Capítulo 5. Movilizaciones sociales: reconstrucción identitaria y un nuevo ciclo político
p. 215-259
Texte intégral
1Tal como se he podido examinar, luego de haber sido una de las sociedades más politizadas y movilizadas de América Latina, a partir de los años noventa y coincidiendo con el advenimiento democrático, la sociedad civil chilena experimenta un repliegue desde la arena pública hacia espacios privados, fenómeno que ha sido analizado desde diferentes perspectivas. Sin restar relevancia y capacidad explanatoria a tales argumentos, este trabajo ha buscado retomar y ampliar el debate respecto a la desmovilización de la sociedad chilena en la reconstrucción democrática como resultado específico del impacto de factores psicológicos, políticos y económicos, análisis que ha servido asimismo para retratar el proceso socio-político chileno reciente.
2De acuerdo a lo planteado, el trauma colectivo generado previo a 1990, el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica por los gobiernos de la Concertación y una acelerada modernización neoliberal, viabilizaron un estado generalizado de silencio, olvido, apatía y desarticulación que, en el marco de este trabajo, son entendidos como factores constitutivos e ingredientes necesarios para la desmovilización o la invisibilización de la sociedad civil durante la redemocratización. Sin embargo y a medida que la transición avanzaba, dichos factores y su impacto sobre la sociedad civil comienzan a evolucionar, a transformarse y a originar nuevos discursos e identidades colectivas con implicancias para el quehacer de los movimientos sociales.
3El año 2011, se produce la emergencia de un nuevo ciclo político inaugurado por las movilizaciones de mayor escala e impacto observadas en las últimas décadas.1 Tal como se presentara en el capítulo 1, aun cuando existieron episodios de movilización durante los veinte años de gobierno de la Concertación (1990-2010),2 el ciclo de movilizaciones del año 2011 resultó ser diferente, con marchas periódicas y multitudinarias - alcanzando las seis mil manifestaciones públicas y dos millones de participantes durante el año (Segovia y Gamboa, 2012) - tanto en Santiago como en otras ciudades del país, articulados en demandas en torno a la educación, a problemáticas medioambientales o al desarrollo regional. En este sentido y siguiendo el marco teórico de este trabajo, lo observado el año 2011 puede ser definido como un proceso de movilización en que los movimientos sociales, la ciudadanía o sociedad civil (social unit) tomó el control de forma acelerada de la agenda política y mediática3 que hasta entonces fuera controlada por otras unidades sociales como el Estado, la clase política o el mercado. Asimismo, en las movilizaciones del año 2011 fue posible observar los elementos constitutivos y propios de la acción colectiva cuando a través de una determinada identidad colectiva, la actuación de ciertos liderazgos o agentes movilizadores y el despliegue de repertorios de acción en respuesta a oportunidades políticas específicas, los movimientos buscaron recursos sociales (materiales y simbólicos) que permitieron la generación un terreno en disputa entre distintos actores de la sociedad.
4A continuación, se analiza la manera en que los factores que indujeron la desmovilización a principios de los noventa, comenzaron pronto a evolucionar para influir y posibilitar una lenta (re) generación de identidades e ideas-fuerza para la acción colectiva del ciclo de protestas de 2011. Esto, como se señaló, en los períodos de desmovilización o invisibilización de los movimientos sociales se produciría una lenta rearticulación de los sujetos colectivos en torno a núcleos culturales e identitarios que van nutriendo visiones y opiniones conjuntas, representando así un momento en el que se articulan las redes que serán la base de un futuro ciclo de movilización. Los períodos de emergencia ciudadana serían de esta forma el resultado de una cultura interna que se origina, se desarrolla y se potencia en los complejos procesos sociales, culturales e históricos que tienen lugar en los períodos de desmovilización o subsidencia (Salazar, 2013). No se pretende con ello proponer una relación lineal y forzada de causalidad entre trauma, gobernabilidad y neoliberalismo y la (des) movilización de la sociedad civil, sino más bien dar cuenta de las repercusiones que la evolución y transformaciones de tales factores y los cambios en contexto socio-político han tenido sobre el quehacer de los movimientos sociales de las últimas décadas en Chile.
5En la primera sección se expone la forma en que la memoria colectiva evoluciona y comienza a originar nuevas interpretaciones sobre el pasado, al mismo tiempo que se empieza a producir el cierre del ciclo de la amnesia transicional con consecuentes implicancias para el quehacer de los movimientos sociales. En específico, se observa la memoria traumática desde las transformaciones que sufrió durante la transición y que hicieron posible que su efecto desmovilizador comenzara a devenir en factor movilizador, cristalizado primero en las protestas estudiantiles de 2006 y especialmente luego en el ciclo de movilizaciones del año 2011.
6A continuación, se realiza un ejercicio similar pero esta vez en función de la relación entre las estrategias de gobernabilidad y la (des) movilización de la sociedad civil chilena, buscando dar cuenta de las repercusiones que la evolución de lo que se define como gobernabilidad y los cambios en contexto socio-político han tenido sobre la acción de los movimientos sociales en Chile. Con ello, se observa la transformación de los paradigmas o estrategias de gobernabilidad en respuesta a los desafíos que se presentan en cada momento y contingencia histórica, provocando una transformación también en la relación que establecen los Estados con la sociedad civil y las posibilidades de movilización o desmovilización de este último sector.
7Finalmente, el tercer apartado se concentra en la manera en que el modelo económico neoliberal, mediante el problema de la desigualdad y la concentración de poder junto a expectativas sociales y estándares más altos consecuencia de una modernización acelerada, dio paso a la emergencia a un nuevo set de valores, nuevas demandas y, con ello, inputs para la movilización social.
5.1 La memoria traumática como agente (des)movilizador
8De acuerdo a lo planteado en el segundo capítulo, el trauma social generado previo a 1990 así como sus consecuencias al retorno democrático, viabilizaron un estado generalizado de silencio, olvido, negación, apatía, desarticulación, anomia y retracción que fueron entendidos como factores constitutivos e ingredientes necesarios para la desmovilización o la invisibilización de la sociedad civil durante la redemocratización. Sin embargo y a medida que la transición avanzaba, la memoria colectiva traumática - entendiendo memoria como un resumen interpretado de la experiencia empírica (Salazar, 2001: 16) - comienza a evolucionar y a originar nuevas interpretaciones sobre el pasado.
9Los primeros años de la redemocratización y especialmente hasta 1998, la memoria que prevaleció entre la sociedad chilena fue una de caja cerrada o memoria como olvido, enmarcada en una democracia amnésica. Al respecto, autores como Ensalaco (2005) afirman que el miedo que reinaba en la sociedad chilena sobre una eventual regresión autoritaria llega a su fin el año 1998 cuando Pinochet deja la comandancia del ejército y es arrestado en Londres, hecho que lo despoja de su imagen de general intocable. En este contexto, la memoria que juzgaba al golpe militar como un hecho ‘salvador’ y especialmente la memoria como olvido, que fueran hegemónicas durante la transición temprana con un correlato de desactivación social, comienzan a perder preponderancia, tal como se observa en la figura 5.1.
10La detención de Pinochet - uno de los nudos convocantes o irrupción de memoria más importantes de la transición y hecho que, en palabras de Winn (2007), rompe el estancamiento de la memoria - permitió no sólo el retroceso del temor de la población frente al mundo militar, sino también respecto al miedo a la crítica, a la pluralidad y a la diversidad de opinión (Rovira, 2007). De acuerdo a la evidencia empírica, a medida que la transición progresaba, la ciudadanía chilena fue perdiendo el miedo a ejercer la libertad de opinión, fue expandiéndose el horizonte de discusión, así como la definición sobre lo que la sociedad consideraba deseable. De acuerdo a los datos del Barómetro CERC (2013), sólo en el transcurso de la última década y al cumplirse 30 años del golpe militar, el porcentaje de chilenos que lo rechaza aumenta en veinte puntos porcentuales alcanzando cerca de un 70 % de la población, mientras decae en la misma tasa la opinión que justificaba las razones tras la intervención militar. Asimismo, entre el año 2003 y el 2013, la responsabilidad del golpe atribuida a Augusto Pinochet aumenta de un 24 % a un 41 %. Sobre las características de Pinochet, un 76 % de los encuestados declara considerarlo un ‘dictador’, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la misma medición en 2009, en una fotografía general en que la imagen del régimen militar y la figura de Pinochet sufren un fuerte deterioro. Según la misma encuesta, sin embargo, es posible observar que el tema del pasado traumático no se encuentra resuelto cuando un 74 % de los encuestados opina que las divisiones del pasado en Chile aún no están superadas y un 75 % cree que las huellas dejadas por el régimen militar todavía se mantienen.
Figura 5.1. Evolución de la memoria como salvación. ¿Cree usted que los militares tenían razón para dar el golpe de Estado o cree usted que nunca hay razón para dar un golpe de Estado?, 2013.

Fuente: Barómetro CERC (2013: 7).
11Lo anterior, es decir, una reinterpretación del pasado y una evolución de la memoria traumática, podría haber dado pie lentamente a lo que Salazar (2001: 18) ha denominado una “memoria volcada hacia la acción” o el tipo de memoria que, producto de un ejercicio interpretativo sobre los hechos del pasado, construye una verdad factual propia que no habita en el pasado sino que se proyecta al futuro y actúa como propulsor para la acción de un conjunto de actores. Es así relevante observar la forma en que el trauma - actuando a nivel de la identidad colectiva - facilita la desactivación social durante las primeras etapas de la transición, pero que comienza luego a generar nuevos discursos aglutinadores e ideas-fuerza, y con ello, insumos para la movilización, cristalizado primero en las protestas estudiantiles de 2006 y especialmente luego en el ciclo de movilizaciones del año 2011, tal como se presenta a continuación.
5.1.1 El trauma pasado como identidad presente: el fetichismo de la memoria
12Para Volkan (2001), existe una relación directa entre trauma e identidad colectiva - componente fundamental de la acción social - en la medida que ésta última es definida como la experiencia subjetiva de un grupo extenso de personas que se encuentran vinculadas por una sentido persistente y semejante. Una de las tareas principales de un grupo sería mantener, proteger y reparar su identidad grupal, y dicha identidad estaría compuesta por lo que el autor define como un “trauma elegido” (chosen trauma) o una representación mental de un trauma masivo sufrido por un grupo de ancestros. En el caso chileno, esta noción se vuelve útil para describir una identidad que surge y resurge en torno a la experiencia de un trauma compartido, no sólo en la generación que vivió la dictadura, sino también en las generaciones posteriores. Este trauma elegido permite entonces elaborar un discurso y, con ello, una identidad común en torno a vivencias y juicios sobre el pasado.
13De esta manera, la memoria post traumática tiene repercusiones a nivel de la identidad colectiva, esto es, atañe a un imaginario e identidad grupal y su evolución permite, por tanto, alimentar nuevos discursos compartidos con implicancias para el quehacer de los movimientos sociales. Conviene en este espacio recordar lo planteado por Halbwachs (1980), quien define memoria colectiva como un hecho social cuyo rol es generar cohesión societal pues permite la conexión entre un grupo y su pasado que se materializa a través de una identidad común. Así, y dado que el acto de recordar es una acción social, la recolección de recuerdos y el proceso dinámico en que el pasado es resignificado en el presente, es decir, generar o producir memoria, tendrían la capacidad de constituir identidad grupal y comunidad (Arias y Del Campo, 2009).
14Más aun, para Salazar (2000), existe una especie de acervo o capital mnémico que sirve para proporcionar bases identitarias y cognitivas para los movimientos sociales. En el Chile post dictatorial, estos estratos mnémicos surgen especialmente de las constelaciones históricas del Estado Benefactor y de la propia dictadura, con una memoria mitificada de dichos períodos, que alimentan las bases y la proyección de la acción colectiva. El pasado representaría un insumo identitario que, a través de una reinterpretación y resignificación del pasado, permitiría constituirse en un discurso que cohesiona y nutre la acción colectiva siendo, tal como se propone en este trabajo, uno de los factores que impulsó el ciclo de movilizaciones sociales iniciado el 2011.
15Variada evidencia de la evolución de la memoria traumática y la resignificación del pasado como inputs movilizadores puede encontrarse en el ciclo de movilizaciones iniciado el año 2011. Desde que surgieron las movilizaciones, los estudiantes chilenos han protestado contra lo que han denominado el modelo educacional ‘de Pinochet’. Cantando ‘y va a caer, y va a caer...’ o golpeando cacerolas, han utilizado los mismos repertorios de acción colectiva de las marchas contra el régimen dictatorial en la década de 1980, pero esta vez contra el sistema educativo originado en aquellos años. Asimismo, emerge con ímpetu la discusión respecto a la legitimidad de una Constitución creada durante la dictadura militar, así como el llamado de algunas organizaciones a la redacción de un nuevo documento constitucional, legados del pasado que se constituyen en material para demandas sociales del año 2011.
16La idea de un pasado en que se tuvieron derechos que se perdieron con la arremetida de la dictadura, se vuelve relevante para comprender las motivaciones tras las movilizaciones del 2011. Como señala Giorgio Jackson, presidente de la FEUC 2011, el tema de la memoria fue importante para el movimiento estudiantil de ese año, especialmente aquellas memorias previas a 1973 o constelación histórica del Estado Benefactor,
fue sobre todo muy fuerte para las generaciones a las que nosotros queríamos convocar, que eran aquellos que lucharon contra la dictadura y que hoy día estaban sometidos al sistema por las responsabilidades que tenían (…) Para esa generación sí fue muy importante porque ellos tuvieron la experiencia o de haber estudiado por nada o muy poco o que sus papás, nuestros abuelos, habían estudiado gratis, entonces dijeron sí, hoy estamos todos endeudados, generó mucha adhesión el recordar que algún día [la educación] fue gratuita, y si hoy día somos un país más rico ¿por qué no podemos hacer lo mismo?... el sueño era menos imposible porque había un antecedente (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).
