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Grandeza y miseria del oficio

 | 
Michel Bertrand

I. El abuso de poder

Texte intégral

UN PROCESO MUY PROLONGADO

  • 1 agi, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno s. n., f. 3.
  • 2 En el marco de la denuncia que hizo en contra de los oficiales reales en septiembre de 1725, el vi (...)
  • 3 agi, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno 23, f. 2.

1Reunido en sesión ordinaria en un día de noviembre de 1728, el Consejo de Indias pronunció su sentencia de apelación en el proceso entablado a tres oficiales reales de la ciudad de México: siguiendo las recomendaciones de su fiscal, Manuel Martínez Carvajal, en su requisitoria de noviembre de 1727, decidió imponerles severas penas. De esa manera, los consejeros madrileños anularon el primer veredicto pronunciado por la Audiencia de la ciudad de México y, sobre todo, agravaron sensiblemente las sanciones propuestas:1 se suspendió de por vida en sus oficios a los condenados y se les prohibió cualquier otro empleo en la administración de la Real Hacienda. Al contador Pedro Alejo López de Cotilla, considerado como el principal responsable de los abusos, se le impuso una multa de 16 000 pesos; además, se le obligó a reembolsar las libranzas expedidas a cargo de la real caja de la ciudad de México que había aceptado pagar sin haber recibido para ello la orden del virrey, esto es, cerca de 200 000 pesos.2 En cuanto a sus dos cómplices, el tesorero Manuel Ximénez de los Cobos y el factor José Ignacio de Miranda Canal, se les condenó a una multa de 12 000 pesos cada uno. Los tres oficiales reales, en fin, fueron condenados conjuntamente a reembolsar a la real caja de la ciudad de México la suma de 3 000 pesos, correspondiente al descubierto que se encontró en ocasión de su inculpación debido a una administración poco ortodoxa.3

Figura I.1. Plano de la ciudad de México en el que se precisan los límites de la aduana de la ciudad (1791-1807), Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 657, México.

  • 4 Si bien la Gaceta de México guardó silencio sobre la llegada de las noticias en el caso de 1729, s (...)

2Tanto por las sanciones impuestas y la duración necesaria para el desenlace de la crisis como por los personajes implicados o los abusos que revelaba, ese “asunto” había llegado a ser un acontecimiento de primerísimo plano, en resumidas cuentas, en el restringido mundo de los oficiales reales de la administración virreinal.4 Es fácil concebir el temor de los inculpados a la llegada de la nefasta nueva; igualmente, es fácil imaginar la avidez con que fue comentada, muy particularmente entre los oficiales reales de la capital del virreinato. Una vez conocida localmente la sentencia, en el transcurso de 1729, el virrey marqués de Casafuerte designó al alcalde del crimen, Domingo de Valcárcel y Formento, con el encargo de aplicar sin demora la resolución del Consejo.

  • 5 Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda novohispana en el reinado de Felipe V, Sevilla (...)

3¿Por qué tal sentencia? ¿Cuáles eran las faltas de esos oficiales reales para que fuesen tratados tan severamente? ¿Eran tan excepcionales como para que se buscara poner un ejemplo por medio de ellos? En realidad, el asunto era antiguo: se remontaba a la época de la gran visita general dedicada a la Real Hacienda de la Nueva España y llevada a cabo por Francisco de Pagabe entre 1710 y 1715. La mala administración de la real caja de México había sido objeto de insistentes rumores en esa época; sin embargo, por razones independientes de la voluntad del visitador, éste no había podido llevar a cabo la visita de la real caja matriz de la Nueva España antes de su partida a las reales cajas provinciales. Después, la degradación de sus relaciones con el duque de Linares y marqués de Valdefuente, virrey desde 1711, le impidió toda posibilidad de acceso a esa real caja.5

  • 6 agi, Audiencia de México, legajo 557.
  • 7 agi, Audiencia de México, legajo 788.
  • 8 En octubre de 1716: agi, Audiencia de México, legajo 789, cuaderno 5.

4El hecho de no haber llevado a cabo la visita de la real caja de la ciudad de México no había impedido que Francisco de Pagabe expresara sus impresiones sobre el turbio funcionamiento de la institución, especialmente en una carta de septiembre de 1711.6 Sus denuncias provocaron una pesquisa, la cual fue confiada a un miembro de la Audiencia de La Habana, Prudencio de Palacios, en febrero de 1716. Su comisión se relacionaba principalmente con los pagos de libranzas efectuados sin autorización a expensas de la real caja de la ciudad de México.7 En unas cuantas semanas, la pesquisa, llevada a cabo rápidamente, desembocó en la inculpación de los tres oficiales reales en funciones,8 los mismos que luego fueran duramente sancionados en 1728.

  • 9 Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., pp. 158-169.

5Inmediatamente después de que fueran inculpados, los oficiales reales activaron sus redes de relaciones locales y, sobre todo, se aprovecharon de las rivalidades entre el visitador y el nuevo virrey, el marqués de Valero,9 para lograr de esa manera paralizar la visita, obligando a su responsable a refugiarse en el convento de Santo Domingo de la ciudad de México, en diciembre de 1716; unos días más tarde, el marqués de Valero obtuvo de la Junta de Hacienda la solicitud de su suspensión: a pesar de la eficacia del trabajo del oidor, el asunto emprendía el sendero, tranquilizante para los inculpados y sus allegados, del abandono, antes del olvido.

  • 10 agi, Audiencia de México, legajo 792a, cuaderno 1.
  • 11 Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Amer (...)

6Con todo, Prudencio de Palacios no lo entendía de esa manera. Desde su retiro conventual, notablemente gracias a la intervención de su hermano, que había permanecido en España, obtuvo el apoyo del Consejo de Indias y la reanudación de la visita general en enero de 1719.10 En esa nueva ocasión, la visita fue confiada a Francisco de Garzarón, encargado desde 1716 de otra vasta visita general concerniente a todos los tribunales de la Nueva España que habían tomado sistemáticamente el partido de Prudencio de Palacios en el conflicto que oponía al marqués de Valero y el oidor. Simultáneamente, preocupado por establecer un prudente equilibrio de poderes en sus lejanas posesiones, el propio Consejo alejó al buscaplei-tos, Prudencio de Palacios, mediante una promoción-exilio al cargo de oidor en Santo Domingo, a partir de abril de 1718, y después en Guadalajara, en 1720.11

  • 12 agi, Audiencia de México, legajo 789.
  • 13 En todo caso, es la hipótesis que parece haber tomado en cuenta Amalia Gómez Gómez, en Las visitas (...)

7Por diversas razones de orden personal, el nuevo visitador no se decidía a reanudar el trabajo de su predecesor. Así, aun cuando la inculpación de los oficiales de la real caja de la ciudad de México no había sido abandonada, la visita se encontraba completamente estancada; situación de la que supieron aprovecharse los tres inculpados: en noviembre de 1719 obtuvieron la autorización para que Pedro Alejo López de Cotilla fuese a abogar directamente por la causa de todos ellos ante el Consejo de Indias, con el propósito de acelerar la instrucción de su causa.12 Se tendría que creer que el alegato, estrictamente fundamentado en cuestiones de forma jurídica, ejerció su efecto entre los consejeros presentes;13 sin embargo, se puede pensar que probablemente contribuyeron al éxito de la empresa otros argumentos, extraños al derecho pero igualmente eficaces. Fuera lo que hubiere sido, el resultado fue extraordinario para los inculpados: en agosto de 1722 obtuvieron el perdón total de todos los delitos señalados en su contra, por lo que inmediatamente se reintegraron a sus respectivos oficios y lograron que tanto su reputación como su honor quedaran limpios.

8Es probable que el asunto hubiese quedado ahí, si la porfía de Prudencio de Palacios, promovido a fiscal de la Audiencia de México en 1723, no hubiese encontrado un firme aliado en la persona del marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España desde 1722. El sucesor del marqués de Valero, convencido de la culpabilidad de los oficiales reales de la ciudad de México, aprovechó la primera ocasión que se le presentó para reiniciar la visita en contra de los oficiales reales cuya inocencia se había reconocido recientemente. Para actuar conforme a derecho, le era necesario aportar al expediente nuevos elementos que pudieran legitimar la reapertura de la instrucción. La ocasión se le presentó gracias a un oficial segundo de la real caja de la ciudad de México, Manuel Ángel de Villegas Puente hijo.

  • 14 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 101.
  • 15 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 1-9, y agi, Indiferente general, legajo 16 (...)
  • 16 En su informe de mayo de 1725 dirigido al virrey, recordaba la acción emprendida en contra de los (...)

9Ya en abril de 1724, De Villegas Puente había denunciado ante el virrey el pago ilegal de un crédito de 97 000 pesos hecho por los oficiales de la real caja en beneficio de Pedro Alejo López de Cotilla.14 En mayo de 1725, De Villegas Puente reanudó las acusaciones en contra de sus superiores jerárquicos en una atestación dirigida al marqués de Casafuerte en la que les imputaba la responsabilidad de haber hecho pagos ilegales por un monto total de 311 935 pesos desde enero de 1723, fecha a partir de la cual De Villegas Puente había llevado a cabo remplazos en la contabilidad de la real caja.15 La nueva denuncia, precisa y documentada, puso nuevamente en movimiento el mecanismo judicial. El virrey remitió inmediatamente el expediente al fiscal civil, que no era otro que el visitador repudiado de 1722.16 En junio de 1725, este último levantó un acta de acusación en contra de los inculpados en la que orientaba la futura pesquisa hacia las

  • 17 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, f. 15.

regalías, intereses, o premios exorbitantes que sin duda han percivido por las pagas […] Es inverosímil [que] se hayan arriesgado a cometer delicto tan grave para complacer a los libranzistas, ni que estos […] se hayan dado por bien servidos sin prometer ni dar a los oficiales reales algún premio para moverlos y precipitarlos a la transgresión del precepto de V. E. […] Donde no pudieron esperar interés alguno, tal como salarios, aplicaron las consignas de V. E.17

  • 18 agi, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno 20, f. 10.
  • 19 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 9-10.
  • 20 agi, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno s. n., ff. 1-2, y cuaderno 20, f. 10.

10A propuesta del visitador, el virrey nombró al alcalde del crimen, Francisco de Barbadillo Victoria —remplazado a su muerte, en mayo de 1726, por Juan Gerónimo de Osilla y Rayo—,18 para que reanudara el expediente.19 Con base en los interrogatorios llevados a cabo entre los individuos implicados en los asuntos mencionados, los tres oficiales reales de la ciudad de México fueron juzgados y condenados por la Audiencia en agosto de 1726. Esa primera sentencia establecía la suspensión temporal de ocho a 10 años, según el caso, multas por un monto de 65 000 pesos y el rembolso parcial de ciertas sumas pagadas, esto es, 78 000 pesos; además, la Audiencia decidió el levantamiento del embargo de los bienes de los oficiales reales, pero propuso que se prolongara su arresto domiciliario.20 Descontentos con su suerte, los condenados interpusieron inmediatamente una apelación ante el Consejo de Indias, con la esperanza de que suavizara las sanciones. Las consecuencias fueron desafortunadas: el epílogo judicial de noviembre de 1728 marcó el desenlace de una prolongada visita general cuyo instrumento había sido el fiscal de la ciudad de México, Prudencio de Palacios.

