Capítulo 4. Impacto de la modernización neoliberal sobre la desmovilización de la sociedad civil
p. 155-214
Texte intégral
1El trauma colectivo y el aprendizaje experimentado por la clase política chilena tuvo un correlato en acciones políticas, pero también en acciones económicas. Muy al comienzo del régimen dictatorial, las lecciones extraídas por las autoridades militares respecto al proceso político previo indicarán que un aparato estatal centralizado y una economía burocratizada e intervenida por el Estado habrían provocado una escalada de politización de las relaciones sociales y a un conflicto de clases que llevó al país al caos y la ingobernabilidad. Las instituciones y el modelo de desarrollo nacional forjados durante medio siglo en el país serían responsables de dicho proceso y debían, por tanto, ser desintegradas. En 1973, comienza así un ambicioso proyecto para restructurar y redefinir a la sociedad chilena mediante mecanismos de despolitización de la vida social a través de, entre otras medidas, el fortalecimiento del rol regulatorio de los mercados, la reducción de la intervención estatal, el ascenso tecnocrático, el reforzamiento del individualismo, la despolitización y la erradicación de los fundamentos institucionales que facilitaban la formación de sujetos colectivos. Al mantenerse las bases y las grandes reformas del modelo neoliberal, una vez retornada la democracia se asentó un proceso en que mutaron las condiciones materiales, se vio alterada la esfera socio-cultural y se vivieron profundas transformaciones en el campo intelectual.
2Se desarrollan a continuación el origen y las principales características del modelo económico neoliberal impuesto en Chile durante la dictadura, la manera en que supuso una redefinición de la concepción del Estado y del bienestar social, el trabajo como espacio de socialización y los servicios sociales como sistemas de capitalización, aportes, responsabilidades y pagos individuales. Esta primera sección de naturaleza más bien descriptiva, se vuelve fundamental para comprender la estructura del nuevo modelo de bienestar neoliberal, el tipo de matriz económica desarrollista y estadocéntrico que vino a reemplazar, y la forma en que supuso la alteración de la estratificación tradicional. Se genera con ello una mayor segmentación en términos de las capacidades de pago individuales con la consecuente complejización de las categorías de clase y estatus social hasta entonces conocidas. Lo anterior redunda en un sistema social centrado en la provisión individual y en la atomización de los servicios sociales, lo que permite comenzar a rastrear y entender el clima de privatización, individuación y repliegue ciudadano de la esfera pública observados a partir de 1990 en el país.
3La llamada revolución capitalista induce cambios profundos en las condiciones materiales y de existencia de la vida de los chilenos, con implicancias a nivel ideológico y cultural que, tal como se desarrolla y se profundiza en este capítulo, facilitan una desmovilización y despolitización de la sociedad chilena hacia la redemocratización a través de diferentes mecanismos. En primer lugar, una desestructuración identitaria y de los marcos normativos tradicionales se produce cuando los chilenos se vieron enfrentados en un breve período de tiempo a un nuevo sistema de estratificación acompañado de una enérgica movilidad social ascendente. Asimismo, el acceso al crédito, la transversalización del consumo y un vigoroso crecimiento económico facilitaron un clima de fascinación y euforia vis-à-vis las posibilidades ofrecidas por el mercado, mientras los espacios de debate y deliberación política propios de las décadas precedentes perdían relevancia e interés en la esfera ciudadana. Finalmente, la celeridad del crecimiento económico y el acceso generalizado a una educación y a un consumo antes restringidos a ciertos grupos sociales, generalizó un cierto imaginario respecto a las posibilidades entregadas por el modelo a la par de la emergencia de nuevas cosmovisiones como la meritocracia y el emprendimiento, ambas formuladas en clave individual. Estas grandes transformaciones sociales y su impacto sobre las identidades colectivas, se argumenta, contribuyeron a un cuadro general de desmovilización de la sociedad civil una vez inaugurada la redemocratización en el país.
4.1 Modernización neoliberal: ideas, orígenes y reestructuración social
4.1.1 Precisiones teóricas, desarrollo e imposición del modelo neoliberal
Algunas precisiones teóricas
4Según el capítulo anterior, una definición de gobernabilidad retrata un tipo de relación entre los individuos y el Estado y varía de acuerdo a la batería de valores y creencias desde donde dicha definición emerge. Lo anterior tiene implicancias significativas sobre la manera en que el rol del Estado y de la sociedad civil son concebidas y, por tanto, sobre las posibilidades de participación de este último actor. De la misma manera, el modelo económico por el cual una sociedad decide enfrentar y resolver sus problemáticas económicas, de desarrollo y de provisión de bienes y servicios a sus ciudadanos, tiene profundas consecuencias sobre la definición, la proyección y la inclusión de la sociedad civil. Esto, pues un determinado modelo económico proviene a su vez de una perspectiva teleológica específica respecto del rol del Estado, de la definición de derechos y de la función asignada a los mercados para alcanzar el bienestar del conjunto social. Así y en un sentido amplio, el tipo de Estado benefactor se refiere a una forma particular de Estado, de sociedad y de estructura capitalista que define la acumulación de riqueza, regula y disciplina la fuerza laboral y el poder de la clase trabajadora (Greve, 2014: 30).
5En el conocido trabajo de Esping-Andersen (1990), los modelos para alcanzar el bienestar social varían de acuerdo a los niveles de de-comodificación, de estratificación social y protección del mercado que promueven los diferentes tipos de estados.1 Para el autor, dichos modelos pueden tener pretensiones universalistas, es decir, disposiciones y beneficios que buscan cubrir a toda la población, o selectivas, esto es, abarcar sólo a los que se consideran más necesitados. En la práctica, estos modelos oscilan básicamente entre la social-democracia, el modelo demócrata cristiano y el modelo liberal. El modelo de Estado de bienestar socialdemócrata se basa en el principio de universalismo, con amplio acceso a prestaciones y servicios sociales y un grado relativamente alto de autonomía e independencia individual frente a la familia y el mercado. El modelo demócrata-cristiano descansa en el principio de subsidiariedad o descentralización, es corporativista y los beneficios se organizan en torno a estatus y clases sociales, ofrece un nivel medio de de-comodificación y genera un alto grado de estratificación social. Finalmente, el modelo liberal se funda en el mercado y la provisión privada, donde el Estado sólo interviene para aliviar la pobreza y satisfacer las necesidades básicas a un cierto grupo de la población más vulnerable (sujeto a medios comprobatorios), con un potencial de de-comodificación bajo y una estratificación aguda.2
6Los tipos ideales de estados propuestos difieren respecto a la forma en que proveen a sus ciudadanos con derechos, en el nivel de beneficios que otorgan y el acceso y la cobertura de aquellos beneficios, en un péndulo que fluctúa entre un mayor o menor centralismo del Estado. Asimismo, los tipos de Estado divergen respecto al nivel de estratificación - o desigualdad - que se busca promover o evitar, debate que, como se verá más adelante, se vuelve central en las sociedades modernas y en Chile en particular luego de 25 años de retorno democrático. Asimismo, estas tipologías describen y caracterizan la compleja relación que se establece entre el Estado, el mercado y la sociedad civil dependiendo del modelo benefactor al que una sociedad adhiere. Para Greve (2014: 118–119), cada sociedad tiene un “mix de bienestar” que se refiere a la forma en que la provisión del mismo es balanceada entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, equilibrio que varía tanto entre sociedades como dentro de una sociedad misma a través del tiempo. De esta forma, el rol que se le otorga y la manera en que debe ser integrada la sociedad civil variará de acuerdo a la perspectiva teleológica o las distintas ideologías de bienestar dominantes en el cruce tiempo y espacio de una sociedad determinada.
7En una línea similar, Dagnino et al. (2006a: 43) se refieren a la heterogeneidad de la sociedad civil y del Estado en América Latina, con un mapa complejo de posibilidades de colaboración y confrontación que es definido, y a la vez mediado, por el juego de fuerzas del proyecto político en que esta disputa tiene lugar. Para ello, identifican un proyecto político como “el conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en la sociedad, las cuales orientan la acción política de los diferentes sujetos”. Cada proyecto posee una dimensión estatal diferente y con ello distintas funciones del mismo en el aseguramiento de la acumulación capitalista, la producción de legitimidad y la preservación de la gobernabilidad. En este sentido, los autores identifican tres grande proyectos políticos en la región, los cuales se diputan y buscan definir la construcción democrática de las naciones latinoamericanas, estos son, el proyecto autoritario, el democrático-participativo y el neoliberal.3 Este último aboga por la primacía del mercado como eje organizador de la economía y de la vida social, mientras la participación de la sociedad civil se entiende como suministro de información sobre demandas sociales o como organizaciones con capacidad para asumir con eficiencia la ejecución de políticas públicas orientadas a esas demandas. Para los autores, a medida que el proyecto neoliberal avanzaba, esta nueva concepción de sociedad civil tuvo un fuerte impacto en la reconfiguración de este actor en la mayor parte de los países latinoamericanos. El crecimiento y el nuevo papel desempeñado por las ONGs, la emergencia del llamado ‘tercer sector’ y de las fundaciones empresariales, una filantropía redefinida y la marginalización de los movimientos sociales fueron características de este proceso. El neoliberalismo, por otra parte, incorpora una nueva noción de ciudadanía reformulada en torno a la disolución de derechos universales “que habían conseguido consolidarse en el precario Estado de bienestar latinoamericano” en pos de la libre acción modernizadora del mercado (Dagnino et al., 2006a: 62).
8Siguiendo esta lógica y en un análisis en función de los modelos de ciudadanía y participación que derivan de los distintos tipos de Estado y acceso al bienestar social, Taylor (1998) señala que el rol de los ciudadanos en una sociedad determinada está condicionado no sólo por las estructuras políticas en que su participación tiene lugar, sino también y especialmente, por la matriz ideológica dominante y los modelos de participación que cada sistema social plantea. Para la autora, en la región latinoamericana se pueden identificar cuatro modelos dependiendo de los derechos, la participación y el nivel de soberanía que tengan los ciudadanos: modelos benefactor, elitista, participatorio y neoliberal.4 El primero, es un modelo que busca acortar la distancia entre el capitalismo y la democracia -o entre la desigualdad y los derechos sociales- por medio de la provisión de beneficios, que son considerados derechos, a una extensa parte de la población. El modelo elitista sugiere por su parte que el poder y la soberanía ciudadana deben ser delegados a un gobierno de políticos expertos, mientras la participación de la sociedad civil es disuadida y sólo limitada a los procesos eleccionarios. En el modelo participativo, la sociedad civil es protagónica y cumple un rol clave en el juego político. Para la autora, pese a la impracticabilidad de la democracia directa basada en comunidades políticas pequeñas y autónomas, este modelo representa una teoría de la soberanía, de la voluntad colectiva y una crítica a los modelos representativos. Finalmente, el modelo neoliberal de ciudadanía supone al individuo como el actor clave en una sociedad donde esta última no es otra cosa que un conglomerado de unidades y voluntades individuales, el derecho fundamental es a la libertad individual y es desde ahí que las interacciones económicas, políticas y sociales deben ser definidas. La soberanía en este modelo es transportada desde el poder político hacia el poder socio-económico y la política se vuelve, por tanto, un espacio redundante y estrecho.
9Tal como se presenta a continuación, la sociedad chilena ha transitado por diferentes matrices de Estado benefactor y, con ello, por diferentes modelos de ciudadanía, participación e incentivos para la organización y movilización de la sociedad civil en torno a los beneficios y derechos vis-á-vis el poder estatal. Como se detalla, en la historia chilena del último siglo se observa el auge, desarrollo y decadencia de modelos populistas y socialistas con pretensiones universalistas en los servicios sociales, un modelo autoritario neoliberal durante la dictadura y un sistema neoliberal corregido durante el retorno democrático. Cada fase tiene implicancias sobre la naturaleza y el grado de definición y participación de la sociedad civil.
Modelos de desarrollo y génesis del neoliberalismo en Chile
10Luego de la Gran Depresión del capitalismo mundial en 1929, la idea de un Estado interventor se naturalizó en el mundo y en Chile, uno de los países más afectados por aquella gran crisis, esta noción comienza a tornarse hegemónica, consolidándose con ello y tal como se desarrolla a continuación, una matriz económica y socio-política que favorecería la politización y la constitución de sujetos colectivos. El manejo de la crisis y el proyecto de modernización es asociado desde entonces a un Estado desarrollista que debe desempeñar un rol de control sobre los mercados financieros, de fomento a la infraestructura nacional y al mismo tiempo proteger y estimular la producción doméstica. La creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939 viene a sintetizar dichos objetivos mientras su establecimiento posibilitó un cierto desarrollo de la industria del país, área que llegó a tener una participación importante en los ingresos nacionales.5
11Se desarrolla así a partir de los años treinta un paradigma de modernización - el conocido modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) - en que el Estado asume un rol activo en la economía, no sólo a través de la asignación de recursos e intervenciones de mercado, sino también mediante nuevas políticas sociales y transferencias hacia los ciudadanos. En este sentido, el caso chileno representó un extremo del modelo, con aranceles elevados, altas cuotas a bienes importados, flujos de capital extranjero restringidos y un Estado que controlaba de manera directa o indirecta la mayor parte de la actividad económica (Stallings, 2001). En términos de derechos laborales, en 1931 se redacta el Código del Trabajo y en 1953 se forma la Central Única de Trabajadores (CUT), otorgándose mayor relevancia a los sindicatos urbanos en el país. Asimismo, se produce una expansión en términos de derechos sociales y un aumento de las instituciones y el gasto público en áreas como seguridad social, educación, salud y vivienda (Taylor, 2006), así como la emergencia de un tipo de Estado con aspiraciones más inclusivas y mesocráticas. De igual forma y como consecuencia sociológica de este modelo de desarrollo, se erige una nueva clase social, la clase proletaria surge como un actor político de relevancia y que viene lentamente a reemplazar al campesino, grupo social base del modelo oligárquico y del sistema de hacienda preponderante hasta entonces.
12Sin embargo y hacia la segunda mitad del siglo XX y luego de la segunda guerra mundial, el modelo ISI, así como el keynesianismo del primer mundo comienzan a mostrar sus límites en términos de desarrollo económico. Como lo indica Montecinos (1998), hacia la década del cincuenta el criticismo apuntó hacia la ineficiencia del modelo desarrollista por sus bajas tasas de productividad, inflación recurrente y déficit fiscales. En ese contexto, los intelectuales chilenos y una novel elite tecnocrática buscan dar solución a estas problemáticas generándose básicamente dos modelos o corrientes de pensamiento. En pleno contexto de guerra fría y la urgencia norteamericana de hacer frente y buscar alternativas a la amenaza comunista, intelectuales de derecha comienzan a cavilar un modelo económico que pudiera reemplazar al socialismo y al pensamiento keynesiano hegemónico de la época. En 1955, las escuelas de economía de la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile firman un convenio para estudios de postgrado para estudiantes chilenos. El propósito sería entrenar a estos últimos en una doctrina que fuera capaz de revertir la estricta intervención y planificación del Estado que sería, en la visión de los economistas de Chicago, la razón del estancamiento económico y el subdesarrollo de las naciones.6 Así, una generación de economistas chilenos fueron formados bajo el paradigma neoliberal de la escuela de Chicago que, llevando al extremo la teoría liberal clásica, defendían el libre mercado como el organizador más eficiente y racional de la actividad económica así como de la distribución del capital y del trabajo (Délano y Traslaviña, 1989; Ree, 2007; Silva, 1991). De esta manera y para esta doctrina, el papel del Estado era esencial, pero sólo en ciertas tareas específicas y cumpliendo un rol subsidiario, pues gran parte de sus funciones podían ser llevadas a cabo de una manera más eficiente por el mercado y por grupos intermedios.
13Al mismo tiempo, por esos años se socializa, se vuelve dominante y son puestos en práctica los supuestos del pensamiento Cepalino y de Prebisch, Faletto y Henrique Cardoso que, planteando un set de principios para el desarrollo en América Latina, abogaban por la necesidad de superar diferencias estructurales de la división y la dependencia de los países centrales y los de la periferia, así como el sustrato primario exportador, raíz de los problemas de subdesarrollo de la región. Estas teorías vienen a dar estatuto científico al modelo ISI, proponiendo que la solución a las problemáticas económicas y sociales del país (y de la región) estaría en profundizar la industrialización junto a medidas de protección y control a la importación impulsadas desde los gobiernos como promotores y líderes de las políticas de desarrollo, así como instaurar un sistema socialista como vía de escape a las dinámicas al capitalismo global (Larraín, 1989; Perry, Próximo).7 La necesidad de reformas de carácter estructural - estructuralismo - se principia y materializa con una profunda y ambiciosa reforma agraria iniciada en el año 1964 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.8
14El país comienza a experimentar así un irreversible proceso ideológico y legal hacia la izquierda, hacia la política de masas y hacia una profundización y consolidación de un Estado centralizado y regulador. El electo gobierno de Salvador Allende se comprometió con una transición al socialismo y buscó profundizar en el camino de las reformas estructurales. Para ello, completó la nacionalización de la industria del cobre, intensificó la reforma agraria y unos 500 bancos e industrias del país que pasaron a ser administrados por trabajadores o experimentado con la inclusión de trabajadores en su administración. En términos de los derechos sociales, Winn (2004) explica que bajo el régimen de Allende, la clase trabajadora - como el gran referente de acción colectiva - alcanzó niveles históricos de estatus y organización. El ‘gobierno de los trabajadores’ los situaba justamente en el centro del proyecto revolucionario que conduciría al país a un sistema socialista democrático. En este período, los sindicatos alcanzan una elevada membresía llegando a representar a un tercio de la fuerza de trabajo, y sus líderes a ser considerados para la definición de políticas laborales a nivel nacional. Tal como señala Winn, aun cuando el antiguo Código Laboral de 1931 se mantuvo vigente, éste fue interpretado por el gobierno de la Unidad Popular de una manera en que el poder fue equilibrado en favor de los trabajadores y sus sindicatos de forma inédita hasta entonces. Así, el Estado de Compromiso fue simbólicamente inclusivo y expansivo, con una amplificación de los derechos y servicios sociales, así como con una mayor integración y altos grados de politización. Sin embargo, y al encontrarse enmarcado en una estructura productiva incapaz de hacerse cargo de dicha expansión, este modelo resultó excluyente en términos prácticos, produciéndose una asincronía entre el desarrollo político y el económico (Pinto, 1959), una participación subordinada a lógicas clientelistas a la par de una tendencia a la captura del Estado por parte de grupos intermedios.
15Por otra parte, y a diferencia del gobierno predecesor, la Unidad Popular no pudo mantener el control de la macroeconomía. Esto se debió en parte a las actividades desestabilizadoras de la oposición tanto internas como externas, pero también a la inviabilidad de ciertas políticas impulsadas por el gobierno (Stallings, 2001). Durante el período, la demanda doméstica se expandió de la mano de un aumento del gasto público, los incrementos salariales estuvieron por sobre la capacidad de las empresas para solventarlos, mientras las exportaciones cayeron y el capital extranjero cesó de arribar. En la tabla 4.1 se puede observar el panorama macroeconómico en el período 1965-1973 y la manera en que durante el gobierno de la Unidad Popular se contraen las exportaciones, aumenta el empleo a la vez que la inflación llega a niveles superlativos.
Tabla 4.1. Chile 1965-1973, indicadores macroeconómicos (porcentajes)

