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Neoliberalismo, Neodesarrollismo y Socialismo bolivariano

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Paula Vidal Molina

Parte II. Trabajo, Políticas públicas y modelos de desarrollo en Brasil, Chile y Venezuela (2005-2013). Una mirada crítica

Política Social y Ajuste fiscal en el Brasil de la redemocratización: la persistencia de la contrarreforma neoliberal

Elaine Rossetti Behring

Texte intégral

1Desde abril de 2016, brasileros (as) y latinoamericanos (as), venimos acompañando con aprensión el desarrollo del golpe de Estado de nuevo tipo que está en proceso en Brasil, con el impeachment definitivo de la Presidenta Dilma Roussef en agosto de 2016. En una articulación que involucra segmentos de todos los poderes de la república y de la sociedad civil, con un papel destacado de los grandes medios, se forjó la llegada a la presidencia del impopular e ilegítimo Michel Temer (PMDB). De nuevo, de El Dorado latinoamericano que dejó la miseria y elevó a millones a la “clase media”, a partir de la implementación de un proyecto “neodesarrollista” que habría roto con el neoliberalismo, conducido por el Partido de los Trabajadores (PT), con Lula y Dilma al frente, en menos de dos años retornamos a la barbarie ultraliberal del predominio de las finanzas, el Ministro de Hacienda Henrique Meirelles, ancla segura de Temer junto a los mercados. Desvelar cuánto hay de verdad e ilusión en esos procesos, apuntando sus significados y determinaciones más profundas, es la tarea de la investigación sistemática y crítica, en una perspectiva de totalidad, relacionando economía y política, lo que constituye la tónica de este artículo.

2Venimos acompañando y analizando la dinámica que envuelve la seguridad social brasilera, núcleo central de la política social em cualquier país, su financiamiento, gestión y concepción, desde la inauguración de este concepto en Brasil, con su inscripción en la Constitución de 1988, implicando cuatro políticas – seguridad social (o pensiones), salud, asistencia social y trabajo. Y la hipótesis central orientadora de los argumentos que siguen en este texto es que en medio de las oscilaciones políticas y de gestión macroeconómica – desplazamientos que tienen relación con las coaliciones de clase y poder que se forjaron desde la redemocratización del país, así como con la vulnerabilidad externa y posición del país en la economía mundial – hay una fuerte persistencia del neoliberalismo y de sus políticas económicas de ajuste fiscal, y que afecta de forma directa y letal la política social. El neoliberalismo, en consonancia con Dardot y Laval (2016) es, por lo tanto, una especie de razón del mundo a la cual los proyectos político-económicos en curso, en este caso en Brasil desde la redemocratización, estuvieron más o menos conscientemente sometidos. Una razón del mundo que se conecta con las contradicciones generadas por la profunda y estructural crisis del capitalismo en curso desde el inicio de los años setenta, en que, pese a sus diferentes manifestaciones superficiales a lo largo del tiempo, siendo la más fuerte de ellas hasta aquí la crisis subprime de 2008/2009. El neoliberalismo es el corolario de la reacción burguesa a su propia crisis y que tiene como eje central una fuerte ofensiva sobre los trabajadores (Anderson, 1994), teniendo en consideración la extracción del plusvalor en condiciones óptimas alrededor del mundo, en especial en los países dependientes donde la regla es la convivencia con la superexplotación de la fuerza de trabajo. En ese sentido, la reconstitución de la superpoblación relativa y alteración de las condiciones de oferta de la fuerza de trabajo con las expropiaciones derivadas de ahí (Boschetti, 2016 y Fontes, 2010) se tornan elementos vitales para la recuperación de las tasas de ganancia, al costo de la barbarización de la vida.

  • 240 Partido que fue parte de todos los gobiernos post-redemocratización, siendo el principal articulado (...)

3Debates sobre la necesidad de un ajuste fiscal en Brasil han sido frecuentes desde la debacle de la dictadura, profundizada por la crisis de la deuda entre 1980 y 1982, que llevó a muchos países latinoamericanos a los brazos del FMI. Fiori y Tavares (1993) muestran que hubo cerca de 14 planes económicos de ajuste, con el objetivo de controlar el proceso inflacionario y estabilizar la economía hasta 1994, cuando se elabora el Plan Real por el equipo económico de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Allí se iniciaba la primera fase consistente del neoliberalismo en Brasil, ya que FHC fue electo como Presidente, alzado por el éxito del Plan Real, y en 1995 su equipo, que tenía al frente a Luiz Carlos Bresser Pereira, formula aquel que pode ser considerado un documento orientador del período y, tal vez, el elemento más fuerte de continuidad postconstitucional: el Plan Director de la Reforma del Estado (PDRE-MARE, 1995). En Behring (2003) analizamos la dirección y el significado del PDRE caracterizando el proyecto de FHC/Bresser Pereira como una contrarreforma del Estado. El desgaste de FHC por las medidas adoptadas y la reorientación del Real a partir del acuerdo con el FMI de 1998, en un contexto en que las fuerzas vivas de la redemocratización bajo el liderazgo del PT/CUT y de movimientos sociales como el MST hacían una oposición consistente y se colocaban como alternativa electoral real, llevó a Lula a la presidencia del país en las elecciones de 2002, abriendo un período de trece años de gestión petista en el Estado brasilero, sin embargo, bajo el peso de la Carta al Pueblo Brasilero, que sometía sus proyectos de cambio a la estabilidad macroeconómica del Real y del acuerdo con el FMI de 1998. Esta nueva correlación y articulación de fuerzas señala el segundo período del neoliberalismo en Brasil, con características específicas y algunos desplazamientos importantes en relación a los gobiernos del PSDB, sin embargo, sin rupturas más profundas, donde analizamos que no es pertinente la caracterización de gobiernos neodesarrollistas, como veremos más adelante, sea en la política económica, sea en la social. Los acontecimientos a partir de mayo de 2016 desencadenados con la asunción de Michel Temer, cuyo proyecto está expresado en un documento de su partido, el PMDB240, titulado Un Puente para el Futuro, lanzado en octubre de 2015, lo que ya apuntaba las articulaciones para el Golpe, en el cual se nota claramente la presencia de las líneas maestras del PDRE de 1995, abre ese tercer momento, de nítida profundización del neoliberalismo en Brasil, en el cual nos encontramos. Adentrémonos, entonces, en estos tres períodos, caracterizándolos mejor, en los límites de estas páginas, y buscando mostrar el movimiento de la política social, teniendo como objetivo hacer más denso el argumento.

1. Brasil en Contrarreforma (1995 – 2002)

  • 241 Se trata de la investigación de tesis de doctorado, defendida en 2002 en el PPGSS/UFRJ bajo la orie (...)

4En una investigación anterior241 nos dedicamos a comprender el significado de los cambios profundos puestos en marcha en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso que prometían extinguir la Era Vargas en Brasil, en nombre de la modernización del país y un mejor posicionamiento en el escenario internacional. No es posible aquí rescatar todos los elementos de aquel estudio donde sustentamos que la lógica que presidió los cambios propuestos como “reformas” era, en realidad, contrarreformista. Vamos entonces a cotejar algunos argumentos centrales, ya que se trata de un momento de formulación inaugural del neoliberalismo à la lettre en Brasil.