11Un episodio judicial tan prolongado, con múltiples repercusiones, se podría reducir a simples peripecias en el seno del microcosmos político-administrativo de la capital del virreinato; sin embargo, independientemente del riesgo, esos incidentes pueden llegar a ser particularmente reveladores de la realidad colonial. Para comenzar, los acontecimientos dicen mucho respecto de la lentitud de la justicia real y acerca de su funcionamiento irregular y aleatorio. Las frecuentes inversiones de la situación no siempre se apoyaban en el surgimiento de hechos realmente nuevos o precisos. Independientemente de los azares judiciales, sinónimo de arbitrariedad y reveladores de las múltiples y contradictorias presiones que se expresaban más o menos abiertamente, el poder —encarnado por un oidor apuntalado por un virrey— mostró en ese asunto una verdadera tenacidad en su persecución de la delincuencia administrativa. Por lo demás, la ambivalencia del aparato de Estado se manifestó en la alternancia entre la severidad de las sanciones impuestas y el recurso al generoso perdón total. Dicho en otras palabras, lo que se debe tener en mente es, ante todo, la imprevisibilidad de la maquinaria judicial colonial.

12El proceso que se ha presentado también es revelador de la presencia y la función del Consejo de Indias en América. El órgano supremo de la jerarquía judicial y administrativa se manifestaba a través de la presencia de su autoridad, a la que recurría regularmente toda la jerarquía administrativa, aunque también, de manera más general, todos los súbditos. Aun cuando el Consejo de Indias era una institución activa, se encontraba demasiado lejos como para ejercer una autoridad eficaz continua; consecuentemente, ello acrecentaba el lugar y la función de sus representantes administrativos en América, lo cual, a su vez, hacía fracasar o pervertía con mucha frecuencia los proyectos concebidos en Madrid; por lo demás, las intervenciones del Consejo de Indias, que pasaban por encima del funcionamiento administrativo y judicial de la jerarquía subalterna, contribuían frecuentemente a incrementar la lentitud de la maquinaria administrativa en América. En consecuencia, las inversiones de la situación en el proceso de los oficiales de la real caja de la ciudad de México resultan reveladoras de la función del Consejo de Indias en el ejercicio de la autoridad en América y de su impacto en el mundo colonial.

  • 21 Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, 5 vols., prólogo de M. A. Ochoa Brun, Madrid, 1972.

13La lejanía, tanto geográfica como funcional, de la institución supervisora favorecía las intervenciones externas al sistema administrativo que pretendían llenar los vacíos existentes. El proceso de los oficiales reales de la ciudad de México instruido por la Audiencia muestra que algunos virreyes intervenían regularmente en el curso de los procedimientos. Atentos a las quejas o deseos que unos u otros expresaban, sus decisiones anulaban las decisiones anteriores e imponían una nueva orientación. Es cierto que, en cuanto presidentes de la Audiencia, sus intervenciones eran jurídicamente legales y legítimas; sin embargo, jurídicamente, su función se limitaba más al ejercicio de la supervisión que al de una verdadera autoridad sobre los magistrados del tribunal,21 por lo que era frecuente que sus intromisiones, consideradas como abusivas por los magistrados, alimentasen polémicas y conflictos internos de autoridad, lo que a su vez contribuía a la inmovilidad administrativa. Consecuentemente, el meollo de la reflexión sobre la administración en América lo constituye el impacto de las rivalidades internas de la administración colonial —donde cada servicio era más cuidadoso de su prestigio y autoridad que de la verdadera aplicación de las consignas venidas del otro lado del Atlántico— sobre el ejercicio real del poder y las anomalías a que esas rivalidades daban pie.

14La presencia de los visitadores nombrados en Madrid para investigar los abusos administrativos llegaba a ser, más a menudo, un factor suplementario de inmovilización de la maquinaria gubernamental. Las tensiones a que daba lugar, la lucha de intereses que esas tensiones revelaban, las alianzas defensivas que se forjaban, el entorpecimiento de las instituciones judiciales que se desprendía de unas y otras, todo contribuía a hacer inoperante esa herramienta de supervisión que representaba el sistema de visitas. Consecuentemente, los meandros del proceso de los condenados de 1728, sometido como estuvo a las presiones de intereses diversos y contradictorios, revelan precisamente la difícil supervisión de la realidad americana por parte de la metrópoli. Las restricciones que pesaban sobre la administración pronta y expedita de la justicia, así como la debilidad de los medios de supervisión imaginados en España, se expresaban entonces muy particularmente a través de las redes de relaciones tejidas en torno a cada actor del proceso. Como lo confirman los recursos que ejercieron los condenados de la ciudad de México, esas relaciones estaban siempre dispuestas a actuar, tanto localmente, en la propia América, como en ultramar. Así, para comprender la administración colonial y la compleja realidad del funcionamiento del sistema administrativo, se impone necesariamente el examen de las redes relacionales, esto es, de su génesis, su naturaleza y su eficacia.

15Finalmente, el prolongado proceso entablado en contra de los oficiales reales de la ciudad de México permite entrever el lugar que la corrupción ocupaba en la maquinaria administrativa. Su frecuente denuncia por hombres pertenecientes a los diversos grupos de la sociedad colonial demuestra que constituía una práctica corriente en el ejercicio del poder. La multiplicidad de las visitas y procesos, comparables a la que afectó a la real caja de la ciudad de México durante más de un decenio, proporciona el mejor testimonio de ello. Lejos de ser accidentales, las prácticas abusivas de extorsión, malversación, enriquecimiento ilícito, etcétera, ilustran el funcionamiento cotidiano del aparato administrativo.

  • 22 Bernard Lepetit, “De l’échelle en histoire”, en Jacques Revel (coord.), Jeux d’échelles. La microa (...)

16Por excepcionales que puedan parecer su severidad y la duración del proceso, al que, no obstante, únicamente puso un punto final temporal, la sentencia dictada en Madrid en ese día de noviembre de 1728 presenta la administración de la Real Hacienda de la Nueva España desde un enfoque particularmente rico y complejo: su funcionamiento, oscilante entre la aspiración metropolitana de mayor eficacia y las restricciones que imponía la actuación de las redes de relaciones, se revela caótico y desordenado. Así, lo que ahora se hace necesario analizar minuciosamente es ese caos, esos desórdenes, todos muy reales, planteándose interrogantes sobre el ejercicio del poder y sobre los abusos de los agentes de ese sector administrativo. Independientemente de las anécdotas, a veces sabrosas, de lo que se trata es de llevar a cabo una reflexión acerca de la realidad del funcionamiento administrativo; consecuentemente, lejos de rechazar lo que podrían parecer tan sólo incidentes de recorrido, lo que se intenta es, por el contrario, evaluar su representatividad. Con ese propósito, se buscará situar el lugar de los abusos tanto en el espacio como en el tiempo, para así contribuir a fijar los rasgos de esa práctica administrativa colonial. Al mismo tiempo, se reflexionará sobre los factores internos de la administración colonial que contribuyeron al florecimiento de esas prácticas. Al hacer lo anterior, y después de eliminar el carácter puntual de las anécdotas, se ve que éstas resultan, por el contrario, reveladoras de una realidad desconocida, ya que ésta fue siempre más o menos secreta. En ello reside precisamente el interés del proceso entablado en contra de los oficiales reales de la ciudad de México entre 1712 y 1728: debido a la multiplicidad de las acusaciones enunciadas y a la diversidad de los acusadores que se sucedieron durante cerca de 20 años, ese episodio, que tuvo que padecer en su desenvolvimiento la pesantez de la maquinaria judicial colonial, se transforma en un modelo a escala de la administración colonial.22 El tan prolongado proceso, centrado en la cuestión de los pagos no autorizados, abarcaba en realidad muchos otros malos manejos reveladores de las dificultades de funcionamiento del aparato administrativo colonial, aunque no por ello es menos cierto que el análisis del tráfico de las libranzas, que constituía un caso típico del abuso de poder por parte de los oficiales reales, proporciona un enfoque particularmente vivido de las anomalías administrativas.

DEL ABUSO DE PODER A LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

  • 23 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, f. 21 v.
  • 24 Testimonio de los autos fechos a pedimiento de los oficiales reales de esta corte: agi, Audiencia (...)

17Para comprender los mecanismos de la corrupción que las prácticas de los oficiales de la Real Hacienda de México ponían en movimiento, resulta útil, en primer lugar, reconstituir el recorrido habitual que seguía una libranza expedida a cargo de la Real Hacienda. La cuestión era delicada, a juzgar por la simple observación de los debates a que dio lugar durante más de medio siglo, que opusieron a virreyes, Audiencia, Tribunal de Cuentas y oficiales reales. En el marco de la visita confiada a Francisco de Barbadillo Victoria, Prudencio de Palacios, fiscal de la Audiencia, mencionaba el recorrido administrativo legal que seguía toda libranza expedida a cargo de una real caja.23 En 1731, el tono de la querella se envenenó: una virulenta polémica estalló entre los oficiales reales y el Tribunal de Cuentas, antes de que, en 1738, el Consejo de Indias le pusiera término secamente.24 Los debates, sostenidos entre 1720 y 1740, y las medidas adoptadas, así como su puesta en práctica, permiten descubrir las normas legales que debía cumplir el pago de una libranza.

  • 25 agi, Audiencia de México, legajo 562, f. 8 v.

18La regla básica concerniente a la expedición de toda libranza a cargo de una real caja se basaba en el axioma que recordaba el doctor en derecho Antonio de Meléndez en julio de 1731: “Es cierto que nada se paga de hacienda en dicha real caxa sin previo mandato de su grandeza [esto es, el virrey]; lo es también que el superior magistrado […] solo puede librar contra la Real Hacienda lo que fuere conforme a órdenes de Su Magestad y no lo que fuere opuesto a ellas y a las leyes y reales cédulas”.25

  • 26 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 34.

19Por lo demás, en el momento en que se hacían cargo de su responsabilidad, como lo hizo el duque de Linares en 1711, los virreyes recordaban sistemáticamente la autoridad y superioridad virreinales en ese sensible terreno;26 sin embargo, las restricciones a la indiscutible autoridad del virrey, integradas en los propios textos, implicaban el recurso a ciertos contrapoderes, fuente permanente de rivalidad, debate e interpretación opuesta de los textos.

  • 27 En realidad, todo un conjunto de leyes hacía responsables a los oficiales de la Real Hacienda de l (...)

20En efecto, los oficiales de una real caja debían establecer la legalidad de toda libranza expedida por el virrey a cargo de esa real caja, como lo precisaban las leyes de la Recopilación de leyes de Indias.27 Los oficiales reales, que estaban autorizados a rehusar todas las libranzas de las que sospecharan la menor falta de conformidad, podían oponer su veto en dos ocasiones consecutivas a una misma libranza. En el caso en que el virrey mantuviese su orden de pago, debían advertir de ello a la Audiencia en la persona de su presidente o su fiscal y únicamente debían efectuar el pago que habían puesto en tela de juicio una vez que el beneficiario hubiese hecho el depósito de una fianza.

  • 28 Según Prudencio de Palacios, el visto tenía claramente un doble significado: se aplicaba, en prime (...)

21Al mismo tiempo, para que se pudiese pagar, toda libranza expedida a cargo de la Real Hacienda debía llevar el visto de los contadores del Tribunal de Cuentas, quienes certificaban que habían tomado conocimiento de la libranza asentando en ella dicho visto. ¿Qué valor tenía esa inscripción? ¿Era un “visto bueno” que, en cierta manera, libraba de responsabilidad al oficial real pagador? ¿Era, más simplemente, un testimonio del paso de la libranza por los servicios del tribunal, lo que de ninguna manera impedía que el oficial real pagador realizara la verificación necesaria? Esa breve inscripción, ambigua a más no poder, se convirtió en la brecha por donde se precipitaron las interpretaciones contradictorias de los textos legislativos;28 y, sobre todo, ofreció una excelente justificación para todo tipo de prácticas en el pago de las libranzas.

