Capítulo 2. Desmovilización social: violencia política, memoria emblemática y post-trauma colectivo
p. 69-114
Texte intégral
1El vínculo entre memoria post-traumática y desmovilización se vuelve de especial relevancia al observar el proceso socio-político de los últimos años en Chile. De entre los muchos legados que la dictadura militar dejó sobre la redemocratización y que se analizan en extenso a través de este trabajo, el miedo a los conflictos del pasado y las consecuencias del trauma que afectó a la sociedad durante la década del setenta y el ochenta, emergen como herencias psicológicas de fuertes implicancias para el potencial de participación social y de movilización ciudadana a partir de los años noventa.
2Como se desarrolla a continuación, el trauma colectivo en la sociedad civil en Chile surge luego de la exposición directa o indirecta durante décadas a diferentes situaciones de violencia y recursos de dominación social observados especialmente durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. A través de estos hechos y actuando en diferentes niveles, se intenta demostrar que el impacto de este trauma fue multidimensional y se tradujo luego de cesado el régimen en un clima de silencio, olvido, negación, desarticulación social, anomia y retracción ciudadana, todos ingredientes necesarios para la fase de subsidencia o movilización latente de la sociedad civil post-dictadura.
3En la primera sección de este capítulo se exponen los principales conceptos necesarios y que permiten entender la relación entre memoria colectiva, trauma social, así como las consecuencias de éste último fenómeno sobre los procesos posteriores o sobre las dinámicas sociales una vez producida la experiencia traumática. Luego, se presenta el escenario socio-político del Chile de las últimas décadas desde una descripción de los principales elementos constitutivos de la experiencia traumática y la forma en que éstos van determinando un clima de silencio, negación y repliegue ciudadano hacia la esfera privada, relevando con ello las primeras pistas para entender la desmovilización del período 1990-2010. Dicha exposición se vuelve necesaria para entender por qué se define como trauma a aquello ocurrido en Chile en las décadas del setenta y ochenta, así como las múltiples dimensiones que constituyeron esta dramática experiencia.
4En la segunda parte, se analiza de forma más específica lo ocurrido con la sociedad civil y sus movimientos sociales a partir de 1990 como consecuencia del post-trauma colectivo. Dichas repercusiones se relacionan con mecanismos de supervivencia y reacción al trauma colectivo, la influencia de la desconfianza, desarticulación y deslegitimación de la organización social y, finalmente, como un efecto de la transmisión social, re-traumatización o cronificación del trauma. De esta manera, en este capítulo se busca retomar y ampliar el debate respecto al proceso de desactivación social o movilización latente en el período de reconstrucción democrática como resultado específico del impacto del trauma instalado en la sociedad chilena.1
2.1. Memoria, trauma y violencia política
5La relación entre memoria, trauma, violencia política y desmovilización cobra especial sentido cuando se trata del proceso socio-político chileno de las últimas décadas. En esta sección se emprende un recorrido teórico que comienza con descripciones del concepto de memoria colectiva, pasa por el trauma a nivel social, para luego detenerse en el trauma colectivo producido específicamente por violencia política. Por tratarse de un trauma derivado del accionar y el terror ejercidos entre y por integrantes de un sistema social, el trauma colectivo producto de violencia política tiene sus propias especificidades y consecuencias. En la segunda sección se aterriza concretamente en el escenario socio-político chileno para desarrollar los principales hechos que fueron configurando una experiencia traumática y constituyendo finalmente un trauma en la sociedad civil chilena hacia finales de la dictadura militar y que marcaría el comienzo de la recuperación democrática. Un análisis sobre las características del trauma permite relevar las primeras pistas para entender la desmovilización del período 1990-2010 en la medida que éstas determinan un clima de silencio, negación y repliegue ciudadano hacia la esfera privada.
2.1.1 Memoria colectiva y trauma social: algunas precisiones teóricas
Memoria colectiva y trauma social
6La noción de memoria colectiva fue incorporada en el reportorio de conceptos sociológicos por Maurice Halbwachs quien, recogiendo planteamientos durkheimianos, propone que ésta se define y se estructura a través de arreglos sociales. Junto con definir la memoria colectiva como un hecho social y destacar con ello su rol para la cohesión societal, el aporte de Halbwachs fue establecer la conexión entre un grupo y la memoria colectiva así como la forma en que éstos desarrollan una memoria de su propio pasado que se materializa en una identidad única (Misztal, 2003; Olick, 2008). Para Halbwachs (1980), la memoria individual depende de la membresías colectivas y no puede existir fuera de este contexto, se encuentra siempre enmarcada socialmente pues es el propio grupo el que determina lo que es memorable y la forma en que debe ser recordado. Los recuerdos individuales se encuentran así circunscritos a narrativas colectivas que, al ser reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales, permiten la creación de vínculos sociales (Ricoeur, 1999). La relevancia de los símbolos conmemorativos, los rituales y las representaciones son también analizados por Nora (1989: 7) y las formas en que la memoria “se cristaliza y se secreta a sí misma” a través de diferentes espacios e instancias. En suma, dado que el acto de recordar es una acción social, la recolección de recuerdos y la memorialización tienen la capacidad de constituir identidad grupal y comunidad en un proceso dinámico en que el pasado es resignificado en el presente (Arias y Del Campo, 2009) .
7La forma en que los eventos pasados son significados en el presente ha sido analizado por autores como Hobsbawm y Ranger (1992) quienes plantean que la recolección del pasado se realiza estratégica e instrumentalmente para satisfacer las necesidades e intereses dominantes del presente. A partir de la observación de narrativas e ideologías oficiales sobre cohesión social y nacionalidad, los autores destacan la utilización del pasado como una forma de establecer o simbolizar cohesión social o la membresía a comunidades reales o artificiales; como una manera de legitimar instituciones, poderes o relaciones con la autoridad; y finalmente, como una estrategia de socialización e inculcación de creencias, sistemas de valores y formas de comportamiento. De esta manera, la administración oficial de la memoria colectiva estaría en función de la legitimación del poder, moviéndose entre los polos de la censura y la celebración, o el olvido y el recuerdo socialmente organizado.
8La memoria como un dispositivo social y la recolección del pasado como un ejercicio instrumental e influenciado por los intereses del presente, ha sido abordada también por ciertas corrientes intelectuales que reconocen la conflictividad de las políticas de la memoria. Sin embargo, estas perspectivas relativizan un control y manipulación únicamente desde las instituciones oficiales y proponen una relación compleja y una tensión constante entre una memoria oficial o dominante constituida desde arriba y una memoria popular construida desde la base social (Popular Memory Group, 2007). Utilizando conceptos como memoria pública, memoria opuesta, memoria no oficial o la contra-memoria de Foucault, el enfoque de la memoria popular desafía la hegemonía de las elites políticas en la construcción de los recuerdos y la define como un terreno en disputa en que distintos grupos y visiones sobre el pasado se ven enfrentadas (Zerubavel, 1999). Con ello, estas corrientes no reducen la memoria necesariamente a un proceso de manipulación elitaria, sino que amplía el espacio entre una ideología impuesta y la posibilidad de formas alternativas de compresión del pasado, otorgando protagonismo a la agencia y a la dimensión temporal así como a la historicidad de las identidades sociales (Misztal, 2003). En esta esta línea, Jelin (2002a: 5) advierte que la noción de memoria colectiva basada en la interpretación durkheimiana extrema que considera los hechos sociales como cosas, presenta problemas si se la entiende como algo con entidad propia o que existe por encima y separada de los individuos. Para la autora, la memoria social debe ser interpretada como “memorias compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y en relaciones de poder”.2 Más aun, la denominada memoria colectiva o “emblemática” es más que un recuerdo particular que posee un contenido específico, sino que es además el marco organizativo o contexto que organiza el significado, la selectividad y la contramemoria (Stern, 2009: 146).
9El análisis que vincula la memoria colectiva con el trauma cobra relevancia en la medida que los eventos traumáticos corresponden a experiencias humanas extremas y, de producirse, las identidades y memorias colectivas se ven intensamente comprometidas (Misztal, 2003). Asimismo, dado que la evaluación y definición que se realice sobre el trauma serán producto de una interpretación sobre el pasado y los acontecimientos que afectaron la vida de una persona o un grupo social, el trauma y la memoria están profundamente interrelacionados (Vergara y Tocornal, 1998). Según estas últimas autoras, el trauma es un constructo teórico propuesto por la psicología para explicar el impacto de vivencias negativas que producen un efecto desestructurante de la personalidad, que pueden fluctuar entre dificultades para integrar la experiencia traumática, alteraciones emocionales y psicosomáticas, hasta complicaciones en la convivencia y problemas en el orden social.
10Uno de los primeros acercamientos al estudio del trauma proviene del psicoanálisis en el momento en que Freud plantea que el trauma psíquico es la consecuencia de un gran evento traumático, o bien, de una secuencia de traumas más pequeños que impactan en el aparato psíquico sobrepasando la barrera protectora del individuo (Freud, 2001a, 2001b).3 El trauma ha sido utilizado para explicar los trastornos generados tanto a nivel individual como social luego de experiencias que van desde abusos sexuales hasta desastres naturales y todo tipo de eventos que “provoquen miedo, impotencia o horror en respuesta a una amenaza de daño o muerte” (Yehuda, 2002: 108). Si bien el concepto ha sido utilizado por el psicoanálisis y los estudios culturales, éste también se relaciona con la sintomatología del estrés post-traumático en el campo de la psiquiatría. Se ha observado a nivel de las huellas o residuos que se imprimen de forma permanente tanto a nivel individual como social y que dificultan un proceso o desarrollo normal, siendo posible diferenciar el trauma psíquico como la herida o marca en un individuo particular, del trauma social en referencia al impacto de un hecho histórico y que afecta a toda una población.
11El trauma a nivel societal puede estar ligado a catástrofes naturales como inundaciones, incendios o terremotos, dado que éstas generan pérdidas de vidas humanas, la sensación de amenaza, la destrucción de hogares y diversas pérdidas materiales. Una experiencia de este tipo provoca traumas individuales y sociales, procesos que pueden verse agravados dependiendo de las dificultades encontradas en las etapas de reconstrucción y recuperación posteriores. Este tipo de experiencias negativas o que implican una fuerte demanda de adaptación psicológica por parte de los individuos, impactan más fuertemente en la memoria que aquellos eventos donde los sujetos o las instituciones no se ven obligado a tal esfuerzo adaptativo (Pennebaker et al., 1997). En el estudio realizado por Guichard y Henríquez (2011), se indaga en la memoria colectiva de chilenos de la ciudad de Concepción a partir de los principales cambios y eventos políticos y sociales mencionados por las personas como relevantes dentro de su experiencia personal. Los resultados del estudio revelan que, dentro del total de la muestra, los acontecimientos relacionados con catástrofes naturales como terremotos, maremotos, inundaciones, aluviones y erupciones volcánicas reciben la segunda mayor cantidad de menciones, presentado una importancia transversal a todas las cohortes observados. El acontecimiento que recibe un mayor número de menciones en el total de la muestra (51 %) es el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura, que constituyen posiblemente y a juicio de los autores, el evento socio-histórico más relevante del último siglo. Esto, pues “no es solamente que éste sea mencionado por todas los cohortes que lo vivieron, sino también porque sus consecuencias y vestigios constituyen una referencia necesaria para eventos posteriores como el plebiscito de 1988, la vuelta a la democracia y la muerte de Pinochet” (2011: 20).
12Tanto las catástrofes naturales como los conflictos socio-políticos como guerras, golpes de Estado o dictaduras se caracterizan por tener un origen excéntrico, externo o que escapa muchas veces a la voluntad de las personas expuestas (Vidal, 1993). Ambos tipos de eventos exigen un intenso esfuerzo adaptativo por parte de individuos y sociedades e impactan generando un trauma psicosocial. Sin embargo y pese a estas similitudes, el trauma originado a partir de los conflictos socio-políticos tiene características distintivas y, por tanto, se instalará de una manera diferente en la memoria colectiva, así como generará efectos particulares sobre la población afectada. Se ha señalado que las consecuencias y las dificultades experimentadas luego de eventos traumáticos causados por catástrofes provocadas por el hombre son más persistentes en el tiempo que aquellas provocadas por efecto de la naturaleza (Páez et al., 2001).
Trauma colectivo producto de violencia política
13El estudio del trauma colectivo -o memoria herida (Ricoeur, 1999)- comienza a cobrar relevancia a mediados del siglo XX luego de la Segunda Guerra Mundial, los horrores de Holocausto y la necesidad de explicar el pasado para entender la forma en que éstos y otros trágicos eventos se instalaron y las consecuencias que tuvieron en la memoria de las sociedades. Bettelheim (1943) fue uno de los primeros en analizar el trauma psicosocial experimentado durante la segunda guerra mundial en los campos de concentración, advirtiendo que una experiencia de este tipo representa una situación límite o extrema por ser ineludible y no depender del individuo, tener una duración incierta e impredecible y que supone, por tanto, no una amenaza puntual sino permanente. De la misma manera y a partir de las experiencias represivas de esta guerra, Keilson (1992) sugiere que la traumatización causada por dichos eventos se constituye en un proceso de continuas situaciones traumáticas que se intensifican en el tiempo dada la permanencia de la represión, el posterior período de post-guerra y las dificultades de reinserción social de la víctimas directas, en lo que define como un proceso de traumatización secuencial. En referencia a la dimensión temporal del trauma, Khan (2005) también sugiere la existencia de un trauma acumulativo.
14En el contexto latinoamericano, el aporte de Martín-Baró (1990) permitió la emergencia del concepto de trauma psicosocial para definir una herida causada por la vivencia prolongada de una situación de violencia política. El autor sugiere que las particularidades del trauma psicosocial están en que, si bien es un trauma que afecta a las personas, éste ha sido producido socialmente, es decir, sus raíces no se encuentran en los individuos sino en la sociedad. Así, la importancia del contexto social se vuelve así crucial no sólo en términos del marco en que se analiza el trauma, sino también como un elemento fundamental que permite modificar el curso posterior del evento traumático (Lagos et al., 2009). Lo anterior, pues estos últimos autores advierten que tanto los aportes de autores europeos como los de Martín-Baró ayudan a entender las especificidades del trauma psicosocial como un fenómeno que opera en capas tanto individuales como sociales. Éste, no sería originado por un evento único o aislado sino por una sucesión de eventos traumáticos que actúan a nivel biográfico individual, pero que están estrechamente ligados al contexto político y social en que los individuos se insertan, donde el entorno “se convierte, por tanto, en factor gravitante en relación con la posibilidad de elaboración y reparación del daño o, por el contrario, en su cronificación” (2009: 37–38).
15De igual forma y recogiendo el aporte de Bettelheim, Lira, Becker y Castillo (1989: 21) plantean que las experiencias traumáticas que son producto de la represión política son “traumatizaciones extremas”. Lo traumático de la represión estaría dado por dos fenómenos que se producen de manera simultánea: el impacto sorpresivo de amenazas vitales múltiples, difíciles de evitar o enfrentar, y la desorganización experimentada por los sujetos y los grupos sociales que redunda en respuestas caóticas e inefectivas que pueden incluso potenciar lo traumático de la experiencia. Para los autores, dichas situaciones transforman el entorno social “haciéndolo amenazador y traumatizante, con un gran potencial destructivo. Incidiendo en las condiciones materiales de la vida concreta, en la sobrevivencia psíquica y en los significados y valores que se constituyen en el sentido de la vida de los sujetos” (1989: 23).
