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Luchas sociales, justicia contextual y dignidad de los pueblos

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Ricardo Salas

La fractura: una lectura de las recientes movilizaciones sociales en Colombia

Leonardo Tovar González

Texte intégral

Esta marcha es la del pueblo;
Nunca se echa un paso atrás;
Raíz india es la que empuja
Para hacernos avanzar.
Esta marcha es la del pueblo;
Hay más brazos que juntar
Para que los sueños sean
Bastiones de realidad.
Si tú marchas como pueblo
Serás pueblo y algo más:
Alto faro entre las sombras
Y clamor al alborear.
Esta marcha es la del pueblo
Y hay más cantos que cantar,
Porque el uno enseña al otro
Y no hay modo de olvidar.
Esta marcha es la del pueblo
En busca de la igualdad
Y dos razones impone:
Justicia con libertad.
Esta marcha es la del pueblo
Por el pan y por la paz.
Habrá pan sobre la mesa
Y más ganas de abrazar.
Esta marcha es la del pueblo;
Pronto habremos de lograr
Ser arrullo entre la noche
Y sonrisa al despertar.
Esta marcha es la del pueblo;
Nunca se echa un paso atrás;
Raíz india es la que empuja
Para hacernos avanzar.
Fernando Urbina, filósofo y poeta colombiano

1No habían marcado todavía las ocho de la noche del 21 de noviembre de 2019, cuando las calles de Bogotá y otras ciudades colombianas fueron conmovidas por un frenético, estridente, ensordecedor golpeteo de ollas, tapas, sartenes, cucharas, molinillos y otros utensilios de cocina. Con el cacerolazo, culminaba así de manera imprevista la primera jornada de protestas del paro nacional convocado por estudiantes y sindicatos, antecedida por movilizaciones universitarias realizadas a lo largo del año y continuada después de aquel jueves por varias semanas más, con la participación también de indígenas, feministas, ambientalistas, pensionados, artistas y, en general, ciudadanos de diversa condición. Dylan Cruz, joven bachiller proveniente de un barrio marginado que bregaba para ingresar en la educación superior, se convirtió en símbolo de las protestas, al fallecer a causa de un arma de “letalidad reducida” operada por un agente del Esmad, batallón antidisturbios de la policía colombiana.

22020 promete seguir con el contrapunteo entre los sectores contrarios al régimen y el gobierno de Iván Duque, este procurando diluir en una disgregadora “conversación nacional” (anagramáticamente léase “conservación nacional”) los trece puntos del pliego de peticiones impulsado por los manifestantes, estos presionando desde la calle la negociación de las 104 peticiones en que se desplegaron los temas originales. En la siguiente tabla relacionamos algunas de las solicitudes más relevantes de la “Agenda del Comité Nacional del Paro”, presentada al gobierno el 13 de diciembre (ver en detalle en página siguiente)

3Ante la desmesura y el alcance de algunas de estas iniciativas, que según voceros del ejecutivo implican reformas profundas en la estructura y la orientación del Estado, algunos observadores señalan que las organizaciones que lideran el paro representan sectores minoritarios de la sociedad, y por tanto no pueden pretender co-gobernar ni que se sustituya el programa de centro-derecha con el cual fue elegido el actual presidente en 2018, y menos forzar el cambio del modelo económico y del régimen político del país. En la otra orilla, se celebra gramscianamente que se abre paso una nueva hegemonía política en el país, en la que viejos y nuevos movimientos sociales se han coaligado en contra del inequitativo y discriminador sistema neoliberal impuesto por las élites dirigentes del país alinderadas con la globalización capitalista. En realidad, han terciado otros analistas, se trata del enfrentamiento entre dos élites con intereses parciales, la original de carácter empresarial y corporativo representada en el gobierno nacional, y la solapada de la vieja dirigencia sindical y los emergentes líderes universitarios, en defensa ambas de sus respectivos privilegios ya adquiridos, pero sin que ni una ni otra luchen genuinamente por las necesidades socio-económicas, las reivindicaciones de reconocimiento o las aspiraciones de representación política de los grupos más vulnerables de la sociedad.

