Capítulo 1. El fenómeno de la (des)movilización de la sociedad civil
p. 27-68
Texte intégral
1Siendo el propósito de este estudio el retomar y ampliar el debate respecto a los procesos de activación y especialmente de desactivación o desmovilización de la sociedad civil chilena, se vuelve relevante revisar los conceptos y la manera en que el problema ha sido abordado por estudios previos, por una parte, y asimismo situar el caso chileno en términos temporales y problemáticos dentro de un contexto regional más amplio.
2Si bien existe consenso en la literatura científica respecto a que el período de la reconstrucción democrática chilena llevado a cabo por los cuatro gobiernos de la Concertación (1990-2010) fue una fase de especial desactivación o desmovilización social, hablar de este último fenómeno implica un desafío de clasificación y sistematización conceptual. La complejidad se encuentra principalmente en que el fenómeno de la activación o movilización ciudadana ha recibido múltiples tratamientos dependiendo de los conceptos que se empleen, las escuelas que lo analicen y muchas veces los propósitos que los debates teóricos y políticos arrastran. Las fases de desmovilización, en cambio y tal como se verá más adelante, no han recibido la misma atención por parte de la ciencia social.
3En términos generales, es posible afirmar que el estudio tanto de los momentos de retracción o repliegue ciudadano, así como de su mayor presencia, relevancia o incidencia en la esfera pública han sido abordados preferentemente desde el estudio de las movilizaciones y movimientos sociales, por una parte, y desde el fenómeno de la participación social, popular y sociedad civil, por otra. En la primera sección de este capítulo se presentan en detalle las teorías sobre el fenómeno de la activación y desactivación de la sociedad civil. Asimismo, se retratan las principales características y elementos constitutivos de la acción social, enarbolando con ello una batería de herramientas analíticas que serán utilizadas más adelante para el caso de la desmovilización social en el Chile post-dictatorial. En la segunda sección, se presentan las principales trayectorias de (des) movilización de la sociedad civil en América Latina, enmarcando con ello el caso chileno dentro de un contexto más amplio. Específicamente, se sintetiza la influencia sobre el quehacer de la sociedad civil latinoamericana de tres variables relevantes para la construcción de un nuevo sistema social luego de los autoritarismos en el continente y que, al mismo tiempo, se plantean como los grandes agentes desmovilizadores de la sociedad civil chilena durante la redemocratización, esto es: (i) la influencia del trauma colectivo derivado de un pasado dictatorial y de alta conflictividad social, (ii) el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica por los gobiernos encargados de las reconstrucciones democráticas de la región y, finalmente (iii) el impacto de la modernización neoliberal. En la tercera y última sección, el problema de la desmovilización social en el Chile post-dictatorial es examinado en extenso para luego presentar, de manera general, la forma en que los mencionados tres factores han sido planteados para dar explicación a la desactivación social del período.
1.1 El debate sobre la activación y desactivación de la sociedad civil: abordajes teóricos
1.1.1 (Des)movilización de la sociedad civil: hacia una definición
4Al enfrentar la literatura sobre movilizaciones, movimientos sociales, sociedad civil y, en general, toda la amplia gama de acciones colectivas, parece ser cierto que la diversidad no sólo teórica sino especialmente fenomenológica en el terreno empírico desafía el intento de análisis, clasificación y sistematización. Al respecto, Giménez (1994) advierte que el estudio de la acción colectiva es complejo dado que aun cuando en apariencia se muestra como un fenómeno homogéneo, en realidad es heterogéneo y multiforme, con múltiples objetivos y diversos sentidos que pueden no ser claros o incluso contradictorios para los propios individuos involucrados en la acción. Sin embargo, y pese al desafío de la ambigüedad y la polisemia de los conceptos, al explorar la diversidad teórica de la literatura sobre movimientos sociales y sociedad civil, ciertos elementos comienzan a ser comunes y relevantes a las distintas formas de acción colectiva, así como a las diferentes escuelas de pensamiento devotas a estos fenómenos. La sistematización de dichos elementos permite traspasar épocas y realidades nacionales determinadas y avanzar en el intento por analizar la acción social específica al caso chileno.
Movilización, movimientos sociales y sociedad civil en contexto
5El fenómeno de la activación social ha sido un tema recurrente y relevante para diferentes disciplinas de la ciencia social siendo abordado tanto desde las teorías de movimientos sociales como de los estudios sobre la sociedad civil. Durante las décadas del sesenta y setenta, el quehacer científico se volcó especialmente al estudio del fenómeno de la movilización de masas. Durante esos años, las teorías de movimientos sociales mostraron una vigorosa producción tanto en Europa como en Estados Unidos que intentaba explicar la emergencia de la oleada de movilizaciones y efervescencia social que tuvo lugar en aquel período (Foweraker, 1995).1 Tal como lo señalan diversos autores (Cohen y Arato, 1992; Della Porta y Diani, 2006; Diani, 1992; Escobar y Alvarez, 1992; Foweraker, 1995; Freeman y Johnson, 1999; Garcés, 2004b; Ibarra, 2000; Melucci, 1989; Parra, 2005; Torres Carrillo, 2002), el materialismo histórico había sido hasta aquel entonces la herramienta analítica principal en la tradición europea y utilizada para la explicación de un rango de fenómenos tan diverso como las rebeliones de esclavos durante el Imperio Romano, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa.2 En Norteamérica, por su parte, la tradición estructural-funcionalista preocupada de los mecanismos de integración social, identificaba a las movilizaciones como un tipo de conducta social anómica, situada fuera de los valores, normas e instituciones predominantes y, por ello, como un fenómeno disfuncional, potencialmente peligroso y capaz de desequilibrar el sistema social. Sin embargo, el amplio abanico de acciones colectivas desplegadas a partir de la década del cincuenta comenzó a evidenciar la insuficiencia tanto del modelo marxista como del modelo estructural-funcionalista para describir adecuadamente la emergencia de este nuevo tipo de movilizaciones.3
6Así, los esfuerzos de los cientistas sociales del primer mundo se intensificaron durante estas décadas dando pie básicamente a dos grandes corrientes analíticas,4 con foco en la identidad y en la estrategia de los movimientos sociales respectivamente (Cohen, 1985). Tal como lo han advertido los autores referidos hasta este punto, desde Europa, y siguiendo con la tradición explicativa del modelo marxista, la teoría de los ‘nuevos movimientos sociales’ se consagró a indagar en las causas que empujan a los actores sociales a la movilización, mientras la tradición norteamericana, heredera del modelo estructural-funcionalista centró sus esfuerzos en explicar la manera en que los movimientos sociales era desplegados.5 Por su parte, autores como Deutsch (1961) y Etzioni (1968) buscaron contribuir al estudio de la efervescencia social de la época proponiendo una definición y caracterización desde el concepto de movilización social.
7Mientras para el primer mundo la década del sesenta representa un punto de inflexión para la ciencia social preocupada de la movilización social, en América Latina las preocupaciones de esta ciencia hasta entonces no se centraron en los movimientos sociales y no lo harían hasta entrada la década del ochenta. Las teorías endógenas sobre desarrollo de los años cincuenta y sesenta en la región se concentraron en los procesos de modernización, industrialización y aculturación con interés por entender el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna con los conflictos y asincronías de las estructuras sociales y políticas (Calderón, 1986a; Jelin, 2003). Asimismo, las teorías de la dependencia hicieron hincapié en los fenómenos del subdesarrollo, dependencia y marginalidad, capital subordinado y subimperialismo. Los movimientos sociales fueron vistos en este contexto como reflejos voluntaristas o como acciones determinadas por el orden económico, estatal o partidista y “no constituyeron ejes analíticos básicos de las sociedades latinoamericanas” (Calderón, 1986a: 330). Para Jelin (1990), las expresiones no-institucionalizadas de acción colectiva fueron consideradas formas embrionarias de participación popular que debían ser apropiadamente canalizadas a través de los partidos de vanguardia.
8Al igual que lo hicieran sus pares del primer mundo en los años sesenta, en la década del ochenta los teóricos latinoamericanos comenzaron a cuestionar la explicativa que las teorías tradicionales ofrecían frente a las nuevas manifestaciones sociales que se distanciaban del tradicional movimiento obrero y campesino protagonista de las décadas anteriores (Garcés, 2012). Como señalan Escobar y Alvarez (1992), durante los años ochenta muchas formas de acción colectiva empezaron a ser etiquetadas transversalmente bajo el concepto de ‘nuevos movimientos sociales’6 dados los nuevos intereses populares y las nuevas formas de hacer política contenidas en estas formas de orgánica social que cuestionaban los modelos autoritarios y jerárquicos partidistas hasta entonces observados. Esto implicó que en la segunda mitad de los ochenta:
las continuidades entre las prácticas antiguas y nuevas y los determinantes estructurales comenzaron a ser reconocidos como el paso hacia la reevaluación de la “novedad” de estos movimientos. Al mismo tiempo, se examinó más a fondo el uso de las teorías europeas y estudios empíricos se llevaron a cabo de manera más sistemática y evaluada. Aunque estos acontecimientos no resultaron en un “paradigma” claramente definido o en programa de investigación, estos estudios avanzaron y transformar significativamente el estado del arte, haciendo posible inaugurar una nueva ola de investigación y teorización de la década de 1990 (Escobar y Alvarez, 1992: 3).
9A pesar de esta positiva y promisoria proyección hecha por los autores a principio de la década del noventa, ya a mediados del mismo decenio, Foweraker (1995) sostendría que, pese a la masividad de las movilizaciones ocurridas en América Latina - argumento extremado en las palabras de Eckstein quien califica a la región como un “museo viviente” para el estudio de los movimientos sociales (1989: 10) -, la producción teórica sobre este fenómeno en el continente fue limitada. Más aún, y pese a la multiplicidad de estudios realizados en la región, “el siglo XXI ha sorprendido pues, a la teoría latinoamericana [de movimientos sociales], sobre todo en su formulación general, en un notorio status quo” (Salazar, 2013: 432). Estas últimas visiones se refieren a que la ciencia social latinoamericana se ha centrado más bien ya sea en análisis de casos o bien de las estructuras sociales y políticas que condicionan la emergencia de un cierto tipo de movilización social más que en la producción de un cuerpo teórico especializado y endémico para el estudio de los movimientos sociales latinoamericanos.
10De esta forma y de acuerdo a lo expuesto, hasta la década del ochenta el quehacer científico se centró en el estudio de las movilizaciones y movimientos sociales mientras que los conceptos de ciudadanía, sociedad civil o tercer sector no gozaron en ese contexto de mayor protagonismo. Con la llegada de la tercera ola democratizadora, en cambio, se produjo una individuación de la masa electoral y el ciudadano participativo y la sociedad civil comenzaron a ser alabados tanto en el campo político como académico. De acuerdo con Salazar (1998), la emergencia del quinto Kondratiev se caracterizó no sólo por la descentralización del Estado y la liberalización de los mercados sino también por la focalización de la ciencia. La supuesta ‘devolución de poder’ a la base ciudadana generada por la descentralización estatal se habría producido en paralelo al reemplazo de las macro-teorías de la ciencia social por focos teóricos más específicos y, con ello, el redescubrimiento de la noción de sociedad civil.7
11Por una parte, el resurgimiento del concepto tiene su origen en las corrientes intelectuales de las izquierdas de Europa oriental y Latinoamérica a mediados de la década de los ochenta. En ese contexto, la categoría ofreció una nueva lógica para una lucha ciudadana más compleja, multifacética e inclusiva contra los gobiernos autoritarios y militares que abundaban para entonces en dichas regiones. Esto permitiría el reemplazo de las grandes disputas sociales que buscaban el derrumbe del modelo capitalista presenciadas en décadas anteriores por una lucha específica contra los regímenes totalitarios (Cohen y Arato, 1992). De esta manera, señala Pearce (1997: 64), la noción de sociedad civil resultó funcional a los requerimientos e intereses de la oposición a regímenes totalitarios en la medida que sustituyó rápidamente a los partidos políticos, a sindicatos tradicionales, a grupos armados, al movimiento obrero, etc. intentando por medio de esta “nueva izquierda”, más plural y diversa “vencer donde otros habían fallado” (Castañeda, 1994, citado en Pearce (1997).8
12Para las visiones más tecnócratas y neoliberales por otra parte, la emergencia del concepto de tercer sector resultó funcional para la descompresión del poder y deberes del Estado traspasando la responsabilidad de la generación de bienes y servicios otrora públicos a los municipios y, con ello, hacia los propios individuos. La sociedad civil sería con ello la encargada de generar su propia integración al desarrollo al mismo tiempo que se solucionaba el problema de la participación ciudadana deficitaria en los proceso de redemocratización global (Hevia, 2006; Salazar, 1998). Esta es la lógica tras la diversificación y masificación de políticas públicas especialmente en países en vías de desarrollo que, incorporando los mandatos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), se enfocaron en la participación y fortalecimiento ciudadano.
13Si bien hay un consenso en entender a la sociedad civil como un espacio de asociaciones voluntarias que emergen diferenciándose de arenas como el mercado (interacciones económicas) y el Estado (regulación política) (Bobes, 2002), la manera en que se define a este actor, por una parte, y los objetivos que persigue (o debe perseguir) la participación social, por otra, estarían supeditados a modelos ideológicos y variarían, por tanto, dependiendo de quién haga uso de estos conceptos.9 Así, existiría una versión liberal en que la sociedad civil es responsable de ejercer acciones correctivas sobre las deficiencias del Estado a la vez que éste expande sus libertades, mientras que en una versión más socialdemócrata, este actor se encargaría de la lucha por la extensión de los derechos y por equilibrar la tendencia a la desigualdad generada por el mercado (Arditi, 2004; Garcés, 2004b; Lechner, 1994; Torres-Rivas, 1993). Se reconoce y se asume así que existen posturas diversas e incluso antagónicas en el debate sobre la definición del tercer sector. Siguiendo a Garcés, más allá de las definiciones y alcances del concepto de sociedad civil, desde el “punto de vista del trabajo social o la acción de los movimientos sociales, parece poco realista (o ingenuo) pensar la sociedad civil como un campo neutral” (2004b: 35).10 En este sentido y para el caso latinoamericano Hevia (2006) advierte que:
Una primera insatisfacción es la insistente tendencia a tratar a la sociedad civil como un actor unificado, sin admitir su heterogeneidad intrínseca, lo cual es un vicio recurrente del análisis político latinoamericano. Una de las maneras de reconocer esa heterogeneidad, sino de exponerla de modo que contribuya al estudio más complejo de las distintas configuraciones del proceso de construcción democrática, es identificar los distintos proyectos en disputa alrededor de ese proceso. (…) se origina una concepción simplista del proceso de construcción democrática que tiene su base en una visión apologética de la sociedad civil. Considerada como polo de virtudes democratizantes, su participación y su poder de influencia frente al Estado y a los partidos constituirían el eje de la construcción democrática y concentrarían el peso explicativo de las características que este asume. El reconocimiento de distintos proyectos al interior mismo de la sociedad civil y su identificación cuidadosa puede apuntar a una visión mucho más compleja y realista de aquel proceso (2006: 17–18).