5Vivenciamos en los años del Plan Real algo bastante diferente del crecimiento mal dividido del criticado desarrollismo: el desmonte, la destrucción (Tavares, 1999), en una especie de reformatación del Estado brasilero para la adaptación pasiva a la lógica del capital (Harvey, 1993, Chesnais, 1996, Husson, 1999 y Behring, 2003). Se reveló, una vez más y sin sorpresas, la naturaleza sumisa y antipopular de las clases dominantes brasileras con medidas que hicieron al país evolucionar o de forma inercial, permanecer en el mismo lugar o andar para atrás, si pensamos en los criterios de Florestan Fernandes (1987) - la ruptura con la heteronomía y el enfrentamiento del drama social. Hubo, por lo tanto, una contrarreforma del Estado existente en el país, cuyo sentido fue definido por factores estructurales y coyunturales externos e internos.

6La “reforma” del Estado engendrada a partir de 1995 fue la versión brasilera de una estrategia de inserción pasiva (Fiori, 2000: 37) y a cualquier costo en la dinámica internacional y representó una elección político-económica, no un camino natural frente a los imperativos económicos. Una elección, muy en el estilo de conducción de las clases dominantes brasileras a lo largo de la historia, pero con diferencias significativas: esta opción implicó, por ejemplo, una fuerte destrucción de los avances, aunque limitados, sobre todo vistos desde la óptica del trabajo, de los procesos de modernización conservadora y desarrollistas que marcaron la historia de Brasil, aunque hayan sido conducidos de forma autocrática (Fernandes, 1987).

  • 242 “Afección mental caracterizada por el relajamiento de las formas usuales de asociación de ideas, ba (...)
  • 243 Y se concentró en el Ministerio de Hacienda a lo largo de los tres períodos analizados. En realidad (...)

7Comparaciones simplistas con la crisis de 1929, y la referencia genérica -ignorando la particularidad histórica brasilera - al intervencionismo estatal en sus variadas formas a lo largo del siglo XX en el PDRE (1995), mientras tanto, procuraban justificar la dirección de la “reforma” como necesaria e irreversible. Se observa que el centro de la “reforma”, en verdad, fue el ajuste fiscal, lo que es una incongruencia entre el discurso de la llamada reforma y la política económica. Aquí ocurrió una especie de aparente esquizofrenia242: se argumentaba que las razones de la crisis estarían localizadas en el Estado, donde sería necesario “reformarlo” para nuevas necesidades, corrigiendo distorsiones y reduciendo costos, discurso repuesto hoy en el proyecto capitaneado por Michel Temer, dígase de pasada. Mientras tanto, la política económica corroyó aceleradamente los medios de financiamiento del Estado brasilero por medio de una inserción en el orden internacional que dejó al país a merced de los especuladores del mercado financiero, de forma que todo el esfuerzo de reducción de costos preconizado se escurrió por el ralo del crecimiento galopante de las deudas interna y externa. Ejemplo de eso es que sólo el Ministerio de Hacienda gastaba 48 % del Presupuesto de la Unión, según el Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Federal de 1998 (15 de junio de 1999) que analizó las cuentas del Gobierno Federal, en el año 1997, donde se concentraba el peso de la deuda243. En ese período, ya estaban realizadas la mayor parte de las privatizaciones de empresas estatales, hechas en nombre de la disminución de la deuda pública y de la búsqueda de eficiencia para que el Estado pudiese hacer políticas sociales, un eje anunciado por la “reforma” del Estado.

  • 244 Clase dictada por ocasión de su participación como Profesor Visitante en la FSS/UERJ.
  • 245 Moeda podre se define como: “1) Títulos de deuda que se negocian en el mercado con desajuste debido (...)

8El libelo producido por el periodista Aloysio Biondi (1999) acerca del significado de los procesos de privatización en Brasil, en términos de la comparación entre los argumentos difundidos y su impacto socioeconómico efectivo muestra, de forma contundente y con riqueza de datos, el sentido de la “reforma” del Estado, cuando se trató de retirarlo de sus funciones productivas. Apunta cómo fue desencadenada una verdadera campaña en los medios para legitimar y facilitar las privatizaciones, creando una subjetividad antipública - lo que no era una tarea difícil, considerando cómo se dio la expansión del Estado brasilero en el período dictatorial, y la parca voluntad política en la reciente democracia, en el sentido de la construcción de la esfera pública, bajo la orientación neoliberal. Algunos argumentos centrales estuvieron presentes como justificación de los procesos de privatización, inclusive en el PDRE/MARE: atraer capitales, reduciendo la deuda externa; reducción de la deuda interna; precios más bajos para los consumidores; calidad de los servicios; y eficiencia económica de las empresas, que estarían siendo ineficientes en manos del Estado. Biondi mostró por qué las empresas estatales tuvieron un desempeño altamente lucrativo después de las privatizaciones: por el aumento de precios y tarifas, despidos antes y después de las privatizaciones, deudas “tragadas” por el gobierno y compromisos de los fondos de pensión y de las jubilaciones también asumidos por el gobierno. Denunció, además, las facilidades ofrecidas a los compradores, por ejemplo, como los créditos otorgados a bajos intereses comparados a las tasas normales en el país (cerca de 6 % al mes, o sea, 1/5 de la tasa de interés real en el mercado, según Francisco de Oliveira244), títulos antiguos (moedas podres245) y otros trucos y financiamientos que no quedaron transparentes para la población brasilera, que fue dañada en repetidas veces durante este proceso.

9Para Oliveira, ese movimiento muestra cuánto es necesario que haya mucho Estado para crear el mercado “libre” del siglo XXI, lo que, a mi parecer, va al encuentro de la idea de que hay una paradoja ortodoxa (Haggard & Kaufman, 1992): la exigencia de un Estado fuerte para la conducción del ajuste direccionado a la expansión del mercado - lo que implica una presión para un comportamiento más autónomo de los dirigentes, inclusive para tomar decisiones impopulares, pero técnicamente justificables (como si sólo hubiese un camino a seguir...) - y las exigencias de la consolidación democrática (que requiere una nueva estructura organizacional que frene los favoritismos y excepcionalismos). O sea, hay una asociación entre autonomía y distanciamiento en relación a las presiones, que puede ceder espacio a las tentaciones autoritarias en nombre de la eficacia, lo que, ya se sabe, ha sido recurrente, como se revela en el reciente Golpe de Estado en Brasil. Demier (2016) viene caracterizando este ataque frontal como una tendencia de blindaje de la democracia, tendencia que también era ya apuntada por Mandel (1982), en su caracterización del Estado en la onda larga de estagnación del capitalismo maduro.

  • 246 Un análisis más detallado de las privatizaciones de los años 90 está en Behring, 2003: Capítulo 5, (...)

10Llevando el análisis hacia otro aspecto que llama la atención en la cuestión de la privatización brasilera de los años 90, hubo una entrega de una parte significativa del patrimonio público al capital extranjero, como la no obligatoriedad de empresas privatizadas a que compraran insumos en Brasil, lo que llevó al desmonte de parte del parque industrial nacional y a una enorme remesa de dinero para el exterior, al desempleo y al desequilibrio de la balanza comercial246. Es decir, el inverso de todo lo que fue anunciado: el combate a la crisis fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas nacionales. Todo eso es agravado por el hecho de que el precio de las empresas estatales no fue calculado por el patrimonio que ellas acumularon, sino que por la expectativa de facturación. Biondi concluye con un balance contable aproximado y aterrador de las privatizaciones: se el gobierno dice que recaudó 85,2 billones, gastó o perdió en el proceso de entrega del patrimonio público cerca de 87,6 billones hasta diciembre de 1998 (1999: 40-41). Se llegó a este número, calculando lo que el gobierno FHC escondió: ventas de empresas estatales a plazo, deudas que el gobierno absorbió, inversiones hechas antes de cada privatización, intereses sobre esas inversiones, moedas podres usadas, dinero que el gobierno “dejó” (!?) a los compradores. Y el número podría ser mayor si pudiesen ser cuantificados otros favores: despidos con indemnización y derechos laborales asumidos por el Estado; compromisos con fondos de pensión y jubilaciones también asumidos por el Estado; pérdidas del impuesto a la renta, etc. Además de no bajar en un centavo las deudas externa e interna, todo indica que el proceso de privatización representó una profunda desnacionalización del parque industrial de base del país y hasta la destrucción de algunos sectores intermedios.