17En la misma línea, Camilo Ballesteros, presidente de la FEUSACH 2011 indica,
yo creo que el pasado pesa mucho, mucho… por ejemplo el grito de la USACH sigue siendo el grito de la UT4 y tiene que ver con una lógica muy nostálgica de los años setenta (…) nosotros el año 2011 pensamos en la reforma universitaria de fines de los sesenta, tiene mucho de eso (comunicación personal, 5 de diciembre de 2014).
18Al respecto, Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH 2011, concuerda,
hay una memoria genética de ciertos actores sociales que estaban de alguna manera relacionadas con instituciones que vivieron ese Estado de Compromiso que tenía una educación pública gratuita, que se hacía cargo de un cobre nacionalizado, en fin, y que apelan a esa imagen como para intentar recuperarlo y yo creo que eso estaba muy presente en el movimiento estudiantil que se organiza en torno a las universidades tradicionales, apela al modelo del siglo XX de educación (comunicación personal, 12 de diciembre de 2014).
19La memoria y el pasado como idea-fuerza para la acción social es algo a lo que Ricardo Brodsky, Director del Museo de la Memoria, también atribuye relevancia,
uno ve las manifestaciones estudiantiles y aparece la figura de Allende, aparecen muchas cosas del pasado, incluso van apareciendo los partidos del pasado, aparece la Izquierda Cristiana, el MIR, que no tienen ninguna relevancia hoy día, ni discurso, ni propuesta, ni nada, pero aparecen en estas manifestaciones como íconos (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).
20Así, a medida que avanza el proceso de redemocratización en Chile, los legados del pasado traumático más que inhibir la acción colectiva, se van transformando lentamente en discursos y demandas vehiculizadas a través de la movilización social, con una firme expresión en septiembre del año 2013 en el marco de las conmemoraciones de los 40 años del golpe militar, fecha clave para la irrupción de memoria y el cierre del ciclo de amnesia transicional. El día 5 de septiembre se realiza una de las ya frecuentes movilizaciones estudiantiles, en cuya convocatoria la Confederación de Estudiantes de Chile utiliza el siguiente mensaje:
hace 40 años nuestro país vivió un quiebre, el 11 de septiembre de 1973 tuvimos un antes y un después, un antes de construcción de un modelo y proyecto de país que velaba por una sociedad para todos y todas (…) Durante veinte años se siguieron profundizando las injusticias y la segregación en vivienda, salud y educación, y la educación ya no fue más un derecho social sino un bien de mercado, y los ricos estudiaron con los ricos y los pobres con los pobres, y hubo lucro, estafa, negocio. Para que nunca más. Chile despertó (CONFECH, 2013).
21Utilizando repertorios de acción del pasado, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, hizo un llamado a ocupar los establecimientos educacionales como una manera de conmemorar los 40 años del 11 de septiembre. A propósito, una de las voceras de la ACES, Isabel Salgado, señaló que “la consigna para conmemorar esta fecha es los 40 años resistiendo (…) es que los estudiantes nos hemos visto afectados por el sistema educativo que heredamos de la dictadura y que la Concertación y la Alianza perfeccionaron en los últimos años” (El Mostrador, 11/9/2013). En algunos colegios se realizaron velatones, se apostaron imágenes de víctimas de la violencia militar y actos en memoria de los estudiantes asesinados durante la dictadura. Para Eloisa González, otra de sus voceras, la idea tras la ocupación de los establecimientos fue reivindicar los proyectos educacionales que “fueron aplastados durante la dictadura” (Bio Bio Chile, 10/9/2013).
22Ejemplos como los anteriores abundan al observar las manifestaciones y los repertorios de acción de los movimientos estudiantiles. Más aun, la imagen de Salvador Allende, omitida durante la transición temprana, comienza a emerger a medida que la redemocratización progresaba, siendo el año 2008 elegido como el chileno más importante de la historia en un polémico concurso de televisión.5 Su figura fue utilizada como signo de lucha y reivindicación por parte de los estudiantes. Como señala Giorgio Jackson,
Allende es un símbolo, un símbolo de lucha de ideales, a pesar de que probablemente la mayoría de los que están marchando no conocen los pro y contras de lo que ocurrió en la Unidad Popular, hay una representación del sentido de justicia, de luchar por ideales, en este caso, la educación como un derecho que yo creo que están representados en su figura (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).
23La referencia al pasado en una movilización del presente, sin embargo, trascendió al movimiento estudiantil para vehiculizar también demandas de los movimientos regionalistas y medioambientalistas que se hicieron visibles el año 2011. Una motivación fundamental para la emergencia del movimiento social de la ciudad de Aysén el año 2012 fue, a juicio tanto de Iván Fuentes como de Misael Ruiz,6 líderes del movimiento regionalista, el descubrimiento del petitorio de un movimiento ciudadano de características similares al que ellos lideraran, pero correspondiente al año 1942. En éste, se exigían básicamente las mismas demandas que, a juicio de los activistas, setenta años después seguían vigentes y aun sin resolver por parte del gobierno central.
24De la misma manera, el movimiento social de la ciudad de Calama alzó como una de sus demandas principales la renacionalización del cobre, recurso de propiedad del Estado chileno hasta la irrupción de la dictadura. Esteban Velásquez, alcalde de Calama y líder de este movimiento regionalista del año 2012, señala que en dicha movilización:
se anhelaba mucho recuperar una ley parecida a la llamada “ley del nuevo trato” que en la década del cincuenta se instala (…) la ley del cobre 11.828 que dejaba un 5 % de las utilidades del cobre en comunas y ciudades como Calama. Eso lo perdemos el año 1974 una vez que se instala la dictadura y eso es lo que nosotros decíamos: si hubo antes ¿por qué no ahora?, y a partir de eso levantamos una demanda (comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).
25De esta forma, para el caso chileno parece cumplirse aquello planteado por Páez et al. (2001), quienes señalan que los hechos traumáticos se transmitirían y se mantendrían en la memoria activa de, al menos, tres generaciones, en forma de climas de silencio que parecen finalizar al cabo de 40 años. Esto, pues al conmemorarse las cuatro décadas del golpe, la memoria pareció brotar e irrumpir de manera impetuosa, alimentando todo tipo de actos y, fundamental para el interés de este trabajo, el accionar colectivo de los movimientos estudiantiles, regionalistas y medioambientalistas.
26El vínculo entre un pasado traumático y el presente se encontraría así mediado por una memoria común, presente en el que el pasado y la memoria se vuelven relevantes para la acción de los sujetos colectivos, y en el que las memorias sueltas y las memorias emblemáticas (Stern, 2000) se cohesionan para articularse en torno a causas comunes. El pasado se convierte en una especie de utopía, un leitmotiv que cohesiona, identifica y logra movilizar a ciertos segmentos sociales, generando la emergencia de nuevos terrenos en disputa dentro de una sociedad. Para Huyssen (2003), el colapso de las grandes utopías y meta relatos del siglo XX, que apelaban a la construcción del futuro (comunismo, fascismo, modernización, etc.), dio paso a la emergencia de los discursos en torno a la memoria. Esto es, mientras en el siglo XX en occidente se apeló a futuros utópicos, hacia finales de ese siglo la utopía se comenzó a construir en torno a una reivindicación del pasado.
27Al respecto, Ricardo Brodsky, desde el Museo de la Memoria,7 señala que en las manifestaciones de 2011,
la gente se moviliza mirando el pasado, o sea, se movilizan en base a la memoria de un pasado, un poco idealizado, pero que sienten que era mejor... yo creo que hay mucho de eso, los movimientos sociales actuales reivindican lo que ellos creen que era el Chile del pasado, la educación pública y de calidad, el cobre renacionalizado, etc., incluso la idea de tener utopías, aunque no se precise cuál es la utopía, la idea de tener una utopía es algo que los moviliza (…) pero es un pasado idealizado porque si uno ve el caso específico se da cuenta que, es cierto, en Chile había una educación pública gratuita y de calidad, pero que abarcaba a un 20 % de la población (…) hay una idealización de un pasado más elitista, porque el pueblo no era un actor ni de la educación, ni del consumo (comunicación personal, 04 diciembre, 2014).
28Desde esta perspectiva, la memoria del pasado como un proyecto trágicamente interrumpido por 17 años de dictadura militar, se convierte en un horizonte utópico, un espacio pretérito que bordea la idealización y deriva en una especie de memoria fetichista o en un abuso de la mirada retrospectiva. El fetichismo de la memoria ha sido planteado en referencia a una narrativa del pasado en que se combinan abusos del recuerdo con recreación de olvidos, derivando en procesos de construcción de memoria en base al poder de cognición presente (Martínez de Bringas, 2006). Esto es, la recolección del pasado se realizaría estratégica e instrumentalmente para satisfacer las necesidades e intereses del presente, como una forma de establecer o simbolizar cohesión social o la membresía a comunidades reales o artificiales; como una manera de legitimar instituciones, poderes o relaciones con la autoridad; y finalmente, como una estrategia de socialización e inculcación de creencias, sistemas de valores y formas de comportamiento (Hobsbawm y Ranger, 1992). Resulta conveniente volver en este punto a aquello plateado por Halbwachs (1980), en el sentido que la memoria individual dependería de las membresías colectivas y se encontraría siempre enmarcada socialmente cuando es el propio grupo el que determina lo que es memorable y la forma en que debe ser recordado.
29En este sentido, una mirada fetichista o idealizada sobre el pasado, en que se destacan ciertos elementos mientras otros son omitidos o silenciados, cumpliría, en el caso chileno, la función de dar un relato aglutinador o un discurso que cohesione a un grupo determinado de la sociedad y que permite su eventual movilización. Esto se relaciona con la idea de la ilusión retrospectiva que Lacan, a partir de Freud, utiliza para describir la manera en que los recuerdos o las experiencias vividas son reconstruidas desde la forma en que los deseos son modelados, en otras palabras, los recuerdos provendrían del futuro, en una realidad cuya envoltura sería siempre fantasiosa o ideológica (Althusser, 1996). Para Francisco Figueroa, la memoria idealizada del pasado previo a 1973,
lo veíamos, y de hecho, nosotros como Autónomos8 tratábamos de combatir un poco eso porque nos parecía que como discurso lo estrechaba mucho al imaginario de la izquierda tradicional y de los actores sociales tradicionales que tienen cada vez menos peso, que cada vez convocan menos. Además, era un modelo que no resolvió nada, al revés, era educación pública gratuita, efectivamente, pero, exagerando, era para el 1 % de la población, para muy poca gente. (…) Entonces yo creo que el 2011 fue una síntesis, una mezcla entre dos cosas, entre ese imaginario de izquierda de nostalgia del siglo XX y una cosa más nueva que es más negativa en el sentido de negación, porque no tiene un referente, que es más crítica de lo que hay que apelación a algo que hubo. Esa mezcla fue lo que hizo que el 2011 fuera tan transversal y tan explosiva, creo que lo primero le da mucho filo político, le permite ponerle un set de valores distinto a los valores del individualismo, de la competencia, en fin, y lo segundo, esta cosa más crítica, más actual, más nueva, te da mucha más capacidad de interpretar a la gente que está fuera, que está viviendo el neoliberalismo como naturalizándolo, el problema de la deuda, el problema de la comunidad social, creo que esas dos cosas están en la base del 2011 (comunicación personal, 12 de diciembre de 2014).
30Asimismo, y desde una mirada crítica, Patricio Segura, vocero del Movimiento Patagonia sin Represas y actor del movimiento ciudadano de Aysén de 2012 señala,
yo pongo en duda esa noción de que en Chile tuvimos tantos derechos y los perdimos. Ahora, hubo un proceso en la historia chilena que fue la Unidad Popular donde la percepción ciudadana era que teníamos todos esos derechos, teníamos el cobre, teníamos la leche. Hay un imaginario respecto a lo que fue la Unidad Popular, el gobierno de Frei y los anteriores Radicales en que había una especie de Estado de Bienestar, pero sobre la base de la depredación de los recursos naturales. Recordemos que en los años treinta se formó la CORFO que, aunque eran otros tiempos, permitió la creación de las grandes industrias, de las grandes represas, las grandes madereras, las grandes forestales y todo lo grande, arrasando con los recursos naturales... no era un país al que a mí personalmente me gustaría retornar, pero esa percepción existe, en Aysén también, pero había gente como yo que estábamos movilizados pero que no teníamos esa percepción (comunicación personal, 20 de noviembre de 2014).
31De esta forma, el pasado en el presente y la memoria traumática cumplirían un rol como insumo para las movilizaciones al permitir la emergencia de una utopía que facilitaría la construcción de una identidad grupal. Memoria que, cayendo en una idealización o fetichismo del pasado, genera ideas-fuerza para el quehacer de los movimientos sociales que buscan reivindicar elementos de ese proyecto pasado que fuera, a su juicio, desmembrado con el advenimiento dictatorial.
5.1.2 Herencias de memoria y aprendizaje inter-generacional
32La generación que comienza a salir a protestar a las calles, primero el 20069 y luego masivamente el 2011, puede ser observada en relación a las generaciones precedentes, que vivieron el trauma de la dictadura militar y el post-trauma retornada la democracia. La (s) memoria (s) actuando como puente entre ambos grupos etarios o la herencia mnémica de las familias sobre la nueva generación de movilizados se manifiesta de diversas maneras. En el estudio realizado por Aguilera Ruiz (2014),10 entre los estudiantes movilizados los años 2006 y 2012 destaca el peso de la dictadura al interior de los grupos familiares, con una influencia directa de dicha experiencia sobre las vivencias y compromisos políticos de los hijos. Existiría una herencia familiar de miedo sobre la participación en manifestaciones y debates políticos, pero al mismo tiempo un legado de sensibilidades y formas críticas de comprender la realidad social (desigualdad, injusticias, etc.). En coherencia con lo planteado en este trabajo, para el autor, la herencia de la dictadura como experiencia familiar estaría arraigada y actuaría de telón de fondo para los jóvenes que se involucran en las movilizaciones actuales, donde el miedo de los padres habría provocado que en el seno de aquellos grupos familiares el tema político se transformara en tabú.11 El miedo, sin embargo, es entendido y asimilado por los jóvenes activistas de una manera distinta, es decir, reconocen un pasado de represión y trauma, pero se autodenominan una generación ‘sin miedo’, considerando que aquello le correspondió a los padres, quienes les trasmitieron un temor y un cuidado en el actuar político que ellos han logrado franquear. En este sentido, ambas generaciones dialogan y se reencuentran políticamente y, pese al temor, los padres apoyan a los hijos en movilizaciones que han permitido incluso destapar y descubrir historias y trayectorias de movilización de familiares, más o menos directos, que se encontraban silenciadas.
