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Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el Sur

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Cristian Alister
, 
Ximena Cuadra
, 
Dasten Julián-Vejar
, 
et al.

Sexta parte. Extractivismo y sector forestal

3. Autonomía y articulación como problemas organizacionales ante la expansión forestal en la Provincia de Arauco, Chile

Godoy Pichón Camilo

Texte intégral

Introducción

1Este artículo tiene como objetivo explicar las complejidades asociadas a la organización socio-ambiental en la Provincia de Arauco, VIII Región del Biobío, Chile. Se argumenta que las dificultades que vive la región en términos socio-ambientales se deben al modelo extractivo actual, pero también a la dispersión y volatilidad de las instancias organizativas de resistencia. La metodología utilizada fue la observación etnográfica, entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas, desde la perspectiva de la ecología política y la sociología de las emociones. La conclusión aborda la problemática de las organizaciones socio-ambientales del territorio y sus dificultades, debido a la falta de autonomía y articulación. Esto, ante una expansión de la industria forestal, con apoyo político directo para seguir avanzando en sus faenas. La convergencia entre actores indígenas y no indígenas en la defensa del medio ambiente, aparece como una posible estrategia, en este sentido.

2A nivel general, el presente artículo se nutre de dos fuentes: la investigación realizada entre 2016 y 2018 en la comuna de Cañete, con motivo de la tesis de pregrado de sociología del autor, y el estudio “Redes organizativas locales del movimiento socio-ambiental de la Provincia de Arauco” (2018), financiado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Chile (DAE) y en la que se participó junto al sociólogo (U. de Chile) Álvaro Becerra y el historiador (U. de Chile) y magíster en Sociología Nicolás Muñoz.

3Respecto al abordaje metodológico, la metodología del estudio consistió en entrevistas estructuradas, semi-estructuradas y etnografías, realizadas entre el 2016 y el 2018, en la parte norte de la Provincia de Arauco (VIII Región del Biobío), comprendiendo entrevistas en Laraquete, Arauco, Los Álamos, Lebu y Cañete. Y abocándonos en específico a una localidad rural indígena (Cayucupil), donde se realizaron varias entrevistas y una etnografía al ritual de nguillatún presenciado en la localidad de Cañete. Los actores entrevistados fueron dirigentes socio-ambientales chilenos y mapuche, todos ellos inquiridos en torno a su percepción respecto al impacto socio-ambiental de la industria forestal en la región.

4Lo que se propone este trabajo es ahondar en las características de ese conflicto, a partir de la visión de actores del movimiento socio-ambiental de la región. En concreto, interesan conocer algunos elementos como la autonomía de las organizaciones socio-ambientales respecto del Estado y los entes institucionales, así como la articulación entre las diversas organizaciones socio-ambientales existentes en el territorio.

5Para dar cuenta de ello, la estructura del presente artículo es la siguiente: primero, realizaremos una breve contextualización sobre el conflicto interétnico generado por la industria forestal en el sur de Chile; luego expondremos algunas categorías teóricas importantes para el estudio y sus aplicaciones, para posteriormente pasar a detallar los principales hallazgos y conflictos encontrados dentro del trabajo de campo. Finalmente, se exponen las conclusiones, que buscan dar pie a nuevas investigaciones que sigan profundizando sobre el tema.

Contextualización

6La dictadura cívico-militar chilena configuró un escenario económico mayormente basado en la exportación de materias primas. Se desindustrializó la economía y se concentraron los esfuerzos en rubros como la pesca, la minería y la silvicultura. Este último rubro ha ocupado un lugar significativo en la economía nacional desde la dictadura y hasta la actualidad.

7No obstante lo anterior, la gran producción y tala en términos forestales ha generado una crisis en términos ecológicos y socioculturales para las comunidades cercanas a la industria. Svampa (2015) denomina a este fenómeno como comoditización, refiriéndose a la conversión de un territorio en un polo de extracción a gran escala de recursos, en pos de satisfacer la demanda de empresas transnacionales.

8En este sentido, respecto del sector forestal, el Anuario Forestal 2019, publicado por el INFOR (Instituto Forestal de Chile), evidencia un crecimiento de las plantaciones exóticas a lo largo del país, para el período del 2018: “en lo que se refiere a reforestación, la especie pino radiata alcanza el 61 %, eucaliptos (38,7 %) y otras especies 0,3 %” (INFOR, 2018). Estos datos son coincidentes si se observan dimensiones como el aumento de exportaciones forestales en el país, el aumento en el PIB del sector forestal y la mayor extracción de celulosa, pulpa y madera registrados el año pasado. Estos resultados son congruentes si recordamos que el gobierno anterior de Piñera también se caracterizó por promover un aumento de la masa de plantaciones, según investigaciones recientes (Godoy, 2017).