  • 1 Para la consulta integral del documento, https://bit.ly/2ONjcBi

I. Garantías para el ejercicio al derecho a la protesta social

Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social y la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos. Que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.
Garantías especiales dirigidas a acabar con la violencia contra las mujeres en los procedimientos de la fuerza pública en intervención a la protesta social
Desmonte del ESMAD (Escuadrón antidisturbios) y abstenerse de la creación de cuerpos similares en la Fuerza Pública.
Desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la muerte de Dylan Cruz, de los líderes y lideresas sociales asesinados, desaparecidos y amenazados.

II. Derechos sociales

Política pública que elimine la tercerización laboral y propenda por la formalización laboral y trabajo decente. Pacto social y político por el derecho fundamental a la salud, universal, gratuito, de calidad y sin barreras. La financiación de la red pública hospitalaria estará a cargo del Estado. Eliminar la intermediación de entidades privadas en la red pública de salud.

III. Derechos económicos

Retiro de Colombia de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico-OCDE. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado. Ecopetrol (Empresa Colombina de Petróleos) debe ser una empresa 100 % estatal.

Aumento del presupuesto de Cultura a mínimo el 2 % del Presupuesto Nacional.

IV. Anticorrupción

Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción y garantía de aprobación de estos.

V. Paz

Garantizar el cumplimiento e implementación integral de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
Cesar definitivamente cualquier intento de reformar mediante ley o acto legislativo, el Acuerdo de Paz.
Retomar la agenda firmada por el Gobierno colombiano y el ELN. El Estado promoverá diálogos con todos los grupos armados para la consecución de la Paz.

VI. Derechos humanos

Replantear y modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa. Depurar de la Fuerza Pública a los agentes vinculados a presuntas violaciones de Derechos Humanos.
El desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores…

VII. Derechos de la madre tierra

Reconocimiento al carácter vinculante y decisorio de las consultas populares y los acuerdos municipales en defensa del agua, la vida y el territorio. Prohibición total del Fracturamiento Hidráulico (fracking). Protección de las selvas y la Amazonía como sujeto de derechos. Prohibición del uso del glifosato para la fumigación de cultivos de uso ilícito.

VIII. Derechos políticos y garantías

Desarrollo de un marco normativo, financiero e institucional para garantizar la autonomía jurisdiccional y administrativa, de los territorios colectivos titulados a comunidades étnicas. Cese de todos los tipos de violencias contra las mujeres, desde la concreción de políticas públicas con enfoque de derechos de mujer y género.

IX. Política agraria, agropecuaria y pesquera

Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos políticos. Adoptar una política de reforma agraria integral.

X. Cumplimiento de acuerdos entre el gobierno, y procesos y organizaciones

El Gobierno reactivará e iniciará de inmediato con los sectores, procesos y organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por los anteriores y el actual Gobierno con: Estudiantes universitarios - Organizaciones indígenas - Comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera - Organizaciones sindicales estatales - Sectores campesinos y agrarios-etc.

XI. Retiro de proyectos normativos

Retiro del proyecto de ley de Crecimiento Económico, reforma tributaria en tránsito en el Congreso de la República.
El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional.
El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales que desmejoren los derechos y garantías contemplados en el ordenamiento jurídico, actualmente.

XII. Derogatoria de normas

Se relacionan diferentes normas lesivas para la sociedad colombiana, relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas económicas.

XIII. Construcción normativa

Concertar el contenido de un Estatuto del trabajo conforme al Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que beneficie a la clase trabajadora, en especial a la juventud…
Garantizar que la prestación de servicios públicos no se privatice; se revierta a favor del Estado las que ya fueron privatizadas y se reformen las normas necesarias para ello
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4En este texto, dejaré de lado los diagnósticos coyunturales sobre un proceso en pleno desarrollo y sus posibles afinidades con episodios semejantes en Latinoamérica y el planeta, con el fin de intentar una interpretación más general sobre el significado histórico de las protestas en curso. En mi criterio, las actuales manifestaciones deben comprenderse a la luz de la ardua construcción de la democracia en Colombia, en tanto lo que en el fondo está en juego es el esfuerzo por superar la escisión que ha fracturado el proyecto democrático entre el orden postulado de derechos y participación, y el orden establecido de desigualdades y exclusión.