22Cada visita impuesta a la administración de la Real Hacienda en los siglos xvii y xviii fue la ocasión de un intento de aclaración de los textos, demasiado imprecisos. En ese terreno, la actuación que tuvieron en 1679 el visitador Juan Sáenz de Moreno y su auxiliar Juan Bautista de Mendrice sigue siendo probablemente ejemplar: en un informe circunstanciado sobre la cuestión del visto, el primero aconsejaba que su inscripción se convirtiese en una garantía:

  • 29 agi, Audiencia de México, legajo 632, ff. 14-16. Prudencio de Palacios estableció su interpretació (...)

[…] del examen y expeculación de la calidad de la libranza para que habiendo en ella reparo o contravención de reales órdenes puedan representarlo al exelentísimo señor virrey o no poner la vista sin el cual requisito no se pagará, estando advertido de ello [los] oficiales reales pués esta obligación no solo es suia y del señor fiscal sino también de los señores ministros dedicados a el servicio y administración de la Real Hacienda […].29

  • 30 agi, Audiencia de México, legajo 632, ff. 21 y 62.

23No obstante, ese tipo de propuestas provocaba sistemáticamente la cólera del Tribunal de Cuentas, que se rehusaba a adoptar esa responsabilidad y, así, impedía que progresara toda precisión legislativa. En ese 1679, al igual que más tarde, en 1738, cuando los oficiales reales de la ciudad de México retomaron esas propuestas, las opiniones sucesivas y contradictorias del fiscal, del Real Acuerdo y, después, del propio Consejo de Indias, dejaron sin cambio esos proyectos, dado que, en su respuesta, este último se limitó a recordar a unos y a otros que su única guía debían ser las leyes de la Recopilación, en espera de la publicación de decisiones ulteriores, ¡que nunca llegaron!30

  • 31 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, ff. 106-121.

24La legislación, a la que regularmente se ponía en tela de juicio y en ocasiones se enriquecía con nuevas cédulas, pero que nunca se precisó verdaderamente a todo lo largo de los siglos xvii y xviii, siguió siendo lo suficientemente ambigua como para permitir que todo oficial real poco escrupuloso actuara a su antojo. El extenso testimonio del oficial segundo Manuel Ángel de Villegas Puente, presentado en julio y agosto de 1725 y consignado por el oidor Francisco de Barbadillo Victoria, pone claramente en evidencia las prácticas abusivas.31 Las libranzas expedidas a cargo de la real caja de la ciudad de México superaban siempre la capacidad de pago de ésta; consecuentemente, ¡sus oficiales se veían obligados a seleccionar las que habrían de preferir! Con mucha frecuencia, otorgaban la prioridad a los pagos destinados a la administración en general, los presidios o cualquier otra institución en virtud de su carácter oficial; por el contrario, todos aquellos destinados a particulares sin prerrogativas administrativas en particular sufrían demoras para su cobro que podían cifrarse en meses, e incluso años. Y ahí es donde la mano izquierda de los oficiales reales entraba en liza: todo pago que no contara con la ventaja de los apoyos o recomendaciones de las autoridades se negociaba con los acreedores: el arreglo comprendía la parte del pago —es decir, las regalías— que el beneficiario aceptaba condonar a los oficiales reales. La habilidad de estos últimos, en otras palabras, su capacidad para imponer su posición de fuerza, determinaba la tasa de deducción.

25A partir de los testimonios obtenidos por Francisco de Barbadillo Victoria, es posible determinar las principales bazas con que los oficiales reales jugaban en esas negociaciones; así, el monto global de la suma que se debía pagar desempeñaba una función determinante. En efecto, la tasa de deducción se hacía más pesada proporcionalmente al monto del crédito, en virtud de un axioma que corresponde al terreno de lo evidente: cuanto más elevada fuese la suma, tanto mayor sería la dificultad para encontrar los fondos necesarios para su pago; también se tomaba en consideración la fecha de expedición de la libranza: su antigüedad, que daba pruebas de la dificultad de su cobro, hacía más exigente la intervención de los oficiales reales; y, en fin, por supuesto, el nombre del beneficiario no era indiferente: evidentemente, su peso económico y su prestigio social o el de sus relaciones le ahorraban tasas de deducción excesivas.

  • 32 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuadernos 1, 2 y 16.
  • 33 Archivo General de Notarías de México (agnm), Notaría 307, libro 2111, ff. 3 y ss.
  • 34 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 107.
  • 35 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 1-9, y cuaderno 27, f. 161. Según el virre (...)

26La combinación de los diversos criterios de evaluación de las regalías se traducía de una manera muy concreta en el plano económico. En los casos mencionados por los testigos, entre un tercio y la mitad del valor de las libranzas terminaba su recorrido en manos de los oficiales reales. ¿Debe considerarse como excesiva la práctica de las deducciones tan altas? ¿No era, antes bien, el resultado de la mala voluntad de los testigos con respecto a los inculpados? Si bien es cierto que es muy difícil zanjar en esos asuntos, por naturaleza secretos, parece ser que la diversidad de los testigos que declararon en el mismo sentido tiende a reforzar la veracidad de las declaraciones recogidas;32 pero hay mucho más: independientemente de las afirmaciones de los testigos, el proceso de los oficiales reales de la ciudad de México establece la existencia de un verdadero mercado de libranzas pendientes de pago y confirma la importancia del tráfico que tenía lugar en él. El mercado superaba con mucho la simple jurisdicción de la real caja: en realidad, se extendía hasta la metrópoli, donde los oficiales reales negociaban por sí mismos, o mediante intermediarios, el “valor” de las libranzas. Así, en ocasión de un viaje a España en 1720-1721,33 Pedro Alejo López de Cotilla barrió en la plaza de Madrid con todas las libranzas expedidas a cargo de la real caja de México que pasaron cerca de sus manos. El negocio era apetecible: el valor comercial de los papeles se negociaba a la mitad de su valor nominal.34 Como se ve, realmente existía una verdadera bolsa de libranzas en la que los oficiales reales de la ciudad de México participaban directamente y cuya importancia no se puede pasar por alto: después de que López de Cotilla regresó de España, el total de pagos efectuados por ese motivo entre enero de 1723 y mayo de 1725 representó cerca de 320 000 pesos.35

  • 36 Idem.

27Tales prácticas, mantenidas a tal escala, vaciaban regularmente la real caja a expensas de los pagos prioritarios, que cada vez eran más aleatorios, por lo que, independientemente del abuso de poder que se ha caracterizado, lo que los instigadores de la pesquisa que se ordenó en contra de los oficiales reales de la ciudad de México se habían fijado como objetivo era sobre todo ese peligro: desde que tomó el poder, el marqués de Casafuerte prohibió a la real caja de esa ciudad todo pago sin su autorización expresa. Ahora bien, a pesar de su prohibición formal, en el informe que dirigió al Consejo de Indias con el acta de acusación de los tres oficiales reales, no tuvo más remedio que confirmar que “[…] prescindiendo de otros excesos que resultan de los autos, el haber pagado 323 840 ps. clandestinamente contra mi orden es la principal culpa”.36

  • 37 Como lo subrayaba en junio de 1725 el fiscal de la Audiencia, Prudencio de Palacios: para hacer fr (...)

28En ello precisamente residía la principal amenaza para la buena marcha de la administración, dado que portaba el germen de la desestabilización del orden colonial por su incapacidad para satisfacer las necesidades de funcionamiento del sistema.37

  • 38 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 119. La presentación de los fiadores por to (...)

29Por lo demás, como lo da a entender el informe del virrey, ello no impedía que esos peligrosos abusos estuvieran lejos de ser los únicos de los que los oficiales reales se hacían culpables. Es cierto que, por las prácticas que implicaba y la importancia que había adquirido, el asunto de las libranzas se convirtió en la punta de lanza en la batalla que se libró en contra de los tres oficiales reales, pero no por ello pasaron a un segundo plano los otros cargos de la acusación hechos en su contra en el marco de la pesquisa; muy por el contrario, fueron presentados como la prolongación de los excesos ya mencionados. En realidad, la percepción de sobornos superaba en gran medida el simple caso del pago de las libranzas. Según los acusadores de los oficiales reales, todo acto administrativo, por banal que fuese, se negociaba con estos últimos por montos variables, aunque no insignificantes: un simple certificado, en el que se acreditaba el establecimiento de la lista de fiadores de Sebastián de Azeburu, quien acababa de obtener el arrendamiento del pulque de México en subasta pública, costó al arrendatario una “dádiva” de 300 pesos a los oficiales reales de la ciudad de México.38 Con todo, ese abuso de poder característico, vinculado con una práctica administrativa fundamentada en la inexistencia de la noción de “servicio público”, dista mucho de ser una especificidad colonial, puesto que se encuentra en el funcionamiento administrativo mexicano contemporáneo bajo el calificativo de “mordida”, aunque no por ello sea menos cierto que la banalidad de las extorsiones sistemáticas, condenable en opinión de los administrados, justificaba que éstos denunciaran regularmente a los oficiales reales.

  • 39 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 6, f. 132.
  • 40 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 70.

30El pago intempestivo de las libranzas repercutía inevitablemente en los balances de la real caja con la aparición de los descubiertos, que en ocasiones eran espectaculares. Por lo demás, la cacería del descubierto era una de las funciones asignadas a los contadores del Tribunal de Cuentas y de los visitadores en general. De esa manera, en junio de 1725, el contador del Tribunal de Cuentas, nombrado a solicitud del visitador Francisco de Barbadillo Victoria para verificar la contabilidad de los inculpados de la real caja de la ciudad de México, descubrió un desfalco de 81 330 pesos, resultante del pago de 78 304 pesos negociado por Pedro Alejo López de Cotilla con unos acreedores metropolitanos.39 Para poder evitarse las iras de los supervisores, los recursos con que contaban los oficiales reales eran muy pocos; y el que más comúnmente utilizaban residía en la manipulación de los documentos contables. Teóricamente, los oficiales de las reales cajas estaban sujetos a la obligación de llevar diversos libros de cuentas, según las diferentes operaciones a que tenían que hacer frente; y, normalmente, los libros, en los que hacían los asientos de las operaciones efectuadas, no podían abandonar la real caja bajo ningún pretexto; de esa manera, el conjunto de sus colegas podía verificar permanentemente los asientos que un oficial real hacía en los libros de su servicio. Ahora bien, como llegó a explicarlo al visitador un antiguo oficial segundo de la real caja de México, Diego de Auti Ayala Cano, las reglas normales de funcionamiento de la real caja sufrían una alteración los días de pago ilegal de las libranzas. De ordinario, un oficial subalterno, Manuel Ángel de Villegas Puente en el caso del periodo considerado, bajo la supervisión de Manuel Ximénez de los Cobos, redactaba las actas cotidianamente; sin embargo, el día de pago ilegal de las libranzas, éstas no le eran remitidas a Manuel Ángel de Villegas Puente para su inscripción en el libro de actas: Manuel Ximénez de los Cobos se llevaba a su casa esas libranzas para hacer los asientos correspondientes directamente en el libro de cuentas de la tesorería, que él guardaba en su poder. Aun cuando Diego de Auti Ayala Cano rehusó sacar claramente las conclusiones de su testimonio, no por ello dejó de dar a entender que ése era un medio de “arreglar” los datos asentados en el libro de la tesorería.40

  • 41 Probablemente sea excesiva la estimación que propuso Manuel Ángel de Villegas Puente; sin embargo, (...)
  • 42 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 103.