9En relación a la mayor presencia de plantaciones, señala la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo que: “la tala para sustitución de bosque nativo por monocultivo forestal (...) implica pérdida de bienes y servicios ofrecidos por los bosques, como frutos, hierbas medicinales, leña, disponibilidad de agua para consumo humano, además del deterioro del paisaje”. Junto con ello, en términos del clima, acelera los impactos del cambio climático y reduce nuestra capacidad de adaptación a él, de acuerdo al doctor en Ciencias Climáticas Igor Parra (17 de septiembre de 2019). Finalmente, genera problemas culturales para las comunidades mapuche, ya que al depredar su espacio ancestral se afectan también sus prácticas rituales, realizadas a partir de árboles nativos (canelos y araucarias).

10Al mismo tiempo, incluso en términos económicos, genera un escenario oligopólico: por un lado, menos de diez actores de la gran empresa forestal concentra un patrimonio superior a 30.000 hectáreas; y, por el otro, un número superior a 23.000 pequeños y medianos propietarios poseen un patrimonio menor a 5.000 hectáreas.

11Este escenario altamente concentrador y desigual agudiza las tensiones con las comunidades indígenas y chilenas, que aumentan su desconfianza respecto al accionar de las empresas y comienzan a padecer en carne propia sus políticas de persecución y a ser objeto de sus intentos de políticas compensatorias, siempre insuficientes. Sobre este punto, quisiéramos enfatizar, de todos modos, que el conflicto socio-ambiental e interétnico con las empresas forestales chilenas no es una mera cuestión de percepción pues, como documenta la organización Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para los dirigentes socio-ambientales y el 2019 la silvicultura fue el tercer sector que concentró más asesinatos de activistas documentados en todo el mundo (Global Witness, 2020). Los asesinatos de mapuche a manos de carabineros durante los últimos años son un testimonio del peligro de muerte que supone para este grupo étnico la reivindicación de sus tierras ancestrales.

12A su vez, investigaciones recientes (Hofflinger, Nahuelpán, Boso y Millalén, 2020) evidencian que la promesa de prosperidad que sirvió de justificación a la instalación y posterior expansión forestal no se ha cumplido y que, por el contrario, dicha expansión ha supuesto un empobrecimiento de las comunas en las cuales se ha emplazado la industria forestal entre mediados de los años 70’ y la actualidad.

Ecología política de las emociones: campo bisagra entre ecología política y sociología de las emociones

13Durante los últimos años, la sociología y la antropología se han abierto al estudio de las emociones como un fenómeno de la realidad que expresa y configura las estructuras sociales (Bericat, 2000, 2012; Le Breton, 2012). Desde estas vertientes, se sostiene que los procesos subjetivos no son solo configuraciones fisiológicas, sino que también se relacionan con ciertos entramados culturales y colectivos, dentro de los cuales los individuos se desenvuelven. Por ello, la observación y análisis de las emociones de actores particulares de un territorio son un asunto importante para la dilucidación y comprensión sociológicas.

14Por su parte, respecto a la cuestión de problemáticas ecológicas, los prismas de investigación suelen hacerse desde un énfasis más “conductual” o “situacional”, indagando en situaciones específicas de conflicto por la tierra, sin por ello indagar necesariamente en las experiencias internas que los agentes en conflicto experimentan durante ese proceso. En esta línea, encontramos los aportes clásicos de la ecología política (Gudynas, 2010; Alimonda, 2011), un programa de investigación de origen primordialmente latinoamericano y que busca interrogar las relaciones entre el poder y el control o distribución de la tierra, entendiendo que la naturaleza está íntimamente ligada a la sociedad y a que los grupos de poder se relacionan con ella intentando controlarla, monopolizarla, desarrollando así tensiones entre conservación y explotación.