11El componente ideológico y el hecho de que la esquizofrenia sea apenas una apariencia se tornaron todavía más claros con la respuesta al “ataque especulativo” de 1999, que mostró la vulnerabilidad del país a la dinámica externa propiciada por las medidas de la política macroeconómica monetarista. Brasil recurrió al FMI y el Acuerdo no garantizó el ajuste en las cuentas públicas, y estuvo orientado, sobre todo, a asegurar la regularidad en el pago a los acreedores. La búsqueda de la meta del superávit primario previsto en el Acuerdo de 1999 llevó a una “brutal contención de gastos” en todas las áreas, con excepción del pago del servicio de la deuda y de personal. Los gastos en inversiones y actividades propias del Estado fueron extremamente limitados; y programas sociales y ambientales de relevancia fueron paralizados. Vale decir que los términos de aquel acuerdo han orientado la política económica brasilera a lo largo de los últimos 33 años, pese a las diferentes gestiones de gobiernos. Se constata que disminuyó, en realidad, el costo del Estado en políticas públicas fundamentales, mientras que la crisis fiscal fue profundizada por costos con un sector parasitario, sustentado por las altas tasas de interés: un Estado mínimo para los pobres y trabajadores, y un Estado máximo para el capital financiero (Netto, 1993).

12Otro aspecto a destacar en la contrarreforma neoliberal del Estado fue el Programa de Publicización, que se expresó en la creación de las agencias ejecutivas y de las organizaciones sociales, así como de la reglamentación del Tercer Sector para la ejecución de políticas públicas, con énfasis en la política social. Esta última estableció un Término de Asociación con ONG e Instituciones Filantrópicas para la implementación de las políticas. A esa nueva arquitectura institucional en el área social – siempre ignorando el concepto constitucional de seguridad - se combinó el servicio voluntario, el cual desprofesionalizaba la intervención en esas áreas, remitiéndolas al mundo de la solidaridad, de la realización del bien común por los individuos, a través de un trabajo voluntario no remunerado. y

13A partir de ahí, se instalan las siguientes tendencias, considerando que las nociones de Estado y de política pública se diluyen en esa constelación de unidades autónomas y competitivas entre sí: superposición de acciones; administración orientada a la rentabilización de los recursos, en detrimento de los fines; sumisión de los fines públicos a los intereses privados, reeditando prácticas de rent seeking dentro del modelo que afirma querer combatirlas, a medida en que el nuevo sector puede buscar fuentes de financiamiento extra-presupuestarias y hacer aplicaciones en el mercado financiero, entre otros mecanismos; continuidad de prácticas clientelistas, en la medida que la admisión de los funcionarios no se dará necesariamente por concurso público, y la demisión también queda a criterio de los dirigentes de turno, lo que deja a los funcionarios a merced de la ocasión, quebrando, en el mediano y largo plazo, la continuidad y la memoria administrativa en las instituciones ahora autónomas; y la desprofesionalización de intervenciones que exigen conocimiento técnico especializado.

14Otro elemento fue la separación entre formulación y ejecución de las políticas, donde el núcleo duro del Estado formularía y las agencias autónomas implementan. Para Diniz,

el énfasis en la capacidad técnica concentrada en los altos escalones burocráticos y el refuerzo del núcleo duro del Estado acentuarían el divorcio con la política, percibida, crecientemente, como fuente de distorsiones y de irracionalidad o, incluso, como foco de prácticas predatorias, como el clientelismo y la defesa de privilegios corporativos (1998: 45) [traducción propia].

  • 247 Aquí, es necesario hacer referencia al trabajo de Marilena Chauí (1998), en el cual la autora mostr (...)

15El contrapunto que se ofreció fue frágil: mecanismos de fiscalización de los Contratos de Gestión (agencias ejecutivas y organizaciones sociales) y Términos de Asociación (Organizaciones de la Sociedad Civil de Carácter Público) por parte del Núcleo Estratégico, cuando es conocida la dificultad de control interno del Estado Brasilero (Cf. Informes del TCU de 1996 y 1997); Consejos Administrativos en las organizaciones sociales, pero que contarían con una composición en la cual la sociedad civil tiene representación insuficiente (Barreto, 1999). Por lo tanto, considerando el discurso de la reforma y su relación con la política económica anteriormente señalada, parece que estuvo en marcha una forma ingeniosa e inteligente de privatización y desresponsabilización del Estado en sectores determinados, en nombre de los cuales, recordemos las preocupaciones sociales del Plan y de Bresser, se hizo la “reforma”: salud, asistencia social, investigación científica, cultura, enseñanza superior247, medio ambiente, entre los principales.

16Finalmente, un último elemento crítico tiene relación con la práctica de la Reforma y la consolidación democrática. Los gobiernos FHC, de orientación neoliberal, no buscaron construir, en general, arenas de debate y negociación sobre el asunto, y se dirigieron a reformas constitucionales en un Congreso Nacional balcanizado, o hacia medidas provisorias. Prefirieron, por tanto, la vía tecnocrática y “decretista”, con fuerte aquiescencia de un Congreso sumiso o pragmático, como, además, nunca dejó de ser a lo largo de todo ese período. Aun cuando las “reformas constitucionales” no estaban todavía aprobadas, se utilizaron – particularmente Cardoso - de forma abusiva del recurso a las medidas provisorias, de mecanismos irrespetuosos con los actores involucrados en determinadas políticas, del recorte de recursos (privatización inducida) y de la corrupción del poder legislativo, cuyo ejemplo mayor fue la votación de la enmienda constitucional sobre la reelección, estratégica para este proyecto societario. Los pasos políticoinstitucionales e ideológico-culturales fueron firmados con estos métodos, lo que torna el discurso sobre la democracia, o incluso sobre una gobernabilidad democrática, en el Plan, un tanto inocuo, vacío.

17La “reforma”, tal como fue conducida, terminó por tener un impacto insignificante en términos de aumentar la capacidad de implementación eficiente de políticas públicas, considerando su relación con la política económica y el boom de la deuda pública. Hubo una fuerte tendencia de desresponsabilización por la política social – en nombre de la cual se haría la “reforma” - acompañada del desprecio por el estándar constitucional de seguridad social. Esto ocurrió vis à vis a un crecimiento de la demanda social, asociado al aumento del desempleo y de la pobreza, profundizados por la macroeconomía del Plan Real. El trinomio del neoliberalismo para las políticas sociales - privatización, focalización y descentralización (Draibe, 1993) – tendió a expandirse por medio del “Programa de Publicización”. Otro aspecto es la forma tecnocrática y antidemocrática de conducción, que se expresa por la dificultad de convivir con el debate y la crítica, dentro de arenas donde están presentes sujetos colectivos organizados. El recurso reiterado a las Medidas Provisorias creó un ambiente donde la democracia fue casi retórica.

2. ¿Un freno “neodesarrollista” y el giro hacia reformas en Brasil?