31Por lo demás, el testimonio complementario de Manuel Ángel de Villegas Puente, ofrecido en agosto de 1725, no deja duda alguna acerca de las manipulaciones de los inculpados con los libros de caja: ese oficial denunció confusamente la omisión del registro de créditos a cargo de la real caja, muy particularmente los correspondientes a los diezmos, así como la marcada infravaloración de ciertos débitos o créditos; y llegó incluso a proporcionar una idea de la magnitud de las manipulaciones contables: ¡los oficiales reales podían asentar de 20 a 40 pesos, en lugar de 1 000 pesos!41 Asimismo, los pagos que efectuaban en detrimento de la real caja se hacían lo más a menudo en el domicilio de uno de los oficiales reales responsables, es decir, fuera de toda supervisión.42

  • * Véase el glosario.
  • 43 Copia de consulta que hizo el marqués de Villamediana al virrey marqués de Casafuerte el 28 de set (...)
  • 44 Idem.

32Un informe del regente del Tribunal de Cuentas de México, dirigido al virrey en septiembre de 1726, sirve para confirmar el más que deplorable estado de los libros de cuentas de la real caja de la ciudad de México. En él, el marqués de Villamediana enumeró las anomalías observadas tan sólo en lo concerniente al periodo que abarcó los meses de enero a agosto de 1726: omisión del asiento de los plazos otorgados para el pago de 8 535 pesos que el beneficiario de la venta en subasta de unos bienes embargados en Tampico debía efectuar a la real caja; omisión del asiento de la suma que debía el comprador de un oficio de fiscal, esto es, más de 5 000 pesos; omisión sistemática de los asientos en los libros de cuentas de los impuestos sobre el dinero en metálico —lo que significaba pérdidas equivalentes a más de cinco marcos* de plata durante el periodo a que se refería el regente—, y falsificación de los montos presentados a la real caja; además de cortes, borraduras y alteraciones sobre diferentes folios de los libros, falta de numeración de tres folios y añadidura de folios ajenos a los libros de cuentas.43 La pésima teneduría de los documentos contables imponía a los responsables encargados de la verificación de las cuentas un trabajo lento y de difícil confrontación a partir de los diferentes cuadernos existentes, lo que, en el mejor de los casos, únicamente les permitía hacerse una idea más que aproximativa de los verdaderos movimientos de fondos en la real caja en consideración.44

  • Véase el glosario.
  • 45 agi, Escribanía de cámara, legajo 268c, cuaderno 1, f. 71.

33A esos abusos de poder, que se traducían en la fabricación de documentos administrativos falsos y en la violación de las reglas de funcionamiento de la real caja, los inculpados de la ciudad de México añadieron otras prácticas igualmente reprensibles. En febrero de 1726, el fiscal del Consejo de Indias enumeró las bases de inculpación suplementarias aceptadas contra ellos. Los acusó de diversas manipulaciones en ocasión de las operaciones de incautación de dinero en metálico que no habían cumplido con el quinto. En mayo de 1725, por ejemplo, después de haber incautado una cantidad de dinero no precisada, destinada a pagar mercaderías importadas por la compañía inglesa del asiento, los oficiales reales se repartieron con los denunciantes una buena parte del botín: estos últimos recibieron la tercera parte de lo confiscado y los oficiales reales sólo conservaron la sexta parte; pero, en lo concerniente a la parte que correspondía al rey, ¡los oficiales reales se contentaron con pagarle tan sólo el equivalente al impuesto que normalmente se debía pagar! Así, el fiscal del consejo denunció la falta de rigor de los oficiales reales y su connivencia con la compañía inglesa del asiento y los acusó de librarse a un fructífero comercio de contrabando a través de dicha compañía. Para sacar adelante el tráfico, falsificaban los documentos que elaboraban en el momento de las confiscaciones, en franca y abierta complicidad con la compañía inglesa y sus compinches locales; de esa manera, se contentaban con imponer únicamente sanciones mínimas a los transgresores, obligando de paso a los traficantes a compensarlos por su complacencia para con ellos.45 El testimonio de Juan Sáenz Cano, interrogado en julio de 1725, apuntala lo dicho sobre ese tipo de negocio, relacionado sistemáticamente con las mercaderías confiscadas: después de la confiscación de unos artículos de contrabando que llevó a cabo el alcalde mayor de Tampico, Pedro Alejo López de Cotilla buscó procurarse esos bienes para su comercio personal. Por lo demás, el método descrito es revelador de las prácticas de los oficiales de la Real Hacienda:

  • 46 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 43.

Intentó D. Alexo López de Cotilla sacarse los géneros a D. Gaspar de Arredondo, administrador de una tienda que tiene dicho Alexo […] para la cual disponía que D. Manuel Ángel de Villegas Puente hiciera la cosa de suerte que no se publicase para que se rematasen con el maior secreto o la maior ocultación para que no hubiera postores de suerte que su cajero no tuviera opositores.46

  • 47 Idem.

34Es cierto que, en ese caso preciso, el negocio se fue a pique por el rechazo de Manuel Ángel de Villegas Puente a colaborar sin una orden escrita de sus superiores;47 pero, por un fracaso en dicho asunto, ¿cuántos éxitos hubo cuyos beneficiarios no fueron a vanagloriarse ante el visitador?

  • 48 agi, Escribanía de cámara, legajo 268c, cuaderno 10, ff. 318-332. La lev preveía su embargo y el d (...)

35En un informe dirigido al Consejo de Indias en noviembre de 1728, el fiscal de la Audiencia de México, Prudencio de Palacios, reanudó el conjunto de las acusaciones hechas en contra de los oficiales reales de la ciudad de México y analizó minuciosamente sus mecanismos. En dicho informe añadió, en lo que constituía un acta de acusación, las prácticas delictuosas de los inculpados relacionadas con el contrabando: a todo lo largo del proceso de confiscación de mercaderías, hecha en contra de la compañía inglesa del asiento, no cesaron de tratar indulgentemente al responsable de esta última, Cathlin Torangoad, para acusar a los subordinados locales; así, sus únicos inculpados fueron un modesto comerciante de la compañía, Robert Merdonald, y su representante en la Nueva España, un tal Cabrera. Tal actuación resultaba particularmente ventajosa para los contrabandistas, puesto que, al restarle importancia a la implicación de los verdaderos responsables de ese tráfico, aseguraba la perpetuación del sistema; asimismo, dado que por lo general los delincuentes a quienes se persiguió resultaron insolventes, las sanciones impuestas no pudieron constituir una amenaza para la solidez de la empresa. Por lo demás, los oficiales reales no mostraron un celo tenaz en el transcurso de los procedimientos judiciales que llevaron a cabo: interrogaron a los testigos ingleses sin recurrir a un intérprete, aceptaron el registro de testimonios vagos y dejaron en libertad a los inculpados, permitiéndoles, de esa manera, embarcarse y desaparecer para siempre. Finalmente, contraviniendo la ley, los oficiales reales se contentaron sistemáticamente con llevar a cabo confiscaciones mínimas en comparación con el valor de las mercaderías de que se trataba.48

36Tales eran los diversos abusos, fraudes y otras estafas perpetrados a gran escala en la real caja de la ciudad de México a comienzos del siglo xviii que la prolongada visita que se llevó a cabo a instigación del juez Prudencio de Palacios permite reconstituir; sin embargo, por espectacular que hubiere sido el proceso de los tres oficiales reales, ¿se puede pasar de él al estudio de la práctica administrativa colonial, extendiendo ese caso concreto que se ha presentado al conjunto de la administración de la Real Hacienda? Lo anterior quiere decir que no se puede evitar la siguiente alternativa: ¿corresponde el proceso de los oficiales reales de la ciudad de México de comienzos del siglo xviii a lo accidental o lo excepcional, o bien, se trata tan sólo de un ejemplo particularmente bien documentado de una práctica administrativa en la que la diversidad de los abusos de poder únicamente era equiparable a su banalidad?

INTENTO DE MEDICIÓN DE LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DELICTUOSAS A LA ESCALA DE LA NUEVA ESPAÑA

37Para intentar hacer una medición mínima de las prácticas delictuosas con el propósito de comprender la extensión de unos delitos que por naturaleza eran secretos, el principal recurso disponible reside en la utilización de las fuentes judiciales. Esos archivos contienen las pruebas testimoniales de las diversas visitas llevadas a cabo en la Nueva España entre 1660 y 1780 y dedicadas total o parcialmente, al menos, a la administración de la Real Hacienda. Muchas de ellas, conocidas con el nombre de visitas de comisión, se aplicaban a un aspecto particular de la administración de una real caja. Esas comisiones, calificadas también como ordinarias, muy frecuentes, se complementaban con las visitas generales, que abarcaban el conjunto de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España. A diferencia de las primeras, las pesadas operaciones de verificación conocidas como visitas generales solamente eran organizadas de cuando en cuando. A unas y otras, en fin, se añadían puntualmente ciertas indagaciones criminales o pesquisas, que únicamente se aplicaban a hechos muy particulares y claramente definidos. Ahora bien, aun cuando, en el mejor de los casos, el conjunto de la imponente documentación judicial sólo permite hacer una estimación mínima de las prácticas delictuosas, puesto que únicamente se aplicaba a aquellas que hubiesen dado lugar a una pesquisa después de una denuncia, también permite ofrecer, mediante el simple expediente de prestar atención a la geografía de las visitas administrativas, una primera respuesta significativa a las interrogantes formuladas.

38En primer lugar, la documentación revela al observador tanto los principales lugares donde se suponía que existía la delincuencia administrativa como la preocupación de la administración metropolitana a ese respecto. En efecto, basándose en las diversas comisiones de visita encontradas, resulta posible elaborar un verdadero historial de los lugares donde efectivamente se presentaron los visitadores encargados de conocer sobre la situación de la administración de la Real Hacienda en la Nueva España (Véase el cuadro I.1).

CUADRO I.1. Número de visitas efectivamente realizadas a las reales cajas de la Nueva España (1660-1780)

CUADRO I.1. Número de visitas efectivamente realizadas a las reales cajas de la Nueva España (1660-1780)

Fuentes: véase el cuadro VII. 1, “Las comisiones de visita de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)”.

  • 49 agi, Escribanía de cámara, legajo 303a. La décima visita general llevada a cabo en Veracruz habría (...)