14Así, y tal como se he presentado hasta este punto, desde mediados del siglo XX el debate sobre la participación y la activación social emergió y ha sido abordado tanto por las escuelas de movimientos sociales en un primer momento, como por los teóricos de la sociedad civil más tarde. Estos autores, ya sea desde el primer mundo o en América Latina, han dedicado e intensificado esfuerzos por entender las diferentes manifestaciones de la acción colectiva durante las últimas décadas. De esta forma, es posible reconocer que en términos generales existen dos dimensiones principales para el estudio y definición de las formas de acción colectiva. Por una parte, se observa una dimensión institucional o formal en la que el conjunto de organizaciones propiamente sociales (no económicas ni políticas) son incluidas (Bobes, 2002) y una dimensión que llamaremos no institucional o informal en la que las movilizaciones y los movimientos sociales son considerados. Y ya sea en su expresión formal o informal, la acción colectiva de la sociedad civil se mantiene como “aquel espacio del Estado donde grupos auto-organizados, movimientos e individuos, que son relativamente autónomos del gobierno, intentan articular valores, crear asociaciones y solidaridades, y avanzar sus intereses” (Linz y Stepan, 2011: 7). De forma más específica y en línea con los objetivos de este trabajo, sociedad civil puede ser entendida como “las formas de asociación autónomas del mercado y el Estado que tienen por objetivo reivindicar derechos, expresar opiniones, influir en las decisiones que afectan a la comunidad y controlar a sus autoridades” (PNUD, 2004: 218). Asimismo, y a partir de la revisión de los principales planteamientos respecto a movimientos sociales, movilización y sociedad civil, es posible identificar ciertos elementos centrales y transversales a la acción colectiva ya sea en su dimensión formal o informal, y tanto en base a los planteamientos surgidos en el primer mundo o en América Latina, que son presentados a continuación.
Movilización, movimientos sociales y sociedad civil: elementos constitutivos
15En primer término y retomando la discusión planteada con anterioridad, es posible afirmar que la sociedad civil y sus movimientos sociales constituyen un terreno en disputa por la apropiación de valores o recursos centrales para un sistema social en un momento dado. De acuerdo a la propuesta de Vidal (2008: 60), la arena civil se puede entender como “un campo de batalla en que se juegan distintos actores colectivos con sus intereses, la mayor de las veces contrapuestos, y procesos que permiten avanzar o retroceder respecto de la profundización democrática”. Asimismo, Garretón (1996) define a los movimientos sociales como un tipo de acción colectiva con alguna estabilidad en el tiempo y algún grado de organización, orientados algunas veces hacia el cambio u otras hacia la conservación de la sociedad o de alguna de sus esferas. Desde estas visiones, se reconoce la existencia de distintos proyectos al interior mismo de la sociedad civil.
16Para Pearce (1997), la visión de la sociedad civil como un ‘campo de batalla’ reflejó, especialmente en la década de los ochenta, la influencia de Gramsci en la izquierda latinoamericana cuando los activistas de oposición empezaron a usar el término de manera intercambiable para ONGs y movimientos populares, considerando la sociedad civil como la arena en que la lucha por la hegemonía debía tener lugar.11 Gracias a esta perspectiva, el concepto de ‘disputa cultural’ se hizo parte del repertorio de los movimientos de oposición en el mundo (Hodgkinson y Foley, 2009).
17La noción de sociedad civil como un campo de batalla por la hegemonía, ideología o proyecto político central de un sistema social en un momento dado, es equiparable a la idea del control de ciertos recursos sociales (ya sea materiales o simbólicos) valorados y disponibles en un sistema social, planteado por los teóricos de los movimientos sociales. Para Touraine (2002: 90), los movimientos sociales responden a un conflicto entre actores organizados, no por la apropiación de recursos materiales, sino por “el uso social de los valores culturales compartidos” o el control del proceso histórico de transformación de esa sociedad.12 Para este autor, aun cuando la existencia de conflicto sobre estos valores no es razón suficiente para la aparición de un movimiento social, una vez que éste fenómeno emerge, el desarrollo de la acción conflictiva cambia tanto las orientaciones culturales como el campo de la historicidad definidas por la dominación social. Es por ello que Calderón (1986b: 335) se pregunta si las diferentes manifestaciones de los movimientos sociales en América Latina se relacionan con diferentes “graduaciones en los niveles de conciencia y de capacidad de lucha por la apropiación y/o la destinación de los recursos o valores sociales”. El control sobre la historicidad o el proyecto central de una sociedad dada, también fue abordado por Melucci (1989) quien, continuando el trabajo de Touraine, sostiene que los movimientos sociales son la expresión de la oposición entre al menos dos actores por la apropiación o el control de recursos centrales o que ambos valoran.
18La matriz de valores o recursos centrales en una sociedad y la lucha por su control podrían definir así la emergencia y demandas de los movimientos sociales. Los cambios en la matriz de valores o recursos simbólicos en occidente han sido retratados tanto por Inglehart (2008) en sus análisis sobre la transformación de valores materiales a post-materiales, como por el mismo Touraine (1988) en su estudio sobre la transición de una sociedad industrial a una post-industrial.13 Germani (1981), en tanto, caracteriza la transformación de esta matriz en el paso de una sociedad con una estructura de valores tradicionales a una de valores modernos, así como las numerosas asincronías y superposición de estructuras que, sobre todo en el caso latinoamericano, aún persisten. Tomando justamente en consideración el caso latinoamericano, es que diversos autores (Calderón, 1986b; Cavarozzi, 1992a; Escobar y Alvarez, 1992; Garretón, 1996, 2002; Pearce, 1997; Salazar, 2013) han analizado la emergencia, desactivación o cambio en las características de los movimientos sociales desde un examen a las transformaciones en la matriz socio-política del continente, específicamente la forma en que el paso de la matriz clásica a una matriz moderna ha devenido en valores o recursos simbólicos diferentes, lo que ha impactado el quehacer de la sociedad civil. Este tema será retomado en detalle en la siguiente sección de este capítulo.
19El fenómeno de la activación social entendido como la lucha por la apropiación de ciertos recursos sociales también ha sido abordado desde el estudio de la movilización social. Deutsch (1961) definió movilización como el proceso en que grupos extensos con visiones sociales, económicas y psicológicas son erosionados o quebrantados, resultando en que el sistema social al que pertenecen se abre y dispone a nuevos patrones de socialización y comportamiento. Desde esta perspectiva, la movilización social se plantea como un fenómeno positivo y necesario para la modernización en la medida que produce la transformación de valores societales. Etzioni (1968) definirá movilización como un proceso en el cual un cierto grupo (social unit) dentro de un sistema social toma el control de forma acelerada sobre los recursos que antes no controlaba. Siguiendo lo propuesto por los teóricos de la sociedad civil y movimientos sociales, Etzioni arguye que dichos recursos pueden ser económicos, militares, políticos, psicológicos o mediáticos. Desde esta definición, se infiere que la movilización tiene lugar concretamente cuando una determinada social unit -en este caso los movimientos sociales, la ciudadanía o sociedad civil- toma el control de forma acelerada sobre recursos -por ejemplo, la agenda política y/o mediática- que hasta entonces fueran controlados por otras unidades sociales como el Estado, la clase política o el mercado.
20Sin embargo, y tal como lo advirtiera Melucci (1989), la acción colectiva llevada a cabo por los movimientos sociales no sólo implica la lucha por la apropiación y orientación de los valores sociales y de los recursos, sino que también incluye aspectos adicionales. El desarrollo de conflictos o las luchas en el seno de la sociedad civil también implica un mutuo reconocimiento de los actores como perteneciente a una única unidad social. Así, Melucci arguye que la acción colectiva se desarrolla sobre la base de un interés y unas expectativas comunes haciendo referencia al proceso de identificación. El concepto de identidad colectiva, como elemento explicativo para los movimientos sociales, fue central en las teorías europeas de movimientos sociales, es planteado por Touraine (1988), Pizzorno (1989)14 y redefinido por Melucci al analizarlo como un “proceso de construcción interactivo central para entender los valores, símbolos e ideologías inmersas en los movimientos sociales” (Bidaseca y Giarracca, 2012: 19). Para el autor,
que un actor elabore expectativas y evalúe las posibilidades y límites de su acción implica una capacidad para definirse a sí mismo y a su ambiente. Este proceso de « construcción » de un sistema de acción lo llamo identidad colectiva (…) una definición que debe concebirse como un proceso, porque se construye y negocia a través de la activación repetida de las relaciones que unen a los individuos. (…) La identidad colectiva es, por tanto, un proceso, a través del cual los actores producen las estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y calcular los costes y beneficios de la acción; las definiciones que formulan son, por un lado, el resultado de las interacciones negociadas y de las relaciones de influencia y, por otro lado, el fruto del reconocimiento emocional. (…) La identidad colectiva así definida propone la exploración de una dimensión analítica clave en el caso del análisis sociológico de los fenómenos colectivos. La estabilidad o variabilidad, la concentración o difusión, la integración o fragmentación de tal dimensión variará considerablemente dependiendo del grado de estructuración del fenómeno colectivo (Melucci, 1994: 172–174).
21Respecto a la manera en que el proceso de construcción identitaria es llevado a cabo por un grupo social, Calderón (1986b: 332) señala que éste se da tanto en términos de la “recreación de las experiencias del pasado presente en la memoria colectiva del sujeto - donde por lo general se redefinen de acuerdo al tipo de enfrentamiento vivido y a los mitos construidos-, como en términos de las formas psicológicas de autoafirmación colectiva”. Asimismo, respecto al rol de la memoria colectiva en la construcción de identidad, Camacho y Menjívar (1989: 14) advierten que para el estudio de los movimientos sociales esta noción debe ser incorporada pues “la memoria colectiva [tiene un rol importante] en el desenvolvimiento de los movimientos populares, los cuales se fortalecen cuando se reconocen a sí mismos como herederos y continuadores de una tradición”.15
22La centralidad del tema de la identidad - entendida como la ideología que define y mantiene la cohesión de un grupo - en el estudio de la acción colectiva no contempla únicamente a la memoria colectiva como ingrediente central, sino que también posee una determinada racionalidad como dispositivo colectivo a través del cual se evalúan los recursos, las estrategias, las alianzas a establecer, etc. por un determinado colectivo social. El tema de la racionalidad ha sido central para las escuelas norteamericanas y en especial para teoría de la movilización de recursos (Tilly, 1979) que se enfocó en el rol organizacional y estratégico (racional) presente en los movimientos sociales. Esta teoría estableció que los movimientos sociales expresaban conductas perfectamente racionales, con objetivos políticos y sociales muy precisos, así como estrategias de movilización y adquisición de recursos (humanos, organizativos, materiales, tácticos) deliberadamente adecuados a esos objetivos.
23Pese a la relevancia del elemento identitario, la memoria colectiva y la racionalidad involucrada en el desarrollo de las estrategias de acción colectiva, existen también otros elementos que han sido destacados en el estudio de la movilización social tales como el rol de los liderazgos o agentes movilizadores, así como los repertorios de acción desplegados. Para Munk (1995: 25), el análisis sobre el liderazgo y sobre los fundadores de los movimientos sociales debe ser el punto de partida del estudio de los movimientos sociales pues, para este autor, los fundadores son “literalmente, el actor social que organiza a la masa descentralizada que constituye la base de un movimiento social y lo orienta hacia el cambio; en este papel, constituye su centro o núcleo”. Para este autor, aun sin enfatizar explícitamente en la noción de liderazgo, la escuela europea de movimientos sociales planteó indirectamente la relevancia del tema al proponer un enfoque con centralidad en los individuos, en el famoso “regreso del actor” de Touraine (1988). Asimismo, Alberoni (1989) advierte que los grandes movimientos se forman en base a la fusión de grupos más pequeños o unidades en el movimiento que cuentan cada uno con sus propio líderes. El líder de un gran movimiento es la persona que logra un cierto control y la unificación de esas pequeñas e innumerables unidades en el movimiento o también ser la persona cuyas acciones han puesto en marcha el proceso que dio origen a los mismos.
24A pesar de lo planteado por los autores, aun cuando la figura del líder es claramente reconocible para el caso de las organizaciones formales de la sociedad civil, no siempre es así de evidente cuando se trata de la acción de movimientos sociales. Lo anterior se puede ejemplificar a través del caso de movimientos en América Latina donde los liderazgos no tienden a centrarse en una figura única o particular sino muchas veces en un conjunto de ‘agentes movilizadores’. En el caso de los movimientos sociales tradicionales, Calderón (1986b) advierte que éstos fueron prácticas subordinados a los partidos o a la acción del partido-vanguardia como el gran conductor, que interpretaba y sintetizaba los intereses de los movimientos. Se trataba de una acción colectiva altamente dependiente del liderazgo de la “sociedad política” dadas las “formas estadocéntricas de organización, asentadas en el centralismo, la división entre dirigentes y dirigidos y la disposición piramidal de la estructura de los movimientos” (Zibechi, 2003: 185). Los llamados ‘nuevos’ movimientos sociales, en tanto, se formaron en base a un distanciamiento entre los movimientos sociales, partidos y Estado (Calderón y Jelin, 1987) y buscaban autonomía, tanto de los Estados como de los partidos políticos. Si bien la identificación de liderazgos en contextos donde los movimientos buscan mayor horizontalidad y autonomía resulta dificultosa, la relevancia y riqueza analítica de este ejercicio es indudable.
25Otro elemento relevante para la acción colectiva que puede ser observado tanto en las formas de sociedad civil organizada como en los movimientos sociales es un determinado repertorio de acción colectiva. Esta noción, introducida por Tilly (1979: 131) postula que el rango de acciones colectivas que las personas emplean está “(1) bien definido y (2) es relativamente limitado en comparación con el rango de acciones que teóricamente están disponibles para ellos. En este sentido, determinados tiempos, espacios y poblaciones tienen sus propios repertorios de acción colectiva”. Para Tilly, todas las formas de acción colectiva son repertorios aprendidos y, mientras nuevas formas son introducidas, las antiguas son abandonadas o adaptadas (Foweraker, 1995). En palabras de Garcés (2012), “estos repertorios están condicionados histórica y culturalmente, es decir, los movimientos recurren a formas conocidas de acción, pero también pueden introducir innovaciones en los márgenes de las formas inexistentes”. Por ello, señala Ecksein (1989), no es accidental que las formas de protesta utilizadas sean, para algunos, negarse a trabajar mientras otros demostrarán su malestar en las calles o a través del sabotaje electoral. Tarrow (2011) también analiza este elemento considerándolo como un conjunto de capacidades de acción que forman parte de la ya mencionada memoria de los actores del movimiento.