  • 2 Disponible en https://bit.ly/2vth4rB

5Como expusimos en nuestra contribución al libro colectivo “Claves de la justicia desde América Latina” (Valencia: Tirant lo Blanch, 2019)2, los códigos normativos de carácter deontológico instaurados a lo largo de la historia republicana en el Continente, han adolecido de lo que en lenguaje habermasiano podemos diagnosticar como “validez sin facticidad”, en tanto las pretensiones de justicia han carecido de efectivo cumplimiento en las dinámicas históricas. Por defecto, naciones como Colombia han sufrido la dolencia corolaria de una “facticidad sin validez”, dado que las desiguales relaciones de poder vigentes han generado una normatividad imperante de hecho, que ha desplazado cuando no subordinado los supuestos igualitaristas de los códigos normativos. A continuación, sostendré que el reciente movimiento de protestas en Colombia puede leerse como un esfuerzo por superar dicha fractura entre las pretensiones de validez y las condiciones de facticidad de la vigente Constitución de 1991, a través de la apropiación efectiva por parte de la sociedad civil de los derechos de libertad, igualdad y participación inscritos allí, y la exigencia a las autoridades de su cabal cumplimiento, vía el ejercicio del derecho a la protesta social.

6La actual C.P. colombiana en su concepción y en su implementación a lo largo de estas tres décadas a la vista, ha estado escindida entre la Carta de Derechos que constituye su telos jurídico-moral y el orden neoliberal que le sirve de contenido socio-político. Pero no se trata de una dicotomía conceptual entre ideologías en pugna, pues el quiebre reposa sobre el fraccionamiento real de las condiciones de vida en la sociedad colombiana, atravesada por índices de desigualdad entre los más agudos del planeta. Como ha mostrado Rawls, la dignidad está articulada con la capacidad para disfrutar en condiciones de equidad de los bienes sociales, de donde la desigualdad extrema no es asunto de envidia, sino de injusticia.

7Por eso, el uso del derecho a la protesta y el reconocimiento de la protesta como derecho se hallan plenamente justificados, previos a la consideración de la materia de las aspiraciones multiformes planteadas en el paro. En nuestro criterio, las recientes manifestaciones pueden contribuir a alcanzar por fin en Colombia el anhelado “estado social de derecho” proclamado por la misma Constitución, o en clave filosófica, para que los kantianos derechos de libertad se conviertan paulatinamente en “Derecho de libertad”, para expresarlo en el lenguaje hegeliano de Axel Honneth (cfr. “El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática” Madrid: Katz, 2014, 446 p.).

8Un sobrevuelo histórico nos ayudará a develar la génesis de la segmentación planteada. Sin remontarnos a los orígenes republicanos de la vida nacional en la disputa entre el autoritarismo libertario de Bolívar y el legalismo autoritario de Santander, podemos ubicar la ruptura en la oposición entre la “libertad sin orden” instaurada por la Constitución liberal de Rionegro en 1863, y el “orden sin libertad” instalado por la Constitución conservadora de 1886, que rigió al país hasta 1991. Rafael Núñez, artífice del movimiento de la Regeneración que dio como fruto la Carta del 86, acusaba al radicalismo liberal de haber creado una “anarquía organizada”, en la que en nombre de las sacrosantas libertades absolutas de los individuos y de la plena soberanía de los Estados confederados, el gobierno central careció de herramientas para asegurar el orden social y la unidad nacional. Por ello, su aliado Miguel Antonio Caro sustituyó la carta radical del 63, por una Constitución según el espíritu del Syllabus de Pío IX. Para asegurar el orden, se adoptó un sistema rígidamente centralista y se puso la ley bajo la protección de la Iglesia Católica, con el fin de propiciar que las personas fuesen educadas en la obediencia a los deberes que les correspondían al tiempo como cristianos y como ciudadanos.

9Durante la centenaria vigencia de la Constitución del 86, se gestaron diversos procesos destinados a resistir o por lo menos a moderar el orden de privilegios y exclusión al que en realidad sirvió el orden creado por la Regeneración. Entre ellos, el más notable fue la llamada “Revolución en marcha”, impulsada en los años treinta del siglo XX por el liberal Alfonso López Pumarejo. No obstante, el establecimiento, estructuralmente conservador, siempre logró imponerse tanto de facto como de iure, sea sometiendo militarmente a los contrincantes o eliminando a los opositores, sea con la captura de los cambios como sucedió con las reformas liberales, sea adoptando diseños institucionales previstos en el fondo para la preservación del statu quo, como fue el pacto bipartidista del Frente Nacional entre 1958 y 1978.