39La primacía absoluta de Veracruz no podría resultar sorprendente, porque es el resultado de la importancia que el puerto tenía en la administración fiscal. Los oficiales de la real caja de Veracruz, puerto exclusivo de la Nueva España en su comercio atlántico, veían pasar por sus manos lo esencial del tesoro americano que se exportaba a la metrópoli: los ingresos obtenidos de los diferentes impuestos que pesaban tanto sobre el comercio como sobre la minería, los extraídos del tributo indígena y las ventas de tierras, o bien, asimismo, de las cargas administrativas, etcétera; por lo tanto, el buen funcionamiento de esa institución era primordial y, consecuentemente, durante los periodos de mayor intensidad de las verificaciones, esto es, entre 1660 y 1680 y, después, entre 1710 y 1730, ¡las visitas del puerto se sucedieron a un ritmo de una cada cinco a seis años! Más concretamente aún, en ocasión de la visita llevada a cabo en Veracruz a partir de octubre de 1729 por Nicolás de Pozos, los oficiales reales justificaron su hostilidad contra este último so pretexto de su propio hastío ante la multiplicación de las visitas. Las resentían no únicamente como fuente de amenazas y sanciones que ponían en tela de juicio su futuro y, en ocasiones, el de sus allegados, sino también como una perturbación que se imponía a la buena marcha de su real caja; sin embargo, el argumento particularmente interesado de los oficiales reales no puede ocultar una realidad muy concreta: la llegada de Nicolás de Pozos correspondía a la novena visita, cuyo recuerdo todavía guardaba la real caja en esa fecha.49

40La importancia que se acordaba a Veracruz se correspondía con la diversidad y continuidad de los abusos que se habían observado ahí, de lo que da pruebas la reiteración de los cargos aceptados en contra de sus oficiales reales entre 1660 y 1780, cargos que iban de la falta de rigor más ordinaria hasta una estrecha complicidad con los contrabandistas: autorización del desembarque de mercaderías extranjeras o sin registrarlas; connivencia en ocasión de la reventa de esas mercaderías; complicidad en las más diversas prácticas que permitían el embarque de mercaderías sin registrarlas; aceptación de documentos contables falsos de parte de los capitanes de galeón; simulación de confiscaciones de mercaderías ilegales, que posteriormente se reintroducían al circuito comercial, etcétera. Tales actos equivalían a “negociar” con los traficantes en posición de fuerza para sonsacarles las regalías, que iban a engrosar una caja negra bautizada como “cochino”. Los oficiales reales o sus incondicionales administraban los fondos que obtenían, los cuales servían para cubrir los gastos de funcionamiento que no reconocía la administración real y, muy particularmente, permitían asegurar el pago de salarios de los auxiliares de la real caja que trabajaban fuera de todo reconocimiento oficial; asimismo, esos fondos servían para pagar las diversas primas que se distribuían a todo el personal administrativo de la institución.

  • 50 Sobre la base de los otros testimonios, teniendo en cuenta el hecho de que la importancia de esa d (...)

41Las extorsiones se establecían conforme a tablas estrictamente codificadas que, a finales del siglo xvii, comprendían una parte pagadera en especie y el resto en metálico (véase el cuadro I.2). Basándose en la información obtenida en ocasión de la visita llevada a cabo por el juez Juan de Gárate y Francia, se llega a la conclusión de que las concusiones alcanzaban sumas considerables. En el caso del galeón Marañón, de Caprasio Suárez, cuyo cargamento sin registro representaba más de 3 000 fanegas de cacao, de un total de 5 538, las malversaciones se elevaron a cerca de 10 000 pesos. A los montos fijos que dedujeron los responsables del puerto —80 pesos para los guardias y, en el momento del arribo, un pago suplementario cuyo monto exacto se ignora—,50 se añadió una suma de más de 9 000 pesos que dedujeron los oficiales de la real caja conforme a la tabla en vigor para el pago del buen pasaje.

CUADRO I.2. Extorsiones que imponía la aduana de Veracruz (1676)

CUADRO I.2. Extorsiones que imponía la aduana de Veracruz (1676)

ABREVIATURAS: £ = libras; ps. = pesos; rs. = reales.
FUENTES: interrogatorio de Gerónimo Duarte, dueño del galeón, en enero de 1676: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 12, ff. 139-147; interrogatorio de Juan de Salazar, guardia de contaduría, en enero de 1676: legajo 295b, cuaderno 12, ff. 179-183, y, en febrero de 1676: legajo 295b, cuaderno 5, f. 34; interrogatorio de Antonio Fernández, maestre de galeón, en enero de 1676: legajo 295b, cuaderno 23, ff. 58-63; interrogatorio de Gonzalo Gatón y Valdés, piloto de galeón, en enero de 1676: legajo 296a, cuaderno 23, ff. 47-51; interrogatorio de Bernardo de Medina, maestre-piloto de galeón, en enero de 1676: legajo 296a, cuaderno 23, ff. 38-42; interrogatorio de Manuel de Escobar, en febrero de 1676: legajo 295b, cuaderno 5, f. 11; interrogatorio de Francisco Castellano, guardia de contaduría, en febrero de 1676: legajo 296b, cuaderno 27, ff. 112-121; interrogatorio de Sebastián Guillén, marinero: legajo 295b, cuaderno 13, ff. 44-51.

  • 51 Estos datos fueron obtenidos por Juan de Gárate y Francia; véase Michel Bertrand, “Sociétés secret (...)

42Independientemente del caso particular de ese único galeón, también es posible estimar las sumas relacionadas con el comercio de cacao obtenidas mediante extorsión por los responsables del puerto entre 1666 y 1673.51 De las 51 546 fanegas declaradas por las aduanas de Veracruz durante ese periodo, el visitador estimó el monto de los fraudes en 40 % de ese total, esto es, 20 618 fanegas. Lo anterior quiere decir que, en siete años, las sangrías impuestas a los comerciantes en el puerto de Veracruz representaron más de 51 000 pesos, es decir, 7 000 pesos por año únicamente por concepto del buen pasaje.

43La visita que llevó a cabo José de Gálvez cerca de un siglo más tarde también ofrece un enfoque estimado de las malversaciones que cometieron los agentes de la aduana de ese mismo puerto (véase el cuadro I.3). Si bien es cierto que algunas malversaciones se repiten sin grandes modificaciones, también lo es que el ánimo que predominaba en el momento de su percepción había llegado a ser muy diferente. La principal originalidad del sistema que se estableció en el transcurso del siglo xviii residía en su aparente legalidad. En efecto, cuando se pone en relación las extorsiones aduanales con los impuestos que legalmente se debía pagar en el puerto de Veracruz, resulta posible determinar con precisión las condiciones y la extensión de los abusos que se cometían (véase el cuadro I.4). Así, la comparación de los datos muestra que las sangrías se llevaban a cabo en el marco del desenvolvimiento normal del funcionamiento administrativo: en realidad, la extorsión se limitaba a una sobretasa que se imponía a cada derecho legalmente establecido. La ventaja era evidente: una gran discreción, una estimación más amplia de la base de las percepciones —lo que permitía imponer tasas más bajas— y, por consiguiente, una menor resistencia de las víctimas.

CUADRO I.3. Extorsiones impuestas por la aduana de Veracruz (1765-1766)

CUADRO I.3. Extorsiones impuestas por la aduana de Veracruz (1765-1766)

ABREVIATURAS: ps. = pesos; rs. = reales; pda. = partida; fs. = fanegas; bars. = barriles; @ = arrobas.
FUENTES: interrogatorio de Pedro Truxillo, en julio de 1766: AHN, Consejos, legajo 21 463, documento 5; interrogatorio de Pedro Juan Fernández, ex escribano, Juan de Maiora, comerciante, José Madrigal, dueño de galeón, Juan Manuel Sierra, comerciante, Bernardo Rodríguez del Toro, comerciante, Bernardo de Amat, capitán de galeón, Ignacio de Legazi, comerciante, Juan Bautista Torrántegui, comerciante, y Nicolás Lazo de la Vega, comerciante, entre enero y mayo de 1766: AHN, Consejos, legajo 21 463, documento núm. 4.

  • 52 Probablemente su ausencia no significa que esos galeones escaparan totalmente a los gravámenes fra (...)
  • 53 A partir de los balances anuales hechos oficio por oficio, se pudieron encontrar las sumas proveni (...)

44Los beneficios que se obtenían mediante esas prácticas casi no diferían de los que se obtenían un siglo antes. La gama que los testigos ofrecían en lo concerniente a las sumas que se obtenía mediante la extorsión variaba de 2 000 a 8 000 pesos por año, diferencias que sin duda alguna correspondían a las fluctuaciones de la coyuntura comercial del puerto; sin embargo, para la mayoría de los testigos interrogados, el valor promedio anual se situaba más bien alrededor de los 7 000 pesos. Si se considera que los testigos eran ante todo comerciantes dedicados a la carrera de Campeche y al comercio de cacao, es legítimo admitir que su información se refiere exclusivamente a ese tipo de comercio, por lo que, para tener una idea más completa de lo que las extorsiones pudieron representar en el transcurso del siglo xviii en provecho de los oficiales de la real caja de Veracruz, sería necesario agregarles las deducciones que imponían a los galeones provenientes de España y que, curiosamente, casi nunca aparecen en los documentos referentes a las visitas.52 Entre un año y otro, los oficiales reales recibían alrededor de una decena de miles de pesos únicamente por concepto del buen pasaje, cifra que sería necesario duplicar al menos o incluso triplicar si se quiere tomar en consideración el comercio con la metrópoli, que era mucho más importante. Una comparación entre el monto estimado de las extorsiones y el de las deducciones fiscales efectivamente percibidas por la real caja de Veracruz sobre el comercio portuario permite establecer la extensión del fenómeno. Entre 1660 y 1740, tan sólo los diversos impuestos y tasas que pesaban sobre el comercio de importación redituaron un promedio de 128 748 pesos por año.53 Lo anterior quiere decir que tan sólo el botín del tipo buen pasaje que se dedujo en Veracruz a expensas de las mercaderías importadas representó entre 10 y 20 % del valor de estas últimas.

CUADRO I.4. Derechos aduanales que se pagaban en el puerto de Veracruz (1720)

CUADRO I.4. Derechos aduanales que se pagaban en el puerto de Veracruz (1720)

a AHN, Consejos, legajo 21 463, documento 4, 1766.
ABREVIATURAS: ps. = pesos; rs. = reales; pda. = partida; ton. = tonelada.
FUENTE: Arancel de los derechos que se han de cobrar así en Cádiz como en los puertos de las Indias de los provistos en empleos, comerciantes, y dueños de galeones, en Reales decretos, órdenes y cédulas que el Consejo [de Indias] tiene en su tabla para lo que se ofresca sobre los respectivos asuntos de que tratan; BNM, ms. 19251, ff. 229-232 (t. 1, núm. 138, doc. 11, p. 65, del catálogo establecido por J. Paz, Catálogo de manuscritos referentes a América en la BNM, Madrid).

  • 54 La parte importante de la evolución equivale al nuevo método de cálculo de los impuestos que pesab (...)

45Independientemente del aspecto cuantitativo, la continuidad de las prácticas delictuosas en el puerto de Veracruz se presenta entonces como otro aspecto notable del fenómeno. A pesar de las adaptaciones de mera forma a las nuevas prácticas administrativas impuestas a todo lo largo del siglo,54 los oficiales reales del puerto lograban hacer engordar al cochino sin grandes dificultades. Finalmente, lo que se debe tener en cuenta es la adaptabilidad de los abusos administrativos: ni la sucesión regular de las visitas ni los repetidos intentos de reforma ni la voluntad explícita de la administración de llevar a cabo las verificaciones modificaron fundamentalmente el funcionamiento administrativo de la real caja de Veracruz.

  • 55 agi, Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 6, ff. 27 a 54, y cuaderno 28, ff. 1-4.
  • 56 AHN, Sección de Consejos, legajo 21464, documento núm. 30.

