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Ciudadanías para la Democracia

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Sergio Grez Toso
, 
Daniel Opazo Ortiz
, 
Paula Vidal Molina

La democracia como dictadura

Carlos Pérez Soto

Texte intégral

11.- La democracia actual es una ilusión. Los representantes no representan a los representados. Las altas tasas de abstención, el monopolio de los medios de comunicación, el clientelismo estatal, la falta de transparencia en los actos públicos, el sistema electoral, la convierten en un medio de contención y administración de la diferencia radical, vaciándola de sus contenidos clásicos y sustantivos: la participación ciudadana, el diálogo real sobre alternativas de desarrollo social, la promoción y construcción progresiva de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales.

2La democracia se ha convertido en un medio eficaz para la contención y disgregación del movimiento social. Más eficaz que los gobiernos militares, más eficaz que la totalización de lo social bajo las consignas de algún doctrinarismo ideológico. La combinación de tolerancia represiva y represión focalizada, la constante manipulación de la opinión pública a través de “agendas” comunicacionales artificiosas, el clientelismo objetivo que se produce a través de la precarización del empleo estatal, el doble discurso que combina mensajes “liberales” y “progresistas” con amenazas veladas y advertencias sobre “enemigos” e “imprudencias”, son sus principales herramientas.

3En lo que sigue, expongo algunos aspectos históricos y políticos que han llevado a esta situación, las diferencias entre las realidades y los discursos sobre las que ha sido construida, y un análisis de fundamentos que permita una perspectiva histórica más amplia. A partir de estos elementos propongo algunos derechos básicos que la ciudadanía puede esgrimir contra esta nueva forma de opresión, y las líneas fundamentales de lo que puede ser un programa radical al respecto.

42.- La democracia moderna, en general, ha seguido una historia paradójica: mientras su concepto no ha dejado de enriquecerse y crecer en contenido, su práctica real, después de unas cuantas décadas de avances iniciales, se ha empobrecido de manera profunda y progresiva. Se puede rastrear el origen y desarrollo de la democracia moderna, tanto en su concepto como en las luchas para realizarlo, prácticamente hasta los siglos XIII y XIV. Desde la idea de soberanía popular y la demanda por la positividad del derecho en Marsilio de Padua, pasando por las repúblicas italianas, y luego por todos y cada uno de los momentos revolucionarios a través de los que la burguesía fue consolidando su hegemonía como gobierno, su historia es larga y compleja. Su realidad efectiva, masiva, hegemónica, como modelo institucional, sin embargo, no va más allá de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a través de la progresiva ampliación del censo electoral, primero en Francia y Alemania, y luego en el resto de los países de Europa. En rigor, los estándares mínimos de lo que hoy aceptaríamos como un sistema realmente democrático solo fueron alcanzados después de la Primera Guerra Mundial, incluso, en la enorme mayoría de los países del mundo, mucho después de la Segunda. Como contraste, esa es justamente la época (años 20-30) en que empezó a ser vaciada de todo contenido real.

5Al horizonte democrático, considerado como concepto, se han ido incorporando progresivamente rasgos, condiciones y consecuencias que, como ideal ético y político, lo convierten en la culminación del humanismo moderno. Existe una clara consciencia de que un sistema político democrático requiere ciudadanos autónomos, con altos niveles educacionales y culturales, con pleno acceso a la información y amplia capacidad de expresar, intercambiar y promover ideas. Se considera un requisito mínimo que la voluntad de estos ciudadanos sea representada en la estructura del Estado a través de elecciones abiertas, libres e informadas. Y se considera que un complemento necesario para estos mecanismos de representación es que los actos de la administración estatal sean plenamente transparentes y fiscalizables, tanto de manera directa como a través de organismos independientes sobre los que también pese esta exigencia. Sin embargo, los promotores del ideal democrático están de acuerdo también en que estos mecanismos de representación de la ciudadanía no deben consistir en la simple delegación de la soberanía, por razones operativas, sino que deben contemplar y ejercer de manera permanente la participación de los representados en las deliberaciones y decisiones. Muchos teóricos, incluso, consideran que es esta condición participativa la verdadera sustancia del régimen democrático, y que los mecanismos de representación deben estar subordinados a ella. Existe, por esto, un consenso muy amplio en torno a que un sistema formal y meramente procedimental, que se limite a asegurar mecanismos eleccionarios, debería considerarse incompleto y defectuoso.

6De este modo, el ejercicio real y efectivo de la soberanía popular es considerado hoy en día solo el modo de un sistema democrático, no su fundamento ni su contenido. Arraigando su reflexión en el idealismo ético kantiano, la mayoría de los teóricos de la democracia consideran que el fundamento de la democracia es el supremo respeto por la dignidad humana, aunque muchos van más allá: el contenido y propósito de un sistema democrático sería promover y realizar esa dignidad.

7Es por eso que hoy en día se considera como requisito mínimo para que un sistema político sea llamado democrático, el respeto de los derechos humanos. Otros han agregado a este mínimo el respeto y la promoción de los derechos económicos y sociales. Se han agregado aún, desde muy diversos sectores ideológicos, el respeto y la promoción de los derechos de género, y étnicos y culturales. Hay quienes sostienen, incluso, que un sistema político no debería ser considerado como realmente democrático si no promueve la viabilidad de la comunidad humana misma, es decir, si no promueve una convivencia sustentable y en armonía con el medioambiente. Muchas condiciones, muchos ideales, todos deseables.

