Capítulo 10. Las campañas por la naturalización de los extranjeros
p. 215-235
Texte intégral
I
1En una mirada retrospectiva publicada en 1913 en la Revista Argentina de Ciencias Políticas, Alejandro Peralta lamentaba que, durante más de medio siglo, los políticos argentinos hubieran apelado hasta el cansancio a la “opinión pública” como factor fundamental para legitimar su accionar, sin que, en realidad, nadie hubiera sido jamás capaz de interpretar cuál era esa opinión. Se trataba, decía, de “uno de esos conceptos simbólicos radicalmente viciosos e ilusorios, confundibles con la pura ficción, que jamás se había manifestado de una manera cierta, categórica, fidedigna”, debido a los profundos defectos de un régimen cuyos comicios habían sido “siempre falseados”. Las elecciones habían conocido todos los extremos, desde la violencia abierta hasta la venalidad, pasando por la “presión oficial directa o indirecta y por último todas las formas más refinadas del fraude, de la simulación, de la mentira” (1913: 134-135).
2En su clásico trabajo sobre el “orden conservador”, Natalio Botana (1977) analizó este régimen haciendo referencia a una “fórmula operativa” que —basándose en las disposiciones generales de la Constitución, pero estableciendo al mismo tiempo un conjunto de prácticas específicas— estructuró el sistema político argentino desde la década de 1880 hasta la reforma de 1912. Según Botana, la clave estaba en el “control de la sucesión”, operativizado a través de lo que llamaba el régimen de “gobiernos electores”: en la medida en que este control de la sucesión se adaptaba a un mecanismo de tipo electoral, se habían desarrollado una serie de pasos necesarios para llevar adelante el control de las elecciones.1 La “producción del voto” tenía diferentes etapas y comenzaba mucho antes de las jornadas electorales propiamente dichas, con el control del proceso de naturalización y de la inscripción en los registros cívicos. En los días de elección, por supuesto, se ponían en acción mecanismos diversos que iban desde la manipulación y adulteración de registros, a través de la violencia lisa y llana, hasta la compra de votos. Miguel Cárcano, otro observador contemporáneo, lo explicaba en una cita a menudo revisitada pero que vale la pena reponer en extensión:
¿Cómo trabaja el sistema? El pueblo de la Constitución lo constituye el padrón de electores y lo confecciona el Poder Ejecutivo por intermedio del ministro del Interior. Los inscriptores anotan con preferencia a los partidarios. La depuración del padrón y el clásico “juicio de tachas” lo realiza el gobierno, que es juez y parte con este sistema. Al adversario se le oponen toda clase de impedimentos para anotarlo en el padrón. La mayoría oficialista está asegurada antes de los comicios. El empleado público que no vote al candidato oficial es al punto despedido. Si no fueran suficientes estos recaudos, el día del sufragio, controla el comicio el comisario y la mesa escrutadora de votos designada por el gobierno favorece a sus candidatos. (…) Todo el pueblo tiene derecho de votar pero el caudillo es quien dispone del sufragio (…) La ‘máquina’ permitía simular una elección libre e invocar la mayoría del pueblo para legitimar la autoridad del gobierno (1986: 111-112).2
3Para una fuerza como el Partido Socialista, que otorgaba a la “acción política” un lugar absolutamente prioritario, y que entendía a dicha acción fundamentalmente a través de la participación electoral con vistas a obtener representación parlamentaria, el régimen político argentino mostraba un carácter contradictorio. Por un lado, y a diferencia de lo que ocurría en muchos otros países, la Constitución establecía el sufragio universal —para los varones argentinos— y se realizaban elecciones puntualmente para elegir diputados provinciales y nacionales, electores para presidente y vice, e integrantes de los gobiernos municipales. Por el otro, y como lo mostraban las repetidas denuncias de distintos observadores de la época como los citados Peralta y Cárcano, era evidente que las compulsas electorales representaban un episodio fuertemente controlado y manejado por la maquinaria estatal, que no concitaba entusiasmo entre los votantes. Según Hilda Sabato y Elias Palti (1990), solo votaba una cuarta parte del total de los habilitados a hacerlo, es decir los varones adultos argentinos, que a su vez no eran sino el 20 % de la población total. Un trabajo publicado en 1912, sobre la base de datos de 1909, reflejaba números similares: había aproximadamente 1.200.000 de varones adultos argentinos en condiciones de votar, lo cual representaba solo un 15 % de una población total de casi ocho millones de personas (Recagno, 1912).
4En la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en suma, las elecciones se caracterizaban por las disputas entre distintas facciones de políticos estrechamente vinculados a la clase dominante y por la efectiva participación de un reducido número de electores. Los mismos, sin embargo, no solían pertenecer a las clases altas. En efecto, una mirada siquiera superficial a cualquier fuente de la época revela que quienes efectivamente participaban en las elecciones del período eran, en su gran mayoría, trabajadores. Sabato y Palti refieren, por ejemplo, que ya en la década de 1860 “desolladores, empedradores, peones de la Aduana y del Ferrocarril” jugaban un papel como fuerza de choque de una de las facciones políticas (1990: 406). En la misma línea, Sabato destacó en otro trabajo que “los participantes característicos de las jornadas electorales no eran los ricos, ni los burgueses, ni los profesionales” sino “los peones y jornaleros del ferrocarril, de la aduana, de la municipalidad y de los corrales” (1990: 29).
5En cualquier caso, la mayor parte de los votantes provenía de las filas de la clase trabajadora. Esto ocurría, empero, en un país que desde la década de 1870 se vio transformado por una masiva inmigración extranjera, y donde la presencia de inmigrantes era mayoritaria en las filas obreras. La cuestión de la naturalización de los inmigrantes, requisito indispensable para poder participar en las elecciones, se convertía así en un problema fundamental. Para los socialistas, la obtención de la ciudadanía por parte de los trabajadores era un requisito básico y un punto de partida indispensable para el desarrollo de la actividad política: las campañas para promover la naturalización se convirtieron por lo tanto en un eje decisivo de la estrategia partidaria.
II
6Diversos trabajos han examinado cómo para los propios contemporáneos se convirtió en un problema inquietante el hecho de que un número tan significativo de habitantes del país careciese de derechos políticos (Halperín Donghi, 1998). En la introducción al segundo censo nacional, levantado en 1895, se planteaba una realidad que no dejaba mucho margen para interpretaciones: solo un porcentaje ínfimo de los inmigrantes se naturalizaba, y eso comenzaba a provocar inquietud en tanto quitaba legitimidad al régimen político:
Solamente 1.638 personas nacidas en el extranjero aparecen como habiendo obtenido ciudadanía argentina por medio de la naturalización. Esa cifra, en un país que tiene más de un millón de extranjeros, de los cuales cerca de setecientos mil son varones, y en que basta pedir la ciudadanía para obtenerla, demuestra que el problema está planteado, pero no resuelto. Una masa de población equivalente a la cuarta parte del total, no puede vivir privada de la influencia que le corresponde por las leyes naturales, en la administración del país en que se encuentra radicada.3
7En los años siguientes la situación se modificó, pero solo en forma muy lenta. La introducción del tercer censo nacional celebraba que de un 0,23 % de extranjeros varones naturalizados en 1895 se hubiera pasado a un 2,25 % en 1914 (33.219 naturalizados frente a 1.473.809 extranjeros varones).4 El censo municipal porteño realizado cinco años antes, en 1909, informó que en la ciudad de Buenos Aires había 8.149 naturalizados, es decir entre un tercio y un cuarto del total de naturalizados de todo el país. En cuanto al origen de los naturalizados, el primer lugar lo ocupaban los españoles (37 %), por encima de los italianos (30 %), aunque estos últimos eran la principal colectividad inmigrante del país. Los uruguayos, con casi un 5 % de naturalizados, eran los que más optaban por la obtención de la ciudadanía. El 2,23 % de los españoles varones se naturalizaba, mientras que lo hacía el 2,1 % de los italianos y el 2,07 % de los rusos, los otros países con mayor cantidad de inmigrantes (Recagno, 1912: 265).
