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Diálogos compartidos en Nuestramérica

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Sandra Iturrieta Olivares

Columnas “Emergencias”. Octubre 2015 – Diciembre 2018

Emergencias n° 34 octubre 2018, gt. Iiee idea-usach.

Entre la protección social y violencia simbólica del Estado chileno1

Sandra Iturrieta Olivares

Texte intégral

  • 1 Estas reflexiones son producto de la ejecución del proyecto de investigación Fondecyt N° 11170220, (...)

1El diseño de las políticas sociales en Chile se caracteriza por ser centralista, universalista y focalizado. Es decir que tales políticas son elaboradas sobre la base de problemas sociales y personas destinatarias, construidas sobre tendencias generales sin observación alguna de las particularidades locales. Ello da como resultado que las políticas sociales y las formas de implementarlas, se diseñen en el aparato burocrático central del país, sobre el imaginario de una persona chilena, habitante de la zona centro y urbana, y que además responde a los parámetros con los cuales ha sido focalizada tanto la prioridad, como los recursos destinados a la protección social. Es decir que las ideas subyacentes al modo como son diseñadas las políticas sociales en el país, van paulatinamente construyendo un tipo de persona destinataria de tales políticas, y a la vez instruyen -en los más de los casos- un modo de desarrollar el trabajo profesional en relación a los problemas sociales.

2Frente a las críticas al modo como se formulan y se instruye la ejecución de las políticas sociales en Chile, habitualmente se argumenta ¿cómo podría ser de otro modo si su objetivo es abarcar necesidades presentes en vastos sectores de la sociedad? Ello sería plausible como argumento si el estado chileno, además de modificar sus prácticas como empleador, a través de sus diferentes reparticiones fomentara; reconociera el trabajo que implica; o al menos no prohibiera a quienes las ejecutan, el rediseño de tales políticas conforme a las realidades locales en las que desempeñan sus trabajos.

3La ejecución de un amplio número de estas políticas se hace en el país vía licitación pública en la que participan organizaciones privadas sin fines lucro, ONGs y Fundaciones. Ello habitualmente da como resultado la contratación de profesionales del campo de las ciencias sociales a honorarios y por tiempos acotados. A su vez, esto se traduce en precariedad laboral para este tipo de profesionales, ya que significa que no tienen derecho a seguridad y protección social, ni otros tipos de derechos como trabajadoras/es asalariadas/os, sumándose a aquello la inestabilidad en el empleo con el consiguiente desgaste emocional que implica. En palabras de este tipo de profesionales a lo largo del país:

“los procesos de licitación provocan inestabilidad laboral y estrés en los equipos profesionales.” (La Serena, sociología)
“la inestabilidad laboral y las malas condiciones laborales provoca rotación profesional y por tanto discontinuidad de los procesos de trabajo con las personas, eso vulnera sus derechos a un trabajo de calidad y también los nuestros como profesionales responsables.” (Punta Arenas, trabajo social); “hay sobrecarga emocional en el equipo profesional no solo por trabajar con el dolor humano, sino además por las propias condiciones de trabajo, pero las políticas sociales no protegen ante esa carga emocional.” (Santiago, psicología)
“se nos impone una forma de trabajo y unas condiciones laborales que nos genera desprotección ante la violencia al interior de las instituciones, tenemos horario de entrada, pero nunca de salida del trabajo.” (Antofagasta, antropología)
“no hay coordinación entre los programas sociales, porque cada política es licitada de modo separado, entonces como profesionales nos quedamos sin posibilidad de responder ante el vacío que va quedando entre una política y otra… tampoco tenemos posibilidades de innovar en eso”. (Concepción, antropología)
“las mismas políticas, a veces explícitamente, indican que no se pueden modificar, pero a mí no me sirven porque están hechas para personas urbanas de la zona central.” (Arica, trabajo social)
“yo rediseño las políticas para adecuarlas a las necesidades de la gente, pero nadie lo reconoce… menos me van a pagar por eso… es más, lo oculto muchas veces para no tener problemas con nadie.” (Temuco, psicología)
“la continuidad laboral precarizada nos va volviendo cómplices del Estado vulnerador.” (Valparaíso, sociología)

4De modo que, si consideramos que el estado chileno precariza el ejercicio laboral de estas personas; impone una forma de trabajo heterónoma; no resguarda la continuidad de los procesos de intervención que las mismas políticas sociales instruyen, como tampoco la coordinación entre programas sociales; e impide o no valora el rediseño de dichas políticas para adecuarlas a los contextos locales, es posible argumentar que el estado chileno ejerce violencia simbólica sobre profesionales que se desempeñan en el campo de la intervención social y por consiguiente, sobre quienes han sido definidas por el mismo Estado, como personas destinatarias de esas políticas. De allí que sea urgente poner en discusión en nuestras sociedades, la idea de que la protección social sea un bien de mercado susceptible de ser licitado al mejor postor, como asimismo el rol profesional que cabe en ello.

Notes

1 Estas reflexiones son producto de la ejecución del proyecto de investigación Fondecyt N° 11170220, que aborda las subjetividades con que profesionales del campo de la intervención social, experiencian su ejercicio laboral en Chile.

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