El Plan Mesoamérica y los movimientos sociales
p. 71-81
Texte intégral
Plan Mesoamérica
1El modelo extractivista en la región mesoamericana es parte de un plan geoestratégico del capital transnacional hacia una mayor consolidación del Estado global. La relación capital — trabajo es expresada en la región mesoamericana a través de procesos de integración desigual, acompañándose con un proceso de despojo a través de la apertura indiscriminada y privatizaciones de sectores estratégicos. En el caso de México, esto ocurre desde hace dos décadas de integración asimétrica con los mercados del Norte a través del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el cual está redefiniéndose por el gobierno de Donald Trump. Es decir, se está presentando un nuevo proceso de acumulación exacerbada que crea las condiciones para un proceso de producción global de mercancías. De esta forma, la expansión capitalista a través de la creación de nuevos mercados, introduce en esa lógica vastas regiones estratégicas (Mesoamérica, que comprende el sur-sureste mexicano y Centroamérica) para ser explotadas, sin tomar en cuenta la erradicación de formas tradicionales de producción, culturas, e identidades. La región mesoamericana se vincula a esta nueva modalidad del sistema internacional: no sólo es de carácter global sino como corolario de la producción mundial de mercancías, cuyo origen es la fragmentación de las economías y que, a la vez, integra funcionalmente lo que eran circuitos nacionales y regionales en circuitos globales de acumulación (Robinson, 2013: 57).
2La característica determinante es que se abordan procesos globales e interdependencia económica en Mesoamérica como resultado del fenómeno de transnacionalización que implica, por un lado, la extensión geográfica de la actividad económica a través de las fronteras nacionales, pero, también, la extensión funcional de las actividades productivas internacionalmente opuestas. Así, el capitalismo global opera como una sola unidad y hace posible la simultaneidad y, por tanto, una integración orgánica.
3Esta área estratégica fue objeto de estudio desde el proyecto de investigación Planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del proyecto de desarrollo e integración de Mesoamérica (Sandoval, et al: 2011), que en su primera fase se dio la tarea de analizar cómo el sistema capitalista, encabezado actualmente por el proyecto hegemónico estadounidense, busca, para su expansión, asentarse mediante diversos mecanismos en nuevos espacios regionales y subregionales dentro de una de las áreas más estratégicas del Hemisferio Occidental, por su ubicación geográfica y por las enormes riquezas energéticas y en biodiversidad que en ella se localizan. Esta área comprende desde la región sur-sureste de México, todos los países de América Central, hasta Colombia, que es la puerta de entrada a la zona de mayor biodiversidad del mundo: la Cuenca Amazónica (Sandoval, et al, 2011: 8). Con su relanzamiento5, se anota como Plan Mesoamérica (PM). Su reestructura nos dejó principios de diálogo para la cooperación, desarrollo e integración, y proyectos de desarrollo social, infraestructura y conectividad, con un claro enfoque reduccionista, olvidando que la región se transformaría, en la década siguiente, en un proyecto de disputa por el territorio, donde convergen diversas culturas de larga tradición comunitaria y de resistencia. Diseñado en la reunión intergubernamental (Tuxtla, 2008) como un proyecto de infraestructura para interconectar territorios desde Puebla hasta Panamá (posteriormente se incluiría a Colombia), disponde de ocho objetivos básicos para el mejor uso de los recursos naturales de la región. No contempló, sin embargo, que el territorio de estos proyectos no estaba despoblado y en él están asentados, desde hace quinientos años, pueblos indígenas que, en respuesta a su exclusión de los proyectos, iniciaron contactos entre comunidades, organizaciones civiles y redes, para enfrentar al verdadero representante de estos planes geoestratégicos: las empresas transnacionales. Estas, por diversos mecanismos de presión, están obteniendo, hasta por más de cincuenta años, concesiones para abrir minas a cielo abierto, represas, hidroeléctricas, gasoductos, y sobre todo aprovechar la apertura del sector energético en México, Centroamérica y Colombia.
4Por este motivo, se plantea que, desde su comienzo, el así llamado PPP, fue enfrentado por parte de organizaciones sociales, laborales, campesinas, indígenas y populares de todos los países involucrados, con diversas acciones y movilizaciones (Sandoval, et al, 2011: 9). Estas organizaciones entendían que los megaproyectos traerían grandes impactos negativos para los habitantes y el ambiente, lo que provocó que los gobiernos buscaran disminuir el perfil del proyecto a partir del 2002.