Fuente: Adaptado de Ffrench-Davis (2003: 74).
16Pese al imaginario de integración, al progreso en términos de inclusión política y de derechos ciudadanos y a la participación social activa, la situación de la economía y el bienestar general de la población durante los años del Estado de Compromiso era precaria, con grandes masas de pobres urbanos, bajos niveles en los principales indicadores sociales y un alto grado de desigualdad, condiciones que constituyeron el escenario previo a las grandes reformas estructurales que estaban por suceder.
Neoliberalismo en el Chile autoritario
17De esta manera, al comienzo de la dictadura militar Pinochet enfrentó un país inmerso en una profunda crisis económica, con tasas de hiperinflación superiores al 200 %, escasez de bienes y alimentos y un hondo déficit en el presupuesto fiscal.
18En un primer momento, Pinochet barajó distintas alternativas y estrategias económicas para manejar la crisis en un contexto global en que, tal como se adelantara, las recetas keynesianas imperaban mientras en Chile la visión cepalina y la teoría de la dependencia hegemonizaban el discurso público. Más aun y en un primer momento, el apoyo de la elite y los grupos económicos a la Junta se dio al considerarse la intervención militar como una etapa necesaria para reestablecer el modelo y las trayectorias económicas desplegadas desde mediados del siglo e interrumpidas por el gobierno de la Unidad Popular (Fernández, 2004; Gárate, 2012). Al mismo tiempo, uno de los grupos de civiles más cercanos a la Junta, los gremialistas liderados por Jaime Guzmán, persuadían a los militares sobre el modelo económico a implementar como uno redujera la preponderancia del Estado pero a la vez aumentara la relevancia de los grupos intermedios, en un enfoque más corporativista que aquel propuesto por los economistas herederos de las doctrinas de Chicago (Ree, 2007).
19Sin embargo, la opción por el - entonces heterodoxo - recetario neoliberal propuesto por los denominados Chicago Boys, sedujo al dictador por diversas razones. En primer lugar, la Junta militar se había propuesto llevar a cabo un modelo socio-político que buscara justamente alejarse de esta última dimensión. El exceso de política -o politiquería- habría sido, según las conclusiones de los militares, el factor que mayormente influyó en la crisis del período anterior. Tal como lo indica la declaración de principios de la Junta publicada a mediados del año 1974, para lograr un perfeccionamiento y desarrollo social era necesario:
Asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de éstas, tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles. (…) Quedará, por tanto, expresamente prohibida toda intervención partidista, directa o indirecta, en la generación y actividad de las directivas gremiales, cualquiera que sea su naturaleza. Resulta vital comprender que la mencionada despolitización es el único camino posible para que los gremios y demás organizaciones intermedias sean auténticos vehículos de participación social, cumpliendo así con un anhelo que puede ser señalado como verdadero signo de nuestro tiempo (Gobierno de Chile, 1974: 9–10).
20Los Chicago Boys en este contexto aparecían y se definían a ellos mismos como un grupo de economistas técnicos y apolíticos, una elite tecnocrática que parecía estar en línea con los objetivos y la imagen que el nuevo régimen buscaba proyectar. De igual forma y tal como lo indica Winn (2004), la Junta estaba decidida a revertir el proceso socio-político predecesor de reformas sociales y política de masas, cuya base social protagónica era la clase trabajadora. El modelo propuesto por los Chicago Boys argumentaba que la eficiencia y la modernización del país debían estar aparejadas con una reducción del papel interventor del Estado y una desindustrialización implícita, una apertura del mercado interno, aranceles bajos y uniformes, el fin de los controles de precios y de los subsidios. Como consecuencia y en línea con las pretensiones militares, este proyecto inhibiría una eventual captura del Estado por parte de grupos intermedios y, al mismo tiempo, contendría el poder de la clase trabajadora industrial, una de las responsables, a juicio de los intelectuales neoliberales, de la crisis en que se encontraba el país. El rechazo a la política, la crisis de los partidos y la preocupación por - tal como lo indican sus primeros documentos - encontrar una vía de desarrollo que pudiera “restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas” así como “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas”, definían no sólo un afán de recuperación macroeconómica, sino un proyecto societal de mayor ambición (Valdivia, 2001).
21Se dio rienda suelta entonces a la implementación de las reformas neoliberales y a la transformación del rol del Estado desde la intervención hacia la subsidiaridad. La visita de Milton Friedman en 1975 representa en este contexto una clara señal del rumbo por el que el país comenzaría a transitar. Tal como lo retrata el discurso público que ofreció en el edificio Diego Portales, las reformas debían comenzar por una reducción del gasto fiscal de un 20 % a 25 % en el corto plazo, la expansión de las empresas privadas, la flexibilización de la normativa laboral y el fin de los controles a precios y salarios. Se sugería así reducir el tamaño y funciones del Estado a la vez que aumentar, fortalecer y transferir actividades a la empresa privada y a la economía de libre mercado, revirtiendo así una economía centralizada,
No creo que para Chile una política de gradualismo tenga sentido. Temo que el “paciente” puede llegar a morirse antes que el “tratamiento” surta efecto. Creo que Chile puede ganar mucho si examina los ejemplos relacionados con el tratamiento de “shock” para el problema de la inflación y de la desorganización (…) El hecho simple es que Chile es un “hombre muy enfermo”. Un hombre enfermo no puede esperar recuperarse sin costo. Terminar con la inflación será costoso, pero será aún más costoso es continuar la inflación (Friedman, 1975: 26, 36).
22De esta manera y a partir de entonces, los Chicago Boys pasaron a ocupar posiciones clave en la formulación de las políticas públicas y en las organizaciones encargadas de las empresas estatales y el gasto fiscal, CORFO y ODEPLAN. En esta primera etapa de implementación de las reformas estructurales (1975-1982) denominada neoliberalismo radical por el carácter de ‘shock’ ya anunciado por Friedman, se implementarían las más importantes reformas respecto al período predecesor. El gasto y el tamaño del sector público fue reducido severamente, los precios liberados, el sistema bancario y el mercado financiero desregulados, empresas y tierras expropiadas devueltas a sus antiguos propietarios y se dio pie a una ronda de privatizaciones (Winn, 2004). La reducción o el rol minimalista del Estado en términos económicos debía combinarse al mismo tiempo con un papel ‘maximalista’ en términos políticos, aplicando una fuerte represión a todos los actores y condiciones que se opusieran a la implementación de dichas reformas (Paus, 1994). En estos primeros años, se produce la transferencia de 259 compañías y bancos que habían sido nacionalizados bajo el gobierno de Allende hacia el sector privado, número que llegó a 325 en 1982 (Fernández, 2004). Según este último autor, las consecuencias de esta etapa de privatizaciones implicó una alta concentración económica de grupos específicos sobre el mercado de capitales y el sistema financiero, con cinco grandes conglomerados que llegaron a controlar dos tercios de los activos totales de las 250 mayores empresas privadas del país.9
23Este ambicioso proyecto de reformas estructurales denominado las ‘siete modernizaciones’, incluyó asimismo reformas al conjunto de los servicios sociales con su privatización total o parcialmente subsidiaria, una reforma al sistema judicial y al aparato burocrático-administrativo con la regionalización y descentralización del país.10 De igual forma, se impulsó una desregulación del trabajo, la modificación de sus formas organizativas y la redacción de un nuevo código laboral en 1978 que relajaba las restricciones a la contratación por parte de las empresas y suprimía la mayoría de los derechos sindicales existentes al inicio del régimen (Ffrench-Davis, 2003; Gárate, 2012; Martínez y Díaz, 1996; Ruiz y Boccardo, 2014; Silva, 1996). La nueva normativa laboral restringía fuertemente la influencia de los trabajadores sobre el mercado del trabajo y las condiciones dentro de las empresas, con un carácter “anti-colectivista” que privilegiaba el poder del empresariado sobre los trabajadores (M. Taylor, 2006: 67). De esta forma, los principios ordenadores de las reformas fueron los elementos de mercado (competencia, elección); la subsidiaridad estatal (focalización, privatización); y la descentralización territorial (Larrañaga, 1995).
24Programas de empleo e inversión pública combinada con un aumento impositivo lograron convertir el déficit fiscal en superávit hacia el año 1979. Asimismo, el aumento de las exportaciones como frutas, pescados y materias primas forestales implicó un nuevo e inédito espacio de crecimiento para el país. Todo lo anterior redundó en un crecimiento económico anual a una tasa del 8 %, mientras que la inflación se contrajo desde un crítico 370 % a un 9,5 % hacia el año 1981, fenómenos que hicieron definir al proceso chileno de aquellos años como un ‘milagro económico’ (Winn, 2004). La confianza en las reformas neoliberales se afianzaba mientras el ministro de economía Sergio de Castro y los Chicago Boys se posicionaban y aseguraban su influencia dentro del régimen militar.
Tabla 4.2. Chile 1974-1982, indicadores macroeconómicos (porcentajes)

Fuente: Adaptado de Fernández (2004: 192).
25Un mercado de capitales totalmente desregulado y sin supervisión, altamente concentrado y que dependía del consumo de bienes y servicios y la capacidad de endeudamiento nacional e internacional, así como un crecimiento empujado por sectores como el financiero que no generaron empleo ni crecimiento sostenible, confabularon para generar una serie de contradicciones y desequilibrios macroeconómicos. A esto se sumó la sobrevaluación del peso, las altas tasas de interés y la crisis financiera transversal a América Latina. La crisis de 1982, la más severa desde 1929, surgió como el golpe más duro para el hasta entonces exitoso y radical recetario neoliberal.11 Las razones que precipitaron la crisis económica de 1982 son múltiples y multidimensionales,12 sin embargo, en ese momento el régimen militar se vio interpelado a revisar las medidas económicas implementadas hasta entonces y hacer cambios clave en gabinetes y espacios de decisión, lo que hace evolucionar la implementación de las políticas neoliberales hacia una segunda etapa definida como una fase de neoliberalismo pragmático.
26A partir de 1984, las medidas correctivas aplicadas comienzan a dar frutos y la economía logra crecer a altas tasas. Tal como lo indica Paus (1994), a diferencia de lo que ocurrió a mediados de los setenta, la expansión y el crecimiento económico de la segunda mitad de la década del ochenta se fundó sobre la corrección de los errores cometidos en el pasado y sobre una base más sólida. El crecimiento fue impulsado básicamente por un incremento en las exportaciones que aumentaron su participación en el PIB desde un 25 % en 1982 a un 33 % en 1991, y luego por un aumento en la inversión. Al mismo tiempo, en aquellos años se da paso una segunda ola de privatizaciones ideada para compensar la falta de créditos nacionales e internacionales a razón de la crisis. Los grupos económicos nacionales, debilitados tras la recesión, no fueron capaces de aprovechar cabalmente las nuevas privatizaciones facilitando la inserción de grandes compañías transnacionales y acelerando el proceso de globalización de la economía chilena, traspasando unos 1200 millones de dólares de entradas fiscales a manos privadas (Fernández, 2004). De esta manera, los grupos económicos multinacionales jugaron un rol clave en la recuperación de la economía nacional, moldeando con ello la nueva cara global y transnacional de la economía chilena. Y hacia la segunda mitad de la década del ochenta se legitima y se consolida el neoliberalismo como modelo económico y como la opción hegemónica y que dominaría la transición a la democracia.
27A partir de la mitad de década del ochenta El PIB creció en un promedio del 6,6 %, entre 1984 y 1990 y el desempleo se redujo de un 13,9 % a un 7,8 % en 1990. En materia social, la esperanza de vida aumentó en 10 años desde 1973 a 1990, la mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos bajo de 65,7 a 15,9 y el analfabetismo de un 12,8 % de la población adulta en 1970 a un 8,8 % en 1992 (Braun-Llona et al., 2000; Larraín y Vergara, 2000). Pero más allá de las cifras económicas, el mayor logro del régimen militar fue la reestructuración de la economía chilena y, al mismo, tiempo, la imposición de un proyecto modernizador y un modelo socio-político con profundas consecuencias para la sociedad chilena en su conjunto. La matriz neoliberal y el nuevo patrón de acumulación de riqueza se basa desde entonces en la especialización de la economía local en la exportación de recursos primario. A la minería del cobre, se sumaron las explotaciones forestales, la agroindustria y la pesca (Goicovic, 2006), mientras la manufactura y el empleo público reducen su participación y relevancia en la estructura productiva.
28De esta manera, la denominada “revolución silenciosa” (Lavín, 1987; Tironi, 1988b) acometida por el régimen militar y la implementación del modelo económico neoliberal fue un ambicioso proyecto de carácter refundacional. Como señala Ree (2007), tal como el estructuralismo y la teoría de la dependencia lo intentaron en el pasado, el neoliberalismo no buscaba únicamente proveer de herramientas para la solución de problemáticas económicas, sino ser un proyecto original que definiera las relaciones sociales y económicas e implicara un orden para resolver los problemas propios del desarrollo basado en el libre mercado y la subsidiaridad. El paradigma neoliberal y su definición de la economía, la política y la sociedad supusieron un cambio radical respecto a la trayectoria de desarrollo experimentada por el país durante décadas. Las reformas estructurales aplicadas cabalmente en medio de represión y de nula oposición política y social, permitieron la imposición de un nuevo proyecto societal donde el Estado y el vínculo del Estado con la sociedad civil es redefinido, modificando las relaciones sociales, la matriz socio-política conocida hasta entonces y, con ello, las posibilidades y potencialidades de participación de la sociedad civil.
4.1.2 Neoliberalismo, reestructuración y sociedad civil en Chile
29Como fuera dicho, para el régimen militar y los reformistas neoliberales las instituciones y el proyecto del Estado nacional-desarrollista (1930-1973) representaban la gran fuente de problemas enfrentados por Chile en las últimas décadas. Esto, pues la intervención del Estado fue vista como un obstáculo para las operaciones del mercado y la eficiencia del mismo y, al mismo tiempo, fue concebida como una fuente de politización y movilización de la sociedad chilena. La solución al problema creado por un “estatismo exagerado”, su consecuente extensión a todas los niveles de la vida social y la excesiva politización (Castro, 1992: 29–30) debían ser solucionados mediante la descentralización de los aparatos productivos y estatales y una mayor responsabilidad de los individuos y los grupos intermedios,
El proceso de descentralización debería abarcar actividades como educación, salud, sistemas asistenciales, etc., permitiendo una participación efectiva de los usuarios lo que facilita el control y promueve una mayor eficiencia en estos sectores. La política de descentralización diseminaría y repartiría el poder político derivado del estatismo pasado; abrirá caminos a una efectiva participación de la comunidad y contribuiría a igualar las oportunidades y posibilidades de acceso de los ciudadanos a las diversas actividades de la vida nacional (Castro, 1992: 53– 54).
30Por ello, la tecnocracia neoliberal defendía la remodelación de las instituciones del Estado desarrollista mediante un proyecto de ingeniería social basado en la expansión de la lógica de mercado al conjunto de las relaciones sociales, la reducción del Estado y la atomización de la sociedad civil. Lo que Taylor (2006: 77) ha denominado “la gran transformación de las instituciones de bienestar” estuvo motivado, a su juicio, por la redefinición de la naturaleza de las relaciones Estado-sociedad a través de la individualización, privatización y descentralización. Esto, se lograría inhibiendo la generación de sujetos colectivos y la remoción del Estado como target principal de las demandas de los movimientos sociales.
31De igual manera, el régimen buscó diseñar un modelo que maximizara los beneficios y oportunidades para la empresa privada, así como acoplara las formas de política social, el mercado del trabajo y las nuevas estructuras productivas a los requerimientos del proceso de reestructuración. Para Díaz (1994), lo que ocurrió entre 1973 y 1992 permite ser definido como un proceso de desestructuración y reestructuración, tal como se puede observar en la tabla 4.3.
Tabla 4.3. Desestructuración/reestructuración social en Chile, 1976-1992