16El trauma psicosocial deriva del enfrentamiento entre las personas a causa de razones ideológicas, situación que es llevada al paroxismo cuando se trata de terrorismo de Estado. Este último, es entendido como una acción planificada sistemáticamente por el aparato estatal con el fin de ocasionar daños físicos y psicológicos en ciertos individuos y, con ello, inocular horror a la sociedad en su conjunto, lo que produce un menoscabo tanto a las personas como a la trama social que los soporta (Scapusio, 2006). Las llamadas “políticas de la atrocidad” (Humphrey, 2003) son diseñadas para engendrar horror y alterar la confianza en la realidad normativa de las víctimas y también de los testigos de la violencia cuando la noción de seguridad nacional se vuelve inversamente proporcional a la de seguridad individual. Las situaciones de represión han sido descritas como verdaderas catástrofes sociales en la medida que es el propio Estado quien deja de ser el garante de seguridad y bienestar y, en paralelo, impone e intenta legitimar un discurso en que se representa a sí mismo como el único ente responsable de dicha seguridad. Todo esto genera confusión, una sensación generalizada de indefensión, desestructuración cultural, inversión de valores, negación, silencio y parálisis social (Openhaym y Vergara en (Lira y Castillo, 1991: 38).
17En contextos de alta conflictividad social como la observada en Chile y en el resto de América Latina a partir de los años sesenta, la violencia política, la polarización social y el terrorismo originado por el Estado, fueron naturalizados creando “culturas del miedo” (Koonings y Kruijt, 1999; Procupez y Obarrio, 2006).4 En el ya mencionado trabajo de Martín-Baró (1990), desde un análisis centrado en la guerra civil salvadoreña el autor advierte que un conflicto de esta naturaleza se caracteriza por la polarización social buscada intencionalmente por grupos rivales, la mentira institucionalizada y la violencia con una consiguiente militarización de la sociedad. El trauma psicosocial derivado de esta experiencia se traduce en relaciones sociales deshumanizadas y la cristalización traumática en las personas. Mientras que la polarización comienza a ser somatizada, la mentira institucionalizada genera graves problemas identitarios y la violencia provoca la militarización incluso de las lógicas individuales.
18Las estrategias de violencia directa e indirecta puestas en práctica en estos escenarios, producen un impacto tanto en el momento en que estas situaciones son vividas como cuando la violencia cotidiana cesa y se produce el espacio para la elaboración y procesamiento del trauma. Asimismo, las estrategias represivas generan un impacto a nivel social cuando a través de las víctimas se envía un mensaje de advertencia a la población y se propicia un ambiente de temor y amenaza permanente como forma de consolidación de poder (Deutsch, 2007; Munczek, 2007). Como señala Scapusio (2006) para el caso uruguayo, las marcas de este tipo de experiencias así como los signos de la violencia pueden permanecer no sólo en el cuerpo y el psiquismo de las víctimas directas, sino que en el tejido social en su totalidad, agregando que
sabemos que esa diferenciación entre afectados y otros que (aparentemente) no lo fueron es engañosa, que los períodos de terror político, de violencia desatada por el Estado tienen efectos sobre toda la sociedad. Es cierto que hubo miles de directamente afectados, pero el dantesco ejercicio de fuerza y brutalidad que se hizo sobre ellos persiguió que los demás integrantes de la sociedad fueran también afectados (2006: 15).
19Dada la complejidad del fenómeno, el impacto y especialmente el legado del trauma psicosocial tanto a nivel individual como social, se ha transformado en foco de estudio tanto en Europa y Norteamérica luego de las guerras del siglo XX, como en América Latina luego de los regímenes autoritarios y las problemáticas enfrentadas por este trauma en las transiciones (Bar-On, 1999; Brito et al., 2001; Corradi et al., 1992; Crenzel, 2011; Danieli, 1998a; Hunt, 2010; Jelin, 2002b; Pennebaker et al., 1997; Pridham, 2000; Roniger y Sznajder, 1999; Withuis y Mooij, 2010). Las experiencias de violencia vividas en el pasado, la herencia de dolor y conflictividad social, las huellas de la represión y los fantasmas de los muertos y desaparecidos, pasaron a ser uno de los mayores desafíos de las transiciones en la región latinoamericana. Tal como lo adelantara Martín-Baró (1989: 10–11), las secuelas de la violencia política se tornaban un problema crítico en el continente dado que:
Resulta necesario recordar la magnitud, cuantitativa y cualitativa del daño producido por las campañas de contrainsurgencia o de represión estatal, para comprender el engaño de querer hacer borrón y cuenta nueva de esa historia; el pasado que tan festinadamente se quiere cerrar no sólo está vivo en personas y grupos -víctimas y victimarios-, sino que sigue operando en las mismas estructuras sociales (…) Todo este daño es de tal magnitud que resulta casi ingenuo o cínico pretender que se olvide de la noche a la mañana. Porque, en el fondo, no se trata de un problema de individuos aislados, pocos o muchos; se trata de un problema estrictamente social. El daño producido no es simplemente el de la vida personal que se destruye; el daño se ha causado a las estructuras sociales mismas, a las normas que rigen la convivencia, a las instituciones que regulan la vida de los ciudadanos, a los valores y principios con los que se ha educado y en función de los cuales se ha pretendido justificar la represión.
2.1.2 Características globales del trauma colectivo y su impacto sobre la sociedad civil en Chile
20Aun cuando las premisas y conceptos respecto a la memoria, las situaciones traumáticas continuas que operan tanto a nivel individual como social, la inversión de valores, la alteración de la realidad normativa y la permanencia del trauma producto de la violencia política descritas por los autores son aplicables y observables curso socio-político de las últimas décadas en Chile, el caso chileno tiene sus propias especificidades que exigen un análisis que permita revelarlas. Esta exposición se vuelve necesaria para entender por qué se define como trauma a aquello ocurrido en Chile en las décadas del setenta y ochenta, así como las múltiples dimensiones que constituyeron esta dramática experiencia
21Los niveles de conflictividad social en Chile fueron aumentando exponencialmente a través del siglo XX en un proceso de profunda ideologización de las élites, de alta polarización política, de reformas de gran alcance y tensiones sociales que alcanzan niveles superlativos en el escenario previo a 1973. La reforma agraria había sido puesta en marcha a finales de los sesenta implicando la expropiación de más de tres millones de hectáreas (Henríquez, 1987), mientras que los grupos más radicales habían comenzado a implementar una políticas de ocupación de tierras.5 Para Collins, Hite y Joignant (2013), la reforma agraria y las tomas de terreno previas y durante el período de la Unidad Popular representan una memoria traumática persistente para los grupos más ligados a la derecha y a las clases más acomodadas. Más aún, la reforma agraria fue vivida como una verdadera catástrofe para la elite latifundista y oligarca pues vino a alterar bases sociológicas de la sociedad chilena hasta entonces basada en la estructura social y política de la hacienda.6 La nacionalización de la banca y empresas y la propuesta de una nueva Constitución exacerbaron la radicalidad de los cambios que se buscaban implementar y, con ello, la sensación de incertidumbre, caos y muchas veces miedo.7 Como describe Hite (2013), estos años representaron una pesadilla para la elite económica del país en la medida que proliferaron nuevos partidos políticos de espíritu revolucionario, la teología de la liberación, y las ideologías comunista y socialista ganaron mayor adherencia.
22Tal como señalan Lira y Castillo (1991), la elección de Allende significó al mismo tiempo la esperanza de ciertos sectores más vulnerables de recibir soluciones concretas e inmediatas a sus necesidades, pero también implicó una rápida gestión opositora que articuló a grupos populares y de clase media que se sintieron amenazados por la Unidad Popular, mientras al mismo tiempo segmentos tanto de izquierda como de derecha se comenzaron a radicalizar. Los primeros se acercan a la opción socialista revolucionaria,8 constituyéndose el MIR y el MAPU que, junto a la posterior visita de Fidel Castro a Chile el año 1971, amplificarían los miedos de sectores de la población respecto a replicar el modelo cubano y la vía armada en el país. Asimismo, en esos años se constituye el grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad que, profesando una ideología nacionalista, optaba por las armas para derrocar al gobierno de la Unidad Popular.
23En paralelo a esta radicalización tanto de grupos de izquierda como de derecha, se producen una serie de actos violentistas como la matanza de Puerto Montt (1969), el asesinato de René Schneider (1970) y Pérez Zujovic (1971) e incluso el intento de golpe de Estado conocido como ‘tanquetazo’ en junio de 1973. La convulsión del período estuvo gatillada también por un fuerte aumento de la inflación y la escasez de alimentos, el crecimiento exponencial de huelgas, tomas y el enfrentamiento de los grupos oficialistas y de oposición al gobierno de Salvador Allende. Como señala Valenzuela (2013: 160) “tanto el gobierno como la oposición estaban sujetos a los virulentos ataques de la extrema derecha y la extrema izquierda”, mientras el grado de confianza mutua y la capacidad de diálogo entre diferentes grupos cae a exiguos niveles. La hipermovilización social tanto en el campo como en las ciudades se vio marcada por el enfrentamiento de campesinos y obreros con los dueños de las tierras y los jefes de las fábricas (Wright, 2007).
24En paralelo, la campaña de prensa de oposición se centró básicamente en una retórica aterrorizadora sobre la amenaza de la Unidad Popular y el eventual descalabro económico, el fantasma del hambre y del desabastecimiento en Chile como proyección de un futuro socialista, el quiebre de la convivencia democrática y la libertad de expresión. La prensa oficialista, por su parte, se caracterizó por el maniqueísmo y la retórica belicista, así como por utilizar la sátira y la descalificación para agredir y producir estereotipos negativos sobre personas y grupos opositores como políticos y empresarios (Lira, 1991). La exposición a este tipo de mensajes e información se hace cotidiana y evoluciona desde la difusión de información propagandística y falsa, hacia la amenaza del uso de la violencia directa descrita en clave de guerra civil (Bernedo, 2003), conformando una campaña mediática general que “despertó ansiedad, frustración, miedo y la incertidumbre en muchas personas” (Lira, 2011: 111).
25De esta manera, el período comprendido entre los años sesenta y principio de los setenta dejó huellas en la memoria colectiva de los chilenos en forma de imágenes e información marcada por la alta polarización, por el enfrentamiento de proyectos y creencias políticas irreconciliables así como por convicciones antagónicas sobre la sociedad y el futuro, etapa cuyo corolario sería la violenta imagen de un presidente muerto, el palacio de La Moneda bombardeado y el quiebre del sistema democrático.9 Es posible así afirmar que el fin del gobierno de la Unidad Popular representa el primer hecho traumático para la sociedad civil chilena.
26La violencia del impacto de un golpe de Estado y la incertidumbre generada con este acto, sin embargo, no habrían de finalizar el 11 de septiembre de 1973, sino muy por el contrario. Tal como señala el Informe Rettig:
La intervención militar del 11 de septiembre de 1973 configuró en el país, de inmediato y durante todo el período, un cuadro permanente de violaciones a los derechos humanos esenciales (principalmente al derecho a la libertad personal, a un juicio justo, a la integridad física y a la vida) de muchas personas pertenecientes o simpatizantes, real o supuestamente al régimen depuesto. (1996: 441).
27Pero más allá de las víctimas directas del terrorismo de Estado, a lo largo de este capítulo se intentará probar que los hechos previos al golpe militar, pero especialmente aquellos experimentados luego de éste, derivaron en un trauma tanto a nivel individual como para la sociedad en su conjunto, que provocó un repliegue hacia la esfera privada y una desmovilización de la sociedad civil una vez producido el retorno democrático. Como señala Barbera (2009), la problemática de los individuos y las familias que sufrieron la violencia política y violaciones a los derechos humanos ha sido extensamente documentada,10 mientras poca atención se ha destinado a la influencia de las violaciones a los derechos humanos a nivel comunitario, a lo que es posible agregar a la sociedad en su conjunto o a las redes sociales en que dichos individuos y familias se insertan.
28Como se expone a continuación, el trauma colectivo en la sociedad civil en Chile emerge luego de la exposición directa o indirecta durante décadas a diferentes situaciones de violencia y recursos de dominación social observados especialmente durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Las características del trauma colectivo provocado por los hechos socio-políticos de las décadas previas a 1990 derivan de sociedad chilena que se vio enfrentada a una fuerte represión tanto directa como indirecta, a una guerra psicológica o dominación ideológica, al miedo generalizado y a un proyecto refundacional en términos económicos y políticos. A través de estos hechos y actuando en diferentes niveles, se intenta demostrar que el impacto de este trauma multidimensional se tradujo luego de cesado el régimen en silencio, olvido, negación, desarticulación social, anomia y retracción ciudadana, todos ingredientes necesarios para la fase de subsidencia o movilización latente de la sociedad civil post-dictadura. Asimismo, y como se profundiza en el capítulo 5, los componentes del trauma colectivo permiten una comprensión de la identidad colectiva que se volverá visible luego en el ciclo de movilizaciones 2011.
Características del trauma colectivo y su impacto sobre el conjunto social
29Sólo durante las primeras semanas posteriores al golpe de Estado, miles de personas se escondieron, buscaron asilo en embajadas o intentaron huir del país, muchos fueron asesinados en el momento de resistirse a un arresto, cuyos cuerpos fueron dejados en las calles, lanzados al río Mapocho o enterrados en tumbas secretas, en una forma de represión y terrorismo de Estado que se impuso desde el mismo 11 de septiembre (Wright, 2007). Con el aparato conceptual y práctico de una campaña contrasubversiva y políticas represivas sistemáticas y masivas, la Junta Militar se propuso establecer un control rápido y total sobre la población con el fin de exterminar al denominado ‘enemigo interno’, que implicó declarar al país en estado de guerra (Cavallo et al., 1997; Valdivia, 2010). La perspectiva bélica marcaría la tónica de la represión ejercida por un régimen que, mostrando su faceta más letal en los primeros años posteriores al golpe, evoluciona más tarde hacia políticas de terrorismo institucionalizado.11 El sistema de represión fundado en la Doctrina de Seguridad Nacional buscó destruir la organización y el tejido social, anular la movilización, inhibir respuestas contestatarias al régimen y mantener un clima generalizado de temor y desorganización (Hipsher, 1996; Orellana, 1989; Remmer, 1980).
30La represión militar fue posible gracias a un marco legal coercitivo que eliminó la protección judicial, las garantías de un debido proceso y estableció una jurisdicción militar sobre asuntos civiles que sería pronto amparada por la ley de amnistía de 1978 y la Constitución de 1981. A través de este último documento, se permite la continua aplicación de los estados de excepción, amplios poderes de detención y la reducción de las facultades de las cortes, impulsando un proceso general de desprotección de los derechos de la ciudadanía (Brito, 1997). Invocando a leyes de seguridad nacional, la policía y la armada desplegaron una fuerte represión a huelguistas, manifestantes y todo quien se opusiera al régimen, quienes pasaron a ser definidos como subversivos a la vez que la violación de los derechos humanos fue justificada en el nombre del bien común, la paz social y la estabilidad política (Lira, 2011). Con este acto y el mensaje contenido en él, se pone en práctica una estrategia de criminalización de la protesta y deslegitimación de la política cuando su ejercicio se relegó prácticas propias de terroristas o de chilenos anti-patriotas que buscaban desestabilizar un régimen que había salvado al país.