15Por ello, la presente investigación toma un marco conceptual incipiente, pero con investigaciones ya realizadas a nivel regional (Machado Aráoz, 2012, 2018; González Hidalgo, 2017) y que se ubica como bisagra entre la sociología de las emociones y la ecología política: la ecología política de las emociones. Desde este tipo de investigaciones, interesa indagar en las configuraciones subjetivas y emocionales que tienen lugar en los conflictos por la distribución de la tierra, analizando el rol que las emociones desempeñan en los conflictos ambientales (González Hidalgo, 2017), bajo el entendido de que “considerar las emociones en el análisis de los conflictos ambientales facilita la comprensión de cómo se estructura el orden socioeconómico, cómo se construyen las subjetividades políticas y cómo se producen las movilizaciones sociales” (González Hidalgo, 2017: 6).

Emociones en el territorio

16Para el caso de la presente investigación, la rabia, el malestar y el miedo fueron las emociones más frecuentemente encontradas entre los entrevistados. Las posibles represalias por conversar sobre el tema generaban de antemano una experiencia cercana a la clandestinidad en el habla: el que convoca es un tema que todos conocemos, pero del que no hay que hablar –en público–. Esto, producto de las posibles repercusiones que podía generar para los entrevistados hablar negativamente sobre la industria forestal. Sobre esto, referían episodios de amedrentamiento que oscilaban desde un intentar acercarse de manera amistosa a las comunidades y vecinos por parte de las empresas hasta el cierre de puntos de organización y persecución de dirigentes.

17En este sentido, era muy transversal la asociación entre fuerzas de seguridad represivas y el resguardo de las empresas forestales. Todo lo anteriormente señalado refleja la falta de confianza de la población en el accionar de las empresas (Godoy, 2017).

“Para nosotros las forestales son como el diablo. Dicen que uno no puede hacer pacto con el diablo y salir bien parado. Bueno… en nuestro caso es lo mismo” (Julio, activista socio-ambiental de Arauco)

18Por otra parte, las estrategias de relacionamiento comunitario asociadas a políticas de responsabilidad empresarial, eran también vislumbradas como poco honestas por parte de los entrevistados, todos ellos vinculados a organizaciones de resistencia y protección del medio ambiente en la provincia:

“Las forestales son como el papá que te pega y después te hace cariño” (Raúl, activista socio-ambiental de Carampangue).

19Si bien hay autores que señalan que las empresas forestales poseen una heterogeneidad entre sí (Carrasco, 2012), hemos observado durante nuestro trabajo que tanto Forestal Arauco como Mininco, los grupos económicos con mayor presencia en el negocio forestal, son percibidos de igual manera por los entrevistados. Cuando se le pregunta a estos sobre si uno de ellos es “mejor que el otro”, todos señalan que no ven mayor diferencia. De todas maneras, de los relatos se desprende una mayor concentración de Arauco por estrategias de relacionamiento comunitario, como un primer acercamiento a las comunidades.

20Los entrevistados son capaces de vislumbrar que, agotados los intentos a la comunidad “desde la simpatía”, comienza una serie de estrategias de amedrentamiento, donde toma lugar la persecución de dirigentes socio-ambientales por parte de carabineros, la destrucción de los lugares de reunión de las organizaciones o estrategias de plantación más agresiva, por parte de las mismas empresas.

Autonomía y articulación: aproximaciones teóricas preliminares

21Las sociedades latinoamericanas se han concebido desde la teoría social como un caso excepcional en relación a los países centrales, desde los cuales se originaron las disciplinas de las ciencias sociales, fundamentalmente por sus características sociopolíticas y culturales. En ese sentido, según Cortés (2008), los conceptos tradicionales del marxismo en relación al Estado no aplican directamente para América Latina.

22En nuestro continente, señala el autor, experimentamos una imposición exógena del Estado moderno y, por ello, las naciones y los mercados son más bien un producto de los esfuerzos estatales que cuestiones preexistentes a este. Esta tesis, que pudiera ser conflictiva si consideramos aspectos como la existencia de la diversidad étnica propia de Latinoamérica y África y que establece una relación de conflicto con el Estado a raíz de su preexistencia y no como producto de la existencia de este, posee ribetes útiles para pensar el concepto de autonomía.

23La misma existencia de autonomía de las organizaciones sociales (que son una parte de la sociedad civil), respecto del Estado, supone que existe una nación separada y autónoma de este. En el caso de América Latina, tanto en el caso de los gobiernos populistas como neoliberales-autoritarios, existe una tradición y una tendencia a cooptar la autonomía de las organizaciones sociales, desde la primera tradición, enfocada en la cooptación en puestos de poder para la integración al aparato clientelar estatal, generando una especie de traducción de las demandas y luchas sociales hacia el ámbito estatal. Desde la segunda, encontramos una diversidad de infiltración, criminalización y clientelismo hacia las organizaciones civiles, las cuales se buscan manipular y desactivar para mantener el statu quo de la acumulación capitalista.