Fuente: Díaz (1994: 9)
32En términos ideológicos, Vergara (1984) explica que la visión del régimen estuvo determinada por la búsqueda de la libertad económica o aquella que se desenvuelve en el mercado y cuya realización permite el acceso a la libertad política. De igual forma, el mercado debía ser la expresión de un mando impersonal que somete a las decisiones individuales y que asegura la igualdad. Las desigualdades y la jerarquización que se generan por la acción del mercado serían el resultado de un ordenamiento externo, neutro y, por tanto, justo. El énfasis en lo social fue reemplazado por una prioridad en lo individual, mientras la democracia resultó instrumental a la igualdad económica y a la de los individuos en el mercado. Finalmente, la política económica del régimen se fundó en un saber racional, científico, técnico y moderno, distinto, por tanto, a las políticas económicas ideológicas del pasado. Como explicaba el discurso oficialista, el proyecto modernizador del régimen militar buscaba entregar a los individuos la facultad de elegir en relación al suministro y acceso a los servicios sociales básicos. Las relaciones de trabajo serían transferidas desde el Estado “un administrador costoso e irresponsable” hacia el sector privado sometido a mayores exigencias de productividad. La eficiencia también estaría estimulada por la desarticulación de los poderes de las organizaciones laborales y gremiales que distorsionaban el funcionamiento de los mercados (Vergara, 1984: 303–304).13
33Así, un modelo económico no sólo constituye una forma de resolver las problemáticas puntuales respecto al manejo del mercado y la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos, sino que implica una definición del rol del Estado, la preponderancia del mercado y la relación que ambas esferas establecen con la sociedad civil. Describir entonces las principales reformas socio-económicas desarrolladas e impuestas durante la dictadura se vuelve así fundamental para entender las características de este nuevo modelo de bienestar y la manera en que viene a alterar la estructura de estratificación tradicional, generándose una mayor segmentación en términos de las capacidades de pago individuales, con la consecuente complejización de las categorías de clase y estatus social hasta entonces conocidas.
34La radicalidad con que se impuso el nuevo modelo económico en Chile, implicó un rápido reordenamiento y reestructuración social de la mano de reformas estructurales de la economía y sus instituciones. Un nuevo código laboral, además de fuertes modificaciones al sistema educacional, de pensiones y de salud con transferencias desde la esfera pública a la privada provocó una redefinición de valores, derechos y la relación de los ciudadanos con ellos mismo y con el Estado. La definición de bienestar se modificó, así como la provisión de servicios sociales que desde entonces se localizan en el mercado y se basan en la capitalización, capacidad de pago y responsabilidades individuales. Con ello, la estructura de estratificación tradicional sufre un cambio profundo, esto es, se genera diversas capas o una mayor segmentación de la sociedad en términos del poder adquisitivo personal, revolucionando y complejizando las categorías de clase e identidad hasta entonces conocidas. Todo lo anterior redunda en un sistema social centrado en la provisión individual y en la atomización de los servicios sociales, lo que permite relevar las primeras pistas para entender el clima de privatización, individuación y repliegue ciudadano de la esfera pública observados a partir de 1990 en el país.
Reestructuración social: reformas a los servicios sociales
35A través de las llamadas reformas de segunda generación, es decir, reformas a los servicios de educación, salud, previsión social, sistema judicial, aparato burocrático-administrativo y la desregulación del trabajo, la dictadura,
buscó transformar las instituciones de bienestar de forma que pudieran lograr una reestructuración de las expectativas y los comportamientos de los individuos y de las familias a través de medios de reproducción social (…) los servicios sociales ya no estarían condicionados a la movilización y articulación de los diversos sujetos sociales colectivos que dirigen demandas al aparato central del Estado. En cambio, esas relaciones debían ser recompuestas en lo posible por vínculos de mercado entre los individuos y las empresas. Esta atomización de las relaciones sociales se lograría a través de los procesos de descentralización y privatización que transformarían las instituciones que regulan la prestación de servicios sociales (Taylor, 2006: 86).
36Con la reforma de 1980, el sistema de educación chileno redujo el rol y el gasto público del Estado en pos del sector privado, generando un sistema dual público-privado que continúa en las bases del sistema educacional del Chile actual. La descentralización fue el mecanismo principal de la reforma con la transferencia de la administración de la educación desde el Estado hacia los municipios, lo que fue complementado con el traspaso a organizaciones privadas con fines de lucro que desde entonces podían competir por la matrícula de los estudiantes y recibir financiamiento público.14
37Asimismo, otro cambio fundamental fue la introducción del subsidio a la demanda por el cual las escuelas dejaron de percibir financiamiento directo, sino que implícito e indirecto a través de los estudiantes y el sistema de voucher propuesto por Friedman. Mediante este modelo se buscaría aumentar las oportunidades de elección de las familias en materia educativa y las escuelas recibirían financiamiento estatal en base al número de estudiantes que fueran capaces de atraer, obligándolas a estar en competencia directa con la educación de iniciativa privada (Aedo y Sapelli, 2001; González et al., 2004; Larrañaga, 2009). Las reformas educacionales son consolidadas el último día del período dictatorial con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) que fija la estructura del sistema y los deberes y rol del Estado. Como señala Taylor (2006), a partir de 1990 los gobiernos de la Concertación extienden y profundizan estas medidas resultando en una progresiva disminución de la matrícula en la educación estatal y un aumento en la educación privada subvencionada como puede observarse en la figura 4.1.
38En términos de educación superior, y tal como señalan Bernasconi y Rojas (2004), hasta 1973 las universidades fueron centro de debate, formas de organización y gobierno, aglutinando manifestaciones, tomas de edificios, huelgas, asambleas y enfrentamientos con la policía, en una versión concentrada de los conflictos políticos y sociales del país. A partir del régimen dictatorial, se buscó reducir y controlar el potencial de activismo y movilización dentro de las universidades mediante la transformación de las sedes regionales de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado en 14 universidades públicas independientes, mientras todas las casas universitarias fueron dotadas de nuevos estatutos y sujetas a las restricciones de facto impuestas por el régimen. Asimismo y dado que el gasto público se redujo entre un 15 % y un 35 % entre 1974 y 1980, las universidades se vieron forzadas a abandonar la gratuidad y comenzar a cobrar aranceles y buscar otras fuentes de recursos en un proceso de autofinanciamiento que aumentó de un 13,5 % a un 26,9 % promedio entre 1965 y 1980.
Figura 4.1. Matrícula en educación primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas, 1981-2008. Porcentaje total

Fuente: Elacqua (2009: 35).
39Con el objetivo de expandir la matrícula, diversificar el sistema y estimular la competencia entre instituciones, en 1981 se permitió la creación de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, lo que modificó la composición y el panorama de educación superior conocido hasta entonces. Además de una diversificación de la estructura de la matrícula, las reformas implicaron una fuerte expansión de la cobertura de la educación superior, fenómenos que en treinta años han hecho transitar al país desde un sistema estatal, de elite y mayormente homogéneo a un sistema de educación superior de mercado, masificado y diverso (Bernasconi y Rojas, 2004).
40Sin embargo y desde una mirada más crítica, Améstica y sus colegas (2014) señalan que aun cuando se ha alcanzado una amplia cobertura, la calidad de las universidades es heterogénea y tienden a una muy marcada estratificación, con universidades de élite asociada a la estructura de precios o aranceles que refuerzan la segmentación social y restringen las posibilidades de acceso de los que tienen menores recursos. Asimismo y en términos de la educación escolar, el estudio realizado por Puga (2011) señala que el sistema de escuelas subvencionadas o con voucher aportan en a la segregación de redes y capital social, la distribución diferenciada de expectativas, y el establecimiento de credenciales simbólicas diferenciadas que son reconocidas como tales en el mercado laboral.15
41Por otra parte, el régimen militar llevó a cabo una contundente reforma al sistema de salud con el objetivo de incrementar su eficiencia y eficacia. Los cambios incluyeron la descentralización y municipalización de la atención primaria y la participación del sector privado en las áreas de financiamiento y prestación de atención médica. En este período se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA), institución financiera encargada de recopilar, administrar y distribuir los recursos del Estado para la salud. Al mismo tiempo que se crean las Instituciones de Salud Previsional (ISAPREs) que actúan como compañías de seguros que ofrecen servicios de salud bajo contratos que definen el grado de cobertura y tipos de beneficios para el suscriptor individual en base a su capacidad de pago (Titelman, 1999). A comienzos de los años ochenta, la participación fiscal correspondía al 38 % de los recursos destinados al sistema de salud, cifra que cayó a un 21 % en 1989 (Stallings, 2001).
42Otro cambio sustancial fue la eliminación de las contribuciones de los empleadores en tanto que el nuevo sistema debía ser financiado principalmente por las contribuciones obligatorias de los empleados. En un comienzo, la contribución se fijó en un 3 % que luego debió aumentar a un 7 % como respuesta al déficit del sistema público, déficit que resultó tanto de la reducción del gasto público en salud como de la migración de los grupos de mayores ingresos hacia las ISAPREs (Posner, 2008). Al igual que en educación, se escindió al sistema de salud en una estructura dual pública y privada, así como se generó múltiples capas o estratos de usuarios dependiendo de sus salarios y capacidad de pago. Como señala Titelman (1999), en términos de distribución de ingresos de la población entre los subsectores público y privado, los primeros cuatro quintiles participan, en su mayoría del sistema público, mientras el quinto quintil (el 20 % más rico de la población) concentra a la mayoría de los afiliados de las ISAPREs, tendencia que se ha mantenido estable en los últimos años.
Figura 4.2. Evolución de la matrícula de Educación Superior por tipo específico de IES, 1983-2011.

Fuente: Elaboración propia desde Compendio Histórico de Educación Superior (Ministerio de Educación, 2015).
Figura 4.3. Cobertura del sistema de salud, 1984, 1986 y 1988-1997

Fuente: Elaborado en base a datos de Titelman (1999).
43En términos de la previsión social, la gran reforma se concretó en 1980 como una manera de corregir lo que se consideró como graves defectos del sistema previo.16 Como explica Stallings (2001), la reformas perseguían incrementar las pensiones en base a los retornos de mercado, eliminar la concesión de pensiones por antigüedad y por grupos privilegiados, establecer contribuciones en función de las remuneraciones reales durante toda la vida laboral del individuo y no en función de los últimos años, establecer ajustes automáticos a partir de los cambios demográficos, minimizar las presiones políticas para el uso de los fondos, a la vez que mejorar la eficiencia y reducir la burocracia del sistema. Para alcanzar estos objetivos, se reemplazó el sistema de reparto o de contribuciones combinadas entre trabajadores, empleadores y el Estado (un tercio del aporte total) concentradas en las Cajas de Previsión, por un sistema de capitalización individual de pensiones basado en contribuciones personales que conformaban un fondo para la jubilación a ser administrado por instituciones privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).17 El nuevo sistema previsional entregaría pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, con un Estado que garantizaría pensiones mínimas sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos del afiliado. La reforma también beneficiaba a las empresas empleadoras quienes redujeron los costos de inversión por empleado al no verse en la obligación de cotizar un monto por cada uno de sus trabajadores (Diamond y Valdés-Prieto, 1993; Elter, 1999).
44La eliminación de los aportes estatales se realizó, al igual que las otras medidas establecidas en el período, con el fin de reducir el déficit fiscal y la participación del Estado en la provisión de servicios. Como señalan Délano y Traslavina (1989), pese a la ineficiencia del antiguo sistema de reparto, éste implicaba un concepto de solidaridad y redistribución en la medida que las cotizaciones de los trabajadores activos y de los empresarios financiaban las pensiones de las personas mayores. Para estos autores, la reforma previsional fomentó el individualismo en la medida que la pensión personal pasó a depender del ahorro privado de cada ciudadano.
45Para Taylor (2006), un aspecto importante de esta reforma en particular, problema que es posible extrapolar a las grandes transformaciones de la salud y la educación presentadas hasta ahora, está en que la modificación del sistema de pensiones representó una herramienta más en la estrategia despolitizadora que se había propuesto el régimen. Esto, pues al remover la previsión del ámbito del Estado hacia manos de técnicos en compañías privadas, la presencia estatal se reduce y se limita exclusivamente a regular la inversión privada, asegurando una pensión o un servicio mínimo si esto llegara a ser necesario. La responsabilidad por este servicio así ya no correspondería al Estado ni a un colectivo y, en lugar de una seguridad social surtida por el Estado, los chilenos fueron motivados a crear una sociedad de “trabajadores-propietarios” (Piñera, 1980).
Reestructuración social: reforma laboral
46Una de las reformas sociales más significativas del período tuvo que ver con el cambio en la legislación laboral. Refiriéndose tanto a la reforma previsional como a la laboral, en la década del ochenta José Piñera indicaba que mediante ambas reformas “tenemos la certeza de estar asestando otro golpe mortal a la politización de la vida social y al marxismo, y sobre todo, a la pobreza y la injusticia” (citado en Elter (1999: 109)). Así, las siete modernizaciones implementadas por la dictadura militar buscaban dar solución a las problemáticas socioeconómicas como la inflación y la pobreza, al mismo tiempo se resolverían el problema de la politización, ideologización e hipermovilización de las décadas precedentes.
47La legislación laboral experimentó de esta manera cambios significativos durante las últimas décadas. Hasta 1973, la normativa laboral se caracterizaba por ser proteccionista al considerar al trabajador como un actor débil frente al empleador. El Estado debía, por tanto, intervenir y asegurar que los derechos del trabajador se impusieran por sobre el mercado. Producto de este enfoque, los despidos de los trabajadores suponían costos elevados, las huelgas podían ser indefinidas, se prohibía el reemplazo de los trabajadores y, mediante incrementos salariales en el sector público y una intervención en los conflictos, el Estado desempeñaba un papel importante en términos de las relaciones laborales. Con el advenimiento militar, en una primera etapa (1973-1978) la legislación de facto fue restrictiva y anuladora de derechos y, junto a la represión de los sindicatos, se suspendieron y prohibieron la negociación colectiva y la actividad sindical, se facilitó el despido y el reajuste de remuneraciones obligatorios para los sectores público y privado. Finalmente, a partir de 1979 y mediante la normativa laboral sintetizada en el nuevo Plan Laboral, el mundo del trabajo es desregulado y se reduce el poder sindical (Barrera, 1994; Mizala y Romaguera, 2001; Stallings, 2001).
48Con el Plan Laboral se restablecen la negociación colectiva, la actividad sindical y la huelga, pero en condiciones muy diferentes a las existentes hasta 1973, con un mercado laboral más flexible que queda de manifiesto. A diferencia de la normativa anterior, la afiliación sindical pasó a ser voluntaria, la duración de la huelga se limitó a 60 días al fin de los cuales los contratos de los trabajadores caducaban automáticamente, se permitió la contratación de personal de reemplazo durante la huelga, así como el lockout empresarial o la posibilidad de cierre por parte del empleador de la unidad productiva durante el conflicto. Asimismo, el Estado dejó de actuar como mediador de conflictos a través de comisiones tripartitas, las negociaciones se difirieron en el tiempo con el fin de evitar el conflicto concentrado en un período breve. Como medida destacada, se estableció la facultad de despido por parte de los empleadores sin expresión de causa, condicionada al pago de un desahucio y con una indemnización limitada a un mes hasta por 5 años de trabajo (Coloma y Rojas, 2000; Délano y Traslaviña, 1989; Mizala y Romaguera, 2001; Rojas, 2007; Stallings, 2001).
49De igual manera, las dos formas principales de organización sindical (de industriales y profesionales) fueron sustituidos por un número mayor de organizaciones: sindicato de empresa, sindicato inter-empresa, sindicato de trabajadores independientes y sindicato de trabajadores transitorios. En este sentido, y tal como señala Narbona (2014), para el pensamiento económico liberal de Friedman y Hayek era importante promover el individualismo laboral y la desintermediación social por lo que era importante reducir la injerencia sindical a su expresión más mínima. Esta reforma fue, por tanto, un pivote, un mecanismo fundamental y un prerrequisito para el desenvolvimiento de la gran revolución capitalista y el plan desmovilizador llevada a cabo por la dictadura militar. Para Vergara (1984), el principio de autonomía y despolitización de los cuerpos intermedios y la necesidad de excluir de ellos toda injerencia político-partidista, se expresó en una normativa que se vio cada vez más impregnada por los criterios de seguridad interna y por los requerimientos que imponía la política anti-inflacionaria. Así, el Ministro del Interior planteaba la necesidad de superar la huelga, la que considera una “expresión de fuerza” utilizada en el pasado como “instrumento de la lucha de clases” y que era, por tanto, perentorio sustituirla por un sistema de conciliación y arbitraje obligatorio (1984: 188). Como lo resume Álvaro Díaz, académico y ex Subsecretario de Economía,18 a partir de los años ochenta,
las estrategias de negociación que impulsaron las empresas grandes fue la de fragmentación sindical, entonces empezaron a existir 20 sindicatos en una empresa (…) quien ejercía el rol mediador eran los partidos, entonces había una CUT muy fuerte y los sindicatos, que eran de empresa (…) quien jugaba el eslabón intermedio eran los partidos de izquierdas y la DC, eso en la década del cincuenta y del sesenta, ese era el sistema del movimiento sindical en Chile (…) eso se rompe durante la dictadura y no se logra reconstituir ese vínculo orgánico que había en el pasado, los sindicatos quedan a la deriva… y hay un cierre completo del mundo empresarial a cualquier libertad de sindicalización, con mucho control, el resultado fue un debilitamiento de la sindicalización y una mantención de conflictos, pero de baja intensidad (comunicación personal, 3 de noviembre de 2014).
50Luego de implementadas las reformas y superada la crisis de 1982, las cifras del desempleo comienzan a caer significativamente, mostrándose especialmente reducidas durante los años noventa. Así, la implementación de esta reforma fue clave para la puesta en marcha de las políticas neoliberales, mientras la desregulación y flexibilización del mercado del trabajo fueron piezas fundamentales para un modelo de desarrollo que buscaba promover la eficiencia económica y fortalecer la inversión privada e individual.
Revolución capitalista y reestructuración social: primeras pistas para entender la desmovilización post-dictatorial
51Hacia el final de la dictadura militar, la Concertación de Partidos por la Democracia tuvo que decidir entre un cambio radical al modelo económico y retornar al Estado intervencionista de ataño, o aceptar las nuevas regulaciones políticas y económicas aunque con ajustes en términos de equidad social y eficiencia económica (Muñoz, 2007). Al asumir el gobierno en 1990, la alianza concertacionista consideró que no era posible experimentar con un nuevo modelo socio-económico tal como había sido sometido, y con alto costo, el país en las últimas décadas. De esta manera y dado el crecimiento económico generado en los últimos años dictatoriales, la Concertación optó por la profundización del modelo de libre mercado, aunque imponiendo un sello social y foco en una democracia inclusiva. Como señala Muñoz, los resultados apoyaron esta decisión, ya que al final de la tercera administración de la Concertación (Ricardo Lagos), el apoyo al gobierno llegó al 70 %, uno de los más altos alcanzado por un presidente chileno, sólo superado por Michelle Bachelet, con un 80 % de aprobación hacia el final de su primera administración.
52En términos socio-económicos, la revolución capitalista puesta en marcha por Pinochet supuso un cambio radical en el país que experimentaría un acelerado proceso de modernización desde mediados de la década del ochenta. Sólo durante los primeros dos gobiernos democráticos, el crecimiento económico del país dobló el promedio de crecimiento de América Latina con el mejor desempeño de los países de la región (Raczynski, 1999). El crecimiento se dio en paralelo a indicadores financieros y macroeconómicos positivos tales como ahorro y tasas de inversión, un balance fiscal consolidado, un alto grado de apertura económica y desarrollo de los mercados de capitales. Asimismo, el país redujo sustancialmente sus niveles de pobreza y desempleo, e incrementó su índice de desarrollo humano, la cobertura educacional, indicadores de salud e ingreso per cápita. Más aún, Chile ha sido definido como el mejor país para nacer en dentro de América Latina basado en calidad de vida y libertad personal.19 Dado el positivo rendimiento, en 2010 Chile se convirtió en el primer miembro sudamericano de la OCDE, reflejando el reconocimiento internacional de las políticas económicas y sociales del país, un modelo que ha sido bautizado como “the Chilean way” (Jara, 2014).20
53Esta modernización acelerada de la mano de una revolución capitalista con cambios en los principios que rigen la vida social tuvo como correlato una transformación sociológica, una mutación en los valores y actitudes de los individuos hacia la vida social. Así como a mediados del siglo XX el modelo de industrialización hacia adentro y un Estado promotor de los cambios generaron el desarrollo de una clase trabajadora y un sector industrial - encarnado en organizaciones gremiales y sindicatos - que vino a alterar las bases sociológicas de la sociedad chilena, hacia mediados de la década del ochenta las reformas estructurales vienen a remover los cimientos sociales tal como se conocían.
Tabla 4.4. Indicadores socio-económicos, 1990-2011