18Sustentaremos la hipótesis de que hubo en el Brasil de los gobiernos petistas (del Partido de los Trabajadores, PT) desplazamientos en relación a las orientaciones neoliberales más duras del Consenso de Washington, implementadas en los años 90, y además plenamente realizadas. Para contener los impactos más deletéreos y explosivos de las políticas neoliberales desencadenadas, y acompañando los desplazamientos internos en los núcleos formuladores de aquellas orientaciones (por ejemplo, Joseph Stiglitz y Amarthia Sen), así como respondiendo a las presiones de la crisis del capital en su momento más agudo, marcadamente a partir de 2008, se produjeron cambios en Brasil, inducidos por el Estado. Pero estas no permiten deducir que entramos en un pos-neoliberalismo o en un ambiente reformista, aunque sea un “reformismo débil”, como concluye el trabajo de Singer (2012). Sí hubo, de acuerdo a este autor, una sacudida en el puntero que podría indicar un sentido reformista en aspectos de las políticas en curso, no hubo una ruptura con elementos centrales de aquella agenda, sea en el campo de la política económica sea destacadamente en el campo de la política social. En ese contexto, las tesis del “neodesarrollismo” y de la nueva clase media (abordaje considerado por Pochmann (2012) como inconsistente, rudimentario y tendencioso) fueron los mitos brasileros que cimentaron ideológicamente la hegemonía de aquel proyecto, que tuvo en el Estado su dínamo. La economía política singular de la era Lula, que tuvo continuidad en líneas generales con Dilma, engendró impactos materiales intensos sobre la vida de los que vivían en pobreza extrema o absoluta, aunque no por la vía de la expansión de los derechos universales, lo que implicaría reformas efectivas. Pero favoreció en proporciones mucho mayores a los ricos, con atención especial al agronegocio y al capital portador de intereses, además de atraer capital extranjero hacia el nuevo Eldorado brasilero. El desplazamiento del Estado brasilero puede ser identificado en los siguientes procesos:

  1. Si entre 1981 y 2003 hubo tendencia de caída del peso del ingreso del trabajo en la renta nacional – de 23 % -, entre 2004 y 2010 el peso del ingreso del trabajo subió en 14,8 %, mientras que el de la propiedad decreció, retornando a la relación que existía entre esas dos medidas antes del Plan Real, aunque sus orientaciones macroeconómicas se hayan mantenido, pero no llegando a la relación existente en los inicios de los años 80. Así, si en 1995 el peso del ingreso del salario sobre el PIB era de 35,2 %, en 2009 llegaba a 35,1 %, o sea, casi igual, pero que muestra cierta recuperación del empleo y de la renta destruidos en el ambiente más nítidamente contrarreformista.
  2. Este cambio sería, en el contexto de los argumentos más entusiastas, fruto de la entrada en un período virtuoso de crecimiento con generación de empleo e ingreso a partir de 2004, de un nuevo modelo de desarrollo combinado a la universalización de las políticas sociales. Observemos, entonces. Hubo, de hecho, especial expansión de empleos de baja remuneración – hasta 1,5 salarios mínimos – en la base de la pirámide social brasilera, o sea, engrosando las filas de la clase trabajadora, como dice Pochmann (2012) o del subproletariado, en la lectura de Singer (2012), autores que van en la contramano de Marcelo Neri (2010), uno de los principales defensores de la caracterización de nueva clase media para este segmento, con su elástico concepto de clase C, que evidentemente opera con la idea de estratificación social y no de clase social.
  3. Esa dinámica alcanzó el Índice de Gini – que implica las diferencias entre los ingresos del trabajo - y que tuve una caída de 0,5886 en 2002 (Singer, 2012) a 0,501, según informaciones del IBGE acerca de la PNAD248 2011 (acceso el 21 de septiembre de 2012). La PNAD 2011 mostraba todavía el crecimiento porcentual mayor de los ingresos entre el 10 % de trabajadores de la base del número de personas con ingresos, aunque el 10 % en la cima concentrase, en 2011, 41,5 % del total de los ingresos del trabajo, o sea, incluso con el movimiento en la base de la pirámide, haya una altísima concentración de renta – y de riqueza – en Brasil. Datos de la PNAD 2013 apuntaban la tendencia de estagnación del Índice de Gini después de esa breve trayectoria de caída, mostrando la difícil sustentabilidad de la tendencia de caída de la desigualdad de ingreso en Brasil.
  4. El crecimiento del empleo en el segmento de 1,5 salarios mínimos - 95 % de los cupos abiertos y casi el 59 % de todos los puestos de trabajo brasileros, lo que según Pochmann (2012), alteró la proporción en relación a los altos rendimientos e impactó el Índice de Gini - ocurrió principalmente en el sector terciario, que en 2008 ya correspondía al 66,2 % del PIB, seguido de la construcción civil e industrias extractivas. Esta fuerza de trabajo que sale del pauperismo es mayoritariamente femenina (60 % de las ocupaciones generadas), concentrada entre 25 y 54 años de edad, y no-blanca (cuatro quintos de los trabajadores). Hubo también una concentración regional de ese proceso en el Nordeste, Norte y Centro-Oeste. Y en ese cuadro, el 45 % de la fuerza de trabajo brasilera pasaba a tener alguna cobertura de la legislación social y laboral, un dato que muestra que los derechos sociales y laborales todavía no cubren al 55 % de la fuerza de trabajo brasilera. Este es un segmento de trabajadores desorganizado o con dificultades de organización, aunque sorprendentemente, entre los tercerizados con empleo formal haya crecido la sindicalización. Pochmann muestra el peso del trabajo doméstico, en el sector primario, de los autónomos y temporales en este segmento e indica la altísima rotatividad del trabajo – de 85,3 % en 2009 – lo que muestra la inseguridad y la precariedad del empleo, así como el crecimiento de la tercerización formalizada, sin hablar de lo floja de la legislación laboral brasilera, bastante alterada en aquellos años.
  5. En ese contexto de expansión del empleo de baja remuneración, hubo una nítida reducción de las pobrezas extrema y absoluta. Ese proceso, por lo tanto, se asienta en la caída del desempleo, en la formalización del empleo (siete de cada 10 cupos abiertos), en el aumento del salario mínimo, y en la expansión del crédito, especialmente el consignado a partir de 2004 (Moura, 2017), combinados a los programas de transferencia de ingreso – PBF (Programa Bolsa Família), BPC (Benefício de Prestação Continuada) y Previsión Social, con mayor peso de estos dos últimos, considerando su vínculo con el salario mínimo. Siguiendo el análisis de Boschetti (2013), las causas del aumento de la renta según el IPEA residieron: 58 % en la renta del trabajo, 19 % en la Previsión Social; 13 % en el Programa Bolsa Família; y 4 % en el BPC. Cabe destacar el papel de la protección social, incluso con las innumerables restricciones macroeconómicas por las que ha pasado (Behring, 2008), que se mantuvo como responsable del 36 % del aumento de la renta del trabajo.
  6. Un resultado de ese cambio fue la expansión del mercado interno y el impulso al llamado “ciclo virtuoso de crecimiento”, incluso en la crisis que llegó con fuerza en 2009 con impacto en el PIB, pero que fue administrada con fuertes aportes al capital financiero y al agronegocio, pero también por el impulso al consumo interno. Fueron activados mecanismos de renuncia fiscal, por ejemplo, el IPI (Impuesto al Producto Importado) para la industria automovilística y de electrodomésticos, y mecanismos del PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) (Behring et alii, 2010). Según datos sistematizados a partir de la PNAD 2011 por Boschetti (2013), los pobres con ingreso per cápita de R$ 140 pasaron de 24 % de la población brasilera, en 2000, a 10,2 %, en 2011, siendo el crecimiento de la renta per cápita del 10 % más rico de 16,6 %, y del 10 % más pobre, de 91,2 %.