26Fijando su atención en América Latina en la primera década del siglo XXI, Revilla Blanco (2005, 2010) señala que existen “repertorios de acción colectiva propios de la región” tales como los cortes de ruta, las caceroladas o las marchas de la dignidad característicos de los movimientos indígenas, los piqueteros o los desocupados. De manera más general, dirá que actualmente se observan tres tipos de repertorios de acción colectiva latinoamericana: (i) un repertorio de acción colectiva contenida, basada en rutinas conocidas por la gente y aceptadas por las autoridades tales como mítines, campañas, propaganda, manifiestos, firma de peticiones, manifestaciones, marchas y huelgas, (ii) un repertorio de confrontación basado en acciones que implican la alteración del orden público o uso de la violencia (daños contra la propiedad), y (iii) un repertorio de violencia que incluye justamente la agresión de otras personas, con la lucha armada, conflicto armado, terrorismo y guerrilla como algunas de sus expresiones.
27Junto a los elementos ya mencionados, Giménez (1994) plantea que las movilizaciones son siempre la expresión de conflictos estructurales del sistema social, pero señala que éstos son a su vez activados o ‘revelados’ por factores coyunturales, es decir, por las condiciones políticas o el ambiente institucional en el que emergen o se desenvuelven los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, conectadas a las teorías americanas que analizan los recursos disponibles para la acción, surge la perspectiva de las estructura de oportunidades donde el rol del Estado pasa a tener una importancia relevante (Ibarra, 2000; Navarro y Herrera, 2009). Lo último, en especial respecto a la forma en que los movimientos sociales ajustan y reajustan sus estrategias movilizadoras y sus recursos a partir de un contexto político determinado (apertura o cierre del sistema político o de las elites políticas, posibles aliados, etc.). La importancia del contexto político y sus autoridades es relevante en la medida que “se vuelve evidente que los movimientos sociales varían en naturaleza y organización de acuerdo a los tipos de autoridad política a la que desafían. Donde el “repertorio de acción” de un movimiento social ha cambiado, es evidencia prima facie de un cambio en la “estructura de poder”” (Foweraker, 1995: 19). Las corrientes americanas de estudio de los movimientos sociales empezaron a hablar de una ‘estructura de oportunidades políticas’ que consideraba el contexto político en el surgimiento de los movimientos sociales sobre la base de coyunturas favorables y enfatizando en variables externas e institucionales (Esteve, 2010). Esto quiere decir que los movimientos tienden a actuar en contextos políticos que les pueden resultar más propicios como, por ejemplo, cuando los oponentes o la clase política se encuentra fragmentada (Garcés, 2012). Entre los factores externos que dan forma a la movilización se encuentran, entre otros, arreglos de las instituciones locales, alianzas de clases, cultura popular de resistencia, y estructuras del Estado (Eckstein, 1989).
28Desde Latinoamérica, Dagnino et al. (2006b: 36) advierten sobre la importancia del contexto socio-político que gira en torno a la acción colectiva , pues si bien la sociedad civil se expresa como una densa red de movimientos sociales y asociaciones de carácter diverso,
la naturaleza de tales asociaciones es una contingencia histórica, lo que quiere decir que en cada momento el patrón asociativo es el resultado de tendencias de largo plazo que nos remiten al modelo de acumulación de capital (actores económicos y relaciones de producción), el tipo de régimen político (sistema de partidos, sistema de gobiernos, modelos de intermediación representación, inclusión y exclusión), los patrones culturales dominantes (interacción de los discursos políticos legitimadores, el tipo de imaginario nacional e internacional construido en el proceso, el tipo y alcance de la educación pública y el modelo de distribución de los bienes culturales), el marco jurídico que regula específicamente los tipos de asociación y la correlación que existe entre el mapa de las clases y grupos sociales con las otras variables mencionadas.
29Dada la importancia que los factores externos a la movilización suponen para el despliegue de la misma, así como la relevancia que representan tanto para la activación como para la desactivación de la sociedad civil, se profundizará sobre este último elemento con posterioridad. Por ahora, es posible esquematizar los elementos constitutivos de la acción colectiva que serán utilizados en este trabajo.
Figura 1.1. Elementos constitutivos de la acción colectiva

Fuente: Elaboración Propia
30Por lo tanto, y en base a los elementos teóricos expuestos hasta este punto, se entenderá a la sociedad civil y sus formas de acción colectiva a aquellas formas de organización ciudadana surgidas de manera autónoma, voluntaria y espontánea desde arenas diferentes a las del Estado y el mercado, tanto de forma institucional (organizaciones, asociaciones civiles, grupos de interés) como no institucional (movimientos sociales),16 y que ya sea buscando objetivos como la ampliación de derechos o la conservación de patrones culturales existentes, lo que dicha acción persigue, en definitiva, es un acceso a ciertos recursos sociales (materiales o simbólicos) valorados y disponibles en un sistema societal, generando con ello un terreno en disputa. Lo anterior se realiza a través de la definición de una determinada identidad colectiva o una racionalidad común relativamente transversal al conjunto social, la actuación de ciertos liderazgos o agentes movilizadores, el despliegue de un determinado e identificable repertorio de acción y que finalmente interactúan y responden a oportunidades políticas específicas y factores externos a las fronteras del grupo, movimiento u organización.
31Asimismo, entenderemos como activación de la sociedad civil al momento en que ésta (tanto en sus dimensiones formales como informales) muestra mayores niveles de organización y densificación de redes, de interacción, exposición y ocupación del espacio público. Es la fase en que la acción colectiva se hace evidente y explícita logrando un control acelerado de los recursos que persiguen (políticos, culturales, discursivos y mediáticos) y con ello de la agenda de prioridades nacionales, los contenidos del debate público, la construcción de la historicidad y del devenir nacional. Así, independientemente de la manifestación o expresión de la sociedad civil que se analice (movimientos sociales, protestas, movimiento de masas u organizaciones de la sociedad civil), es posible afirmar que en algunos momentos estas expresiones se hacen más densas y visibles o activas, mientras en otros se observa un déficit, ausencia o desactivación de las mismas.
32La literatura presentada hasta este punto se enmarca en el contexto de este estudio centrado en las trayectorias de activación y desactivación de la sociedad civil chilena. Su objetivo principal, sin embargo y más allá de observar la activación social, es analizar especialmente la desactivación social experimentada por la sociedad civil chilena, específicamente después del fin de la dictadura militar.
1.1.2 Desmovilización: importancia del estudio de las fases de subsidencia
33Tal como se ha mencionado, el propósito de este trabajo es ampliar el debate respecto a la movilización y desmovilización de la sociedad civil chilena, poniendo especial atención en la fase de desmovilización social observada luego de la restauración democrática. Para Etzioni (1968), la desmovilización ocurriría cuando el control de recursos por parte de un grupo o unidad social se reduce apresuradamente. Para Tilly (1978), desmovilización es el proceso en que un grupo pasa desde una participación activa en la vida pública a un estado de pasividad, mientras para Deutsch (1961) es el momento en que un sistema social conserva o mantiene sus esquemas de socialización. Para Remmer (1980), el concepto de desmovilización puede ser definido como el proceso en que grupos subordinados pierden la capacidad de perseguir objetivos colectivos.
34Estas premisas, sin embargo, definen el fenómeno de la desmovilización mas no hacen referencia a las características fundamentales de dichos procesos, sus posibles causas, así como las dinámicas internas que experimenta y desarrolla la sociedad civil durante estas fases. En esta sección se presentan elaboraciones relativas al proceso de desmovilización en detalle, considerándola ya sea como el resultado de anomia social, como el fin de un movimiento social o como una fase de subsidencia.
Desmovilización como anomia social
35Junto a los episodios de ebullición social, hay períodos en que la sociedad civil tiende a desaparecer del espacio público en una retracción que ha sido comúnmente clasificada como despolitización, apatía ciudadana y otras expresiones vinculadas con el fenómeno de la ‘anomia social’ (Salazar, 2001). Este último concepto está asociado principalmente al trabajo de Durkheim (1987) quien lo definiría como el problema que enfrenta una sociedad por la ausencia de reglas morales y jurídicas derivada de desequilibrios económicos o debilitamiento de sus instituciones, y que implica períodos de bajo grado de integración o de desintegración social. Más tarde, Merton (1938) abordaría este concepto desde el conflicto que sufre el individuo ante la contradicción entre los fines o las metas que se ha propuesto y los medios existentes para alcanzarlos en función del lugar que ocupa en la estratificación social, definiendo este conflicto como una forma de desviación. Germani (1981) divide esta noción en anomia psicológica (objetiva) y anomia estructural (subjetiva). Para este autor, la causa principal de dicho fenómeno es el cambio acelerado de estructuras sociales (generacionales, ecológicas, culturales, etc.) y la carencia de normas o el conflicto con las vigentes. Para Durkheim era este cambio de estructuras, específicamente el paso de una sociedad industrializada (desde una sociedad de solidaridad mecánica a una orgánica) la que incide mayormente en las posibilidades de observar anomia, dado que es en dichas transiciones desde una antigua a una nueva estructura societal donde los vínculos que unen a los individuos con los grupos sociales o colectividades no son fuertes ni constantes.
36Desde esta última perspectiva, el concepto de anomia puede entenderse como una pérdida de las identidades sociales dada la necesidad de asimilación de nuevos patrones culturales. En momentos de transición, traslape o superposición entre antiguas y nuevas sociedades en procesos tales como la industrialización o globalización, se produce una lenta pérdida de los valores y las reglas de conducta tradicionales y el posterior reemplazo por nuevos componentes normativos. Siguiendo a Durkheim, Tironi (1990) señala que cuando una sociedad muestra solidaridad interna, ésta se constituiría naturalmente en un conjunto cuyas partes están ligadas o reunidas entre sí y sería esta cohesión del conjunto lo que la anomia, cuando se presenta, logra disolver.17 La anomia surge, por tanto, en momentos de crisis de transición donde una sociedad deja lugar a otra sistema social todavía no establecido (Duvignaud, 1969). Los procesos asociados a mutaciones culturales desde un tipo más tradicional de sociedad hacia una más moderna, señala Tironi, implica una situación heteróclita donde se mezclan las formas nuevas y antiguas de ordenamiento social, donde la sociedad se fragiliza y los fines comunes o colectivos son prácticamente inexistentes produciéndose un distanciamiento generalizado de los individuos respecto del orden establecido y los fines colectivos.
37Cuando estas transiciones ocurren, los individuos tienen la sensación de estar inmersos en una sociedad cuyas normas, reglas de comportamiento y valores son ajenos o desconocidos para ellos.18 Los individuos perciben un colapso en sus estructuras sociales y culturales, una confusión entre medios y fines, desorden social, un cambio en los roles y conductas y, por tanto, una pérdida de la seguridad que la sociedad tradicional les proporcionaba (Poblete y Galilea, 1984). Gill (1999) señala que la anomia social se produce, por ejemplo, en el contexto latinoamericano a partir de los cambios estructurales que la región ha presenciado en las últimas décadas. El acelerado cambio socio-económico (industrialización, masiva migración campo ciudad) provocó el destierro de los individuos de sus comunidades tradicionales y, en este proceso, se producen alienaciones del acceso a las que solían ser sus redes de soporte social. La anomia creada por el rápido cambio societal afecta también los estados mentales de los individuos en un extendido estrés colectivo que destruye los valores comunales, las normas y creencias dejando a las personas a la deriva.
38Los momentos de trasformación cultural y aparente confusión y desorden - anomia o alienación - podría ser entonces un fenómeno relevante para los períodos de desmovilización social. Esto, pues tal como señala Tironi, Durkheim advierte que el paso de las sociedades de solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica supone la presencia de períodos de ‘calentamiento’ seguidos por períodos de ‘enfriamiento’ pasando entre medio por momentos de crisis y desorganización donde la colectividad tiende a disociarse (se privatiza) en contraste a lo que ocurre en los períodos ‘calientes’ o efervescentes en que las relaciones sociales se intensifican al máximo. En estos períodos, es donde crece la importancia del dominio privado19 así como los procesos de particularización, atomización, apatía y desinterés individual respecto al curso que sigue la sociedad, procesos necesarios y encargados de preservar la memoria colectiva y de dar origen a las innovaciones que precede siempre a los ‘renacimientos’ de las civilizaciones. En condiciones de disolución social, señala el autor, no hay conflictos de clases ni movimientos sociales pues los lazos y la identidad colectiva no existe o está en proceso de reconstrucción:
Los grupos de interés y las asociaciones intermedias desaparecen o se debilitan, y la movilización colectiva -cuando la hay- adopta la forma de revuelta. Los individuos tienden a adoptar actividades de resignación, y a buscar seguridad replegándose en grupos primarios basados en nexos de tipo afectivo, lo que ahonda su aislamiento y la segmentación social. Las movilizaciones colectivas ocurren en sociedades relativamente cohesionadas, no en sociedades en procesos desintegrativos (Tironi, 1990: 103).
39Así, este concepto nos entrega luces importantes respecto a la manera en que las dinámicas de la anomia social pueden redundar en procesos de apatía y desmovilización. El debilitamiento social en este contexto se utiliza como una consecuencia de la degradación del sistema simbólico que servía de referente a los individuos y actores sociales. Aun cuando este factor resulta relevante, y es aplicable como veremos más adelante por el período de transición democrática chilena, no es la única dimensión o explicación asociada al fenómeno de la desmovilización.