8Es respecto de estos estándares, que los “defensores de la democracia” no se cansan de repetir de una manera curiosamente unánime, que deberíamos preguntarnos ¿cuán democrático es el sistema político que se nos presenta como tal?

9Considerando la calidad y la altura de tales ideales, se trata de una pregunta trivial. Sin embargo, una pregunta sospechosamente omitida por tales “defensores”. Incluso, curiosamente, solo formularla con ánimo radical, frecuentemente, es visto como indicio de ánimo “antidemocrático”. El discurso sobre el ideal democrático es tan unánime, tan insistente que, repetido como sonsonete por políticos y medios de comunicación, parece tener el efecto mágico de inhibir la indagación sobre su realidad efectiva. Decir en voz alta que la democracia imperante no es democrática parece por sí mismo un atentado contra su estabilidad. Y si la realidad no solo no se compadece con el ideal que se predica de ella, sino que está tan alejada que incluso lo contradice frontalmente, deberíamos preguntarnos contra la estabilidad de qué apuntan nuestras preguntas.

10Si consideramos los nobles ideales que se nos presentan como democracia, debería ser obvio que no pueden llamarse democráticos sistemas donde impera el monopolio privado o estatal sobre los medios de comunicación, o donde exista una flagrante y enorme diferencia entre las capacidades de acceso a la información y de propagación de ideas entre los ciudadanos comunes respecto de los que detentan grandes oligopolios o aparatos estatales.

11Debería ser obvio que no puede llamarse sistema democrático a un marco institucional en que la representación esté gravemente distorsionada por mecanismos electorales no proporcionales, por el lobby de las grandes empresas sobre los representantes, por la falta de transparencia real sobre los actos de los organismos del Estado, por la inexistencia de mecanismos de consulta general y directa a los ciudadanos sobre los problemas que los afectan, o mecanismos de revocatoria directa del mandato de las autoridades cuestionables.

12Debería ser bastante obvio también que no pueden llamarse democráticos sistemas políticos en que los representantes, en contradicción expresa con lo que debería ser su mandato, aprueban normas que perjudican gravemente a sus representados; que permiten destruir su acceso real a los derechos económicos y sociales más básicos; que omiten o niegan sus derechos de género, étnicos y culturales, que permiten, incluso, una relación desastrosa con el medio ambiente. La magnitud de estas contradicciones y daños es hoy tan grande y tan evidente que no deberíamos dudar de nuestro juicio: no vivimos en un sistema democrático.

133. Justamente, este flagrante contraste entre lo que el discurso democrático proclama y la realidad prosaica y opresiva, es el centro del problema. El asunto más relevante no es que no haya realmente convivencia e institucionalidad democrática. En algún sentido es trivial que en un sistema donde impera la sobreexplotación, la especulación financiera, la catástrofe medioambiental, no hay, ni puede haber, ejercicio democrático. Si lo hubiese, estaríamos ante una “torpeza”, un “descuido” o una “irresponsabilidad” tan monstruosa de parte de nuestros representantes que sería realmente difícil de explicar. El asunto es más bien por qué se insiste en calificar como “democrático” al sistema en que de manera tan manifiesta despliegan esas conductas, y qué sentido tiene esa insistencia.

14Desde hace ya mucho tiempo, la tradición teórica ha llamado “ideología” a los sistemas discursivos que encubren y armonizan de manera artificial situaciones sociales en que imperan graves contradicciones. El discurso ideológico provee identidades, en principio no conflictivas, a los actores sociales en juego; les permite verse a sí mismos y a sus antagonistas como agentes racionales, y reformular sus antagonismos como dificultades contingentes, que pueden ser suavizadas; les permite una racionalización simétrica tanto de la posición hegemónica como de la subordinada en que las causas, tanto de sus éxitos como de la opresión, son puestas más allá del alcance humano, son naturalizadas como condiciones que admiten mejoras pero no un cambio radical.

15Todo el sistema ideológico centrado en la noción de “naturaleza humana” es una racionalización en este sentido. Convierte la realidad de la explotación capitalista en parte de la condición humana, y la posibilidad de su superación, en una utopía noble pero ingenua y engañosa. Si los hombres son “por naturaleza” egoístas, competitivos, agresivos, pensar en una sociedad solidaria y pacífica sería simplemente un engaño.

16Es importante notar que en este discurso ideológico la desigualdad o la opresión provienen de un elemento permanente, estable, en que impera la necesidad (la naturaleza), un elemento que en principio es difícilmente modificable por la acción de la cultura. Este sentido fatalista, sin embargo, que permitiría explicar el “destino manifiesto” de los blancos sobre los negros, o de los hombres sobre las mujeres, es difícilmente conciliable con la fuerte impresión burguesa de que (entre los blancos, entre los hombres) se puede salir adelante con esfuerzo y astucia. Es difícilmente conciliable con el viejo mito del self made man.

17Durante todos los siglos en que la hegemonía capitalista se construyó sobre la base del saqueo de la periferia (siglos XV al XIX), la racionalidad burguesa, sin embargo, no tuvo problemas para atribuir sus éxitos de manera bruta a su superioridad natural. El asunto se complejizó solo desde fines del siglo XIX, con el auge y la masividad de las capas medias, con la disputa cultural entre Estados Unidos y Europa (una disputa entre blancos), y con el auge de la hegemonía burocrática.