33Por otra parte, la herencia mnémica de las familias sobre los movilizados podría encontrar expresión en el llamado aprendizaje intergeneracional. Concretamente y respecto a la “revolución de los pingüinos”, Chovanec et al. (2008; 2010) han analizado y encontrado evidencia sobre el rol que cumplió el aprendizaje inter-generacional entre los movimientos sociales. Esto es, se analiza la transmisión de memorias colectivas y el activismo político de generaciones previas, especialmente de los movimientos anti-dictatoriales de la década del ochenta, hacia las nuevas generaciones que protagonizaron las movilizaciones del año 2006. En base a un trabajo cualitativo, se plantea que los grupos de movilizados contra la dictadura desarrollaron un fuerte sentido crítico que no desapareció durante los años 1990 y 2000 en que la actividad movilizadora decayó y que, en muchos casos, fue traspasado hacia los hijos.
34Todo lo anterior implica que, pese a que los movimientos sociales puedan aparentar encontrarse en un estado de ‘reposo’ o desmovilización, podrían estar actuando de manera latente a través de la transmisión de valores y un pensamiento crítico que vincula a diferentes generaciones en el traspaso de una memoria colectiva. Recodando el análisis de Lechner y Güell (1998), lo observado en el Chile transicional se trataría de una memoria silenciosa más que una memoria de olvido, donde el silencio no equivale al olvido, sino que las memorias colectivas más bien no logran reflexionar ni nombrar los procesos en marcha, lo que no implica que tales procesos estén instalados y sean relevantes para dichas memorias.
5.1.3 Memoria traumática y una nueva noción de derechos humanos
35En Chile, la memoria traumática se encontró estrechamente ligada a la temática de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Durante los ochenta, dicha causa articuló y movilizó a segmentos importantes de la población bajo la consigna de la denuncia de la violencia política, la exigencia de verdad y de justicia y, por supuesto, la recuperación de la democracia. Con el advenimiento democrático, este móvil se desvanece y muchos de los grupos organizados pierden su sentido, con un consecuente repliegue de su acción de protesta y una pérdida de dinamismo de aquella lucha. A medida que la transición avanza, sin embargo, no sólo la memoria colectiva y las interpretaciones del pasado comienzan a sufrir modificaciones, sino que el tema de los derechos humanos asimismo empieza a transformarse dando pie a una nueva interpretación de lo que se entiende por estos derechos, lo que supone al mismo tiempo un nuevo relato aglutinador y un móvil para grupos de la sociedad civil.
36Con esto, durante la redemocratización las demandas comienzan a centrarse en darle contenido a la democracia y permitir una nueva definición de derechos humanos relacionada con la profundización democrática, la inclusión y la equidad. De esta manera, la evolución de las ideas-fuerza de los movimientos de defensa de los derechos humanos está estrechamente ligada a los cambios y restructuraciones que ha experimentado la memoria colectiva. En este contexto, el llamado Movimiento Democrático, que cumpliera un rol central en la lucha contra el régimen autoritario, parece ser resignificado en el marco de la redemocratización, expandiendo e incorporando pronto nuevos elementos a su campo de acción (Garretón, 1996). Con ello, las demandas sociales ya no sólo se concentran en un reclamo sobre los crímenes del pasado aún no resueltos, sino también en torno a la denuncia de formas de violencia arbitraria, de manifestaciones de autoritarismo, así como en la lucha contra los problemas de inequidad, pobreza y exclusión social y política. Como señala Vivana Cáceres, profesional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante los últimos años se ha producido en Chile una nueva conciencia de lo que significan los derechos humanos, que trasciende al imaginario de los crímenes dictadura, para ampliarse y permitir un fortaleciemiento ciudadano: “la noción que teníamos anclada de derechos humanos, que eran graves violaciones de la dictadura, tenían un poco amarrados a los movimientos porque, o eras de esa línea, o eras de otra línea”. Con ello, las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de género, discapacidad, migración, recursos naturales, etc. comienzan a considerar y a definirse a sí mismos como problemáticas de derecho humano, lo que implica una noción diferente y empoderadora,
el tema de derechos humanos ha sufrido una evolución en dos sentidos, primero sacar el tema de derechos humanos como algo [de la dictadura], porque nosotros cuando empezamos todo el mundo pensaba que éramos una especie de “peña”, era la noción que había del Instituto de Derechos Humanos, incluso en muchas partes, el imaginario respecto al Instituto sigue siendo “Villa Grimaldi”,12 entonces ha habido un cambio significativo en términos de superar este eje temporal de pasado, situarlo en el presente y proyectar hacia el futuro una cultura respetuosa de los derechos humanos en el que la sociedad civil es un actor fundamental (…) [en un segundo sentido] el enfoque de derechos humanos estaba ausente en temas como discapacidad, derecho al agua, derecho a la ciudad, derechos de la familia. Ha habido cambios en los últimos años en que las organizaciones han ido incorporando esos derechos (...) yo creo que el asumir la noción de derechos, que tienen derechos, en las distintas organizaciones ha hecho que se empoderen (…) hay organizaciones que logran en ese eje hacer el cambio, como por ejemplo Corporación Humanas, que lo que hacen es meterse en derecho internacional y decir “nosotros tenemos derecho”, en este caso, de las mujeres, y empiezan a hablar en esa clave. Y cuando se articulan y empiezan a hablar en esa clave, es distinto porque así le estás diciendo al Estado: “ojo, nosotros tenemos un derecho internacional de derechos humanos y a nivel nacional existen deudas”, y eso comienza de a poco a pasar en temas medioambientales, en temas de migrantes, se empiezan a empoderar las organizaciones con contenido de derechos humanos (comunicación personal, 12 de noviembre de 2014).
37En este contexto, la defensa y promoción de los derechos humanos como campo de acción para los movimientos de la sociedad civil, no desaparece, sino que cambia su definición, proyectándose más allá de la lucha desplegada durante la dictadura para ampliarse e integrar nuevos elementos para acción colectiva relacionadas con la justicia social, la equidad y la calidad de vida.
38Dado lo expuesto, es conveniente preguntarse en qué medida la evolución de la memoria traumática comienza a ser resignificada y empieza a nutrir una identidad colectiva que hace posible la acción de los movimientos sociales en el ciclo de movilizaciones 2011. Proyectando la evolución de la memoria traumática hacia el futuro, es conveniente destacar que el pasado traumático podría actuar en el presente en diferentes capas. Como se ha planteado hasta ahora, como insumo movilizador, la memoria sirve de motor para las demandas de los movimientos sociales contemporáneos. Sin embargo y al mismo tiempo, la memoria traumática podría representar una piedra de tope para los mismos cambios que las movilizaciones reclaman.
39Con motivo de las grandes reformas estructurales anunciadas en el gobierno de Michelle Bachelet, Ricardo Brodsky señala,
surge el miedo a que se pierda el tono en el debate público y ese miedo cruza absolutamente, la sociedad chilena hoy día puede estar pidiendo reformas profundas, pero es una sociedad moderada políticamente, puede que esté pidiendo que haya una gran reforma en la educación, pero no está dispuesta a un conflicto político agudo... todavía está muy presente el trauma en una generación, yo aquí en el museo lo veo todos los días. La gente tiene miedo, ya no le tiene miedo a alguien, como a Pinochet, por ejemplo, pero tiene miedo a que la sociedad chilena vuelva a polarizarse. (…) y los jóvenes puede que no tengan miedo o que no tengan el trauma, pero el resto de la sociedad sí lo tiene y las generaciones mayores siguen siendo mayoritarias, y cuando se impulsa una reforma que profundiza un debate, el resto de la sociedad “se echa para atrás” (comunicación personal, 04 diciembre, 2014).
40En otras palabras, la memoria de un pasado traumático moviliza a ciertos sectores de la población, pero para otros grupos - o quizás para los mismos - reactiva miedos del pasado: el temor a la polarización, a la división, al conflicto, a cometer errores, elementos característicos de un pasado que aún se encuentra fresco en la memoria de muchos chilenos. Así, la memoria de un pasado traumático como inhibidor de grandes cambios sociales opera en paralelo a una memoria volcada hacia la acción.
5.2 Paradigmas de gobernabilidad democrática y (des) movilización
41Como se ha mencionado antes, los movimientos sociales o una sociedad civil movilizada y que toma el control de la agenda política nacional, es un fenómeno que se hace latente o patente en función de los cambios en el contexto o el flujo de oportunidades políticas de un régimen determinado. En este sentido y tal como lo indica Tarrow (2011: 33), la acción social surge desde ciudadanos comunes que, muchas veces alentados por líderes o agentes movilizadores, perciben oportunidades que son mayores que los costos colectivos de acción. Estas oportunidades pueden relacionarse con posibles aliados, elites o autoridades que se muestran más vulnerables, o a cambios en el sistema político que permiten la activación de redes sociales e identidades colectivas en torno a temas comunes. Con ello, las oportunidades políticas están moldeadas por las características de los regímenes y pueden generar cambios en la interacción entre los movimientos y los partidos políticos, así como la apertura del sistema y posibilidades para la emergencia de movilización social.
42Como se revisó en el tercer capítulo, las estrategias de gobernabilidad puestas en práctica por los gobiernos de la Concertación contribuyeron a generar un clima de desactivación social, especialmente durante las primeras etapas de la transición. Sin embargo, los modelos de relación y la visión del Estado sobre la sociedad civil, así como las condiciones institucionales y estructurales que dieron forma a las posibilidades y a las limitaciones de una eventual movilización social durante la transición, comienzan a evolucionar a medida que se desenvuelve la democratización para permitir la generación de insumos para la protesta.
43En primer lugar, los procesos antes descritos -la monopolización del espacio político por parte de una minoría de manera autónoma, los amarres o enclaves autoritarios, el vaciamiento ideológico, la deslegitimación de la protesta y la instrumentalización de la participación -habrían ido consolidando una distancia de la base social respecto a las instituciones políticas, así como una sensación de inequidad en la distribución del poder. La concentración de poder tiene una faceta económica, pero también una faceta política en que éste converge en una elite en contraposición a la sociedad civil - con un consecuente “encapsulamiento de la clase política” (Vera, 2012: 290) -, y en un gobierno central en contraposición del poder regional o local. Dando prioridad y habiendo exitosamente alcanzado la estabilidad política, la democratización como un proceso gradual, así como el crecimiento y el desarrollo económico,13 Barrett (1999: 24) señala que en las últimas décadas Chile “ha privilegiado la acumulación sobre la inclusión y la distribución”.
44Junto a estos elementos y pese a lo simplista que sería atribuir la responsabilidad de la brecha entre la participación política y la sociedad únicamente al Estado, para Cleuren (2007), los canales de participación creados por los gobiernos de la Concertación no resultaron atractivos ni generaron oportunidades en el proceso de toma de decisiones, creando una apatía política generalizada. De igual forma, el problema de la concentración de poder también se observó en la relación asimétrica entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Como señala Flores (2014), los gobiernos de la Concertación recibieron un país regionalizado y desconcentrado, con alta desigualdad inter e intra-regional. A partir de 1990, se dieron importantes pasos para la democratización parcial de las regiones14 aunque, para el autor, todavía quedan deudas y déficits especialmente en el tema de la construcción de un sujeto político y de un espacio público regional.
45La transformación de la relación entre la base social y los partidos políticos se manifestó, siguiendo a Siavelis (2002), en cinco fenómenos paralelos: un electorado menos ideológico, el aumento de los independientes, la expansión de las tasas de abstención y la anulación de votos, y una disminución del nivel de confianza en las instituciones políticas, con efectos para los prospectos democráticos del país. Siguiendo esta idea, Luna y Zechmeister (2010) indican que estos años se ha producido una desconexión entre el sistema de partidos chileno y la ciudadanía así como un debilitamiento de la movilización electoral - el tipo de movimiento central y que fuera privilegiado y potenciado por el paradigma de gobernabilidad de la Concertación -.
5.2.1 Cambios en las estrategias de gobernabilidad: 1998 y 2006 como puntos de inflexión
46La distancia entre la clase dirigente y la base social fue aumentando a medida que el proceso de recuperación democrática tuvo lugar, siendo especialmente evidente en los primeros años de la transición, en la década de 1990. En esos años, como señala De la Maza (2010a), la participación ciudadana formó parte del discurso político oficial, pero su significado y aplicación fue limitado y ambiguo sin implicar cambios concretos en las orientaciones y prácticas del proceso político e institucional. En este sentido, los primeros dos gobiernos de la Concertación (1990-1999) priorizaron la recuperación democrática así como el desarrollo y la modernización del país y, si bien se crearon espacios para la participación ciudadana, ésta estuvo lejos de estar en el centro del relato oficialista (Fuentes, 2012).
47Sin embargo y a partir de 1998, la estrategia de gobernabilidad elitista y el tipo de relación establecida con la sociedad civil comienzan a sufrir las primeras fisuras cuando el dominio eleccionario de la Concertación se muestra por primera vez amenazado por la derecha en la elección parlamentaria de 1997. Esta tendencia se reproduciría en 1999 cuando Ricardo Lagos triunfa sobre el candidato de la oposición Joaquín Lavín por un escaso 2,62 % de diferencia. Esta estrecha victoria electoral obligó a la Concertación a replantear sus ideas-fuerza y repensar su forma de relacionarse con la ciudadanía, introduciendo variaciones al, hasta entonces, sólido paradigma de gobernabilidad elitista y distanciado de la sociedad.