46Ahora bien, esa conducta se prolongaba con mucha frecuencia debido a la intervención directa de los oficiales reales en el mundo del comercio. Sacando ventaja de su posición, se apoderaban por la fuerza de las mercaderías fraudulentas con el propósito de venderlas en su propio beneficio, para lo cual transformaban sus casas en verdaderos almacenes ilegales; y, apoyándose en su autoridad administrativa, imponían sus condiciones de venta a los otros comerciantes del lugar: fijación de precios a su conveniencia, manipulación de las subastas públicas, limitación de la competencia e incluso prohibición de venta, en caso necesario. Por lo demás, cuando les faltaban los fondos requeridos por sus actividades, no se privaban de sangrar la real caja que se encontraba bajo su responsabilidad; así, se hacían a sí mismos préstamos gratuitos, tanto más tentadores cuanto que vivían en una economía frecuentemente privada de liquidez, y entonces aguardaban las sustanciales plusvalías esperadas para posteriormente reintroducir el capital sustraído. En realidad, no era raro que, con el tiempo, esos “préstamos” se tradujeran en un descubierto para la real caja, debido a que el prestatario se veía en la imposibilidad, momentánea o definitiva, de restituir los fondos sustraídos. Ese tipo de dificultades era frecuente, como lo revelan los cortes de caja sorpresa que llevaban a cabo los visitadores, que así medían la importancia de las salidas ilegales de reales fondos consentidas por los oficiales reales. El balance que se hizo en noviembre de 1729 de la contabilidad del impuesto sobre el vino creado en junio de 1720, cuya deducción estaba a cargo de la contaduría de Veracruz, demuestra la importancia de los descubiertos. De acuerdo con los registros de la aduana, los caldos de toda clase que desembarcaron y declararon las flotas entre 1722 y 1728 representaron 58 860 barriles, 2 182 frasqueras y 2 070 botijas. A ese cálculo, establecido por Nicolás de Pozos, se agregaban las cantidades confiscadas, así como las entradas clandestinas cuyo rastro pudo encontrar el visitador, estimadas en un mínimo de 1 024 pipas. En total, en ese año de 1729 debían encontrarse en la real caja 136 477 pesos provenientes del impuesto sobre el vino, fijado en 12 pesos la media pipa de vino y aguardiente y en seis pesos el cuarto de pipa de vinagre. Ahora bien, el visitador únicamente encontró el rastro de 93 384 pesos; en consecuencia, faltaban 43 093 pesos, malversados por los oficiales reales, suma que prácticamente correspondía a la información de que había dado parte el virrey Casafuerte en un informe al Consejo de Indias en septiembre de 1729, en el que estimaba esas pérdidas en 40 000 pesos.55 La visita general de José de Gálvez medio siglo más tarde reveló exactamente las mismas prácticas en la mayoría de los ramos de la real caja: en una veintena de años, tan sólo en el caso de la cochinilla, lo malversado fue el equivalente a 1 639 zurrones; y encontró la misma situación en la administración de los fondos provenientes de los derechos sobre la vainilla, el vino y, también, el cacao.56

  • 57 Ismael Sánchez Bella, La organización financiera de las Indias (siglo xvi), Sevilla, 1968.
  • 58 Por esa razón, Francisco de Siscara y Ramírez aparece bajo su propio nombre en los cuadernos de cu (...)

47Algo más banal y, también, menos arriesgado, dado que mantenía una forma exterior de legalidad, era el recurso de los oficiales reales al sistema de las facturas falsas. Éstas abarcaban todas las actividades que se pagaban con los reales fondos, muy especialmente las obras públicas relacionadas con el puerto y el aprovisionamiento de las flotas y la fuerza militar de San Juan de Ulúa. En el caso de esos negocios, debido a la precisión de las leyes que prohibían expresamente a los oficiales reales dedicarse al comercio,57 estos últimos preferían recurrir por lo general a testaferros; sin embargo, no es raro observar que ciertos acusados ni siquiera se preocupaban por adoptar tales precauciones.58 Una última categoría, en fin, era la concerniente, tanto en el puerto como en otros lugares, al incumplimiento de los reglamentos internos de la administración. Todos los visitadores designados para verificar la administración de esa real caja observaron unánimemente la misma falta de rigor, muy particularmente en lo relacionado con la falsificación de los libros de cuentas. Los abusos relativos a la teneduría de los libros de la real caja remiten a los cargos aportados en la acusación en contra de los oficiales reales de la ciudad de México condenados en 1728: subestimación de las mercaderías en valor y volumen, reiteradas borraduras, omisión del asiento de ciertos movimientos de caja, establecimiento de una contabilidad paralela y secreta, destrucción de pruebas como los borradores, etcétera. Dichos cargos confirman que todo ello constituía uno de los medios más comunes y corrientes para defenderse de los visitadores demasiado puntillosos.

48Los diversos abusos únicamente eran posibles mediante el recurso a grandes complicidades, las cuales se obtenían a través de la implicación de los otros responsables del puerto, civiles o militares, en los beneficios del tráfico: el gobernador de Veracruz, el castellano del fuerte y el guarda mayor del puerto se beneficiaban todos de un canon sobre las sumas deducidas, según las afirmaciones comunes a todos los testigos. La complicidad se revelaba esencial para el buen funcionamiento del sistema fraudulento, ¡ya que todo desacuerdo entre los beneficiarios se traducía ineluctablemente en la llegada de un visitador! A la solidaridad de intereses se sumaba también el nepotismo, que era una práctica generalizada en la contratación del personal subalterno de la real caja y, más habitualmente, en los mecanismos del clientelismo propios de la sociedad colonial; así, cada sector de la real caja se convertía en un coto reservado de los clanes familiares de los oficiales reales. Ahora bien, aun cuando esos usos no eran realmente abusivos —puesto que la ley autorizaba su práctica—, su existencia no hacía sino facilitar a los oficiales reales los excesos de toda clase.

49En consecuencia, los abusos de poder en el puerto de Veracruz correspondían a dos prácticas totalmente complementarias. Una se centraba en las malversaciones cometidas a expensas de las actividades comerciales y portuarias, malversaciones que se apoyaban en la desviación de las atribuciones conferidas a los oficiales de la Real Hacienda en el marco de las actividades económicas que estaban bajo su responsabilidad. La otra se refería al incumplimiento de los reglamentos administrativos, tanto para sacar provecho de la posición de autoridad en que se encontraban los oficiales reales como para ocultar los abusos a la mirada de las instancias superiores.

  • 59 Se trata de las reales cajas periféricas de Cajamarca-Zimapán, Bolaños y Sombrerete; a estas últim (...)

50¿Es aplicable la sombría realidad portuaria predominante en la real caja de Veracruz a las otras reales cajas de la Nueva España o era, por el contrario, una originalidad local en cuyo seno parecían conjugarse la lejanía relativa del centro de poder, la imbricación universal entre comercio y contrabando y una mayor tolerancia de la gente de la región, cuyo horizonte cotidiano se abría invariablemente sobre la inmensidad del océano? Responder a esta interrogante implicaría llevar a cabo un estudio tan preciso como el de Veracruz ¡a la escala de cada una de las reales cajas de la Nueva España! Desgraciadamente, la documentación existente no lo permite: la mayoría de las reales cajas del virreinato únicamente recibió una visita, cuando mucho, y tres de ellas, probablemente secundarias, no vislumbraron jamás ni siquiera la sombra de un visitador;59 en cuanto a las otras, los documentos disponibles solamente permiten delimitar su situación.

  • Véase el glosario.

51En todas partes, de México a Zacatecas, pasando por Acapulco, la anarquía relacionada con el funcionamiento interno de las reales cajas parece haber sido la regla común mejor compartida. Incumplimiento de las obligaciones profesionales, libros que no se llevaban o se llevaban mal, cuentas manipuladas, fondos malversados o al menos volatilizados, los abusos se repetían con monotonía de una real caja a otra, lo cual demuestra que constituyeron una constante de la administración de la Real Hacienda durante el periodo considerado; pero eso no era todo, ya que los malos manejos uniformemente denunciados se conjugaban con ciertas prácticas locales más específicas: a la manipulación del comercio intérlope que llevaban a cabo los oficiales reales de los puertos con fines lucrativos correspondía el tráfico con el mercurio que llevaban a cabo los responsables de las reales cajas en el sector minero.

  • 60 agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 146 y ss.
  • 61 No era raro ver que el monto del soborno se elevara a la suma de 18 pesos por quintal, según Juan (...)

52En 1721, una comisión ordinaria confiada al juez Tristán Manuel de Rivadeneyra sobre el funcionamiento de la real caja de Zacatecas lo estimuló a remontarse más de 10 años atrás en la verificación de las cuentas. Entonces, el visitador se llevó la sorpresa de descubrir un pozo sin fondo evaluado en más de 160 000 pesos;60 además, la visita reveló lo extenso del recurso al crédito en la distribución del mercurio a los mineros, sin respeto alguno por las garantías que la ley imponía. La más notable era que el minero debía presentar a los oficiales de la real caja una lista de fiadores dispuestos a sustituirlo en caso de incumplimiento; pero, sobre todo, el plazo de pago no podía exceder de seis meses. Ahora bien, la práctica corriente descubierta en Zacatecas consistía en no exigir a los mineros ninguna fianza y, al mismo tiempo, acordarles créditos a un año o más contra el pago de un soborno, a una tasa promedio de 12 pesos por quintal de mercurio entregado, cuyo reparto se efectuaba conforme a reglas precisas: 10 pesos para los oficiales reales y un peso para el guarda mayor y el escribano.61

  • 62 agi, Escribanía de cámara, legajo 265c, cuaderno 24, anexo 2, ff. 3-5. Por lo demás, el visitador (...)
  • 63 Según el juez Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano, el precio oficial fue establecido en (...)
  • 64 agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 33-35 y 43.

53Los mineros de Zacatecas aceptaban la extorsión debido a la escasez recurrente de mercurio en los parajes mineros; rehusarla equivalía a privarse de explotar su mineral. Con todo, los oficiales reales de Zacatecas, bien situados para controlar el vigoroso mercado local, no se contentaron con simples sobretasas. El desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de mercurio los estimuló a participar activamente en el mercado negro, a cuyo aprovisionamiento contribuían con el pretexto de las mermas que la administración toleraba en ocasión del transporte del producto a Zacatecas: sistemáticamente inflaban las pérdidas, que no había manera alguna de verificar. Así, en cinco años, por concepto de la evaporación, el tesorero, Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila, había contabilizado 53 quintales de un total recibido de 1 447 quintales, a pesar de que, por su parte, Bernardo Alcalde Romeo, contador de la misma real caja, únicamente había deducido algunos años antes, en un periodo equivalente, cinco quintales de pérdida por 3 195 quintales recibidos.62 A dos oficiales reales se les ocurrió incluso organizar verdaderas puestas en escena, simulando la desaparición de mercurio bajo la apariencia de robos en el almacén o —pretexto más inesperado, habida cuenta del clima local— ¡a consecuencia de inundaciones! El mercurio evaporado se reintroducía posteriormente en el mercado durante los periodos de interrupción del aprovisionamiento, a precios sensiblemente superiores a los previstos por la ley; de esa manera, las diferencias de tarifa podían alcanzar una decena de pesos por quintal, esto es, un costo adicional de aproximadamente 10 % en comparación con el precio oficial.63 Finalmente, una vez que el minero pagaba el mercurio, no era raro que el oficial real reintegrara en las cuentas de la real caja todo o parte del mercurio desaparecido, en función de las necesidades del momento y una vez hecha la deducción de su retribución personal. En ese mercado negro entraban en juego sumas considerables: en 1721, cuando el visitador Tristán Manuel de Rivadeneyra interrogó a Juan Gil de Araguzo, corregidor de Zacatecas entre 1715 y 1720, este último afirmó que el comerciante José Guixaro disponía regularmente en su casa de una existencia de 40 a 50 quintales de mercurio que revendía en beneficio de un oficial de la real caja. Otro testigo confirmó la extensión del tráfico al informar que el oficial mayor de esa misma real caja poseía por su propia cuenta entre 8 000 y 9 000 pesos en créditos relativos a ventas ilegales de mercurio.64

  • 65 agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 12, y cuaderno 2, ff. 2-3.
  • 66 Idem; véase también Michel Bertrand, “El ansia de riquezas. Los oficiales reales dentro de la econ (...)