18A lo largo del siglo XX creció y se impuso la idea de que el origen de las desigualdades tiene una raíz más bien de tipo social. No completamente natural, aunque el factor “naturaleza”, ahora convertido en explicación biológica, se mantuvo como fondo objetivo. Pero tampoco, y esto es crucial, un origen plenamente histórico. Las contradicciones y dificultades de la vida social, según esta nueva combinatoria podrían ser atenuadas, pero no radicalmente, ni mucho menos, rápidamente superadas. En esta “prudencia” el fondo biológico resulta clave, como también, por otro lado, la idea de que los cambios introducidos solo pueden ser administrados y alcanzados en su verdadera eficacia muy lentamente: “con el tiempo”.

19Mientas el discurso sobre el fondo natural de las desigualdades permanece en segundo plano, siempre bajo la amenaza de ser considerado como políticamente incorrecto, la cara visible de la retórica legitimadora se centra cada vez más en una “desgraciada circunstancia”, seguramente heredada de épocas menos civilizadas: los ciudadanos no están suficientemente preparados para sumir su autonomía ni su poder de deliberación. Las diferencias educacionales, producto de sistemas educativos eterna y sospechosamente ineficientes, los hacen proclives a seguir discursos fáciles, a hacerse adeptos de caudillos irresponsables, a creer promesas que la realidad objetiva no permite cumplir. Esta triste realidad hace que el ejercicio democrático tenga que ser tutelado no ya, por supuesto, por militares o ideologías benefactoras, sino por el juicio experto de los que sí han tenido la fortuna de superar esos límites a través de una formación cultural y educacional más avanzada.

20El discurso imperante puede mantener así la condición formal mínima que ha resuelto considerar como democrática -los ciudadanos deben concurrir a elecciones libres para expresar opciones genéricas. Estas opciones, sin embargo, deben ser especificadas por representantes competentes, asesorados por expertos profesionales. Incluso, en la medida en que el mecanismo electoral puede tentar a los representantes a formular promesas irresponsables y populistas, estos mismos representantes, a su vez, deben ser tutelados. Esto ocurre básicamente a través de dos modos: con organismos supra representativos, que pueden rechazar sus deliberaciones (como es en Chile el Tribunal Constitucional), o simplemente sacando del campo de sus decisiones posibles áreas enteras, que se consideran demasiado delicadas, y que se entregan a organismos “técnicos” (como ocurre en Chile con la autonomía del Banco Central).

21Las técnicas legislativas permiten todavía otro mecanismo, cada día más extendido, para limitar la eventual voluntad populista de los representantes: legislar de manera general, obteniendo leyes que contienen solo fórmulas genéricas, vagas, y encargar luego a una “comisión técnica”, en el ámbito del poder ejecutivo, para que dicte el reglamento que la especifique y la haga aplicable. Por esta vía, a pesar de la apariencia representativa de la legislación, finalmente, en la práctica, las normas aplicables y concretas son dictadas por decreto, más bien desde el poder ejecutivo que desde el parlamento.

224. Ya la gran expansión del censo electoral ocurrida entre 1880 y 1930 estuvo atravesada por tendencias antidemocráticas. Con una actitud a medio camino entre la sorpresa y la hipocresía, los intelectuales, incluso los medios de comunicación señalaron a los gobiernos norteamericanos de los años 20 como los más corruptos de su historia. Mientras más coloridas y sonadas eran las elecciones de los congresistas y presidentes de Estados Unidos, menos representantes reales de la voluntad popular eran sus triunfadores.

23El uso de los medios de comunicación de masas en campañas de manipulación evidentes de la “opinión pública”, la intervención a gran escala de los intereses empresariales en todos los aparatos del Estado, el uso del doctrinarismo ideológico como modo de quitar complejidad y eficacia a la soberanía popular, son signos evidentes y señalados desde todos los sectores. Que el propio presidente de los Estados Unidos haya denunciado el poder del “complejo industrial-militar” (y su propia impotencia) es, de algún modo, la culminación de estas críticas. Otro tanto podría decirse del curioso coro de voces oficiales en contra de la “irresponsabilidad y la avidez” de los bancos desde 2008, o de Al Gore denunciando la catástrofe ambiental. Quejas que, en todo caso, no logran tocar ni un pelo de lo que denuncian, incluso, paradójicamente, permiten a sus autores un cierto grado de legitimidad para consagrar una vez más a los propios poderes que critican.

24El tránsito desde la hegemonía burocrática de baja tecnología, asociada a la guerra fría y a la industria armamentista, al dominio de una burocracia de alta tecnología, ligada al capital financiero, a las nuevas tecnologías de la información y a la industrialización postfordista, ha dado lugar a un significativo cambio en el carácter “corrupto” de las democracias del siglo XX. Derrotado el doctrinarismo de la guerra fría, destruido el estilo de industrialización en que se fundaba, el discurso “democrático” se ha convertido en el principal recurso ideológico en la nueva situación. Por todas partes la caída del socialismo, que no hace sino encubrir la caída de la industrialización fordista, es proclamada como “triunfo de la democracia”. Por todas partes, a la vez, los signos de la esencial debilidad y pérdida de sustantividad de esta nueva “democracia” se hacen cada vez más notorios. La democracia se ha convertido en el modo de administración eficaz de todo aquello que las dictaduras no lograron administrar.