10Siguiendo el análisis integral de la democracia planteado por Antonio García en 1971 (cfr. “Dialéctica de la democracia” Bogotá: Desde Abajo, 2013, 355 p.), tres han sido las vías históricas del quiebre detectado, con persistencias hasta el presente. En términos económicos, el poder real estuvo vinculado a la concentración de la propiedad de la tierra como eje alrededor del cual se han estructurado los demás sectores económicos, en subordinación funcional a los intereses trasnacionales del imperialismo. En términos políticos, el enfrentamiento partidista entre conservadores y liberales y sus distintas facciones, en realidad estuvo supeditado al proyecto oligárquico de las élites dominantes, reacias a poner el Estado a favor de las necesidades de las mayorías populares. Y en términos culturales, dicha pseudo-democracia oligárquica y elitista se sostuvo sobre el esquema colonial de una “república señorial” (ver GARCÍA, Antonio “Colombia: esquema de una República señorial” Bogotá: Cruz del Sur, 1977, 121 p), en que la división social estaba enquistada en las conciencias de las gentes debido a la injerencia de una educación católica de corte feudal.

11La “Asamblea Constituyente” de 1991 en cierta forma recoge los fines modernizadores seculares del 63 frustrados en 1886, pero actualizándolos para un país totalmente distinto. Pero en este propósito, dos agendas distintas se entrecruzan, a veces imbricándose una con otra, a veces en franca tensión interna. Por un lado, la Carta entiende la modernización según el modelo económico demoliberal que había triunfado sobre la planificación estatal socialista apenas un año atrás, dando pie así al marco legal en que se han implantado políticas neoliberales como la liberalización del mercado, la privatización de empresas públicas y el favorecimiento de la inversión privada nacional y trasnacional. En contrapunteo, la Constitución también se guía por una comprensión social y republicana de la democracia liberal, gracias a la cual se instaura un Estado Social de Derecho, en el que las garantías a los derechos individuales y colectivos de carácter civil, político, económico, social, cultural y ambiental, se erigen en fundamento mismo de la vida social y política.

12La escisión a la vez práctica y conceptual radica en que para los sectores afines al sistema político -en una amplia gama que va desde la ortodoxia neoliberal hasta opciones redistributivas de acento socialdemócrata-, la economía de mercado con menores o mayores controles ha ofrecido las bases para el desarrollo nacional y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, mientras los contradictores remiten a los altos índice de desigualdad y a las necesidades insatisfechas estructuralmente, con el fin de sustentar que el ordenamiento capitalista es refractario a las garantías sociales. Para el establecimiento, los cambios posibles y factibles deben enmarcarse en el ordenamiento político demoliberal y el sistema económico de libre empresa estatuido en la Constitución, pues otra cosa sería someterse al programa anti-democrático de carácter populista y filiación comunista fracasado en Cuba y Venezuela. Los impulsores del paro, en cambio, estiman que se lucha por el cumplimiento efectivo de la carta de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales recogida en el código constitucional, rescatándola del secuestro conservador y neoliberal en que ha estado confinada.

13Sirva como ejemplo de la discusión la Ley 100 de 1993, que ante las insuficiencias e ineficiencias del sistema de salud pública vigente hasta entonces, optó por convertir la salud en un negocio sometido a la competencia entre las empresas privadas del sector. Mientras críticas como las que se aluden en el segundo punto del paro cuestionan dicha mercantilización como causa de las restricciones de las prestaciones sanitarias y por tanto exigen deponer la privatización, los partidarios del modelo destacan las ventajas de esta en el aumento de la cobertura y la sostenibilidad financiera del sistema.