31En términos de la práctica represiva, el estudio de CODEPU (1989) distingue entre represión directa e indirecta en el caso de la dictadura chilena. La represión directa se refiere a aquella que incluyó asesinatos, detenciones ilegales, tortura, relegación, exilio, secuestro, detención, desaparición de detenidos, allanamiento, encarcelamiento, amenazas y amedrentamiento, cuyas descripciones y consecuencias, tal como se mencionara, han sido analizados (y denunciados) a nivel de las víctimas y sus familiares. Por otra parte, los mecanismos de represión indirecta incluyeron los despidos masivos (exoneración), la privación y carencia de alimentos, vivienda y salud, disgregación de las políticas sociales, distorsión de los hechos, manipulación de la información, censura y autocensura, pérdida parcial o total de la libertad de expresión colectiva, a lo que es posible agregar el prolongado estado de excepción,12 toques de queda, prohibición del derecho de reunión y organización, estado de guerra interno, la dominación ideológica y el amedrentamiento colectivo.
32Pese a esta diferenciación respecto a las distintas formas de represión, es necesario agregar que tanto los mecanismos de represión directa como indirecta tienen finalmente repercusiones en la sociedad en su conjunto. Esto, tal como ha sido adelantado, pues la represión directa no sólo provoca un impacto en las víctimas sino también en el sistema social en que éstas se insertan. La tortura por ejemplo, tiene importantes secuelas en el tejido social dado que su ejercicio no sólo tiene una función desestructurante sobre el torturado, y con ello sobre su rol como sujeto social activo, sino que al mismo tiempo tal objetivo se proyecta hacia sus grupos y redes sociales de pertenencia con una finalidad implícita ejemplarizante (Lagos et al., 2009; Physicians for Human Rights, 1988). Como describe Stern (2009: 24), “la represión en el Chile de Pinochet fue a gran escala y su implementación tuvo distintos niveles”, lo que para una sociedad pequeña como la chilena en esos años implicó la omnipresencia de la misma cuando “la mayoría de las familias, incluyendo las partidarias y simpatizantes del régimen militar, tenían un pariente, un amigo o una persona conocida afectada por una u otra forma de represión”.13
33De esta manera la tortura, así como todas las formas de violencia política, cumplen una función individual, pero también social al constituirse en mensajes de advertencia e intimidación hacia el entorno del torturado (familiares, colegas, amigos y vecinos), infundiendo miedo, desconfianza, temor a la libre expresión y una atmosfera de amenaza permanente que tendrá implicancias en el corto y largo plazo para las comunidades, sus organizaciones y la sociedad (Barbera, 2009; Castillo y Lira, 1993; Deutsch, 2007; Faúndez y Cornejo, 2010; Giorgi, 1995). Más aún, es posible afirmar que la violencia política en forma de desapariciones de detenidos representan una forma de “tortura social” dada la inmensidad de sus repercusiones en este nivel (Deutsch, 2007: 111). Al mismo tiempo, Crenzel (2011: 1) plantea que el terrorismo de Estado y la feroz represión que le caracterizó afectó a no sólo a las víctimas sino que a todos los ciudadanos por igual en la medida que “todos los ciudadanos fueron privados por igual de sus derechos civiles y políticos, mientras el terror se propagó en todas las esferas de la vida pública y privada”.
34En paralelo a una fuerte represión que se mantendría de manera más evidente o más solapada durante los 17 años del régimen, aquellos años predominó una dominación ideológica y una guerra psicológica. Ambas estrategias buscaron provocar un estado de ánimo de miedo colectivo con el objeto de inmovilizar, silenciar y someter, en que las personas finalmente pidieran o exigieran al poder alguna forma de protección (CODEPU, 1996). Según este estudio, la guerra psicológica y el amedrentamiento fueron un recurso esencial y una táctica permanente de la dictadura, con la entrega constante de mensajes cargados de información falsa, confusa, amenazante o tranquilizadora según el objetivo perseguido. Siguiendo esta idea, Isla Monsalve (2012: 274) señala que las estrategias del régimen militar no sólo fueron represivas y disuasivas, sino también persuasivas en la medida que se orientaron a la legitimación y adhesión al proyecto autoritario. El trauma de la Unidad Popular fue utilizado comunicacionalmente en este contexto “tanto para mantener y sacar partido del entusiasmo de sus originarios partidarios, como para administrar el miedo a sus adversarios”. Para ello, junto a la represión a opositores al régimen, se utilizó el montaje, los rumores, la elección de victimas al azar o víctimas específicas cuya pertenencia permitiera una identificación con sectores políticos, falsos accidentes, falsos suicidios, falsos enfrentamientos, infiltrados, difusión de listas de amenazados, censura, desinformación o derechamente el ocultamiento de la verdad así como la propaganda reiterada en torno al discurso de la salvación y la restauración nacional (Almarza, 1994; Isla Monsalve, 2012; Munczek, 2007; Orellana, 1989; Winn, 2007). Al mismo tiempo, se buscó traspasar la responsabilidad de los actos represivos a los propias víctimas y a sus familias con mensajes del tipo ‘algo habrán hecho’, en una construcción social de significado que justifica los hechos traumáticos (Páez y Basabe, 1993).
35De esta manera, Almarza (1994) plantea que se desarrolló un aparato de penetración a nivel de las creencias que buscaba un cambio en el horizonte normativo y la inducción de nuevos valores mediante el control de la información y los medios de comunicación. Dentro de estas creencias estuvo la justificación de la violencia, la descalificación de los opositores al régimen, así como la socialización de la culpa al comprometer al conjunto social a un silencio cómplice respecto a la represión. Los mensajes contradictorios y enajenantes facilitaron la confusión y la imposibilidad de realizar un análisis y un juicio de la realidad, introduciendo inseguridad, desconfianza, dudas y vulnerabilidad que, sin la necesidad de la fuerza, sino que a través de la persuasión de amenazas explícitas o implícitas, permitieron un adoctrinamiento político de amplios sectores de la sociedad. En definitiva, se produce la inducción a guardar silencio, al olvido, a los sentimientos de culpa, a la dilución de responsabilidades y a considerar la participación y la disidencia política como una falta contra el conjunto social (Kordon y Edelman, 1986).
36En este escenario y a nivel social, la sobrecarga de información y mensajes pronto comienza a comprometer lo que se define como justo o injusto, bueno o malo. Tal como señala Wright (2007), las creencias políticas y las organizaciones que habían sido perfectamente legales hasta el 11 de septiembre, pasaron desde entonces a ser consideradas criminales. Las fronteras entre lo que es considerado seguro y peligroso pierde nitidez impactando en el sentido de pertenencia y los grupos de referencia de las personas (Domínguez y Weinstein, 1987 en Barbera (2009)). De la misma manera, cuando es el Estado - el supuesto ente responsable de garantizar la seguridad de las personas - el que perpetra los crímenes y actúa en base a la represión y a la violencia, el trauma a nivel social se ve intensificado (Deutsch, 2007; Lira et al., 2001), a la vez que el significado de justicia y de sus instituciones, así como la propia definición de Estado, se ven tergiversadas. Tal como explica Stern (2009: 24), esta alteración de la noción de legalidad y justicia afectó a los chilenos en forma de shock:
Relevante también fue el impacto cultural. Muchos chilenos creían que ese tipo de violencia de Estado –al otro lado de la frontera establecida por el procedimiento legal y la decencia humana- era un imposible. Fundamentalmente, su sociedad era demasiado civilizada, demasiado obediente de la ley, demasiado democrática para eso. En 1973, muchas de las víctimas se entregaron voluntariamente cuando aparecieron en las listas de personas buscadas por el nuevo gobierno.
37La inversión y subversión de lo que fueran otrora considerado derechos y valores dados por sentado dentro del imaginario chileno, fue originado en gran medida por el efecto del poder omnímodo del Estado y la impunidad en que los hechos de violencia se desencadenaron. Para Baeza (2000), junto a las agresiones propias del terrorismo de Estado y sus traumáticas consecuencias de dolor, sufrimiento, pérdida y luto, la impunidad equivale a un crimen adicional en la medida que amenaza los valores, destruye las creencias y altera las normas y reglas que una sociedad ha construido durante años. Al demoler los pilares fundamentales y el marco normativo de una sociedad, la impunidad crea una disonancia cognitiva y la ambivalencia de buscar la verdad y la justicia en un contexto donde ambas premisas se vuelven difusas (Genevieve, 2004). Esto genera la necesidad de esconder y olvidar los crímenes, aun cuando eso no es posible. Por ello, el olvido será sólo superficial y los recuerdos se mantendrán no únicamente en la persona afectada, sino también en la sociedad y el imaginario colectivo al mismo tiempo que se transmitirá a las próximas generaciones (Rojas Baeza, 2000).
38A la larga, el uso de aparatos represivos y de propaganda constituyeron lo que Garretón (1988: 6) definió como “sistemas institucionalizados de producción y difusión de miedo”, que facilitaron la transmisión del mismo tanto por la certeza (represión física, la amenaza, el control de la población, la propaganda, el poder del Estado), como por la incertidumbre (desinformación, ausencia de reglas, falta de espacios de encuentro y reconocimiento, exacerbación de la irracionalidad) del peligro. El miedo fue asimismo deliberadamente explotado por el régimen para justificar el golpe, enfrentar el criticismo extranjero y promover la aceptación al prolongado control militar (Constable y Valenzuela, 1991). Como indica Garretón en el mencionado trabajo, el miedo provocado intencionalmente tuvo consecuencias indirectas sobre los vencedores al endosarles responsabilidad y complicidad de los crímenes, a la vez que directas e indirectas en toda la sociedad por el efecto combinado de la represión, la falta de protección institucional y las transformaciones sociales impuestas de forma autoritaria. La “cultura del miedo” en este contexto fue construida a través de la experiencia personal y, como señala (Lira, 2011: 115),
fue reconstruido en las narrativas de terror, en la falta de información, en la imaginación, en el silencio de la noche, intensificado en toques de queda (…) en sujetos silenciados y en la auto-censura. Miedo aumentado en la percepción de que el poder para matar no estaba bajo el control de la ley y que por tanto no tenía límites.
39Los toques de queda y las noches de tensión se ven exacerbadas a partir de las crecientes y masivas movilizaciones y protestas nacionales en contra de la dictadura militar. En dicho contexto, se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la llamada Operación Retorno de los integrantes del MIR que estaban en exilio,14 ambos grupos enfocados en estrategias clandestinas y acciones militares de desestabilización del régimen militar reforzando así el clima conflictual luego de la crisis económica de 1982 (Pérez, 2008; Pinto, 2006). A partir de entonces, la resistencia se radicaliza y se producen una serie de hechos de violencia que impactan a la sociedad chilena tales como el descubrimiento de la internación de armas de Carrizal Bajo y el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. Las represalias luego de estos hechos provocaron un recrudecimiento de las medidas represivas especialmente entre los sectores más populares.15 Asimismo y como indica Oxhorn (1995), el miedo frente a estos hechos ayudó a generar un clima entre las clases altas y medias de la población así como en ciertos sectores populares que contribuyó al aislamiento de pobladores que fueron quedando como los únicos actores disponibles para participar en las protestas contra el régimen. De esta manera y pese a su papel fundamental en el ciclo de protestas 1983- 1986, los pobladores jugaron un rol muy minoritario en la formación de iniciativas posteriores de oposición al régimen y, con ello, en la transición hacia la democracia chilena.
40De esta manera, la sociedad chilena, incluidos aquellos sectores que no fueran víctimas del régimen, fue expuesta a todo tipo de actos de violencia en un proceso que permitió la internalización transversal del miedo (Barbera, 2009). Tal como describiera Tironi, el miedo era uno de los sentimientos que dominaba las conductas de los chilenos al final de la década del ochenta, un miedo que “tiene orígenes múltiples y se expresa de maneras diferentes según las personas y su grupo social de pertenencia, pero nadie se escapa de su influjo” (1988a: 12). El miedo más directo estaba dado tanto por la omnipresencia de la represión como por la inestabilidad, especialmente de tipo económica.16 En esa línea, Lechner (1992) señala que los miedos del autoritarismo vienen de la percepción de amenazas mortales, tanto físicas como a las bases materiales que sustentan la vida, que se traslapan con la ansiedad colectiva o un miedo difuso y sin razón aparente que se mantiene implícito y oculto en la cotidianeidad. Y aun cuando en la memoria colectiva de la sociedad chilena de la época no existía consenso respecto a las causas o motivos del golpe de Estado (ya sea para justificar o repudiar), las consecuencias y significados de este hecho se hicieron parte y componentes transversales de la normalidad de la vida cotidiana (García, 2006; Stern, 2009).
41Hacia el final del régimen dictatorial, las campañas del plebiscito fueron diseñadas y difundidas en torno al miedo que reinaba en la sociedad chilena. La campaña por la opción Sí, utilizó el miedo y el trauma del pasado para propagar el temor al caos, al desorden y a la inestabilidad que implicaría el fin de régimen de Pinochet, mientras que la oposición los usó para concluir con una distancia con la Unidad Popular y la dictadura en pos de generar confianza, unidad y orden para un eventual retorno democrático (García, 2006). Tal como se puede observar en la figura 2.1, las principales preocupaciones de los chilenos respecto al futuro gobierno democrático era que éste, incluso más que reducir la pobreza, la cesantía o mejorar los servicios de salud, tuviera la capacidad de controlar el orden público.
Figura 2.1. Problemas que causan mayor preocupación respecto al próximo período presidencial, 1988.

Fuente: Elaborado en base a datos de Centro de Estudios Públicos (1988).
42Luego del plebiscito y de la derrota de Pinochet, Politzer bien describe,
Chile todavía tiene miedo. Mirando una vez más, veo que la dictadura fue mucho más que una represión brutal o una falta de libertad política (...) Sigue presente día tras día, año tras año, invadiendo incluso nuestros momentos más íntimos. Afecta no sólo a quienes sufrieron la crueldad o la censura directa, sino también a aquellos que fueron indiferentes a la dictadura, e incluso a quienes la apoyaban y justificaban; porque ellos, también, están atrapados en un sistema que determina lo que se puede y no se puede hacer, lo que se piensa, lo que se crea, lo que se sueña y lo que se reprime (1989: xiii).
43El trauma colectivo de las décadas precedentes a 1990 deriva así de la represión y la violencia, la guerra psicológica y la difusión del miedo, en un proceso global que también incluyó un fuerte cambio en la estructura política, económica y, con ello, socio-cultural. Tal como lo afirman ciertos autores, la junta militar desde un principio tuvo claridad respecto al objetivo de eliminar la cultura política previa, las prácticas y las creencias que estaban internalizadas en la sociedad chilena en esos años y que, para ello, se necesitaría un régimen extenso y mecanismos de represión y adoctrinamiento que impusieran el nuevo sistema normativo al conjunto social (Huneeus, 2000; Stern, 2013b; Valdivia, 2010).