8La naturalización estaba regulada por la ley N° 346, sancionada el 8 de octubre de 1869. Allí se disponía que todo extranjero mayor de 18 años de edad podía solicitar su naturalización cumpliendo con la condición de tener dos años de residencia en el territorio argentino, tal como lo establecía la Constitución (artículo 20), o bien estando casado con una mujer argentina, prestando al país “servicios públicos en el orden civil o militar” o contribuyendo “a su fomento o desarrollo material o moral, por medio de la colonización, propendiendo al desarrollo de la industria u ocupándose de la enseñanza”. La ley disponía que los extranjeros que cumplieran con las condiciones establecidas obtendrían la carta de naturalización, y que la misma les sería otorgada “por el juez federal de sección ante quien la hubiesen solicitado”.5
9La tramitación para la obtención de la ciudadanía, por otra parte, era en sí misma un componente de la compleja construcción de mecanismos clientelares. Numerosos observadores de la época pusieron de manifiesto que muchas veces los procedimientos se liberalizaban, con el objetivo de ampliar las clientelas políticas de determinadas facciones. En el propio censo de 1914 se señalaba que
… en ciertas épocas de agitaciones políticas, el procedimiento que he descripto ha sufrido modificaciones profundas que lo han relajado enormemente, con perjuicio para la seriedad del país, tendientes a incorporar rápidamente al colegio electoral a individuos destinados a convertirse en instrumentos de los partidos políticos; y hasta se citan casos en los que las cartas de naturalización han salido con este fin clandestinamente, en profusión, de las secretarías de los juzgados.6
10Varias tesis doctorales de la Facultad de Derecho, completadas en los primeros años del siglo XX, coincidieron en expresar su preocupación por los diversos problemas que mostraba la legislación sobre naturalización a la luz de la experiencia práctica. En 1912, el ya citado Raúl Recagno señalaba que no era extraño “ver en víspera de elecciones, aglomerados en los pasillos de los juzgados federales, individuos de los aspectos más extraños y equívocos, llevados en montón por algún caudillo”. Lamentaba que buena parte de las naturalizaciones estuviera compuesta por “el que trata de comerciar con la venta del voto, o aquel elemento de los bajos fondos que fragua los más horrendos crímenes al amparo de la impunidad que esperan encontrar en la protección de algún caudillejo político” (1912: 269). En 1911, en la misma línea, Francisco Durá planteó que habían “hecho más por las naturalizaciones los caudillos parroquiales, los escamoteadores del sufragio, los fabricantes de electores ocasionales que todos los beneficios de la ley de ciudadanía” (1911: 108-109).
11En suma, desde las propias filas de la clase dominante se cuestionaba por diversos motivos la ley de naturalización y se advertía que había sido incapaz de promover la participación de los extranjeros en la acción política por la vía de la obtención de la ciudadanía. Recagno subrayaba el hecho de que la legislación argentina establecía que “la adopción de la ciudadanía en el país de residencia implicaba la renuncia irrevocable de la ciudadanía nativa”, debido a lo cual caracterizaba que la ley de 1869 “no fomentaba en manera alguna la naturalización de los extranjeros”. Más adelante lamentaba “la situación triste en que se encuentra el extranjero que se empeña en no naturalizarse argentino por conservar su nacionalidad de origen” (1912: 210- 211, 227). En la misma línea, algunos años antes, se había expresado otro joven tesista, Rogelio Arriaga, quien decía conocer “muchos extranjeros que me decían que, en concepto de ellos, un compatriota que se naturalizase en la Argentina era un traidor, que buscaba por este medio el desempeño de puestos públicos bien rentados” (1904: 38).
III
12Para los grupos socialistas activos en la Argentina, la cuestión de la naturalización de los inmigrantes ocupó un lugar central desde fechas muy tempranas. En los hechos, la campaña para que los extranjeros obtuvieran la ciudadanía argentina se convirtió en parte fundamental de una más amplia: la que se planteaba la acción política como vía fundamental para la intervención del socialismo en el país. En tanto dicha acción política era vista en clave electoral, por la vía de la obtención de una representación parlamentaria socialista, y en la medida en que la legislación argentina garantizaba, formalmente, el sufragio universal para los varones adultos, la obtención de la ciudadanía argentina por parte de la gran masa de trabajadores extranjeros constituía el punto de partida ineludible para la agitación partidaria. Por otra parte, en tanto quienes efectivamente votaban eran en su mayor parte de extracción obrera, la campaña por la naturalización iba de la mano con una lucha para apartar a los trabajadores de esas clientelas que caracterizaban a la “política criolla”. No se trataba solamente de promover la naturalización y la participación política de los trabajadores, sino al mismo tiempo de impulsar que la misma desenvolviera una posición independiente de los aparatos políticos tradicionales.