14Pero la tensión entre facticidad y validez no sólo se da en el campo socio-económico, sino también en el cultural y político. Corrigiendo el monismo católico-blanco en que estaba fincada la Constitución de Núñez y Caro, la nueva Carta rompió todo vínculo identitario con la religión católica y declaró a Colombia como una nación multicultural, derivando de allí el reconocimiento de derechos judiciales y culturales de los pueblos ancestrales y otras comunidades tradicionales. No obstante, el desarrollo legal de estos derechos ha sido difícilmente conciliable con los intereses del desarrollo capitalista, como queda patente en las consultas a los indígenas y otros habitantes de los territorios previas a la explotación de recursos mineros e hidrocarburos, percibidas por los inversionistas como obstáculos para el desarrollo económico del país y la satisfacción de las mismas necesidades de tales poblaciones, mientras estas se quejan de que los mecanismos de participación se ignoran para favorecer el lucro de las empresas privadas.

15Sin embargo, el meollo de la fractura que como una falla telúrica atraviesa la democracia colombiana, radica en el plano político. La retórica que acompañó el cambio constitucional del 91 radicó en que se sustituiría la vetusta democracia representativa por una incluyente democracia participativa, gracias a mecanismos de participación que posibilitarían a ciudadanos y comunidades intervenir en las decisiones locales y nacionales más relevantes, más allá del voto periódico en las elecciones. Hablo de retórica en el sentido peyorativo de la palabra, porque si bien tales mecanismos participativos se fijaron en la Constitución, su implementación y aplicación han sido limitadas.

16En efecto, el recurso al constituyente primario no ha sido más que una herramienta para refrendar los acuerdos ya alcanzados entre las élites, tanto las tradicionales como las emergentes. Escenario sobresaliente de ello ha sido la política de paz, pues la misma “Asamblea Nacional Constituyente” se originó en el acuerdo entre el gobierno y la extinta guerrilla del M 19, y durante su vigencia se ha alternado entre la imposición de la fuerza militar del Estado frente a la amenaza narcoterrorista, como en la “seguridad democrática” adelantada por Álvaro Uribe Rueda durante sus mandatos (2002- 2010), y la celebración periódica de negociaciones con las organizaciones insurgentes, en aplicación del principio constitucional de que “la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”

17Las alianzas y contra-alianzas derivadas de los vaivenes de los proyectos militares y políticos de pacificación, se patentizan en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que se le consultó a la ciudadanía si respaldaba el pacto de paz suscrito en la Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, el grupo insurgente más antiguo y fuerte del país. Como se sabe, la oposición del sector de la élite encabezado por el expresidente Uribe por estimar que se habían hecho concesiones inadmisibles al grupo terrorista (literalmente, que se le había entregado el país a las Farc), instigó a la mayoría de los votantes a reprobar el acuerdo, en un porcentaje escaso, pero electoralmente suficiente. Se concertó entonces un nuevo acuerdo entre el gobierno y la dirigencia guerrillera, firmado por las partes en el Teatro Colón de Bogotá, y que ante el rechazo del original por parte de la ciudadanía, debió ser refrendado por el Congreso, paradójicamente con instrumentos de la democracia representativa y no del fracasado de la democracia participativa. De pasada, anotemos que, en el punto quinto del pliego del paro, se remite directamente al cumplimiento del Acuerdo de la Habana.

18Por el contrario, los contradictores de las negociaciones estimaron que con el acuerdo finalmente logrado, se había traicionado la voluntad popular, y con el prurito de enmendar el rumbo, compitieron en las elecciones presidenciales de 2018. Amigo de slogans más de publicista que de estadista (para incurrir nosotros en la misma falta), el presidente Duque cifró su campaña en el lema “ni trizas ni risas”, para significar que su gobierno no destruiría los acuerdos logrados, como lo aupaban las vertientes más reaccionarias de su partido, pero tampoco iba a plegarse a las ventajas espurias alcanzadas por las Farc en materias como la entrega de sus fuentes financieras y las penas a sus comandantes. Durante su mandato, la expresión “paz con legalidad” ha sido la divisa reiterada para corregir las fallas, que en una actualización inmediata de la escisión conceptual que ha recorrido nuestra historia, en realidad se ha bifurcado en “ni paz ni legalidad”. No legalidad, pues como dictaminaron el Congreso y la Corte Constitucional, las objeciones del gobierno de Duque contra la J.E.P., jurisdicción transicional encargada de juzgar los delitos cometidos en el contexto del conflicto, atentaba no sólo contra el marco legal del acuerdo, sino contra el mismo orden constitucional en que este había sido inscrito. Y paz tampoco, porque la gestión menuda en la implementación de los acuerdos con los ex-combatientes de la base adelantada diligentemente por el comisionado Emilio Archila, quizás el único alto funcionario del gobierno comprometido genuinamente con esta causa, no alcanza a compensar ni los reparos ideológicos ni los factores de poder en contra.