Desmovilización como fin de un movimiento social
40Tal como se presentó anteriormente, el fenómeno de la desmovilización social no ha sido analizado en profundidad por los teóricos de la ciencia social quienes se han consagrado preferentemente al análisis de las etapas de ebullición o efervescencia en sus estudios sobre los movimientos sociales. Desde estas teorías, sin embargo, es posible recoger elementos sobre las fases de desmovilización al poner atención en aquellos análisis que no atienden únicamente al origen y desarrollo de los movimientos sociales, sino preferentemente al destino o lo que ocurre con dichos movimientos luego de su irrupción en la escena pública. Para Andrews (1997), la tendencia a centrarse en las primeras y más visibles fases de un movimientos social desatiende las dinámicas del desarrollo y las consecuencias a largo plazo de los movimientos sociales. Para McAdam, McCarthy y Zald (1988: 728) existe un “existe un estado relativamente subdesarrollado de conocimientos respecto a las dinámicas de la acción colectiva una vez pasada la emergencia de los movimientos”. Concordando con estos autores, Tarrow señala que “el campo de estudio de los movimientos sociales ha desarrollado en alto grado nuestro conocimiento del proceso de movilización; ha sido mucho menos exitoso en analizar los procesos de desmovilización que inevitablemente le siguen” (2011: 190). De acuerdo con Ajangiz:
Las consecuencias que tiene la acción de los movimientos sociales es una de las cuestiones menos estudiadas en la bibliografía existente al respecto. A los y las analistas de los movimientos parece preocuparles más el cómo y el por qué se mueven que lo que al final consiguen mover en realidad, más sus orígenes y procesos que sus resultados. (…) Una cuestión muy interesante, sin duda, pero la paradoja está en que para dar fuerza a su argumento dan por bueno y suficiente el conocimiento existente sobre el “antes” y el “después” de la acción colectiva cuando, en realidad, ese “después” no era en aquel momento sino una caja prácticamente vacía de propuestas teóricas, metodológicas o estudios de casos (2000: 23–24).
41Siguiendo a autores como Miller (1999) y Tarrow (2011), entre los factores que actúan gatillando el fin de un la movilización se encuentran: represiones y descabezamiento de los movimientos y organizaciones de la sociedad civil.20 Esto es lo que de forma transversal se observó en Latinoamérica durante los años setenta y ochenta del siglo pasado cuando los manifestantes, miembros de organizaciones populares, sindicatos, etc. fueron exiliados, desaparecidos, acosados, torturados y muertos debilitando o definitivamente sepultando el tejido social presente en una fase de activación. Un segundo factor es la consecución de objetivos. Si se trata de organizaciones de la sociedad civil, lo más probable es que el objetivo de sus demandas sea alcanzado o resuelto ya sea por las acciones de las mismas organizaciones o por la influencia de políticas públicas.21 El desarrollo de los movimientos sociales, por otra parte, sigue un camino diferente. A medida que una movilización avanza, sus demandas comienzan a ampliarse y hacerse más generales, lo que deriva en la aspiración de transformaciones más radicales del sistema social en que se llevan a cabo. Para Melucci (1989: 72), “lo que ocurre normalmente es que las respuestas desde la institucionalidad política nunca logran incorporar la totalidad de dichas demandas y lo que sucede es una fragmentación del movimiento”. Para Munk (1995), otros factores tras el fin a un movimiento social serían la cooptación partidista, de una fuerza política populista o pérdida de autonomía. Esto se puede observar tanto en el control ‘desde arriba’ de aparatos estatales que logran asimilar a segmentos de la sociedad civil (ONGs, sindicatos, etc.) dentro de su propia esfera, como cuando la movilización deja de ser autónoma y el movimiento pierde su orientación hacia el cambio para pasar a ser parte del sistema político institucional. Este proceso también ha sido analizado y definido como la institucionalización de los movimientos sociales o el “proceso que implica un cambio hacia formas más estandarizadas, menos amenazantes de acción colectiva que suponen menos movilización y menos perturbaciones” (Hipsher, 1998: 157) y que implica negociaciones y una fuerte presencia de las instituciones y agencias de gobierno. Finalmente, el fin de una movilización social puede estar en su ensimismamiento, esto es, una acción colectiva basada en una política pura de identidad, dirigida a la protección de la identidad grupal frente a la posible intrusión de personas ajenas. Esta opción deriva en que el movimiento social se transforma en una fuerza social comunal o fundamentalista que conduce igualmente a la pérdida de fuerza y la larga a la disolución del movimiento social o desmovilización.
42Respecto a los impactos de una movilización una vez que ésta se ha disuelto, Jamison (2006) señala que a través de la oposición a olas de industrialización, los movimientos sociales y culturales desencadenan un proceso de producción de conocimiento propio denominado “praxis cognitiva”. Dicho proceso provoca la renovación de visiones cosmológicas, tecnológicas y organizacionales que, transformadas en discursos científicos, institucionales y prácticos, se vuelven luego formas de conocimiento aceptadas y generalizadas.22 Asimismo, de acuerdo con Foweraker y Landman (1999), las movilizaciones y otras formas de acción colectiva tienen un impacto directo en la generación de conocimiento y, con ello, en la consecución y expansión de derechos civiles.23 De acuerdo a sus hallazgos, existe una correlación histórica entre movilizaciones y derechos individuales, esto es, cada factor condiciona el desarrollo y la trayectoria política del otro, son constitutivos mutuamente y que el uno no puede desarrollarse sin el otro.24
43Siguiendo la línea de las teorías de los movimientos sociales para entender lo que ocurre una vez que éstos se tienden a retraer de la escena pública, Tilly (1984) plantea que las movilizaciones y los movimientos sociales son parte de procesos políticos mayores, y mediante un análisis histórico, determina fases de disputa o conflicto con sus correspondientes repertorios de acción colectiva. Desde esta visión, de gran relevancia para este trabajo, los movimientos sociales se entienden como series de interacciones constantes entre los poderosos y las personas sin representación formal en un proceso defensivo u ofensivo en que las demandas se hacen públicas y visibles, exigen cambios en la distribución del ejercicio del poder y son acompañadas con demostraciones públicas (Diani, 1992: 5). De la misma manera, Tarrow (1995) considera a las movilizaciones no como un grupo que se constituye en un momento particular sino como un proceso constante. La teoría del proceso político concibe a los movimientos sociales y su acción de protestas como un fenómeno cíclico, que puede surgir o decaer en función de los cambios políticos y las oportunidades externas al movimiento. Los períodos de efervescencia son momentos puntuales de ‘locura’ que se conectan a épocas de contención configurando ‘ciclos de protesta’ que van introduciendo nuevas formas de acción o reutilizar las formas de protesta tradicional. Para que las fases de ebullición tengan lugar, Andrews (1997) señala que la teoría del proceso político distingue entre las dinámicas internas de los movimientos sociales y la estructura de oportunidades políticas, es decir, la extensa red de dinámicas sociales, económicas y políticas que dan forma a las oportunidades y limitaciones para la movilización. Entre los factores internos a la movilización están las habilidades de sus líderes, formas y fortalezas organizacionales, redes informales de activistas y sus vínculos con otros movimientos sociales. La estructura de oportunidades políticas, por otra parte, incluye el rol de las alianzas o coaliciones políticas y red de apoyo, la disponibilidad de puntos de acceso efectivos hacia el sistema político, la capacidad y propensión de los Estados hacia la represión, así como el nivel de fragmentación de las elites.
Desmovilización como fase de subsidencia
44Salazar (2001) y Melucci (1989) señalan que los científicos sociales normalmente examinan las etapas de movilización descuidando en ocasiones el estudio de los momentos en que la ciudadanía tiende a desaparecer de la escena pública. La importancia de centrar el análisis en dichos períodos radicaría en que, siendo la activación y desactivación política las dos caras de la misma moneda del fenómeno de la movilización ciudadana, en una etapa de aparente desactivación podría esconderse una reestructuración, una organización y un desarrollo diferente de la sociedad civil donde se cimentarían las bases para las fases de activación política venideras. Se sugiere con ello un replanteamiento de la lógica de desactivación o debilitamiento social, por una fase de reestructuración de la sociedad civil o de movilización latente (Remmer, 1980, p. 227) correspondiente a un período de ‘incubación’ social, donde nuevas identidades y estructuras civiles son generadas y que servirán de cimiento para las futuras olas de movilización.
45Para Melucci (1989), los movimientos sociales se visibilizan sólo en áreas y espacios temporales limitados, pero al hacerlo revelan redes sociales que se encontraban sumergidas u ocultas la cotidianidad de las relaciones sociales. La movilización se vuelve visible sólo cuando un conflicto determinado o ciertas circunstancias específicas lo permiten, de otra forma, se mantiene en estado de latencia o movilización potencial que no implica inactividad sino un momento de construcción y reconstrucción de formas de acción que son alimentados por la producción constante de marcos de sentido alternativos. Estas etapas son relevantes pues en ellas se elaboran las respuestas a nuevas formas de control, a la vez que la resistencia y el conflicto también se encuentran presentes, aunque en una dimensión molecular. Paradójicamente dirá el autor, “la latencia de un movimiento es su fuerza más efectiva” (1989: 71).
46Asimismo, Salazar (2001) propone que los movimientos sociales atraviesan por etapas de emergencia y también de subsidencia.25 Al hacer un análisis de los movimientos populares en la historia de Chile, el autor observa que en una perspectiva de largo plazo hay momentos de emergencias o irrupciones sociales en el espacio público que, presentando diferentes formas y niveles de organización, han producido diferentes impactos en la estabilidad del sistema institucional. Junto a estos episodios de ebullición ciudadana también son identificados períodos en que la sociedad civil desaparece del espacio público y se sumergen en las llamadas fases de subsidencia. Para el autor, durante esta invisibilización:
el movimiento social es tan social y tan movimiento cuando irrumpe en el espacio de lo público y lo político, que cuando subyace en estados de subjetivación, privatización y alejamiento aparente de lo público. Nos pareció que era tan movimiento y tan social lo que se presenta como un conflicto objetivo y político, tramitado institucionalmente, como lo que se sumerge como un conflicto subjetivo o intersubjetivo, que se expresa a través de actitudes y conductas privadas (2001: 12).
47Los movimientos y acomodaciones que se producen en las fases de movilización latente o de subsidencia dan lugar a un denso entramado social de características subterráneas. En dichas fases, se despliegan diversos procesos de reagrupación local, organización, multiplicación y desarrollo de numerosos tipos de los lazos microasociativos, espontáneos y no necesariamente estatutarios. Entre las características que es posible observar en estos momentos se encuentra: (i) una reconfiguración de los espacios sociales que, sin ser necesariamente espacios físicos, son lugares de convergencia, móviles y constituidos por redes de interacción donde se desarrolla lentamente el proceso de reagrupación social, (ii) Una intensificación de la oralidad que permite la creación de nuevas formas expresivas, nuevas palabras e imágenes dentro del imaginario social y (iii) una reconstrucción constante de la identidad colectiva. Para el autor, en las fases de subsidencia la memoria asociativa es el insumo que permite el desarrollo cultural necesario para el florecimiento de una nueva identidad colectiva.
48En los períodos de inmersión del movimiento social, por tanto, se produce una rearticulación que da lugar a núcleos culturales e identitarios que permite a los sujetos colectivos adquirir visiones, opiniones conjuntas y masivas en procesos espontáneos y autogestionados. Los períodos de emergencia ciudadana no son más que el resultado de la cultura interna que se origina, se desarrolla y se potencia en los complejos procesos sociales, culturales e históricos que tienen lugar en los períodos de subsidencia (Salazar, 2013: 420). Para el autor, este desarrollo o acumulación de capital social es lo que permitiría la irrupción de la sociedad civil en el espacio público como un proceso constante o como una constante ‘capacidad de retorno’. Revilla Blanco (2010) invita así a hacer la distinción entre episodios y procesos de acción colectiva alertando la necesidad de estudiar los procesos de movilización considerando las fases de latencia.26 Para la autora, para que la movilización llegue a concretarse “es necesario que exista organización, comunicación, identidad, liderazgo, intercambio, etc., el período de inactividad movilizadora, de invisibilidad, suele ser el tiempo en el que se tejen las redes que serán la base de la movilización” (2010: 60).
49Sin analizar explícitamente el tema de la movilización o desmovilización, Stepan (1985) revela lo que podemos considerar trayectorias de (des)activación civil al observar las dinámicas de fortalecimiento o debilitamiento de la sociedad civil vis-à-vis el Estado. Esto pues, el Estado mismo, los objetivos de aquellas elites que lo controlan, las contradicciones en su interior, así como su continua capacidad de represión y transformación económica, impactan directamente en la forma en que interactúa con la sociedad civil. Las relaciones recíprocas por tanto entre el poder del Estado y el poder de la sociedad civil (movilizada y densa en ciertos momentos, desmovilizada y más fragmentada en otros) se traduce, en el mayor nivel de abstracción, en al menos cuatro dinámicas: en la primera combinación, el crecimiento del poder del Estado puede ser acompañado por una disminución del poder de la sociedad civil en un juego de suma-cero. Es también posible que las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil resulte en una suma-positiva o que las interacciones muestren ser una suma-negativa: la capacidad del Estado puede declinar mientras la capacidad de la sociedad civil se ve de igual manera mermada. Finalmente, existe la posibilidad de que el poder de los actores que operan fuera del aparato del Estado - o sociedad civil - crezca mientras que el poder de los que están dentro de ese Estado se ve eclipsado.
1.1.3 La influencia del contexto en las trayectorias de (des) movilización
50A partir de lo expuesto, las movilizaciones son un proceso constante que en ciertos períodos históricos se visibiliza mientras, en otras, permanece oculto. Si bien existen ciertas características generales que se pueden observar de manera más o menos transversal a los períodos de (des) activación social, las formas que adopta la acción colectiva tienen especificidades y particularidades dependiendo de cruce tiempo-espacio en que se despliegue.
51De esta forma, aun cuando en esta primera sección se han presentado los debates necesarios para construir un marco de referencia útil para el análisis posterior, no se pretende con ello establecer una estructura analítica rígida ni universalizante respecto a la (des) movilización social. Dada la complejidad epistemológica y ontológica del estudio de la sociedad civil y sus movimientos sociales, su análisis no sólo supone la definición de ciertas categorías, orientaciones y modelos sino también requiere situar estos fenómenos en relación a fuerzas políticas, económicas y sociales.27 Asimismo, cada nueva oleada de activación o período de desactivación tiende a redefinir los espacios en los que se desenvuelve en términos de prácticas políticas, su relación con la cultura, la economía, los medios, la sociedad y la naturaleza. Para Escobar y Alvarez (1992), los investigadores asumen una existencia unitaria y coherente (un dato empírico unitario en palabras de Melucci (1994) a través del flujo histórico lo que podría esconder el carácter cambiante de la acción colectiva en términos de las orientaciones, los significados, niveles y sistemas históricos. Esta simplificación, dice Melucci, es igualmente equivocada de aquella “imagen opuesta de una masa amorfa guiada exclusivamente por sus instintos gregarios” (1994: 155) asumiendo con ello las complejidades del fenómeno de la movilización social al cual se debe considerar un “sistema de acción multipolar”28 que representa, no un punto de partida, sino un resultado.
el fenómeno colectivo es, de hecho, producto de procesos sociales diferenciados, de orientaciones de acción, de elementos de estructura y motivación que pueden ser combinados de maneras distintas. El problema del análisis se centra, de esta forma, en la explicación de cómo esos elementos se combinan y unen, de cómo se forma y se mantiene un actor “colectivo” (1994: 156).