13En este contexto, la campaña en pro de la naturalización era presentada en la prensa socialista como una lucha por la obtención de los derechos políticos, un vector para desarrollar una lucha política orientada a ganar a crecientes franjas de trabajadores a una conciencia socialista. Para La Vanguardia, un trabajador consciente era aquel que no solo se reconocía como tal, sino que entendía la necesidad de organizarse en un partido de clase y, sobre todo, advertía la importancia de llevar adelante una acción política. La naturalización se presentaba así como una obligación para todo trabajador con conciencia de clase, capaz de comprender la importancia de la acción política y de llevarla adelante por todos los medios a su alcance. Era habitual que los artículos del periódico socialista insistieran en que la ley argentina no era “nada exigente” en lo relativo a los requisitos para la naturalización.7
14En primer lugar, la tarea era que los propios militantes socialistas dieran el ejemplo, procediendo a solicitar sus cartas de ciudadanía. Había que comenzar por desenvolver una propaganda paciente y sistemática, para lo cual era necesario que los socialistas extranjeros predicasen con el ejemplo, adquiriendo la ciudadanía argentina. La Vanguardia recordaba que estaba dirigiéndose “a hombres que no tienen la preocupación patriótica”. En un texto publicado en septiembre de 1897, Pasquali Corrado planteaba que ningún socialista podía reivindicarse como tal si no tomaba los derechos políticos y contribuía a desenvolver esta lucha: “es muy bonito decir que somos socialistas, pero no podemos cambiar el estado actual de las cosas si cada uno de nosotros no se ha de contar por uno en la gran batalla política”.8
15Además de los propios militantes, la tarea era que, el conjunto de los trabajadores inmigrantes se diera cuenta, según La Vanguardia, de que “hacerse ciudadanos” era “el medio más seguro de influir en el progreso del país, y en el mejoramiento de la situación de la clase trabajadora”. No debía dejarse “un medio de lucha tan poderoso como los derechos políticos para el uso exclusivo de los extranjeros burgueses aquí establecidos”. Era común que la prensa socialista considerara que, en rigor, los inmigrantes estaban llamados a jugar un papel de especial importancia en la lucha contra la tan denostada “política criolla”, dominada precisamente por los caudillos locales y sus clientelas de origen nativo. En junio de 1894, un artículo de La Vanguardia destacaba que el proletariado de las ciudades, “casi todo de origen europeo”, representaba “el elemento más inteligente e instruido de la clase obrera argentina”. Los inmigrantes representaban “los trabajadores más desligados de los partidos personales existentes, porque hasta ahora no han tomado parte en la política local”.9
16En este período temprano, la campaña de los socialistas por la naturalización de los extranjeros no tenía ninguna relación con algún tipo de reivindicación patriótica de la nacionalidad argentina. Por el contrario, el énfasis en la necesidad de que los inmigrantes llevaran adelante el trámite de naturalización expresaba más bien un cuestionamiento a los sentimientos nacionalistas que conservaban muchos inmigrantes. Para el periódico socialista, quienes optaban por la naturalización mostraban “estar libres de toda preocupación patriótica, al mismo tiempo que animados del deseo de propender al bien de la sociedad en que viven”. La Vanguardia recordaba que “la afección y el interés especial que tenga por el país de su nacimiento, en nada sufren con que adquiera aquí los derechos políticos”. Incluso su participación “indirecta y lejana en el movimiento obrero de su país de origen” podría ser más “segura y eficaz” si contribuyera a formar en el país de residencia un movimiento similar. En la misma línea, en 1897 se insistía en que optar por los derechos de ciudadanía era una muestra de la superación de “aquellos mezquinos prejuicios de campanario, que una mal intencionada prensa mantiene con interés para vivir a costa vuestra”. Para los socialistas, “la tierra que bañamos con el sudor de nuestra frente es por derecho la patria nuestra, y es, por consiguiente, deber nuestro el defenderla de los vampiros que nos chupan la sangre”.10
17Además de la apelación para que tanto los militantes socialistas como los trabajadores en general iniciaran los trámites para obtener la naturalización, los socialistas se plantearon la cuestión de bregar por una flexibilización de los requisitos para obtener la ciudadanía, a través de una modificación de la legislación vigente. Cuando el 1° de mayo de 1894 se publicó el primer programa acordado entre las agrupaciones fundantes del partido, su parte política incluyó la “naturalización amplia de los extranjeros”. El proyecto de programa elaborado en 1895, además del sufragio universal sin restricción, incluyendo a las mujeres, reclamaba la “naturalización de los extranjeros con solo un año de residencia”, la inscripción permanente en los registros cívicos y el sistema proporcional con representación de las minorías. Cuando, a fines de 1897, se abrió un proceso que llevaría a la reunión de una convención para la reforma de la Constitución, los socialistas dieron un mayor impulso a su lucha para que una de las modificaciones a la carta constitucional del país incluyera una mayor facilidad para naturalizarse. En efecto, en la petición que hacía circular La Vanguardia para ser firmada y remitida al Congreso se incluía la modificación del artículo 20°, “en el sentido de permitir la naturalización de los extranjeros, con solo un año de residencia, y por la simple inscripción en los registros cívicos”.11
18Sin embargo, la cuestión de la naturalización automática, sugerida incluso por algunos sectores de la propia clase dominante, era puesta también en discusión. Ocurre que, para los socialistas, la realización del propio trámite de naturalización era una expresión de la conciencia del trabajador, que debía ser promovida por la vía pedagógica y propagandística. En mayo de 1897, por ejemplo, un artículo abordaba de forma crítica la perspectiva que se centraba en reclamar la naturalización automática. Se caracterizaba que “los trabajadores que por su propia convicción y su interés bien entendido no adquieren ya los derechos políticos, lo que hoy es cosa bien sencilla, no serían una adquisición muy preciosa para nuestro partido, ni en su mayor parte vendrían a él, si una ley los declarase ciudadanos, en medio de su sorpresa o su indiferencia”. En ese caso, la mayoría “se ocuparía tanto de política como antes, y muchos servirían solo para aumentar el ganado electoral de los partidos burgueses”. Lo que necesitaba el Partido Socialista, concluía La Vanguardia, eran “hombres conscientes, convencidos y resueltos, de los que no esperan que se les confieran derechos, sino que los toman o los conquistan”. Una vez más vemos cómo la naturalización era leída como una expresión de la conciencia de clase: solo los trabajadores de estas características “serán capaces de realizar la gran revolución política que ha de poner término a la miseria y a la servidumbre de los que trabajan”.12
19 El mismo argumento fue retomado en 1897, en un artículo que se delimitaba de quienes pedían “nuevas leyes sobre la naturalización, creyendo que de esto depende que los extranjeros entren en la vida política del país”. Se trataba, para La Vanguardia, “de un caso vulgar de ese fetiquismo (sic) por los legisladores que les atribuye el poder de hacer lo que solo puede ser hecho por los sentimientos y las convicciones de las masas”. El artículo recordaba que el partido también pedía, en este punto, una reforma: reducir de dos a un año de residencia el mínimo requerido para que el inmigrante pudiera adquirir los derechos políticos. Pero era solo “con el objeto de hacer más pronta aun la naturalización, no porque creamos que las leyes actuales sean insuficientes”. Por otra parte, recordaba La Vanguardia, los trámites requeridos para nacionalizarse no eran “muchos más que los necesarios para inscribirse en una elección, de modo que quien no toma los derechos políticos por el poco trabajo que cuesta conseguirlos, sería siempre un ciudadano de valor efectivo muy dudoso”.13
IV
20El entusiasmo que era posible advertir en los primeros años de La Vanguardia, sin embargo, comenzó a verse reemplazado por la preocupación, al advertir que la obtención de los derechos políticos avanzaba en forma extremadamente lenta. Se ponía así en evidencia que existían fuertes resistencias a la naturalización en las filas obreras, e incluso al interior de la propia militancia partidaria. Si en fecha tan temprana como diciembre de 1894 La Vanguardia admitía que los socialistas enfrentaban “la animosidad manifiesta de la mayoría de las sociedades obreras contra la naturalización”, los malos resultados obtenidos en la elección de comienzos de 1896 encendieron una luz de alarma. Encontramos, en consecuencia, una preocupación por asegurar el crecimiento de los ciudadanos entre los propios militantes socialistas como camino para obtener una mejor performance electoral. Al respecto se publicó un interesante artículo en abril de 1896, que planteaba que “el número de votos obtenidos por los candidatos socialistas en las últimas elecciones prueba que, a lo menos por ahora, no hay que contar con la opinión de ciudadanos no adherentes al partido obrero”. La conclusión era que en las futuras elecciones los socialistas debían “esperar menos de la opinión general y contar sobre todo con las fuerzas afiliadas al partido”. La tarea planteada era combinar el proceso de construcción partidaria con la lucha por la naturalización: se trataba de buscar “activamente adherentes para los centros socialistas, y poniéndonos todos en condiciones de hacer uso de los derechos electorales”.14
21En este marco, para reforzar la campaña en pro de la naturalización y poniendo al mismo tiempo de manifiesto que las resistencias que encontraban tenían que ver con los vínculos que muchos de los trabajadores seguían teniendo con sus países de origen, el Partido Socialista argentino solicitó una colaboración escrita a dirigentes del socialismo español e italiano, para que dejaran sentada su posición al respecto. En agosto de 1897 se publicó una carta de Pablo Iglesias, el líder del Partido Socialista español, acerca del problema. La misiva destacaba los avances del socialismo en Argentina y consideraba que los progresos serían mucho mayores cuando los militantes argentinos pudieran “influir más directamente que ahora en los asuntos del país por medio de representantes propios elegidos en los comicios”, para lo cual era necesario “reñir dura batalla con la indolencia que muestra una gran parte de los obreros inmigrantes en lo que respecta a naturalizarse en esa República”. La carta de Iglesias refrendaba el punto de vista de los socialistas de Argentina, en el sentido de presentar a la naturalización como la tarea que todo militante consciente de su pertenencia a un movimiento internacional debía acometer:
… los italianos, los franceses, los españoles, los obreros todos de las otras naciones, a quienes el anárquico régimen capitalista ha impedido ganar en sus respectivos países lo indispensable para vivir, llevándolos a esa región, habrán de convencerse, por poco que se cuiden de sus intereses, de que mal podrán defenderlos, de que poco eficaz podrán hacer por ellos, si no se naturalizan en esa República, si no se ponen en condiciones de poder invadir los cuerpos administrativos y políticos.