5En el año 2003, el PPP fue “relanzado” con este rasgo, y muchos proyectos no fueron considerados como parte del mismo, sino que fueron manejados, en términos de presupuesto, como parte del accionar de diferentes secretarías y ministerios del Estado, o de instituciones financieras internacionales. Así, el original PPP avanzó con obras y acciones claramente anunciadas pero otras encubiertas. Aún con el cambio de nombre, dentro de los objetivos del Proyecto Mesoamérica se encontraba elevar el nivel de desarrollo humano y social de la población, pero se continuaba sin enunciar bajo qué mecanismos la política estatal incidiría directamente en la región. En la práctica, en la actual década, los resultados, a la par de las catástrofes naturales, se acentuaron en el crecimiento del desempleo, la pobreza y la emigración desde zonas rurales o sub-urbanas, a pesar de contar con áreas ricas en recursos naturales estratégicos. Es necesario anotar que, por las características de la región mesoamericana, la pobreza es de carácter estructural y no existe voluntad política de sus gobiernos para generar políticas públicas orientadas a elevar el nivel de vida, la salud y la educación de los pueblos originales.
6En esta última década, la zona México—Centroamerica se convirtió, fundamentalmente, en expulsora de mano de obra. La población es cada vez más forzada a migrar y la violencia crece y se acentua, como concecuencia de la operación de grupos delictivos y transnacionales apoyados por los Estados corruptos. Como parte de las estrategias transnacionales, se militarizó no sólo la frontera norte sino la parte sur de México, a la par que se fueron diseñando como “Proyectos de Muerte” una diversificación de instrumentos políticos y de seguridad, tales como: Plan Colombia, Plan Mérida o Plan México y el Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN). Sin contar, en la primera etapa de su instrumentalización, con las posibilidades de construir un proyecto de vida diferente, bajo estas condiciones, la zona citada se convirtió en exportadora de mano de obra barata ante un mayor desempleo, falta de oportunidades, y pérdida de competitividad del sector agrícola, lo que provocó que la población busque alternativas de empleo en el vecino país del norte. Estos desplazamientos mesoamericanos responden a un proceso no superado de economía tradicional en los años noventa. La migración, desde México, posee un carácter masivo en el sureste del país (tradicionalmente fue el centro/occidente). En el caso de la migración en la región Mesoamericana, esta se fue agudizando no sólo por los acuerdos de integración asimétricos con el país del norte (CAFTA), sino como consecuencia de ello (apertura indiscriminada); si se aplicara el principio de la economía clásica, debería existir una libre circulación de las personas, sin restricción, una vez que han abierto las fronteras comerciales. Sin embargo, la doctrina oficial de las migraciones laborales somete a los trabajadores a medidas restrictivas de seguridad nacional, con el argumento del terrorismo internacional. En las fronteras norte y sur de México, según los compromisos gubernamentales, sólo se permitirán migraciones reguladas y por períodos cortos. Actualmente se vienen impulsando “Proyectos de Muerte” por parte de empresas transnacionales, principales actores del nuevo capitalismo global, y donde la mayoría de la población —de la sociedad global— sólo es receptiva para el consumo. El despojo de los recursos es mayor al del capitalismo originario, donde la razón principal era la posesión de los recursos naturales como fuentes de materias primas para el desarrollo industrial de los principales países hegemónicos y los países industrializados.
7Al analizar las causas de la crisis desde una perspectiva estructural, observamos que existen contradicciones en el patrón de acumulación capitalista, respecto a los acuerdos comerciales en el corredor Norte—Mesoamérica—El Caribe (NAFTA-CAFTAFTA/Colombia), ya que se busca una relación de integración con la economía norteamericana, la cual, por naturaleza, siempre ha sido asimétrica. La región y los países del PM se basan principalmente en ser proveedores de materias primas e impulsores de empresas maquiladoras en el sector electrónico (en Costa Rica), automotriz (el caso de Puebla, México) e industria textil (en las zonas francas, o frontera de México y Guatemala), a través de productos elaborados por empresas subsidiarias o proveedoras de ET, principalmente norteamericanas, europeas, japonesas y, ahora, de las plataformas de exportación de las Zonas Económicas Especiales de China.
8Con el desarrollo del neoliberalismo, se extiende el proceso de despersonalización en el que los seres humanos se transforman en cosas, en mercancías; el dinero y el capital orientan y deciden sobre la vida o la muerte de la mayoría de seres humanos, llegando incluso al ecocidio sin que los gobiernos den muestras de respetar a la naturaleza. Cierto es que el trabajo como producto humano incide en la transformación de la naturaleza. La humanidad crea, recrea y transforma incesantemente la naturaleza, por tanto, el espacio físico no es solamente un espacio como tal, sino un espacio histórico, es parte del ser humano-social, y el capital ha impulsado un proceso de deshumanización a través de la defensa del mercado.