44La tesis restauradora del régimen militar pronto evolucionó hacia el espíritu fundacional (García, 2006; Guerrero, 2006; Isla Monsalve, 2012). Para García, el objetivo fue construir una nueva institucionalidad que impidiera que el país cayera nuevamente en una amenaza marxista y, para ello, fue necesario cambiar la concepción de democracia y definir una nueva relación del Estado con la sociedad. Todo lo anterior constituyó y dio forma a un proceso refundacional en términos políticos que Stern ha denominado policidio o el asesinato de la forma de gobierno precedente, la aniquilación de la cultura política de los grupos de izquierda y centro-izquierda y la reprogramación o el reentrenamiento de los ciudadanos “a través de una determinación violenta y temible para erradicar de manera definitiva un imaginario y una manera de hacer política basada de la acción directa movilización y la democrática” (2013a: viii). En este contexto, se promueve una privatización social, la distancia con la participación política, el cierre y atomización de las formas asociativas tradicionales incluidos los partidos políticos y las organizaciones sociales populares así como las instancias de representación generadas por elección directa (De la Maza, 2003). De esta manera, el régimen se propuso destruir las identidades colectivas preexistentes en la sociedad chilena tales como la membresía a partidos, la organización y solidaridad social que fueron considerados por el oficialismo como “legados no deseados de un pasado socialista” (Silva, 2004: 69). La refundación en términos políticos y sociales fue complementada con la imposición del modelo económico neoliberal, la tecnocracia y el principio de subsidiariedad que vendrían a consolidar el desmantelamiento del modelo estatista sobre el bienestar social y el desarrollo económico. Para Almarza (1994), la radicalidad con que se aplica el modelo económico neoliberal aporta en la generación del trauma en la medida que impone y exige de forma drástica una nueva relación de los individuos con el mercado, con el mundo del trabajo y con la concepción de los derechos y servicios sociales.17
45De esta manera, durante las últimas décadas la sociedad civil chilena sufrió una brusca transformación estructural inducida, por una parte, por las relaciones sociales autoritarias y los efectos disciplinadores de la cultura del miedo dictatorial, el temor y desconfianza recíproca que define la relación con los otros y, por otro, por la expansión de la economía de mercado y la privatización de los servicios públicos (Garretón, 2003; Lechner y Guell, 1998). Para Lechner y Güell, este conjunto de cambios provocaron un proceso de privatización, retracción y una individualización de las conductas en los chilenos durante el período de transición democrática.
46Estas últimas ideas remiten a las consecuencias o al impacto que los cambios implantados en Chile han significado para el quehacer y los mecanismos de participación de la sociedad civil, lo que entrega las primeras pistas para entender la desmovilización social en la transición democrática. Mientras que los efectos de la privatización y la modernización neoliberal sobre dicha arena son analizados en el capítulo 4, a continuación, se desarrolla un análisis sobre la influencia del trauma colectivo y la cultura del miedo generado en las décadas precedentes al retorno democrático sobre la desmovilización de la sociedad civil en dicho período. De forma específica, se presenta la forma o consecuencias en que la memoria traumática a nivel colectivo generó un estado de silencio, olvido, negación, desarticulación, anomia y retracción social que, en conjunto, facilitaron la subsidencia o invisibilización de la acción colectiva de la sociedad civil.
2.2 Consecuencias del trauma: post-trauma colectivo y desmovilización de la sociedad civil
47La radicalidad y el carácter estructural de los cambios puestos en marcha durante el período de la dictadura militar tendrán profundas implicancias en términos sociales. En primer lugar, dicha radicalidad demandó, como ya se adelantó, una capacidad adaptativa por parte de los chilenos a nuevas estructuras políticas, económicas y sociales y, su consecuente, nueva matriz de valores. Para Pennebaker y Banasik (1997), esta importancia adaptativa es crucial para entender por qué no todos los eventos que afectan a una nación son considerados experiencias traumáticas o significativas en términos de la memoria colectiva. Según estos autores, sólo aquellos hechos que implican una demanda de adaptación a nuevas condiciones sociales son considerados relevantes para la memoria traumática en la medida que suponen turning points o situaciones que cambian radicalmente el curso de las historias individuales y nacionales. En segundo lugar, el carácter refundacional del régimen y la modernización neoliberal supusieron una acelerada yuxtaposición de nuevas y antiguas matrices culturales y la generación de un nuevo marco normativo. Esto, tal como se mencionó en el primer capítulo, tiende a provocar anomia y retracción ciudadana en la medida que, para hacer frente a esta transición societal y su correspondiente incertidumbre, los individuos se inclinan a buscar refugio en sus grupos de pertenencia y referencia más próximos en términos identitarios. Asimismo, se vuelve necesario acá recordar el vínculo entre memoria e identidades colectivas -como ideologías que mantienen la cohesión de un grupo -y la movilización, en la medida que el desenvolvimiento de los movimientos sociales se fortalece o se debilita en función de los cambios experimentados a nivel de esta identidad. Y con memorias e identidades basadas en el miedo a la participación política y caracterizadas por el silencio, el potencial de movilización social se ve altamente limitado.
48Antes que poner foco en los elementos traumáticos para ciertos grupos específicos de la sociedad (elites, víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares, grupos de oposición, etc.), los factores antes descritos fueron aquellos experimentados de manera transversal por la sociedad y que tienen, por tanto, implicancias a nivel colectivo. Los efectos del trauma sobre el conjunto social se vuelven componentes fundamentales para entender las prácticas y dinámicas de la sociedad civil luego de la recuperación democrática en Chile. Más aun, este trabajo parte de la premisa que décadas de conflicto, violencia, polarización, represión, campañas de insurgencia y contrainsurgencia, muertos y desaparecidos, dolor y conflictividad social, amenazas físicas y materiales, la guerra psicológica y propagandística, la incapacidad de elaborar un relato sobre los hechos y la radicalidad de la imposición de un nuevo modelo político y económico en medio de un contexto represivo, impactaron en la sociedad civil chilena generando un trauma a nivel colectivo (Castillo y Lira, 1993; García, 2006; Iglesias, 2005; Kovalskys, 2006; Lechner, 2002; Páez et al., 1997; Piper Shafir, 2005; Stern, 2009; Vergara y Tocornal, 1998). Esto, pues independiente de la manera en que dichas situaciones hayan sido vivenciadas (con mayor o menor intensidad), procesadas o elaboradas por distintos individuos, fueron experimentados de una u otra manera por la totalidad de la sociedad chilena.
49Asimismo y tal como se ha expuesto hasta este punto, el trauma colectivo instalado en la memoria de las personas no sólo tiene implicancias que van más allá de las víctimas directas de la represión, sino que de la misma manera, sus efectos, secuelas y legado perduran más allá del período dictatorial o al cese de la amenaza directa para incidir luego en el proceso político, el comportamiento de los actores sociales y en las formas de participación posteriores al régimen (Agger y Jensen, 1996; Barbera, 2008, 2009; Faúndez y Cornejo, 2010; Genevieve, 2004; ILAS, 1989; Kovalskys, 2006; Lira, 2011; Lira et al., 2001; Manzi et al., 2003; Martín-Baró, 1989; Munczek, 2007; Roniger y Sznajder, 1999; Salimovich et al., 1992; Scapusio, 2006; Vergara y Tocornal, 1998). Como señalan Páez et al., “los impactos directos de las catástrofes sociopolíticas sobre las víctimas no son los únicos, ni los más importantes desde el punto de vista psicosocial (…) se tortura o mata decenas o centenas para paralizar y disgregar a cientos o miles”, lo que a la larga afecta la visión general de la sociedad, su clima social, sus instituciones y su futuro (2001: 104). Con ello, las consecuencias o dimensiones del trauma instalado en la sociedad chilena hacia finales de la década del ochenta, sus elementos constitutivos, así como la manera en que estos se entremezclan, juegan un rol fundamental en el análisis de las dinámicas sociales en la redemocratización chilena.
50En un análisis centrado en el silencio de la elites y su deseo de evitar el conflicto durante la redemocratización chilena, Hite (2007: 4) sostiene que
ha habido una subestimación de los efectos del trauma como explicación de los silencios de la elite pública durante la década de 1990 con respecto a las tres décadas y media pasadas. Los recuerdos traumáticos evocan momentos de resistencia y sacrificio y también generan profundos sentimientos de culpa y derrota, impotencia y temor. A su vez, esos sentimientos contribuyen a acentuar el deseo de evitar el conflicto y, por lo tanto, son una causa de los silencios públicos relacionados con los enfrentamientos y el dolor del pasado.
51Junto a esta idea,18 es posible agregar que no sólo ha habido una subestimación del impacto del trauma a nivel de las elites, sino también a nivel de la sociedad civil, en las dinámicas culturales, en los silencios y olvidos, en la desarticulación social y, con ello, en los mecanismos de participación y activación social. Al respecto, la autora agrega que en gran parte de la sociedad, la brutalidad del régimen de Pinochet “instiló temores arraigados y duraderos con respecto a la seguridad individual, las identidades colectivas y la participación en la esfera pública” (2007: 9).
52Es importante en este punto destacar que muy a pesar del panorama descrito hasta acá, es decir, una sociedad expuesta a una fuerte represión tanto directa como indirecta, a una guerra psicológica y a un miedo generalizado, durante la dictadura militar de Pinochet se produce un fuerte y vigoroso ciclo de movilizaciones ciudadanas, se constituye una extensa red de solidaridad en el mundo poblacional y un macizo movimiento de defensa de los derechos humanos, especialmente en la década del ochenta. Este tipo de “acción colectiva de alto riesgo” (Loveman, 1998) vino a desafiar y hacer frente al peligro e incluso a la muerte, lo que permite enarbolar una gruesa afirmación: en el momento en que el trauma colectivo se estaba produciendo, la sociedad civil reaccionó a través de la organización y la movilización social como herramienta de presión política. Como explica esta autora, este fenómeno se vuelve en cierta forma paradójico dado que frente a episodios de represión estatal la expectativa pasaría más bien por una desmovilización generalizada y una retracción social, lo que resultó cierto sólo para la primera etapa del régimen (1973-1982). A partir de los años ochenta, sin embargo, una acción colectiva sostenida se manifestó pese y desafiando a la represión y a las condiciones de violencia dictatorial.
53Al vincular esta observación con el fenómeno traumático, es posible afirmar que en el sujeto, ya sea un sujeto individual o colectivo, una acción o reacción en forma de defensa se produce de manera instintiva o primaria en el momento en que la experiencia traumática está teniendo lugar, actuando como un mecanismo de defensa que permite hacer frente a las amenazas y asegurar la supervivencia. En el caso chileno, en tanto, dicha reacción a nivel societal tomó en diversos grupos la forma específica de organización y protesta, acciones colectivas de alto riesgo que buscaron oponerse e intentar una salida a un contexto opresivo y asfixiante. Por ello, el destacar las características o elementos del trauma que se instala en la sociedad chilena como se ha hecho hasta este punto, sólo tiene sentido en la medida que permite entender o explicar los fenómenos que ocurren una vez que el trauma ha cesado y se ha dado espacio para su elaboración - y eventual superación - como ocurrió en el proceso de retorno democrático en el Chile de los noventa. Son, por tanto, las consecuencias de este trauma o la experiencia posterior al mismo las que se vuelven relevantes en el contexto de este trabajo, pues la tesis que acá se plantea es que mientras la experiencia traumática facilitó la activación de un ciclo de movilizaciones sociales, fue la experiencia post-traumática la que la desactivó dicho ciclo transformándolo en retracción, apatía y desmovilización hacia el fin de la dictadura.
54La violencia cotidiana y la violación sistemática de los derechos humanos derivaron en un sentimiento de amenaza permanente y, con ello, en la estructuración de defensas psicológicas para enfrentarla. Para Almarza (1994), los mecanismos de defensa luego de una experiencia traumática van desde la negación de los hechos, al silencio, el olvido, la desconfianza crónica y la aversión al conflicto. En el contexto de este trabajo, se afirma que el trauma colectivo instalado en Chile a la llegada de la democracia, así como las reacciones sociales frente al mismo, impactaron generando desmovilización y retracción social durante el período.
55En las secciones previas se exponen los elementos del trauma que tuvieron implicancias transversales en la sociedad chilena y que entregan las primeras pistas para entender el fenómeno de la desmovilización. En este apartado se persigue analizar de forma específica lo que ocurrió con la sociedad civil y sus movimientos sociales a partir de 1990 como consecuencia del post-trauma colectivo. Para ello, se plantea que la presencia de un post-trauma a nivel social aportó a la desmovilización de la sociedad civil a través de tres grandes dimensiones o consecuencias que fueron viabilizando un clima de silencio, olvido, desarticulación y repliegue ciudadano. Dichas consecuencias se relacionan con reacciones o con dinámicas inherentes a la sociedad civil, pero que fueron de alguna manera utilizadas, promovidas o potenciadas por la dirigencia política y el contexto institucional en que éstas tuvieron lugar.19 De forma concreta, se argumenta que esta desmovilización o fase de subsidencia se produce a través de los mecanismos de supervivencia y reacción al trauma colectivo; por la influencia de la desconfianza, la desarticulación y la deslegitimación de la organización social y; finalmente, como efecto de la transmisión social, re-traumatización o cronificación del trauma. Esto, pues tal como explica Barbera (2008: 70) “dado que los humanos son seres sociales, el trauma puede ser entendido no sólo como un ataque a la persona individual, sino como una agresión a los vínculos y conexiones entre las personas y los patrones de relación mediante los cuales las personas se definen a sí mismas” lo que tendrá “claras implicancias para el involucramiento comunitario”.
2.2.1 Silencio, negación y olvido como reacción al trauma colectivo
56Desde la psicología se ha observado que luego de una experiencia traumática surgen mecanismos de procesamiento y reacción como estrategias instintivas para enfrentar las consecuencias del trauma sobre el individuo. A partir de esta idea, ciertos autores han reflexionado sobre los efectos psicosociales de las dictaduras militares en el cono sur, sugiriendo que la represión política constituye un trauma tanto para las víctimas directas como para la nación y que, por lo tanto, las reacciones, el duelo o las formas de enfrentar el trauma podrán esperarse en ambos niveles (Vergara y Tocornal, 1998). Como señalan Páez et al. (1997), la memoria colectiva posee una naturaleza normativa que se centra en defender la identidad social y, por ello, una respuesta común y una estrategia efectiva para sobrellevar eventos pasados de carácter traumático son el silencio, el olvido y la inhibición. En otras palabras, un grupo social despliega un olvido informal como una manera de proteger los valores grupales y la auto-imagen.
57Freud (1931) advirtió que las experiencias traumáticas tienden a derivar en el olvido cuando los pueblos no son capaces de procesar los aspectos ominosos de su propia historia. Autores que han observado el trauma colectivo en otras realidades plantean que las consecuencias de eventos de violencia política se traducen en evitación a través de la negación o el olvido (Bettelheim, 1943; Martín-Baró, 1990). El silencio también ha sido sindicado como un elemento reactivo al trauma colectivo por autores como Danieli (1998b), quien incluso ha utilizado el concepto “conspiración del silencio” para describir una reacción societal generalizada consistente en indiferencia, evitación, represión y negación de las experiencias traumáticas. La autora explica que luego de la segunda guerra mundial, muchas de las verdades, los hechos y los testimonios resultaron ser demasiado impactantes y difíciles de creer o escuchar para extensos grupos sociales quienes reaccionaron ignorándolos o negándolos. Al respecto y a propósito del caso chileno, Genevieve (2004) presenta el término “psychic numbing” para describir un mecanismo de defensa útil de prevención del agobio o incluso de la destrucción del individuo por imágenes terribles o inimaginables que debe confrontar luego de eventos catastróficos.20 En esta línea, existe evidencia empírica que sugiere que luego de experiencias traumáticas a nivel social, se tienden a generar ciclos de “amnesia colectiva” caracterizados por silencio o aversión a elaborar narrativas respecto al pasado (Pennebaker y Banasik, 1997).