48Así y nuevamente como resultado de una evaluación y un aprendizaje político, ya en el gobierno de Lagos (2000-2006) se pone en marcha un enfoque más inclusivo, con una reforma modernizadora y participativa de la gestión pública que, como describe Gentes (2006), se tradujo en una serie de proyectos que apuntaban a consolidar un Estado que fuera capaz de responder con eficiencia y eficacia a la ciudadanía.15 De forma concreta, el año 2000 el Presidente Lagos promulga el Instructivo Presidencial N° 030 en que recomendaba a todos los ministerios la incorporación de mecanismos para “garantizar a la población los medios para participar en las decisiones del sistema democrático del país”.16 Aun cuando no se trataba de un instructivo vinculante, éste operó como una fuerte recomendación hacia los ministerios y fue coordinado por la División de Organizaciones Sociales (Cleuren, 2007).
49La nueva estrategia para estrechar vínculos entre el Estado y la arena política con la sociedad civil iniciada durante el gobierno de Lagos, es profundizada en el modelo de gobernabilidad desplegado a partir del 2006 por la Presidenta Bachelet. El objetivo de su modelo de gobierno sería, tal como lo indica Aguilera (2007), el cambiar la manera en que el Estado ejercía el poder, con la formulación de políticas públicas a través de mecanismos consultivos y participativos, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y un mejor acceso a la información emanada del Estado. Se intentaba con ello abrir espacios para la sociedad civil y democratizar la forma de gobernar. Al mostrar una voluntad política de inclusión ciudadana,17 el gobierno de Bachelet “buscó - al menos retóricamente - reorientar la estrategia de gobernabilidad elitista de la Concertación hacia un enfoque de mayor participación ciudadana” y, aunque dando continuidad al quehacer político de su coalición, también definía una receta de gobernabilidad bottom-up respecto a la implementada por sus predecesores (Donoso y Gómez Bruera, 2014: 25).
50En términos del flujo de oportunidades, es posible afirmar que el cambio en las fórmulas de gobernabilidad desenvueltas hasta entonces por los gobiernos de la Concertación podría haber actuado generando variaciones en la relación entre la sociedad civil y la arena política, permitiendo la apertura de un sistema político hasta entonces hermético, y generando, con ello, posibilidades para la emergencia de movilización social. Para Donoso (2013a), las características del entorno pueden ser consideradas oportunidades políticas cuando éstas logran cambiar las expectativas de los movimientos sociales. Para esta autora, el estilo político de la presidencia de Bachelet indudablemente tuvo consecuencias para el desarrollo del movimiento de protesta estudiantil de 2006, por varias razones. En primer lugar, el nuevo gobierno señalaba, a nivel de discurso, su voluntad de abrir espacios para la participación ciudadana, lo que fue visto por los participantes del movimiento como una oportunidad para testear esta retórica en la práctica, así como comprobar en qué medida esta administración podría encontrar una solución que fuera coherente con un ‘gobierno de los ciudadanos’.18 Asimismo, la presencia de nuevas caras en el gobierno, que no pertenecían necesariamente a las elites partidistas tradicionales, implicó una serie de errores en el tratamiento a las movilizaciones y una débil coordinación entre ministerios, haciendo escalar el conflicto. Finalmente, la nueva administración también trajo importantes aliados políticos al movimiento estudiantil - incluso dentro del mismo gobierno - que apoyaron la necesidad de una mejora del sistema educativo.
51La amplia movilización de estudiantes secundarios al comienzo de la gestión de Bachelet generó, sin embargo, un cuestionamiento a los cambios en la estrategia de gobernabilidad que se buscaba promover (Donoso y Gómez Bruera, 2014). Al respecto, De la Maza (2010a) indica que ciertos sectores del propio gobierno consideraron que la movilización estudiantil había sido estimulada por el enfoque de política participativa.19 La movilización también reavivó en la elite política chilena los traumas y los temores al conflicto y al desborde social característicos de los primeros años de la transición. Con ello, señala este autor, el año 2006 se produce una apertura y luego una rápida clausura del sistema y del debate en torno al ‘gobierno ciudadano’, consigna que luego se dejaría de utilizar. Las demandas del movimiento estudiantil fueron institucionalizadas, una nueva ley de educación creada, y el conflicto temporalmente solucionado luego de un acuerdo inter-elites, a la tradicional usanza de los partidos de gobierno y de la oposición.
5.2.2 Las estrategias de gobernabilidad del gobierno de Piñera y nuevas oportunidades para la movilización
52A principios del 2006, el entonces candidato a la presidencia Sebastián Piñera sostenía,
gobernabilidad significa resolver los problemas de los chilenos. Yo le pregunto a los 15 millones de chilenos: una Concertación que lleva 16 años en el Gobierno y que no ha sido capaz de crear empleos, que no ha sido capaz de darle seguridad a las familias ¿está dando muestras de gobernabilidad? (El Mercurio, 11/1/2006).
53Si bien esta declaración fue vertida cuatro años antes de su llegada a La Moneda (2010-2014), ésta refleja en buena medida la definición de gobernabilidad que el gobierno de Piñera pondría en práctica una vez asumido su mandato: una estrategia centrada en criterios técnicos, en el crecimiento, la gestión y la resolución de problemas. Los conceptos de participación e inclusión ciudadana no serían esta vez parte del discurso gubernamental. Con este estilo de gobernar, se intentaba recoger y dar continuidad a la manera de administrar el país desplegada por los primeros gobiernos de la Concertación, con un modelo de gobernabilidad conservador y centrado en las elites políticas y tecnócratas, aunque en un escenario socio-político donde las condiciones ya no eran las mismas que en los años noventa: esto es, una tendencia creciente a la desafección política y un movimiento electoralista que empezaba a mostrar signos de desgaste, un sistema que se había ‘abierto’ producto de la contingencia y los cambios en las estrategias de gobernabilidad de Lagos y Bachelet, un escenario donde las retóricas de la participación ciudadana empezaron a ocupar un rol central y un marco político que empezó a favorecer una politización social.
54Al mismo tiempo, si la fórmula de gobernabilidad definida por el gobierno de Piñera se enfocaba en el pragmatismo, los criterios tecnocráticos y el control elitista de los procesos políticos, no se contó entonces con los dispositivos necesarios para aislar a los equipos económicos de las presiones sociales y generar un grado de “autonomía relativa” frente a grupos de empresarios, sindicatos y partidos políticos (Silva, 1997), como lo hicieran los gobiernos de la Concertación en el pasado. En otras palabras, para poner en práctica un modelo de gobernabilidad centrado en las elites, resulta fundamental contar con ciertas estrategias sobre el mundo social como los ya descritos en el caso de los gobiernos de la Concertación, es decir, la anticipación y la institucionalización de las demandas colectivas, la acción de operadores políticos o la relación directa con ciertos líderes de sectores sociales propensos a la movilización.
55Se constituyeron así verdaderos flancos de vulnerabilidad en la nueva administración, una nueva apertura del sistema y la emergencia de nuevas oportunidades políticas para la acción colectiva que irrumpe el 2011 con las protestas medioambientalistas, el movimiento estudiantil y los movimientos regionalistas. Para Vera (2012), algunos de los incentivos y amenazas para las posibilidades del movimiento estudiantil, en específico, tuvieron que ver con el conocimiento público de la información respecto a los resultados de la educación chilena en términos de calidad y desigualdad social, el respaldo a la demanda estudiantil y a la educación pública como prioridad nacional,20 el antecedente de la movilización del 2006 y el quehacer político del nuevo gobierno. También, tal como señala Camilo Ballesteros, dirigente estudiantil del año 2011, la elección de un gobierno de derecha fue un elemento clave para la constitución de la movilización estudiantil: “yo creo que el 2011 todos eran oposición, el 2006 [durante la Revolución de los Pingüinos] las dos vocerías más importantes eran de gobierno, eso hace una diferencia grande.” Asimismo, señala el ex líder estudiantil,
el gobierno de Piñera no tenía experiencia en conflictos sociales, la Concertación sí tenía experiencia, más allá de quienes sean, los operadores del ministerio de educación del 2006 eran operadores con experiencia, en cambio la gente que se relacionaba con los estudiantes en el gobierno de Piñera no entendían. (…) En ese sentido, el 2006 tenías un gobierno más metido y tenías mayor experiencia y acá no tenías a nadie del gobierno adentro y no tenías experiencia en conflictos sociales (comunicación personal, 05 diciembre, 2014).
56En la misma línea, Patricio Segura, vocero del movimiento Tu Problema es Mi Problema y Patagonia sin Represas, señala que la elección de un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera ayuda a entender la efervescencia social del año 2012 en la región de Aysén, ya que hasta el 2010 existía una fuerte relación entre los gobiernos de la Concertación y los líderes sociales de la región,
tenía la Concertación muchos vasos comunicantes, tenían mucha... no sé si inteligencia en el caso de la jerarquía de la Concertación, pero por lo menos tenían la relación, sabían, conocían a distintos actores, había un vínculo, en cambio [con el gobierno de Piñera] pusieron a gente que no tenía experiencia en el mundo social (…) no participaban en organizaciones, no participaban en asambleas, no conocían a nadie, entonces cómo se iban a acercar a mí, a Iván Fuentes o a otros si nunca habían tenido relación, para decir oye qué está pasando, veámoslo, conversemos (comunicación personal, 20 de noviembre de 2014).
57Así, por parte de las líneas de acción de la administración de Piñera, los movimientos sociales encontraron oportunidades políticas en la inexperiencia del novel gobierno21 y de muchos de sus principales personeros que provenían en su mayoría del mundo privado, así como en sus reacciones y errores estratégicos. La primera protesta enfrentada por el presidente Piñera - una marcha medioambientalista en rechazo a la construcción de una termoeléctrica en la cuarta región del país-, se resolvió de forma privada cuando el mandatario se salta la institucionalidad y llega a un acuerdo con la dirigencia de la empresa Suez Energy para frenar el proyecto. Esto marcaría un hito en términos de la eficacia de la presión social a través de las manifestaciones, generando con ello una oportunidad para las movilizaciones ambientales, estudiantiles y regionales posteriores.
58Tal como señala Francisco Figueroa, el gobierno de Piñera mostró disposición al diálogo, pero la forma de entablarlo fue, a su juicio, errática, lo que facilitó el incremento y radicalización de las protestas:
el gobierno fue muy torpe pero no fue cerrado al diálogo, desde el primer instante trató de ver como sentar a las dirigencias de la CONFECH a conversar, pero eran tan pobres sus propuestas que no generó piso político para poder hacer eso (…) pero sí intentaron y fracasaron, sentar a dialogar al movimiento estudiantil, porque sus respuestas era muy pobres y Lavín era poco creíble políticamente, era un tipo muy errático, o sea respuestas muy improvisadas a los dirigentes, en paralelo, a los cabros de la UTEM les dio una respuesta que fue muy criticada, cuando dijo que se iba a asegurar que esa universidad no se acreditara, esas cosas ayudaron (comunicación personal, 12 de diciembre de 2014).
59Para Arenas (2014: 155), el gran error estratégico del gobierno de Sebastián Piñera frente a las movilizaciones 2011 fue actuar con “las herramientas y mentalidad propias de la centroderecha gerencial y que algunos autores llaman la estrategia de la lista de lavandería”. Para el ex diputado UDI, el problema en términos del quehacer gubernamental estuvo en responder a las movilizaciones con algunas soluciones prácticas, pero sin un relato o una épica que pudiera incluir a diversos sectores de la sociedad para poner fin al conflicto. El gobierno fue acusado por la oposición de no ser capaz de dar gobernabilidad al país.22
60Meses más tarde y en pleno auge de las movilizaciones que exigían el término a la educación con fines de lucro, el presidente Piñera declara en julio de 2011 que la educación debía ser un “bien de consumo” (Cooperativa, 19/7/2011) y, junto al Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, reaccionan descalificando o entregando señales ambiguas o mensajes contradictorios respecto a las movilizaciones a la vez que utilizando una fuerte represión a las marchas estudiantiles. En palabras del propio mandatario, durante las movilizaciones “protestaba sólo el 5 % de los estudiantes de nivel secundario y universitario, pero hacían mucho ruido” (El Mercurio, 22/12/2011), mientras una cobertura mediática exagerada habría sido, a su juicio, la verdadera responsable de la importancia e influencia que el movimiento estudiantil llegó a tener durante el año 2011. Para Silva (2013), los errores del gobierno estuvieron en subestimar la fuerza del movimiento al considerar que sería un fenómeno relativamente temporal, sin sopesar desde un primer momento el potencial desestabilizador de las mismas.
61Para Giorgio Jackson, dirigente estudiantil del año 2011, el gobierno de Piñera, su quehacer político y su forma de reaccionar frente a las demandas estudiantiles, fueron factores decisivos para entender la emergencia y el desarrollo de la movilización social. Frente a la pregunta de si la protesta estudiantil habría tenido la misma intensidad independiente de si se trataba de un nuevo gobierno de la Concertación (Eduardo Frei) o el gobierno de Piñera, el ex dirigente señala,
yo creo que no hubiera sido lo mismo, hubiera existido esta demanda por supuesto, estas movilizaciones, algún tipo de movilización porque el tema de la educación superior está ahí, no depende de que estuviera Piñera, sino que dependía de las deudas que acarreaban todos los estudiantes (…) pero el tema más grave es que el gobierno apagaba el fuego con bencina, y yo creo que probablemente un gobierno de Frei o de cualquier otro más cercano al menos en su composición de gente, con más vínculos, hubiera tenido más tino, hubiera administrado políticamente mejor este conflicto de tal manera de apaciguar aguas, mandar ciertas reformas, incompletas o parciales, que nos habrían permitido a nosotros decir, antes de maximizar la demanda (…) quizás no habríamos llegado a ese nivel de crítica y de unidad de no haber sido por un gobierno como el de Piñera (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).