Movimientos sociales
9Tomando como base la experiencia del sureste mexicano, el eje de las demandas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, a partir de 19946 -una vez roto el cerco estatal con apoyo de la sociedad civil- las múltiples resistencias de los movimientos sociales en México no sólo condenaron las diversas formas del capital -desde el Tratado de Libre Comercio-, sino todos los instrumentos políticos o de seguridad y los planes geoestratégicos que se fueron creando. Se visualizó una lucha más amplia con consensos desde los mismos pueblos, centros de trabajo y participación de otros movimientos que nunca se habían coordinado, lográndose encuentros desde el mismo año de la implementación del PPP, en 2001. Esta política neocolonial resultó una estrategia contra la sociedad civil que quería solidarizarse y elaborar puntos comunes de resistencia con los rebeldes de Chiapas. Para visibilizar la existencia de las resistencias se dieron varios pasos. Como ejemplo de la construcción de un movimiento social, en julio del 2003, el EZLN anunció el “Plan La Realidad – Tijuana”, que tenía como objetivo conectar todas las resistencias del país y, así, reconstruir la nación mexicana desde abajo. A través de varias marchas, los zapatistas exigieron la implementación de la ley COCOPA, que contiene una serie de enmiendas a la Constitución Política de los Estados Mexicanos, a fin de garantizar el control de los indígenas sobre los recursos naturales dentro de sus territorios, lo que iba en contra de las intenciones del PPP. En 2005, el EZLN emitió la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, donde los principios del plan fueron desarrollados en un programa de acción política a nivel nacional, abandonando toda negociación con el Estado y proponiendo la construcción de un proyecto nacional independiente de todos los partidos políticos, incluyendo a todos los grupos excluidos o subordinados (Japhy, 2011). La convocatoria de los zapatistas nos plantea: ¿Cuáles son las enseñanzas de los mayas en los tiempos del neoliberalismo y como lograr permanecer en resistencia?
10Para Stahler-Sholk (2012: 411), los movimientos sociales de la época de resistencia al neoliberalismo, entre ellos el zapatismo, se distinguen de las viejas modalidades de la izquierda latinoamericana en varios sentidos, que se han resumido en tres ejes: solidaridad, proceso y autonomía; puntos de convergencia que ofrecen alternativas no sólo coyunturales, sino anticapitalistas. Para otros autores (Hellman, 1992), este movimiento es un desafío al neoliberalismo, a la lógica de la operación sin restricciones del mercado capitalista global (Harvey, 2000; Stahler-Sholk, 2001). Negando la existencia de la sociedad civil y la existencia del rechazo al PPP, los gobiernos estatales del sureste y de Centroamérica, representando los intereses globales y contando con la simulación de los grupos oficialistas, no esperaban una respuesta de los grupos sociales no pertenecientes a partidos ni grupos tradicionales de la política nacional. Estos, sin importar siglas y luchas pequeñas o grandes, tuvieron que reconocer e intercambiar entre ellos sus experiencias, creando así espacios que les fueron permitiendo una comunicación horizontal o en red. Así se fueron sumando al movimiento diferentes entidades: familias u organizaciones que ya habían sido parte de diversos movimientos de solidaridad por el agua, la tierra, el rescate del maíz, contra las minas, etc., en toda la región mesoamericana. Este ascenso, con actos de solidaridad en diversas regiones contra los planes gubernamentales, permitió el primer encuentro. Desde los meses mayo a noviembre del 2001, más de 300 organizaciones sociales de Centroamérica y México se reunieron en Tapachula, Chiapas, para formular una estrategia y plan de acción para enfrentar el Plan Puebla Panamá, y así se constituyó la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), teniendo como objetivos generales:
- Fortalecer y construir una fuerza articulada frente al PPP,
- Visualizar el proceso de resistencia y fortalecer las luchas locales y la AMAP,
- Formular una estrategia de acción a nivel nacional,
- Acordar una propuesta hacia el III Encuentro Mesoamericano de Managua.
11Entre otras luchas de acción concreta en contra del PPP, se puede indicar la formación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en el ejido de San Salvador Atenco, cercano de la Ciudad de México, como reacción negativa al deseo del gobierno mexicano de construir un aeropuerto en esas tierras. Después de algunos incidentes, el proyecto se canceló. En los siguientes dos años el PPP fue mencionado raramente por el Estado Mexicano y, en octubre del 2004, se anunció una segunda fase del plan, dando prioridad a la salud, educación, y programas culturales.