58Para Becker y Díaz (1998), detrás de la explicación de la falta de participación política y social en el Chile post-dictatorial, se encuentra la internalización de las amenazas políticas, el miedo y mecanismos de autorepresión y auto-censura que desatan un estado generalizado de alienación social. Como complemento a esta idea, Paéz et al. (2001) señalan que los traumas sociopolíticos y los estados prolongados de represión se traducen en climas emocionales de miedo, ansiedad e inseguridad, así como en la inhibición de conductas de afrontamiento, en aislamiento social y descohesión grupal. Asimismo, se ha advertido sobre una amnesia colectiva en los procesos de transitología en que la posibilidad de reconciliación se vuelve dificultosa (Aguilar, 2002). En este sentido, el chileno ha sido definido como un retorno democrático caracterizado por una “hiper-amnesia” (Gaudichaud y Breña, 2009: 69) y, dado que, tal como se desarrollara en el primer capítulo, la memoria es un componente esencial de la identidad grupal y ésta de la acción colectiva, al no existir memoria se limita dramáticamente la posibilidad de acción en este nivel.
59Lo conflictivo del pasado y la tendencia a no confrontar las experiencias traumáticas imposibilitó la capacidad de confluir en una verdad o versión oficial sobre los hechos o la distinción entre víctimas y victimarios, lo que contribuyó al silencio y a la necesidad de olvido en una recuperación democrática caracterizada por una memoria silenciosa (Lechner, 2002) o de caja cerrada (Stern, 2009).21 Este tipo de memoria, que Stern también ha definido como una “memoria indiferente” (2009: 127), sugiere que frente a un pasado difícil, controversial y divisorio, la mejor opción es el olvido. Dicha memoria está marcada por el traumatismo, pero adopta una conducta pragmática o realista dado que, independiente de las vivencias y versiones de lo ocurrido, el traer los quiebres y los hechos del pasado es considerado una maniobra problemática, desestabilizadora o incluso peligrosa para el presente, el futuro, la reconstrucción social y la paz psicológica a nivel individual y colectiva. En este sentido, “la memoria como olvido no es como una amnesia involuntaria (…) se trata, más bien, de pegarse a una especie de amnesia voluntaria, una voluntad más o menos consciente de poner al lado ciertos recuerdos tachados como insuperables y peligrosos” (Stern, 2000: 7). Tras esta memoria se pueden articular un conjunto de personas y perspectivas heterogéneas en términos del marco de significación de sus memorias sueltas o personales y, por ello, se plantea aquí que este tipo de memoria predominó durante la reconstrucción democrática influyendo fuertemente en la desactivación social del período. Como indica Gloria Cruz, profesional del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS),22
El tema del silencio en la sociedad es muy fundamental y, si bien, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que haya habido avances y comparativamente se ha avanzado más que en otros lugares, ha sido muy lento y con penas muy silenciosas. En la Comisión Valech apareció todo esto de la represión sexual de las mujeres con mucha fuerza en términos de contenido, o sea, apareció mucha mujer que no había hablado nunca ni con su marido ni con sus hijos y que cuando apareció esta posibilidad de ir a decir que habían estado detenidas empezaron ahí a “acordarse” que habían sido violadas. O sea, esta necesidad de silenciar el horror, acompañado de una sociedad que trata de decir reconciliémonos y cuenta nueva, mantenía lo encapsulado, y lo encapsulado es siempre lo peor, el dolor encapsulado es como una bombita que va creciendo pero que no tiene para donde escapar y que es muy desmovilizador, desmovilizador del alma y por lo tanto también de las acciones (comunicación personal, 17 de diciembre de 2014).
60Estas respuestas o formas de enfrentar el trauma son comúnmente observadas en casos tanto individuales como sociales. Sin embargo, junto con constituirse en un mecanismo generalizado de la sociedad civil, el silencio, el olvido y la evasión se ven potenciados en el caso de la transitología chilena cuando toman la forma concreta de políticas y mandatos de Estado. En este sentido, el acto de olvidar, el silencio y la tendencia casi obsesiva a mirar hacia el futuro como respuesta al trauma social, responden tanto a un proceso selectivo necesario para la supervivencia, como al producto de una voluntad política e ideológica (Jelin, 2003; Páez et al., 2001).
61Luego de rupturas institucionales y eventos sociopolíticos de carácter traumático, se ha observado en Chile una política estatal deliberada para promover la reconciliación nacional a través del olvido de la violencia de Estado (Loveman y Lira, 2000, 2002). Así, en la dirigencia política del Chile post-dictadura primó un “pacto de silencio” (Hite, 2007: 8), la idea de la amnesia como política terapéutica, una referencia implícita y explícita al olvido y el perdón como ingredientes de la reconciliación, mientras que la memoria del pasado traumático fue considerada fuente y detonador de fragmentación social (Arias y Del Campo, 2009; Kovalskys, 2006; Lira, 2011). La forma de elaborar el trauma a nivel colectivo no depende sólo de la sociedad misma sino también y fuertemente de la capacidad que tenga el Estado de reconocer y subsanar el trauma a través de la verdad, la justicia y las correspondientes medidas de reparación (Sharim et al., 2011). Cuando estas medidas no tienen lugar, el trauma colectivo se invisibiliza, pero sigue actuando en la sociedad de manera latente.
62El primer gobierno democrático creó en 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación con el fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El 8 de febrero de 1991, la Comisión entregó el Informe que estableció que un total de 2.279 personas perdieron la vida en este período, además de proponer una serie de medidas compensatorias para los familiares de las víctimas. Con ello, hubo un intento significativo por exponer los hechos e instalar el tema de la violencia política en la agenda pública.23 Sin embargo y tal como lo señala Ricardo Brodsky, Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos:
El Gobierno de Aylwin trabajó con un paradigma que era la verdad y el perdón, y trató de saltarse la justicia. Y el gobierno de Frei profundizó mucho más eso, y efectivamente yo creo que el Gobierno de Frei trató de silenciar. De hecho, Frei nunca recibió a los familiares de los detenidos-desaparecidos, por ejemplo, le pidió al Consejo de Defensa del Estado que no siguiera el juicio a Pinochet por el tema de los cheques, o sea, el buscó activamente una política de superación sobre la base del silencio (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).
63Como indica Stern (2000), especialmente con la transición al gobierno de Eduardo Frei Ruíz-Tagle, “se va cerrando la caja de la memoria” frente a problemas políticos y culturales que parecen imposible de superar, transitando “poco a poco, a la memoria como una caja casi-cerrada y a una situación paradójica. Desde el Estado, se trata de reglamentar cuándo y cómo se abrirá esta caja casi-cerrada, cuya peligrosidad parece exigir cada vez más la prudencia y el control desde arriba”. Este paradigma estatal, basado en la distinción weberiana de la ética de la responsabilidad por sobre la ética de las convicciones, incluye de esta manera la evasión de la justicia y una impunidad tácita hacia los responsables de los delitos de violencia política. Siendo especialmente cierto en la primera etapa de la transición donde el riesgo de una regresión autoritaria era una amenaza constante, la perspectiva de moderación, responsabilidad y consenso propuesta por las elites es transmitida y compartida por la sociedad civil tal como se observa en la figura 2.2.
Figura 2.2. Cuán de acuerdo está con la postura del Gobierno de Patricio Aylwin de hacer justicia ‘en la medida de lo posible’, 1999.

Fuente: Elaborado en base a datos de Centro de Estudios Públicos (1999).
64Aun cuando y según la misma encuesta del año 1999, un 69 % de los chilenos pensaba que Pinochet debía ser sometido a juicio, esta opción mayoritaria se reducía si dicho juicio implicaría poner en riesgo la paz y la democracia o generar polarización y confrontación en el país.
Figura 2.3. Si el juicio implicara poner en peligro la paz y democracia en Chile, ¿usted cree que se debe someter a juicio a Augusto Pinochet?

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Fuente: Elaborado en base a datos de Centro de Estudios Públicos (1999)
65La visión traumática producto de la polarización y la confrontación que dominó la transición chilena, llevó la necesidad de consenso – “la etapa superior del olvido” (Moulian, 2002: 37) - al paroxismo. Aun cuando, como señala Garretón (1993), el conflicto es una parte esencial de la vida social y el rol de las instituciones es propiciar su adecuada canalización, otro de los efectos del trauma colectivo en Chile fue la inducción a una patologización del conflicto y a la utilización del consenso como un mecanismo permanente. A nivel social, esto implicó el no debatir temas que pudieran dar espacio a dicha confrontación, que van desde la interpretación del pasado hasta demandas sociales que implicaran una interpelación o un enfrentamiento con el Estado. Tal como agrega Ricardo Brodsky:
La sociedad chilena sufrió un trauma en su conjunto, obviamente hay una parte de la sociedad que es la parte de las víctimas y de sus cercanos, su mundo político, que es el que sufrió más directamente, pero es toda la sociedad chilena la que sufrió el conflicto, es la que sufrió la fractura y esa fue una fractura que dividió profundamente a toda la familia chilena y, por lo tanto, hay un trauma. Yo creo que ese trauma está presente, hay un miedo al conflicto, a que las cosas “se salgan de madre”, hay un miedo y un rechazo a la violencia muy fuerte en la sociedad chilena, eso estuvo presente durante toda la transición y sigue estando presente (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).
Figura 2.4. Si el juicio implicara generar un clima de polarización y confrontación en el país, ¿usted cree que se debe someter a juicio a Augusto Pinochet?

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Fuente: Elaborado en base a datos de Centro de Estudios Públicos (1999)
66Hacia finales de la década del noventa, Moulian (2002) sugería que un elemento fundamental del Chile de la redemocratización fue la compulsión al olvido. Frente a un pasado divisorio, una realidad difícil de definir y comunicar, la falta de acuerdo para definir los hechos (golpe versus pronunciamiento, gobierno militar versus dictadura, etc.), se produjo una negación socialmente determinada que, si bien, se genera a nivel individual y particular, proviene de resonancias de experiencias colectivas. El olvido en este contexto, señala el autor, es vivido como un descanso, una tregua después de tantos años de incertidumbre, mientras reinstalar el tema parece un sin sentido cuando éste divide, produce hastío y dolor en personas sobresaturadas. De igual forma, el consenso apareció como el resultante de un conjunto social atemorizado “donde la simulación de acuerdos es una condición de sobrevivencia en un mundo de divisiones reales, vivas, activas” y, donde ya existe una sociedad traumada, el miedo y el temor fueron raíces del olvido y la desmovilización (Moulian, 2002: 39). Así, y dada la dificultad de manejar el pasado y enfrentar los conflictos del presente, a lo que es posible agregar cuotas de cansancio y desgate propios de períodos prolongados de confrontación, la acción política en Chile se vio volcada hacia el consenso y hacia el futuro que
más que un consenso en torno a un futuro compartido es un miedo compartido a revivir los conflictos pasados (…) La gente no encuentra en el ámbito político las representaciones simbólicas que pudieran servirle de espejo para dar nombre al pasado y con ello apropiarse de él. A falta de palabras y símbolos para dar cuenta del pasado, ella opta por el silencio (…) El silencio no equivale a un olvido. El pasado está presente, aunque callado. No habla, no tiene palabra. Se trataría, en el fondo, de memorias colectivas que no logran reflexionar y nombrar los procesos en marcha (Lechner & Güell, 1998, pp. 6–12).
67Gloria Cruz agrega que el post-trauma en la sociedad chilena se expresó de distintas maneras,
uno, tiene que ver con el temor natural a no querer mover las cosas para que no se vaya a “quebrar la loza” (…) había toda una ideología de “no nos movamos mucho porque esto se puede quebrar”, eso fue una cosa que estuvo muy presente. Después lo otro es que hubo un cansancio, un cansancio natural de muchos dirigentes que sostuvieron una lucha con mucho costo de distinto tipo y, de alguna manera, ya no quisieron más. Y otra cosa es el miedo, el miedo personal, el miedo a que esto vuelva a pasar (comunicación personal, 17 de diciembre de 2014).
68De esta manera, el “silencio transicional” (Olavarría, 2003) a nivel de la sociedad civil puede ser entendido como un condicionante y sustancia de la desactivación social. La experiencia traumática es obstáculo para una eventual actividad movilizadora en un contexto donde se evita procesar y elaborar el pasado, donde se promueve el silencio y el olvido tanto a nivel social como desde las políticas de Estado, generándose un déficit de discurso común, de verdad compartida, identidad colectiva y, con ello, de movilización.
2.2.2 La imposibilidad de la organización: desconfianza, desarticulación y deslegitimación
69Los movimientos sociales vieron afectada su orgánica producto de las medidas represivas directas de la dictadura con foco en las organizaciones, tales como el exilio, la relegación, la infiltración, la prohibición de reunión, así como de las medidas indirectas como la deslegitimación de la protesta y del ejercicio de la política.
70En otras palabras, producto de la represión dictatorial se produce una desarticulación social y, más tarde, la imposibilidad de reconstruir dicho tejido en un contexto de desconfianza y deslegitimación del ejercicio de la política.
71Luego del golpe militar de 1973, los grandes movimientos sociales, sindicatos, organizaciones, grupos de pobladores, obreros, campesinos, estudiantes y la gran mayoría de las diversas formas del quehacer colectivo, fueron descabezados y desintegrados, generándose una despolitización de la sociedad a través de la eliminación de la fuerza colectiva constituida en las décadas anteriores (De la Maza, 2003; Garcés y Valdés, 1999). Lo anterior, pues el miedo prolongado y la eliminación de los espacios seguros de reunión y solidaridad se tradujo en una marca de temor, incertidumbre, inseguridad y desconfianza que se materializó en las relaciones sociales (Corradi et al., 1992; Koonings y Kruijt, 1999). La inseguridad y el miedo jugó así un rol en los intentos de actuar colectivamente.24 Luis Melián, ex dirigente de pescadores artesanales de Aysén25 indica: “todos los dirigentes se fueron para la casa cuando volvió la democracia porque pensaban que podía venir un nuevo golpe, muchos tenían miedo, eso fue así” (comunicación personal, 20 de noviembre de 2014). Para Lechner y Güell (1998), la herencia de temor hacia los otros facilitó la retracción de los individuos a la seguridad del hogar limitando la memoria social a la historia familiar.