19En una suerte de profecía autocumplida, el gobierno puso al frente del “Centro de Memoria Histórica”, instituto oficial creado para documentar la memoria histórica del conflicto, a un negacionista del conflicto, vocero de la visión uribista según la cual en Colombia no hubo conflicto armado interno en los términos políticos acotados por el D.I.H., sino la acción de grupos delincuentes narco-terroristas que debían ser reprimidos con la fuerza militar del Estado y sometidos al derecho penal ordinario. La consecuencia no tan paradójica consiste en que se ha reactivado in crescendo la cruda violencia, en una diversificación de actores armados que en toda suerte de alianzas y rencillas entre ellos y con y contra el establecimiento, incluye al no desmovilizado E.L.N., disidencias y desertores de las inmovilizadas Farc, escisiones y nuevas versiones del nunca inmovilizado paramilitarismo de derecha, bandas criminales vinculadas al narcotráfico, a la explotación minera ilegal y a otras actividades ilícitas. En un juego de espejos, la profecía autocumplida se replica en el bando contrario, como la comprueba el manifiesto de retorno a las armas pronunciado el 29 de agosto de 2019 por un grupo de jefes de las antiguas Farc que había suscrito los acuerdos de 2016, alegando una persecución del Estado que al parecer ellos mismos instigaron al reincidir en prácticas delictivas.

20Pero lo que está verdaderamente en disputa son los intereses de acumulación, en que el capitalismo globalizado alberga esa tensión entre una facticidad auto-validada y una validez sometida a los hechos cumplidos. Porque la primera damnificada es la naturaleza que sirve de suelo común a la vida de todos, dañada por las prácticas depredadoras de las economías agrícola, ganadera y minera legales e ilegales, sumadas a la erradicación de narco-cultivos con agentes químicos letales como el glifosato y el debatido uso del fracking en la explotación de hidrocarburos. Este no es el espacio para adelantar esta discusión a fondo, pero es evidente que la sensibilidad de las nuevas generaciones con la preservación de la “casa común” y su convicción del carácter ecocida de la economía capitalista en todas sus variantes, ha sido uno de los factores detonantes de las protestas callejeras.

  • 35 Al respecto, ver el informe de la revista Semana, correspondiente a la edición del 19 de enero de 2 (...)

21Pero el mayor costo del saboteo desde dentro al acuerdo, lo han sufrido las comunidades, en especial con el genocidio de líderes sociales, dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2019 fueron asesinados 106 líderes y lideresas, y hasta mediados de enero se cuenta un muerto por día, en una tendencia al alza que el Estado no puede o no quiere detener35. Sería ligero sugerir que integrantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas están comprometidos masivamente como autores materiales e intelectuales de todos y cada uno de los asesinatos, en una especie de conspiración global contra el pueblo, pero más sospechoso es pretender que no existe ninguna conexión sistemática entre las muertes, como si se tratase de casos aislados consecuencia de “líos de faldas” o mera delincuencia común, como ya han sostenido algunos funcionarios. Sin ignorar la acción de grupos narcotraficantes y otras formas de delincuencia en la perpetración de los crímenes, ni negar que los han propiciado fallas en los esquemas de seguridad, los investigadores y los mismos amenazados han denunciado patrones que cuando menos dejan dudas sobre las verdaderas causas de muchos de los homicidios y otras formas de violencia sobre las víctimas. En ocasiones, basta superponer los mapas de los delitos con los de proyectos agrícolas y mineros de carácter ilegal pero también legal, para detectar coincidencias en realidad nada sorprendentes.

22De este modo, la defensa de la paz, la preservación de la naturaleza y la protección de los líderes sociales e indígenas, pueden considerarse como el núcleo duro de las razones aducidas en las protestas, bajo el convencimiento de que el Estado por acción y omisión es cómplice cuando no artífice directo en las crisis provocadas. Los defensores del régimen insisten en la vigencia del Estado de derecho y la legitimidad de la democracia existente, pero como hemos enfatizado, el examen histórico, estructural y coyuntural revela que existe una escisión objetiva entre los principios y valores invocados formalmente en las normas y las políticas estatales, y los contenidos y la aplicación efectiva de estas.