12Desde la perspectiva de la resistencia, para los editores de Bajo Tierra (Zibechi, 2008), los movimientos sociales se caracterizan por la indignación de sectores que mantienen su esperanza no en la solución de sus demandas sectoriales, sino en la construcción de nuevos mundos, en la superación de esquemas tradicionales y por la defensa del territorio, de sus familias, colectivos, pueblos, espacios, en una gran diversidad sociocultural de sus pueblos. Para Zibechi (Ibid.), esa gran determinación tiene sus límites por la fragmentación de las resistencias que, en gran parte, se encuentran aisladas y, donde han logrado un poder autogestivo, se enfrentan a nuevas estructuras unilaterales de participación, teniendo que enfrentar no sólo a gobiernos, sino Estados autoritarios y la permeabilización de los movimientos sociales por actores tradicionales, vinculados particularmente a partidos.
13Cuando se da un auge de la política gubernamental, a veces esta coincide con momentos de mayor represión a los movimientos y, el incremento de la violencia estatal, incita a los actores a una respuesta más organizada y más radical. Sin embrago, tiene que existir una larga tradición de lucha contra la dominación, un fuerte espíritu de colectividad para poder limitar la formación de capital en las comunidades, según lo señala Zibechi (2008: 13) ¿Por qué los movimientos sociales están más visibles en esta década? Zibechi, (2008: 24) plantea que: los movimientos sociales (…) son la respuesta al terremoto social que provocó la oleada neoliberal de los ochenta, que trastocó las formas de vida de los sectores populares al disolver y descomponer las formas de producción y reproducción, territoriales y simbólicas, que configuraron su entorno y su vida cotidiana. Y añade: los nuevos caminos que recorren los movimientos sociales latinoamericanos suponen un viraje de largo aliento. Hasta la década de los 1970, la acción social giraba en torno a las demandas de derechos a los Estados, al establecimiento de alianzas con otros sectores sociales y partidos políticos, y al desarrollo de planes de lucha para modificar la relación de fuerzas a escala nacional. Los objetivos finales se plasmaban en programas que orientaban la actividad estratégica de movimientos que se habían construido en relación a los roles estructurales de sus seguidores. En consecuencia, la acción social perseguía el acceso al Estado para modificar las relaciones de propiedad y ese objetivo justificaba las formas estadocéntricas de organización, la división de dirigentes y dirigidos, y la disposición piramidal de la estructura de movimientos (Zibechi, 2008: 26-29).
Proyectos de muerte en Puebla-Tlaxcala
14Según Villamar (2011: 192), las mineras transnacionales, en diversos países latinoamericanos, saben como dividir a las comunidades. Por lo tanto, las organizaciones deben entender que esa conducta neocolonial intervencionista de las mineras y de sus gobiernos de origen, se repite a lo largo y ancho del mundo. Desafían o pisotean soberanías, saben cómo apoyar golpes de Estado o financiar campañas electorales de candidatos afines a sus intereses (…). Presionan mediante reformas legislativas a favor de sus intereses, desacatando resoluciones de instituciones internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. y violando Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sobre todo el Convenio 169 de la OIT, el Protocolo Facultativo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA) de la ONU, o la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
15Este fenómeno no es aislado, tal como lo plantea A. Villamar (2011), ya que la política de fomento a los proyectos mineros en la región, y en el hemisferio, se inserta en la estrategia de aprovechar las debilidades históricas y estructurales de nuestras economías y de nuestros escasos o “flexibles” marcos jurídicos y administrativos-políticos parala atracción de inversión extranjera directa (como, en su tiempo, fue el esquema de fomento a las maquiladoras), bajo el espejismo de incrementar exportaciones de alto valor que paliaran los desequilibrios comerciales y de cuenta de capital, creando empleos a corto plazo. Si realizáramos un recuento de esta segunda fase de los planes geoestratégicos para el Plan Mesoamérica en el caso de Puebla -particularmente en la Sierra nororiental- estas políticas y estrategias de las empresas mineras se comenzaron a impulsar a partir de diversos proyectos hidroeléctricos y mineros, teniendo como objetivo aprovechar los manantiales y los recursos existentes en el área de mayor diversidad de esta región: la selva mediana y el bosque mesófilo.