19No queda duda de que fueron cambios relevantes, significativos y deseables, pues suscitaron necesidades, ampliaron las fronteras materiales de la clase trabajadora, incidieron sobre la indiferencia y la invisibilidad de amplios segmentos de la población brasilera. Pero, ¿cómo interpretarlos? Vamos a cotejar algunos argumentos clave del proyecto en curso y otros más críticos para construir caminos de interpretación del papel del Estado en el Brasil del lulo-petismo. Para Pochmann, esa dinámica alteró las bases sociales de la economía brasilera y los trabajadores de sueldo base se tornaron protagonistas de un importante movimiento de movilización de la estructura social brasilera, sin que se les pueda caracterizar como “nueva clase media”. Para él estuvimos en un nuevo modelo de desarrollo, con mayor grado de universalización de los servicios y políticas públicas, fundado en el aumento de la renta del trabajo en la base de la pirámide social. O sea, un Estado inductor tuvo un papel central en esta trama.

20Para Singer, además de los cambios de las bases materiales y sociales – en lo que difiere poco de Pochmann, rechazando como este último la idea de nueva clase media, o de Boito Jr. (2012), que se refiere a las mismas dinámicas -, se alteraron también las bases políticas de legitimidad del proyecto que él llama de “lulista”. Las bases de legitimidad política de este proyecto migraron progresivamente de las camadas medias tradicionales y de los trabajadores formales hacia los segmentos más pobres de la población brasilera. Singer llamó a ese proceso de realineamento electoral, analizando detalladamente la votación de Lula en 2006 em comparación con 2002 y las elecciones presidenciales anteriores, cuando identificó que este segmento de bajísima renta migró de su conservadurismo profundo cuando percibió alteraciones en sus condiciones materiales de vida, en la expectativa de mayor movilidad social. La proposición analítica de André Singer es muy sofisticada y provocativa: él sugiere que la economía política “lulista”, y que tiene continuidad con Dilma, optó por una especie de reformismo lento, diferente del reformismo fuerte que marcó el programa del PT (el cual fue literalmente archivado), teniendo a la vista emprender cambios graduales y asegurar puntos de equilibrio en un pacto conservador, a partir del Estado. Este pacto tuvo en una punta a los trabajadores pobres o subproletariado y, en la otra, al capital financiero y la gran burguesía. O sea, para él se emprendió un combate a la miseria parcialmente exitoso sin confrontación con el capital; o el combate a la pobreza dentro del orden. Vale decir que Singer reconoce que la pobreza monetaria cayó rápido (20 millones de personas atravesaron la frontera de la pobreza absoluta), pero la desigualdad fue más persistente. Según la CEPAL (2010), 10 % de los más ricos poseían el 50,6 % de la renta y el 10 % más pobre en Brasil poseía el 0,8 %! La distribución funcional del ingreso, que muestra la repartición de la riqueza entre capital y trabajo, permaneció poco alterada y profundamente desigual en Brasil, y quedó escondida bajo el Índice de Gini, con lo que el autor concuerda con Filgueiras y Gonçalves (2007), que desarrollaron este mismo argumento. Así, si el primero escenario de los años 2003-2004 apuntó hacia la continuidad neoliberal, a partir de 2004 en adelante, para Singer, hay otro escenario. Además de los datos anteriores sobre el empleo, que Singer considera próximo al pleno empleo, lo que es enteramente incorrecto, considerando el grado de informalidad en Brasil, y no es corroborado por Pochmann, él agrega la caída de los intereses (aunque sea el cuarto país con la tasa más alta de interés en el mundo); la reducción del superávit primario federal, con desplazamiento de recursos hacia la inversión; y la expansión del crédito con gran énfasis en el financiamiento popular. Esta economía política navegó en una economía mundial favorable entre 2004 y 2008 – fundada en los commodities y en la palanca china y del este asiático, beneficiándose mucho de ese contexto. En ese ambiente se accionó un Estado inductor, con desbloqueo de la inversión pública, diferente del Estado inhibido de actuar del período de la contrarreforma para activar el mercado interno en el contexto de un pacto político que remite, para Singer, al bonapartismo, y a las dinámicas por lo alto, ya que los muy pobres y los muy ricos parecían felices con la internalización de conflictos y la especie de arbitraje ejercida, administrando las tensiones entre las coaliciones productivistas y rentistas, y cohibiendo los excesos de la excitación de la lucha de clases en torno de las expresiones de la cuestión social que permanecieron intensas en el campo y en las ciudades. Así, concluye Singer que el timón se movió en la dirección del desarrollo, en el contexto del reformismo débil, con perspectivas de impactos sobre la pobreza en el corto plazo y apenas a medio y largo plazo sobre la desigualdad, manteniéndose esta arquitectura político económica.

21¿Serían esos elementos suficientes para afirmar que superamos el umbral del neoliberalismo, tomando una trayectoria reformista, de universalización de las políticas sociales y de desarrollo, aunque sea lento, y de ruptura con los patrones históricos de nuestro drama crónico da heteronomía y desigualdad, conforme afirmaba Florestan Fernandes? O como afirma Boito Jr. (2012), ¿la intervención política de los trabajadores dio un nuevo impulso al capitalismo en Brasil a través del Estado, en una especie particular de reedición de la etapa democrático burguesa, que tiene como protagonista a la “burguesía interna”, a la cual seguiría una etapa socialista? ¿Sería el neodesarrollismo o desarrollismo de la era neoliberal y que no rompe con ella? A pesar del monto del proceso observado y sus implicaciones para la lucha de clases, hay elementos nada, poco o incorrectamente tocados por estos interlocutores, y que no permiten una respuesta afirmativa sobre la reanudación de una ruta siquiera reformista. Se trata de no sobrestimar determinaciones en detrimento de otras, cuando todas ellas están operando en la totalidad en movimiento. Y no se trata de no reconocer de forma sectaria la importancia de os desplazamientos observados, sino de proponer una interpretación de su significado, de sus sentidos, como también persiguen nuestros interlocutores, a pesar de que no lleguemos a las mismas conclusiones. Por lo tanto, cabe calificar mejor dos cuestiones: el desarrollo que está siendo estimulado a partir del Estado; y la lógica de la política social que está siendo desencadenada por el mismo.