62La subestimación de los movimientos sociales quedó también en evidencia en las primeras respuestas a las movilizaciones de la ciudad de Aysén cuando las autoridades intentaron ignorar las protestas, lo que fue interpretado por los activistas como un desaire y una provocación de parte de las autoridades, alimentando la necesidad de profundizar las manifestaciones. La tal como lo relata Iván Fuentes, vocero del movimiento,
la reacción fue mala (…) nosotros quemamos un bote como botón de muestra, para que supiera la autoridad, mediante la prensa, que nosotros queríamos dialogar. Resultado: el gobierno se retira, la intendenta se tomó unos días libres, la gobernadora se tomó unos días libres, la SEREMI de gobierno tomó días libres, fue como “a estos les vamos a apagar la luz”. Los invitamos públicamente a dialogar y los propios medios dijeron “pero cómo hacen eso, están desafiando”, y la propia gente de derecha decía “pero para qué desafían a esa gente, no ve que yo tengo una empresa y me va a quedar la escoba”. Entonces ellos desafiaron, y al desafiar, se sumó más gente y ahí viene la marcha, 500 personas, porque ellos nos apagaron la luz (comunicación personal, 21 de noviembre de 2014).
63De esta manera, los errores de forma y de fondo del gobierno de Piñera frente a las movilizaciones así como las propias divisiones internas dentro de la coalición de derecha23 supusieron oportunidades para la acción colectiva. Como se ha señalado, la política contenciosa depende de los cambios en las oportunidades políticas y las amenazas percibidas, la capacidad de aprovechar dichas posibilidades, la existencia de posibles aliados y la vulnerabilidad de los oponente, lo que motiva o desmotiva a un grupo de personas a involucrarse en acciones políticas (Tarrow, 2011). Como señala este autor, si la politización deriva o no en movilización, va a depender de la manera en que las personas actúen colectivamente, de las redes y conexiones disponibles, la habilidad de los actores de crear o apropiarse de estructuras de movilización, y la existencia de una identidad que soporte la acción colectiva, todos elementos que es posible identificar en el ciclo de movilizaciones 2011.
64Siguiendo el mismo enfoque de oportunidades y amenazas de Tarrow, la presión del Estado sobre un movimiento, el cierre de los canales de acceso, la falta de voluntad al diálogo y el aumento en la represión, pueden derivar en la radicalización de un movimiento. La clausura de los canales de diálogo y acceso por parte del gobierno de Piñera, se comienza a dar en paralelo a un aumento de la convocatoria de las marchas y la radicalización de las demandas. Como indica Francisco Figueroa,
cuando la cosa en junio agarra mucho más vuelo y se empiezan a cuestionar cosas de fondo, la actitud del gobierno cambia, se pone mucho más duro, deja de haber disposición al diálogo y después, cuando aun así no lograr detener al movimiento estudiantil, se viene un cambio de ministro. Bulnes era un tipo mucho más liberal que Lavín, menos ligado a los grupos más conservadores de la derecha, pero, a pesar de esa condición suya, ya había habido un giro en el gobierno de ponerse mucho más duros, entonces cuando se produce el cambio de ministro, hay un giro también en el que se empieza a abordar no como un problema político sectorial, sino que como un problema de seguridad pública. Entonces empieza a ser el Ministro del Interior el interlocutor del movimiento estudiantil, para dar la señal que, en el fondo, éramos casi delincuentes y ahí ya no había ni una posibilidad de diálogo (comunicación personal, 11 de diciembre de 2014).
65El aumento de las medidas represivas contra las movilizaciones fue utilizado por los líderes del movimiento estudiantil como una oportunidad, una herramienta de presión y de apelo al apoyo ciudadano. Lo anterior, pues en la medida que la represión se muestra como inconsistente y arbitraria, es probable que la movilización atraiga simpatizantes mientras va radicalizando sus metas y acciones (Tarrow, 2011). Apelando a una imagen autoritaria del gobierno, Camila Vallejo señaló,
hay una intransigencia absoluta por parte del gobierno que no tiene respaldo ciudadano y no puede insistir en una postura e imponerla de manera autoritaria, por tanto, yo creo que el gobierno hoy día tiene que ceder de verdad porque no lo está haciendo, está engañando a la gente, no hay voluntad por hacer cambios profundos en la educación (La Tercera, 5/8/2011).
66En el mes de septiembre, luego de una jornada que se caracterizó por la fuerte represión de Carabineros sobre una marcha del movimiento estudiantil, la presidenta de la FECH hizo un llamado a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia policial a través de un ‘cacerolazo’. Esa noche e inmediatamente después de que Fuerzas Especiales impidiera una manifestación de estudiantes universitarios en Plaza Italia, en muchos sectores de Santiago se escuchó el ruido de las cacerolas en respaldo de las demandas estudiantiles y en rechazo a la represión policial.24
67La represión es definida como por Stockdill (1996: 146) como “cualquier acción llevada a cabo por las autoridades para impedir la movilización, acosar e intimidar a los activistas, dividir a las organizaciones, ataques físicos, arresto, encarcelamiento y/o asesinato de los participantes de un movimiento”, mientras autores como Tilly entregan una definición más amplia como “cualquier acción de otro grupo que eleva el costo de la lucha de la acción colectiva” (Tilly, 1978: 100). De cualquier forma, tanto en el caso del movimiento estudiantil, como en los movimientos medioambientalistas y regionalistas de 2011, el uso de la represión pareció, al menos en un primer momento, tener el efecto de producir mayores niveles de protesta, en una reacción o resultado que ha sido definido por Earl (2011: 268) como escalada o intensificación (escalation). Como relatan Misael Ruiz e Iván Fuentes, en Aysén la represión tuvo como consecuencia un mayor apoyo ciudadano y una radicalización del movimiento,
llegamos, ellos nos saludaron [autoridades de gobierno] y se fueron, y nosotros quedamos con las mesas preparadas, la mesa de la salud, la mesa del sector público, la mesa de los pescadores, todo, cada quién con su cartel, nosotros estábamos preparados, Patagonia sin Represas, temas energéticos, y se habían ido. Y mientras estábamos ahí, de repente nos llaman y nos dicen, les están pegando a las mujeres (…) fueron muy violentos y eligieron el momento que nosotros no estábamos, todos los dirigentes estábamos acá [Coyhaique], se suponía que en Aysén dejábamos todo tranquilo, pero no contaban con que cuando pasa eso, la comunidad que estaba mirando, que no se había sumado, salieron todos de sus casas, fue un mar de gente, por ratos más que en las propias movilizaciones, de ahí las cosas se pusieron muy difíciles y dijimos, todo lo que pase de ahora en adelante va a ser responsabilidad del gobierno (Iván Fuentes, comunicación personal, 21 de noviembre de 2014).
68De igual forma, las denuncias contra la represión involucraron y convocaron la acción de otras organizaciones de la sociedad civil tales como Amnistía Internacional Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos que, rechazando públicamente la violencia, también vieron en este hecho un insumo u oportunidad de acción para su propia acción organizacional.25
69Además del apoyo de estas organizaciones y de la opinión pública a través de las encuestas, el movimiento estudiantil encontró aliados políticos a nivel local e internacional. En el país, los partidos de la Concertación utilizaron esta protesta como un instrumento para hacer oposición al gobierno de Piñera e intentar recrear con ello la entonces perdida sintonía y cercanía con la sociedad civil en vista de las próximas elecciones presidenciales.26 De esta forma, figuras de la Concertación se vieron protestando con los estudiantes en las calles y planteando la necesidad de reformular la agenda política nacional para dar prioridad al tema de la educación. Siendo Ministro General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber criticó las movilizaciones estudiantiles en 2006 para luego, siendo senador de oposición, apoyarlas en uno de los momentos más álgidos de las movilizaciones 2011: “sólo la educación pública es la que va a permitir a los chilenos más modestos acceder a un nivel educacional que no tendrán jamás. Hay que terminar con la segmentación de Chile. Terminar con el lucro. Dar al menos cierta igualdad” (El Mercurio, 23/8/2011).27 Al mismo tiempo, los dirigentes estudiantiles recibieron apoyo internacional y fueron invitados a compartir sus experiencias en Europa y Estados Unidos, recibiendo incluso en este último país, un premio por la defensa a la educación.28
70De esta manera, los movimientos sociales que se visibilizaron el año 2011 encontraron oportunidades para la movilización, así como aliados o respaldo político, en paralelo a un gobierno cuyo paradigma de gobernabilidad o relación Estado-sociedad civil no había sido elaborado ni fue producto de un ejercicio reflexivo o intelectual como aquel emprendido por la Concertación hacia finales de los años ochenta. Dicha gobernabilidad tampoco fue el resultado de un diseño gubernamental como el de los gobiernos de Lagos o de Bachelet en sus estrategias por estrechar lazos con la ciudadanía, sino más bien fue un intento de dar continuidad a un estilo político centrado en los resultados y en el crecimiento económico, pero en un escenario social donde la necesidad de mayor participación, así como las exigencias de mayor equidad y justicia social cobraban cada vez más relevancia.
71Los paradigmas o estrategias de gobernabilidad evolucionan en respuesta a los desafíos que se presentan en cada momento y contingencia histórica, y hacen evolucionar también la relación que establecen los Estados con la sociedad civil y las posibilidades de movilización o desmovilización de este último sector. A principios de la redemocratización, el énfasis de gobernabilidad se puso en conjugar una democracia representativa con una economía de mercado mediante una fuerte conducción de las elites, un control de la arena social y la evasión del conflicto y la movilización social. Los beneficios de esta fórmula fueron indudables para el desarrollo del país, aunque los costos fueron una desconexión de la clase política con la base social, un aumento en la desafección y una disminución de la confianza en las instituciones. Estos fenómenos fueron alimentando y contribuyendo a la incubación de un malestar social que se hizo evidente en las movilizaciones del año 2011 y que serían catalizadas, en parte, por la ausencia de un paradigma de gobernabilidad que fuera capaz de contenerlas.
72Luego de las movilizaciones 2011, los temas planteados por los movimientos sociales marcaron la agenda pública y los debates políticos a escala nacional. Prueba de ello fue la campaña presidencial de Michelle Bachelet para su nuevo mandato para el que definió un programa y una nueva estrategia de gobernabilidad que recogía las demandas de la calle, así como con una coalición política más amplia que, incluyendo al Partido Comunista, intentaba generar un bloque político con mayores vínculos con la sociedad civil, en la llamada ‘Nueva Mayoría’. Con un enfoque de gobernabilidad centrado en las demandas ciudadanas, luego de las primeras grandes movilizaciones enfrentadas por su nuevo gobierno y en un intento por generar una oportunidad política, la mandataria señaló “me imagino que la idea fundamental de esa marcha es apoyar los procesos reformadores que nosotros tenemos, porque la verdad es que entendí que lo que quieren decir es que cumplamos con nuestro programa de gobierno, y eso es lo que queremos hacer, ellos pueden estar tranquilos” (El Mostrador, 12/3/2014). El programa de Bachelet poseyó un carácter progresista y profundamente reformista con cambios a la estructura tributaria, educacional y constitucional, buscando con ello, en palabras de Alberto Arenas, jefe programático de su gobierno, dar “estabilidad y gobernabilidad al país” (El Mercurio, 27/10/2013). Los prospectos de esta fórmula están aún por desenvolverse.
73De esta manera y en un contexto de desafección política y de desgaste del paradigma y movimiento electoralista, la participación por canales informales, no institucionales y los movimientos sociales de protesta han emergido con fuerza, obligando a la clase política a redefinir el concepto y las estrategias de gobernabilidad de acuerdo a este nuevo escenario y sus nuevos desafíos.
5.3 La modernización neoliberal como insumo para la movilización
74Como fue dicho en el apartado anterior, luego del fin de la dictadura, el proceso político chileno ha incluido definiciones, redefiniciones y ajustes de lo que se ha entendido por gobernabilidad y las estrategias para alcanzarla de acuerdo a los desafíos socio-políticos de la redemocratización. Con la emergencia de las movilizaciones de gran escala del año 2011, los partidos políticos tanto del gobierno de Sebastián Piñera como de la oposición, se vieron forzados a realizar un trabajo reflexivo con el fin de interpretar las motivaciones de los protestantes, intentar atraer apoyo popular y, al mismo tiempo, volver a definir la noción de gobernabilidad de cara al nuevo ciclo político inaugurado por dichas protestas.
75Luego de entregar la banda presidencial a Michelle Bachelet para el comienzo de su segundo mandato (2014-2018), la presidente del Senado e integrante de la ahora coalición oficialista “Nueva Mayoría”, Isabel Allende, declara que “la desigualdad dificulta la gobernabilidad” (El Nuevo Diario, 17/3/2014). Asimismo, Camila Vallejo señala: “rechazamos la política de los consensos tal como se ha desarrollado durante los últimos veinte años. (…) consensos que sólo han profundizado o maquillado el modelo neoliberal que sustenta las grandes desigualdades en el país y que, por lo demás, hoy son responsables de la crisis que vive la educación” (PNUD, 2015: 38). De igual forma, la Presidenta Bachelet advierte que el objetivo de su gobierno será impulsar reformas que permitan enfrentar la desigualdad que vive el país: “espero que, al concluir mi mandato, Chile sea un país más justo, más igual, más incluyente (…) Chile tiene sólo un gran enemigo, y su nombre es desigualdad. Sólo juntos podremos enfrentarla” (El Semanario Voz, 19/3/2014).
76La ofensiva contra la desigualdad como principal eje programático y como manera de asegurar la gobernabilidad del país por parte del segundo gobierno de la electa Presidenta Bachelet, deriva de un diagnóstico por el cual las movilizaciones del año 2011 tendrían su origen y explicación en la problemática de la inequidad socio-económica que afecta al país.29 Tal como se describiera en el cuarto capítulo, la redemocratización chilena fue un exitoso proceso tanto en términos económicos como políticos. La modernización neoliberal logró la más rápida reducción de la pobreza en el mundo, siendo considerada un ejemplo paradigmático para los países en vías de desarrollo (Raczynski, 1999). Como señala Meller (1999), durante los gobiernos de la Concertación se insistió en que un crecimiento económico fuerte y sostenido generaría un mecanismo de ‘chorreo’ que resolvería los problemas de distribución de la riqueza. En este contexto y al perseguir la reducción de la pobreza, la mano invisible del mercado se encargaría de asignar adecuadamente los recursos para todos los chilenos, representando entonces una estrategia efectiva para lograr una sociedad más igualitaria. Los esfuerzos y las prioridades, por tanto, se concentraron en mantener una tasa de 7 % de crecimiento económico anual como solución a los problemas de desigualdad.