25Las formas “democráticas” que han prosperado desde los años 80, que son la expresión política de la profunda reestructuración de la división internacional del trabajo que llamamos postfordismo, tiene su precedente en las que surgieron tras la gran crisis del 29 (en estados Unidos) y la Segunda Guerra Mundial (en Europa “occidental”). Ya en el autodenominado “mundo libre” se impusieron, fuertemente condicionados por la guerra fría, sistemas institucionales que enfatizaron la formalidad electoral quitando, en cambio, todo contenido realmente participativo a ese mecanismo.

26Coaliciones de partidos “centristas”, basadas en una amplia y profunda aceptación del marco capitalista y su necesidad de regulación burocrática, coparon el espectro político sobre la base del control (privado pero funcional) de los medios de comunicación, el financiamiento estatal de sus propias actividades y estructuras, y mecanismos electorales que distorsionaban gravemente la representación proporcional y directa. La sustantiva elevación de los estándares de vida, fundada en la industrialización fordista y el saqueo del Tercer Mundo, generó una ciudadanía pasiva, a pesar de sus altos niveles educacionales, que se acostumbró a asistir a la política más bien en una actitud de consumidores o clientes que de ciudadanos autónomos. El empate político obligado por la guerra fría acostumbró a la oposición a la impotencia, a circunscribir su horizonte de demandas en lo que el Estado de Bienestar (fundado en el saqueo) permitía.

27En un marco en que los “opositores” resultaban tan sistémicos como los defensores, el debate político perdió toda radicalidad, el discurso imperante perdió el horizonte de alguna alternativa real hasta configurar lo que Herbert Marcuse diagnosticó como pensamiento unidimensional.

28Para las izquierdas del Primer Mundo la radicalidad se desplazó hacia la periferia. Allí el movimiento popular en ascenso, tanto bajo formas nacionalistas como bajo retóricas marxistas, avanzó efectivamente hacia una progresiva apertura democrática centrada en la autonomía nacional y la participación popular, a lo largo de los años 50 y 60. Esa ampliación democrática en el Tercer Mundo es la que llegó a su fin en los años 70, con las dictaduras militares en América Latina, las guerras fratricidas provocadas desde el exterior en África y Medio Oriente y, en todos los casos que fue necesario, la agresión militar imperialista directa a favor de los dictadores locales.

29El colapso de la apertura democrática en el Tercer Mundo es paralelo a una profunda agudización del carácter meramente procedimental de las democracias europeas y norteamericana. La “corrupción”, que no es más que la publicidad de los excesos de un sistema de cooptación del Estado por el capital, que funcionaba ya desde hacía más de un siglo, perece emerger y llegar a la vista de los ciudadanos. Las altas tasas de abstención electoral terminan por viciar completamente los mecanismos de representación, convirtiéndolos en un mero espectáculo de reproducción de la casta de políticos profesionales. Los mismos partidos políticos europeos, cuyo carácter se había formado en el marco ideologizado de la guerra fría, se disuelven o reestructuran radicalmente, dando origen a agrupaciones de un carácter ideológico vago, con la característica común y transversal de aceptar en diversos grados tanto las formalidades políticas liberales como el emergente modelo económico neoliberal.

  • 4 Por cierto, una bidimensionalidad espuria: escoger entre el totalitarismo burocrático o la dictadur (...)

30Con la caída de la Unión Soviética y la conversión de China al capitalismo se pierde, en la política oficial, el último vestigio de bidimensionalidad.4 Pero, a la vez, sin un enemigo exterior poderoso se hacen innecesarias las dictaduras militares que contenían a los países que podrían haberse volcado hacia la órbita soviética.

31Es ese contexto internacional el que preside el “triunfo de la democracia” en América Latina. Un contexto que permitió el traslado y perfeccionamiento de la corrupción democrática europea en países cuyas tradiciones políticas solo conocían la alternancia entre tímidas aperturas debidas al auge de las capas medias y la recurrencia de la represión militar.

32Democracias “de baja intensidad”, con sistemas electorales no proporcionales, altos niveles de abstención, tutelas institucionales, intensos compromisos con la banca internacional y el capital trasnacional extractor de recursos. Democracias dirigidas por políticos profesionales que se auto-perpetúan, que operan abiertamente a espaldas de sus electores. Estados que gastan una significativa proporción de sus ingresos en sí mismos, cuidando en todo caso de reservar una proporción aún mayor directamente a los empresarios. Gobiernos formalmente de “centro-izquierda” que resultan más derechistas que sus propios opositores. Retóricas democráticas y progresistas perfectamente paralelas a la consistente profundización del modelo económico y social neoliberal. “Superación de las ideologías” en beneficio de la única que, cumpliendo justamente una de las connotaciones esenciales de las ideologías, resulta invisible: la de la dominación capitalista y burocrática.

335. A pesar de que ya he ido mencionando los mecanismos que permiten que la democracia administrada resulte una férrea forma de dictadura, es bueno reunirlos y enumerarlos de forma explícita y agregar algunos que también constituyen su sustento. Solo desde esta enumeración podremos vislumbrar hasta qué punto es crucial para la lucha revolucionaria una profunda revalorización de la democracia efectiva, y una discusión detallada de las formas a través de las cuales puede ser alcanzada y garantizada. Justamente, esta es una de las conclusiones para las que he escrito este texto: si la democracia se ejerce como dictadura, la lucha por hacerla real debe formar parte de la lucha revolucionaria. No hacerlo es abandonar al enemigo su principal fuente de legitimación.