Fuente: Jara (2014: 31).
54Tal como se ha presentado hasta este punto, el modelo neoliberal supuso una redefinición de la manera en que el Estado concibe el bienestar social, el trabajo como espacio de socialización y la manera en que los servicios sociales deben ser puestos a disposición a la sociedad, virando desde un paradigma centrado en lo colectivo hacia uno enfocado en el individuo. Luego del fin de la dictadura, se mantuvo dicha estructura de bienestar y de provisión de servicios sociales impuesta bajo el régimen, basada en sistemas de capitalización, aportes, responsabilidades y pagos individuales, y donde dichos servicios dejan de ser derechos para convertirse en mercancías a transar en un mercado en que el individuo se desenvuelve, se inserta, es definido y situado dependiendo de su poder adquisitivo. Con ello, la estructura de estratificación conocida hasta entonces sufre un cambio profundo, esto es, se genera una segmentación espontánea de la sociedad en términos de las capacidades de pago individuales, revolucionando y complejizando las categorías de clase y estatus social hasta entonces conocidas. La pérdida de referentes identitarios de la mano de la erosión de las clases tradicionales, junto a un sistema que promueve y se basa en las acciones individuales en desmedro de los sujetos colectivos, entregan un retrato del escenario donde se enmarcan las posibilidades y el potencial de movilización de la sociedad civil de la transición democrática. Una de las consecuencias de esa alteración del paradigma de sociedad, se argumenta en este trabajo y se profundiza a continuación, fue la desmovilización y despolitización de la sociedad chilena una vez inaugurada la nueva democracia. Asimismo, como se profundiza en el próximo capítulo, los principales impactos de la imposición neoliberal permiten un acercamiento a la identidad colectiva que se volverá visible luego en el ciclo de movilizaciones 2011.
4.2 Influencia de la imposición del modelo neoliberal en la desmovilización de la sociedad civil
55La radicalidad y el carácter estructural de los cambios impuestos en esos años tendrán profundas implicancias en términos sociales. Para Díaz y Martínez (1996), lo que ocurrió entre 1973 y 1992 es un proceso de desestructuración y reestructuración similar a lo ocurrido en Chile alrededor de la década del veinte con la crisis del salitre, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y la depresión de 1929. Sin embargo, apuntan los autores, el ciclo de transformaciones impulsados por la revolución capitalista tiene un impacto espacial mayor, una dirección estructural diferente y una mayor susceptibilidad dado que se transformó a la economía chilena en una más abierta y expuesta a situaciones de expansión o decline más rápidas e intensas que aquellas experimentadas a principios del siglo XX.
56Los cambios que hasta entonces habían tomado dos o tres generaciones en producirse, tuvieron entonces lugar sobre una única generación de chilenos que se vio enfrentada de forma acelerada a una nueva realidad social. La llamada revolución capitalista, revolución pues implicó un cambio radical, profundo y refundacional que invirtió las bases de las relaciones sociales y de producción conocidas hasta entonces, asentó un proceso en que mutaron las condiciones materiales, se vio alterada la esfera socio-cultural y se vivieron profundas transformaciones en el campo intelectual. La modernización neoliberal trajo la génesis de una nueva matriz socio-política y con ello un nuevo sujeto social. Las relaciones preexistentes entre el Estado y la sociedad se vieron desarticuladas, la cosmovisión neoliberal se erigió y se enquistó en la sociedad y en la cultura, y los chilenos se vieron forzados a desplegar una capacidad adaptativa a las nuevas estructuras políticas, económicas y sociales en un nuevo contexto.
57El carácter refundacional del régimen y la modernización neoliberal supusieron una acelerada yuxtaposición de nuevas y antiguas matrices culturales, una pérdida de valores y reglas de conducta tradicionales y su posterior reemplazo por nuevos componentes normativos. Este fenómeno, como se expuso en el capítulo 1, tiende a provocar un reflujo ciudadano y anomia en la medida que para hacer frente a esta transición social y su correspondiente incertidumbre (percibida o no), los individuos se inclinan a buscar refugio en sus grupos de pertenencia y referencia más próximos en términos identitarios. El conflicto que sufre el individuo ante la contradicción de identidades, entre los fines o las metas que se ha propuesto y los medios existentes para alcanzarlos en función del lugar que ocupa en la estratificación social, genera momentos de confusión y desorganización, con actores tratando de entender los nuevos códigos culturales de una sociedad aún en formación.
58La retracción se produciría por la ausencia de o por un conjunto normativo confuso derivado del debilitamiento de las principales instituciones sociales y bajos grado de integración social. Esto es, los cambios de estructuras, el paso a una sociedad industrializada, moderna o globalizada incide en las posibilidades de observar anomia dado que en dichas transiciones los vínculos que unen a los individuos con los grupos sociales o colectividades no son fuertes ni constantes. La pérdida de identidades sociales y la necesidad de asimilación de nuevos patrones culturales de una sociedad en crisis que da lugar a otra sociedad todavía no establecida, implica una situación heteróclita donde se mezclan las formas nuevas y antiguas de ordenamiento social. En estos contextos, la sociedad se fragiliza y los fines comunes o colectivos son prácticamente inexistentes, produciéndose un distanciamiento generalizado de los individuos respecto del orden establecido y el involucramiento público.21
59De esta manera, en períodos donde los referentes identitarios y culturales se diluyen, tiende a aumentar la importancia del dominio privado, así como los procesos de particularización, atomización, apatía y desinterés individual respecto al curso que sigue la sociedad. En el caso chileno, estos procesos se ven potenciados por una cultura capitalista neoliberal que se enraíza, con la consecución de bienestar individual como premisa principal y la autorrealización de los individuos que se transporta desde la esfera pública hacia la vida privada. Y si bien, tal como se indicara en la sección anterior, durante los cuatros gobiernos de la Concertación (1990-2010) se desarrollaron una serie de exitosas modificaciones que buscaban mayor acceso y beneficios para un grupo más extenso de la población (tercera vía o neo-estructuralismo),22 la matriz ideológica-cultural central impuesta durante la dictadura se mantuvo. Como señala Ffrench-Davis (2003: 78), los gobiernos de la Concertación decidieron evitar los cambios radicales en el modelo económico y buscaron “un cambio en continuidad”, realizar reformas a las reformas, rompiendo con la naturaleza y tradición refundacional de los gobiernos precedentes y dando pie a un modelo neoliberal “corregido” (Garretón, 2012) o “bien temperado” (De la Maza, 2003), es decir, un modelo de libre mercado con necesarios correctivos de política social. Con ello, las consecuencias y efectos de la revolución capitalista son las que se vuelven relevantes en el marco de este trabajo para entender el panorama de desmovilización de la sociedad civil al retorno democrático. En definitiva, los momentos de rápida modernización y trasformación cultural, la generación de nuevos valores y sistemas normativos, así como la yuxtaposición de claves culturales nuevas y tradicionales son fenómenos e ingredientes fundamentales para los períodos de reflujo, por tanto, de desmovilización social como aquel observado en Chile al retorno democrático. Dicho fenómeno socio-cultural estudiado por la sociología clásica se ve complementado y potenciado en el caso chileno con la imposición de un modelo que perseguía precisamente una privatización, individuación, exacerbación y el culto al placer personal, la desarticulación de sujetos colectivos y el fin de las grandes epopeyas o metadiscursos aglutinadores característicos de la fase que finalizara en 1973.
60Los procesos de anomia, la pérdida de referentes identitarios así como el proceso de individuación se pueden desprender del hecho que los chilenos, en el curso de una sola vida, se vieron enfrentados en un breve período de tiempo a un nuevo sistema de estratificación acompañado de una enérgica movilidad social ascendente, que permitió el desplazamiento de grupos y actores sociales desde una determinada posición o un mundo social hacia nuevos espacios socio-culturales en el sistema de composición de clases. De la misma manera, el acceso al crédito y la transversalización del consumo, el crecimiento económico y el aumento exponencial del ingreso per capita, facilitaron un clima de fascinación y euforia por las posibilidades ofrecidas por el mercado, mientras los espacios de debate y deliberación política propios de las décadas precedentes perdían relevancia e interés ciudadano. Finalmente, la celeridad del crecimiento económico y el acceso generalizado a servicios y a un consumo antes restringidos a ciertos grupos sociales, masificó un imaginario respecto a las posibilidades entregadas por el modelo a la par de la emergencia de nuevas cosmovisiones como la meritocracia y el emprendimiento, ambas formuladas en clave individual. Estas grandes transformaciones sociales y la manera en que influyeron derivando en un cuadro general de desmovilización o subsidencia de la sociedad civil hacia la redemocratización, son desarrollados a continuación.
4.2.1 Reformas estructurales y nueva estratificación social: hacia un país de propietarios y no de proletarios23
61Tal como se ha podido comprobar en secciones y capítulos anteriores, los ciclos de movilización de las décadas del setenta y ochenta en Chile tuvieron claros protagonistas. Por una parte, el movimiento de trabajadores, obreros o proletarios, figura central del período del ‘gobierno de los trabajadores’ de la Unidad Popular, formado por un incipiente modelo de industrialización y el desarrollo urbano característico de mediados del siglo XX; el movimiento campesino que, entre 1970 y 1973 desplegó iniciativas desafiantes a la estructura de la hacienda y acciones directas para acelerar la expropiación de fundos una vez impulsada la reforma agraria (Salazar y Pinto, 1999a); y finalmente, el movimiento y organizaciones populares, principales actores de las jornadas de protesta y oposición al régimen militar. La irrupción de la modernización neoliberal,24 la influencia de las reformas estructurales y el cambio en el modelo de acumulación, tuvieron un fuerte impacto social y político y facilitaron un proceso de desarticulación de dichos movimientos y la imposibilidad de reconstruirlos una vez retornada la democracia por una multiplicidad de razones. El nuevo plan laboral introducido en 1979 y los cambios a la estructura productiva provocaron un profundo cambio en la fisonomía de la clase trabajadora tradicional o conocida hasta entonces. Tal como se observa en las figuras 4.4 y 4.5, una vez dictado el nuevo Plan Laboral de 1979, la tasa de afiliación sindical respecto a la fuerza de trabajo cae prácticamente 20 puntos porcentuales entre los años 1979 y 1980, para lograr aumentar sólo hacia finales de los ochenta y mantenerse en torno al 10 % durante período post-dictadura. Asimismo, luego del efecto de la reforma laboral y en línea con el propósito desmovilizador del régimen, se observa una fuerte caída en el número total de huelgas para cada año a partir de 1973 - sin registros de huelgas para el período de represión más severa, 1973-1979 - y un modesto recuento desde 1979, tendencia que se mantiene durante la democratización con una evidente ‘fractura’ o ‘descomposición’ del movimiento sindical tradicional (Véjar, 2012).
62Además de la contracción del poder de huelga y organización, Martínez y Díaz (1996) señalan que a partir de la década del ochenta la fuerza de trabajo chilena sufre una serie de alteraciones: junto a cambios en la estructura sectorial, destaca el proceso de desindustrialización y el aumento del trabajo asalariado en general, pero especialmente en el sector terciario pese al decline pronunciado del empleo público. Entre 1976 y 1992 se originan cambios sustanciales en la distribución espacial de los trabajadores asalariados con un crecimiento mayor del empleo urbano sobre el empleo rural, así como un cambio en la composición de género con un aumento en la participación laboral de la mujer especialmente en los sectores primarios y terciarios de la economía nacional. De igual forma y aun cuando la mayor expansión de la fuerza laboral se concentró en las tres principales ciudades del país (Santiago, Valparaíso y Concepción), se observó una descentralización laboral al aumentar la importancia relativa de las ciudades más pequeñas. Los procesos de privatización estimularon asimismo el tamaño de la clase empresarial que se triplicó incrementando la dispersión, desconcentración y atomización de los trabajadores asalariados en unidades productivas como firmas y empresas de pequeños y mediano tamaño.
63El análisis de la evolución de la estructura ocupacional realizado por ciertos autores (Martínez y León, 2001; Ruiz y Boccardo, 2014; Wormald y Torche, 2004) coinciden al retratar estas tendencias, esto es, una disminución de los segmentos sociales vinculados con actividades agrícolas, transformaciones significativas en el ámbito urbano relacionadas con una caída en la significación de la clase obrera productiva, la terciarización de la fuerza laboral y una burocratización del trabajo asalariado bajo la organización privada. La caída sostenida de la población económicamente activa (PEA) en el área agrícola y campesina, así como en la clase obrera industrial contrasta con el fuerte aumento en los sectores medios asalariados y de los trabajadores del comercio y los servicios, lo que permite apreciar la transformación de la estructura laboral de las clases sociales más relevantes durante el período previo a la revolución capitalista (ver tabla 4.5).
Figura 4.4. Evolución tasa de desocupación y afiliación sindical 1975-2002

Fuente: Cifras de desocupación: Instituto Nacional de Estadísticas y Mizala y Romaguera (2001); Cifras de afiliación sindical: Armstrong y Águila (2006: 373–374).
Figura 4.5. Número total de huelgas en el país 1961-2002

Fuente: Cifras de Armstrong y Águila (2006: 373–374)
64Asimismo, luego del efecto de la reforma laboral y en línea con el propósito desmovilizador del régimen, se observa una fuerte caída en el número total de huelgas para cada año a partir de 1973 - sin registros de huelgas para el período de represión más severa, 1973-1979 - y un modesto recuento desde 1979, tendencia que se mantiene durante la democratización con una evidente ‘fractura’ o ‘descomposición’ del movimiento sindical tradicional (Véjar, 2012).
65Además de la contracción del poder de huelga y organización, Martínez y Díaz (1996) señalan que a partir de la década del ochenta la fuerza de trabajo chilena sufre una serie de alteraciones: junto a cambios en la estructura sectorial, destaca el proceso de desindustrialización y el aumento del trabajo asalariado en general, pero especialmente en el sector terciario pese al decline pronunciado del empleo público. Entre 1976 y 1992 se originan cambios sustanciales en la distribución espacial de los trabajadores asalariados con un crecimiento mayor del empleo urbano sobre el empleo rural, así como un cambio en la composición de género con un aumento en la participación laboral de la mujer especialmente en los sectores primarios y terciarios de la economía nacional. De igual forma y aun cuando la mayor expansión de la fuerza laboral se concentró en las tres principales ciudades del país (Santiago, Valparaíso y Concepción), se observó una descentralización laboral al aumentar la importancia relativa de las ciudades más pequeñas. Los procesos de privatización estimularon asimismo el tamaño de la clase empresarial que se triplicó incrementando la dispersión, desconcentración y atomización de los trabajadores asalariados en unidades productivas como firmas y empresas de pequeños y mediano tamaño.
66El análisis de la evolución de la estructura ocupacional realizado por ciertos autores (Martínez y León, 2001; Ruiz y Boccardo, 2014; Wormald y Torche, 2004) coinciden al retratar estas tendencias, esto es, una disminución de los segmentos sociales vinculados con actividades agrícolas, transformaciones significativas en el ámbito urbano relacionadas con una caída en la significación de la clase obrera productiva, la terciarización de la fuerza laboral y una burocratización del trabajo asalariado bajo la organización privada. La caída sostenida de la población económicamente activa (PEA) en el área agrícola y campesina, así como en la clase obrera industrial contrasta con el fuerte aumento en los sectores medios asalariados y de los trabajadores del comercio y los servicios, lo que permite apreciar la transformación de la estructura laboral de las clases sociales más relevantes durante el período previo a la revolución capitalista (ver tabla 4.5). Tal como señalan Ruiz y Boccardo (2014), el fenómeno de la modernización del mercado laboral se ve reflejado en el proceso de asalarización, terciarización de la estructura productiva, pero también en la introducción de nuevas formas de contratación. Con ello, las reformas laborales de la época dictatorial facilitaron un mayor dinamismo y un aumento significativo en las oportunidades de empleo, especialmente el calificado, pero en un contexto sumamente flexible caracterizado por una fuerte rotación, inestabilidad y movilidad laboral. Se advierte una preponderancia de posiciones dependientes o asalariadas en condiciones contractuales flexibles, esto es, subcontratados, con contratos parciales o en ausencia de relación contractual, así como trabajadores autónomos prestadores de servicios o de tiempo parcial.
Tabla 4.5. Significación numérica de categorías sociales, 1971-2009. Porcentajes de la PEA nacional.