Figura 5.2. Ingreso familiar total por centiles (pesos chilenos)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta CASEN 2011*.
* Nota: el ingreso familiar total es la suma de ingresos independientes y las subvenciones percibidas. La evidencia, sin embargo, señala que la desigualdad de ingresos en Chile se ha mantenido estable en los últimos años y alta en comparación con los estándares internacionales, poniendo en evidencia uno de los grandes problemas del modelo neoliberal. En 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) clasificó a Chile como el peor de sus 34 países miembros en términos de distribución de ingresos, con un coeficiente de Gini (0.50) mayor al promedio de todos países (0.31). Esto implica que, en un país de la OCDE, el ingreso promedio del decil más rico de la población es aproximadamente nueve veces mayor que el ingreso del decil más pobre, mientras que en Chile esta misma relación es de 27 a 1 (OECD, 2011, 2012). Como se puede observar en la figura 5.2, el 50 % de los hogares chilenos viven con un ingreso promedio menor a aproximadamente 1.000 dólares al mes.
77Para López, Figueroa y Gutiérrez (2013), el verdadero problema de la desigualdad en Chile no está en el grueso de la población, es decir en el 90 % o aún en el 99 % de ella, donde la distribución tiende a ser relativamente pareja, sino en el estrato más alto, esto es, en el 1 % y sobretodo en el 0,1 % y 0,01 % más rico donde se produce una alta concentración de ingresos. De acuerdo a sus datos, la participación de este segmento en el ingreso total es extraordinariamente alta (el 30 % para el 1 % más rico, 17 % para el 0,1 % y más de 10 % para el 0,01 % más rico en promedio durante 2004-2010). Más aún, la participación del 1 % de chilenos de mayores ingresos es la más alta registrada dentro de una lista de aproximadamente 25 países para los que existe dicha medición. Con ello, Chile es el país más concentrado entre todos los países para los cuales existen datos de las ganancias de los estratos más acomodados.30
78Los datos respecto a la distribución del ingreso, señalan que la economía chilena presenta niveles elevados de desigualdad, persistentes en el tiempo y que dependen del efecto de factores estructurales de larga data. Para Solimano (2007), los factores tras la reproducción de los patrones de desigualdad que se observan en Chile serían de carácter institucional y político, asociados con una alta concentración de la riqueza y propiedad de activos (ver figura 5.3) y con grupos económicos e individuos que controlan una parte importante de la propiedad y gestión de grandes empresas, bancos, ISAPREs, AFPs y otras actividades. Asimismo, señala este autor, la desigualdad se relaciona con la persistencia de heterogeneidades importantes en la estructura productiva chilena (caracterizada por un numeroso sector de micro, pequeñas y medianas empresas que tienen una productividad media muy inferior a las empresas grandes). Y finalmente, con una matriz institucional, en gran parte heredada del período autoritario, caracterizada por su inmovilidad y la dificultad de emprender reformas sistémicas que pudieran afectar el status quo de las elites políticas.
Figura 5.3. Porcentaje de ingresos que acumula el 1 % más rico, participación en el ingreso total del país.

Fuente: Fundación Sol en base a datos de López et al. (2013) y World Top Income Database.
79Esta concentración económica tiene un correlato en una percepción ciudadana de la concentración del poder, tal como puede observarse en la Figura 5.4.
Figura 5.4. Percepción de distribución del poder en Chile, 2002

Fuente: Elaborado en base a datos de Solimano (2007).
Figura 5.5. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la desigualdad en Chile en los últimos cinco años?, 2007

Fuente: Navia et al. (2008: 8)
80Aun cuando el índice de desigualdad aumenta durante el período dictatorial y luego tiende a contraerse al regreso de la democracia para retornar a sus niveles históricos,31 en el imaginario social actual el problema de la desigualdad se encuentra estrechamente ligado a la imposición de la economía neoliberal en las últimas décadas. La percepción de desigualdad vinculada al modelo neoliberal se encuentra probablemente influenciada por el hecho de tratarse este último de un modelo basado en la privatización y en el principio de subsidiaridad en desmedro del fortalecimiento de los sistemas públicos.
81Tal como se revisó en el cuarto capítulo, luego de la dictadura y las grandes reformas estructurales, el proceso de privatización definió el acceso a los servicios públicos de acuerdo a las distintas posibilidades de pago. Esto implicó un reordenamiento y una reestructuración social que vino a complejizar el sistema de clases sociales, generando diversas capas o una mayor segmentación en términos del poder adquisitivo, de préstamos y de las dinámicas de la oferta y la demanda. La población de mayores ingresos comienza a acceder desde entonces a los servicios sociales más caros y de mejor calidad en el mercado privado, el segmento de ingresos medios lo hace a través de fuentes públicas, aunque por lo general consigue servicios de mayor calidad a cambio de un copago, mientras la población de menores ingresos utiliza los servicios públicos de forma gratuita y de menor calidad (Larrañaga, 2009). Todo lo anterior define un modelo económico que, si bien no representa la génesis del problema de la desigualdad, no facilita su solución sino que, al contrario, permite la reproducción y consolidación de una estructura de desigualdad económica y social de larga data.32
5.3.1 Neoliberalismo: segregación y endeudamiento como insumos para la protesta social33
82A diferencia de los factores psicológicos y políticos -post-trauma y gobernabilidad -desarrollados en las secciones anteriores, la relación entre el modelo de libre mercado y las movilizaciones del año 2011 es observable con mayor claridad. Para el modelo neoliberal, la educación es considerada un bien de consumo cuya oferta y demanda debe traducirse en beneficios económicos y ganancias para todos los individuos e instituciones involucradas (Friedman, 2002). A tres décadas de implantada la lógica neoliberal en la educación chilena, la gratuidad a nivel universitario ha desaparecido, mientras la cobertura se ha incrementado sustancialmente, permitiendo el tránsito desde un sistema estatal, elitista y mayormente homogéneo a un sistema de educación superior de mercado, masificado y diverso (ver capítulo 4). La reforma educacional de los años ochenta también impulsó la creación de escuelas privadas subvencionadas, lo que generó un éxodo de los sectores medios de los colegios públicos, cuyas matrículas se redujeron del 63 % en 1986 a un 43 % en 2008 (Oyarzún, 2012). Al mismo tiempo, el modelo ha redundado en que el gasto privado como porcentaje del gasto total en educación tanto primaria como secundaria y superior, se comparativamente el más elevado de los países de la OCDE, tal como s observa en la figura 5.6. Siguiendo la misma lógica, y dado el juego de l oferta y la demanda junto al objetivo lucrativo de diversas instituciones de educación, los aranceles chilenos han aumentado de manera exponencia llegando a ser, en términos comparados, los más altos del mundo tanto en términos reales como proporcionales (ver figura 5.7), con un promedio de 6000 dólares en un país donde el sueldo mínimo bordea los 350 dólares. Lo anterior implica que sólo un 20 % de las familias puede hacerse cargo de los pagos sin recurrir al endeudamiento.
Figura 5.6. Porcentaje del gasto privado en instituciones educativas, 2011

Fuente: OECD (2014: 236).
Figura 5.7. Promedio de los aranceles anuales en las instituciones públicas para estudiantes nacionales a tiempo completo y tasa de ingreso a la educación superior, 2011.

Fuente: OECD (2014: 263).
83Contrariando esta realidad, una de las demandas articuladas por el movimiento estudiantil de 2011 señalaba que la educación debía ser un derecho y, por tanto, tratarse de un bien público al que todo ciudadano debe tener acceso independientemente del nivel de ingresos de las familias. Asimismo, el movimiento de estudiantes que se tomó las calles para protestar, lo hizo básicamente movilizado por un reclamo por la mercantilización de la educación, así como por el fin a las actividades lucrativas identificadas tanto en instituciones de educación secundaria como superior. De igual forma y dado el carácter privado del sistema y lo elevado de los aranceles, se enarbola una queja por el mecanismo de endeudamiento asociado al acceso a la educación, especialmente superior.
84Así, el problema del lucro en la educación se volvió fundamental el 2011, alimentando una identidad y un marco de sentido para los protestantes. Como señala Camila Vallejo,
el lucro fue el tema clave, porque tiene que ver con la concepción del derecho a la educación, era contrastar esta visión de lo público con lo privado; la educación como derecho o la educación como mercancía. Ese fue un debate que logró abrir todas las discusiones posteriores, incluso más allá de la educación; llevó a hablar de la visión del modelo de desarrollo, de cómo trata el Estado los derechos en general, y potenció el proceso de movilización (Mönckeberg, 2013: 66–67).
85Según el reporte OCDE (2014), la equidad en la educación significa proporcionar a todos los estudiantes, independientemente de su situación socio-económica, con oportunidades para beneficiarse de la educación. Sin que esto implique que todos obtengan los mismos resultados, se trata de que la situación socioeconómica de los estudiantes tenga poco o ningún impacto en su desempeño, y que todos los estudiantes, independientemente de su origen, accedan a iguales recursos y oportunidades educativas (2014: 193). Más adelante en el reporte se indica que, en promedio para todos los países de la OCDE, el 15 % de la variación en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas es atribuible a diferencias en el estatus socioeconómico. Entre los países y las economías de alto rendimiento, esta proporción oscila entre el 3 % y el 20 %. Por el contrario, en Bulgaria, Francia, Hungría, Perú y Uruguay más del 20 % de la diferencia en el rendimiento de los estudiantes es endosable a la situación socioeconómica de los estudiantes, problema especialmente crítico en Chile y Eslovaquia donde esta correlación es aún más fuerte (23,1 % y 24,6 % respectivamente). Por tanto, señala el informe, en países como Chile, donde la proporción de varianza en el desempeño en matemáticas explicada por el nivel socio-económico es alta, los estudiantes de familias desfavorecidas tienen menos probabilidades de alcanzar altos niveles de rendimiento.
86Aun cuando la educación neoliberal ha permitido ampliar la cobertura, las voces más críticas señalan que la calidad de las universidades resulta heterogénea y tiende a la estratificación, que en la dinámica de los aranceles se generan universidades de élite que refuerzan la segmentación social y restringen las posibilidades de acceso a los grupos de menores recursos (Améstica et al., 2014). Asimismo y en términos de la educación primaria y secundaria, Puga (2011) indica que el sistema de escuelas subvencionadas facilita la segregación de redes y capital social y el establecimiento de credenciales simbólicas diferenciadas y reconocidas como tales en el mercado laboral. En el caso chileno, la segregación parece estar fuertemente mediada por la presencia de escuelas privadas, pero especialmente por el efecto discriminador que ejerce el copago vía financiamiento compartido (Bellei, 2013). La segregación socio-económica a nivel educacional implica que la población escolar está desigualmente distribuida entre las escuelas de alumnos de diferentes condiciones sociales y económicas (Bellei et al., 2010) o, en otras palabras, que los estudiantes que pertenecen a un determinado nivel socioeconómico no se mezclan ni relacionan con otros distintos a ellos.
87De igual manera y tal como se presentó en el cuarto capítulo, la transversalización del consumo con el endeudamiento como su principal mecanismo, logra modificar considerablemente las condiciones de vida material de los chilenos, permitiendo el acceso a bienes hasta entonces negados para la gran mayoría de la población. Tres décadas más tarde, el endeudamiento se ha consolidado en los hogares como una herramienta fundamental para el consumo de bienes no sólo suntuarios, sino para el acceso a servicios sociales, entre ellos, la educación. Con ello, la euforia del endeudamiento y el consumo como uno de los factores explicativos de la desmovilización post-dictatorial, deviene hacia fines de la era Concertacionista en input movilizador, generando una identidad colectiva en torno a la deuda – ‘los endeudados por la educación’ - y un pilar central de las demandas de los estudiantes y de los hogares chilenos. A propósito del movimiento estudiantil y del endeudameinto, Camila Vallejo señala,
es una demanda aparentemente gremial, ya que toca el bolsillo, pero es estructural y muy política. A la hora de empezar a abordar el endeudamiento, a plantear la sensación de que por la educación uno no tendría por qué estar acogotado, porque es un derecho, el asunto pegaba (…) hace mucho tiempo que los egresados no aparecían, y de repente dijimos “esto es un problema de la sociedad”, porque es la familia la que está endeudada. El egresado que acarrea la deuda por una carrera de no sé cuántos años y que, además, se dio cuenta de que la educación que recibió no le sirvió de mucho, hace un fuerte cuestionamiento. Se dice “estoy ahogado con una deuda maldita porque tengo que pagar a los bancos una suma de dinero mayor a la que hubiera pagado al contado y la educación que recibí es totalmente cuestionable (Mönckeberg, 2013: 67).
88La deuda surge como una idea-fuerza que logró apelar no sólo al apoyo de los estudiantes sino del gran número de familias chilenas afectadas por tal problemática.
89En definitiva, altos niveles de segmentación social, elevados aranceles, gasto privado y nivel de endeudamiento junto a una concentración del poder económico y político, son ingredientes que fueron constituyendo un discurso aglutinador para la (re) construcción de la acción colectiva que se hizo patente el año 2011. Los estudiantes condensaron una crítica al diagnóstico antes esbozado en el petitorio de la CONFECH: “educación gratuita, fin al lucro, democratización, fin al endeudamiento y el autofinanciamiento y acceso equitativo”.34
90Por otra parte, la privatización de los servicios ha consolidado una estructura desigual y una alta segregación social, pero también territorial. Como fuera dicho, el set de reformas llevadas a cabo en la década de los ochenta incluyó cambios sustanciales a la estructura del aparato burocrático-administrativo con un proceso de regionalización y descentralización del país. Este último, fue el mecanismo principal de la reforma con la transferencia de la administración de los servicios públicos desde el Estado hacia los municipios. La descentralización implicó la concreción del principio de subsidiaridad, siendo pieza clave de la política dictatorial pues resultó funcional a una mayor eficiencia económica, tanto en la esfera productiva como en el ámbito asignativo (Boisier, 2004; Larrañaga, 1995). Décadas más tarde, Chile se erige como uno de los países más centralizados de América Latina (Veyl, 2015). Para este último autor, en el período post-dictatorial se desplegaron una serie de reformas institucionales de estímulo al desarrollo regional, pero la existencia de una antigua y fuerte tradición centralista ha imposibilitado un cambio en el eje de poder entre Santiago y las regiones, con estas últimas subordinadas a las decisiones y movimientos del centro.