52En este sentido, y además de entender la emergencia y latencia de la acción colectiva como un proceso político de larga escala, Tilly (1995) advierte que el análisis sociológico tiende generalmente a la producción de modelos generales, transhistóricos e invariables para la explicación de un amplio rango de fenómenos sociales.29 Para el autor, sin embargo, emprender un análisis válido y profundo sobre fenómenos de naturaleza social, implica justamente tomar en consideración dicha naturaleza: variables plásticas, complejas, determinadas por una constelación de particularidades definidas por el tiempo y el espacio en que tienen lugar. Más aún, McAdam et al. (1996), señalan que tanto las escuelas europeas como norteamericanas de estudio de los movimientos sociales han analizado la importancia de los cambios en la estructura institucional o las relaciones de poder en un determinado sistema político nacional así como las diferencias en las características políticas de los Estado-nación en los que se encuentran contenidos. En ambos casos, el investigador es guiado por la convicción de que los movimientos sociales son moldeados por un amplio set de restricciones y oportunidades únicas en el contexto nacional en que están insertas.
53Se consideran así los procesos de activación y desactivación social como fenómenos que, en términos generales, comparten ciertas características, son coherentes entre sí y poseen cierta continuidad, que no implica que su repetición a través del tiempo se presente de manera uniforme sino, al contrario, condicionados por el cruce las variables temporales y contextuales específicas. Esto supone justamente desmembrar grandes eventos o fenómenos en secuencias de eventos conectados causalmente y examinar cada eslabón de la cadena reconociendo en cada uno de ellos sus particularidades y la constelación de factores que le determinan.
54Al referirse a ‘trayectorias de (des) movilización social’ este trabajo recoge la tesis del proceso político y la movilización como un proceso constante, sin pretensiones de hacer uniforme y homogénea la acción colectiva, sino más bien dar continuidad a un proceso que generalmente se ha estudiado de forma parcelada o aislada en el caso chileno, poniendo atención a cada oleada de movilización de manera independiente. La revisión de la literatura sobre movimientos sociales y sociedad civil hasta este punto permite tener elementos que definan generalidades y herramientas de análisis sobre la acción colectiva. El trabajo que comienza a continuación es identificar las particularidades y los hechos específicos que, para el caso chileno confluyen en el período post-dictatorial definiendo un momento de desactivación social.
Figura 1.2. Esquema explicativo de las trayectorias de (des) activación social

Fuente: Elaboración propia.
55En las siguientes secciones se presentan las trayectorias de activación y desactivación de forma específica para Chile y la manera en que éstos influyeron dando forma a la acción colectiva del período post dictadura, esto es, el trauma instalado en la memoria colectiva, el paradigma de gobernabilidad y el modelo económico neoliberal.30
1.2 Movilización y desmovilización en Chile: la fase de subsidencia de la era concertacionista y sus factores determinantes
56De acuerdo con diversos diagnósticos, el retorno a la democracia en Chile se caracterizó por la fragmentación, debilitamiento y crisis de los movimientos sociales (De la Maza, 2003; Garcés y Rodríguez, 2004), por la desmovilización y desactivación de la sociedad civil (Silva, 2001), el decline de los movimientos sociales urbanos y populares (Oxhorn, 1995; Roberts, 1998; Taylor, 1998), por una sociedad ampliamente despolitizada (Gómez Leyton, 2008), por una retracción ciudadana (Moreno, 2006), por un desarrollo sin ciudadanos (Márquez y Moreno, 2007) o, inclusive, por una ausencia civil (Otano, 2006). Joignant (2003) retrata este proceso como un período de despolitización, lo que califica como una “democracia de la indiferencia”.
57Diferentes adjetivos han sido utilizados para retratar el fenómeno de la migración de la ciudadanía desde la esfera pública hacia el mundo privado luego del fin del autoritarismo, así como su escasa presencia en la toma de decisiones y en la definición de la agenda política nacional en la fase post-dictatorial. Lo anterior se opondría tanto a la ya mencionada y analizada efervescencia social en el resto de Latinoamérica durante el mismo período, como al supuesto de que la reconstrucción democrática se desplegaría inserta en un escenario de posicionamiento ciudadano, revitalización y articulación de la sociedad civil.31
58La afirmación respecto a una desmovilización en el período 1990-2010 o era concertacionista,32 se puede constatar en base a diferentes hechos, entre ellos, en comparación con la efervescencia y las dinámicas sociales de las etapas precedentes y subsecuentes, analizando las características de la sociedad civil del período como un ‘tipo ideal’ en función de los planteamientos teóricos expuestos en la primera sección de este capítulo, desde el fenómeno de la desafección política o, de igual forma, desde una mirada a la trayectoria la participación social de dichos veinte años. En esta sección se desarrollan cada uno de estos puntos para luego presentar, de manera general, los principales factores que han sido propuestos para dar explicación a la desactivación social de la redemocratización. Asimismo, se propone un replanteamiento de la lógica de la retracción o ausencia civil en pos de una fase de movilización latente, donde nuevas identidades y estructuras de la sociedad civil son reconstruidas y regeneradas.
1.2.1 Desmovilización de la sociedad civil chilena en la era concertacionista
La (des) activación de la sociedad civil bajo el régimen autoritario
59En la historia política reciente del país se observa una fase de fuerte irrupción ciudadana en la esfera pública entre los años 1964-1973 cuando la sociedad chilena llegó a ser señalada como una de las más politizadas de Latinoamérica (Silva, 2004), siendo el período del gobierno de la Unidad Popular definido incluso como un momento de hipermovilización civil (Landsberger y McDaniel, 1976). Para Garcés y Rodríguez (2004), hasta la década del setenta y, en especial, durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular, Chile había sido un país abundante en tradiciones de organización y participación social que sufrieron un fuerte embate luego de 1973. La acometida del golpe y dictadura militar desencadenaría un proceso de desmovilización y desarticulación ciudadana explícito y forzado por los aparatos de represión de los servicios de inteligencia,33 que se materializaría con éxito especialmente durante la etapa más temprana del régimen cuando el tejido social fuera prácticamente destruido (Hipsher, 1996; Remmer, 1980).
60A partir del año 1983, sin embargo y pese a la magnitud de la represión, se inicia un nuevo ciclo de agitación social bajo la forma de las jornadas de protesta nacional34 que logran desestabilizar la dictadura militar. Antecedida por la crisis económica del año 1982, una gran movilización de la sociedad civil emerge en oposición directa al régimen de Augusto Pinochet. Pese a la represión política del Estado, los sectores populares tuvieron la capacidad de lentamente recomponer el quebrantado tejido social desde el que emergieron nuevas redes y organizaciones que a partir del año 1983 desplegaron el mayor movimiento de resistencia observado durante la dictadura (Garcés y Rodríguez, 2004). Con un desarrollo mayor en los barrios populares y especialmente en Santiago, durante aproximadamente tres años y de forma periódica, las jornadas incluyeron huelgas y paros en empresas y escuelas, así como protestas en avenidas céntricas de la ciudad, mientras por las noches barricadas y enfrentamientos con la policía tuvieron lugar en la periferia. Esta movilización es liderada, siguiendo a De la Maza (2010a), primeramente por el núcleo más poderoso del sindicalismo nacional (las empresas estatales) y sustentada luego por amplias masa urbanas de pobladores, estudiantes e, intermitentemente, por los sectores medios. El autor señala que las jornadas de protesta,
fueron organizadas a través de una red de grupos construidos pacientemente durante diez años por activistas políticos, defensores de los derechos humanos, agentes pastorales de las iglesias y mujeres incorporadas a la lucha de la subsistencia, en la práctica movilizó masivamente también a los “no organizados” (2010a: 85).
61Así, en 1983 se produciría lo que Garcés y De la Maza (1985) llamarán ‘la explosión de las mayorías’ en un ciclo de protestas que representaron una rearticulación de expresiones sociales y políticas que se desarrollaron al margen del Estado aunque en referencia y oposición al mismo. Para los autores, a partir de esta explosión “se trata de que la sociedad civil - dispersa y despolitizada - se reencuentra en un accionar eminentemente político por cuanto refiere al poder del Estado y a un nuevo orden democrático” (1985: 19). El movimiento antidictatorial -o también llamado movimiento democrático (Garretón, 2002)35- permitió la convergencia de jóvenes, mujeres, sectores de la Iglesia Cristiana, organizaciones no gubernamentales y partidos populares en una acción colectiva que modificó el escenario político de la dictadura y allanó el camino para la transición hacia la democracia. Durante esos años se produce un fuerte crecimiento de las organizaciones no gubernamentales en el país ya sea en forma de oposición o en su labor paliativa de los efectos más nocivos de la dictadura, sobre todo en los sectores populares (Loveman, 1994).
62El 5 de octubre de 1988 se lleva a cabo el plebiscito en que la opción No pone fin al régimen de Pinochet a la vez que establece la elección democrática del presidente de la República para el año siguiente. El triunfo del No fue considerado como el resultado de un trabajo en conjunto de la elite política que había sido capaz de organizarse y crear alianzas funcionales al proceso, y de una sociedad civil activa en la forma de organización y grandes movilizaciones callejeras. Sin embargo, y pese a la articulación, el entramado social y la efervescencia que se forjara en el proceso de término de la dictadura militar, Otaño (2006: 79) señala que,
más allá del alboroto, se estaba produciendo un suceso invisible, pero decisivo. Las casas de no, capilarizadas por todo el país, cerraban aquella noche sus puertas para no volverlas a abrir. Aquellos lugares donde se había nutrido la esperanza democrática y la participación de los jóvenes, pobladores, profesionales, mujeres, artistas, militantes, independientes, diversas minorías, echaban el telón. Se clausuraba un espacio que, con ilusión multitudinaria y anónima, se había conquistado contra la dictadura y contra el miedo. (…) Ahí quedó decretada una transición construida para la gente, pero evitando a la gente. Aquella maravillosa fiesta democrática terminó en un coitus interruptus, en el inicio de una ausencia civil.
63De esta manera, una vez recuperada la democracia se produjo un eclipse progresivo de las organizaciones de la sociedad civil surgidas durante la dictadura como ciertas ONGs, grupos de lucha armada, redes de educación popular, la iglesia de los pobres, etc. (Salazar, 2013: 45). El movimiento social antidictadura se vio desactivado, pero no fue reemplazado por nuevas formas de participación social (De la Maza, 2003). Como advierte Silva (2004: 64), contrariando las expectativas, a partir de 1990 no se presenció una revitalización de la sociedad civil, sino al contrario “una de las características más llamativas de la nueva democracia chilena ha sido la creciente despolitización de la sociedad civil y la ausencia de grandes debates políticos nacionales”. Así, Oxhorn afirmaba el año 2003 que la sociedad civil en Chile “permanece débil y fragmentada, incapaz de retomar la iniciativa que demostró durante los años ochenta bajo el régimen militar (...) la transición dio como resultado un marco político que no estimula la participación y que es crecientemente elitista” (Oxhorn, 2003: 162). De la misma manera, en la sociedad civil chilena a partir de 1990 se observó un doble fenómeno: por una parte se produjo la desmovilización de los actores tradicionales y de aquellos que se habían articulado para protestar contra la dictadura y, por otra, se produjo una organización en torno a temas específicos, y por tanto funcionales, transitorios y fragmentados, que no tuvieron impacto sobre las líneas programáticas nacionales (Márquez y Moreno, 2007).
Año 2011: nuevo ciclo de movilización social
64Las dinámicas y las características, así como el nivel de activación o movilización de la sociedad civil del período post-dictadura presentan, por tanto, un fuerte contraste al ser comparadas con aquellas observadas durante las décadas anteriores. Asimismo, la afirmación respecto a una desmovilización en el período de la redemocratización chilena no sólo puede realizarse en base a una comparación con las dinámicas sociales de etapas precedentes, sino también al observar el período subsecuente.
65Aun cuando existieron episodios de movilización durante los veinte años de gobierno de la Concertación (1990-2010),36 el ciclo que emergería a partir del año 2011 resultó ser diferente en escala e impacto, con miles de personas marchando de forma regular en Santiago y otras ciudades del país, ya sea demandando el fin al sistema de educación con fines de lucro, una mejor política energética y medioambiental, o un mejoramiento en las condiciones de vida en las regiones del país.37 Para Mayol y Azócar (2011: 3), entre 1990 y 2011 la sociedad civil chilena privatizó los problemas públicos asumiéndolos a un nivel individual, tendencia que sería revertida durante 2011 a partir de un proceso de movilización de extensa envergadura que logró “politizar la sociedad chilena, modificando el escenario valorativo y la visión hegemónica de la sociedad”. Respecto a este fenómeno Segovia y Gamboa (2012) advierten que durante el año 2011 se observó un aumento sustantivo de la movilización con 240 marchas autorizadas (versus 134 en 2010) lo que implicó un promedio de 20 marchas mensuales en la Región Metropolitana. A nivel nacional en tanto, se estiman 6000 manifestaciones públicas y dos millones de participantes durante el año. Para los autores, “estos son los niveles de movilización social más altos vistos desde 1990. Ahora bien, más allá de la cantidad y masividad de las manifestaciones públicas, estos procesos sociales definieron la agenda política del año” (2012: 67).38
66Arrué (2013: 3) extrema aún más el argumento señalando que el movimiento estudiantil de 2011 y 2012 es “el primer gran movimiento de masa desde el golpe de Estado de 1973” y destaca su magnitud, su duración y su capacidad para desafiar el accionar del gobierno. A las multitudinarias marchas en Santiago y en todo el país se sumaron muchas veces los padres y los profesores de los estudiantes a la vez que se realizaron tomas de cientos de establecimientos educacionales, paros e incluso huelgas de hambre.
67De esta manera, el ciclo de movilizaciones inaugurado el año 2011 fue entonces definido como un “estallido social” (Mira, 2011), “el resplandor de las mayorías” (Vera, 2012), o “el despertar de la sociedad” (Garcés, 2012) como una forma de retratar la emergencia de las masivas movilizaciones.39 Para este último autor, en el período 1990-2010 “no se constituyeron movimientos sociales significativos, salvo el movimiento mapuche y, de manera más episódica, el movimiento de los secundarios a principios del 2000 y el “movimiento pingüino” del 2006. Algo cambió, sin embargo, el 2011” (Garcés, 2012: 10). La utilización de términos como ‘estallido’ o ‘despertar’ no sólo describen la emergencia de este ciclo de movilizaciones, sino que al mismo tiempo define, por oposición, el escenario previo a 2011: un momento de silencio o adormecimiento social que refleja una limitada presencia de la sociedad civil en espacios de debate público.