22Si eso era lo que se planteaba “a los obreros europeos que se preocupan algo de su suerte”, era aún más el deber “de los que profesan ideas socialistas”. Estos últimos, según Iglesias, estaban “obligados a adquirir inmediatamente la naturalización, tanto para poder enseguida tomar parte en todos los actos políticos, como para dar el ejemplo a los demás trabajadores”.
23Una vez más, la naturalización era vista como expresión de conciencia internacionalista: “hermanos suyos todos los obreros, vivan donde vivan y hablen el lenguaje que hablen, donde quiera que esté, tiene el deber de trabajar por su unión, de educarlos, de enseñarles el camino que les conviene seguir y de predicarles todo lo que han de hacer, más que con palabras, con actos”. Iglesias concluía aconsejando a todos los lectores, “y principalmente a los que proceden de España, a los que aquí han peleado contra los explotadores y contra sus representantes en el poder, a que se naturalicen ahí, a que adquieran los derechos políticos”.15
24La respuesta de los socialistas italianos tardó más en llegar y fue menos favorable que la misiva de Iglesias. En efecto, el 3 de febrero de 1898 apareció en La Vanguardia un importante y extenso artículo firmado por el “Grupo parlamentario socialista italiano”. Con el título “A los obreros italianos emigrados a la República Argentina”, la carta llevaba las firmas de parlamentarios del Partido Socialista de Italia, entre ellos Enrico Ferri, Andrea Costa y Filippo Turati. Su contenido resulta de extremo interés, en tanto planteaba una serie de reticencias acerca de la naturalización de los inmigrantes italianos en Argentina que constituyen una de las claves para comprender las dificultades que encontrarían los socialistas locales para desarrollar este aspecto central de su propuesta política.
25La nota comenzaba haciendo referencia a las duras vicisitudes que debían enfrentar los emigrantes italianos, expulsados de su país de origen por la penuria económica y obligados en el país de destino a sufrir un destino de proletarización y explotación. El artículo se dirigía a los italianos “arrojados de los campos, de las humildes tiendas, de los talleres y de las canteras de la patria” que al llegar a la Argentina fueron “comprados como mercancía de trabajo, mezclados con otros rebaños humanos y enviados por un precio vil a hacer competencia a los trabajadores del país (…) siempre míseros y siempre esclavos”. La explicación era que, tanto en Argentina como en Italia, “el dominio de la tierra y el monopolio del mecanismo político” estaban en manos “de una minoría de politiqueros interesados, que explotan a la masa de trabajadores nativos y la de los inmigrados en su propio y exclusivo provecho”. No obstante, a diferencia de lo que ocurría en Italia, donde “la ruinosa y opresora política militarista, la inercia de las instituciones tradicionales y el empobrecimiento general del país” hacían difícil “una amplia intervención de la clase trabajadora en la cosa pública”, en Argentina las cosas se presentaban de otro modo. Según los parlamentarios socialistas italianos, en este último país era más fácil para los trabajadores participar en la vida política y “ejercitar la influencia que les corresponde por su número y por su valor moral”. El camino para esa participación era a través del Partido Socialista, “intérprete y representante natural de vuestra clase”.
26En este punto, los socialistas italianos abordaban la cuestión de la naturalización, clave para que los inmigrantes pudieran participar en la vida política argentina. La misiva establecía en este terreno una distinción entre aquellos inmigrantes italianos que planearan quedarse definitivamente radicados en Argentina y aquellos que tuvieran en sus planes regresar al país de origen. A los primeros, a aquellos que “por razones de interés, de afecto o de simpatía se han fijado para siempre en la Argentina” sin intenciones de retornar, los llamaban abiertamente a optar por la naturalización tal como reclamaban los socialistas del país. Con respecto a los segundos, sin embargo, la postura era diferente. La carta advertía que no podían “aconsejar la naturalización a aquellos de nuestros compatriotas que emigran con la ingenua esperanza de hacer en el extranjero un poco de fortuna, dejando en la patria la familia, a la cual esperan volver alguna vez, trayéndoles un poco de bienestar y de felicidad”. Los socialistas italianos recordaban que las leyes de su país cerraban “severamente las fronteras de la patria a la pobre gente que las cruzó empujada por la miseria y que, habiendo encontrado trabajo en otra parte, sintió nacer en sí el deseo y el sentido de la vida política”.16
V
27El señalamiento de los parlamentarios socialistas italianos, en el sentido de admitir que no reclamaran la ciudadanía argentina aquellos inmigrantes que tuvieran planes de retornar a su país, ponía el dedo en la llaga e iba al centro de los problemas que debían enfrentar los socialistas en Argentina. En un país caracterizado por la extrema movilidad de los flujos migratorios, donde era habitual el retorno a la tierra de origen o al menos la incertidumbre respecto al futuro inmediato, el planteo de los socialistas italianos no hacía sino poner de manifiesto lo que era en los hechos un rasgo extendido entre los inmigrantes que vivían y trabajaban en Argentina: la resistencia a perder definitivamente el vínculo con su país de origen.