16El papel de las organizaciones de base —asambleas por comunidad o región— ha ido incorporando, cada vez más ciudadanos, grupos, familias y pueblos enteros para rechazar los proyectos de muerte, como es el caso de ocho municipios que rechazaron proyectos de cuatro hidroeléctricas en los márgenes del rio Apulco. Se señala también que habitantes de ocho municipios de 70 comunidades en Atotocoyan, pertenecientes a Yaonáhuac, exigen a la SEMARNAT que niegue los cuatro permisos solicitados por la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura. La Sexta Asamblea Informativa por la Defensa del Territorio contra Minas, Hidroeléctricas y Privatización del Agua, a la que acudieron vecinos de Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec, Jonotla, Olintla, Chignautla, Tuzamapan de Galeana y Xochitlán de Vicente Suárez -justo donde inicia el territorio concesionado a Minera Autlán para la explotación de yacimientos de oro a cielo abierto7-, señaló que en las sierras norte y nororiental, hay 160 mil hectáreas concesionadas a mineras canadienses, chinas y mexicanas, de las cuales Autlán logró 7. 800 para los proyectos Atexcaco 1 y 28.
17Otro caso fue la resistencia al Proyecto Integral Morelos (PIM), donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está construyendo dos termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto de 160 km de longitud que atraviesa más de 60 comunidades campesinas e indígenas de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como un acueducto de 12 km de longitud para transportar 50 millones de litros de agua diarios del Río Cuautla, además de infraestructura complementaria (líneas de tendido eléctrico), todas, obras concesionadas a transnacionales españolas e italianas, para la “industrialización” de regiones de los tres estados y para la extracción de oro y otros minerales (plata, cobre, plomo, zinc, manganeso, fierro, etc.), según señalan las organizaciones opositoras en los tres estados afectados.
Conclusiones
18Para W. Robinson (2013), el capitalismo global genera nuevos patrones de poder y desigualdad, así como modalidades globales de control y dominación. La resistencia, desde el mismo año de la implementación del PPP en 2001, en su primera etapa, construyó y permitió visualizar una lucha más amplia, con consensos entre los mismos pueblos, centros de trabajo y participación de otros movimientos que nunca se habían coordinado y que fueron logrando encuentros cada año, como los Foros mesoamericanos, la AMAP, Atenco y las resistencias locales en Puebla y Tlaxcala. Esta política neocolonial resultó en empobrecimiento del sur de México, produciéndose resistencia por los planes y proyectos del gran capital. Es claro que el modelo extractivista en la región mesoamericana es parte de un plan geoestratégico del capital transnacional, con el fin de una mayor consolidación del Estado global.
Bibliographie
Bibliografía:
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Robinson, W. (2013). Una teoría sobre capitalismo global. Producción, clase y Estado en un mundo trasnacional. México: Siglo XXI Editores. Sandoval, J. M., Álvarez, R. & S. Yaneth Fernández, eds. (2011). Planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del proyecto de desarrollo e integración de Mesoamérica. Colombia: Universidad de Los Andes y Universidad de Antioquia; Medellín. Stahler-Sholk, R. (2012). “La autonomía y economía política de resistencia en Las Cañadas de Ocosingo” [En] Baronnet, B. et al. (eds.) Luchas “muy otras”, zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas. México: UAM-X-CIESAS.
Villamar, A. (2011). Megaproyectos mineros en el área mesoamericana, elementos de una geoestrategia transnacional hemisférica. [En] Sandoval, J. M., Álvarez, R. & Fernández, S. Y. (eds.) Planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del proyecto de desarrollo e integración de Mesoamérica. Venezuela: Universidad de Los Andes, Mérida & Medellín: Universidad de Antioquia, 182-189.
Wilson, J. (2011). “Contesting the Plan Puebla Panama: Henri Lefebvre and the Politics of Space in Southern Mexico” [En] Sandoval, J. M., Álvarez, R. & Fernández, S.Y. (eds.) Planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del proyecto de desarrollo e integración de Mesoamérica. Venezuela: Universidad de Los Andes, Medellin: Universidad de Antioquia; Medellín, 74-92.
Zibechi R. (2008). Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. México: Bajo Tierra Ediciones.
Notes de bas de page
5 Durante la Décima Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
6 El cual no sólo representa una lucha indígena.
7 Se trata de un solo conjunto que tiene el fin de alimentar de electricidad a la extractora de metales preciosos, advirtió Leonardo Durán, del Consejo Tiyat Tlali.
8 2 mil habitantes de ocho municipios rechazan proyectos de 4 hidroeléctricas: La Jornada de Oriente, 19/I/2015 p.5
Auteurs
Mexicano, Profesor de Relaciones Internacionales e Investigador del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de Economía (CIEPE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Integrante del grupo de trabajo CLACSO: Fronteras, Regionalización y Globalización en América.
Mexicana, Profesora de Economía e Investigadora del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado (CIEPE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Integrante del grupo de trabajo-CLACSO: Fronteras, Regionalización y Globalización en América.
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