91Con esto, la descentralización tuvo un impacto en términos de la inequidad territorial en la medida que las diferencias en el nivel socioeconómico de las comunas generaron una distribución desigual de los bienes y servicios provistos por los gobiernos locales. Dada esta realidad, las protestas y demandas surgidas en las regiones se han alzado en torno al discurso de ‘abandono estatal’, el rezago económico-social de las regiones más extremas y la falta de voluntad política de las autoridades centrales para emprender transformaciones importantes (Veyl, 2015: 3). Tanto en Aysén como en Magallanes y Calama, los reclamos se concentraron en torno a un mayor reconocimiento por parte de las autoridades nacionales, mayor atención a las especificidades y necesidades especiales que poseen en tanto regiones extremas, e impulsar el desarrollo local. En definitiva, una distribución más justa de los recursos (económicos, humanos, infraestructurales, etc.) fue el móvil de los movimientos regionalistas observados con nitidez a partir de 2011. Como sintetiza uno de los líderes del movimiento y alcalde de Calama, Esteban Velásquez,
primera demanda: tiene que haber recursos del cobre, investigamos y en países vecinos tienen royalty, tienen un montón de regalías, tributo minero en razón de lo que se produce en esa zona. Segundo, somos una zona extrema, declararnos como zona extrema. Incluso aunque eso no signifique un peso, un beneficio en la planilla de sueldos, pero somos bastante distintos a Arica, a Iquique, a Tocopilla, Antofagasta y el resto de las ciudades que están pegadas al mar o en los valles, es la única que se encuentra en la cordillera, algo de extremo tenemos, temperaturas de 30 grados bajo cero en invierno, contaminación permanente (comunicación personal, 11 de noviembre de 2014).
92Como se puede colegir, el modelo liberal fundado en el mercado, en la provisión privada y que se sustenta en un Estado subsidiario, repercute en un bajo potencial de de-comodificación y en una estratificación aguda (Esping-Andersen, 1990). Los movimientos sociales de 2011 explosionan de la mano de demandas por mayor equidad, la condena al lucro en los servicios sociales como en la reducción del rol del mercado en servicios y derechos ahora supeditados al juego de la oferta y la demanda. Con esto, las manifestaciones fueron interpretadas por autores como Mayol (2012) como una crítica radical al modelo neoliberal, donde la dinámica del lucro generó una percepción social de la dimensión económica como un espacio donde prima el abuso. El modelo de desarrollo desplegado durante la redemocratización basado en un Estado subsidiario, la lógica política de los consensos y un espacio público apolítico estaría, a juicio del autor, sufriendo a partir de las movilizaciones un proceso de desplome.
5.3.2 Neoliberalismo avanzado: consumidores empoderados y cultura capitalista
93La desigualdad en sus múltiples dimensiones es, sin embargo, un fenómeno propio no sólo de la sociedad chilena actual sino que es observable de forma constante y obstinada a través de la historia.35 Esta problemática había sido, sin embargo, tolerada por la ciudadanía chilena, sin expresiones de protesta o movilización en los últimos años, lo que debilita la tesis de la desigualdad como única fuente para el descontento social observado en los últimos años en Chile.
94América Latina y el Caribe son las regiones más desiguales del mundo, con 10 de los 15 países que presentan los niveles más altos de desigualdad (PNUD, 2010). A pesar de que la distribución de la riqueza representa un problema importante en muchos de los países de la región, ésta no da lugar necesariamente a movilizaciones ni a descontento social. Para Tilly (1999, citado en Espinoza (2012: 2)), la desigualdad no es una amenaza para la estabilidad democrática en sí misma, ya que países como Sudáfrica, India y Brasil han mantenido sus democracias en medio de profundas disparidades raciales, lingüísticas, regionales o materiales.
95Por otra parte, y aun con la concentración y la desigualdad observadas para el caso chileno, los quintiles inferiores de la población han experimentado un mejoramiento y un aumento general del nivel medio de bienestar. Si se compara el nivel relativo de ingresos del quintil inferior en relación al de otros países latinoamericanos, se observa que el chileno es prácticamente un 10 % superior al ingreso de los quintiles inferiores de México y Venezuela, así como un 170 %, 127 % y 75 % superior a aquellos de Brasil, Bolivia y Perú respectivamente (Raczynski, 1999).
96Con ello, si bien el problema de la desigualdad reproducida y consolidada por el modelo económico neoliberal es un factor relevante, no resulta suficiente para explicación de las motivaciones tras el ciclo de manifestaciones observadas en los últimos años en el país. Tal como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el hecho de que un conflicto, demanda o descontento social permanezca latente o, por el contrario, se haga patente, depende no sólo de la demanda en sí, sino de la cantidad de recursos, oportunidades políticas y expectativas disponibles en un momento específico (McAdam et al., 2001; Tarrow, 1996). En el caso de Chile, el crecimiento económico, el aumento en los niveles de desarrollo y recursos materiales de las últimas décadas, ha incitado paralelamente la emergencia de un nuevo set de valores simbólicos post-materiales (Inglehart, 2008) o post-industriales (Touraine, 1988). Según estos autores, los procesos de modernización occidental estimularon cambios en la matriz de valores o recursos simbólicos centrales, desde valores materiales como la necesidad de seguridad y estabilidad tanto económica como física, hacia valores post-materiales, relacionados con la necesidad de pertenencia, de autonomía y capacidad de expresión.
97Extrapolando dicho análisis para el caso chileno, es posible afirmar que el proceso de modernización y democratización que ha sufrido el país en las últimas décadas ha tenido un correlato en la emergencia de una nueva estructura de valores y nuevas reivindicaciones políticas. Al respecto, Tironi y Carreras (2008) muestran una tendencia progresiva en las expectativas y demandas de equidad, justicia, derechos y protección social entre los chilenos. Los autores proponen que el acceso a la educación y a la salud, el derecho a la vida y a la igualdad jurídica, son algunos de los derechos más importantes para la sociedad chilena, el segundo país de América Latina en que existe una mayor asociación de la democracia con la igualdad y la justicia. Esto representaría un cambio en el horizonte normativo que, trascendiendo la necesidad de integración material y la euforia por el consumo observadas en la transición temprana, se dirige hacia demandas más simbólicas de integración social. La aparición de un nuevo conjunto de valores implicaría, por tanto, nuevas luchas, reivindicaciones y el surgimiento de nuevos movimientos sociales.
98Asimismo, indicadores de éxito en términos de crecimiento económico, así como la incorporación el año 2010 de Chile al reducido grupo de países de la OCDE, es decir, los países con mayor nivel de desarrollo económico y social, podría haber generado una percepción de mayor disponibilidad de la riqueza y recursos de todo tipo; el advenimiento del ansiado desarrollo, podría haber dado pie a diferentes y mayores expectativas y exigencias por parte de la sociedad. Desde entonces, la evaluación de la calidad y el acceso a los servicios sociales chilenos ya no se haría en base a la realidad latinoamericana, sino que en comparación a los países desarrollados, con un umbral de estándares y exigencias mucho más alto del que se había proyectado hasta ahora.36 Junto a esto, el fin de los veinte años de la era concertacionista y el inicio de un gobierno de derecha que prometía diferentes estrategias de desarrollo, pudo haber influido en un aumento de las expectativas entre la población chilena. Con todo lo anterior, más que una demanda por el fin al modelo neoliberal, las protestas recientes podrían encarnar la búsqueda de una radicalización de la modernización capitalista que se iniciara en los años ochenta.
99Así, el 2011 fue el año en que confluyeron las condiciones necesarias para exigir más recursos (materiales y simbólicos), con los frutos de la revolución capitalista expuestos en el cuarto capítulo -un aumento en el ingreso per cápita, en la cobertura educacional y en la seguridad existencial- activando metas post-materialistas y una mayor conciencia social sobre temas como equidad, sustentabilidad y justicia social. En esta línea, observadores como Navia (2012) señalan que el reciente ciclo de protestas se erigió para probar a la administración de Piñera en su capacidad para cumplir con las promesas de expansión de oportunidades para la clase media, en demandas transformadoras de la economía hacia un modelo de mercado más amigable e inclusivo. En línea con este argumento, Flores (2013) advierte que el movimiento estudiantil no es una expresión de la crisis del sistema, sino que es una reivindicación por el perfeccionamiento del mismo, un reclamo de consumidores. Más aún, el movimiento de los estudiantes habría producido repercusión en la opinión pública no porque éste cuestionara el modelo, sino porque dirigió su demanda hacia el bolsillo de la gente a través de “una traducción elegante del bueno, bonito y barato: de calidad, pública y gratuita” (2013: 20). Al respecto, Giorgio Jackson señala,
en algún minuto uno se cuestionaba si es que este apoyo popular, de los sectores populares, de las clases medias también, era una demanda por pagar menos para ir a pagar al retail o por el entendimiento político de que la educación tenía que ser un derecho. Yo nunca lo tuve claro y yo creo que es difícil atreverse a pensar que la gente reflexionó al punto de decir: la educación es la forma en que nosotros podemos desenvolvernos y es un derecho social y, por lo tanto, no hay que pagar. Puede haber un componente grande, que yo no sé medir, pero que básicamente haya sido “no quiero quedar endeudado, no quiero pagar por esto” (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).
100Si se observa al movimiento de estudiantes como un movimiento de consumidores que alza un reclamo por abaratar los costos de un servicio, más que demandas estructurales perseguiría entonces maximizar sus recursos en un contexto de libre mercado. El ex dirigente estudiantil señala -con preocupación desde su defensa a una crítica estructural al problema de la educación en Chile- al respecto,
eso es peligroso porque esa demanda es más fácil de resolver, es plata no más, en el fondo, es decir: ya, el sistema sigue igual de neoliberal, pero te paso un voucher para que estudies gratuitamente o más barato, vas a pagar, no sé, 50 o 30 lucas al mes. Y la gente quedaría feliz quizás, gran parte quedaría feliz, dirían: nos bajaron todo esto. Pero no había yo creo una densidad política en quizás gran parte de la gente que apoyó al movimiento estudiantil, o sea, se politizó más que nunca probablemente en los últimos años, pero, aun así, yo creo que la gran mayoría de las personas que apoyaban el movimiento estudiantil no hacía esa vuelta de tuerca, sino que era más por querer tener más plata y no tener que pagar por la educación (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).
101Según lo anterior, sería posible afirmar que la revolución capitalista con génesis en la década del ochenta y descrita en extenso en el cuarto capítulo, tres décadas más tarde ha redundando en una cultura capitalista donde la lógica mercantil ha permeado en el marco normativo de los chilenos. Desde el movimiento ciudadano de Calama, el dirigente José Mardones indica que, como consecuencia de la modernización capitalista, la lógica de mercado se instaló también en las dinámicas de acción colectiva de los trabajadores de la minería:
cambió todo, cambió el modelo y cambió el pensamiento de las personas, o sea, ya no tenías billetes, ahora tienes tarjetas y el cambio es radical, cambia todo y eso significa que si efectivamente no tienes un bono de término de conflicto en una negociación colectiva que no supere el millón de pesos, es malo (comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).
102Con ello, más que una crítica a la esencia del modelo, se erigiría una demanda por el perfeccionamiento o profundización del mismo. Si bien está de acuerdo con esta mirada y coincide con que esta perspectiva facilitó una adherencia más transversal al movimiento estudiantil, Francisco Figueroa señala,
creo que lo que se termina imponiendo es una visión mucho más trasformadora si no no se hubiera mantenido en el tiempo, no se habrían mantenido las demandas, no se habría interpelado a la Concertación al respecto, no estaríamos tres años después aun con un debate sobre el paradigma para organizar la educación, esto se habría acabado con un par de lucas sobre la mesa (…) pero creo que esa es la demostración de que esto es más que eso (comunicación personal, de 12 diciembre de 2014).
103Para fortalecer el argumento de una demanda por la profundización del modelo como uno de los factores tras las recientes movilizaciones, resulta oportuno señalar que, de acuerdo a las cifras, los chilenos se encontrarían bastante satisfechos con sus trayectorias personales, lo que puede ser interpretado como satisfacción con el modelo que se ha instaurado en el país en las últimas décadas. Los datos presentados en la figura 5.8 dan cuenta de la evolución de los niveles de satisfacción tanto a nivel personal como institucional.
104Como se observa, la satisfacción personal ha aumentado durante los últimos años y, hacia el 2011, 8 de cada 10 chilenos declara sentirse satisfecho o muy satisfecho, mientras que la confianza en las instituciones se ha reducido a un 20 %.
Figura 5.8. Evolución de la satisfacción vital y la confianza en instituciones, 2012.

Fuente: PNUD (2012: 21)
105Asimismo, los datos en la figura 5.9 indican que los chilenos definen satisfactoriamente sus vidas, pero consideran que la vida del resto debe ser menos satisfactoria que la propia. En este sentido y tal como se describiera en el cuarto capítulo, en una sociedad que se moderniza rápidamente, el esfuerzo y el mérito se emplazan como valores clave, especialmente dentro de los grupos medios (Barozet y Fierro, 2011). Al no contar con el Estado ni con los recursos suficientes, estos grupos se auto-identifican con la cultura del esfuerzo y el mérito. Cuando emerge y se entroniza una matriz ideológica y cultural centrada en los logros, en la eficiencia y en la productividad, el rol del emprendimiento personal, el mérito, el esfuerzo privado y la carrera individual se ponen al centro de las aspiraciones de la sociedad.