34Como he señalado más arriba, el fundamento de la democracia administrada, es el ideologismo según el cual los ciudadanos no están preparados o carecen de las competencias necesarias para ejercerla de manera real y directa. Se trata de un recurso que opera sobre una doble falacia. Por un lado, se exageran de manera artificiosa las complejidades de los actos y decisiones que requiere el buen gobierno de la sociedad. Por otro lado, se subestima de manera grosera la capacidad de los ciudadanos comunes para dominar tales supuestas complejidades o su capacidad para alcanzar las competencias necesarias.

35A su vez, ambos argumentos cuentan con una consistente y abrumadora campaña de apoyo por todas las vías de la comunicación social. Por un lado, se reiteran ad nauseam las excelencias de las supuestas certificaciones y cualificaciones de los expertos. Cada vez que aciertan en algo sus éxitos son voceados con todo entusiasmo; cada vez que se equivocan (lo que ocurre la mayor parte de las veces) sus fracasos son atribuidos a terceros o a circunstancias exteriores a su gestión. Por otro lado, paralelamente, por todos los medios se enseña a los ciudadanos a desconfiar de su propio criterio, a considerarse parte de una masa indiferenciada, consumista, advenediza, dispuesta a apoyar cualquier promesa populista.

  • 5 Los gerentes de los bancos más grandes del mundo, responsables de su quiebra masiva, se retiran a s (...)

36En el extremo de esta doble operación ocurre, por un lado, que los supuestos expertos, supuestos supremos responsables de la gestión social, nunca pagan ni se hacen cargo de su incompetencia, ni aun en los casos en que significan enormes y profundos daños.5 Y ocurre, por otro lado, que se enseña a los ciudadanos a sentirse incapaces de manejar incluso su propia vida psíquica, la crianza de sus hijos, sus relaciones intersubjetivas. El mensaje general, omnipresente y ominoso es “pida ayuda a un experto”, “ni usted ni sus amigos (que son simples aficionados) saben cómo abordar estos asuntos”. Escuelas y revistas especializadas para padres, manipulación subjetiva permanente en el lugar de trabajo, historias de terror subjetivo recurrentes en los medios de comunicación. Y, por cierto, la tautología final, al más puro estilo de la Inquisición medieval: si usted se empeña en creer y afirmar que no necesita de un experto… es porque urgentemente requiere uno.

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37Ya en otro texto6 he sostenido que el sistema del saber es la forma de legitimación del poder burocrático constituido como polo hegemónico del bloque de clases dominantes. La pretensión de saber, que es su núcleo, el sistema de autocertificaciones que avala esa pretensión, la desautorización autoritaria de los saberes comunes, la depredación y propiedad privada de los saberes efectivamente operativos, son sus principales elementos. De todo esto lo que aquí me importa es su efecto sobre lo que se nos presenta como democracia.

38La legitimación democrática, por supuesto, exige que esta dictadura de la experticia no se ejerza de manera directa. El sistema eleccionario legitima, con sus formas tramposas, ante el conjunto de la ciudadanía, lo que los burócratas deciden entre ellos revistiéndolo (incluso para ellos mismos) con el aura de la pretensión de saber. Para que esta doble operación funcione, es necesario, como he señalado más arriba, que los ciudadanos, incluso sus representantes, sean tutelados por los que “realmente saben”.

  • 7 Ejemplarmente Chile y Uruguay antes de las dictaduras militares, y hoy en día Venezuela, Ecuador, C (...)

39La forma más directa de este tutelaje consiste en establecer mecanismos electorales no proporcionales que aseguren que las eventuales mayorías parlamentarias inconvenientes puedan ser contrapesadas por representantes designados o elegidos, de tal manera que resulten sobrerrepresentados. El sistema binominal que impera en Chile es un ejemplo de esto. Por cierto, entre nosotros es ya bastante impopular, y se levantan voces incluso oficiales que lo critican como antidemocrático. Los que esas voces omiten mencionar, sin embargo, es que se trata de un sistema comúnmente usado en los países que se consideran de manera automática y casi por definición como “democráticos”. Curiosamente, cuando se hace un mínimo recorrido histórico y geográfico, se encuentra que es justamente América Latina la región que tiene más sistemas proporcionales7, mientras que la realidad de las llamadas “democracias occidentales”, tan invocadas como modelos, es casi uniformemente vergonzoso. Empezando, desde luego, por las groseras alteraciones de la proporcionalidad y de los límites distritales en el sistema electoral de Estados Unidos (la “gran democracia del norte”) y luego por los sistemas que imperan en Inglaterra, Italia y Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, sin que ningún defensor de la democracia siquiera repare en ello.

40La elección proporcional de representantes, sin embargo, es apenas un requisito mínimo. El monopolio estatal o mercantil de los medios de comunicación, y su papel en la formación espuria de una “opinión pública” sesgada, es el segundo gran mecanismo de tutela. Una realidad respecto de la cual nuevamente las orgullosas grandes democracias no pasan la más mínima prueba de blancura.

41Pero aun con una representación proporcional y medios de comunicación alternativos medianamente poderosos, el camino hacia los estándares democráticos puede ser muy largo.

42La “corrupción” es un gran obstáculo. Un obstáculo que hay que poner entre comillas porque es presentado con tintes morales, como si se tratara de prácticas excepcionales y de mera responsabilidad individual, omitiendo con ello todo el entramado de normas que, expresamente, crean el espacio para su práctica y su encubrimiento.