Desmovilización en Chile desde el marco conceptual
68De esta manera, tanto en contraste con la ebullición social de las décadas del setenta y ochenta, así como en comparación con movilización iniciada el año 2011, el diagnóstico respecto a una fase de desmovilización de las organizaciones y movimientos sociales de la sociedad civil durante la redemocratización en Chile cobra mayor sentido. Asimismo, y tomando en consideración las definiciones planteadas en la primera sección de este capítulo, la acción colectiva observada tanto durante el régimen militar, así como aquella a partir del año 2011 corresponde con lo que ha sido definido como movilización. Asimismo, es posible identificar los elementos constitutivos de la acción colectiva planteados con anterioridad. Esto es, en ambos ciclos de efervescencia social la sociedad civil toma el control de los recursos simbólicos o sobre una cierta historicidad, definiendo un discurso aglutinador y, con ello, una determinada identidad colectiva. De forma específica, en ambos períodos es la sociedad civil - la social unit de Etzioni (1968) - la que toma un control acelerado sobre la agenda política nacional, los temas y problemáticas prioritarias, las líneas programáticas, el contenido de los medios de comunicación, etc. En ambos momentos es posible identificar liderazgos o agentes movilizadores, realizar un análisis de las oportunidades políticas y los factores externos presentes (Tarrow, 2011) así como el despliegue de un determinado repertorio de acción (Tilly, 1979).
69En el período 1990-2010, al contrario, los elementos constitutivos de la acción colectiva parecen estar sumergidos e invisibles, al mismo tiempo que el control y definición de la agenda, el debate público, y en definitiva, el devenir nacional - los recursos simbólicos y la historicidad - no fueron entonces definidos por la sociedad civil, sino por un actor o social unit diferente. Al respecto, diversos autores tienden a coincidir en que la transición democrática chilena se caracterizó por el fuerte manejo y control político de las elites - la llamada democracia de los consensos - y por la prescindencia de la participación de los ciudadanos en la construcción de la democracia (De la Maza, 2013a; Márquez y Moreno, 2007; Moreno, 2006; Rovira, 2007). Asimismo, se ha señalado que el control de la agenda política y las líneas programáticas en dicho período estuvieron dominadas y supeditadas a las lógicas del mercado. Díaz (1995) plantea que si bien el autoritarismo de Pinochet y la implementación de las políticas neoliberales tuvieron como consecuencia el aplastamiento o desarticulación de la sociedad civil, advierte que dicha desarticulación corresponde únicamente al mundo popular40 pues, en paralelo, se reconstruyó y se potenció el mundo de los negocios.
Desactivación social y desafección política
70El fenómeno de la desactivación social en Chile durante el período de la redemocratización también puede ser leído en clave de despolitización de la sociedad civil. Siguiendo a Joignant (2003), la despolitización se entiende como el desinterés por el quehacer político y la falta de involucramiento cotidiano por los asuntos públicos. La distancia entre el mundo social y el mundo político puede reflejarse tanto en el abandono de prácticas asociadas a la participación política (siendo las elecciones locales y nacionales sus manifestaciones más comunes) como a acciones colectivas a nivel de reivindicación de derechos.
71Hasta el año 2012 el sistema electoral chileno, diseñado durante la dictadura militar, consistía en inscripción voluntaria en los registros electorales y voto obligatorio. A partir de los datos, se observa una tendencia decreciente tanto del registro en el padrón electoral así como en el voto para el período 1990-2010, cuando luego de alcanzar su nivel más alto en las elecciones nacionales de 1989, ya en 2009 sólo 6 de cada 10 chilenos (66,4 %) estaban dispuestos a participar en una elección de nivel local o nacional.41 Más aún, entre aquellos participantes de los procesos eleccionarios, el número de abstenciones, votos nulos y blancos ha mostrado una curva ascendente luego de recuperada la democracia aumentando desde 2,7 % a 13,7 %, de 0,9 % a 4,4 % y de 1,3 % a 13,5 % respectivamente entre 1988 y 1997 (PNUD, 1998). Carlin (2006) señala que los analistas generalmente han asociado dicha tendencia a una pérdida de apoyo popular hacia el sistema político chileno, a la despolitización de los ciudadanos y a un cambio generacional en la cultura política en la que pierde énfasis la participación cívica y política. La no participación se observó principalmente entre los más jóvenes quienes fueron el grupo que mostró una mayor distancia, falta de disposición a participar en los comicios y, en definitiva, una tendencia apática y despolitización.42 Se trata de un proceso de desideologización, pérdida de interés y de desconfianza hacia las formas de representación y ejercicio de la política (Garcés y Valdés, 1999; Parker, 2000).
72De igual manera y reportando los datos del Centro de Estudios Públicos, Joignant (2003) demuestra una tendencia positiva en la evolución del autoposicionamiento político en la categoría ‘independiente, ninguna o no sabe o no contesta’ desde un 19 % en marzo de 1993 a un 37 % en 1999. Asimismo, el porcentaje de la categoría ‘ninguno o no contesta’ respecto a la identificación partidista aumenta desde un 20 % a un 40 % en el mismo período. A la baja identificación política se suma un desarraigo social respecto a la institucionalidad democrática, con un bajo grado de confianza en instancias tales como el Congreso, los partidos políticos y la Constitución (PNUD, 2000). Según este último informe, la valoración de la democracia disminuye entre 1989 y 1999 desde un 64 % a un 45 % mientras sólo uno de cada cinco chilenos mostraba algún interés en temas políticos. Asimismo, Madrid (2005) analiza los patrones de politización generacional en términos de interés en política e identificación ideológica, y advierte que la juventud chilena en el año 2005 era más apolítica que los cohortes de 1961 y 1969, que los adultos eran menos politizados que lo que fueron en su juventud y, aun cuando son los jóvenes los más reticentes a participar en los procesos eleccionarios, no son éstos más apolíticos que el resto de la sociedad.
La desactivación como participación social decreciente
73La desactivación de la sociedad civil chilena durante la redemocratización no sólo puede ser analizada respecto a la baja participación de los ciudadanos en los procesos eleccionarios, sino también como una relación a participación en organizaciones de la sociedad civil. Esto no implica que durante el período 1990-2010 no existiera un entramado asociativo en Chile. Por el contrario y tal como lo advierte el Informe del (PNUD, 2000), dentro de la sociedad civil chilena se observa una articulación social a nivel de bases que da cuenta de una “importante densidad asociativa” que constituye una ““capacidad instalada” en la sociedad chilena” (2000: 132). En el Informe se realiza un detallado catastro en el que se contabilizan 56,3 organizaciones por cada diez mil habitantes del país (cifra más alta que en países como Argentina y Francia, por ejemplo). Este tipo de asociatividad, sin embargo, y tal como señala el mismo Informe, se caracterizaría por vínculos sociales más bien tenues y flexibles, instrumentales y dirigidos básicamente a la consecución de beneficios de tipo individual. La mayoría de estas asociaciones están orientadas a la sociabilidad, a fines específicos relacionados con la mejora del entorno, a la expresividad artístico-espiritual, a la información o difusión y administración o gestión. De los objetivos perseguidos por las organizaciones, el único tipo de asociatividad con un eventual potencial movilizador, dinamizador o “cuya acción es similar a las características de los llamados “movimientos sociales”” (2000: 128) son aquellas cuyo objetivo es la búsqueda de reconocimiento social y el ejercicio o defensa de derechos ciudadanos. Este último tipo, representa el 0,3 % del total de organizaciones catastradas en el año 2000.43
74Durante la redemocratización chilena también se observaron cambios en la configuración y las dinámicas de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Tal como se planteó, durante la década del ochenta dichas organizaciones experimentan un florecimiento de cara a las políticas de la dictadura y al complejo momento que vive parte de la población. Este dinamismo, potenciado por el financiamiento de la cooperación internacional, se caracterizó por una fuerte oposición y autonomía respecto al régimen militar. A partir de la década del noventa, en cambio, datos tanto de MIDEPLAN como de ACCIÓN constatan una disminución de este tipo de organizaciones en un contexto de crisis para las ONGs chilenas, calificando incluso el período como una “década perdida” para este sector (Gruninger, 2003: 104). El fin de la dictadura implicó una pérdida del sentido y los objetivos de trabajo de muchas de las organizaciones de este sector al mismo tiempo que se produjo el paulatino retiro de la cooperación financiera internacional. Dado este escenario, los objetivos de muchas organizaciones debieron ser replanteados y ajustados a los requerimientos programáticos y la disponibilidad de fondos en este nuevo contexto.
75La creciente volatilidad y vulnerabilidad devino en problemas de legitimación e identidad, variables que también colaboraron en el debilitamiento general del sector durante la recuperación democrática. Dicha crisis identitaria surge apalancada por un cambio estructural en la relación de este sector con el Estado: mientras durante el régimen militar las ONGs se expresaron y se definieron como instituciones anti-gubernamentales, a partir de la década del noventa se constituye una nueva relación con el Estado, abriéndose un espacio para la colaboración que devino también en dependencia, cooptación, la pérdida del rol fiscalizador y la capacidad crítica ciudadana hacia las política estatales (Cancino y Vergara, 1996; González, 1999).44 Para Loveman (1994), la relación del Estado con las ONGs durante la transición democrática tuvo rasgos instrumentales en la medida que las necesidades de reducción y descomprensión del primero implicaron la terciarización de muchas de sus otrora funciones a través del mundo de las ONGs. Estas últimas en tanto proveedoras de servicios, se vieron forzadas a entrar en la lógica de la competencia por licitaciones de fondos públicos.
76Asimismo, al constituirse las ONGs como un espacio laboral de oposición durante la dictadura, una vez retornada la democracia los profesionales de este sector, o bien mantuvieron estrechos lazos, o se transformaron directamente en funcionarios públicos del nuevo gobierno de la Concertación. Para Gruninger (2003), la mayoría de las ONGs que lograron mantenerse activas lo hicieron, ya sea por convicción o por necesidad de sobrevivencia, ajustándose dentro del marco de actividad designado por el Estado. En definitiva y como señala González (1999: 20) respecto a las ONGs,
el todavía bajo reconocimiento institucional, los modos de financiamiento que los hacen vulnerables, las relaciones extendidas y diversificadas pero controladas en los distintos temas, y la falta de espacios ideológicos, son características de la relación con el Estado durante este decenio. Ello ha contribuido a una baja del rol que ellas esperaban cumplir durante los años 90’ como instituciones de fomento de la sociedad civil, las organizaciones populares y los movimientos sociales.
77Finalmente, el argumento respecto a una trayectoria de desmovilización social durante el período de la redemocratización en Chile puede ser constatado desde el análisis de lo ocurrido con algunas de los repertorios acción tradicionalmente observados en Chile tales como huelgas y protestas en el período 1990-2010. Al observar las estadísticas de la Dirección de Trabajo (2013), se identifica una tendencia decreciente en términos del número de huelgas realizadas entre 1990 y 2010 cuando en 1992 se alcanzara un peak de 247 acciones de este tipo. El año 2001 se registra el número más bajo de huelgas efectuadas en el período lo que representa un punto de inflexión a partir del cual la tendencia comienza a revertirse y evolucionar de manera creciente. Por otra parte, la huelga como repertorio de acción está estrechamente ligada al fenómeno del sindicalismo. El sindicato, como espacio de activismo laboral y expresión de actividad política colectiva, fue tradicionalmente un actor relevante y muchas veces un agente movilizador en ciclos de movilizaciones observadas en el siglo XX en Chile tal como aquella fase de activación inaugurada en 1983 durante la dictadura (ver Garcés y De la Maza (1985) y Miller (1997)). Al igual que la trayectoria de la actividad huelguística, la tasa de sindicalización, es decir el radio de población afiliada a sindicatos versus la fuerza de trabajo ocupada, alcanza su punto máximo en 1991 con una tasa de 15,1 y alrededor de 700 mil afiliados a sindicatos activos, cifra que desciende a 10,7 en 1999 con unos 580 mil trabajadores involucrados en este tipo de organización (Dirección del Trabajo, 2013) (ver Figura 1.3).
78Si bien no existe una estadística equivalente respecto a la evolución en términos cuantitativos de protestas, marchas o movilizaciones a nivel más general para el período de la redemocratización, el Observatorio Social de América Latina (OSAL) realiza desde el año 2000 un seguimiento, cronología y síntesis de las principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo en América Latina que puede revelar una cierta tendencia. Según este registro, el promedio de acciones de protesta fue igual a 252 eventos por año para la década 2000-2010 con una participación baja y circunscrita a grupos específicos, cifra que prácticamente se duplica en 2011 cuando se contabilizan un total de 548 acciones, mayores además en impacto y escala. Respecto a la participación de la sociedad civil en manifestaciones políticas, los datos de la Encuesta Mundial de Valores (2009) revelan una tendencia negativa en términos de la categoría ‘he participado’ en manifestaciones a medida que la redemocratización fue desenvolviéndose. Según dicho estudio, en 1990 un 30,1 % de los encuestados declaraba haber participado en una manifestación (pacífica/legal), mientras en 1996 esta misma categoría se reduce a 14,8 %, vuelve a incrementarse el año 2000 a 15,7 para el 2005 igualar un 18,2 %.
Figura 1.3. Número de huelgas y tasa de sindicalización para el período 1990-2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección del Trabajo (2013: 22,23,56).
1.2.2 Desactivación social en la redemocratización: diversidad de factores
79Una vez identificado el repliegue de la sociedad civil chilena, el ejercicio que generalmente sucede es un análisis sobre los factores que contribuyeron a dar forma a esta transformación “desde la efervescencia [de décadas anteriores] a la desactivación” (Silva, 2001). Este proceder es reconocible en parte de la extensa literatura sobre la transitología chilena que, abordando el fenómeno desde los procesos micro, meso o macrosociales dependiendo del autor, permite obtener una amplia constelación de factores que revelan la complejidad del problema de la desmovilización durante la era de la Concertación.
80Tal como se mencionara con anterioridad, una primera explicación tiene que ver con la tesis del cambio en la condiciones políticas para explicar tránsitos de pasividad a actividad política o viceversa (Foweraker, 1995; McAdam et al. 2001; Remmer, 1980; Tarrow, 1996). Esta tesis está en línea con lo planteado por los teóricos del proceso político presentados en la primera sección de este capítulo. Para esta teoría, la actividad de los movimientos sociales es considerada un fenómeno cíclico, que surge y decae en función de factores externos o las oportunidades políticas cambiantes al movimiento tales como la apertura o clausura de un sistema, lo que genera cambios estructurales que impactan substancialmente en las estrategias y formas de la acción colectiva.