22Sobre el desarrollo, tenemos que considerar los argumentos centrales de Reinaldo Gonçalves (2012). Para él, estuvimos delante de un desarrollo en marcha atrás, que poco tuvo relación con el nacional desarrollismo. Pienso que el camino del autor terminó por sobrestimar al propio nacional desarrollismo en Brasil. En este debate compartimos con Florestan Fernandes y Octavio Ianni: el nacional-desarrollismo tuvo límites claros, especialmente por depositar en la mítica burguesía nacional expectativas de autonomía que ella nunca tuvo, así como en relación con la ruptura con las relaciones arcaicas en el campo, que jamás estuvieron en su horizonte. Pero lo central es que el estudio de Gonçalves muestra que diferente del desarrollismo (y más todavía del nacional-desarrollismo), el camino adoptado en Brasil bajo la batuta del PT y aliados siguió un sesgo pro-minería e industria agropecuaria, en detrimento de la industria de transformación, proceso estimulado por la liberación comercial, cuyas barreras no fueron protegidas y reguladas, lo que implicó un aumento de las importaciones de productos manufacturados. Hubo un fuerte énfasis en bienes primarios en las exportaciones (crecimiento de 25,5 % en 2002 a 38,5 % en 2010), con implicaciones en el comercio exterior brasilero, pero dependiente de los commodities, mientras tanto el nacional-desarrollismo se esforzó en la diversificación de la economía con consolidación de la industria de transformación. Gonçalves habla de reprimarización de la economía, un término todavía polémico, considerando la fuerte industrialización del campo, lo que no contradice su cuestión central que es el pilar en los commodities, más vulnerable a las crisis, argumento que es reforzado por Katz (2016). Tenemos un incremento de la dependencia tecnológica y no de la autonomía, teniendo en consideración el aumento de las importaciones de productos y servicios intensivos en tecnología. En cuanto al origen de la propiedad, estuvo en curso un intenso proceso de desnacionalización, con aumento de las remesas de ganancias al exterior. Excluyendo a Vale, a Petrobras y a BR Distribuidora, hubo un relativo aumento de la participación extranjera en las 50 mayores empresas brasileras. En ese campo de la desnacionalización, hubo un aumento claro de la Inversión Externa Directa en el agronegocio, minería y extracción de petróleo. Junto con la desnacionalización tuvimos la concentración de capitales (la fiesta de los ricos, con el crecimiento del mercado de lujo), siendo que las 50 mayores empresas participaban crecientemente del valor de las ventas de las 500 mayores. En la esfera financiera la concentración fue todavía mayor, considerando que la tasa media de rentabilidad de los 50 mayores bancos (17,5 %) fue mayor que la de las 500 mayores empresas (11 %), revelando la dominante financiera de esta lógica. Esta economía política, para Gonçalves, llevó a una vulnerabilidad externa estructural, dependiente del flujo de commodities y con un gran pasivo financiero, o sea, dependiente de la atractividad al capital financiero. No se puede afirmar que haya sido un nuevo padrón de dependencia. Tal vez fuese la dependencia de siempre reeditada en el contexto de la mundialización financiera. La conclusión lacónica de Gonçalves, y con la cual concordamos, es que existieron méritos en el proyecto lulo-petista, pero no reversión de tendencias estructurales o políticas desarrollistas y adicionamos, reformistas, pues el desplazamiento inducido por el Estado brasilero no operó en la reversión de la heteronomía, aunque haya actuado sobre la otra cara del drama crónico, o sea, la miseria. Se puede acrecentar al argumento la mantención estructural de una elevada concentración de la propiedad de la tierra en Brasil, ya que 3,35 % de las propiedades, todas con más de 2.500 hectáreas, detentaban el 61,57 % de las tierras; y 68,55 % de las propiedades, todas con menos de 100 hectáreas, se quedaban con el 5,53 % de las tierras, según el Censo Agropecuario del IBGE (2011).

23Sobre el supuesto Estado inductor, nuestros estudios sobre el presupuesto público mostraron que la capacidad de inducción del Estado brasilero fue muy restringida. Se hace necesario comprender mejor el papel del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) en ese proceso (Souza, 2017), pero en lo que refiere al presupuesto federal, donde se concentra más del 60 % de los recursos públicos, incluso después de las transferencias constitucionales, hubo un constreñimiento permanente del financiamiento de las inversiones y de las políticas sociales, en función del superávit primario y del pago de intereses, encargos y amortizaciones de la deuda pública. Así, la existencia del PPI, desplazando parte del superávit primario hacia inversiones en el PAC, en sus dos versiones no implicó una efectiva alteración de la ruta, aunque hay tenido impacto después de años de profunda estagnación de la inversión, lo que genera la ilusión del “neodesarrollismo”. Veamos algunos datos:

  • En 2011, el gobierno cortó R$ 50 billones del presupuesto; en 2012 efectuó el contingenciamiento de R$ 55 billones, siendo R$ 5,47 billones de salud y R$ 1,93 billones de educación; en 2013, hubo un contingenciamiento de 28 billones, y en 2014, de 44 billones de reales. El contingenciamiento ha sido un mecanismo importante para la formación de superávit primario, lo que permanece como cláusula pétrea de la economía política brasilera desde el acuerdo con el FMI de 1999, teniendo en consideración su importancia para la seguridad de los acreedores de la deuda pública.
  • En el presupuesto de 2014: 42,02 % estuvieron comprometidos con el pago de la deuda (incluido el desplazamiento); 4,11 % para salud; 3,49 % para educación; 2,86 % para asistencia social (donde está el Programa Bolsa Familia, cuyo gran impacto político y económico para la vida de las familias, como se ve, moviliza pocos recursos); 2,68 % para políticas de trabajo; 0,22 % para la reforma agraria y 0,35 % para seguridad pública (Fuente: Auditoría Ciudadana de la Deuda, acceso en julio de 2014)
  • Sobre la Desvinculación de los Presupuestos de la Unión [DRU, según sus siglas en portugués], entre 2006 y 2012 fueron “expropiados” del presupuesto de Seguridad Social: R$ 309.941 billones de reales (Fuente: ANFIP, 2013), o sea, este mecanismo retira el 20 % de las fuentes de recursos de la seguridad social, especialmente al COFINS (Contribución para el Financiamiento de la Seguridad social) y el CSLL (Contribución Social Sobre el Lucro Líquido), destinándolos para otros fines, especialmente el pago de intereses y encargos de la deuda pública.

24Es interesante que, incluso disminuyendo la relación deuda/PIB en Brasil, acompañando cierta caída temporal de las tasas de interés (entre marzo de 2012 y abril de 2013) – pero, que volvieron a niveles altos - mantuvimos el gasto con la deuda como primer ítem del presupuesto público, no existiendo ahí ninguna alteración de ruta. Sobre la política social, además del problema de las prioridades de financiamiento ya apuntado en los datos anteriores, observamos una lógica que la presidió, que va a contramano de la universalización socialdemócrata: se trata de focalización con fuerte selectividad y de bajo costo, y que se vuelve abarcador, en función del tamaño de la desigualdad social de Brasil. Una lógica efectivamente redistributiva y reformista, acompañada evidentemente de una reforma tributaria en Brasil (Salvador, 2010), trabajaría con un programa de ingreso mínimo como derecho, con criterios más amplios y valores mayores. Además, permanecieron en curso procesos típicamente neoliberales en la salud, por ejemplo, da EBSERH (Empresa Brasilera de Servicios Hospitalarios) y de las Organizaciones Sociales; en la educación, con la expansión privada de la enseñanza superior y media; y en la previsión social, con el estímulo a la previsión privada cerrada y abierta. Incluso así, esa política social, distante del sueño beveridgeano de la Constitución de 1988, cumplió un papel relevante en el apalancamiento de los que están en pobreza extrema y absoluta. Imaginemos que los ritmos de aumento da calidad de vida y trabajo de la población podrían ser mucho más intensos si acaso tuviésemos una actitud soberana en relación a los recursos presupuestarios, con auditoria de la deuda y un boom de inversiones... pero eso no sería el combate a la pobreza dentro del orden, no sería el social-liberalismo, el segundo momento del neoliberalismo en Brasil, que ni del punto de vista económico ni social se asemeja a las proyecciones desarrollistas, quizás nacional-desarrollistas del pasado.

3. El Retorno de los “ridículos tiranos”

25Desde el Golpe de 2016, hay un nuevo momento del neoliberalismo en Brasil, adecuado al despliegue de la crisis del capitalismo que se agudizó en los últimos años. A pesar de algunas semejanzas discursivas y de medidas concretas con el proyecto contrarreformista de FHC, no se trata más del momento fundacional del neoliberalismo entre nosotros. Desde las movilizaciones de junio de 2013, quedaron expuestos los límites de la gestión petista del Estado brasilero, con sus gobiernos de coalición y de conciliación de clases (Demier, 2017), teniendo como agravante un ambiente internacional desfavorable desde la eclosión de la crisis de 2008/2009 en los países centrales, pero cuyos impactos mayores llegaron a Brasil pocos años después. El resultado de ese desgaste, fue el golpe parlamentario mediático en base a la Operación Lava-Jato, de la cual los golpistas ahora se quieren distanciar y proteger (como quien crea un monstruo que se vuelve contra el creador). Esta fue la salida burguesa para entrar en este nuevo y tercer momento del neoliberalismo en Brasil, en conexión con las exigencias del ambiente internacional.