54La especulación con el mercurio iba acompañada del recurso sistemático a la retención de los fondos reales depositados en la real caja, lo cual permitía a los oficiales reales de esta última disponer sin dificultad de las sumas que necesitaban para hacer los préstamos destinados a los mineros con el propósito de que éstos pudieran poner en movimiento el mecanismo de compras e inversiones; así, la utilización con fines personales del mercurio recibido y de los fondos disponibles les aseguraba unas ganancias sustanciales, ya que los únicos riesgos verdaderos los corría la real caja. En ocasión de la visita de Tristán Manuel de Rivadeneyra, los fondos retenidos en la real caja por los oficiales reales de Zacatecas representaban los ingresos de al menos un año de distribución de mercurio, es decir, cerca de 100 000 pesos.65 Cogidos de sorpresa por la inopinada intervención del visitador, los oficiales reales tuvieron muchísimas dificultades para recuperar los créditos entre sus deudores, aunque finalmente lograron reintegrar la mayor parte de ellos en unas cuantas semanas.66

  • 67 Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., p. 230.
  • 68 agi, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuaderno 18, f. 1.

55Veracruz, Zacatecas y…, se vería uno tentado a preguntar, ¿en otros lugares? En cada real caja se daban abusos en estrecha relación con la especificidad económica de su entorno. A semejanza de las dos anteriores, en la real caja de la ciudad de México se daban extorsiones vinculadas con su función de real caja matriz. Si bien es cierto que cada real caja del virreinato era autónoma en su funcionamiento, existía, no obstante, una verdadera jerarquía: la real caja de la ciudad de México, la más antigua de todas las existentes, centralizaba los capitales reales que circulaban de un extremo a otro de la Nueva España. Lo anterior quiere decir que, idealmente, la caja matriz debía ser irrigada permanentemente con los capitales percibidos a través de todas las otras reales cajas subalternas. De hecho, aun cuando la práctica de las transferencias era más que irregular, en el transcurso del siglo xviii las sumas que circularon en la real caja de la ciudad de México durante cada año alcanzaron fácilmente varios millones de pesos. Con mucha frecuencia, esos capitales no hacían sino transitar a través de los libros de cuentas de los oficiales reales; sin embargo, a semejanza de la conclusión establecida en el caso de Veracruz o Zacatecas, la tentación de hacer trabajar esos capitales en tránsito era fuerte, y la práctica de las regalías sobre las libranzas era únicamente uno de sus aspectos. A fin de cuentas, el tráfico con las libranzas, cuya geografía superaba con mucho el marco exclusivo de la Nueva España, era únicamente la transposición de los abusos observados en otras partes a las características económicas de la real caja de la ciudad de México. La función propiamente financiera de la caja matriz se encuentra también en la práctica de las deducciones que se efectuaban a expensas del rey. En 1730, en ocasión del corte de caja que llevó a cabo, Gabriel Guerrero de Árdila, contador del Tribunal de Cuentas de México, sacó a la luz del día malversaciones por un total de 48 133 pesos;67 sin embargo, no había en ello ninguna especificidad de la real caja de la ciudad de México: si bien es cierto que su función permitía la aparición de esas prácticas, también lo es que regularmente se encuentran denuncias de ellas en otros lugares —en Guadalajara, por ejemplo, donde, en 1678, los oficiales reales habían tomado prestados cerca de 40 000 pesos—,68 lo cual demuestra la generalidad de las sangrías, que contribuían a alimentar el sistema del crédito en todo el virreinato. La actividad financiera de los oficiales reales, poco conocida aunque sostenida, aclara la recepción que las élites locales reservaban a esos representantes reales que desembarcaban de la metrópoli.

56Si bien es evidente que los abusos que se practicaron en las reales cajas de la Nueva España entre 1660 y 1780 se repetían con regularidad, también es importante hacer notar, no obstante, la adaptación de las prácticas al medio local. Los oficiales reales, amos del juego en virtud de sus funciones y su poder, estaban en condiciones de abusar del funcionamiento de la economía regional para satisfacer sus intereses personales. Así, la asombrosa adaptabilidad de los abusos se convertía en la garantía de su eficacia y también, sin duda, de su perpetuación. Consecuentemente, lejos de presentarse como un simple epifenómeno de la historia colonial reducido al rango de anécdota, los excesos generalizados caracterizaban el funcionamiento de la administración de la Real Hacienda. Lejos de los reglamentos, frecuentemente puntillosos pero poco aplicables debido a su complejidad, la realidad administrativa que revela la abundancia de documentos judiciales resulta muy prosaica. El oficial real de la Nueva España se revela como un individuo para quien el interés principal no era probablemente el de su rey: más preocupado por las ganancias personales, se estimaba con el derecho de servirse ampliamente de los fondos que le eran confiados; sin embargo, no sentía que perteneciera necesariamente a la justicia. Tan sólo de manera muy frecuentemente accidental, a consecuencia de las malas inversiones, se resignaba a imputar sus pérdidas totales o parciales a la propia real caja. En su opinión, entre cada transferencia destinada a la real caja matriz, que, por lo demás, era deseable espaciar tanto como se pudiera, las sumas depositadas podían trabajar en su provecho. La obligación de presentar fiadores contribuía marcadamente a alimentar la idea de la impunidad: llegado el momento, siempre era posible restituir por medio de ellos las sumas extraviadas. Los alegatos de defensa que los oficiales reales o sus abogados presentaban en el marco de los procesos que se les seguían también confirman lo anterior: jamás se traslucía sentimiento alguno de culpabilidad, ya que el alegato se mantenía siempre en el plano de la forma, sin abordar nunca el fondo de la acusación. Consecuentemente, el estudio de las prácticas administrativas observadas en lo cotidiano revela ante todo, quizá, la rentabilización hábil, inteligente y sistemática del oficio que ejercían y las atribuciones que poseían. Todas esas pequeñas ganancias extra constituían lo que los oficiales reales llamaban, en su lengua común pero muy expresiva, sus aprovechamientos lícitos e ilícitos. Ahora, vale la pena volver a situar en contexto esas posibilidades, que los oficiales reales tomaban ampliamente en cuenta en el ejercicio del poder, a través del estudio del aparato administrativo de la Real Hacienda de la Nueva España de los siglos xvii y xviii.

Notes

1 agi, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno s. n., f. 3.

2 En el marco de la denuncia que hizo en contra de los oficiales reales en septiembre de 1725, el virrey mencionó una suma muy superior, esto es, 32 0000 pesos: agi, Audiencia de México, legajo 632. Un año más tarde, en septiembre de 1726, en el informe que acompañó al conjunto de procedimientos llevados a cabo en el transcurso de la visita, dirigido al Consejo de Indias, el mismo virrey evaluó la suma total malversada por los oficiales reales en 323 840 pesos: agi, Escribanía de cámara, legajo 268a, cuaderno 27, f. 161.

3 agi, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno 23, f. 2.

4 Si bien la Gaceta de México guardó silencio sobre la llegada de las noticias en el caso de 1729, sí mencionó, en cambio, la amnistía y la orden de reintegración que recibió en enero de 1742 en la ciudad de México el último superviviente de los inculpados, lo cual es una prueba del interés que se atribuía a esa prolongada causa criminal, de repercusiones a menudo inesperadas; véase Juan Francisco Sahagún de Arévalo y Ladrón de Guevara, La Gaceta de México (1722-1742), vol. 3, núm. 146, México, 1986, p. 1156.

5 Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda novohispana en el reinado de Felipe V, Sevilla, 1979, pp. 37-38.

6 agi, Audiencia de México, legajo 557.

7 agi, Audiencia de México, legajo 788.

8 En octubre de 1716: agi, Audiencia de México, legajo 789, cuaderno 5.

9 Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., pp. 158-169.

10 agi, Audiencia de México, legajo 792a, cuaderno 1.

11 Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas (1687-1821), Westport, 1982, pp. 251-252.

12 agi, Audiencia de México, legajo 789.

13 En todo caso, es la hipótesis que parece haber tomado en cuenta Amalia Gómez Gómez, en Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., pp. 182-185, después de haber estudiado el alegato, AGI, Audiencia de México, legajo 789.

14 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 101.

15 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 1-9, y agi, Indiferente general, legajo 165 (1726).

16 En su informe de mayo de 1725 dirigido al virrey, recordaba la acción emprendida en contra de los oficiales en 1716 y escribía a propósito de ellos: “Son ambiciosos, desobedientes y desleales, sin embargo de haber sido suspendidos por el fiscal en virtud de comisión de S. M. de febrero de 1716, por regalías exorbitantes en pagos de libranzas y otros cargos”: agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 1-5.

17 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, f. 15.

18 agi, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno 20, f. 10.

19 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 9-10.

20 agi, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno s. n., ff. 1-2, y cuaderno 20, f. 10.

21 Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, 5 vols., prólogo de M. A. Ochoa Brun, Madrid, 1972.

22 Bernard Lepetit, “De l’échelle en histoire”, en Jacques Revel (coord.), Jeux d’échelles. La microanalyse à l’expérience, París, 1996, pp. 91-94.

23 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, f. 21 v.

24 Testimonio de los autos fechos a pedimiento de los oficiales reales de esta corte: agi, Audiencia de México, legajo 632, 64 ff. En los legajos 327, 472, 736 y 737 de la sección Audiencia de México del agi, se encontraron menciones complementarias de esa querella jurídico-administrativa.

25 agi, Audiencia de México, legajo 562, f. 8 v.

26 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 34.

27 En realidad, todo un conjunto de leyes hacía responsables a los oficiales de la Real Hacienda de la verificación; así, las leyes 3 a 6 del libro 8, título 28, de la Recopilación de leyes de indias, establecían la realización de verificaciones acerca de la legalidad de las libranzas recibidas y habilitaban a los oficiales para rehusar todo pago del que sospecharan que sus características eran ilegales o abusivas y, en ese caso, disponían que debían recurrir a los fiscales de la Audiencia; la ley 18, del libro 8, título 28, y la ley 95, del libro 8, título 1, les ordenaban verificar que los beneficiarios de los pagos no fueran deudores de la Real Hacienda, y, en fin, las sumarias establecidas por J. F. de Montemayor a partir de las reales cédulas del 30 de marzo de 1670 y del 31 de enero de 1678, incluidas en el libro 5, título 9, de la misma Recopilación de leyes de Indias, establecían que los oficiales reales debían exigir fianzas a los beneficiarios cuando el pago que se debía efectuar pareciera excesivo: agi, Audiencia de México, legajo 632, f. 47, y agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 21 y ss.

28 Según Prudencio de Palacios, el visto tenía claramente un doble significado: se aplicaba, en primer lugar, a la legitimidad de la libranza y, en segundo lugar, significaba también que el beneficiario no tenía ninguna deuda con la Real Hacienda: agi, Escribanía de cámara, idem. Por el contrario, los contadores del Tribunal de Cuentas rehusaban una interpretación que, en su opinión, libraba totalmente de responsabilidad a los oficiales reales: agi, Audiencia de México, legajo 632.