28Las dificultades no tardaron en ser explícitamente admitidas en las páginas de La Vanguardia. El 12 de noviembre de 1898 un artículo de Adrián Patroni dejaba claras las dificultades que enfrentaba la táctica socialista, cuando admitía que “los extranjeros no socialistas no han llegado a comprender el interés que para ellos representa influir en la legislación”. La nota volvía a poner de manifiesto que la naturalización no era vista en clave nacionalista, sino al contrario como un gesto de despreocupación por cualquier sentimiento patriótico. “Que no se nos venga a objetar”, planteaba el artículo, “que pretendemos que los individuos renieguen su patria de origen para adoptar otra nueva, pues esa sería una objeción infantil”. Los socialistas, señalaba La Vanguardia, estaban “persuadidos que hoy la patria es una ficción, y lo seguirá siendo mientras todos no sean poseedores por igual de la tierra y de los medios de producción”.17
29En la misma línea se expresaba, algunos años más tarde, otro dirigente del partido, Julio Árraga, en una conferencia dictada el 4 de mayo de 1901 en el Centro Socialista Obrero. Árraga partía de considerar que algunos extranjeros se negaban a nacionalizarse porque creían “ver en ese acto una humillación, al renunciar a su nacionalidad”. Ello se debía, según Árraga, a “un concepto falso” de lo que representaba la naturalización, en tanto ella solo implicaba, desde su perspectiva, la obtención “de los derechos del ciudadano para ejercer los derechos políticos, a fin de constituir buenos gobiernos, que le garantan su libertad, sus intereses y los de su familia”. Ello no implicaba, recordaba, renunciar “a las simpatías, a las vinculaciones de familia que tenga” ni dejar de hacer “por sus connacionales que residen en su país los mismos sacrificios y los mismos esfuerzos por el bienestar de ellos”.18
30El 20 de septiembre de 1902, un artículo titulado “Naturalización de los extranjeros” volvía a cuestionar a los militantes del partido que se resistían a tomar la ciudadanía argentina. Para La Vanguardia, en efecto, podía ser comprensible esta resistencia a la naturalización en aquellos sectores más atrasados, “esclavos de prejuicios y preocupaciones, que continúan maniatados al sentimiento de una patria circundada por límites estrechos en vez de considerar al mundo como patria del hombre”. Era inadmisible, sin embargo, que estos prejuicios aparecieran en los propios militantes del partido. Los socialistas, según el artículo, se habían “formado un concepto amplio del movimiento que agita y une a los hombres que se dan cuenta del presente movimiento histórico”, y debían mostrar con su ejemplo “que el hecho de haber nacido en un determinado país es la resultante de un caso fortuito”.
31 La Vanguardia admitía a continuación que cada vez que habían hecho este reclamo habían recibido como respuesta “argumentos más o menos pueriles, unas veces pretextando que era ineficaz ir a votar por deficiencias de la ley, en otros casos alegando la pérdida de los derechos políticos si los aquí naturalizados regresaban al país nativo”. El artículo admitía que la ley adolecía “de bastantes defectos”, pero sostenía que peor era renunciar a los beneficios que sí otorgaba. Respecto a la pérdida de derechos en el país de origen, el artículo avanzaba un argumento nuevo: “no existe tal cosa en la práctica, toda vez que el gobierno argentino, según jurisprudencia sentada a raíz de un pedido por parte del plenipotenciario de España en 1887, no otorga a nadie la nómina de los extranjeros que se ciudadanizan”.19
32Para los socialistas, los argumentos contrarios a la naturalización no eran más que “sofismas”, “sutilezas” y “figuras retóricas”. La insistencia en la crítica al “sentimiento patriótico”, que muchos inmigrantes señalaban como obstáculo a la naturalización en Argentina, ponía de manifiesto que se trataba de un debate importante en las filas del partido y entre los simpatizantes. Para La Vanguardia, se trataba de algo “sencillamente infantil”, en tanto “el amor, el cariño que puede inspirar la nación en donde se ha nacido, no admite comparación, al que se tiene por los propios hijos”. Cuestionaba, en efecto, que “por rendir un culto idólatra a la patria lejana”, los trabajadores inmigrantes contribuyeran “con pasividad a que las cosas marchen de mal en peor y que su propio porvenir y el de sus hijos, que preocupa mucho más que el sentimiento patriótico, tienda a obscurecerse más y más cada día”.
33También se salía al cruce del otro argumento esgrimido por quienes se negaban a naturalizarse: el deseo de conservar la ciudadanía de su país de origen. Para Virgilio Aures, el autor del artículo, se trataba de “otra pamplina”. Esto porque, por un lado, si bien “el noventa y cinco por ciento de los extranjeros que emigran llegan al país con la esperanza de retornar una vez hecha la América”, la realidad era que “tal vez el noventa por ciento deja en la república sus huesos sin realizar ese deseo”. Por otro lado, porque aún en el caso de retornar, el haberse naturalizado argentino no constituía una traba, en tanto el gobierno se negaba “a suministrar todo dato sobre naturalizados a los ministros que lo soliciten”.20
34A pesar de la sencillez de los trámites, subrayada por los socialistas, la obtención de la carta de ciudadanía siempre había implicado un esfuerzo para los trabajadores. Ya desde mediados de la década de 1890 los socialistas dedicaron espacio en el periódico a diferentes denuncias que daban cuenta de la situación y eran una demostración más de los vicios de la corrompida “política criolla”. En 1896, una carta enviada a La Vanguardia denunciaba “lo inútil y perjudicial de nuestro ejército de empleados nacionales” y a los funcionarios del gobierno que despreciaban “al público que les paga y les mantiene”. El firmante de la carta apuntaba que su intención era “tomar carta de ciudadanía, en unión de varios compañeros, en trámites que podrían terminarse al momento”, pero se los había “hecho esperar más de un mes y perder ya siete días, a nosotros, obreros, que necesitamos todo el tiempo para trabajar en obsequio a los patrones y a los que viven del presupuesto”. La conclusión era que estas dificultades tenían la consecuencia, “conscientemente o de puro de gusto, de obstaculizar la naturalización de muchos extranjeros, que no tienen tiempo ni paciencia que perder”.21
35Lo cierto es que la tramitación de la ciudadanía se hizo mucho más difícil, sin embargo, después de la sanción de la Ley de Residencia, en noviembre de 1902, que abrió un nuevo escenario para la lucha política de los socialistas. En un primer momento, el planteo de La Vanguardia fue subrayar que la nueva legislación represiva venía a confirmar, de una manera brutal, la necesidad de los trabajadores de obtener la naturalización. En enero de 1903, cuando el periódico volvió a salir con su formato habitual, después de haber sido publicado en forma de boletín luego del estado de sitio que siguió a la huelga general de noviembre, las principales notas políticas estaban dedicadas a la ley y la necesidad de enfrentarla. En este marco, la cuestión de la naturalización se planteaba en un nuevo terreno.
36 Un artículo de Esteban Dagnino, titulado “La naturalización de los extranjeros se impone” abordaba la nueva situación. Comenzaba por admitir explícitamente que “las repetidas llamadas” hechas por el Partido Socialista en pro de la naturalización habían “caído siempre en el vacío”. A pesar de todos los esfuerzos puestos por el partido, según Dagnino, los trabajadores extranjeros habían continuado “en su musulmana despreocupación”. E incluso en las propias filas partidarias, “que debía ser abierto a todas las corrientes purificadoras que barren los prejuicios y los sofismas patrioteros, la naturalización de los extranjeros encontraba hasta hace poco mal disimuladas resistencias y no pocas oposiciones”. Tan solo “una pequeña minoría de trabajadores socialistas, en medio del general relajamiento”, habían tenido “el valor moral de despojarse de las preocupaciones patrioteras, naturalizándose, y de bajar a la arena política con un programa de principios”. Pero ese esfuerzo no había logrado, según Dagnino, “sacudir la enervante soñolencia de la masa trabajadora”.