81De manera más específica, Pickvance (1999) analiza las transiciones de regímenes autoritarios a sistemas democráticos y su impacto sobre la (des)activación de la sociedad civil, planteando dos diferentes hipótesis o escenarios. La primera asume que la democratización debería tener un efecto positivo sobre la actividad de los movimientos sociales en la medida que muchas de las limitaciones tales como obstáculos legales, la clausura de las instituciones del Estado y su respuesta represiva, son eliminadas una vez que la democracia retorna y se expanden con ello las oportunidades para la participación política. La hipótesis contraria plantea que la democratización obstaculizaría el desarrollo de la actividad movilizadora45 dado que los movimientos sociales de oposición al autoritarismo pierden su sentido una vez recuperada la democracia. Asimismo, en tanto los partidos políticos son legalizados, los movimientos sociales dejan de ser el único espacio de canalización de demandas, la participación institucionalizada se vuelve más atractiva, mientras los activistas y los líderes más capacitados de los movimientos son absorbidos por los nuevos gobiernos. Esta última hipótesis junto a la teoría del proceso político es abordada en los trabajos de Hipsher (1996, 1998) para el caso chileno analizando el decline de la actividad de los movimiento sociales por efecto de la institucionalización.
82La tesis del cambio de régimen y su efecto inhibidor sobre la movilización social entrega luces importantes para entender la desmovilización. Sin embargo, aun cuando la desmovilización chilena en 1990-2010 puede ser entendida desde esta hipótesis y así como desde el fenómeno de la institucionalización de los movimientos sociales ocurrida post dictadura, no puede ser reducida únicamente a ello. Más aun y para la misma Hipsher (1998), el impacto de la institucionalización en los movimientos e, incluso, el proceso político mayor varía de caso a caso y depende primordialmente del escenario político.
83Junto a estos argumentos, se ha planteado que el repliegue de la sociedad civil luego del fin del régimen militar estuvo influída por un amplio abanico de variables que van desde el trauma de la dictadura hasta el proceso de individualización global post-moderno. Estas explicaciones incluyen la satisfacción del fin de la fase dictatorial y la espera paciente de una alegría que estaba por venir,46 el boom consumista que produjo la inyección de capital extranjero en el modelo neoliberal instaurado por Pinochet, la ausencia de una alternativa viable al modelo neoliberal mundial luego del fin de los modelos populistas y socialistas y la caída del muro de Berlín (Salazar, 2013). Otra tesis plantea que la redemocratización chilena estuvo marcada por la instalación y expansión de un malestar social implícito derivado de la desigualdad socioeconómica y una percepción de abuso que fue procesado a través de la sublimación o la represión y con ello con una despolitización (Mayol y Azócar, 2011). Asimismo, el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica por los gobiernos de la concertación que tendió conscientemente a limitar la participación ciudadana, la política de los consensos, la naturaleza pactada de la transición chilena y el fuerte control y presencia de las elites han sido otro de los factores propuestos para explicar la retracción civil del período (De la Maza, 2013a; Garcés y Rodríguez, 2004; Hipsher, 1996; Márquez y Moreno, 2007; Moreno, 2006; Oxhorn, 1994b, 2003; Rovira, 2007). Por otra parte, ciertos autores señalarán que la presencia de enclaves autoritarios, la democracia tutelada y los resabios del régimen militar tuvieron un efecto negativo sobre la inclusión ciudadana (De la Cuadra, 2003; Vergara, 2003). Otros trabajos alertan sobre la importancia de la profunda y radical modernización neoliberal o la mantención y profundización de la inequidad social (De la Maza, 2003; Gómez Leyton, 2008; Roberts, 1998) así como el fortalecimiento de las posiciones tecnócratas al interior de la democracia (Silva, 1997) para explicar la apatía y la ausencia civil en el dominio público. Otros autores se centran en el trauma colectivo generado por la represión y abusos de derechos humanos en dictadura (Barbera, 2009; Garretón, 1993; Lechner y Güell, 1998; Silva, 1999, 2004) como los grandes causantes de la desactivación social en Chile.
84De acuerdo a lo anterior, este estudio propone que la desactivación política así como los intereses, objetivos y formas de asociación de la sociedad civil durante el período 1990-2010 - tal como ya se examinara para la sociedad civil latinoamericana - estuvieron fuertemente influenciados por el trauma colectivo heredado de la dictadura e instalado en la memoria colectiva, la relación de la sociedad civil con el Estado y su paradigma de gobernabilidad, y, finalmente por las lógicas de la modernidad neoliberal como grandes factores inhibidores del involucramiento público ciudadano. Así, el propósito de este estudio es retomar y ampliar el debate respecto a los procesos de activación y especialmente de desactivación política de la sociedad civil chilena, poniendo especial atención en el período de reconstrucción democrática llevado a cabo por los cuatro gobiernos de la Concertación como un momento de especial desactivación o desmovilización política.
85Estos factores y la manera en que influenciaron las dinámicas de la sociedad civil, con mayor o menor fuerza dependiendo del momento analizado dentro de la época concertacionista, se alza como el principal argumento a desarrollar de lo largo de este trabajo. Así, se busca contribuir de forma teórica y empírica al entendimiento de esta fase de desmovilización social, al recoger y analizar de forma metódica el debate antes expuesto que, en ciertos casos de manera especulativa, se ha alzado para intentar explicar el fenómeno. A través de los tres grandes factores propuestos se busca sintetizar y sistematizar la discusión en torno a dicha desmovilización social.
86Asimismo, la fase post-dictatorial se presenta como un terreno fecundo no sólo para analizar en profundidad los factores tras la desmovilización, sino también para examinar el proceso en términos de la reconstrucción identitaria que sentó las bases y generó las plataformas necesarias para la nueva fase de movilización inaugurada en 2011. Observada así, la premisa del debilitamiento o ausencia ciudadana en el período 1990-2010 hasta aquí expuesta, es cuestionada, replanteada y ampliada al ser considerada como un proceso de reestructuración de la sociedad civil donde nuevas identidades y estructuras sociales son generadas, representado así una fase de ‘incubación’ para el ciclo de activación venidero. Lo anterior, pues tal como fuera expuesto en la primera sección de este capítulo, los momentos de aparente desactivación política forman parte de un ciclo o trayectoria más amplia de actividad social, caracterizada por movimientos subterráneos e invisibles de (re) estructuración, (re) construcción identitaria y acomodamiento social y no necesariamente un por una ausencia ciudadana. El período Concertacionista es considerado así como una fase de subsidencia (Salazar, 2001) o de movilización latente (Melucci, 1989) dentro de un proceso político mayor en la historia contemporánea del país. Abordado desde esta perspectiva analítica, el período posterior a la dictadura militar se ofrece como espacio inexplorado y fértil para el estudio de las dinámicas de la sociedad civil.
Figura 1.4. Esquema explicativo de las trayectorias de (des)activación social en Chile

Nota: las fases de movilización (peaks en esta curva) son entre 1819 y 1832, 1834 y 1837, 1846 y 1852, 1888 y 1890, 1900 y 1907, 1908 y 1925, 1931 y 1932, 1946 y 1955, 1967 y 1973 y 1982- 1989 (Salazar, 2001), a lo que es posible agregar 2011-?.
Fuente: Elaboración propia.
87Así, parte fundamental de la fase de subsidencia post-dictadura tiene que ver con los factores que la condicionaron, pues en ellos se encuentran también los insumos para el desarrollo de la sociedad civil y las características de una nueva fase de efervescencia. Lo anterior, pues es totalmente diferente pasar de activación a desactivación social por la influencia de dictaduras, masacres o guerras, que por la consecución parcial o triunfo en las demandas contenidas en una movilización. Por lo mismo, es diferente la fase de desmovilización iniciada en Chile tras el golpe militar y la feroz represión por parte del Estado (1973-1983) que aquella observada a partir de 1990 en un escenario democrático. Las constelaciones de factores específicas que determinan una fase de desactivación impactan en el desarrollo de la sociedad civil y con ello en las dinámicas que se incuban y que explotarán pronto en nuevas fases de activación.
88De esta forma, este trabajo se enfoca en el análisis de aquellos factores que mayormente dieron pie a la etapa de latencia post-dictadura y que, al mismo tiempo, impactaron en la configuración de las dinámicas sociales y culturales - así como en los elementos constitutivos de la acción colectiva presentados en la primera sección de este capítulo - de la sociedad civil del período.
Notes de bas de page
1 Esto es, movimientos por los derechos civiles, movimientos de mujeres y protestas anti-guerra en Estados unidos y el movimiento estudiantil, el movimiento anti-nuclear y los primeros movimientos ecologistas en Europa, entre otros.
2 Con esta idea se ofrecía una perspectiva de análisis de la historia y de la sociedad con centro en la conflictividad social producida por las contradicciones de la estructura económica y material de las sociedades. Aunque los fundadores del materialismo histórico no desarrollaron una teoría de las movilizaciones como tal, su concepción teórica crítica de la economía, de la sociedad capitalista así como sus análisis históricos y políticos del movimiento obrero del siglo XIX proporcionaron perspectivas y claves interpretativas para el análisis de los movimientos sociales (Torres Carrillo, 2002).
3 Esto, pues ni los movimientos de estudiantes ni los ambientalistas encajaban dentro de las lógicas de acción y de organización de grupos tradicionales como el movimiento obrero, no respondían al tradicional conflicto de clases, así como no soportaban el reduccionismo de las ‘masas irracionales’ planteadas por las escuelas americanas.
4 De estas, tres se desarrollaron en Estados Unidos: la teoría del comportamiento colectivo de Turner y Killian, un número de enfoques denominados teoría de movilización de recursos de Zald y McCarthy y la teoría del proceso político de Tilly, mientras la producción europea de autores como Touraine y Melucci generalmente se congregó bajo la etiqueta de la teoría de los nuevos movimientos sociales (Diani, 1992).
5 Dada las diferencias entre ambas regiones, fue inevitable que ambas escuelas pusieran sus focos de análisis también en diferentes aspectos de los llamados ‘nuevos’ movimientos sociales. Un número importante de revisiones sobre los principales supuestos de cada una de estas corrientes han sido elaborados, así como esfuerzos por sintetizar y vincular los enfoques de ambas escuelas con el fin de crear una herramienta analítica de mayor alcance para el estudio de los movimientos sociales. Una nueva revisión pormenorizada de estas teorías escapa del interés y objetivos de este trabajo, para ello ver Eyerman y Jamison (1991); McAdam et al.(1996); McAdam et al. (2001); Melucci (1989); Munk (1995); Scott (1990); Tarrow (2011).
6 Para Calderón y Jelin (1987), la salida a la tensión entre la teoría marxista y la funcionalista en sus versiones latinoamericanas se vio fuertemente influida y transformada por la presencia de los trabajos de Touraine primero en Chile y en el resto de la región después. Así, en América Latina la ciencia social comenzó a utilizar una metodología centrada en los actores y los procesos microsociales tras la movilización social (Esteve, 2010). El análisis se centró en los procesos identitarios y simbólicos, en la dimensión cultural como el conjunto de valores sociales y los códigos y narrativas que definen los criterios más generales de pertenencia a un movimiento social (Bobes, 2002). Asimismo, y siguiendo la línea de análisis de Touraine y luego de Melucci, los investigadores latinoamericanos se concentraron en explicar el porqué de la emergencia de los ‘nuevos’ movimientos sociales y con ello replicaron el ejercicio analítico sobre las estructuras políticas y sociales que, al mutar, desplegaban un proceso de lucha por el control de la dirección social de la historicidad (Berrío, 2006). De esta manera, en Latinoamérica predominó la escuela de pensamiento europea centrada en el paradigma de la identidad por sobre el análisis de las estrategias de los actores sociales presente en las escuelas norteamericanas (Escobar y Alvarez, 1992) así como se instaló el análisis de los cambios profundos en las grandes estructuras sociales como detonadores de los movimientos sociales que contienen.
7 Esta noción ya había sido abordada en el pasado por Toqueville y Gramsci entre otros. En los siglos XVII y XVIII, los liberales fueron los que comenzaron a hablar de la separación del Estado y del mercado como una manera de neutralizar la influencia que tenía sobre este de los reyes, las noblezas y los señores feudales. La noción moderna de sociedad civil surge en paralelo al Estado Liberal en un esfuerzo por repensar las bases del orden social frente al absolutismo y como una forma de establecer una relación entre el estado y la ciudadanía que estuviera libre de los múltiples intermediarios del medioevo. Las nociones de conflicto de clases lo sustituyeron en el siglo XIX para reemerger con fuerza a partir de los años setenta en respuesta a los estados totalitarios en Polonia y en todo Europa del Este, en Europa occidental entre críticas a los Estados de Bienestar y en América Latina como respuesta a las dictaduras militares del momento (Edwards y Foley, 1998).
8 Para Procupez y Obarrio (2006), el descubrimiento de la sociedad civil como ámbito político se produjo en América Latina durante las dictaduras cuando las víctimas de la represión y la persecución política buscaron protección en asociaciones civiles, organizaciones religiosas y grupos de familiares al no poder hacerlo a través del Estado y las instituciones del sistema judicial.
9 Por otra parte, los críticos dirán que esta ambigüedad vuelve a la sociedad civil un concepto altamente impreciso pues, dependiendo de si es utilizada por sus defensores, ésta puede ser agente de emancipación, vehículo de transformación, actor fundamental para la consolidación de la democracia o, al contrario, funcional al sistema neoliberal e instrumental para el fortalecimiento de dicho modelo económico, reproductor de las desigualdades sociales e incluso de prácticas antidemocráticas si es usada por aquellos con posturas más críticas, ver Armony (2004); Ducatenzeiler y Oxhorn (1994).
10 Bobes (2002) al respecto señala que la sociedad civil debe ser siempre considerada como una arena de conflictos pues junto a actores democráticos existen fuerzas antidemocráticas así como junto a la tolerancia y al pluralismo existe también la intolerancia y tendencias autoritarias. La autora ejemplifica lo anterior señalando que a junto a los grupos de defensa de los derechos humanos y los movimientos prodemocráticos existen los fundamentalistas y los racistas, todos formando parte también de la sociedad civil. Y así como se require una visión crítica respecto al uso del término sociedad civil, también se se require dicha visión respecto al rol del investigador frente a las movimientos de la sociedad civil, como señala Slater (1994: 24): “the overly sanguine way in which the political potential of the new social movements was interpreted at the beginning of the 1980s was perhaps not entirely unrelated to the desire on the part of several researchers to be able to discern the seeds of radicalizing change. Conversely, the inclination of some observers to minimize the achievements of social movements or emphasize their failures, even though frequently salutary, may also not be entirely unrelated to implicit theoretical and political predispositions”.