29 agi, Audiencia de México, legajo 632, ff. 14-16. Prudencio de Palacios estableció su interpretación basándose precisamente en la que propuso el alcalde del crimen, Juan Sáenz de Moreno: agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1.

30 agi, Audiencia de México, legajo 632, ff. 21 y 62.

31 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, ff. 106-121.

32 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuadernos 1, 2 y 16.

33 Archivo General de Notarías de México (agnm), Notaría 307, libro 2111, ff. 3 y ss.

34 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 107.

35 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 1-9, y cuaderno 27, f. 161. Según el virrey Casafuerte, la suma de los pagos ilícitos bajo su predecesor alcanzó cerca de 400 000 pesos; idem.

36 Idem.

37 Como lo subrayaba en junio de 1725 el fiscal de la Audiencia, Prudencio de Palacios: para hacer frente a las necesidades del aparato colonial, la escasez regular de fondos disponibles en la real caja de la ciudad de México suponía la suscripción de préstamos con proveedores de fondos de la sociedad colonial (agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, f. 16); y, por lo general, muchos de los allegados de los oficiales reales suministraban los préstamos, que negociaban los propios oficiales reales. En marzo de 1716, los oficiales reales de Veracruz, que afirmaban no tener capacidad para disponer de 70 000 pesos destinados al pago de la tropa del fuerte de San Juan de Ulúa, prestaron el dinero necesario de sus haberes personales y de los de sus allegados (agi, Escribanía de cámara, legajo 298b, cuaderno 26, ff. 405-407); consecuentemente, el sistema los beneficiaba por partida doble: en ocasión del pago prioritario de las libranzas y en ocasión de la concesión de préstamos con tasas de interés particularmente ventajosas.

38 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 119. La presentación de los fiadores por todo titular de un arrendamiento era una garantía para el Estado: en caso de incumplimiento del contrato, el Estado se volvía contra ellos; en consecuencia, ese compromiso era arriesgado, lo que explica la difícil constitución de las listas, que incluían, ante todo, amigos, protectores o protegidos; y no era raro presentar listas incompletas o que incluyeran a individuos ficticios o ya fallecidos. La verificación de la lista incumbía a los oficiales reales, ¡por lo que la “compra” de su buena voluntad se revelaba indispensable!

39 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 6, f. 132.

40 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 70.

41 Probablemente sea excesiva la estimación que propuso Manuel Ángel de Villegas Puente; sin embargo, ello sugiere utilizar con cautela los datos calculados extraídos de los libros de cuentas de las reales cajas americanas: agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, ff. 89-102.

42 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 103.

43 Copia de consulta que hizo el marqués de Villamediana al virrey marqués de Casafuerte el 28 de setiembre de 1726: agi, Audiencia de México, legajo 734.

44 Idem.

45 agi, Escribanía de cámara, legajo 268c, cuaderno 1, f. 71.

46 agi, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 43.

47 Idem.

48 agi, Escribanía de cámara, legajo 268c, cuaderno 10, ff. 318-332. La lev preveía su embargo y el de todos los metales sin el real sello, a lo que se añadía el embargo de la mitad de los bienes de los defraudadores.

49 agi, Escribanía de cámara, legajo 303a. La décima visita general llevada a cabo en Veracruz habría de efectuarla José de Gálvez en diciembre de 1765.

50 Sobre la base de los otros testimonios, teniendo en cuenta el hecho de que la importancia de esa dádiva era generalmente proporcional al volumen transportado, se puede estimar el monto en una o dos fanegas como mínimo.

51 Estos datos fueron obtenidos por Juan de Gárate y Francia; véase Michel Bertrand, “Sociétés secretes et finances publiques. Fraudes et fraudeurs á Veracruz aux xviie et xviiie siècles”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, t. xxvi/2, París, 1990.

52 Probablemente su ausencia no significa que esos galeones escaparan totalmente a los gravámenes fraudulentos, sino que es el resultado de los periodos de las visitas que se llevaron a cabo posteriormente a la presencia de las últimas flotas y a las ferias de Jalapa. Algunos testigos sólo mencionan puntualmente algunas sobretasas que habían sido impuestas a tal o cual comerciante que después había vuelto a España y, por lo tanto, ya no se encontraba presente en el momento de la visita; así, Roque de Montero, un español residente desde 1725 en Veracruz, menciona las diferencias de un capitán de galeón español con los oficiales reales, quienes le exigían el pago de una sobretasa (agi, Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 3, ff. 1-4). En agi, Escribanía de cámara, legajos 295b y 296a y b, se encuentran otros casos del mismo tipo; sin embargo, no se debe descartar que el sistema de las flotas y la intervención en esa ocasión de los comerciantes más poderosos de la Nueva España no hayan facilitado la tarea de los oficiales reales, lo que quizá provocó que se mostrasen más moderados.

53 A partir de los balances anuales hechos oficio por oficio, se pudieron encontrar las sumas provenientes de los impuestos que afectaban a las importaciones, es decir, del almojarifazgo, la avería y la armada de barlovento; véase John J. Te Paske y Herbert S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda de la Nueva España, 2 vols., México, 1986. Para obtener el promedio, únicamente se tomaron en consideración los periodos 1660-1679, 1690-1709 y 1720-1739.

54 La parte importante de la evolución equivale al nuevo método de cálculo de los impuestos que pesaban sobre el comercio después de 1720; véase Michel Bertrand, “Sociétés secretes…”, op. cit., nota 9, y Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico (1717-1778), el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, 2 vols., eeha/csic, Sevilla, 1976, cap. 4.

55 agi, Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 6, ff. 27 a 54, y cuaderno 28, ff. 1-4.

56 AHN, Sección de Consejos, legajo 21464, documento núm. 30.

57 Ismael Sánchez Bella, La organización financiera de las Indias (siglo xvi), Sevilla, 1968.

58 Por esa razón, Francisco de Siscara y Ramírez aparece bajo su propio nombre en los cuadernos de cuentas de su compadre Pedro de Roxas; por el contrario, sus colegas Juan Manuel de Santelices y José Camino Velasco recurrían a testaferros seleccionados entre sus allegados: agi. Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 5.

59 Se trata de las reales cajas periféricas de Cajamarca-Zimapán, Bolaños y Sombrerete; a estas últimas, sería conveniente agregar la caja que compartían Mérida y Campeche, todavía más alejada, aunque formaba parte de la Nueva España, es decir, la de Yucatán.

60 agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 146 y ss.

61 No era raro ver que el monto del soborno se elevara a la suma de 18 pesos por quintal, según Juan José de Veytia Linage, administrador de la contaduría del azogue en 1720 (agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, ff. 5 a 7); sin embargo, ciertas dádivas no superaban a veces la suma, más modesta, de seis pesos por quintal (agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, f. 353); las variaciones se daban en función tanto de la personalidad del minero como de la cantidad de mercurio que se distribuía.

62 agi, Escribanía de cámara, legajo 265c, cuaderno 24, anexo 2, ff. 3-5. Por lo demás, el visitador recuerda las pérdidas acordadas en beneficio de los transportistas: entre 1711 y 1720, ¡apenas alcanzaron un poco más de nueve quintales!: agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 8, f. 29.

63 Según el juez Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano, el precio oficial fue establecido en 1721 en 60 ducados por quintal, es decir, alrededor de 82 pesos, mientras que el precio de venta en el mercado negro superaba los 90 pesos por quintal (agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, f. 116).

64 agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 33-35 y 43.

65 agi, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 12, y cuaderno 2, ff. 2-3.

66 Idem; véase también Michel Bertrand, “El ansia de riquezas. Los oficiales reales dentro de la economía colonial”, en inah/Gobierno del Estado de Zacatecas/uaz, El mundo colonial. Examen de una historia. Actas del Primer Congreso Internacional de Historia, Zacatecas, 1996.

67 Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., p. 230.

68 agi, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuaderno 18, f. 1.

Notes de fin

* Véase el glosario.

Véase el glosario.

Véase el glosario.

Table des illustrations

Légende Figura I.1. Plano de la ciudad de México en el que se precisan los límites de la aduana de la ciudad (1791-1807), Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 657, México.
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/1136/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 906k
Titre CUADRO I.1. Número de visitas efectivamente realizadas a las reales cajas de la Nueva España (1660-1780)
Légende Fuentes: véase el cuadro VII. 1, “Las comisiones de visita de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)”.
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/1136/img-2.jpg
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Titre CUADRO I.2. Extorsiones que imponía la aduana de Veracruz (1676)
Légende ABREVIATURAS: £ = libras; ps. = pesos; rs. = reales.FUENTES: interrogatorio de Gerónimo Duarte, dueño del galeón, en enero de 1676: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 12, ff. 139-147; interrogatorio de Juan de Salazar, guardia de contaduría, en enero de 1676: legajo 295b, cuaderno 12, ff. 179-183, y, en febrero de 1676: legajo 295b, cuaderno 5, f. 34; interrogatorio de Antonio Fernández, maestre de galeón, en enero de 1676: legajo 295b, cuaderno 23, ff. 58-63; interrogatorio de Gonzalo Gatón y Valdés, piloto de galeón, en enero de 1676: legajo 296a, cuaderno 23, ff. 47-51; interrogatorio de Bernardo de Medina, maestre-piloto de galeón, en enero de 1676: legajo 296a, cuaderno 23, ff. 38-42; interrogatorio de Manuel de Escobar, en febrero de 1676: legajo 295b, cuaderno 5, f. 11; interrogatorio de Francisco Castellano, guardia de contaduría, en febrero de 1676: legajo 296b, cuaderno 27, ff. 112-121; interrogatorio de Sebastián Guillén, marinero: legajo 295b, cuaderno 13, ff. 44-51.
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/1136/img-3.jpg
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Titre CUADRO I.3. Extorsiones impuestas por la aduana de Veracruz (1765-1766)
Légende ABREVIATURAS: ps. = pesos; rs. = reales; pda. = partida; fs. = fanegas; bars. = barriles; @ = arrobas.FUENTES: interrogatorio de Pedro Truxillo, en julio de 1766: AHN, Consejos, legajo 21 463, documento 5; interrogatorio de Pedro Juan Fernández, ex escribano, Juan de Maiora, comerciante, José Madrigal, dueño de galeón, Juan Manuel Sierra, comerciante, Bernardo Rodríguez del Toro, comerciante, Bernardo de Amat, capitán de galeón, Ignacio de Legazi, comerciante, Juan Bautista Torrántegui, comerciante, y Nicolás Lazo de la Vega, comerciante, entre enero y mayo de 1766: AHN, Consejos, legajo 21 463, documento núm. 4.
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/1136/img-4.jpg
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Titre CUADRO I.4. Derechos aduanales que se pagaban en el puerto de Veracruz (1720)
Légende a AHN, Consejos, legajo 21 463, documento 4, 1766.ABREVIATURAS: ps. = pesos; rs. = reales; pda. = partida; ton. = tonelada.FUENTE: Arancel de los derechos que se han de cobrar así en Cádiz como en los puertos de las Indias de los provistos en empleos, comerciantes, y dueños de galeones, en Reales decretos, órdenes y cédulas que el Consejo [de Indias] tiene en su tabla para lo que se ofresca sobre los respectivos asuntos de que tratan; BNM, ms. 19251, ff. 229-232 (t. 1, núm. 138, doc. 11, p. 65, del catálogo establecido por J. Paz, Catálogo de manuscritos referentes a América en la BNM, Madrid).
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/1136/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 100k

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2011

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