26Vale registrar la gran fragilidad del gobierno ilegítimo de Michel Temer, cuyas bases sociales, ya demostraban insatisfacción desde 2016, producto de algunos elementos combinados: Del despegue económico titubeante, con ampliación del desempleo, de la capacidad ociosa de las empresas y del endeudamiento; de la corrupción sistémica que está lejos de ser combatida; de las disputas internas por el poder y por el botín; de las medidas impopulares y agresivas contra los derechos adquiridos; y de las luchas sociales en curso. A pesar del apoyo de los grandes medios a todo ese proceso, también este comenzó a perder fuerza. Al lado de eso, lo que no puede ser subestimado, hoy existen redes sociales que involucran a millones de personas, y que han sido uno de los espacios importantes de disputa política e ideológica, minando la legitimidad del gobierno que no consiguió deconstruir la imagen de golpista, incluso con las críticas a los gobiernos Lula-Dilma. Los segmentos del gran capital, que apoyaron el golpe, están buscando alternativas, por ejemplo, acuerdos entre el PMDB y el PSDB que pueden buscar una salida vía elecciones indirectas, lo que apuntaría hacia el agravamiento del golpe, en la dirección de una dictadura constitucional, según el texto de Mauro Iasi (2016). O sea, no hay estabilidad política en el momento en que escribo estas líneas, pese a la mayoría gobiernista en el Congreso. Ejecutivo y legislativo se encuentran en un aislamiento cada vez más fuerte. Pero es un hecho que las luchas sociales no adquirieron la densidad que el momento histórico requiere en Brasil para derrumbar las medidas draconianas y el propio gobierno. Es un hecho, también, que el elemento subjetivo alternativo a todo eso está muy fragmentado todavía, después de años de transformismo y cooptación. Sin embargo, están aconteciendo manifestaciones y luchas, y hay una búsqueda real de formación de frentes de luchas y de izquierda en torno a la construcción de pautas comunes, especialmente contra la regresión de derechos de las medidas propuestas por el golpe.

27Veamos brevemente algunas de las medidas más representativas de la “marcha de la insensatez” y del “sueño de la razón” que este gobierno ilegítimo del gran capital está colocando en marcha. No podemos olvidar que Henrique Meirelles, el conductor de la política económica, es un representante del capital portador de intereses, el gran beneficiario de lo que está siendo propuesto. La medida emblemática del ajuste fiscal neoliberal de Temer fue la Enmienda Constitucional 95 (EC 95), aprobada bajo fuerte represión en Brasília, en 2016, más conocida en Brasil como PEC del Fin del Mundo. Veamos sus variados significados:

  1. El discurso de la EC 95 fue el de realizar sacrificios para entregar un país saneado y que vuelva a crecer, pero un didáctico vídeo del Blog Outras Palavras mostró que a pesar de la deuda brasilera haber llegado en 2016 a 4,2 trillones, la relación deuda PIB se mantenía en 55 % en 2014, y aumentó a 70,1 % en 2016. Sin embargo, es necesario comparar para pensar se hay necesidad de una medida tan destructiva: en 2002, la relación deuda PIB con Fernando Henrique Cardoso era de 81 %; la de los EUA hoy, de 101 %; de la zona euro hoy, de cerca de 90,7 %; de Japón, de 229,2 %. El país no está quebrado como chantajean los defensores de esas medidas.
  2. Laura Carvalho (2016), profesora de la USP (Universidad de Sao Paulo), sin duda ha levantado los argumentos más consistentes contra la EC 95. Para ella, y tengo entera concordancia con eso, Dilma ya venía realizando un duro ajuste fiscal al final de su primer mandato, con medidas relacionadas al seguro-desempleo y pensiones, sin crecimiento en el gasto en personal y en el gasto social y con contracción en las inversiones. En el primero año de su mandato, la inversión se contrajo más de un 30 %. Para la profesora, la crisis fiscal no provino del crecimiento de los gastos, sino de la disminución de presupuestos impactados por las políticas de exención fiscal. Por otro lado, la gestión macroeconómica del Banco Central mantuvo elevadas las tasas de interés con impacto sobre parte de la deuda indexada por la SELIC (Sistema Especial de Liquidación y de Custodia [para títulos federales]). Si el problema es de presupuesto, ¿por qué atacar el gasto? Si la inflación tiende a ir al encuentro de la meta, o sea, a la caída, ¿cuál es la razón de esa rigidización del Estado, especialmente del Estado Social en un plazo tan amplio? Para la economista, la EC 95 no tiene relación con la inflación, cuyo impulso se dio con la liberación de precios administrados por el Estado, y no con el gasto público. Laura Carvalho critica duramente el axioma de que el controle rígido del gasto público lleva a la mítica confianza. Para ella, eso no aconteció con el duro ajuste de corto plazo de Dilma, que inclusive vetó la necesaria y urgente Auditoria de la Deuda, aumentó el superávit primario en 2011 y realizó un recorte monumental de gastos en 2014 y 2015, y no habría ninguna evidencia de que podría ocurrir ahora. Laura Carvalho informa que hoy 22 países del mundo tienen reglas de gastos, pero en ninguno de ellos la regla es para 20 años. En la mayoría se establecen parámetros año a año – como además era el caso brasilero. Especialmente, esas no son reglas constitucionales. Así, en mi opinión, lo que está siendo propuesto es de un aventurerismo irresponsable inimaginable, que independientemente del desempeño económico, congela los gastos primarios del presupuesto público brasilero, al mismo tiempo en que libera la apropiación del fondo público por el capital portador de intereses y por los especuladores. El motor del crecimiento serían las concesiones y alianzas público privadas, verdaderas estafas al fondo público. Por otro lado, se habla de una estagnación secular de la economía internacional, poco prometedora para las inversiones extranjeras, por ejemplo. Y con la masa de desempleados, hay tendencias claras de caída en el consumo.
  3. En caso de no cumplimiento de la EC 95, están previstas sanciones. Aquí hay una clara conexión entre la EC 95 y la contrarreforma de la previsión, pues una de esas sanciones es no poder elevar los gastos obligatorios, lo que atropella la recomposición del salario mínimo, indexadora de beneficios previsionales y asistenciales, como el BPC. ¿Y como no elevar gastos obligatorios con el crecimiento de la población, especialmente de la población de mayor edad? Si hoy Brasil tiene 206 millones de habitantes, de los cuales 16,8 millones están encima de los 65 años, se estima que, en 2036, seremos 227 millones, de los cuales 36 millones tendrán más de 65 años, según el IBGE. O sea, hay un decrecimiento relativo de jóvenes y un aumento de la población mayor. ¿Cómo contener los gastos obligatorios en ese contexto? Por eso ellos insistieron en la contrarreforma de la previsión, que ya en el ambiente de desgaste y disputa electoral en 2018, fue derrotada en la práctica y sacada momentáneamente de la pauta.
  4. Al colocar ese gran distractor en la agenda, la EC 95 sacó del debate la reforma tributaria, el problema de la deuda pública y el problema de la deuda activa, donde se podría encontrar caminos diferentes para enfrentar la crisis del presupuesto y del gasto.
  5. La Nota Técnica 27, del IPEA, apuntaba una tendencia a la pérdida de recursos de la Asistencia Social de 199 billones en 10 años y de 868,5 billones en 20 años para la política donde se sitúan los programas de transferencia de renta (BPC y PBF). El BPC se volvería insustentable a partir de 2026 con el techo de gastos para o MDSA (Ministerio de Desarrollo Social). Ya en el paso de 2015 a 2016, después de años de crecimiento significativo (aunque insuficiente), el presupuesto de la asistencia social cayó 1 %.