43El financiamiento privado por parte de las grandes empresas de las campañas electorales es la forma más común. Por supuesto, los burócratas en lugar de perseguir toda forma de financiamiento privado sospechoso han agregado a este el financiamiento estatal de los partidos políticos, obligando a los ciudadanos a financiar a la propia casta política que los oprime. Hay que notar que, en la medida en que este financiamiento estatal es proporcional a la votación, favorece sistemáticamente la reproducción en el poder de los grandes bloques políticos mayoritarios, tendiendo a disuadir la aparición de vertientes alternativas.

44Todos saben, sin embargo, que la forma más efectiva de la “corrupción” política se realiza a través de lo que se llama de manera elegante “lobby”, es decir, la presión constante de cabilderos que representan los intereses de las grandes empresas ante los representantes elegidos. Por supuesto, nuevamente, los burócratas en lugar de prohibir y perseguir tales presiones han optado, exactamente al revés, por legitimarlas, dictando leyes y reglamentos que les ofrecen un manto legal y, a la vez, sistemas de transparencia y fiscalización intencionalmente débiles, exentos de castigos realmente significativos. Y, por cierto, nuevamente, es precisamente en las alardeadas grandes democracias donde este sistema ha llegado al extremo de que los ciudadanos comunes no tienen la menor oportunidad de influir sobre los que se supone son sus propios representantes si no apelan al oficio mediador (y pagado) de estos agentes. En nuestro país, por otro lado, ejemplo de prácticas antidemocráticas, no solo se ha abandonado completamente la idea de dictar una ley contra el lobby, sino que se ha llegado al extremo de aceptar por más de una década un activo lobby para que no haya siquiera una ley que lo regule.

45Los efectos nocivos del lobby y los financiamientos turbios a las campañas políticas son posibles gracias a la falta general de transparencia de los actos del estado y de sus instituciones asociadas. La tónica general, en todo el mundo “democrático”, no es impedir la transparencia sino, aparentemente al revés, dictar leyes que la consagran. Pero, nuevamente, leyes extraordinariamente débiles, sin fiscalizaciones ni castigos eficaces, provistos de toda clase de mecanismos y mediaciones que impiden el acceso real a la información. Otra vez un primerísimo ejemplo de este doble estándar es la gran democracia norteamericana, donde en principio toda información pública es accesible, sin embargo, hasta en los temas más banales puede ser declarada secreta por simple decreto ejecutivo, y donde la sonada desclasificación de estos secretos veinte o cuarenta años después es burlada simplemente tachando de negro los párrafos inconvenientes en los documentos. También nuestro país es fuente de ejemplos interesantes. Por un lado, se pide a los violadores de los derechos humanos que declaren donde enterraron a los asesinados y desaparecidos, por otro se declaran secretos por décadas sus testimonios para que no puedan ser perseguidos legalmente: el propio Estado como agente obstructor de la justicia.

46La decadencia general del horizonte liberal democrático y su conversión progresiva en dictadura burocrática es notoria también en la decadencia general del horizonte garantista del derecho burgués. La creciente práctica de generar normas orientadas a combatir, anular, erradicar “enemigos”, creando tipos penales vagos y genéricos, respecto de los cuales se disminuyen abruptamente las garantías procesales, penales y penitenciarias, permite que la “libertad” democrática, que ya no parece estar amenazada por la tutela militar esté, sin embargo, atravesada lado a lado de vigilancia y represión policial.

47El constante amedrentamiento de la población en torno a la delincuencia y al terrorismo crea un respaldo social aparente a estas políticas. Un respaldo que no pasa de la operación tautológica de sembrar el miedo y recoger luego la demanda que se crea a partir de él. Incluso, en el extremo, exista esa demanda o no: hace bastante tiempo que sabemos que lo que los medios de comunicación presentan como “lo que la gente pide” no es sino lo que ellos mismos han decidido previamente se debe pedir. Respecto de los “enemigos públicos”, toda voz alternativa es encasillada en una puesta en escena maniqueísta: cómplices, ingenuos o, peor, quizás enemigos ellos mismos.

48Pero aun con todos estos mecanismos a su favor, las clases dominantes no pueden confiar completamente los asuntos públicos a los políticos, a los que ya en sus formas ideológicas fascistoides anteriores había optado por descalificar y desprestigiar. Sobre todo, aquellos que tengan que recurrir al molesto pero necesario escrutinio electoral siempre serán sospechosos de querer incurrir en políticas populistas y demagógicas.

49La mejor manera de prevenir estas desviaciones es, simplemente, rebajar la importancia del parlamento y gobernar directamente desde el ejecutivo. La vía para que esto sea realmente eficaz no es, como se podría creer, aumentando el poder del presidente o de un primer ministro como figuras aisladas. Esto sería nuevamente peligroso: demasiado poder en muy pocas manos. La vía eficaz es más bien aumentar el poder de la administración ejecutiva como conjunto frente a los poderes legislativo y judicial. Y, a su vez, controlar a los funcionarios de la administración uno por uno, dedicándose cada rubro de los intereses de la banca y la gran empresa a los que les atañen a través del omnipresente lobby.

50Para esta política, los mismos cuerpos legislativos, en todo el mundo, han aceptado progresivamente legislar solo en general, reservando a la administración el poder de establecer las normas concretas y eficaces por simple decreto. Finalmente, es una enorme fronda de funcionarios de segundo orden, anónimos para el gran público, la que decide en concreto todos y cada uno de los actos del Estado. La comisión asesora que establece las políticas y recomendaciones, las comisiones que redactan los reglamentos, las que negocian los tratados, las que establecen los estándares de las licitaciones, las que asignan los fondos concursables. Funcionarios fácilmente sobornables, fiscalizadores escasos y mal pagados, responsabilidades que se ejercen prácticamente desde el anonimato. Y como producto, reglamentos que contradicen flagrantemente las leyes desde las que derivan, contratos que perjudican los intereses del Estado y dañan directamente a los ciudadanos, estándares que benefician generosamente a los empresarios privados, fiscalizadores débiles y castigos irrisorios en comparación a los daños causados.