Fuente: Ruiz y Boccardo (2014: 47).
67Con ello, los lazos de pertenencia del trabajador tanto con la empresa así entre los propios trabajadores se erosionan y se vuelven flexibles al igual que el mercado laboral que los contiene, mientras las posibilidades de acción y generación de identidad colectiva se encuentran con impedimentos tanto legales - el detrimento de la negociación colectiva y el derecho a huelga - como estructurales (PNUD, 1998; Roberts, 1998). Esta serie de fenómenos está lejos de generar un proceso de homogeneización de la clase trabajadora, volviendo más difusos los limites o categorías de la fisonomía del trabajo tradicional y la distinción entre trabajadores dependiente e independientes, afectando con ello tanto a la identidad por oficio como a la identidad colectiva (Ruiz y Boccardo, 2014).
68De esta forma, a medida que la estructura ocupacional se transformó y la relación asalariada tradicional - empleador, vínculo de subordinación, dependencia relativamente estable y estipulada a través de un contrato - fue perdiendo presencia. Fue reemplazada luego por formas asalariadas más flexibles, variadas y atomizadas, las relaciones comenzaron a ser marcadas por un proceso de individuación y detrimento de un ‘interés’ o ‘conciencia’ de clase definida, sin que ello implicara la rearticulación de un agente clasista con un proyecto y discurso común (Wormald y Torche, 2004). Como señala Roberts (1998), trabajadores diferenciados por estatus legal, por condiciones de empleo y salario, han optado por estrategias individualistas para la consecución de movilidad económica, erosionando la capacidad de construcción de una identidad colectiva. Por lo tanto y más allá del impacto del Plan Laboral de 1979 y del significado económico de los cambios en la matriz productiva-laboral, la ‘desobrerización’, la terciarización y la burocratización del trabajo asalariado bajo la organización privada generaron un enorme impacto sobre el sindicalismo, actor que históricamente constituyó sus formas de acción a partir de la alianza entre burócratas públicos y obreros industriales (Martínez y León, 2001: 16).
69Así, los cambios iniciados durante la dictadura y consolidados luego al retorno democrático facilitaron la desintegración de una clase obrera tradicional, es decir, masculina, industrial y/o agrícola, con trabajadores concentrados en empresas mayoritariamente propiedad del Estado, con vínculos laborales de subordinación y mayor estabilidad. El cambio en el aspecto de lo que tradicionalmente se denominó ‘clase trabajadora’ permite que, hasta la actualidad, el movimiento de trabadores en Chile permanezca disperso, fragmentado y difuso, con una CUT que logra una baja adherencia, poder de convocatoria y negociación con el Estado, aglomerando a cerca de un 10 % de los trabajadores, lejos del 32 % registrado previo a 1973 (Roberts, 1998). Así y sin exagerar, es posible señalar que los cambios y la nueva fisonomía de la clase trabajadora implicó la desintegración del movimiento trabajador, protagonista de los ciclos de movilización de décadas precedentes.
70Los fenómenos hasta aquí descritos han permitido sin duda una modernización de la arena laboral chilena, un aumento en las posibilidades para la clase trabajadora junto a una mayor oferta de empleos,25 al mismo tiempo que se generaran “las paradojas de la modernización del trabajo asalariado: más oportunidades y más incertidumbres” (Ruiz y Boccardo, 2014: 51). Tal como lo señalara el informe del PNUD (1998), mientras las oportunidades laborales habían aumentado de modo sostenido, la flexibilización del empleo incrementó de igual modo los riesgos. Se erigía entonces en este período una preocupación central no tanto la estabilidad del empleo actual, sino por el proceso potencial y permanente de reinserción laboral en un mercado extraordinariamente móvil y un futuro incierto que exigía la capacidad de adaptación de las personas a una fuerte rotación del empleo.
71La pérdida de certezas y seguridad en un ambiente cambiante, así como la exigencia de una capacidad adaptativa, son ingredientes constitutivos de períodos de retracción y privatización social. Y si bien estas trasformaciones pueden reconocerse a nivel global - tendencia a la flexibilización, alta rotación laboral y una gran incertidumbre - en Chile estos fenómenos se dieron de manera acelerada, marcando los procesos de pérdida de identidad y organización colectiva con gran celeridad. La clase trabajadora incrementa su complejidad y su heterogeneidad, encontrándose aún en un temprano estadio en la configuración de una matriz de categorías sociales más definitiva o consolidada que pudiera dar paso, si es que alguna vez vuelve a producirse, a un nuevo tipo de orgánica capaz de movilizar a los trabajadores chilenos a la usanza del pasado (ver Becerra (1998) y Frank (2005)).
72Otro cambio fundamental introducido por la modernización neoliberal, aparejado con el dinamismo laboral y que permite entender el fenómeno de la desmovilización, fue la vigorosa reducción de los índices de pobreza a partir de los años noventa. Tal como se adelantara en la sección anterior, en un breve período de tiempo, los niveles de pobreza26 disminuyeron desde 5,5 millones de personas en 1987, a 5,2 en 1990, a 4,3 millones en 1992, a 3,9 en 1994 y a 3,3 millones en 1996 (Raczynski, 1999), que en términos porcentuales implica que el número de pobres en Chile decreció desde un 45,1 % en 1987 a 23,2 % en 1996. Dentro de este célebre resultado en la evolución de su magnitud absoluta y relativa, Meller (1999) destaca la velocidad de la misma ubicando a Chile con la reducción más acelerada entre países con experiencias exitosas de disminución de pobreza en la década del noventa en el mundo (Indonesia, Malasia, Brasil, Pakistán, Costa Rica y Colombia).27
73Respecto a las causas de dicha contracción, los estudios de Larrañaga (1994) y Meller (1999) debaten respecto a la preponderancia de factores puramente macroeconómicos y la influencia de las políticas de reducción de pobreza impulsadas por los gobiernos de la Concertación a partir de 1990. Para el primer autor, la maximización del crecimiento económico (a tasas promedio de 7 % hacia el final de la dictadura y la primera etapa de la transición) habría redundado en la pujante generación de fuentes de empleo, por una parte, y por otra, en el aumento de las remuneraciones reales, ambos mecanismos que explicarían mayormente la merma de la pobreza en Chile. Esto es, los sectores populares se beneficiaron ampliamente de una economía expansiva, con más de 560.000 empleos creados y un aumento en los salarios de un 10,5 % entre 1989 y 1993, mientras el sueldo mínimo se amplió en más de un 33 % en ese período (Roberts, 1998). Para Meller, en cambio, el alto ritmo de crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para disminuir y erradicar exitosamente los índices de pobreza. Para este autor, la incidencia del alto ritmo de crecimiento económico es sin duda un factor explicativo, pero que en el caso Chileno se complementó con la eficiencia de las políticas sociales para este fin llevadas a cabo por la Concertación.28
74Sin embargo y más allá de la influencia del modelo económico o el impacto de las políticas públicas como explicaciones atribuidas al fenómeno del descenso de la pobreza, lo cierto es que en el Chile de la transición este índice se reduce a la mitad, implicando que 2,2 millones de personas dejaron de ser pobres o vulnerables sólo en la primera mitad del retorno democrático, en un lapso de únicamente 10 años. En términos de la desmovilización social luego del fin de la dictadura, este hecho es de crucial relevancia. Tal como se ha mencionado en otros momentos en este trabajo, así como el movimiento obrero y campesino - de carácter orgánico y fuertemente ligado a los partidos políticos - cobraron protagonismo asumiendo el liderazgo de la movilización social de las décadas del sesenta y setenta, el movimiento popular vino a reemplazar este centralismo en las movilizaciones de los años ochenta en oposición al régimen militar,29 como un movimiento más autónomo y distanciado del modelo vanguardista conocido hasta entonces. Si bien es necesario reconocer la heterogeneidad de los sectores pobres, sus diferentes orígenes, aspiraciones, expectativas y las tendencias políticas que constituían la existencia de grupos y subgrupos dentro de este mundo, en términos generales y asumiendo el riesgo de simplificar la compleja realidad social, es posible realizar una gruesa afirmación lineal: en el Chile de la redemocratización, gran parte de los pobres dejaron de ser pobres, desintegrándose con ello lo que había fundado el movimiento popular protagónico de los episodios de movilización precedentes.30 La fuerte movilidad social ascendente de los sectores populares, con todas las implicancias positivas para aquel segmento y para el desarrollo del país, tuvo como externalidad la disolución de la clase popular y, con ello, de una cierta identidad - la identidad popular - y de una fuerza colectiva potencial que representaba cerca de la mitad del país durante la década del ochenta. Las organizaciones que lograron sobreponerse, debieron adoptar nuevas líneas de acción o redefinir sus objetivos de acuerdo con las nuevas y cambiantes necesidades de sus miembros, abrazando muchas de ellas un importante nivel de institucionalización. Como señala Oxhorn (1994a: 752), luego de estas transformaciones del mundo popular, éste grupo se desmovilizó políticamente. Con ello, el escenario social del Chile de la redemocratización se mantendría despolitizado, fragmentado y con un déficit de participación social.31
75Asimismo, y dada la naturaleza de las políticas sociales concertacionistas para la superación de la pobreza antes descritas, se situó a la competencia y el micro-emprendimiento personal como mecanismos principales para el mejoramiento de la vida de los pobladores. Con esto, las prácticas y hábitos colectivos característicos del contexto de precariedad material de los años ochenta, fue reemplazado por las lógicas individuales en el escenario de abundancia de los años noventa. Como lo constatan distintos autores (Hipsher, 1996; Posner, 2008; Roberts, 1998), las políticas de la Concertación se basaron en subsidios para la solución individual de problemas sociales y fomento a la producción microempresaria privada para actividades de cooperación colectiva en un contexto de necesidades apremiantes (como talleres de trabajo comunitario y ollas comunes).32 Lo anterior, entrañó una inmersión del mundo popular en lógicas “altamente localizadas y particularistas, menos inclinadas a la movilización política, prácticamente aisladas de la actividad sindical u otras redes horizontales, y más orientadas a encontrar soluciones privadas en los nichos existentes en el mercado y en los programas de gobierno que a articular demandas sectoriales de base amplia” (Roberts, 1998: 156). Para Posner (2008), los grupos e individuos que en el pasado reciente se habrían reunido para hacer presión al Estado por sus necesidades comunes, dichas demandas en el nuevo contexto serían reclamadas a través de elegibilidad y competencia por la adquisición de recursos públicos, lo que fue acentuando el proceso de estratificación e impidiendo la unidad inter e intra clase. De esta manera, la fragmentación del movimiento obrero durante la dictadura fue complementada con la atomización de un movimiento poblador que prácticamente desaparece de la escena social hacia principios de los noventa (Barrera, 1998).
76El fenómeno de la movilidad ascendente de un grupo importante de chilenos entrada la democracia influye en la desmovilización y reflujo social del período no sólo porque origina la disolución del movimiento popular y del movimiento tradicional de trabajadores, sino también por la constitución de una nueva clase media emergente amplia, heterogénea y difusa, con acceso a un nuevo bienestar material y noveles estilos de vida. Así, el “estilo de vida obrero” predominante en las décadas previas, es reemplazado por un estilo de vida mesocrático ampliamente hegemónico en el Chile post-dictadura (Martínez y León, 2001: 16). Como señalan Ruiz y Boccardo (2014), los procesos de movilidad social implican la extensa incorporación de nuevos contingentes a nuevas posiciones sociales en un proceso de mesocratización en que se constituye una nueva clase media. Este nuevo segmento poseería escasos elementos de cohesión en su interior y alta heterogeneidad, constituido en su mayoría por grupos provenientes de otras clases de que se desestructuran. Para los autores, entender este fenómeno resulta crucial para analizar la constitución de condiciones que hacen posible la formación de clase y con ello las bases de la acción colectiva. En este sentido, una movilidad social y una rotación laboral aceleradas tienen importantes consecuencias en la manera en que los individuos (ya sea en su generación o intergeneracionalmente) se definen a sí mismos, pues se produce al mismo tiempo una célere pérdida de referentes identitarios sin un reemplazo en el corto plazo. En términos de acción colectiva, se vuelve más difícil encontrar un discurso aglutinador que sea capaz de interpelar, de agrupar y de generar una especie de compromiso o una demanda común entre grupos altamente heterogéneos. La constitución de las bases para la acción colectiva se ve así obstaculizada.
77Una mayor diferenciación productiva y social de la matriz de clases y con ello una mayor distinción social y cultural al interior de los distintos segmentos sociales redunda en que, aun cuando se mantengan niveles de organicidad, se generen fundamentos de clase relativamente débiles, esto es, adhesión a intereses y a un proyecto común (Wormald y Torche, 2004). Sin embargo y pese a la gran diferenciación que se produce al inicio de la década del noventa como producto de los cambios estructurales y económicos, la adhesión subjetiva de clase a la que se circunscriben la gran mayoría de chilenos era la clase media. Los datos describen un porcentaje de identificación con el nivel socioeconómico medio de los chilenos en cifras en torno al 80 % (Alvarado, 2010),33 dando pie a una amplia discusión y línea investigativa respecto a qué es lo que se entiende y se define como clase media.34 Como señalan Barozet y Fierro (2011), las identidades de dicho segmento en Chile se estructuran en negativo, es decir, en función de un recuerdo de un grupo social que existió y se benefició del apoyo del Estado en décadas anteriores, pero que ya no es posible reconocer. En los grupos focales analizados, muchos experimentan grandes dificultades para definir lo que son en el marco de una sociedad que ha sufrido una amplia movilidad social y en que los hijos e hijas no comparten la identidad de clase de los padres. Para los autores, las recomposiciones identitarias y de clase son mucho más fluctuantes cuando las generaciones no poseen una identidad común y, al no existir identidades de clase media fuertes, se dificulta precisar si éstas entran en contradicción con atributos externos o políticos. Para Martínez y León (2001), hacia finales de la dictadura el panorama general estuvo marcado por la tendencia a la desestructuración, donde los actores sociales no mostraban probabilidades nítidas de constitución sino, al contrario, las perspectivas apuntaban a la disyuntiva de una revuelta de masas contra el poder político, o a una atomización de la sociedad civil y la consecuente sumisión individualista. La segunda opción pareció haber tomado el protagonismo pese a que este árido panorama fue evolucionando y dando pie a la conformación de una gran clase media orientada por las pautas de mercado.
78El fuerte cambio en la matriz social de Chile y un nuevo sistema de estratificación acompañado de una enérgica movilidad social ascendente, permitió el desplazamiento de grupos y actores sociales desde una determinada posición o un mundo social hacia nuevos espacios socioculturales en el sistema de composición de clases. Se complejizó así el proceso de estratificación, se generaron múltiples capas y con ello, se propone en este trabajo, se diluyó un sentido de pertenencia y de identidad colectiva durante la década del noventa. Este fenómeno se desplegó de la mano de un deterioro de la sociabilidad, un alto grado de desconfianza, una asociatividad precaria, la descomposición de las identidades colectivas tradicionales, e incluso cierto debilitamiento de la cohesión intergeneracional de la familia (PNUD, 1998).
79La lógica desestructurante de una modernización acelerada y un cambio de régimen político a principios de los años noventa involucró a los trabajadores, grupos populares, clases medias y también a las organizaciones sociales que habían nacido al alero y en oposición al régimen militar. Durante la dictadura, floreció un entramado de organizaciones de la sociedad civil - organizaciones de Iglesia, organismos no gubernamentales (ONGs), asociaciones políticas, etc. - en apoyo a los sectores afectados por el régimen político, por las reformas económicas y por la reducción del gasto social, que se constituyeron en oposición y lograron levantar un proyecto de participación popular y desarrollo de pensamiento crítico y de solidaridad (Raczynski, 1999). Para Bastías (2013), una de las explicaciones para el auge de esta sociedad civil en el período post-dictatorial se debe en parte al gran flujo de dinero proveniente desde los países desarrollados (iglesias cristianas extranjeras, agencias de desarrollo y gobiernos de países europeos), mientras que su declive lo atribuye al cambio de régimen y a la suspensión de recursos en la coyuntura transicional.
80Sin embargo y ya sea por el cambio en las condiciones de financiamiento, como por el fin del discurso, agenda o razón de ser de las organizaciones una vez depuesta la dictadura, lo cierto es que muchas entraron en crisis, debiendo replantear su identidad y objetivos una vez iniciada la democracia. Este período de transición implicó la disolución de diversas organizaciones, mientras supuso un esfuerzo adaptativo importante para las que lograron sobrevivir, con un repliegue de muchas de ellas a un proceso reflexivo y de adopción de nuevas estrategias dentro de un contexto de libre mercado. Con ello, muchas de las organizaciones se redefinen y se trasforman en pequeñas empresas, organismos consultores o ejecutores de proyectos de un Estado que comenzó a externalizar sus funciones, irrumpiendo la lógica de la autogeneración de recursos para su funcionamiento y la competencia por fondos para asegurar su sostenibilidad. Como señala Francis Valverde, integrante del directorio de la Asociación Chilena de ONGs ACCION, a principio de los noventa,
en el mundo de la sociedad civil organizado en instituciones como ONGs empezó el tema de la proyectitis como fundamento de relación, se acaba toda la cooperación internacional para las ONGs en Chile o se vehiculiza a través de la AGCI, la Agencia Internacional de Cooperación del gobierno, y ellos canalizan todos los recursos que no llegan a las ONGs, por un parte. Y por otra parte, también hay un tema, y ahí muere un porcentaje enorme de instituciones: se exige profesionalización, tienen que saber hacer proyectos, tienen que saber hacerlos bien, tienen que tener indicadores, variables (comunicación personal, 7 de noviembre de 2014).
81De esta manera, el mundo de las ONGs no escapó a las consecuencias del enérgico proceso de modernización del país, a la reestructuración social y a la descomposición de las identidades colectivas que se habían constituido bajo el régimen dictatorial. Frente a transformaciones estructurales, diversas organizaciones se centraron en la sobrevivencia a corto plazo y a todo costo, muchas se fueron transformando paulatinamente en ejecutoras de políticas sociales de índole neoliberal a través los fondos gubernamentales destinados a la inversión social asignados por medios de concursos (Gruninger, 2003). La naturaleza y razón de ser de las organizaciones se transforma, así como su vínculo con el Estado, sus objetivos, líneas de acción, estrategias y grados de profesionalización, que en muchas ocasiones debieron ser planteados y replanteados para ajustarse a los requerimientos del nuevo contexto. Como otra expresión del mundo del laboral en Chile, las ONGs se vieron enfrentadas a un nuevo escenario definido por el dinamismo, la flexibilidad, la primacía de la eficiencia y la rotación, lo que implicó importantes trabas para el desarrollo de los movimientos y organizaciones sociales que no lograron ser funcionales a este escenario, contribuyendo a su decline al comienzo de la transición. Como señala González (1999: 20–21), las situaciones antes descritas estimularon en las organizaciones un replanteamiento de sus campos ideológicos, de su relación con el Estado, de sus planos temáticos, políticos e institucionales y de sus modalidades de financiamiento, proceso reconstructivo que contribuyó a “una baja del rol que ellas esperaban cumplir durante los años 90 como instituciones de fomento de la sociedad civil, las organizaciones populares y los movimientos sociales”.
82La atomización, dispersión y confusión identitaria de los sectores populares, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil se vio apalancada así por un proceso de estratificación que vino a complejizar las categorías de la matriz social tradicional pre-dictatorial producto de la expansión económica, una fuerte movilidad social y el acceso a mejores condiciones materiales de vida una vez inaugurado el retorno democrático. Como señala el Informe PNUD (2002: 64), en este período se produce un “vaciamiento de la identidad colectiva” de los chilenos, con dificultades para definir las dinámicas, percepciones y valoraciones que determinan los sentidos de pertenencia de los ciudadanos, con identidades que dejan de ser obvias o se observan como categorías que corresponden a otras personas y a otros tiempos.
83Y así como el Estado desarrollista generó la emergencia de una clase proletaria y el panorama social chileno de mediados del siglo XX se constituyó mayormente en torno a las clases altas y las clases trabajadoras y populares, la revolución neoliberal diversificó tales distinciones generando un nuevo sistema de clases para el Chile moderno. Autores como Posner (2008) indican que esta mayor estratificación es también resultado del tipo de Estado de Bienestar que se constituyó a partir de las reformas estructurales neoliberales. Para este autor y tal como se presentó en la sección anterior, la transferencia de los servicios sociales a un sistema de capitalización o de propiedad individual reforzó un modelo de estratificación y fragmentación entre tipos de trabajadores, tipos de ingreso y género, obstaculizando la unidad entre diferentes segmentos en torno a temáticas comunes.
84De esta manera, el neoliberalismo cambió la estructura productiva, el sistema de clases y las formas de integración social que hasta entonces se conocían, redundando en que hoy en día cada chileno es “dueño” de su propio capital individual, no sólo en términos de bienes materiales y de servicios que se ofertan en un amplio y diverso mercado laboral, sino también de su propio bienestar. Esto, en la medida que la educación, salud, previsión y, en definitiva, su presente y su futuro, dependen de igual forma de su capacidad adquisitiva en un libre mercado. Se cumple con ello los vaticinios y anhelos de Augusto Pinochet hacia mediados de la década del ochenta, donde aseguraba que Chile se transformaría “en un país de propietarios y nunca más de proletarios”.
4.2.2 La masificación del consumo y del endeudamiento como inhibidor del movimiento y organización colectiva
85El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos, y se participa en un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo (García Canclini, 1995: 42–43). Según este autor, el acto de consumir se ha definido también como un momento del ciclo de producción y reproducción social, esto es, como el espacio en que se completa el proceso iniciado al generar productos, donde se realiza la expansión del capital y se reproduce la fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva, no serían sólo las necesidades o los gustos individuales los que determinarían qué, cómo y quiénes consumen, sino que estas pautas estarían definidas también por las grandes estructuras de administración del capital y el modo en que se planifica la distribución de los bienes. Para Moulian (1998), consumir es una operación cotidiana e imprescindible ligada a la reproducción material pero también espiritual, es decir, cognitiva, emocional y sensorial de los individuos además de un acto ordinario ligado al desarrollo vital y el objetivo del intercambio incesante del trabajo humano.
86Los cambios en la matriz socio-política que define la relación entre el Estado, actores políticos y sociedad civil van al mismo tiempo acompañados de un cambio en el sentido que se le da a la acción colectiva y a la acción política misma (Garretón, 1991). Como se ha insistido hasta este punto, los procesos descritos transformaron en pocos años la estructura productiva y social y dieron pie al desmantelamiento de la matriz socio-política clásica, a la relación e interacción entre el Estado, las formas de representación y las bases sociales propias del período del Estado-desarrollista, alterando entonces las posibilidades y el potencial de la movilización social posteriores. Para el caso chileno, se han descrito algunas de las formas o las características de la matriz social que vino a reemplazar a la estructura de relación clásica entre el Estado, la sociedad civil y el mercado y, con esto, los impactos o consecuencias para el desenvolvimiento de los actores sociales en ella imbuidos. Al haber mutado la gran estructura de administración del capital y el modo en que se organizaba la distribución de los bienes, se produce un acceso acelerado y masivo al consumo de bienes y servicios - incluidos los servicios sociales - antes restringidos a limitados sectores de la sociedad chilena, erigiéndose como elemento clave de una nueva matriz social y revolucionando con ello la relación y la experiencia integral de los chilenos con el mercado.
87Para Moulian (2002), la matriz desarrollista o populista se caracterizó por generar patrones de consumo basado en economías de pequeña escala y condiciones cíclicas, con un mercado interno que dependía de los ingresos de la fuerza de trabajo urbana conectada de una u otra manera a la industrialización, donde la magnitud de la demanda dependía fundamentalmente de los niveles de ingreso de estos trabajadores.35 Al mismo tiempo, las relaciones sociales en el campo eran precapitalistas o semi-monetarizadas, con salarios pagados en parte en especies, con débil acceso al mercado urbano de bienes. El aumento de la demanda apalancado por los ingresos en la matriz populista, señala el autor, fue sustituido en parte por una masificación del crédito cuya disposición aumentó más rápidamente que el crecimiento de la economía. De esta manera, la irrupción de la modernización neoliberal y su proceso refundacional en términos económicos implicó que el país mutó desde una matriz populista a una matriz productivista-consumista. Tal como se propone y desarrolla a continuación, la masificación del consumo, el acceso al crédito y al endeudamiento confluyeron y de cierta manera confabularon contra un eventual proceso de movilización social al retornada la democracia.
88Como señala Tironi (2003: 19), durante el período de la década del noventa y de la redemocratización en Chile, el crecimiento y el progreso se transformó en “euforia”. El país crecía a tasas del 8 %, la inflación se contrajo, las cuentas fiscales adquirieron solidez, el desempleo se estancó y el ingreso per capita se duplicó en sólo siete años desde 2.625 dólares en 1990 a 4.956 dólares en 1997. El crecimiento de la economía, de los salarios y del poder adquisitivo, junto con el amplio acceso al crédito para la compra de bienes y servicios, implicó una serie de cambios culturales. Esta nueva realidad material supuso el florecimiento de nuevos estilos de vida abiertamente orientados hacia el consumo, con el placer y el individualismo como características centrales (Oppenheim, 2007). Como señala este último autor, las reformas económicas transformaron tanto la apariencia física como la cultura del país: altos y modernos edificios en Santiago, la proliferación de restaurants como Burger King o McDonalds, música, cine, videos y vestuario del mundo occidental, así como shopping malls, grandes cadenas de supermercados y tecnología, productos, servicios e infraestructura del mercado de bienes extranjero que fueron incorporados en el curso de unos pocos años al paisaje habitual de los chilenos.36
89En la euforia de la nueva sociedad de consumo que emergió luego de las reformas neoliberales, la mayoría de la población comenzó a acceder crecientemente a “bienes de consumo modernos” (Raczynski, 1999: 125). Como lo indican datos del Censo 2002 en tabla 4.6, en un lapso de sólo 10 años hubo un significativo aumento en el equipamiento de los hogares en términos de bienes como televisores a color, refrigerador, horno microonda, teléfonos de red fija y celular. Asimismo, los hogares que contaban con vehículos motorizados para uso particular aumentaron en 88,6 % respecto a 1992.
Tabla 4.6. Equipamiento de hogares, 1992-2002