24Sin embargo, se hace necesario en nuestra región que las organizaciones sociales busquen autonomía respecto de los ejes estatales y las redes institucionales, para que no desactiven su capacidad transformadora, pero tampoco olvidando la existencia del poder instituido: “la capacidad de sostener niveles de autonomía por parte de los movimientos es lo que asegura el establecimiento de tiempos y lenguajes políticos propios, sin que esto implique desconocer la existencia del Estado o negar la relación con él, sino la decisión política de no subordinar el proyecto propio a la lógica estatal” (Cortés, 2008: 14).

25Como forma problemática o fallida de autonomía, encontramos el concepto de “clientelismo” que sería, según Arriagada (2013), un fenómeno social bastante extendido en América Latina y que presupondría la existencia de redes clientelares entre los distintos niveles del cuerpo social, que van generando, entre los sectores bajos y los brókers o intermediarios del poder central, una relación no típicamente burocrática, sino que centrada en el afecto, la lealtad, a cambio de beneficios. Un cruce entre dominación legal y carismática, siguiendo las categorías de Weber, en la cual los brókers concentran y monopolizan la representatividad de las organizaciones sociales, y mantienen su poder en base a la rutinización y la confianza del resto.

26Esto llevaría a generar imbricaciones y confusiones en el acceso a los bienes y servicios y, además, una ausencia de autonomía, pues los poderes oficiales se encuentran ahora vinculados a una especie de obligación simbólica.

27Bajo los parámetros conceptuales anteriormente expuestos, entenderemos “autonomía” como la capacidad de organizaciones sociales de mantener sus propios ejes ideológicos y parámetros de acción respecto de otras variantes exógenas (voluntades clientelares municipales, visiones políticas cortoplacistas, caudillismo) o su permeabilidad respecto a estos.

28Respecto al concepto de articulación, también nos encontramos con una acepción polisémica, donde el concepto de capital social se hace preponderante (Arriagada, 2013). Korovkin (2003), por ejemplo, en su estudio sobre los trabajadores florícolas en la sierra del Ecuador, se refiere al concepto de articulación/desarticulación como la fortaleza o debilidad de las redes comunitarias –sobre todo, familiares–, que mantiene el trabajador durante su período activo. En una connotación cercana a visiones psico-logicistas, la autora da cuenta de la desarticulación social y comunitaria, producto de la falta de participación de los trabajadores de las flores en actividades de sus comunidades y a la debilidad de sus vínculos familiares, en tanto espacios de contención respecto a las presiones laborales institucionalizadas.

29Otra lectura histórica y contextual la encontramos en un estudio anterior, de Sarmiento (1998), en la que el autor da cuenta de cómo los procesos de modernización capitalista, derivados de la implantación de regímenes autoritarios y neoliberales en América Latina, dan lugar a una especie de fractura entre democracia formal y desarticulación social: existe, por una parte, capacidad de elegir representantes, pero dentro de un contexto de atomización de la protesta, delegación del poder hacia los liderazgos clientelares y falta de autonomía como consecuencia del clientelismo y las políticas focalizantes.

30Por su parte, Moreno (2009) retoma una definición cercana a Mouffe y Laclau sobre articulación, para referirse al modo en el cual distintas demandas sociales se vuelven equivalentes para un cierto sector de la sociedad o pueblo.

31Delgado y De Piero (2002) señalan, por otro lado, que existe una tradición asociada al gerencialismo neoliberal, que es crítica del concepto de articulación, por asumir que esta es sinónimo de corrupción y clientelismo, cuando lleva a que un grupo social se vincule de manera muy directa con el Estado o con otras organizaciones “de presión”.

32Bajo los parámetros anteriormente expuestos, se entenderá “articulación” como la unión organizacional y la puesta en común de herramientas, recursos y estrategias, con miras a superar mancomunadamente una situación de marginación.

Autonomía y articulación en el territorio

33La falta de autonomía es un factor que complejiza la lectura sociológica, puesto que genera actores con intereses contrapuestos: es el caso del entrevistado Antonio, quien es a la vez trabajador de faena en Forestal Arauco pero, al mismo tiempo, concejal por Curanilahue (PPD) y dirigente social de su rubro.