28Hablemos también de la contrarreforma de la previsión que se anuncia desde que el gobierno Dilma creí un Grupo Técnico, cuyo resultado fue presentado en mayo de 2016. Sara Granemann (2016), en un muy buen texto en el Blog Junho, detalla el diagnóstico presentado que apuntaba: la necesidad de recursos para la previsión, que vendrían del aumento de la alícuota de contribución de los funcionarios públicos del 11 % al 14 % o 20 %; cobrar contribución a los jubilados del Régimen General para la previsión; unificar los regímenes de previsión. Nada se habló sobre la deuda activa y la conocida retención empresarial de la previsión. Se puso en pauta la elevación de la edad mínima de jubilación cuando la media de vida en algunos estados brasileros es de 66 a 68 años, especialmente en algunos estados del Nordeste. De esta forma, se trata de morir trabajando y no disfrutar de la vejez con dignidad. Se aboga por la extinción de las diferencias entre hombres y mujeres, ignorando todo el debate sobre la doble, y a veces triple jornada de las mujeres en el contexto de la sociedad patriarcal brasilera. Aplicar un reductor del costo de las pensiones por muerte. Penalizar los trabajadores rurales “que no contribuyen”, al mismo tempo en que la contribución del agronegocio altamente lucrativo es tratada con lenidad. Y finalmente, desvincular los beneficios del salario mínimo, medida cuya relación con la EC 95 es evidente. Si pensamos en la intervención empresarial cínica que reivindica una jornada de trabajo de 80 horas, establecida por cambios en la legislación laboral – que vinieron con la contrarreforma laboral de 2017, que legalizó la precariedad, permitiendo condiciones óptimas de explotación de la fuerza de trabajo (Dieese, 2017), se tiene el cuadro completo de la ola conservadora en el plano económico y social, que que rompe derechos para favorecer a unos pocos señores y familias. Y especialmente produce el retorno de los “ridículos tiranos”, de la música Podres Poderes, de Caetano Veloso.

29Concluyendo en pocas frases, pues no hay más espacio: el neoliberalismo, que marca el actual momento de crisis del capitalismo, es la más profunda decadencia ideológica del liberalismo. Es el pensamiento justificador de la barbarie y del darwinismo social. El mundo del capital bajo del dominio del neoliberalismo sólo tiene para ofrecer violencia, hambre, guerra, destrucción ecológica y polarización. De ahí deriva la necesidad urgente de derrotarlo en todos los espacios.

Bibliographie

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Documentos oficiais

Plano diretor da reforma do estado. Ministério da administración e da reforma do Estado, Brasília, 1995.

Tcu. Relatório sobre a prestación de contas do governo federal de 1997 (16 de junho de 1998)

Tcu. Documento: Principais trabalhos do tribunal de contas da união na década 1990 –1999. Brasília, Tribunal de Contas da União, 2000.

Notes

240 Partido que fue parte de todos los gobiernos post-redemocratización, siendo el principal articulador, aunque no el único, de tratos público/privados y esquemas de corrupción que atraviesan el Estado brasilero en todos los niveles. Actualmente se volvió a llamar MDB.

241 Se trata de la investigación de tesis de doctorado, defendida en 2002 en el PPGSS/UFRJ bajo la orientación de José Paulo Netto, y que originó el libro Brasil em Contrarreforma: desestruturação do Estado e perda de direitos (Behring, 2003).

242 “Afección mental caracterizada por el relajamiento de las formas usuales de asociación de ideas, baja de afectividad, autismo y pérdida de contacto vital con la realidad” Cf. Buarque de Holanda, 1986: 712 [traducción propia]. La esquizofrenia proviene de la fragmentación, de forma que hay una pérdida de la dimensión de totalidad, que aquí aparece como una incoherencia, una disociación entre los objetivos de la “reforma” – de combatir la crisis fiscal - y la macroeconomía del Plan Real, que alimenta a la misma. La esquizofrenia es una dominante cultural de nuestro tiempo “de hombres partidos” (Carlos Drumond de Andrade). Pero quiero resaltar que, en este caso, se tiene una esquizofrenia aparente, considerando la autoconciencia del proyecto FHC (Fernando Henrique Cardoso) y la intención deliberada de encubrir sus objetivos, como aspecto central de la intervención pública de sus conductores. Se podría decir que ellos perdieron el contacto con la realidad. Mientras tanto, esta afirmación se limitaría a la apariencia de los procesos, que encuentran explicación racional en la lógica de la inserción brasilera en el capitalismo contemporáneo. Aquí, cabe recordar que la farsa, señalada por Marx (1976), no es una sorpresa, siendo posible su aprehensión. De la misma forma, es preciso distinguir la fraseología de determinados segmentos, de lo que ellos realmente son, su lugar en la producción, su localización en la sociedad de clases. De ahí proviene la idea desarrollada por Kosik (1986) a partir de Marx, de la destrucción del mundo de la pseudoconcreticidad, en el sentido de comprender la lógica interna de los procesos, reconstruyéndolos en el nivel del pensamiento. Tal procedimiento es más que nunca un requisito en este Brasil del Golpe de Estado de 2016.

243 Y se concentró en el Ministerio de Hacienda a lo largo de los tres períodos analizados. En realidad, la macroeconomía del Real se vuelca para asegurar el pago de intereses, encargos y amortizaciones a los acreedores, realizando una punción de plusvalor socialmente producido para las entidades financieras (Behring, 2017)

244 Clase dictada por ocasión de su participación como Profesor Visitante en la FSS/UERJ.

245 Moeda podre se define como: “1) Títulos de deuda que se negocian en el mercado con desajuste debido a la duda sobre la capacidad del emisor en efectuar el pago en el vencimiento. 2) Denominación dada a títulos de la deuda pública o de empresas estatales, que no tienen liquidez (facilidad de negociación) por no haber sido pagados antes del vencimiento. Se aceptan por su valor nominal en los procesos de privatización. Estos títulos se negocian en el mercado con gran descuento (desajuste) en relación con su valor nominal” Fuente: http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=1998, revisado el 30 de mayo de 2018 [traducción propia].

246 Un análisis más detallado de las privatizaciones de los años 90 está en Behring, 2003: Capítulo 5, Item 2. En este capítulo hay también un análisis factual y con muchos datos de la contra-reforma en otros dos aspectos: la flexibilización del trabajo y la condición de la seguridad social.

247 Aquí, es necesario hacer referencia al trabajo de Marilena Chauí (1998), en el cual la autora mostraba lo que significa para la universidad pasar de institución social a organización social: la pérdida de la marca de la docencia – la formación; y la pérdida del potencial creativo e investigativo de los estudios, que ahora se somete a la instrumentalidad y al control de microproblemas.

248 PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Corresponde a un estudio que “obtiene informaciones anuales sobre características demográficas y socioeconómicas de la población, como sexo, edad, educación, trabajo e ingresos, y características de los domicilios, y con periodicidad variable, informaciones sobre migración, fecundidad, nupcialidad, entre otras, teniendo como unidad de observación los domicilios”.
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisaresultados.php?idpesquisa=40, revisado el 30 de mayo de 2018 [traducción propia].

Auteur

Profesora Asociada Facultad de Servicio Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - GOPSS/UERJ.

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