Fuente: XVII Censo de Población y de Vivienda (2003).
90Este significativo cambio en la realidad material de los chilenos y el incremento en el nivel de consumo de bienes se dio aparejado a un aumento en los niveles de sofisticación, asimilación de patrones modernos y un cambio cultural donde los mecanismos de mercado colonizaron las normas, actitudes y expectativas de los ciudadanos. La democratización coincidió entonces con un fuerte proceso de integración social y construcción identitaria a través del consumo como mecanismo principal. Como señala el Informe PNUD (1998), en el Chile surgido en los años noventa, participar del consumo de bienes y servicios implicaba una de las mayores modalidades de participación en el proceso social. Con ello, el fenómeno del reconocimiento y de pertenencia social se desplazan desde el mundo del trabajo a la dimensión del consumo, es decir, es a través de la adquisición de objetos que el individuo adquiere la autoestima personal y el reconocimiento necesarios para desenvolverse en el mundo social. En este nuevo contexto, los sectores integrados mediante el consumo comienzan a ser mayoritarios, produciéndose un mejoramiento de la calidad de vida material y, como señala Moulian (2002: 99), permite a los chilenos ensayar diferentes modalidades de conquista de confort, con consecuencias simbólicas muy potentes, entre ellas, el acceso a la modernidad para una amplia mayoría de chilenos y participar del mercado de bienes globales, “lo que opera como un factor decisivo en la construcción de la subjetividad y en la relación con la sociedad”.
91Como señala este último autor, el culto al placer a través del consumo se hizo carne a partir de los años ochenta con la introducción de los centros comerciales en el país, consolidando al consumo en el centro de la vida social y al shopping mall como el gran espacio de socialización de los chilenos a partir de la década del noventa. Con una concurrencia actual que en algunos casos supera los cuatro millones de visitantes al mes, los centros comerciales se constituyeron en espacios donde la ciudadanía se encuentra, socializa y genera identidad (Salcedo y Simone, 2012).
92A diferencia de los centros comerciales de Estados Unidos, localizados en suburbios o periferias de las ciudades y accesibles a través de automóvil, los consumidores de los malls en Chile pueden llegar caminando o por medio del transporte público. Asimismo, los grandes centros comerciales en Chile coexisten con las ferias libres, el comercio informal, mercados de pulgas y pequeños negocios independientes de manera que los distintos espacios compiten entre sí, mientras los sectores más pobres circulan indistintamente entre ellos. Los centros comerciales, por tanto, sin ser espacios propiamente públicos dado que se rigen por reglas que no nacen del consenso cultural y político-social sino del objetivo de vender productos y servicios, pasaron a ser considerados y tratados como otros espacios urbanos (como calles, parques, casas y oficinas) pero con un contenido minimizado, seguro, controlado y donde muchas personas no sólo compran productos y servicios, sino que buscan entretenimiento y socialización (Salcedo y Simone, 2012; Stillerman y Salcedo, 2012).37
93Para los grupos medios bajos los malls empezaron a representan verdaderos vehículos a la modernidad y a un bienestar inmediato que antes resultaba difícil de alcanzar. Las características de estos lugares es que son polivalentes (restaurants, grandes tiendas, tiendas individuales, salas de cine, teatro, peluquerías, etc.) y transclase, esto es, no son lugares exclusivos pero tampoco populares puesto que dada su ubicuidad y fácil acceso atraen a todo tipo de público con todo tipo de poder adquisitivo (Moulian, 2002).
Tabla 4.7. Número de Centros Comerciales por País

Fuente: Elaboración propia. Datos de *Meza (2015) y **Worldmeters (2014).
94Esta última cualidad permite que la integración e inclusión a través del consumo haya logrado adquirir relevancia y tintes de democratización pues, tal como señala este último autor, en el centro comercial ricos y pobres pueden pasearse con igual derecho generando mayores espacios de libertad que los alcanzados en los espacios urbanos tradicionales como barrios y plazas públicas: “la libertad del consumidor alcanza en el mall su máximo carácter idealizado” donde éste se transforma en “un gran escenario de sublimación, de idealización del consumo” (2002: 114). En las secciones previas se analizó el impacto de las reformas estructurales sobre el sistema de estratificación social y el proceso de desarticulación de las identidades tradicionales ligadas a la clase social y al trabajo. Se planteó que, al debilitarse las identidades colectivas - insumo fundamental para la movilización -, el potencial de los movimientos sociales se ve restringido y estrechado. De la misma manera, en este punto se plantea que la emergencia y masificación de nuevas pautas de consumo también tuvieron un impacto importante en el detrimento identitario luego de la redemocratización, limitando con ello el potencial movilizatorio en dicho período.
Figura 4.6. Metro cuadrado de espacio rentable en centros comerciales por cada 1000 hbts

Fuente: Cushman y Wakefield Research Publication (2014: 2).
95La temática del consumo ha sido abordada y estudiada por autores como Bourdieu (1991) y Ewen (1999) como espacios de diferenciación y distinción entre las clases y los grupos, poniendo atención en los aspectos simbólicos y estéticos de la racionalidad consumidora. Con ello, las sociedades contemporáneas construirían la racionalidad de las relaciones sociales en la apropiación de los medios de distinción simbólica más que en la lucha por los medios de producción y la satisfacción de necesidades materiales. Se da con ello una coherencia en los espacios donde los miembros de una clase consumen: las comidas, los estudios, los lugares de residencia, los viajes, las lecturas, la manera de informarse y transmitir información a otros (García Canclini, 1995).
96La novedad y euforia a partir de los años noventa frente a la posibilidad de consumir bienes antes restringidos no se produce en cualquier sociedad, sino en una sociedad chilena donde las clases sociales se encuentran muy marcadas y el consumo opera como un potente mecanismo diferenciador. Como explica Moulian (2002), antes de 1973 el consumo resultaba inaccesible no únicamente por los controles a las importaciones, sino también por las condenas morales que levantaba, esto es, existía una atmósfera de rechazo al despilfarro, la ostentación y el lujo innecesario, mientras primaba, entre los sectores más acomodados, una tendencia a la austeridad y la discreción respecto a sus recursos materiales. Esto, no era resultado de un ascetismo natural de las clases dominantes, sino más bien producto de una condena social frente al peso de una cultura de pretensiones más igualitarias, la prédica socialcristiana y la existencia de partidos clasistas. Estas pautas se ven alteradas luego de la introducción del libre mercado, y el vivir de manera lujosa pasa a constituir una señal de prestigio no sólo para los sectores más ricos, sino también dentro de grupos más vulnerables.
97En el estudio realizado por Van Bavel y Sell-Trujillo (2003), se indica que para los grupos más pobres el salir de la pobreza es la aspiración principal y el consumo en este contexto se convierte en un arma efectiva e inmediata no sólo para las necesidades más urgentes, sino como un vehículo para transformar su realidad material y social. Si bien el consumo de bienes no implica necesariamente movilidad social ascendente, éste permite elevarse por encima de la condición de empobrecimiento, evitar ser destinatario de comentarios despectivos en el contexto de una sociedad de clases y ser parte de la historia de éxito de Chile.
98De esta manera, el incremento significativo del poder adquisitivo y del acceso al crédito detonó en un breve espacio en un acelerado cambio en los modos y estilos de vida de la población, instalando, como señalan Salcedo y Simone (2012), al consumo de bienes y servicios como una de las actividades constitutivas de la identidad de los chilenos, especialmente de la nueva clase media emergente que abandona la pobreza desde fines de los ochenta para alcanzar una nueva realidad material y cultural a partir de los años noventa. Dichas tendencias aparecieron primero entre los sectores de ingresos más altos, aquellos clientes habituales del primer mall, con una pronta difusión hacia otros grupos sociales coincidentemente con la dispersión y masificación de estos centros comerciales.
99En definitiva, el consumo permitió un tipo de participación e integración a través de los mecanismos disponibles en el mercado que resultó novedosa y atractiva por las posibilidades ofrecidas para amplios sectores de la sociedad chilena, ejerciendo una enorme seducción sobre los individuos, la creación de un imaginario feliz, de realización de aspiraciones y de una zona de placer dentro de la vida cotidiana (Moulian, 1998). Para el Informe PNUD (2002), el consumo en la década del noventa y principios del 2000 se transformó en una forma de creación cultural relacionada con los símbolos y signos, donde la compra de bienes y servicios se vuelve un valor en sí mismo. La satisfacción ya no consistió sólo en saciar una carencia, sino que, en una manera de autorrealización personal, de enviar señales a otras personas y de simbolizar las relaciones sociales, provocando una desmaterialización del consumo, es decir, el producto material cuenta menos que el significado. Así, el status de la antigua clase media y sus derechos sociales son reemplazados por el poder de compra, con una estructura social que se hace más heterogénea expresando la diferenciación de estratos y la diversificación del aparato productivo (Espinoza et al., 2013).
100La transversalización del consumo, la integración de sectores hasta entonces marginados, así como la irrupción de nuevos valores y concepciones de bienestar, se produce tanto por un aumento en los salarios como también, y en parte importante, por la institucionalización del crédito. La masificación crediticia tiene su origen en la década del ochenta y está vinculada a la crisis bancaria de 1982 que permitió el ingreso al mercado de nuevas instituciones financieras que vinieron a complementar y diversificar la oferta de créditos a nivel nacional (Colodro et al., 2009; Yopo, 2012). Desde finales de los años setenta y sobre todo a partir de la década del ochenta se produce en Chile, por tanto, un acceso al crédito que permite el aumento de los niveles de consumo y modifica considerablemente las condiciones de vida, lo que se manifiesta en los niveles de endeudamiento de las familias chilenas. El nivel de penetración del instrumento crediticio pasó en treinta años de prácticamente inexistente a ser una herramienta importante para el consumo de la mayoría de los chilenos.
Tabla 4.8. Tarjetas de crédito del sector comercio y deuda promedio, 1993-2000

Fuente: PNUD (2002: 99).
101Según datos de la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central observados en la tabla 4.9, para el año 2012 prácticamente un 70 % de los hogares chilenos tenía algún tipo de deuda, especialmente a través de tarjetas de crédito de casas comerciales. Esto difiere por estratos, donde el 61,7 % de los hogares del estrato 1 tiene algún tipo de deuda (deciles 1 al 5 que representa el 50 % de los hogares, aquellos con ingresos más bajos), siendo el 52,5 % deudas de consumo, el 7,5 % créditos hipotecarios, el 3,5 % crédito educacional y el 0,6 % crédito automotriz. Esto que implica que, a diferencia de los estratos más altos en que la deuda hipotecaria y el crédito educacional tienen mayor presencia, los hogares de los primeros deciles de ingreso contraen deudas para financiar principalmente su consumo de bienes (Echeverría, 2014).
Tabla 4.9. Tenencia de deuda por porcentaje de hogares, 2011-2012