37Este diagnóstico muy negativo sobre los límites que había encontrado la propaganda socialista en pro de la naturalización daba paso a una caracterización de la nueva etapa. Dagnino planteaba que “un hecho imprevisto y extraordinario” había venido a “modificar sustancialmente la condición de los extranjeros habitantes de la república, al punto de que la naturalización que hemos venido pregonando infructuosamente tanto tiempo como arma preciosa de defensa social” se convertía ahora en “el único indispensable instrumento de conservación individual y colectiva para los extranjeros residentes entre nosotros”. Lo que no había logrado “la constancia de la propaganda y el criterio práctico de la clase trabajadora” lo había podido “la anarquía y la ineptitud de la burguesía criolla, aliada con la explotación cosmopolita encarnada en los capitalistas extranjeros”.22
38La situación, sin embargo, sería mucho más compleja. Una de las consecuencias de la Ley de Residencia fue un serio endurecimiento de los requisitos para la obtención de la ciudadanía. A partir de ese momento, para obtener la naturalización era preciso “presentar ante el juez federal respectivo una solicitud acompañada de la declaración de dos testigos que acrediten la identidad del recurrente, un certificado de buena conducta expedido por la autoridad policial de la localidad en que reside y otro del cónsul de la nación a que pertenece el extranjero”. Una vez formalizado el expediente, “pasa a informe del procurador fiscal del respectivo juzgado, funcionario que procede con amplia libertad en la apreciación del caso, y que aún puede oponerse al otorgamiento de la carta de naturalización, como ha acontecido en muchos casos”.23
39Si ya antes de la sanción de la Ley de Residencia, como hemos visto, los socialistas caracterizaban de manera negativa la pasividad que mostraban muchos trabajadores para naturalizarse, ahora se interponía una nueva dificultad, debido a las trabas y exigencias legales suplementarias que imponían los juzgados federales. El partido, no obstante, se mantuvo firme en su campaña y sumó a la propaganda a favor de la naturalización una serie de consejos legales para que los trabajadores que deseaban realizar el trámite no abandonaran en su intento ante las trabas que se les planteaban. El 8 de agosto de 1903, un artículo de Árraga que planteaba que en Argentina la legislación electoral era más amplia y liberal que en otros países de Europa, debía admitir que con la Ley de Residencia “las autoridades han desnaturalizado los propósitos liberales de la ley de naturalización al obligar al extranjero que obtenga previamente un certificado de buena conducta otorgado por la policía”. La nota concluía llamando a quienes deseaban naturalizarse a “no desmayar ante los obstáculos arbitrarios que se les oponen”. Se apuntaba también que el partido había resuelto designar una comisión “que ampare y defienda a los extranjeros que desean sacar la carta de ciudadanía” y se proponía complementar esta resolución con “una propaganda robusta en todos los centros, plazas y talleres, fomentando la naturalización del obrero extranjero”.24
40Desde entonces, y durante buena parte de la década del 900, sería habitual encontrar en las páginas de La Vanguardia extensas columnas que combinaban las denuncias por las dificultades impuestas a quienes querían obtener la ciudadanía con distintas recomendaciones e instrucciones para poder sortearlas. Las crónicas publicadas en el periódico daban cuenta de los múltiples problemas y trabas burocráticas que debían enfrentar los trabajadores que solicitaban la naturalización. Una carta denunciaba, por ejemplo, la “fastidiosa secuela de cargosidades y molestias de todo género, en forma de visitas domiciliarias, citaciones diurnas y nocturnas (estas últimas mayormente) y tres o cuatro interrogatorios en la Comisaría de investigaciones, donde uno cualquiera de los fariseos de la primera del mundo trató de escudriñar mis pensamientos y hasta las inocentes conferencias de propaganda que he dado en este país”. Las dificultades no habían concluido allí, dado que una vez que le fue informada la aceptación de su trámite, debió transitar varias veces por diferentes oficinas policiales y postergaciones de distinto tipo que bloqueaban la posibilidad efectiva de poder retirar el certificado.25
41El nuevo escenario posterior a la sanción de la Ley de Residencia, por otro lado, estaba caracterizado por la extrema discrecionalidad de los jueces y fiscales federales, que en algunos casos llevaban las trabas burocráticas a niveles más elevados que en otros. En agosto de 1903 se denunciaba que, obedeciendo a una circular del ministro de justicia, los jueces de la capital no aceptaban la tramitación de la ciudadanía “si previamente no se les presenta un certificado policial que acredite que el postulante es un hombre de bien que come y duerme a sus horas, guarda las fiestas y milita políticamente en las aguas de los caudillos roquistas”. El juez de La Plata, en tanto, aceptaba la tramitación de las solicitudes con la sola presentación de testigos que conocieran al postulante y se sometieran a un interrogatorio con el mismo magistrado. Ante esta situación, los socialistas impulsaban a los trabajadores a realizar en dicho distrito la solicitud de la ciudadanía. Otro problema surgió entonces, dado que el juez federal de La Plata no admitía las solicitudes de aquellos que no constituyeran un domicilio legal en la capital de la provincia, dificultando así seriamente los trámites de los habitantes de todo el interior de la provincia.26
42Las trabas que se ponían a diversos trámites tenían que ver, casi siempre, con la actividad política o sindical de los solicitantes, en el cuadro de fuerte represión a la agitación obrera que caracterizó a la primera década del siglo. Los jueces y fiscales argumentaban en forma habitual que la naturalización debía ser negada a individuos sindicados como “peligrosos” que por la vía de este trámite querían eludir las consecuencias de la Ley de Residencia. En 1906 se reseñaba lo ocurrido con un militante socialista de la localidad de Pergamino, que había solicitado el informe de antecedentes para poder tramitar su carta de ciudadanía. Según la denuncia de La Vanguardia, el informe policial señalaba que “si bien en esta comisaría no se le registra antecedente alguno, está conceptuado como de ideas socialistas, figurando en la actualidad como adherente al Centro socialista de esta ciudad”. A partir de este informe, el fiscal del juzgado argumentaba del siguiente modo para negar la ciudadanía:
… como una medida de seguridad pública se dictó una ley llamada de residencia por la que se faculta al presidente de la república para expulsar del país a los extranjeros agitadores de estas ideas y autores de las perturbaciones que son sus consecuencias. Para burlar la ley de residencia se buscan frecuentemente estas cartas de ciudadanía, que la autoridad no debe por lo mismo acordar con extrema facilidad. Más le conviene al país un ciudadano menos que uno más cuando éste haya de ser un peligro para la tranquilidad general.27
43En 1907 se denunció el caso de un militante de la localidad de Azul, cuya solicitud había sido denegada porque el informe policial señalaba que era “un fomentador de huelgas” que se había enfrentado al intendente del pueblo “al presentarse a solicitar la libertad de varios tipógrafos huelguistas”. Algo similar sucedía con otro militante, a quien el fiscal negaba la ciudadanía amparándose en un informe del jefe de policía Ramón Falcón que lo sindicaba como “fomentador de huelgas de fosforeros y desórdenes”.28 En ocasiones el fiscal incluso apelaba resoluciones de ciudadanías ya otorgadas. El 13 de agosto de 1907, por ejemplo, se mencionaba el caso de una apelación hecha por el fiscal ante la cámara federal, basada en que el solicitante había “actuado en diferentes huelgas de horneros, como agitador, aconsejando la intransigencia”. En el caso de Segundo Iñigo Carrera, la apelación se basaba en que el solicitante había dado como domicilio en La Plata la casa “que habita el señor Meyer González [dirigente del partido en La Plata] pero vive en la capital federal, y ha concurrido a La Plata a dar conferencias sobre el descanso dominical y socialismo, y ha de estar afiliado con tal motivo a dicho partido”. En otro caso, un telegrama de la policía de la capital informaba al fiscal platense que un solicitante era “anarquista y actualmente tesorero de la sociedad de resistencia de obreros del puerto, y que ha actuado como cabecilla de los agitadores en diferentes huelgas de su gremio, habiendo tenido una entrada por desorden y otra por gestación de armas”.29