51Este es el corazón de la dictadura democrática. Es, en buenas cuentas, más allá de los mecanismos anteriores, esta realidad cotidiana la que convierte a la democracia, formalmente, en una dictadura: la decadencia de la función legislativa y la concentración del poder social en la maquinaria de actos administrativos del poder ejecutivo.

52Pero aun los funcionarios, cuyas mínimas y parciales recomendaciones pueden tener enormes efectos sociales, deben ser controlados. Se trata de un doble control. Por un lado, la eventual voluntad advenediza de las autoridades de más alto rango es distorsionada y encausada por las decisiones eficaces de los funcionarios menores que los asesoran, o simplemente actúan a sus espaldas. Pero, por otro, el poder de acción de estos funcionarios aislados está gravemente limitado por la naturaleza de su relación contractual. En esto, el Estado chileno ha llegado a ser pionero y líder a nivel mundial: la precarización del empleo estatal permite que cada funcionario por separado tenga que asumir obligadamente una actitud de colaboración y clientela de las mayorías de turno para algo tan elemental y decisivo como mantener su empleo.

53 Es bueno agregar a esta constatación que, en casi todos los países del mundo, sobre todo en las democracias forjadas a la sombra del Estado de Bienestar, el empleo estatal sigue siendo estable, “de por vida”, y los cargos estatales de confianza, que mudan con cada cambio de bando político gobernante, se mantienen en un mínimo. Chile es el país pionero, y el más adelantado, en esta otra faceta del modelo neoliberal de precarización general del trabajo. En Chile el empleo estatal mismo es precario. Por un lado, en contra de los manidos discursos en torno a la “reducción del Estado”, el empleo estatal real ha aumentado enormemente. El asunto, sin embargo, es que la mayoría de ese empleo está regido bajo modalidades contractuales precarias (honorarios, a contrata) o depende de fondos concursables a los que se debe postular una y otra vez. Estos modos, que convierten por una larga diferencia al Estado en el principal empleador del país, crean una enorme red neoclientalista que explica en una gran proporción la votación de los bloques políticos principales (Concertación, o Nueva Mayoría, y Alianza) los que, a su vez, solo cuentan a su favor con un universo electoral que oscila entre un 18 % y un 25 % del electorado total.

54A la hora de la verdad, ninguna democracia efectivamente existente se priva del recurso a la represión cuando el clamor popular amenaza con sobrepasar todos sus mecanismos de control. Confirmando la grave decadencia del derecho liberal garantista, las más reputadas y vanidosas democracias centrales no han vacilado en dictar legislaciones “antiterroristas” que hacen retroceder los derechos de los ciudadanos a las épocas más oscuras de la arbitrariedad monárquica. Jueces y testigos anónimos o encapuchados, coacción de defensores y de testigos favorables, investigaciones secretas, espionaje a gran escala de las comunicaciones privadas, juicios sumarios, privación de derechos procesales y penales, regímenes de excepción declarados por simple decreto… todo legalizado convenientemente. Y esto, incluso, con el apoyo de la “centro izquierda europea” que se ha autoproclamado por décadas como el sector más democrático de todos.

  • 8 Con la notable y gruesa excepción, por supuesto, de la intervención militar foránea directa, como e (...)
  • 9 Un cambio estratégico que corresponde al paso de la antigua Doctrina de Seguridad Nacional a la nue (...)

55Es importante, sin embargo, notar que el recurso a la represión militar ha sido restringido. Sobre todo el uso del golpe de Estado y la represión militar masiva, al estilo de los años 70.8 Nada hace suponer que estos recursos se han vuelto imposibles, o que no serán usados consistentemente cuando se les necesite. El asunto es más bien que la represión militar se ha distribuido, fundido en el cuerpo social, como represión policial, focalizada.9 Represión avalada y apoyada en gran escala por los medios de comunicación, temor selectivo y ejemplarizador entre los grupos de riesgo, protección descarada a los policías que cometen excesos. Para quien quiera asumir posturas de oposición medianamente radical al sistema, la democracia puede parecerse bastante a las más simples y tradicionales dictaduras.

56Pero, en rigor, solo los que quieran ser críticos realmente radicales tendrán que enfrentar ese temor. La impresión democrática se sustenta, desde el punto de vista de los procesos ideológicos, en una política que ya Herbert Marcuse, en los lejanos años 60, llamó “tolerancia represiva”. Ahora, bajo la reindustrialización postfordista, esa idea cobra una nueva y más poderosa realidad.

57La lógica fordista, que se expresó en todos los campos de la acción social, se caracterizaba por una fuerte verticalidad en las relaciones de poder. Un sistema de producción y una forma de organización que necesitaba homogeneizar para dominar. Una situación en que se creía que para tener el poder era necesario tener todo el poder. En este plan, todo poder local o alternativo era visto como subversivo y peligroso. La represión tenía que aplanar las diferencias, no podía permitirlas.