Fuente: Banco Central de Chile (2013: 33).
102Esta nueva herramienta logra potenciar la euforia por el consumo deviniendo en el extremo del consumismo, o el uso del crédito por encima de los ingresos del hogar destinados a deudas. Como señala el Informe PNUD (1998), hacia fines de 1995 los grupos medios tenían deudas de tres veces por encima de sus ingresos, con un sobreendeudamiento especialmente en la clase media (estrato C2), grupo que destinaba alrededor de un 39 % de sus estradas al pago de créditos de consumo. Con ello, señala el informe, en aquel período parecía que una proporción importante de chilenos compraba su bienestar material e integración simbólica a la modernidad al precio de un desvelo financiero permanente.
103Como señala Echeverría (2014), la carga financiera mensual que enfrentan los hogares chilenos es alta al comparación con el nivel de deuda en países desarrollados. Asimismo, la facilidad de acceso y la multiplicación del crédito constituyen una oportunidad social, pero al mismo un riesgo para muchos grupos de más escasos recursos, que muchas veces se ven sumergidos en un círculo de deudas del que es difícil salir y que podría aumentar la vulnerabilidad de una familia.38 En la misma línea, Alvarez y Opazo (2010) describen los beneficios, perjuicios y consecuencias del acceso al crédito y del endeudamiento para los hogares chilenos - cuyo incremento entre los años 2000 y 2009 fue a una tasa promedio de 12,8 % real anual, con un relación deuda a ingreso de 35,4 a 59,9 % en dicho período -. Para los autores, el mayor y mejor acceso al crédito permite a los hogares absorber fluctuaciones temporales de sus ingresos y de sus gastos. Al incrementar el bienestar de las familias, el crecimiento de la deuda podría indicar que el sistema financiero ha cumplido con uno de sus roles fundamentales, esto es, el de intermediar recursos económicos y facilitar el acceso de los hogares al financiamiento y al consumo. Por otra parte, el aumento del endeudamiento podría implicar riesgos y vulnerabilidad dependiendo de la capacidad de pago de los hogares y el incumplimiento de sus compromisos financieros, especialmente al verse expuestos a shocks de ingresos tanto de carácter macroeconómico (fluctuaciones imprevistas de los ingresos, es decir, cambios salariales y/o desempleo) como idiosincráticos (gastos imprevistos de salud, separación matrimonial y otros).
104Es posible preguntarse en este punto cuál es la relación entre el endeudamiento y la desmovilización observada a partir de los años 90 en Chile. El crédito facilitó fuertemente el acceso a bienes y tecnología sin la necesidad de ahorro, lo que permitió a las familias de todos los estratos socioeconómicos aumentar sus niveles de consumo, disponer de una expansión del salario y modificar considerablemente las condiciones materiales de amplios grupos. Para Moulian (2002), la introducción del crédito junto a la reforma laboral provocaron cambios en los principios que regían la vida social, trasladándola hacia la esfera de la individuación. Esto es, el individuo asalariado, ya no mediado por el sindicato, se relaciona de forma individual en las relaciones laborales mientras el individuo-consumidor lo hace en las relaciones de mercado. De igual manera expresa, el mecanismo del consumo con pago diferido implica una subordinación de las estrategias de conflicto a sus estrategias de supervivencia como asalariado, es decir, el crédito permite realizar la consumación del deseo del consumo con un disciplinamiento y ordenamiento de las conductas a posteriori, actuando como un factor o forma de despolitización.39 A diferencia del período pre-dictatorial donde los trabajadores adquirían bienes limitados en función de sus salarios reales y una espera asceta, a partir de la redemocratización la posibilidad del endeudamiento permite un mejoramiento material inmediata basado en una estrategia individual cuyo costo es una inmersión profunda en las lógicas del mercado. Esto, pues el trabajo ya no sólo resulta fundamental para costear las necesidades básicas, sino también para cumplir con los ineludibles compromisos financieros. Las exigencias del endeudamiento en las familias juegan un rol importante en el vuelco de los ciudadanos hacia sus esferas privadas, cuyos focos de interés se concentran en el círculo de consumo, mejoramiento de condiciones materiales, consecución de status, deuda.
105Al ser consultado por la forma en que los trabajadores se relacionan con el consumo, el vínculo que él observara entre el acceso al crédito, el consumo y el endeudamiento al retorno democrático, Manuel Cancino, ex Presidente de la CUT El Loa señaló,
aquí entra a trabajar un trabajador a Codelco, al otro día le llegan ofrecimientos de tarjetas de todas las casas comerciales, de todos los bancos, ofreciéndoles créditos, a principios de los noventa esto era una novedad (…) si tú te das una vuelta por las villas de los trabajadores de Codelco, encuentras dos o tres autos último modelo, o con lo último de la tecnología, a veces son 6 hijos, son 6 televisores, el nuevo computador, el nuevo teléfono, la zapatilla de marca (…) y esto se fue transmitiendo a los trabajadores subcontratistas, como una aspiración propia, natural, pero eso los obliga.. y sin haber estudios, yo digo que el endeudamiento de los trabajadores subcontratistas es mayor por lo siguiente, aquí muchas de las financieras y los bancos le alteran al trabajador su remuneración para que saquen un crédito mayor y a veces, aun no teniendo capacidad, igual le sacan el crédito, entonces a veces te encuentras con trabajadores que gran parte de su remuneración se les va en el pago a los bancos (comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).
106Mientras para Estados Unidos o Europa la transformación en ‘sociedades de mercado’ maduró a través del tiempo, en América Latina, y especialmente cierto en el caso chileno, este proceso tuvo lugar de una manera rápida y brutal, desarticulando una gran parte de las relaciones sociales existentes hasta entonces. La lógica que emergió fue la razón instrumental que modeló los patrones de sociabilidad, permeando y modificando la escena política mientras las personas internalizaron las exigencias de le eficiencia, productividad y la competencia. En las sociedades de mercado, los individuos comienzan a confiar y situar sus expectativas en el esfuerzo individual en desmedro de los gobiernos, la política y de la acción colectiva organizada (Lechner, 1998; Silva, 2006b; Tironi, 2003). En este contexto, la estrategia individual basada en condiciones financieras se vuelve mucho más beneficiosa que la estrategia colectiva, con el crédito sobre el sindicato como instrumento de progreso y el individuo por encima del grupo (Moulian, 2002).
107En línea y concordando con las grandes transformaciones aquí presentadas, Ariztía (2002) señala que los principales receptores de los cambios a partir de los años noventa fueron los sectores medios, quienes se vieron expuestos a tres transformaciones significativas: la inserción de los estratos medios al mercado a través del acceso a bienes y servicios de consumo masivo, la expansión y consolidación de los créditos de consumo y el crecimiento sostenido de los centros comerciales y su orientación preferente hacia la clase media. Como señala este autor, estas potentes transformaciones durante la década del noventa dieron pie a una serie de análisis académicos, a debate público y de los medios de comunicación ya sea celebrando - destacando la creciente irrupción, masificación e integración hacia formas de vida modernas -como criticando estos cambios- observando negativamente la emergencia de formas de vida disciplinadas y despolitizadas por el consumo y la nueva relación con el Estado -, pero convergiendo todos ellos en el aspecto novedoso y revolucionario de esta nueva realidad social.40
108No es objeto de este trabajo el seguir dichas líneas de análisis y adoptar una posición respecto a las transformaciones observadas desde finales de la dictadura y consolidadas a partir de los años noventa en el país. Lo que se busca más bien es señalar que, ya sea por la euforia por el crecimiento económico (la emergencia de nuevos valores asociados al placer del consumo, la inclusión de amplios sectores a un incipiente proceso de modernización, la ocurrencia de nuevos espacios y patrones para el consumo, las modificaciones en términos de diferenciación y estatus generado por la integración simbólica), o bien, debido al ordenamiento y disciplinamiento implícito del nuevo modelo (la exacerbación de los valores individualistas, la subordinación al endeudamiento, la pérdida de referentes y el proceso de despolitización suscitado por una sociedad de mercado), es la conjunción de estos procesos la que redundó, facilitó y consolidó una desafección política, un distanciamiento ciudadano de la esfera pública en favor de la privada, una cierta apatía por las problemáticas colectivas y una desmovilización al inaugurado el proceso de recuperación democrática en el país.
4.2.3 Nuevas cosmovisiones: tecnocracia, meritocracia e individuocracia
109El conjunto de reformas estructurales de la revolución capitalista promovió transformaciones sociales y culturales de gran relevancia para la sociedad chilena, un cambio refundacional con un nueva estructura productivista-consumista que hegemonizó los principios que regulan la vida económica, política y social del país. Tanto causa como consecuencia de los fenómenos hasta este punto descritos, se produce la emergencia de nuevos paradigmas o cosmovisiones que logran permear y enquistarse en la mentalidad los chilenos. Se constituye una ideología dominante y una perspectiva teleológica específica respecto al rol del Estado, la definición de derechos y el rol asignado a los mercados para alcanzar el bienestar del conjunto social.
110Utilizando las tipologías de Estado y sociedad presentadas al comienzo de este capítulo, es posible afirmar que luego de la imposición del modelo neoliberal en Chile se consolida una tendencia hacia la comodificación y la estratificación aguda, la primacía del mercado como eje organizador de la vida social, que erige al individuo como un actor clave y donde la sociedad es entendida como un conglomerado de unidades y voluntades individuales. La soberanía en este modelo es así transportada desde el poder político hacia el poder socio-económico, la política se vuelve un espacio redundante y estrecho dado que es el mercado, no el Estado ni la política, el ámbito de regulación y ordenamiento de los individuos. La participación de la sociedad civil en tanto pasa a ser considerada de manera consultiva y funcional a los requerimientos del mercado.
111En este contexto de mutación socio-cultural, se introduce y naturaliza la noción de servicios sociales como educación, salud y previsión no como derechos sino como bienes por los que se demanda un pago y cuya provisión depende de las reglas de oferta y demanda generadas por el mercado. Asimismo, se reconoce al lucro en estas áreas como necesario, legítimo y un mecanismo para incrementar el bienestar en la población. Como señala Taylor (1998), la búsqueda de bienestar individual o colectivo a través de la acción política en este nuevo escenario es desacreditada, mientras el ciudadano político es reemplazado por el ciudadano que lucha por el mejoramiento de sus condiciones sociales y materiales en el terreno de su economía privatizada. En el caso específico de la redemocratización en Chile, el cambio paradigmático cristalizó en la exacerbación del mérito propio, del individualismo y del emprendimiento personal como herramientas para la consecución de bienestar y autorrealización personal. El campo intelectual experimentó un viraje hacia la tecnocracia que pasó a dominar el mundo de las ideas y las prácticas a partir de los años noventa, mientras las nuevas cosmovisiones erigidas luego de la dictadura, contribuyeron a generar un clima de desmovilización, inacción colectiva y apatía ciudadana respecto a los asuntos públicos en la transición democrática.
112Dentro de los paradigmas de la arena intelectual y política en Chile, el rol de la emergencia de la tecnocracia ayuda a entender el escenario de vaciamiento político o despolitización de las ideas y prácticas del Chile post-dictatorial. En este sentido, González (2012) señala que a partir del golpe militar de 1973, se comenzó a abandonar el uso de conceptos como movimientos sociales que, habiendo dominado la discusión teórica en el país durante la segunda mitad del siglo XX, desaparecen del panorama epistemológico desde aquellos años.41 Como señala este autor, a partir de 1974 se produce un cambio en la producción académica-intelectual siendo reorientada desde la sociología hacia la economía, mientras las principales problemáticas tratadas fueron producto de investigaciones en el campo de dicha disciplina en desmedro de temas como los movimientos sociales u otros problemas “socio-políticos” (2012: 264). Al modificarse las temáticas de los artículos e investigaciones, cambiaron también las redes intelectuales y las citas de autores que de cierta forma definían a la comunidad científica.
113Efectivamente, al hacerse cargo de la planificación social y atender al espíritu y las temáticas del momento, durante la década del sesenta el sociólogo viene a reemplazar al abogado como el intelectual por antonomasia. Luego de la revolución capitalista, sin embargo, la figura del economista y del experto se erige con fuerza reflejando con ello las ideas que a partir de la modernización neoliberal habían colonizado el mundo de las ciencias y de la administración pública. Como señala Silva (2006a), con el advenimiento de las dictaduras militares y la fuerte represión en la década del setenta, el estamento intelectual tradicional - intelectuales humanistas y cientistas sociales con visión crítica de la realidad político-social - se habría visto fuertemente debilitado, reapareciendo una vez retornadas las democracias, pero adoptando esta vez actitudes tecnocratizantes y sin recuperar la fuerza que tuvieran en el pasado. Como extensamente lo ha analizado este autor, pese ser una tendencia antes del golpe militar, en el ascenso y posterior hegemonía de la tecnocratización de los procesos de toma de decisiones políticas jugó un rol central en la imposición del modelo neoliberal en el país. Asimismo, facilitó la preponderancia de los Chicago boys como intelectuales orgánicos de la dictadura y los objetivos del régimen militar de alcanzar un modelo económico racional inspirado en principios técnicos y científicos, alejado de los excesos políticos e ideológicos del pasado (Silva, 1991, 1997, 2008). En paralelo, los grupos de oposición al régimen experimentaron una profesionalización y una tecnocratización, constituyéndose en centros de investigación y organizaciones no gubernamentales de expertos en asuntos financieros y macroeconómicos. En la necesidad de “tecnificar” a la sociedad en su conjunto, el régimen militar intentó convencer a la población de la incapacidad de la “política” para resolver los problemas del país (Silva, 1991: 386).
114Una vez recuperada la democracia, se mantuvieron la mayoría de las reformas introducidas por la tecnocracia neoliberal en el período 1975-1990, se consolidaron dichas ideas y dicho estilo en la toma de decisiones, mientras los gabinetes ministeriales de los gobiernos de la Concertación se vieron dominados por diversos tecnócratas, en su mayoría economistas altamente especializados (Montecinos, 1998, 2005; Silva, 1991). En este contexto, la tecnocracia se ha entendido como la utilización de criterios técnicos y expertos en las tareas de gobierno, argumentándose que éstos poseen una posición apolítica y que pueden proveer soluciones técnicas a los problemas, lo que resulta altamente funcional en un escenario transicional en que la despolitización en toda esfera fue altamente valorada y buscada.
115Aunque la cualidad apolítica e independiente de los llamados technopols (Domínguez, 1997) ha sido cuestionada (Silva, 2006a) o definitivamente rechazada (Dávila, 2010), la cultura política durante la redemocratización fue conquistada por el discurso tecnócratico de la administración eficiente y el cosismo o la comodificación de los mensajes en la esfera política (Silva, 2004). De esta manera, el debilitamiento o desaparición de las fuerzas tradicionales como partidos de izquierda, organizaciones sindicales o movimientos estudiantiles, se observó en paralelo con el ascenso tecnocrático y la desafección y desmovilización política. Cuando se entroniza la figura y la cultura del experto en el ámbito de la toma de decisiones como aquel único capaz de intelegir el funcionamiento de las relaciones sociales, se produce un desplazamiento del político y un deterioro de esta arena. La participación deliberativa o los esfuerzos colectivos por el autogobierno se difuminan y se vuelven irrelevantes, con la consecuente privatización y ensimismamiento social tal como se observara en la redemocratización chilena.42
116Así, mientras en el pasado los partidos políticos constituían uno de los principales mecanismos de reclutamiento para el ascenso a altos puestos de gobierno, luego de la emergencia tecnocrática se abrió un espacio para el uso de criterios meritocráticos en la selección de miembros de gabinete y otros importantes puestos directivos (Silva, 1997, 2006a). Como señala este autor, los tecnócratas fueron considerados intelectuales con méritos por sus credenciales académicas y su expertise en diversos temas. En el caso de la ideología tecnocrática levantada en Chile, ésta se ha constituido en torno a la clase media concordando, en teoría, con principios mesocráticos, antioligárquicos y meritocráticos, donde la educación y el conocimiento científico ocupan un sitial privilegiado en desmedro de la trayectoria y desempeño asociados a una carrera política.
117El valor del esfuerzo y el mérito se instala así en una sociedad que se moderniza rápidamente y que comienza a abrir espacios de inclusión a la modernización. Con una expansión de las oportunidades, mayor acceso al progreso, una movilidad ascendente y una clase media que se amplía, los valores de los grupos medios se hacen más evidentes y extendidos. Como señalan Barozet y Fierro (2011), a partir de las reformas neoliberales impulsadas por el régimen militar se quiebran las posibilidades y los caminos estructurales para la movilidad social, estableciéndose desde entonces patrones individuales o familiares para dicha movilidad. Tal como se presentara, pese a ser sumamente heterogénea y por tanto portadora de distintos elementos valorativos, estos autores indican que entre los valores más transversales a este segmento se encuentran el esfuerzo, el mérito y las conductas individualistas que constituyen ejes importantes del discurso y de las prácticas de la clase media.43 Mientras los segmentos altos cuentan con el suficiente patrimonio que les asegura bienestar y los segmentos populares pueden buscar y recibir ayuda por parte del Estado, los sectores medios, o bien no califican para este tipo de ayuda pues poseen más recursos, o no se sienten cómodos de solicitar ayuda al Estado.
118Al no contar con el Estado ni con un patrimonio suficiente, estos grupos consideran que el esfuerzo es algo que los caracteriza y que los diferencia socialmente, con amplios segmentos de la clase media que se auto-identifican con la cultura de la meritocracia. En este contexto, se constituye la educación como una herramienta, aspiración fundamental y un vehículo privilegiado de la movilidad social, estando dispuestos a invertir gran parte del presupuesto familiar en colegios y estudios en función de esas expectativas. Como indicaba Tironi (2003: 19), en una sociedad de mercado, los individuos esperan poco del gobierno y de la acción colectiva organizada sino que confían sobre todo en el esfuerzo personal e invierten fuertemente en “capital humano”. Es en una sociedad meritocrática y que descansa en las iniciativas y trayectorias personales donde la educación se comienza a erigir como un bien y una demanda fundamental.
119La comprobación empírica de estas tendencias se observan en el estudio realizado por Landerretche y Lillo (2011) sobre la correlación entre movilidad social intergeneracional y la percepción de meritocracia en Chile.44 Éste, indica que ambas están positiva y significativamente correlacionadas, esto es, si un individuo ha experimentado movilidad social esto influye positivamente en la probabilidad de que dicho individuo atribuya la pobreza o el éxito económico a características individuales de las personas. Asimismo, si un individuo espera tener un ascenso social en el futuro entonces creerá más en las características individuales como determinantes del porvenir económico, advirtiendo que los resultados del estudio revelan comportamientos y creencias individualistas de los chilenos.
120Asimismo, y tal como lo indican los resultados de la Encuesta Percepciones sobre Relaciones Laborales y Equidad 2007 respecto a los factores considerados más importantes como determinantes de la pobreza y del éxito económico en las figuras 4.7 y 5.8, la mayoría de la población estimaba que las características personales son las más relevantes y las que más inciden en el destino de una persona. Esto es, el 50 % o más de los encuestados considera que los factores o características individuales (flojera, vicios - iniciativa y responsabilidad) definen las posibilidades de mantenerse en la pobreza o alcanzar el éxito económico, los factores familiares o hereditarios son minimizados (padres pobres - discriminación social) mientras los factores externos o estructurales (educación – ayuda del Estado) se mantuvieron cercanos al 30 %. De igual forma, El 58 % estima que es responsabilidad individual el buscar oportunidades y sólo un 21 % cree que es rol del Estado el generar oportunidades, prevaleciendo la estrategia individual por sobre la estatal. Para salir de la pobreza, en tanto, resultaba más necesario mejorar la movilidad social (47 %) que generar mayor igualdad de ingresos (36 %).
121La relevancia del mérito, el esfuerzo y la educación parecen confluir en el Chile de la redemocratización, valores levantados por una realidad social coherente, esto es, una realidad donde la expansión educacional ha contribuido a reducir la determinación del origen social de los individuos, con una asociación entre origen y entrada al mercado laboral ha tendido a disminuir a través del tiempo (Wormald y Torche, 2004). De la información presentada, se infiere que en el Chile de la era concertacionista predominaba una percepción mayoritaria respecto a que el presente y porvenir material de las personas, ya sea para bien o para mal, depende fundamentalmente de sus esfuerzos individuales o cualidades referidas al logro, minimizando el rol de las características adscritas o del entorno de donde proviene una persona. Cuando emerge y se entroniza una matriz ideológica y cultural centrada en los logros, en la eficiencia, en la productividad y el crecimiento económico, el rol del emprendimiento personal, el mérito, el esfuerzo privado y la carrera individual se pone al centro de las aspiraciones de la sociedad, con la figura del emprendedor encarnando el metarelato y un imaginario de oportunidades.
Figura 4.7. Percepción del factor más importante de la Pobreza

Fuente: Encuesta Figura 4.8. Percepción del factor más importante para el éxito económico
Percepciones sobre relaciones laborales y equidad en Chile (2008).