44En suma, es indudable que los nuevos requisitos impuestos luego de la sanción de la Ley de Residencia dificultaron aún más la naturalización de los extranjeros. A pesar de las dificultades, los socialistas no solo continuaron con su tenaz campaña, sino que integraron el nuevo escenario a su caracterización sobre el atraso político de la clase dominante argentina. En abril de 1906, por ejemplo, un artículo planteaba que “las múltiples trabas que oponen las autoridades a la adquisición de la carta de ciudadanía” mostraban “la bajeza y la miseria moral de nuestra clase gobernante, que por ese medio desleal trata de oponerse a la acción política obrera”. El periódico caracterizaba que “las pandillas de aventureros que merodean al sol del presupuesto y se perpetúan hereditariamente en las situaciones oficiales ven en cada extranjero que se naturaliza un enemigo que nace; y con mayor razón cuando ese extranjero pertenece a la clase laboriosa, irreconciliable adversaria de la burguesía”. Denunciaban que, salvo un caso de un juez de La Plata, ningún juez había “protestado contra las arbitrariedades con que se quiere obstaculizar la ley de naturalización” y que la policía, “ese brazo armado de los opresores”, se había “erigido en árbitro de la ley”, logrando que los magistrados aceptasen “sumisamente sus mandatos abusivos”.30
***
45En diciembre de 1903 La Vanguardia publicó un extenso informe enviado por el partido al congreso internacional de Ámsterdam, que se realizaría el año siguiente. Entre otros temas, abordaban allí el problema de la naturalización, que caracterizaban como una “cuestión que interesa mucho a nuestro partido”. Partían de informar que las leyes del país favorecían la naturalización, en tanto “el tiempo que se requiere para adquirir la ciudadanía es relativamente corto” y los procedimientos eran “breves y rápidos”. Daban cuenta, no obstante, de que a pesar de ello los extranjeros “no se naturalizan en número considerable”. Las causas, según el informe, eran varias: por un parte, había muchos extranjeros que no querían hacerlo; por otra, había otros que no podían lograrlo por las trabas impuestas luego de la sanción de la Ley de Residencia. Señalaban que el partido había hecho una intensa campaña por la naturalización, pero que ésta no había tenido un resultado favorable, “porque muchos trabajadores extranjeros entienden que la adquisición de los derechos políticos en este país no les interesa tanto como la conservación de esos mismos derechos en su país de origen”. Planteaban en este punto la importancia de una agitación en los países europeos para que la adquisición de la ciudadanía en otras naciones no privara del derecho de conservar la del país de origen.31
46El informe enviado al congreso internacional, de este modo, resumía tanto los planteamientos del Partido Socialista respecto a la cuestión de la naturalización como los diversos problemas y límites que enfrentaba su campaña debido a la reticencia de muchos trabajadores extranjeros a obtener la carta de ciudadanía. A través de un minucioso análisis de La Vanguardia a lo largo de más de una década, en este capítulo hemos intentado documentar en forma detallada este amplio conjunto de dificultades que encontró la prédica de los socialistas frente a una clase trabajadora que se resistía a naturalizarse. Se confirman, en este punto, los señalamientos que hiciera Ricardo Falcón en un clásico trabajo, cuando puntualizaba que esa “tendencia a la persistencia de la identidad étnica” había contribuido a consolidar la mayor influencia relativa de los anarquistas respecto a los socialistas, debido a la fuerte insistencia de estos últimos en cuestionar esa identidad y reclamar la naturalización (1987: 383).
47También hemos intentado mostrar, por otra parte, que los socialistas decodificaron esas dificultades a través del mismo prisma que les permitía caracterizar los límites que enfrentaba su actividad como producto del “atraso” del país, cuya responsabilidad primera recaía en la clase dominante. En efecto, en noviembre de 1906, podía leerse en La Vanguardia que
Por desgracia, la clase obrera en Argentina está sumergida aún en un limbo de prejuicios—originarios unos y adquiridos otros. El trabajador criollo es, generalmente, instrumento ciego del caudillo político; y no es raro ver tampoco al obrero—nativo o naturalizado—que después de protestar heroicamente contra los desmanes policiales, o la tiranía de la ley de residencia o la ineficacia del sistema parlamentario, venda tranquilamente su voto al primer mercader que encuentre en su camino.32
48Como hemos visto, estas dificultades no apartaron a los socialistas de una posición que otorgaba un lugar decisivo a la acción parlamentaria y por lo tanto los llevaba a predicar, una y otra vez, en pro de la naturalización de los extranjeros. En un período temprano, esta campaña se procesó fundamentalmente a través de una agitación que apelaba a la conciencia de clase de los trabajadores, exponiendo a la obtención de la carta de ciudadanía argentina como una expresión de desprendimiento respecto a prejuicios nacionalistas con el país de origen de los trabajadores.
49Hacia fines de la década del 900, sin embargo, esta situación comenzaría a cambiar. En el contexto de un creciente discurso nacionalista proveniente de las filas de la clase dominante, los socialistas comenzarían a procesar un deslizamiento en su posición política que los llevaba, en primer lugar, a denunciar fuertemente el carácter xenófobo de la prédica gubernamental pero también, en segundo término, a modificar parcialmente los ejes de su apelación en pro de la naturalización, colocando el elemento clasista en un cada vez más evidente segundo plano. Se trató, por supuesto, de una operación intelectual lenta y que recién se condensaría bien entrada la segunda década del siglo. En agosto de 1906, un interesante artículo titulado “Extranjerismo” vinculaba la cuestión del patriotismo “argentino” con el problema de la naturalización de los extranjeros. La nota advertía el cambio que se estaba procesando en las propias filas del estado y la clase dominante, haciendo referencia a que en los últimos tiempos recrudecía “una propaganda insidiosa, mala, pérfida, solapada, contra todo lo que no es nativo, indígena, estrechamente nacional”. Dicha campaña, según La Vanguardia, se llevaba adelante “en los diarios, en las revistas, en la tribuna”, y respondía “a un propósito deliberado: el de envenenar la opinión de los nativos, estimulando en ellos el atávico odio contra el extranjero para impedir la inminente intervención de éste en la cosa pública”. El patriotismo era considerado “el refugio de los pillos y los farsantes (…) el escudo que tapa y defiende sus deleznables situaciones personales”. La Vanguardia consideraba que “vociferar contra el extranjero” era “conspirar contra el progreso técnico y económico del país”.33
50Los socialistas cuestionaban el patriotismo estrecho de la burguesía y destacaban que los extranjeros jugaban un rol fundamental en el progreso del país. Era en esta clave que se presentaba, ahora, el reclamo por la naturalización. Ya no como un deber de clase de los trabajadores inmigrantes, tampoco como una apelación al patriotismo: antes bien, se lo presentaba como una necesidad para superar la contradicción entre actividad social y económica y carencia de participación política, “un desequilibrio peligroso y fatal para el desarrollo y la evolución de nuestro progreso”. La Vanguardia llamaba a reaccionar “contra el ‘cosmopolitismo’ sin ideales ni horizontes, contra el ‘extranjerismo absorbente’ de los mercaderes” y a fomentar “el amplio desarrollo de la nacionalidad en todas sus manifestaciones materiales e intelectuales”. La patria, en última instancia, era el lugar “donde uno vive, trabaja, produce y se reproduce”: a través de esta argumentación los socialistas lograban cuestionar los planteamientos nacionalistas de la clase dominante argentina sin por ello poner en cuestión la idea misma de patria.34
51Eran planteamientos, en última instancia, que podían perfectamente integrarse a la perspectiva de un partido cuyo principal referente ya había señalado en 1898, en ocasión de su conferencia en el Ateneo Nacional. En efecto, en ese momento Juan B. Justo había señalado:
Amo el país en que vivo, y deseo que sean muchos los que tengan motivo de amarlo; una viva simpatía me une a todos los que aquí trabajan y luchan, y para ellos deseo la vida de los hombres fuertes, inteligentes y libres (…); me llamo argentino, y quiero que este sea el nombre de un pueblo respetado por sus propósitos sanos y sus acciones eficientes; veo que todavía cada pueblo tiene una bandera, y deseo que, mientras la humanidad no tenga una, la argentina o la sudamericana flamee en estas tierras.