72Como lo ha analizado Barbera (2008, 2009: 74) en sus trabajos, el impacto de la dictadura militar fue el “desmantelamiento” de las organizaciones y movimientos a través de acciones represivas concretas como la tortura, la relegación y el amedrentamiento. El resultado de estas operaciones fue una profunda la ruptura de códigos sociales, desconfianza y aprensión respecto a la participación social, la pérdida de la identidad grupal y el profundo menoscabo de las organizaciones sociales y la acción colectiva, que a principios de la década del noventa fue prácticamente inexistente en las esferas del movimiento estudiantil, de trabajadores, regionalistas y de derechos humanos. Tal como señala Manuel Cancino, ex Presidente de la CUT El Loa,
a partir de los años noventa con la vuelta a la democracia nos encontramos con un movimiento social y en particular el movimiento de los trabajadores prácticamente desarticulado (…) en ese minuto [durante la dictadura] había tres o cuatro sindicatos de Chuquicamata, que eran los sindicatos históricos en Chuqui, que eran los que se llevaron el peso de la organización y las protestas en contra de la dictadura y producto de ello hubo trabajadores que fueron relegados, exonerados. El año 1988, para el plebiscito, la gran movilización que se hizo aquí fue convocada por los sindicatos del cobre (…) pero con el advenimiento de los gobiernos de la Concertación se produce dentro de los trabajadores del cobre como una suerte de baja en su lucha social (…) ahí lo que se viene entonces es un proceso de organizar a los trabajadores, en ese minuto deben haber habido unos 13 mil trabajadores de CODELCO y unos 23 o 25 mil trabajadores contratistas que no estaban organizados (…) ahí se inició este proceso de organización que duró aproximadamente 5 años y en paralelo aquí en Calama no habían otras expresiones de lucha social poblacional, de los estudiantes o de trabajadores de otros sectores, no había (comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).26
73Asimismo, durante el régimen militar se produce un disciplinamiento social con un correlato en las organizaciones. En paralelo al desmantelamiento de las organizaciones y movimientos reivindicativos, las instituciones intermedias como juntas de vecinos, centros de madres, organizaciones deportivas y de voluntariado femenino fueron promovidas. Si bien dichas organizaciones existían en décadas anteriores, desde entonces dejan de ser actores de una sociedad diversificada para convertirse más bien en proyecciones o representaciones del Estado en la sociedad civil (Isla Monsalve, 2012). El problema de la reorganización de los actores sociales a partir de la transición es, para Bastias (2010), uno de los grandes factores esclaratorios tras la desmovilización del período cuando a partir de 1990 actores como la Iglesia, los sindicatos, los partidos políticos y las organizaciones sociales ven alterada la relación que hasta entonces habían establecido. Para Garcés (2004a), la dictadura militar representó la mayor operación represiva y disciplinadora de la historia chilena del siglo XX, afectando especialmente a los movimientos sociales tradicionales que, si bien lograron rearticularse durante la etapa autoritaria, no lograron proyectase políticamente ni elevar sus demandas y aprendizajes durante la transición. Este es el caso de las organizaciones de defensa de derechos humanos quienes, habiendo articulado organización social en medio del apogeo de la represión autoritaria, no sólo se ven en la obligación de replantear su agenda y sus objetivos al retornada la democracia, sino que muchas de ellas vieron desarticuladas las redes institucionales más amplias a las que hasta entonces pertenecían - Iglesia y ONGs transnacionales - que les proveían apoyo, financiamiento y legitimidad.
74De igual manera, las reformas legales y el ejercicio de la represión incentivaron la atomización de las organizaciones sociales populares. Las esferas de conflicto social son privatizadas a través de los procesos de descentralización y transferencia, las reformas de salud, previsión, educación y legislación laboral o a través del control e intervención gubernamental directo o indirecto de dichas organizaciones (De la Maza, 2003).27 Tal como agrega Manuel Cancino, “el año 1991 se constituye el primer sindicato de trabajadores contratistas y posteriormente comienzan a organizarse otros, pero dada las características de los contratos de CODELCO, eran sindicatos que nacían y morían cuando las empresas contratistas perdían los proyectos”. Como señala Barbera (2009), el régimen militar destruyó los lazos comunitarios en la sociedad chilena cuando la satisfacción de necesidades y servicios sociales fueron traspasadas directamente a los individuos, las relaciones se instrumentalizaron mientras los hábitos de solidaridad y acción colectiva se fueron desvaneciendo.
75La desconfianza y la desarticulación de las organizaciones y movimientos sociales se dan en paralelo a una deslegitimación del ejercicio de la política. Los mensajes traspasados hacia la ciudadanía durante el régimen dictatorial contenían implícita y explícitamente la idea de que la acción colectiva, fuertemente arraigada en la cultura chilena hasta ese entonces, representaba una fuente de conflicto, desorden y desestabilización. Al retorno democrático, a la desconfianza hacia la acción colectiva se suma la deslegitimidad y el descrédito hacia la actividad política que se traduce en un cuadro general de despolitización de la sociedad (Garcés y Rodríguez, 2004).
76Otra fuente de desmovilización post-dictatorial la constituyeron el cansancio, el abatimiento y la percibida derrota de la estrategia movilizadora. Durante la dictadura y en las jornadas de protesta nacional, la movilización fue considerada como una herramienta válida como estrategia de acción y presión política. Hacia el fin de la década de los ochenta, sin embargo, se comienza instalar un imaginario colectivo respecto al fracaso de la movilización social como acción política en desmedro de la negociación elitista y la estrategia electoral como vías de escape a la dictadura. Se concluye que dicho repertorio de acción colectiva no había sido suficiente ni logrado derrocar al régimen de Pinochet al mismo tiempo que comienza a perder legitimidad para quedar luego desestimada. Esto, desde de la visión de los propios activistas e integrantes de movimientos y especialmente a partir de 1986, en lo que puede ser considerado como el ‘trauma de la derrota’ del movimiento social.28 Rodrigo Rocco dirigente de la FECH 1996-1997 señala,
Había mucha dificultad para armar algo, era algo que se veía en la gente, yo recuerdo a militantes o luchadores contra la dictadura que el año 90, 91 te decían: esto no vale la pena, vámonos pa la casa, qué vamos a estar armando centros de alumnos, chao... entonces eso, que se veía en las poblaciones también muy fuerte, yo trabajé harto tiempo a nivel territorial y armar una actividad en el mundo poblacional en esos años era toda una proeza porque no había ánimo, había poco espacio para eso (…) había miedo, cansancio, sentimientos de frustración (comunicación personal, 13 de enero de 2015).
77Así y para Roberts (1998: 161), la desmovilización en Chile debe ser rastrada a la derrota política de los movimientos sociales y de protesta de mediados de los ochenta, “una derrota que determinó el carácter pactado de la transición al régimen de Chile, selló en el “código genético” del nuevo régimen civil, y consolidó la revolución socioeconómica impuesta por la dictadura”. De igual manera, Oxhorn (1995) señala que luego del período 1983-1986, las movilizaciones cesaron por cansancio o abatimiento dado que los movimientos carecían de recursos para concretar la gran tarea de derrotar al régimen militar que le había asignada por todos los actores políticos de la oposición. Asimismo, los líderes de los movimientos sociales no tuvieron objetivos intermedios ni idearon una estrategia de transición, lo que terminó por excluirlos de tal proceso e imprimir un sello de derrota sobre la acción colectiva. Los movimientos tuvieron así dificultades para preservar su identidad, liderazgo y establecer alianzas, todos elementos constitutivos de los movimientos sociales activos, como se dijo en el primer capítulo de este trabajo.
78Ligado a la tesis de la derrota y aprendizaje de los movimientos sociales, se vuelve necesario regresar al proceso experimentado por las bases militantes de los partidos políticos y la manera en que dichos sectores vivenciaron la transición y redemocratización a principios de los noventa. El Partido Socialista y, especialmente, el Partido Comunista, que contaban con un nexo y una amplia base a nivel de las organizaciones sociales, sufrieron un importante proceso de renovación ideológica durante la década del ochenta. Los comunistas evolucionan desde una posición más moderada hacia una más radical hacia el final de la dictadura, mientras que los socialistas transitan desde la insurrección hacia la moderación, en una estrategia general en que se consolidó la participación electoralista en desmedro de la participación a través de métodos como la protesta o la movilización.
79Estos procesos de aprendizaje y renovación política a nivel de las elites, que son abordados en extenso en el próximo capítulo, fueron experimentados especialmente por las cúpulas partidistas, quienes pudieron documentar y tuvieron tribuna pública para manifestar sus procesos de cambio y sus posiciones políticas, mientras los cambios o tendencias a nivel de los militantes de estos partidos no han sido igualmente expuestos (Roberts, 1998). Para el autor, la perspectiva de las bases partidistas es fundamental en la medida que los partidos políticos en Chile han representado tradicionalmente mucho más que una cultura de votantes - a lo que es posible agregar que han actuado como importantes agentes movilizadores de la sociedad civil - transformándose en verdaderas subculturas políticas donde identidades colectivas son creadas y recreadas, así como transmitidas de una generación a otra. En este sentido, las tradiciones y las prácticas políticas ligadas a la identidad colectiva de un partido no son fácilmente modificables, incluso cuando las elites y la dirigencia de los mismos estén firmemente comprometidas con los cambios. De esta forma, los procesos vividos a nivel de las bases partidistas se vuelven relevantes en el marco de este trabajo dado que fue dicho segmento, fundido dentro de las redes sociales de pobladores, estudiantes y trabajadores, el que jugó un rol clave en el liderazgo y organización de la fuerza opositora al régimen militar en la década del ochenta. Las transformaciones experimentadas a este nivel resultan significativas, por tanto, para entender la desmovilización post-dictatorial.
80Para Oxhorn (1994b), la confusión entre los sectores populares contribuyó mayormente a su subordinación a los requerimientos de la transición y la pérdida de su autonomía respecto a los partidos políticos. Esto, pues la política electoral resultó una experiencia nueva para muchos de los líderes de organizaciones,29 no habían precedentes de participación política autónoma en los procesos democráticos del país y el movimiento de protesta en el que dichas organizaciones se involucraran a principios de los ochenta era ahora considerado un fracaso. En este contexto, los líderes de las organizaciones populares no estuvieron en condiciones de innovar formas alternativas de participación política en un cuadro dominado además por los partidos políticos. La confusión se vio agravada por los errores tácticos del partido comunista quienes luego de apoyar vigorosamente al movimiento social de protesta, avalar operaciones paramilitares contra el régimen y la vía insurrecional para poner fin a la dictadura, súbitamente anuncia su adhesión a la estrategia electoral y a la campaña del No a pesar de que no se integraría a ella. Frente a la ambigüedad de la posición del Partido Comunista dentro de la oposición, un segmento significativo de sectores populares ligados al partido no supo cómo actuar en un presente y futuro ahora inciertos.
81En este sentido, señala Roberts, los cambio padecidos por la elites así como las transformaciones nacionales y globales que afectaron a la ideologías socialistas y comunistas a finales de los ochenta y principios de los noventa,30 fueron hechos turbulentos para los militantes de los partidos de oposición a la dictadura y sus reacciones pueden ser agrupadas en torno a tendencias o síndromes. El primero, ligado a la confusión ya planteada, se refiere a la desorientación en el sentido de la anomia social que acompaña los quiebres de las identidades colectivas tradicionales a un partido y la inhabilidad de construir o aceptar nuevos sistemas identitarios, de creencias y nuevos roles políticos. Al haber perdido su sentido de domicilio o pertenencia política, estos militantes se mostraron desconfiados y rechazaron todo tipo de proyectos colectivos, fenómeno muy ligado al trauma de la derrota. Una segunda tendencia fue el fundamentalismo, culpando a factores externos por la derrota política, haciéndolos defender la validez del cuerpo de creencias de la tradición marxista. Este tipo de militantes, indica Roberts, rechazaron los intentos reformistas o de renovación política al considerarlos como una traición a la ideología del partido. Una tercera tendencia fue la lealtad organizacional, esto es, militantes cuya prioridad fue la fidelidad hacia el partido más que hacia un determinado edificio ideológico siendo, por tanto, los más proclives a seguir y apoyar los cambios iniciados por las elites del partido. Otra tendencia fue la de la renovación, es decir, militantes que presentaron una postura compleja y flexible entre el cambio y la continuidad de sus orientaciones políticas, fueron agentes de cambio, pero en resistencia a transformaciones dramáticas en la identidad tradicional del partido. Finalmente, los militantes pragmáticos fueron aquellos que, al haber abandonado la idea de las trasformaciones radicales, tendieron hacia objetivos como el éxito electoral, enfatizando en el realismo y la acción política volcada al acceso al gobierno más que en los cambios profundos al sistema.
82Excepto por la tendencia fundamentalista, que podría haber redundado en actores políticamente activos o que se embarcaran en una oposición vigorosa, firme y movilizada frente a los gobiernos de la Concertación dada la ‘traición’ percibida, el resto de las posturas - ya sea por desorientación como por lealtad organizacional, renovación o pragmatismo - facilitaron un estado de anomia social y de despolitización: la anomia, derivada de la confusión frente a nuevas ideologías o sistemas de creencias con una consecuente retracción de la esfera pública, y la despolitización originada en el acople a las tendencias pragmáticas de las elites partidistas al iniciada la redemocratización. De cualquier manera, a principios de los años noventa, y aun cuando militantes del partido comunista se resistieron a abandonar la vía insurreccional y los del partido socialista se mostraron en favor de los mecanismos de consenso y contrarios a actividades desestabilizadoras, los militantes de ambos partidos apoyaban el proceso de democratización y la incorporación de sus partidos en el nuevo juego institucional (Roberts, 1998). La tendencia despolitizante, alejada de las grandes utopías movilizadoras, basadas en el pragmatismo político y el triunfo de la participación electoralista versus la participación en movimientos sociales dominaron de esta manera el escenario social de la redemocratización.
83Desde el mundo estudiantil, Manuel Inostroza dirigente de la primera FECH una vez recuperada la democracia, señala que las dinámicas de esta organización de estudiantes en la redemocratización deben ser rastreadas a lo ocurrido hacia finales de los ochenta, donde aún en esos años se confiaba en la estrategia de la movilización social para derrocar al régimen:
Para nosotros el 86 era el año decisivo, el año en que echábamos a Pinochet producto de la movilización social y de una sociedad que se iba a sumar a un ambiente de efervescencia y protesta (…) y eso no ocurrió. Entonces a partir de esa fecha se empieza a perfilar una estrategia política distinta, que es la político-electoral, meterse en institucionalidad y derrotarlo en el plebiscito del 88. Esos años ya empiezan a ser los primeros períodos de desmovilización en términos que la estrategia de agitación social, queda atrás para movilizarnos para el plebiscito (…) en la FECH había mucha división y, por cierto, que había más fuerzas políticas aparte del MDP [Movimiento Democrático Popular], del PS Almeydista, el partido comunista para qué hablar, que para nada estaban de acuerdo con la estrategia electoral y lo manifestaban claramente. Pero el eje democratacristiano, el PS más renovado, el PS de Nuñez, varias facciones más renovadas que también adhieren a la estrategia político-electoral y se impone a la del MDP (…) desde entonces se legitima el triunfo de la estrategia electoral y toda la FECH se movilizó para llamar a votar No (…) ya con ese leitmotiv, la FECH orienta todo su capital social en tareas político electorales con lo cual muchos estudiantes empiezan a ver una suerte de instrumentalización de la Federación (…) y empieza a caer en un descrédito de baja participación de poca representación, desmovilizadas de la estrategia anterior (comunicación personal, 11 de noviembre de 2014).
84El ex dirigente señala que es ese contexto de desmovilización y apatía el que enfrenta como dirigente post-dictadura y el objetivo fue entonces intentar reconstruir y convocar a los estudiantes en la primera FECH democrática, esta vez, sin embargo, en una línea de acción política diferente. Señala que se produce una desmovilización en el sentido tradicional a la tarea histórica de la Federación, más política y centrada en la transformación social, para cambiar la lógica y transformar dicha organización en un espacio de participación centrado ahora en el enfoque de la solidaridad y los trabajos voluntarios.