Figura 5.9. Nivel de satisfacción con la vida, personal y del resto de los chilenos.

Fuente: Centro de Estudios Públicos (2014: 32)
Figura 5.10. Percepción de las causas más frecuentes de la pobreza, 2014

.
Fuente: Centro de Estudios Públicos (2014: 35)
106Con ello, en un sistema social meritocrático que descansa en el esfuerzo, iniciativas y trayectorias personales, la educación se erige como una demanda fundamental. Los chilenos habrían estado así dispuestos - al menos hasta ahora - a invertir gran parte del presupuesto familiar en colegios y estudios en función de esas expectativas. Según este argumento, la importancia de la demanda por la educación en desmedro de otras necesidades como la salud, salarios, protección social, etc. se explica entonces por la expresión de una matriz ideológica meritocrática que busca en la educación una plataforma de equidad que permita que tales ideales sean respectados y efectivamente desplegados. Francisco Figueroa, sin embargo, se muestra crítico ante esta tesis,
La gente hoy no puede optar entre ser un consumidor o ser un ciudadano, la forma de ciudadanía es a través del consumo y yo no creo que eso implique necesariamente como una suerte de alienación mental porque la gente no tiene opción de otra cosa, o sea, la relación que tiene con la educación está mediada por el dinero hoy día y no tiene otra esfera, no tiene un modelo distinto al que pueda optar, la gente hoy si actúa en tanto consumidor, no es por la fuerza de la ideología neoliberal, es por la fuerza, es por la fuerza de los hechos, es porque tiene que vérselas con el mercado para acceder a la salud, a la educación, a un montón de cosas, entonces hay de eso obvio, pero me parece que criticarlo como para mirar en menos lo que ha pasado es muy injusto y muy tramposo. Es como si le hicieras una zancadilla a alguien y se cayera y te empezaras a reír y dijeras: mira, se cayó, si era obvio que se iba a caer (comunicación personal, 11 de diciembre de 2014).
107De esta forma, en el contexto socio-político del año 2011 vinieron a confluir una serie de factores que permiten explicar, desde la influencia de la modernización neoliberal, la evolución de una larga fase de desmovilización hacia una movilización que vuelve a emerger. Un modelo económico que no logra dar solución al enquistado problema de la desigualdad y la concentración, junto a expectativas sociales y estándares más altos consecuencia de una modernización acelerada, la consecución de un cierto umbral de desarrollo, el aumento de la cobertura educacional y del acceso a información permite una transformación valórica y la emergencia de una nueva cultura de corte post-materialista. En ella, la desigualdad, la injusticia social y la falta de oportunidades ya no son toleradas, generando nuevos marcos de sentido y alimentando demandas que serán canalizadas por medio de la acción colectiva. Por lo tanto, junto con y probablemente debido a, los acontecimientos políticos y económicos de las últimas décadas, los chilenos han adquirido una apreciación más crítica y, con ello, una comprensión y conciencia de las imperfecciones y fisuras del modelo económico hasta acá desplegado, dando paso a un nuevo ciclo político que implica nuevos cuestionamientos y desafíos para el proceso de profundización democrática del país.
108Con todo lo anterior, el período de los veinte años de la era concertacionista se presenta como un terreno fecundo no sólo para analizar en profundidad el trauma colectivo, los paradigmas de gobernabilidad y la modernización neoliberal como factores para la desmovilización, sino también para examinar el proceso observando la manera en que dichas variables posibilitaron la reconstrucción identitaria que sentó las bases y generó las plataformas necesarias para la nueva fase de movilización inaugurada en 2011. Observada así, la premisa del debilitamiento o ausencia ciudadana en el período 1990-2010 hasta aquí expuesta, es replanteada y ampliada al ser considerada más bien como un proceso de reestructuración de la sociedad civil donde nuevas identidades y estructuras sociales son generadas, representado así una fase de ‘incubación’ para el ciclo de activación venidero.
Notes de bas de page
1 Para una revisión pormenorizada del ciclo político inaugurado con las movilizaciones del año 2011 ver PNUD (2015).
2 La más importante fue la ‘revolución de los pingüinos’ del año 2006 que resultaría ser el antecedente del ciclo de protestas inauguradas por los estudiantes a partir de 2011. Este movimiento, sin embargo, no logró traducirse en una modificación del quehacer político o en una movilización transversal como la observada el año 2011.
3 El control de la agenda política por parte de los movimientos estudiantiles, ambientalistas y regionalistas llegó al nivel de, en cierta medida, definir el programa del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
4 La Universidad Técnica del Estado (UTE) fue la universidad pública creada en 1947 que durante la dictadura dio origen a la Universidad de Santiago de Chile y a varias universidades regionales.
5 Ver ‘Allende, el chileno “más grande”’, BBC.com, 18 de septiembre de 2008.
6 En entrevistas realizadas en la ciudad de Aysén en noviembre de 2014.
7 La creación misma del museo de la memoria habla de la necesidad de traer el pasado al presente y coincide con el cierre del ciclo de amnesia de 40 años. El Museo es un ‘proyecto Bicentenario’, inaugurado en enero del 2010.
8 Izquierda Autónoma es movimiento político de izquierda de inspiración marxista y que recoge la herencia autonomista del Movimiento SurDa. Se encuentra presente en universidades. Entre sus miembros más reconocidos está Gabriel Boric, actualmente diputado de la República.
9 Otra memoria que opera e incide en las movilizaciones 2011, es aquello que los estudiantes denominaran la traición de 2006. La llamada memoria de traición se refiere al acuerdo con que se zanjara la demanda estudiantil de las movilizaciones secundarias de aquel año que implicó una gran reforma a la educación que, a juicio de los estudiantes, se discutió y decidió sin su participación y que no modificó la realidad de la educación en términos reales y profundos. Esta memoria determinó que el año 2011 la movilización fuera mucho más intransigente y desconfiada a la hora de negociar con las elites políticas lo que facilitó una mayor radicalidad del movimiento del 2011 en comparación con el de 2006. Para Francisco Figueroa: “el cierre del 2006, la imagen de las manitos arriba provocó mucha desconfianza en el movimiento estudiantil posteriormente y eso se tradujo en que se empezaron a revisar mucho más las formas en que se relacionaba con el sistema político, pasó a ser mucho más evidente que era estéril un dialogo sin movilización”. Ver http://www.adelantechile.cl/2013/12/18/la-estrategia-de-la-nueva-mayoria-para-el-movimiento-estudiantil/y http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=5407
10 Voceros nacionales, participantes en Asambleas nacionales o Confederaciones, representantes regionales y militantes de base.
11 Este hecho ayuda asimismo a comprender que, previo a 2006 y 2011, la escuela y la universidad tuvieran como única función el estudio y que el mandato familiar para los jóvenes no fuera otro que el ir a estudiar, distinto a lo ocurrido en Chile hasta 1990, donde dichos espacios representaron semilleros de acción de protesta
12 Centro de secuestro y tortura vinculado a las violaciones a los DD. HH. durante la dictadura de Augusto Pinochet.
13 Especialmente durante los dos primeros gobiernos democráticos, el crecimiento económico de Chile fue el doble del promedio de América Latina, mostrando la mejor performance de todos los países de la región. Este incremento estuvo acompañado por un aumento en los indicadores macroeconómicos y financieros, tasas de ahorro e inversión, saldos fiscales, un grado de apertura y desarrollo del mercado de capitales. Asimismo, el país redujo sustancialmente su nivel de pobreza y obtuvo resultados positivos en los índices de desarrollo humano, en la expansión de la cobertura educativa, en indicadores de salud, ingreso per cápita a la vez que disminuyeron las tasas de inflación y desempleo, entre otros (Jara, 2014).
14 La elección de representantes comunales y regionales con elección de Consejeros regionales, así como el perfeccionamiento de la desconcentración administrativa fueron importantes avances.
15 Se trata de tres agendas distintas (modernización del Estado, transparencia y promoción del crecimiento) con 49 medidas que buscaban la modernización de la gestión pública, la descentralización del gobierno y una Agenda Pro Crecimiento en acuerdo con el sector empresarial (Gentes, 2006).
16 Ver la descripción de éste y otros Instructivos Presidenciales en: http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/instructivos-presidenciales#ip030
17 Otras propuestas del gobierno de Bachelet incluyeron los mecanismos de consulta (las comisiones presidenciales) para abordar temas críticos, incorporar una agenda de paridad de género, establecer prioridades en torno a la protección social en temas de cuidado infantil, salud y pensiones y, en definitiva, cambiar el paradigma de focalización propio de los años noventa por uno de mayor universalización de derechos sociales.
18 La autora realiza estas afirmaciones en base a entrevistas a dirigentes estudiantiles del movimiento pingüino.
19 Para Arriagada (2007: 1), importante figura de la Concertación, “en los niveles intermedios de la administración no pocos de los mandos recién nombrados encontraron, en la idea del gobierno ciudadano, la excusa para abandonar el trabajo con los partidos y las autoridades por ellos elegidos en nombre del trato directo con las ONGs y la sociedad civil”.
20 De acuerdo a los datos entregados por la autora, la encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Nacional CERC de 2011 señalaba que el 89 % de la población apoyaba las demandas planteadas por el movimiento estudiantil.
21 La derecha volvía por primera vez en la administración política desde la dictadura.
22 Ver ‘Por las protestas, acusan a Piñera de falta de gobernabilidad’ en El Sol, 8 de noviembre de 2011.
23 Durante ese año, los conflictos internos de la derecha se comienzan a hacer evidentes. Parlamentarios UDI criticaron en duros términos la conducción política del gobierno concentrándose en el desempeño de Rodrigo Hinzpeter, así como en el proyecto oficialista de ‘unión civil’ entre personas del mismo sexo, entre otros temas que hicieron surgir presiones para cambiar el gabinete. Las filas oficialistas se mostraban desordenadas y vulnerables, abriendo flancos no sólo para la oposición sino también la acción de los movimientos sociales.
24 Ver ‘Chilenos revivieron los cacerolazos en respaldo al movimiento estudiantil’ en Cooperativa, 8 de abril de 2011.
25 También es el caso de la Casa Memoria José Domingo Cañas y otras organizaciones internacionales agrupadas en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), entre otros organismos. Ver ‘Amnistía Internacional insta a autoridades chilenas a investigar uso excesivo de la fuerza’, 5 de agosto de 2011.
26 Siendo acusados por esto de oportunismo político por figuras de la propia Concertación. Ver, por ejemplo, la entrevista a José Joaquín Brunner ‘El movimiento estudiantil entró en un túnel del que no puede salir’ en La Tercera, 11 de agosto de 2012.
27 Ver ‘Lagos Weber: no hay razones para esta nueva movilización’ en El Mercurio, 18 de octubre de 2006.
28 Ver ‘Movimiento estudiantil chileno recibe premio a los derechos humanos en Estados Unidos’, Radio Universidad de Chile Online, 14 de octubre de 2014.
29 Para más detalles del problema de la distribución de ingresos y las movilizaciones, ver Espinoza (2012) y Rojas (2012). Asimismo, ver Vera (2012) para un análisis de las protestas del 2011 en base a la desigualdad y el origen del modelo socio-económico chileno.
30 En base a declaraciones tributarias oficiales y estimaciones de las ganancias de capital.
31 En los análisis realizados por ciertos autores se puede observar una trayectoria de inequidad para la últimas décadas y lo ocurrido durante el período dictatorial (Lambrecht, 2011; Larrañaga, 2001; Palma, 2008). Larrañaga (2001) señala que la desigualdad del ingreso per cápita de los hogares habría alcanzado un 0.41 en el índice GINI de 1958, un valor alto para los estándares internacionales de aquella época. Entre los años 1958 y 1966 la desigualdad de los ingresos se mantiene estable y en un nivel relativamente bajo respecto de los períodos venideros. Luego y a partir de 1967, los indicadores de desigualdad se muestran inestables posiblemente como reacción a las transformaciones estructurales, así como a las diversas coyunturas macroeconómicas del período.
Durante el gobierno de la UP y en medio de la problemática económica que ya se ha esbozado, se produce una leve caída de los niveles de desigualdad probablemente apalancadas por políticas de expansión de la demanda agregada y de redistribución del ingreso impulsadas en la época. Finalmente, el período de reformas estructurales iniciado en 1974 está asociado a un incremento en los niveles de desigualdad llegando a altos índices hacia mediados de los ochenta. Para Larrañaga, el aumento de la desigualdad también puede relacionarse con las políticas de estabilización y ajuste que fueron introducidas a mediados de los años 70 y la crisis de 1982, las cuales tuvieron un fuerte componente recesivo. Una vez retornada la democracia, los gobiernos de la Concertación se han enfrentado al desafío de reducir los niveles de pobreza logrando una exitosa performance, pero sin alcanzar el mismo resultado positivo en términos de la merma de la desigualdad, aun cuando el tema se hizo patente incluso para inspirar el programa de gobierno del Presidente Lagos hacia finales de la década del noventa (Lagos, 1999).
De cualquier manera, tanto ayer como hoy el problema de la inequidad sigue siendo de compleja solución y, aun cuando el índice de desigualdad aumenta durante el período dictatorial Pinochet y luego tiende a contraerse al regreso de la democracia, Chile continua siendo uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo (Torche, 2007).
32 La complejización y mayor segmentación social producida por el neoliberalismo permite que el acceso desigual a los servicios públicos y privados no se produzca únicamente entre las clases sociales tradicionales (ricos y pobres), sino que mecanismos como el copago crean diferencias muchas veces al interior grupos sociales relativamente homogéneos en términos socio-económicos.
33 Parte de los argumentos presentados en esta sección y en la siguiente fueron desarrollados en Jara (2014).
34 CONFECH. 2011. “Petitorio Confech”. Actualizado al 26 de junio. Disponible en: http://fech.cl/ blog/2011/07/28/compilado-documentos-de-interes-movilizaciones-2011- 2/petitorio-confech/
35 Ver nota al pie número 32.
36 Ver ‘Camila Vallejo se suma al viaje a Europa de la CONFECH’ en El Mostrador, 12 de octubre de 2011.

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