23Y esta contradicción de fondo se reproduce en las que llamaremos las causas detonantes de las manifestaciones urbanas de finales de 2019, atinentes a ajustes en el régimen de pensiones y otros cambios laborales, y a la financiación de la universidad pública. Al respecto, los voceros del gobierno en un inicio objetaron que no estaba definida ninguna reforma laboral y que los pactos asumidos con los estudiantes en 2018 se estaban atendiendo del modo más fiel posible. Pero la reforma tributaria aprobada por el Congreso y sancionada por el Ejecutivo a fin de año y otras medidas, en flagrante oposición a las peticiones del paro, les comprueban a los manifestantes que sí se han fraguado ajustes económicos y laborales lesivos para las mayorías. Entre las pruebas, basta mencionar las exenciones tributarias concedidas a los empresarios, que el gobierno justifica como una medida para incentivar la inversión y el empleo, pero que los opositores califican como un medio para favorecer al capital privado nacional y trasnacional en detrimento de los recursos públicos para la educación y la salud.

24Al respecto, algunos observadores han remitido a los avances logrados en Colombia en la superación de la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas para la población, de donde coligen que las protestas en realidad son una revuelta de clases medias en su afán de obtener nuevas ventajas en el acceso a los recursos públicos. Cuando nada tenían, nada pedían, pero ahora que les hemos dado algo, quieren todavía más, parece ser el supuesto cínico subyacente a algunos de estos razonamientos. Sin entrar a negar los progresos sociales logrados, producto más de las luchas que de las concesiones, lo cierto es que en Colombia siempre fue muy escasa la cobertura del Estado de bienestar, si es que cabe emplear esta expresión aquí. Comparadas con otros países de la región, la extensión y calidad de los cupos educativos, del acceso a los servicios de salud, de la seguridad social, ha sido históricamente insuficiente y sigue siendo insatisfactoria. Ante el colapso económico de regímenes como el venezolano y crisis fiscales como la padecida por otros países que han aplicado políticas acusadas de populistas, se alega a favor del establecimiento colombiano la estabilidad macro-económica que ha perdurado a lo largo de los años. Sin profundizar nosotros en un debate en que en últimas se juegan perspectivas inconmensurables sobre la sociedad, cabe señalar que este orden económico tan encomiado por los tecnócratas neoliberales, ha sido funcional a un desorden estructural basado en la injusticia en las relaciones sociales, que le confiere a Colombia el dudoso título de ser uno de los países más desiguales del planeta.

25Por eso, que algunas reivindicaciones de carácter burgués, por así calificarlas, se esgriman en las protestas, no les resta su alcance popular, y antes bien deja avizorar la conformación de un frente amplio que puede generar una nueva hegemonía verdaderamente democrática en Colombia, en que por fin la facticidad no someta la normatividad al orden excluyente de los hechos cumplidos, sino en que la validez de la justicia y los derechos humanos sea apropiada por la comunidad. De una sociedad civil responsable y de líderes sensatos en el régimen, pero también entre sus opositores, dependerá que Colombia trascienda la disyuntiva entre generar riqueza para las minorías, como hasta el momento ha sucedido, o asegurar pobreza para todos, como parece haber sido el resultado de algunos experimentos socialistas. A pesar de las dificultades que atraviesa provocadas en gran medida por la misma desconfianza del actual gobierno, quizás el mayor fruto del proceso de paz reside en que las transformaciones sociales ya no se perciben como imposiciones de los alzados en armas, sino como aspiraciones legítimas de la ciudadanía.