Fuente: Encuesta Percepciones sobre relaciones laborales y equidad en Chile (2008).
122Hacia finales de la década del noventa, en tanto, el Informe del PNUD (1998) alertaba sobre el malestar que parecía estar incubándose o corriendo en paralelo al crecimiento económico y la expansión de oportunidades. Dicho malestar estaba relacionado con la creciente inseguridad en diversos ámbitos de la vida social junto a grados significativos de desconfianza tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones de los sujetos con los sistemas sociales de salud, previsión, educación y trabajo. Respecto a esta malestar fraguado durante los años noventa en Chile, Mayol y Azócar (2011) señalan que la forma de procesarlo o una vía para mitigarlo fue la sublimación o represión a través del consumo y la despolitización o la incapacidad de reconocer voluntad e intereses como partes constitutivas de la sociedad y su organización. Así, ya sea por euforia o encanto, o por decepción y malestar, la respuesta de los chilenos durante los gobiernos de la Concertación, especialmente en la década del noventa, fue una tendencia hacia una despolitización, privatización y un bajo involucramiento en los debates y en esfera pública, donde el escenario valorativo y la visión hegemónica de la sociedad tuvo al individuo como centro y protagonista.
123En este panorama, el futuro comenzó a ser visualizado más como un horizonte personal que como uno compartido, donde las personas valoran y confían más en estrategias individuales de éxito que en el progreso generalizado de la nación (PNUD, 1998), con un acelerado proceso de individualización en que se tienden a romper los vínculos sociales y hábitos tradicionales que cobijaban a los individuos. Esto, tal como señala el informe del año 2002, se enmarca en una emancipación que permitiría al individuo ampliar su horizonte de experiencias y desarrollar su opción de autorrealización, con una consecuente reformulación de los vínculos sociales o bien con un giro asocial. De esta manera y luego de la consolidación del modelo neoliberal, prevalece la participación segmentada, el desinterés por las responsabilidades colectivas, las acciones con resultados autorreferentes, y un individualismo que colapsa los sentidos de pertenencia, erosiona las identidades sociales y deja a los individuos atrapados en lazos sociales fugaces (Dockendorff, 1993 citado en Arnold et al., 2007).45
124En este contexto, la sociedad civil como actor colectivo pierde relevancia y la visión neoliberal del sistema social se convierte en un factor sumamente relevante para entender la desmovilización social luego del fin de la dictadura. Tal como lo explica Francisco Estévez, ex director de la División de Organizaciones Sociales: “si tú tienes una visión de mundo neoliberal, no necesitas sociedad civil, la sociedad civil sobra, porque hablar de sociedad civil implica un cuestionamiento a esa visión de mundo neoliberal, implica sacar las decisiones de lo individual, es construir decisiones asociativas” (comunicación personal, 25 noviembre, 2014).46 Como indica Tironi (2003: 26), todo lo anterior redunda en la indiferencia política, individuos socializados en la competencia que se ven realizados o compensados en el placer de consumir, en fuerte contraste con una sociedad centrada en la acción política y que hace de ella una dimensión privilegiada de la vida social, tal como en el Chile de décadas pasado, al que se tiende a revestir de idealización y nostalgia. Como bien lo resume Silva (2004: 69),
Como sustituto para la búsqueda de objetivos colectivos, el gobierno militar ofreció una ideología neoliberal completamente centrada en la obtención de los logros individuales. De esta manera, la libertad individual se redefinió en función de representar el libre acceso a los mercados abiertos, mientras que el placer del consumo se alza como un instrumento que expresa diferenciación social y recompensas personales (…) la expansión del comportamiento consumista en Chile generó una especie de conformismo pasivo entre la población, que finalmente aceptó los principios individualistas del modelo económico neoliberal basado en la búsqueda de la satisfacción privada.
125De esta manera y al constituirse el mercado en el principio organizativo de la vida social, no sólo se alteró la economía, sino que la adopción de sus lógicas implicó un proyecto cultural que transformó las prácticas y representaciones de la convivencia conocidas hasta entonces (PNUD, 2002: 88). Esto incluye, por cierto, los repertorios de acción colectiva y organización social observadas en las décadas precedentes y que habían hecho de Chile una de las sociedad más politizadas y movilizadas del continente. Con ello, la modernización neoliberal impuesta en dictadura y consolidada durante los gobiernos de la Concertación ejerce una importante influencia en el proceso de atomización y desmovilización de la sociedad civil en el Chile transicional.
126En el próximo capítulo se presenta la manera en que la fase de subsidencia o desmovilización social 1990-2010, que fuera determinada en gran medida por el legado dictatorial, el modelo de gobernabilidad de la concertación y las reformas neoliberales, comienza a dar paso a la ola de movilizaciones del año 2011, influenciada por estos mismos factores, pero esta vez convertidos en insumos para la acción colectiva.
Notes de bas de page
1 Para Esping-Andersen (1990), a medida que las sociedades fueron evolucionando hacia el capitalismo, esto es, los mercados se volvieron más universales y hegemónicos, el bienestar de los individuos comenzó a depender en mayor medida en lazos basados en el dinero. Los individuos sufrieron así un proceso de comodificación que fue, sin embargo, en mayor o menor medida contrarrestado con el desarrollo e introducción de los derechos sociales modernos. Para este autor, la de-comodificación ocurre cuando un bien o servicio es considerado como un asunto de derecho y cuando una persona puede llevar su vida sin una dependencia en el mercado.
2 Los países escandinavos son típicos ejemplos de modelos social-demócratas, mientras los anglo-sajones tienden a organizarse en torno a modelos liberales. Autores como Korpi y Palme (1998) también han propuesto una tipología de tipos de estado en base a su forma de proveer y promover bienestar para la sociedades occidentales que, dependiendo del nivel de beneficios, estratificación y elegibilidad, generan un modelo dirigido, uno voluntario subvencionado por el Estado, uno corporativista, uno de seguridad social básica y un modelo incluyente.
3 El primer proyecto, aunque en estado de latencia en la actualidad de la región, amenaza con una posibilidad de restitución. Éste, anula el principio de ciudadanía y cancela de facto los derechos políticos, lo cual no implica que no haya otros derechos al alcance de la población. La relación entre la sociedad civil y el Estado se caracteriza por el verticalismo, la represión y la cooptación, mientras la política pública es clientelar, particularista y la influencia de la sociedad civil sobre el Estado es mínima. El proyecto democrático-participativo se anida en la noción de profundización democrática por medio de la extensión de la participación social que es considerada como instrumento para la construcción de mayor igualdad, e incluye mecanismos de control y rendición de cuentas (accountability), y seguimiento y monitoreo por parte de la sociedad civil hacia el quehacer del Estado.
4 Para la autora, los cuatro modelos se basan en el pensamiento de Marshall, Schumpeter, Rousseau y Hayek respectivamente.
5 La creación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y la explotación de petróleo en Magallanes son algunos ejemplos de estas políticas intervencionistas.
6 Para mayores detalles sobre la historia y desarrollo del neoliberalismo a nivel global ver Anderson (2003); Chorev (2010) y Harvey (2005).
7 Para más detalles sobre el pensamiento Cepalino ver Devés, (2004); Hirschman (1960) y Larraín (1989).
8 Estas ideas y reformas también son influenciadas por el proyecto de la Alianza para el Progreso que, actuando de manera reactiva a la Revolución Cubana, propone que la superación de la hacienda como unidad política, productiva y social en América Latina debe ser a través de la vía reformista para alcanzar el desarrollo y modernización del continente.
9 En el año 1978 el grupo Matte controlaba 46 compañías, el grupo Vial 66, el grupo Cruzat-Larraín poseía 109 compañías, el grupo Angelini 21 compañías y el grupo Luksic 31 empresas (Fernández, 2004).
10 En el centro de las medidas implantadas para concretar la pretensión refundacional en términos políticos y económicos del régimen estuvo la estrategia de la descentralización.
11 Tal como se observa en la tabla 4.2, en 1982 la contracción del PIB llegó a los dos dígitos, el desempleo alcanzó prácticamente un 30 %, la inflación se duplicó, mientras los niveles de pobreza aumentaron desde un 30 % en 1981 a un 55 % en el año 1983 (Barandiarán y Hernández, 1999). De la misma manera, el sector industrial se contrajo en más de un 21 % y la construcción un 23 % al mismo tiempo que muchas empresas y dos grandes bancos del país - Banco de Talca y el Banco Español-Chile – se declaraban la quiebra y debieron luego ser intervenidos y su control devuelto a manos del Estado. Desde 3500 millones en 1973, en 1982 la deuda externa del país llegó a los 17 mil millones de dólares (Salazar y Pinto, 1999b) lo que eventualmente forzó a Chile a no cumplir con los acuerdos definidos con el Fondo Monetario Internacional. Todo lo anterior se tradujo en una pérdida del poder de negociación no sólo en los mercados financieros internacionales, sino también en un quiebre en la confianza en las reformas neoliberales y, con ello, en la eficacia y capacidad de la burocracia militar y su forma de administrar el país.
12 Para una revisión pormenorizada ver Barandiarán y Hernández (1999); Paus (1994) y Silva (1996).
13 La autora se basa en declaraciones de José Piñera a la revista Qué Pasa de 1979.
14 Como señala El Ladrillo, “Se estima que la forma más adecuada de abaratar el costo y mejorar la calidad de la educación es una drástica descentralización de la actual estructura, de manera que sea la comunidad local quien pase directamente a administrar la unidad escolar respectiva. (…) El Estado, a través del Ministerio de Educación, sólo tendría a su cargo la formulación de la política general, el control de los requisitos mínimos de promoción y currículum y la obligación de financiar el costo mínimo de cada uno que se estuviere educando” (Castro, 1992, pp. 148–149)
15 Para los autores, la educación subvencionada no influye necesariamente en el aumento de la competencia y la calidad respecto a las escuelas públicas, señalando que los datos empíricos sugieren que la educación privada subvencionada no proporciona mejores resultados pedagógicos que su contraparte una vez controlado el origen social de los estudiantes.
16 Como señaló José Piñera, entonces Ministro del Trabajo y Previsión Social con motivo de la celebración del 1° de mayo de 1980: “Tras décadas de desaciertos, el actual sistema previsional está técnicamente quebrado (…) La mala atención, la burocracia y la complejidad del sistema hacen que incluso obtener estos exiguos beneficios sea para muchos una tarea ardua, difícil y a veces humillante. El régimen de reparto promueve fuertemente la evasión, y la facilidad para engañar al sistema ha quedado demostrada con el descubrimiento de los últimos fraudes previsionales” (Piñera, 1980).
17 Estas últimas instituciones son empresas de servicios con fines de lucro que invierten los fondos de los trabajadores en distintas actividades financieras con el objeto de incrementar ganancias en el tiempo (Délano y Traslaviña, 1989).
18 Período 2000-2005.
19 De acuerdo con el Economist Intelligence Unit Index 2013, http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0814
20 Los cambios estructurales hasta aquí detallados e impuestos en Chile durante la dictadura son los que permiten entender el proceso de desmovilización. Esto pues dichas reformas generan una refundación capitalista en la sociedad, lo que se define por bienestar y por derechos, el tipo de Estado y la relación que desde entonces establece con la sociedad civil. Estos cambios también definen un nuevo modelo de participación y una nueva definición de lo que implica ser ciudadano, dónde deben ser canalizadas sus demandas, etc. No es, por tanto, foco de esta investigación un análisis de las políticas económicas y sociales de la Concertación, para ello ver Drake y Jaksic (1999) y Sehnbruch y Siavelis (2014).
21 Ver más detalles de esta teoría en capítulo 1.
22 Al respecto ver, por ejemplo, Guillén (2007).
23 Pinochet, entrevista en El Mercurio - 24 de abril 1987 y en franja televisiva del SI (ver película NO 1: 03: 00).
24 A lo que es necesario agregar la fuerte represión a la que se sometió a estos movimientos, para ello ver capítulo 2.
25 El desempleo representa sólo un 6 % al año 2015.
26 Medidos con indicadores de ingreso per capita de los hogares y el costo de una canasta básica de alimentos.
27 El autor se refiere al estudio de Cowan y De Gregorio (1996) “Distribución y pobreza en Chile: ¿Estamos mal?, ¿ha habido programas?, ¿hemos retrocedido?”, Estudios Públicos N° 64, pp. 27-56.
28 Para Meller, el crecimiento económico explica la reducción de la pobreza en un 60 % mientras las políticas sociales concertacionistas un 40 %.
29 La emergencia de este sector como un segmento importante durante los años ochenta estuvo fuertemente influenciado por las primeras consecuencias de las reformas neoliberales, la crisis del año 1982, el aumento del desempleo y del trabajo precario o informal, engrosando con ello las filas del mundo popular.
30 Como señala Salazar (2006), entre 1983 y 1987 y pese a la fuerte represión del período, al menos 22 revueltas de pobladores estallaron que se diferenciaban marcadamente de las movilizaciones colectivo-reivindicativas del período previo a 1973.
31 Para mayor detalles sobre la desmovilización del mundo popular durante la transición a la democracia ver Oxhorn (1989, 1994a, 1995).
32 Ver Campero (1987); Hardy (1987) y Razeto et al. (1990).
33 De la Encuesta de Cohesión Social en América Latina 2007 y la Encuesta Nacional de Opinión Pública, ICSO-UDP 2008.
34 Ver por ejemplo Alvarado (2010); Barozet y Fierro (2011) y Espinoza y Barozet (2008).
35 Es por eso que la salida a las crisis tendían en este período a ser resultas a través de un alza nominal en los salarios, lo que redundaba en altos niveles de inflación.
36 Para estudios más pormenorizados sobre el consumo y el endeudamiento ver, por ejemplo, Ariztía (2002); Marambio (2011), PNUD (2002) y Torche (1998).
37 Según datos de la Encuesta PNUD 2001, respecto a los motivos de la visita al mall o centro comercial, un 28 % señaló que iba “sólo a comprar”, un 50 % a “ver si hay ofertas y oportunidades interesantes”, y un 21 % a “a pasear y encontrarse con amigos” (PNUD, 2002).
38 Para un estudio antropológico del impacto del endeudamiento en los sectores más pobres en Chile ver Han (2004, 2012).
39 Como se detallará en el siguiente capítulo, el factor endeudamiento como uno de los ingredientes explicativos para la desmovilización deviene hacia fines de la era concertacionista en input movilizador, generando una especie de identidad colectiva en torno a la deuda, ‘los endeudados por la educación’ como un discurso aglutinador en torno a las movilizaciones 2011.
40 Ver por ejemplo Halpern (2002); Moulian (2002); Oppenheim (2007) y Tironi (1999, 2003).
41 El autor se refiere de manera más específica al campo disciplinario de los estudios urbanos y del desarrollo regional, análisis que se utiliza acá para extrapolar a lo que ocurrió a nivel de las ciencias sociales en general a partir de entonces.
42 Apuntes de clases, curso ‘La desigualdad en Chile: modelo para armar’ del Profesor visitante Carlos Peña, febrero-marzo 2015, Universidad de Leiden.
43 En base a resultados de focus groups aplicados en 2006 y 2007 entre integrantes de los sectores medios en Santiago, Angol y La Serena.
44 Los autores se basan en análisis estadístico con datos de la Encuesta Percepciones sobre Relaciones Laborales y Equidad en Chile 2007.
45 En este estudio de Arnold et al. (2007) señala que dentro de las paradojas que acompañan a la modernización es que se pueden encontrar nuevas formas de solidaridad y prácticas organizativas dentro de una sociedad individualista y donde prevalece el desinterés por los proyectos colectivos. Dentro de estas prácticas destacan la caridad, la filantropía, la responsabilidad social y los voluntariados.
46 Director de la DOS durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2000-2006) y Director del Instituto Nacional de la Juventud durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994).

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