58La lógica postfordista, sustancialmente más compleja y eficaz, no requiere homogeneizar para dominar. Es capaz de producir diversidad y, a la vez, su poder consiste en la capacidad de administrar esa diversidad. No requiere todo el poder para ejercer el poder. Su habilidad consiste en producir, incluso fomentar, poderes locales y mantener a la vez la capacidad de administrarlos. La represión ahora no requiere sofocar toda diversidad, sino que puede y debe focalizarse más bien en la diversidad radical. Y el efecto conjunto es que la tolerancia que se muestra y fomenta respecto de la diversidad funcional actúa como legitimación y refuerzo de la intolerancia extrema que se contrapone a las manifestaciones sociales que escapen a la administración. En la medida en que esta tolerancia tiene el efecto global de confirmar al sistema de dominación, de ser una forma eficaz de contener el pensamiento y la acción realmente alternativa, puede ser llamada, ahora con más razón que en los años 60, tolerancia represiva.

596. La única forma de reducir radicalmente toda esta trama dictatorial es desconcentrar radicalmente la gestión del Estado. La única forma de empoderar realmente a los ciudadanos es criticar radicalmente la ideología de la experticia.

60Desde luego, el primer paso para una política realmente democrática es asumir una clara consciencia del carácter dictatorial de las formas democráticas existentes. La dificultad evidente para asumir esta consciencia es el profundo grado de compromiso que la gran mayoría de los partidos y colectivos políticos mantienen con las eventuales ventajas locales del clientelismo democrático. En una política de tolerancia represiva siempre habrá puestos de trabajo, fondos concursables, representatividades artificiosas que, en la medida en que resulten funcionales, podrán ser cómodamente ocupadas por militantes y activistas. La cuestión no es, por supuesto, abandonar de manera principista estas posibilidades, siguiendo los vicios fundamentalistas típicos del idealismo ético. De lo que se trata, en primer lugar, es de tener consciencia del grado en que en el uso de esos recursos se está operando como representante de los ciudadanos ante el poder del Estado, o más bien como representante y agente del Estado en la operación de su legitimación y administración. Por cierto, un cálculo difícil que hay que enfrentar en cada caso de manera estrictamente pragmática.

61Una forma de mantener ese pragmatismo en la línea de las opciones doctrinarias o, lo que es lo mismo, lo más alejado posible del simple y puro oportunismo, es tener claro a cada momento en qué programa se inscriben las acciones. Es necesario, en contra de los usos habituales, formular un programa estratégico, fuertemente fundado en las opciones doctrinarias más básicas, y hacer todo lo posible por especificarlo hasta el nivel que muestre que nuestras acciones políticas cotidianas tienen, efectivamente, sentido.

62Una política radicalmente democrática debe perseguir, con ánimo estratégico, un conjunto de reformas de los procesos sociales y de la acción del Estado que nos acerquen a las formas de la democracia real y efectiva que he enumerado en las secciones anteriores. La completa proporcionalidad en los mecanismos electorales, la completa transparencia en todos los actos de la administración del Estado, la promoción de los mecanismos plebiscitarios y de participación directa de los ciudadanos en todos los niveles de las decisiones y responsabilidades políticas, los mecanismos de revocatoria del mandato de las autoridades ineficientes o corruptas, la completa eliminación de toda clase de financiamiento que permita la existencia de políticos profesionales. Todas, tareas que se inscriben plenamente en el horizonte que la propia burguesía declaró históricamente como suyo y que terminó por vaciar completamente de contenido. Tareas que la propia burocracia altamente tecnológica declara formalmente como suyas y que, sin embargo, distorsiona y falsea cotidianamente.

63Curiosamente, hoy en día, plantear las reivindicaciones democráticas que forman parte del propio discurso dominante resulta altamente subversivo. Esta aparente paradoja es la que he tratado de despejar en este texto. El proceso social real en que vivimos no corresponde a lo que se declara como democracia: vivimos en realidad en una férrea dictadura. Identificar sus fuentes y sus modos es una condición mínima para toda posibilidad de oposición radical al sistema.

64Santiago de Chile, agosto 2017

Notes

4 Por cierto, una bidimensionalidad espuria: escoger entre el totalitarismo burocrático o la dictadura burocrática liberal.

5 Los gerentes de los bancos más grandes del mundo, responsables de su quiebra masiva, se retiran a sus vidas privadas llevándose millonarias compensaciones. Los responsables de los errores médicos masivos nunca llegan a ser conocidos. Lo que las grandes empresas pagan por los enormes daños ambientales que producen es grotescamente menos que las ganancias que obtienen, y los técnicos y gerentes que idearon y promovieron esos daños quedan siempre en el anonimato.

6 Proposición de un marxismo hegeliano, publicado en línea, bajo licencia Creative Commons, disponible en http://carlosperez.cc/proposicion-de-un-marxismo-hegeliano/

7 Ejemplarmente Chile y Uruguay antes de las dictaduras militares, y hoy en día Venezuela, Ecuador, Colombia.

8 Con la notable y gruesa excepción, por supuesto, de la intervención militar foránea directa, como en los casos de Afganistán, Yugoeslavia e Irak. Las evidencias hacen pensar, sin embargo, que en estos casos no es tanto el peligro político el que se ha tenido en cuenta, sino los más prosaicos y tradicionales intereses mercantiles.

9 Un cambio estratégico que corresponde al paso de la antigua Doctrina de Seguridad Nacional a la nueva Doctrina de los Conflictos de Baja Intensidad.

Auteur

Profesor de Estado en Física.

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