11 Para Gramsci (1986), en el sentido común conviven de manera caótica, contradictoria y desordenada diversas concepciones del mundo e ideologías políticas. De todas ellas hay una que predomina, la políticamente hegemónica
12 La teoría de los nuevos movimientos sociales se centra en el hecho que las movilizaciones emergidas en los años sesenta y setenta en Europa respondían a una nueva forma de acción colectiva que pasó de ser un conflicto por la distribución de los recursos de la era industrial, hacia una disputa por la construcción de la historicidad o proyecto societal en el terreno de los sistemas simbólicos derivada de un mayor acceso al consumo y a la educación (Foweraker, 1995: 11).
13 Valores materialistas o industriales estaban relacionados con la seguridad y la estabilidad tanto económica como física mientras los valores post- materiales se relacionan con la necesidad de pertenencia, de autonomía y capacidad de expresión. Asimismo, Habermas planteó una creciente racionalidad del mundo moderno y una colonización de la sociedad civil por parte de las estructuras del Estado y el mercado (Habermas 1973, 1987 citado en Foweraker (1995) para retratar este cambio en la matriz de valores.
14 Para Touraine, la noción de identidad es central pues forma parte de los tres principios constitutivos de movimientos social dentro de su teoría: identidad, que implica la definición de un discurso propio, oposición, que conlleva la identificación del adversario o antagonista y totalidad, esto es, plantear un proyecto alternativo de sociedad. Para Pizzorno, en tanto, la acción colectiva es en sí un proceso de identificación incluso señalando la importancia de los ‘identificadores’ o los miembros que dotan de identidad a una organización al mismo tiempo que refuerzan su propia identidad individual (Blanco, 1996). Respecto a la identidad colectiva, Castells (1999) ha sugerido tres tipos de identidades en medio de los actuales procesos de globalización: identidades legitimadoras (cuando son introducidas por las instituciones dominantes) identidades de resistencia (por sectores con posiciones devaluadas o estigmatizadas y que se oponen a las instituciones) e identidades proyecto (cuando los actores sociales recurren a su propia cultura y construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y que con ello buscan la transformación de toda la estructura social).
15 En el caso de América Latina, y dado que el análisis de los movimientos sociales en la región estuvo fuertemente influido por los trabajos de Touraine y Melucci (Garcés, 2012), el tema de la identidad de la acción colectiva se volvió de suma relevancia y los cambios o transformaciones de éstas fueron las explicaciones más utilizadas al hablar de los nuevos movimientos sociales del continente. Tal como se observa en el análisis de Alvarez et al. (1998), la diferencia entre los movimientos tradicionales y los nuevos movimientos sociales del continente está en la identidad. Para los autores, la identidad de los nuevos movimientos sociales se enmarca en nuevas formas de hacer política y generar nuevos espacios de sociabilidad, para estos la identidad (y la búsqueda de ella) es un elemento fundamental. Para Calderón et al. (1992), estos nuevos movimientos sociales latinoamericanos representan una pluralidad de demandas basadas en ‘identity-centered actions’.
16 Esto no quiere decir que las movilizaciones y los movimientos sociales no puedan ser dirigidos o haber sido cooptados por instituciones formales como partidos políticos o por el Estado, sino más bien se refiere a la forma de organización que no nace con pretensiones de constitución formal o participación a través de las vías tradicionales.
17 El autor también se refiere a un tipo de anomia más relacionado con los individuos que con la sociedad que se relaciona con la incapacidad de un individuo de integrarse a la sociedad (anomia simple o crónica).
18 Esto puede observarse a nivel individual con las migraciones o, a nivel colectivo, cuando una sociedad completa tiene un cambio estructural y sus miembros pierden las identidades que antes le generaban pertenencia a dicho sistema.
19 Dada la desintegración social (que implica una fragmentación de las identidades colectivas) que se produce en los períodos de transición cultural, los individuos parecen replegarse al ámbito privado como una manera de protegerse y preservar las memorias colectivas y facilitar la innovación cultural. Es un primer mecanismo de reconstrucción identitaria. Luego de estos períodos de repliegue además vienen fases de renacimiento que para efectos de las trayectorias de (des)activación pueden entenderse como períodos donde la cohesión social es rearticulada.
20 Respecto a la represión y los movimientos sociales ver Earl (1996); Stockdill (1996) y Tilly (1978).
21 Como en el caso de organizaciones para la superación de la pobreza, de derechos humanos, de derechos civiles, etc.
22 Como señala Jamison (2006: 54): “Out of the anti-imperialist and student movements of the 1960s and the environmental and women’s liberation movements of the 1970s have emerged a range of alternative ideas about science, in form, content, and meaning, which have given rise to new theories, academic fields, and technological developments. (…) The new social movements rose to prominence in the downturn of a period of industrial expansion and economic growth. They emerged in opposition to the dominant social order and to its hegemonic cognitive regime, which had been largely established during and immediately after World War II”.
23 A través de un análisis estadístico comparativo y longitudinal sobre los períodos autoritarios en Chile, México, Brasil y España, los autores establecen trayectorias tanto de las movilizaciones como de la provisión de derechos a través de los años. Construyendo un índice para evaluar los derechos en principio, los derechos en la práctica y la brecha entre ellos en cada año analizado, análisis de correlación y de regresión son aplicados para concluir que dichas variables están significativamente vinculadas con la actividad de movimientos sociales (movimientos de trabajadores y otras formas de movilización).
24 Señalan los autores: “durante los períodos de transformación democrática son los movimientos sociales los que demandan los derechos de ciudadanía y desafían a los regímenes autoritarios para poner estos derechos en la práctica. En la medida en que esto ocurre durante una transición, muchas de sus demandas se cumplen y su impulso político comienza inevitablemente a declinar” (Foweraker y Landman, 1999: 318).
25 El término subsidencia es importado desde la geología donde se aplica para definir los procesos de hundimiento de la superficie de un terreno. El autor lo utiliza en este contexto evidentemente haciendo alusión a los momentos en que la sociedad civil y sus movimientos sociales tienden a desaparecer de la escena pública.
26 En palabras de Almeyra (2008: 100): “el aparente reflujo de los movimientos sociales (muy espectacular en el caso del EZLN) esconde en realidad un proceso más complejo, ya que las luchas sociales son como ríos cársicos, que a veces dejan la superficie y parecen hundirse en la arena para aparecer algunos kilómetros más abajo, reforzados por otras surgientes y por las aguas subterráneas, y proseguir su camino hacia el mar. Sólo en la visión anárquica, los trabajadores, obreros o campesinos pueden estar constantemente movilizados y en la calle. En particular cuando carecen de dirección política que dé sentido y perspectivas a sus luchas”.
27 Más aún, para Hevia (2006): “La sociedad civil se expresa empíricamente como una densa red de movimientos sociales y asociaciones de carácter diverso. La naturaleza de tales asociaciones es una contingencia histórica, lo que quiere decir que en cada momento el patrón asociativa es el resultado de tendencias de largo plazo que nos remiten al modelo de acumulación de capital (actores económicos y relaciones de producción), el tipo de régimen político (sistema de partidos, sistema de gobiernos, modelos de intermediación representación, inclusión y exclusión), los patrones culturales dominantes (interacción de los discursos políticos legitimadores, el tipo de imaginario nacional e internacional construido en el proceso, el tipo y alcance de la educación pública y el modelo de distribución de los bienes culturales), el marco jurídico que regula específicamente los tipos de asociación y la correlación que existe entre el mapa de las clases y grupos sociales con las otras variables mencionadas”.
28 Para Melucci (1994: 158), el sistema de acción multipolar de un actor colectivo se organiza a lo largo de tres ejes (fines, medios y ambiente) similares a un “conjunto de vectores interdependientes en estado de tensión”.
29 Para Tilly (1995: 1596), la estructura de esta lógica de análisis deductivo se remite a: todos los fenómenos A tiene características X, Y y Z. El caso α es un A, por lo tanto, α tiene características X, Y y Z. El fenómeno A, advierte el autor, puede ser una guerra, una revolución o, para efectos de este trabajo, una forma de acción colectiva mientras X, Y y Z constituyen las condiciones necesarias o suficientes para que el fenómeno ocurra, así como secuencias estándar, correlaciones o consecuencias. A continuación, cuando nuevos hallazgos guiados por dicho modelo son generados, las conclusiones tienden a un ‘mejoramiento del modelo’ cuando los nuevos hallazgos no se ajustan perfectamente al modelo en cuestión.
30 El esquema presentado en la Figura 1.2 tendrá, por tanto, diferentes resultados dependiendo del contexto en que se analice. El efecto del eje historia contemporánea por ejemplo, será diferente si se trata de un país europeo o latinoamericano y la forma que tome cada momento de movilización o desmovilización será única y estará definida por una constelación de factores específica, además de las características propias de la acción colectiva tales como (i) los recursos simbólicos que se encuentran disponibles y que se reclaman en cada momento, (ii) una determinada identidad que cohesiona un grupo social y las estrategias que desarrollan (iii) el repertorio de acción que despliega y los liderazgos que se observan y (iv) los factores (externos) que definieron la transición de movilización a desmovilización (y viceversa).
31 La hipótesis respecto a los efectos de los cambios de régimen y los procesos de democratización como factor impulsor de la actividad e incidencia de los movimientos sociales es analizado más adelante en esta sección.
32 La Coalición de Partidos por la Democracia (Concertación) es el bloque partidos de centro-izquierda fundado el año 1988 como oposición al régimen militar de Augusto Pinochet. Esta coalición gobierna Chile por cuatro períodos consecutivos entre 1990 y 2010.
33 Como señala Stern (2009: 24), el nivel de represión durante la dictadura de Pinochet “fue a gran escala y su implementación tuvo distintos niveles. En un país de sólo diez millones de personas en 1973, los casos probados de muerte o desaparición por agentes del Estado (o por personas bajo su mando) ascienden a unos 3.000, las víctimas de la tortura llegan a decenas de miles, los arrestos políticos documentados exceden los 82.000 y el flujo de exiliados alcanza unos 200.000. Se trata de las estimaciones más bajas posibles. Aun utilizando una metodología conservadora, una cifra razonable para los muertos y desaparecidos por los agentes del Estado oscila entre 3.500 y 4.500, y para las detenciones políticas, entre 150.000 y 200.000. Algunos cálculos creíbles sobre torturas sobrepasan los 100.000 y sobre exiliados alcanzan los 400.000”.
34 Es el nombre con que se conocieron los días de manifestaciones civiles realizadas para protestar contra el régimen de Augusto Pinochet.
35 Actor o movimiento central orientado hacia el cambio de régimen político.
36 La más importante fue la llamada ‘revolución de los pingüinos’ que resultaría ser el antecedente del ciclo de protestas inauguradas por los estudiantes a partir de 2011. Este movimiento, sin embargo y en palabras de Mayol y Azócar (2011: 2), representó más bien un “espasmo expresivo”, pues pese a su intensidad no logró traducirse en una modificación de las formas de la política chilena o en una movilización transversal como la observada el año 2011.
37 Al comienzo de 2011, grandes marchas y protestas en contra del proyecto de mega-represas ‘HidroAysén’ surge en el centro y sur de Chile, concitando un gran apoyo de la ciudadanía a través de las encuestas de opinión. Liderada por el grupo ‘Patagonia sin Represas’, las protestas se aglutinaron bajo el discurso de que el daño al ecosistema sería mayor que el beneficio económico y la provisión de energía que supondría el proyecto. A las protestas medioambientales le siguieron las más masivas y extendidas movilizaciones nacionales dentro de este ciclo de protestas: la movilización estudiantil. A partir de mayo de 2011 en adelante, constantes manifestaciones concentraron a estudiantes de escuelas y universidades y grandes grupos de clase media que demandaban el fin al modelo de educación con fines de lucro y un mejoramiento de la calidad de la educación pública. En 2012, mientras el movimiento estudiantil sufría una temporal desactivación, nuevas movilizaciones surgieron en la región patagónica de Aysén. Con un alto grado de adhesión, los habitantes de la región se embarcaron en huelgas, protestas y violentos enfrentamientos con la policía demandando mayores recursos para la región, tales como subsidios para el gas, la electricidad y el agua potable. Asimismo, en la nortina ciudad de Calama, grandes grupos protestaron por tener un mayor acceso a los beneficios económicos derivados de la minería en la zona. El reclamo implícito de las manifestaciones tanto de Calama como de Aysén fue un llamado a una mayor descentralización del país. Este ciclo de activación es tratado en extenso en el capítulo 5.
38 Ver más detalles de este proceso en Reporte PNUD (2015).
39 En palabras de Vera (2012), en junio de 2011 se hablaba de las marchas más multitudinarias en 21 años con convocatorias que excedían las 100 mil personas llegando a cifras cercanas a los 180 mil asistentes para la marcha del 22 de septiembre de 2011 sólo en la ciudad de Santiago.
40 El autor se refiere también a los empleados públicos y el empleo industrial no asociado al procesamiento de recursos naturales, así como todas las formas de trabajo que comenzaron a ser reemplazadas especialmente por empleo primario y terciario moderno.
41 Número de declarados inscritos en los registros electorales entre los entrevistados de la Encuesta Nacional UDP 2005-2009. Esta tendencia se acentúa entre los jóvenes entre 18 y 29 años cuya inscripción en los registros electorales disminuye de un 35,99 % en 1988 a un 19,88 % en 1997 (PNUD, 2000).
42 Esta apatía se calificó como el fenómeno ‘no estoy ni ahí’ o ‘nihismo’ que implicaba un extendido rechazo o ruptura entre los más jóvenes y la esfera política.
43 Como señala De la Maza (2013b), en Chile existe un alta tasa de asociatividad especialmente de base o de primer grado y con mayor densidad en las zonas rurales del país. Este tipo de asociatividad, sin embargo, señala el autor, presenta una escasa interlocución y un bajo nivel de incidencia en políticas y orientaciones de gestión pública.
44 Para Cancino y Vergara (1996: 27), “esta nueva relación es uno de los principales cambios que se observan en el sector, generándose una vinculación de contratista-ejecutor, donde el Estado, a partir de su política social de “crecimiento con equidad”, define los sectores y territorios sobre los cuales intervenir y las ONG postulan, a través de licitaciones públicas y privadas, a la realización de proyectos y programas”.
45 Esta última encontraría un mejor escenario hacia la etapa final de un sistema autoritario más que en uno democrático. Básicamente porque en este escenario es que surgen las ideas y las demandas que desafían el sistema. Al estar los partidos políticos y otras instituciones oficiales prohibidas, los movimientos sociales se transforman en el espacio para canalizar dichas demandas que pueden además estar apoyadas e incitadas por ciertas elites opositoras.
46 ‘La alegría ya viene’ fue el slogan utilizado en la franja electoral de la opción No.

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