Notes de bas de page
1 Para una valoración reciente del trabajo de Botana, a la luz de la producción historiográfica de las últimas décadas, ver Alonso y Bragoni (2015).
2 A lo largo de un período tan extenso como el que va desde 1880 hasta 1912, por supuesto, estas prácticas fueron modificándose, y por otra parte la situación era muy distinta en la capital, tema de nuestro estudio, en la provincia de Buenos Aires o en distintos puntos del interior del país. Numerosos observadores de la época advirtieron, por ejemplo, una “evolución” desde los enfrentamientos violentos que caracterizaban a las jornadas electorales, con distintos grupos disputándose físicamente el control de los atrios, hasta mecanismos más sofisticados de manipulación y “vuelco de padrones” o prácticas de compra de votos, mucho más habituales en la década de 1900. Las diversas coyunturas políticas también influyeron en las particularidades de cada comicio, por otra parte, en la medida en que aquellas elecciones en las cuales las listas oficialistas no encontraban oposición se revelaban mucho más “tranquilas” — y también mucho menos concurridas— que aquellas en las que había una competencia real entre distintas facciones.
3 Segundo censo nacional de la República Argentina (1895), tomo 2, página CVII. El censo de 1869 ni siquiera mencionaba la cantidad de naturalizados.
4 Tercer censo nacional de la República Argentina (1914).
5 Si bien se presentaron varios proyectos de reforma, la ley continuó en vigencia durante todo el período objeto de nuestro estudio, hasta entrado el siglo XX. Sobre los distintos proyectos de reforma, ver Recagno (1912: 210-226) y Durá (1911: 111-142). Los trámites fueron modificándose en la práctica por la jurisprudencia de los tribunales federales. Como veremos más adelante, una de las principales modificaciones fue la que tuvo lugar luego de la sanción de la ley de residencia, cuando comenzó a exigirse un certificado de buena conducta expedido por la policía.
6 Tercer censo nacional, tomo 1, págs. 209-210.
7 Ver, por ejemplo, La Vanguardia, 21 de abril de 1894.
8 La Vanguardia, 9 de junio de 1894 y 4 de septiembre de 1897.
9 La Vanguardia, 21 de abril y 9 de junio de 1894.
10 La Vanguardia, 21 de abril y 9 de junio de 1894, 4 de septiembre de 1897.
11 La Vanguardia, 16 de junio de 1895. Otras modificaciones reclamadas eran la supresión del artículo 2°, que planteaba la defensa del culto católico y la inclusión de un nuevo artículo que estableciera en ocho horas la duración diaria de la jornada para los obreros “en los talleres y obras del Estado”. El domingo 26 de septiembre los socialistas realizaron una manifestación para reclamar por las tres reformas a la constitución. Además, se presentó una petición al Congreso con más de diez mil firmas.
12 La Vanguardia, 29 de mayo de 1897.
13 La Vanguardia, 26 de junio de 1897. Casi veinte años más tarde, Adolfo Dickmann recordaba que los socialistas “no hemos sido partidarios de la naturalización en masa ofrecida por los oligarcas de la política para disponer de mayores elementos de fraude, cuando los atrios eran un escarnio y la democracia una ficción” (1916: 9).
14 La Vanguardia, 8 de diciembre de 1894 y 11 de abril de 1896.
15 La Vanguardia, 21 de agosto de 1897.
16 La Vanguardia, 3 de febrero de 1898.
17 La Vanguardia, 12 de noviembre de 1898.
18 La Vanguardia, 30 de junio de 1901.
19 La Vanguardia, 20 de septiembre de 1902.
20 La Vanguardia, 15 de noviembre de 1902.
21 La Vanguardia, 10 de octubre de 1896.
22 La Vanguardia, 10 de enero de 1903.
23 Tercer censo nacional (1914).
24 La Vanguardia, 8 de agosto de 1903.
25 ídem.
26 La Vanguardia, 29 de agosto de 1903.
27 La Vanguardia, 4 de octubre de 1906. El juez, sin embargo, resolvió que “la razón aducida por el señor fiscal no es bastante para rechazar la petición de ciudadanía, porque esto implicaría castigar los delitos de opinión o de propaganda”
28 La Vanguardia, 9 de julio de 1907.
29 El 20 de noviembre de 1906 se reproducía un extracto de un texto del procurador Isaac Godoy, quien lamentaba “el espectáculo que ofrece esta causa, según se desprende del informe de la policía de la capital: el peticionante, sindicado de anarquista peligroso y por ende pasible de ser comprendido en la ley de residencia, ocurre a su juez, el de la capital, tratando de eludirla por medio de la naturalización, no por amor al país ni a sus leyes, sino para tener más facilidad de violarlas. No lo consigue; ocurre al Rosario; tampoco lo consigue; y atraído tal vez por los avisos que de cuando en cuando aparecen en La Vanguardia y La Protesta, diarios anarquistas de la capital, que indican a sus afiliados ocurran al juzgado de La Plata, porque ahí es fácil obtenerla”. Continuaba: “La jurisdicción territorial del juzgado de La Plata se ensancha así hasta comprender toda la república y quizás el mundo entero, para cubrir con la bandera nacional a esos eternos conspiradores contra el orden social a base de puñal y fuego (…) Para el objeto bastan dos testigos complacientes, generalmente de entre sus afiliados, e interrogados con tal desgano, que constituyen como en el presente, una información incompleta”.
30 La Vanguardia, 29 de abril de 1906.
31 La Vanguardia, 19 de diciembre de 1903.
32 La Vanguardia, 1 de noviembre de 1906.
33 Para un análisis reciente del lugar del nacionalismo en las formulaciones del socialismo argentino, ver Reyes (2018).
34 La Vanguardia, 5 de agosto de 1906.

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