y 123.

73 “En la varbaridad de los yndios jusgaran por menos atros el delicto de idolatría que otros delicros y por consiguiente es muy dable el que continuen en dicha” (ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 9, fol. 111r).

74 ahjo, Villa Alta, criminal, leg. 7, exp. 11, fol. 30v.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2010

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