85El clima de despolitización fue acompañado en paralelo, tal como señala Hipsher (1996), por una tendencia o voluntad de los movimientos sociales a moderar sus demandas y a desmovilizarse como consecuencia de las lecciones de sus propias experiencias durante la dictadura. El trauma provocado por la represión dictatorial habría generado una constricción en las expectativas de al menos ciertos sectores sociales y sus dirigentes políticos, lo que habría producido una flexibilización y disposición a auto-limitar sus acciones en el marco de la transición. Para la autora, una reducción en las oportunidades políticas luego de la recuperación democrática sumado a un proceso de reflexión y aprendizaje son factores relevantes para la explicación del decline de la acción colectiva de los movimientos urbanos en el Chile transicional:
La voluntad de los movimientos sociales a moderar sus demandas y para desmovilizarse fue parcialmente una consecuencia de aprender de sus propias experiencias bajo la dictadura. (…) Los sectores populares sufrieron tremendamente a manos de los dictadores (…) Fueron sometidos a la tortura, al secuestro y a la ejecución; sus barrios y casas fueron invadidas por las fuerzas armadas y sus derechos como ciudadanos (por no hablar de los derechos laborales) les fueron despojados. Ellos, al igual que las élites, llegaron a estimar a la democracia, la paciencia y la moderación como prácticas para preservarla (Hipsher, 1996: 279–280).
86Francis Valverde, integrante del directorio de la Asociación Chilena de ONGs ACCION, indica:
Una vez que volvimos a la democracia, pasaron varias cosas, una de ellas tiene que ver con el nivel de expectativas que teníamos todos los ciudadanos y ciudadanas con respecto al nuevo gobierno, en especial los movimientos sociales que fueron parte fundamental de la caída de la dictadura que, si lo ponemos con nombre, yo diría que es el movimiento poblacional, el de mujeres, el estudiantil en alguna medida, y como la ciudadanía toda con las marchas (…) y a la base de todo eso, el movimiento de derechos humanos (…) las expectativas eran de todo tipo: justicia penal, justicia social, recuperación de derechos que se habían perdido (…) [a partir del retorno democrático] empieza a haber por parte de los dirigentes un necesario repliegue para descansar y esperar, no “hacerle olitas al gobierno”, teníamos que tener cuidado porque no fuera a ser que lo militares se enojaran y de nuevo hicieran un golpe (comunicación personal, 7 de noviembre de 2014).
87En este sentido, la experiencia histórica de los últimos treinta años dejó un legado de aprendizaje político que, tal como lo indican Garretón y Espinosa (2000), no sólo afectó a la clase o elite política,31 sino a que a la sociedad de manera integral. El compromiso con la democracia y la mantención del orden se vio en la disposición de los movimientos y sus líderes a llegar a acuerdos, incluso a posponer demandas, enviar mensajes de no confrontación y consenso, así como evitar las protestas y todo tipo de estrategias contenciosas (Garretón y Espinosa, 2000; Hipsher, 1996). Según la información recabada por Oxhorn (1995) sobre las lecciones aprendidas luego del golpe militar por parte de dirigentes de organizaciones populares, éste señala que una respuesta mayoritaria fue la de apoyar al gobierno electo de Patricio Aylwin. En ese sentido, Manuel Inostroza agrega:
aunque nosotros protestáramos y reivindicáramos nuestros planteamientos, que siempre estuvimos en desacuerdo con las respuestas que nos daba el gobierno y por eso que en algunos casos hicimos movilizaciones, nunca fueron movilizaciones que intentaran poner en riesgo el desarrollo institucional, era un implícito en el imaginario colectivo de la época la idea que había que cuidar esta democracia, que era feble porque había mucha expectativa negativa en contra: estos gallos no van a saber gobernar, va a quedar la embarrada en el país, por lo tanto en cualquier momento Pinochet puede aburrirse de estar jugando a la democracia y volver a tomar el poder y, por lo tanto, era una cosa muy autorregulada, de exigir y protestar, pero nunca al punto que se pudiera poner en riesgo esta incipiente recuperación de la democracia (comunicación personal, 11 de noviembre de 2014).
88En este sentido, el apoyo a los gobiernos de la Concertación, especialmente en la década del noventa, fue considerado unívocamente por parte de los líderes de los movimientos sociales como apoyo a la democracia, en una estrategia general que incluyó la desmovilización social (Donoso y Gómez Bruera, 2014). De igual manera y de acuerdo a Roberts (1998), las bases militante de los partidos también se mostraron tendientes al rechazo a formas radicales de movilización social como huelgas y tomas de terreno, en la medida que podían representar una amenaza y desestabilización para el nuevo régimen democrático. Estos actores manifestaron un alto valor por la recuperada democracia y, por tanto, la paciencia y la moderación frente a grandes reformas fue la tónica en los años noventa en un contexto de constricciones políticas. De acuerdo a un militante del PS Nuñez: “no podemos pedir más de lo que el gobierno puede hacer. Hemos esperado durante dieciséis años, ahora tenemos que ser pacientes porque hay muchas restricciones a este gobierno (...) no podemos ser irresponsables, tenemos que ser prudentes o habrá problemas” (citado en Roberts (1998: 183–184). Así, la sociedad civil chilena, y en especial los sectores medios, tendieron hacia procesos graduales y rechazaron fuertemente las expresiones de radicalidad política hacia el comienzo de la nueva era democrática (Mella, 2014). Como se observa en la figura 2.5, al inicio de la redemocratización los principales temores de los chilenos eran más bien riesgos políticos y resultaba fundamental, en este contexto, que en el nuevo gobierno se evitaran el desorden y las protestas, así como demasiada influencia del Partido Comunista o tensión con las Fuerzas Armadas, las grandes fuentes de conflicto y polarización hasta entonces.
2.2.3 Transmisión social, re-traumatización o cronificación del trauma
89Finalmente, y en base a la extensa literatura que existe sobre la transmisión del trauma inter o transgeneracional, es posible argumentar que éste tuvo un impacto en la desmovilización en la medida que afectó, pero, también, se traspasó a las generaciones protagonistas de la transición. Esto, pues recogiendo la idea antes planteada, el trauma colectivo no finaliza en el año 1990 al retornar la democracia, sino que a partir de entonces se da un proceso de post-trauma, retraumatización y cronificación debido al silencio, la falta de consenso, la justicia en la medida de lo posible y el clima de impunidad, así como por la ‘irrupción de la memoria’ en la forma de la coyuntura transicional.
90Diferentes conceptos y definiciones se han utilizado para retratar el fenómeno de la transmisión y legado del trauma intra, inter y transgeneracionalmente entre víctimas directas de la represión y el terrorismo de Estado y sus círculos más cercanos como amigos, parientes y especialmente hacia sus propios descendientes (Agger y Jensen, 1994; Becker y Díaz, 1998; Deutsch, 2007; Faúndez y Cornejo, 2010; Hirsch, 2008; Hite, 2013; Kellermann, 2001; Lagos et al., 2009; Scapusio, 2006; Serpente, 2011). Autores como Danieli (1998b) destacan la importancia de incorporar la perspectiva intergeneracional para entender el real impacto, la transmisión y el grado de contagio del trauma, así como la repetición de patrones de acción dentro de diferentes círculos sociales.
Figura 2.5. Principales riesgos o temores sobre el Gobierno de Patricio Aylwin, 1989.

Fuente: Elaborado a partir de datos de Centro de Estudios Públicos (1990).
91La premisa tras estos estudios es que el trauma producto de situaciones de violencia experimentadas por los padres, especialmente cuando se trata de situaciones no elaboradas, pueden ser transmitidos transgeneracionalmente y su efecto puede perdurar no sólo en dos sino en varias generaciones (Faúndez y Cornejo, 2010). Cuando el trauma no ha sido elaborado y se ha optado por el desinterés, la indiferencia y la negación de los hechos como mecanismos para su procesamiento, lo que se transmite directamente a la segunda generación toma el aspecto de un secreto cargado de miedo, culpa, vaguedad y que resulta de difícil comprensión, frente a lo cual se reacciona perpetuando el silencio. Respecto a la transmisión de la memoria traumática, Hite (2013) señala que existe una tensión entre lo que se recibe, lo que se transmite, lo que es silenciado y lo que está obsesivamente presente, mientras plantea que, tanto en el caso europeo como en el chileno, la tercera generación parece ser recién la más activa en la recuperación o preservación de la memoria tras producido el trauma. En esa línea, autores como Páez et al. (2001) señalan que los hechos traumáticos se transmitirán de generación en generación bajo un clima dominante que, tal como la evidencia empírica tiende a confirmar, se mantiene en la memoria activa de al menos tres generaciones y en forma de silencio por ciclos de 40 años.
92Si bien estos estudios se han enfocado básicamente en analizar las consecuencias del trauma sobre la segunda o incluso la tercera generación de descendientes de víctimas, es posible extrapolar este examen al conjunto de la sociedad. La idea de un legado generacional y la forma en que éste permea a la sociedad cobra mayor relevancia cuando se considera lo planteado por Hite (2013) respecto a la localidad chilena de Paine. Esto, pues al año 2000 se determinó que entre la primera y la tercera generación habían más de mil descendientes directos de las originalmente casi 200 personas asesinadas o desaparecidas durante el período dictatorial. Respeto al efecto y el alcance del daño producido por el trauma de la dictadura en Chile, se plantea que éste “fue multigeneracional, al ser afectadas simultáneamente varias generaciones; intergeneracional, en tanto se tradujo en conflictos entre generaciones, y transgeneracional, pues sus efectos reaparecen de diversos modos en las generaciones siguientes” (Lagos et al., 2009: 51). Asimismo y a nivel de los sectores de centro y centro-izquierda, Hite (2007) señala que el trauma en las últimas décadas en Chile se produce en tres momentos diferentes, primero en 1970 en lo que denomina el trauma de la victoria, luego en el período de la dictadura como el trauma de la resistencia, para luego y a partir de 1990 producirse la resurrección del trauma.
93A través de su trabajo en el Instituto no sólo en contacto con víctimas del régimen, sino también con sus hijos, Gloria Cruz al respecto comenta,
Muchos niños que habían vivido cosas muy fuertes, que lo papás tenían que seguir para adelante como si no hubiese pasado nada, quedan con todo eso, y viene esta democracia y no tienen espacio para contar lo que ellos vivieron, lo que a ellos les pasó y nadie les preguntó tampoco. Entonces cuando se habla de esa generación de los que “no están ni ahí”32 que es distinta a la de ahora, tiene mucho que ver con eso yo creo, con niños que tuvieron mucho miedo y que los padres no se pudieron dedicar a calmar esos miedos (…) esa generación que no estaba ni ahí, muchos hijos de padres activos políticamente, que vieron tantas cosas y luego fueron tan pasivos (comunicación personal, 17 de diciembre de 2014).
94Para Faúndez y Cornejo (2010), entre los factores que facilitan la transmisión transgeneracional del trauma se encuentran, por una parte, la dificultad de elaboración del mismo en la primera generación, y por otro, los procesos sociales, político-ideológicos, jurídicos, morales y comunicacionales propios del contexto en que las víctimas y sus descendientes se insertan. Así, la importancia del contexto en que se produce la elaboración y procesamiento del trauma, como ya había sido adelanto, resulta crucial para su superación o, al contrario, para la persistencia, re-traumatización o cronificación del daño. La retraumatización puede ser entendida como el “fenómeno psicosocial que hace referencia a la aparición de nuevos procesos disruptivos sobre el psiquismo individual, que son desencadenados a partir de hechos contextuales nuevos y que se relacionan con la experiencia traumática primaria” (Lagos et al., 2009: 27). Según estos autores, la persistencia del daño se vio favorecida en la transición chilena por un entorno político, institucional y social en que no se crearon las instancias apropiadas para que el sistema en su conjunto enfrentara y elaborara los eventos pasados, dado el clima de silencio, negación, falta de consenso respecto al pasado, estigmatización de las víctimas, la ausencia o insuficiencia de investigación sobre los delitos y una justicia que actuó “en la medida de lo posible”. Este argumento es extremado al afirmar que “el período post dictadura, lejos de favorecer la rehabilitación y reintegración social, ha constituido una secuencia traumática más, que se suma a las vivenciadas durante la dictadura”. A propósito de la impunidad, Ricardo Brodsky señala,
La impunidad está íntimamente asociada al trauma, al deseo de no provocar conflictos que pusieran en riesgo la transición. Yo creo que había un acuerdo tácito con Pinochet de que iba a haber impunidad, o sea, que él y los suyos no iban a ser juzgados y eso fue un acuerdo que operó hasta su arresto. El único que fue juzgado antes fue Manuel Contreras, por el crimen de Letelier, pero eso fue porque fue un crimen cometido en el exterior y donde hubo una presión norteamericana muy fuerte, pero con Pinochet no, porque todo lo que se hizo en Chile, se aplicó el decreto ley de Amnistía, no se investigó y obviamente no se sancionó nada (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).
95De la misma manera, la retraumatización o la reactivación cíclica y recurrente del trauma desencadenada por hechos contextuales nuevos, no sólo está dado por el entorno político-institucional en que se inserta la sociedad traumatizada, sino que también por los eventos o la coyuntura específica que se relaciona con dicha experiencia traumática original. En este sentido, es posible afirmar que el trauma podría haberse visto reactivado por lo que Stern y Wilde (2000, 2009; 1999) han denominado “nudos convocantes” o “irrupciones de la memoria”, respectivamente. Ambos conceptos se utilizan para describir las circunstancias sociales, personajes, fechas o eventos públicos que exigen la construcción de puentes entre la memoria individual y la colectiva, que evocan un pasado político que aún se encuentra en el imaginario de gran parte de la población y que exponen a los individuos a enfrentarse con el trauma nuevamente. Entre los más importantes de estos nudos convocantes, se encuentran ciertos hitos de la transición democrática como la investigación sobre la violación a los derechos humanos y la publicación del informe Rettig, el Boinazo y el asesinato de Jaime Guzmán como recordatorios de un pasado posible de retornar y la detención y el juicio a Pinochet con una (re) polarización de la sociedad civil.
96Mientras la Comisión Verdad y Reconciliación trabajaba para redactar el informe sobre violaciones a derechos humanos durante la dictadura, dramáticos hechos comenzaron a hacerse públicos. En 1990, se encuentran osamentas en cementerios clandestinos - Chihuío, Colina y Tocopilla -, además de 17 cuerpos de campesinos en El Escorial. Asimismo, el hallazgo de una fosa clandestina en Pisagua, sin duda el hecho que causó mayor impacto, lograron conmocionar tanto a la ciudadanía como a la clase política (Loveman y Lira, 2000). Durante los años posteriores se revelan osamentas en diferentes partes del país lográndose identificar a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos enterrados ilegalmente: eventos trágicos, nudos que convocan a la memoria y que exigen que se construyan puentes entre el imaginario personal y sus memorias colectivas, hechos que requieren pensar, sentir y atender un pasado que irrumpe (Stern, 2000).
97Para Loveman y Lira (2000), la investigación de la Comisión Verdad y Reconciliación y la posibilidad de enfrentar de manera pública los crímenes del pasado se vio forzosamente interrumpida por el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán -figura emblemática del régimen militar-. En este contexto, señalan los autores, la problemática de los derechos humanos y el terrorismo de Estado fueron canceladas mientras el terrorismo de grupos pequeños así como la violencia y la inseguridad ciudadana se vuelven los temas prioritarios.33 Las eventos públicos considerados “irrupciones de la memoria”, rompen sobre la conciencia nacional para evocar asociaciones con símbolos, figuras y causas asociados con un pasado político que todavía está presente en la experiencia vivida de una parte importante de la población (Wilde, 1999).