26Y para concluir, me permito deslizar una reflexión personal sobre el porvenir de las protestas, no en desmedro sino en pro de su legitimidad. Así como los grupos guerrilleros han fracasado cuando han intentado alcanzar la revolución por decreto en las negociaciones, los movimientos vinculados al paro no pueden pretender imponer las reformas desde las calles, forzándolas por medio de la obstaculización reiterada de la movilización urbana, el vandalismo sobre los bienes públicos, la suspensión indefinida de los calendarios académicos. Las ciudadanas y ciudadanos que con el cacerolazo patentaron su sintonía con los motivos de las protestas, no pueden soportar indefinidamente caminatas interminables para volver a sus residencias por las noches, asumir los costos y las dificultades derivadas de las conductas destructivas, ver que la formación profesional de sus hijos se dilata semestre a semestre. Argüir que los verdaderos vándalos son los corruptos de cuello blanco, los dueños del capital que esquilman a clientes y empleados, los políticos obsecuentes con los intereses de los poderosos, es una pobre explicación y una deplorable aprobación velada de comportamientos que horadan cualquier civilidad. Para que se logre la necesaria conciliación entre la realidad efectiva y la efectiva validación de la democracia, la resistencia no debe hacerle juego al autoritarismo del establecimiento con una oposición no menos despótica. Y ya en términos afirmativos, la protesta social sólo alcanzará sus cometidos cuando se inserte en proyectos políticos electorales y participativos que recojan la voluntad popular, pero no como instrumentalización demagógica sino como realización del Estado social de derecho.

Coda

27Para una muestra muy parcial de las opiniones esgrimidas, por supuesto con diversos matices entre ellas, pueden consultarse con acento negativo: Marc Horfstetter La batalla de las élites (La Silla Vacía, 28 de noviembre de 2019, https://lasillavacia.com/​silla-llena/​blogoeconomia/​la-batalla-de-las-elites-71802),

28Mauricio Vargas “El partido que marcha” (El Tiempo, domingo 1° de diciembre de 2019, p. 1.17), Armando Montenegro “Paro y desigualdad” (El Espectador, domingo 15 de diciembre de 2019, p. 77), Luis Carlos Vélez “En Colombia estamos mejor que nunca” (El Espectador, lunes 6 de enero de 2020, p. 25), Héctor Abad Faciolince “La rebelión de la pequeña burguesía” (El Espectador, domingo 12 de enero de 2020, p. 34), Germán Vargas Lleras “La agenda del Caguán recargada” (El Tiempo, domingo 26 de enero de 2020, . 1-14). Y con acento afirmativo: Catalina Ruíz Navarro “ ¿Quién le teme al paro nacional?” (El Espectador, jueves 21 de noviembre de 2019, p. 22), Rodrigo Uprimmy “El 21N” (El Espectador, domingo 24 de noviembre de 2019, p. 65), Lisandro Duque “La cacerola” (El Espectador, lunes 25 de noviembre de 2019, p. 23), Cristina de la Torre: “El paro, triunfo y negociación” (El Espectador, martes 28 de noviembre de 2019, p. 14), María Teresa Ronderos “Es la desigualdad, viejo” (” El Espectador, martes 26 de noviembre de 2019, p. 15), Patricia Lara Salive “Dialogar con todos para no dialogar con nadie” (El Espectador, viernes 29 de noviembre de 2019), Sandra Borda “Es la desigualdad, estúpido” (El Tiempo, martes 10 de diciembre de 2019, p. 1.11), Álvaro Forero Tascón “ ¿Crisis política o protesta pasajera? (El Espectador, lunes 16 de diciembre de 2019, p. 23), Salomón Kalmanovitz “Los fines dispersos de la protesta” (El Espectador, lunes 6 de enero de 2020; p. 24), José Fernando Isaza en entrevista con Cecilia Orozco “Las razones de las protestas masivas son muy claras” (El Espectador, domingo 12 de enero de 2020, pp. 6 y 7), Iván Garzón Vallejo “Marchas, cacerolas y mayorías silenciosas” (El Espectador, viernes 17 de enero de 2020. pp. 10 y 11), Juan Carlos Botero “ ¿Por qué no ha habido más protestas?” (El Espectador, viernes 24 de enero de 2020, p. 17).

Notes

35 Al respecto, ver el informe de la revista Semana, correspondiente a la edición del 19 de enero de 2019, https://bit.ly/38q1yLQ

Notes de fin

1 Para la consulta integral del documento, https://bit.ly/2ONjcBi

2 Disponible en https://bit.ly/2vth4rB

Auteur

Académico e investigador de laUniversidad Santo Tomás-Colombia. Integrante de la “Sociedad Colombiana de Filosofía”. Coordinador del Grupo de Investigación Estudios de Pensamiento filosófico en Colombia, y América Latina – Fray Bartolomé de las Casas.

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