98Una serie de tensiones siguieron acompañando el desarrollo de la redemocratización. En el año 1993, comandos del Ejército de Chile liderados por Augusto Pinochet se manifestaron en las cercanías del Palacio de la Moneda armados y con vestiduras militares de combate, como una manera de hacer presión para que no se siguiera investigando el caso de corrupción que tenía como protagonistas al mismo Pinochet y a su hijo mayor Augusto Pinochet Hiriart. Desde su visión como actor de Estado y encargado de la relación de éste con la sociedad civil en el primer gobierno de la redemocratización, Enzo Pistacchio, ex Director de la División de Organizaciones Sociales, relata su experiencia durante el “boinazo”34 y la manera en que la amenaza autoritaria seguía vigente y constante a principios de la década:
Yo estaba en La Moneda y Marcelo Zapata, el secretario de Don Patricio [Aylwin], me fue a decir: Enzo, hay golpe de Estado. Yo le dije: ¿qué?, y me responde, sí, ya se fueron todos los ministros, aquí no queda nadie y yo te venía a avisar, le estamos avisando a todos para que se vayan... yo dije: no puede ser. Me dijo, Belisario [Velasco, Subsecretario del Interior] es el último que queda, vamos para allá. Y Belisario me dijo: sí, acabo de comunicarme con el último intendente para darle instrucciones y ahora yo me voy a la casa de Don Patricio porque ahí están Correa [Ministro secretario general de Gobierno], Krauss [Ministro del Interior], Boeninger [Ministro secretario general de la Presidencia] y otros ministros (…) estuvimos hasta la una de la mañana y ahí se calmó la cosa, pero fue un momento muy tenso, o sea nosotros pensamos que sí, que los tipos iban a ir a La Moneda, que iban a llegar los tanques y todo (comunicación personal, 6 de noviembre de 2014).
99De esta manera, tal como agrega Stern (2000: 16), en esos años se podía percibir desde la cultura y la sociedad un agotamiento frente a estos hechos políticos. El llamado de la memoria fue tan fuerte que la sociedad pareció vivir choques cada cierto tiempo, pasando de la prudencia a la convulsión y vice-versa, en un proceso permanente y sin resolución, en que “se dan virajes bruscos y chocantes de un olvido más o menos consciente a la memoria convulsiva, en un proceso sin fin”.
100Las dinámicas de oscilación entre el olvido y el agotamiento y la necesidad de recordar y hacer un juicio respecto a los hechos del pasado (aun cuando esto sea para poder volver a la tranquilidad de la vida cotidiana), se ven definitivamente interrumpidas con la detención de Pinochet en Londres. Este evento marcaría un punto de inflexión en la evolución de la memoria post-traumática y en el desarrollo de la movilización social, en la medida que este hecho, en palabras de Winn (2007: 38), “rompe con el silencio histórico” y permite desatar el estancamiento de la memoria. Para Rodrigo Rocco, dirigente de la FECH 1996-1997, el miedo seguía siendo un tema relevante durante la redemocratización,
El miedo era un tema, y si tú me preguntas a mi cuándo la sociedad chilena empezó a despercudirse fue cuando Pinochet fue tomado preso en Londres, nosotros lo palpamos, de repente Pinochet preso en Londres y dejó en evidencia que habíamos estado viviendo “enclaustrados en la caverna” y de ahí en adelante la cosa se destapa y se produce este fenómeno (…) para los treinta años del golpe se empezó a redescubrir todo un pasado que había sido negado. En los noventa hubo una fuerte negación de lo que había sido el pasado político previo a la dictadura, no se hablaba de eso (comunicación personal, 13 de enero de 2015).
101Ricardo Brodsky señala que hasta 1998, Pinochet había logrado reposicionarse como un actor político en el sistema democrático, hasta el momento en que se produce su arresto,
El arresto fue un hito fundamental porque quebró esa estrategia hasta la fecha exitosa de Pinochet y pasó a ser el dictador juzgado por la humanidad y la sociedad chilena, el poder judicial, el gobierno tuvo que hacerse cargo de esa demanda que había en el planeta porque se juzgara. Entonces fue un hito muy relevante que permitió que emergieran con mayor fuerza todas las reivindicaciones y las demandas de las víctimas (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).
102A propósito de este hecho, tuvieron lugar las primeras manifestaciones de mayor envergadura hasta entonces en la era concertacionista. Miles de personas se reunieron ya sea para celebrar el arresto de Pinochet y exigir que se le lleve a juicio, así como en contra del procesamiento del ex dictador. El camino hacia el cierre del ciclo de amnesia, la pulsión y el brote de la necesidad de hablar y elaborar un juicio sobre el pasado, tal como se analiza en el capítulo 5, sería más tarde allanado por los escándalos financieros y la posterior muerte del General. Con todo lo anterior, se sugiere que tanto a través de la transmisión del trauma como con los procesos de retraumatización, durante el período transicional chileno la sociedad civil continuaba en un estado de traumatización secuencial, acumulativa o post-trauma que inhibió la acción colectiva y la movilización social como forma de participación política. Como bien lo resume Oppenheim (2007: 212),
Aunque hubo legados concretos del régimen de Pinochet, uno de los más difíciles de superar fue el psicológico. Fue el legado del miedo al pasado (…) el país sufrió un trauma colectivo. Como resultado, los chilenos fueron extremadamente sensibles a situaciones que consideraban podían recrear crisis anteriores (…) el miedo al pasado también estuvo entre aquellos que evitaron las acciones políticas pues éstas podrían despertar previas formas de extremismo político o represión militar. Los represivos años de Pinochet también dejaron un pesado legado de aprehensiones psicológicas. Muchos chilenos desarrollaron comportamientos de protección como estrategias de supervivencia (…) La gente tuvo miedo de hablar y aprendieron a practicar un alto grado de auto-censura (…) También son más reacios a participar en las organizaciones existentes como juntas de vecinos o sindicatos de trabajadores. Este miedo tuvo el efecto de limitar la participación popular y, con ello, el potencial para una democracia floreciente.
103De esta manera, el trauma colectivo en la sociedad civil en Chile surge luego de la exposición directa o indirecta durante años a violencia y dominación social. A través de estos hechos y actuando en diferentes niveles, se afirma que el impacto de este trauma fue multidimensional y se tradujo en un clima de silencio, olvido, negación, desarticulación social, anomia y retracción ciudadana, todos elementos necesarios para una subsidencia o movilización latente de la sociedad civil post-dictadura. Sin embargo y tal como se analiza en los próximos capítulos, no sólo la variable psicológica tuvo una repercusión importante en dicha desmovilización, sino que contribuyeron a este fenómeno de igual manera la variable política y la socio-económica como queda en evidencia a continuación. De igual forma, y a medida que la transición avanzaba, la memoria colectiva comienza a evolucionar y a originar nuevas interpretaciones sobre el pasado, dando paso a nuevos discursos e identidades colectivas con implicancias para la acción de los movimientos sociales que se hacen visibles el año 2011, tal como se desarrolla en el quinto capítulo de este libro.
Notes de bas de page
1 Una versión acotada de este capítulo y de la primera sección del quinto capítulo fue publicada el 2016 como ‘(Des) movilización de la sociedad civil: impacto de la memoria post-traumática en la reconstrucción de la democracia chilena’ en el volumen 43, número 16 de la revista Latin American Perspectives.
2 Para un análisis más extenso sobre el tema de la memoria colectiva ver Goff (1991); Lavabre (2007) y Ricoeur (2007), para una crítica al concepto revisar Gedi y Elam (1996).
3 A partir de los postulados freudianos se ha desarrollado toda una línea de análisis del trauma a nivel social y la forma en que las marca psíquicas o huellas nménicas a nivel individual tienen también una expresión a nivel social. Asimismo, y tal como se podrá ver más adelante, la perspectiva freudiana entregó los antecedentes fundantes de lo que más tarde fue denominado la transmisión transgeneracional del trauma (Lagos et al., 2009).
4 El término fue acuñado por Guillermo O’Donnell en su análisis sobre la dictadura en Argentina para definir la experiencia cotidiana y completa de abuso a los derechos humanos (Lechner, 1992: 26).
5 Más tarde, durante el gobierno de Allende la política de expropiación de tierras se intensificó alcanzando los 5.7 millones de hectáreas expropiadas.
6 Apuntes de clases, curso “la desigualdad en Chile: modelo para armar” del Profesor visitante Carlos Peña, febrero-marzo 2015, Universidad de Leiden.
7 Para Collins, Hite y Joignant (2013), la memoria traumática de este período explica que cuando se anunciara la creación del Museo de Memoria y los Derechos Humanos, estos grupos hicieron un llamado para que la narrativa del museo comenzara en 1964 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y no en 1973 como en la actualidad relata el museo.
8 La radicalización de los grupos de izquierda queda de manifiesto en la declaración del Partido Socialista en su Congreso General en Chillán el año 1967: “El PS como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo (…) La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico. Sólo destruyendo el aparato burocrático militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista (…) Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por si mismas al poder. El PS las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada.” (Boeninger, 1997: 135)
9 Como describe el Informe Rettig, los acontecimientos de violencia, polarización, huelgas, paros, tomas de terreno, movilización, etc.: “se multiplicaron progresivamente, al avanzar la fase 1970-1973, creando un cuadro global de desorden y de desconocimiento de los derechos de los particulares y de la función propia de la policía. A menudo esos acontecimientos tuvieron, para ambos bandos, consecuencias de sangre: muertes homicidas, lesiones graves, suicidios; también hubo secuestros y vejaciones.” (1996: 30)
10 Ver, entre otros, Amorós (2004); Barudy (1990); Becker et al. (1990); Berghezan (1997); CODEPU (1989); Espinoza et al. (1999); Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2007); Lira (2010); Munczek (2007); Reszczynski et al. (1991); Rojas (1988) y Weinstein y Lira (1987).
11 Según Brito (1997), en el período 1973-1976 el terror se expandió cuando el servicio de inteligencia DINA arrestara a miles en estadios y centros de detención secretos, instalaciones militares. En campos de concentración miles fueron torturados o desaparecieron, la relegación y el exilio por esos años proliferó a la vez que hubo numerosas masacres en las provincias y ejecuciones extra-judiciales. Especialmente durante los primeros años del régimen, el aumento del poder y las facultades del Estado se da en paralelo a una fuerte cohesión interna lo que hizo prácticamente imposible la organización de una oposición al régimen (Stepan, 1985), situación que comenzaría a mutar a partir de la crisis económica y las movilizaciones del año 1983. Para más una revisión pormenorizada de este período ver Cavallo et al. (1997) y Huneeus (2000).
12 Durante quince de los diecisiete años de régimen dictatorial, Chile estuvo bajo alguna forma de Estado de Excepción (Brito, 1997)
13 Como indica Winn (2007), si bien en Argentina hubo un número mayor de desaparecidos y en Uruguay un porcentaje más elevado de presos políticos, Chile presentó el número más alto y el mayor porcentaje de casos de tortura dentro del Cono Sur.
14 El FPMR fue una facción político-militar del Partido Comunista. La estrategia de fuerza que definiría la política de resistencia a la dictadura del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) queda de manifiesto ya en la declaración pública de Miguel Enríquez el 11 de septiembre de 1974: “La Resistencia es un hecho irreversible. La dictadura no tiene más alternativa que la represión. El pueblo no tiene más alternativa que derrocarla por la fuerza” (Pinto, 2006: 153).
15 Castillo y Lira (1993) señalan que entre 1987 y 1988 la represión política recrudeció principalmente a través de amenazas de muerte con 1088 denuncias el año 1987, situación que se mantuvo durante el entre el plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989. Como indica Hipsher (1996), Pinochet sobrevivió al ataque, pero cinco de sus guardaespaldas fueron asesinados. Luego de este hecho, cientos de activistas políticos sospechosos de estar conectado el evento fueron arrestados y veinte y cinco fueron condenados a muerte. Y aun enojados por el exceso de represión que siguió al intento de asesinato, los chilenos más activos políticamente se vieron horrorizados por el crimen mismo.
16 La crisis del año 1982 con la consiguiente explosión de los niveles de cesantía (alrededor del 40 %), facilita la construcción de un contexto de vulnerabilidad y fragilidad social. Ver capítulo 4 para más detalles de esta crisis.
17 Sobre el impacto de modelo económico neoliberal sobre la sociedad civil chilena y, en específico, sobre su desmovilización ver capítulo 4.
18 El tema del trauma a nivel de las elites y cómo impactó en el paradigma de gobernabilidad y una estrategia de desmovilización social durante los gobiernos de la Concertación es abordado en extenso en los capítulos 2 y 3.
19 Para un análisis extenso sobre la influencia de la dirigencia política y el contexto institucional en la desmovilización ver capítulo 3.
20 Toma el término desde el trabajo del siquiatra Rober Jay Lifton.
21 Frente a los diferentes relatos sobre el pasado, Stern plantea que luego de la dictadura se constituyeron en Chile cuatro tipos de memorias emblemáticas: salvación, ruptura, persecución y despertar y caja cerrada.
22 El Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) es un Organismo No Gubernamental que da atención en salud mental y médica a personas que fueron afectadas directamente por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar en Chile, 1973-1990.
23 Más adelante, durante el Gobierno de Ricardo Lagos se crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) para aclarar la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura militar. En 2011, la Comisión presentó un segundo informe en el que Chile reconoce oficialmente un total de 40.018 víctimas, cifrando en 3.065 los muertos y desaparecidos.
24 A partir de las entrevistas realizadas, si bien jugó un rol en la dificultad de actuar de manera colectiva, el miedo a partir de los noventa no fue un factor tan decisivo como la desarticulación y la auto-limitación, variable analizadas en esta sección.
25 Durante la década del ochenta y noventa.
26 Los movimientos de trabajadores subcontratistas, en primer lugar, y luego los de estudiantes y de sociedad civil Calameña en general se vuelven protagonistas de grandes movilizaciones a partir del año 2006 y especialmente desde el año 2010.
27 Ver más detalles sobre el impacto de las reformas estructurales neoliberales sobre la sociedad civil en capítulo 4.
28 Para más detalles de la estrategia de movilización social versus la de movilización electoralista ver capítulo 3.
29 Ya sea porque eran muy jóvenes para haber participado del sistema anterior al régimen o porque habían evita involucrarse en actividades políticas en el período previo al régimen.
30 La caída de la URRSS, el colapso de los regímenes comunistas de Europa de Este, la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua, las reformas económicas en Cuba a partir de 1990, la derrota general de la teleología socialista. Asimismo, los cambios experimentados por la Izquierda en Chile, expuesta a una fuerte represión, la clandestinidad y su nueva emergencia, pero con renovadas posturas políticas.
31 Ver capítulo 3.
32 En referencia a la apatía de la relación entre los más jóvenes y la esfera política durante los años noventa.
33 Se crea entonces por decreto ‘la oficina’ (actual Agencia Nacional de Inteligencia), cuya tarea fue neutralizar y desarticular a organizaciones revolucionarias de izquierda. Funcionó bajo la autoridad del Ministro del Interior Enrique Krauss.
34 Denominado ‘boinazo’ por las boinas negras de los soldados reunidos.

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