34Lo que nos parece peculiar es la ausencia de algo así como una organización con miembros numerosos que se articulen en función de un interés común. Lo que se observa es más bien una existencia simultánea de varias individualidades con un sentido de urgencia sobre la problemática. Por ello, la articulación, nuestro segundo concepto, se vuelve más difícil. El grado de compromiso y de aunar fuerzas de manera sostenida y disciplinada al que obliga una organización, es difícil de encontrar. Existen varios factores explicativos de esto: por una parte, la geografía condiciona un cierto aislamiento, ya que la provincia posee varias comunas que se encuentran distantes entre sí y que poseen características particulares cada una de ellas.

35Por otra parte, el mismo amedrentamiento de dirigentes socio-ambientales en la provincia vuelve difícil la organización a un nivel más robusto. Sin embargo, la potencialidad de todo el movimiento encontrado es la existencia de un adversario claro, que concita gran resistencia entre los habitantes de la provincia: el gran empresariado forestal.

36En ese sentido, una mayor articulación puede ser una oportunidad crucial para compartir experiencias y promover una resistencia más eficaz y organizada frente a la industria. Por el contrario, vemos en la dispersión un peligro para la resistencia y la protección de la biodiversidad, que genera una volatilidad de la acción coordinada y un impacto más difuso y menos macizo. En este sentido, como la organización socio-ambiental muchas veces reposa sobre la estructura municipal provincial, está por ello también sujeta a los vaivenes políticos de sus representantes: alcaldes de la UDI, según los entrevistados, suelen ser más reacios a la articulación provincial por temas estructurales, mientras que ediles de otros partidos pueden promoverla o permitirla más. Todo ello hace que la organización sea más oscilante, compleja y difícil de predecir en cuanto a su continuidad.

La diferencia étnica como un problema para la organización socio-ambiental

37La VIII Región del Biobío es la única región de Chile que posee una mayor presencia de plantaciones exóticas que de bosque nativo (INFOR, 2019: 26). Al mismo tiempo, es una de las regiones con mayor presencia indígena (INE, 2017: 7). Esta particularidad la configura como un escenario singular para la organización, ya que en la resistencia a la industria forestal conviven actores chilenos y mapuche. La distancia cultural entre ambos pueblos genera que las demandas no sean las mismas y que muchas veces existan tensiones al interior de los grupos por la integración. En este sentido, más de una vez se escuchó, por parte del mundo chileno, un rechazo enfático a la industria forestal, pero también con ribetes de racismo o un rechazo a la violencia a la que se suele asociar la organización mapuche.

38Esto también configura un problema cultural que deviene en problema político: ¿cómo articular la diferencia étnica, en pos de un objetivo común? Lo observado en investigaciones anteriores (Godoy, 2017) refiere a una cierta latencia del discurso autoritario, el que se activa o desactiva en función de episodios de mayor o menor violencia. El 2016 se observó que una marcha mapuche por Cañete activó los discursos autoritarios y los miedos subyacentes a los habitantes de la ciudad. Si bien se observaba cierta normalidad en la convivencia intercultural (mapuche junto a chilenos en las iglesias y en las calles, así como en el comercio), este tipo de hechos genera el brote de antiguos temores, asociado a imágenes de invasión: “vienen a invadirnos”, “van a incendiar todo Cañete hasta Tucapel”. Y los consiguientes llamados a un mayor autoritarismo para las autoridades y fuerzas policiales, señalando que “esto no da para más”, “hay que poner mano dura”.

39Estos temores son la expresión de una especie de racismo velado, que la violencia –por ser generalmente condenada– permite expresar. Junto con ello, refleja las dificultades para convivir de manera simétrica con un otro en términos étnicos, en la localidad observada. En una sociedad profundamente segregada, la etnia se vuelve muchas veces un elemento de distinción que separa y configura desde la asimetría a la propia identidad.

40Esto, en términos organizacionales y también culturales, se refleja en cuanto a que existen diferentes lógicas de relación con la tierra entre mapuche y chilenos: si bien el ambientalismo asociado al mundo chileno durante el último tiempo es lejano a ribetes o dimensiones inmateriales, a diferencia del caso mapuche, la protección de la tierra puede ser un eje común articulador de la acción colectiva entre estos dos grupos culturales, teniendo como elemento compartido la existencia de un adversario común: el empresariado forestal. Sin embargo, para ello, el actor mapuche debe enfrentar su propia dispersión y las dificultades de encontrar representantes validados a nivel general por las comunidades (González Gálvez, 2007), producto de la pluralidad de miradas al interior de su diversidad étnica mientras que, por otra parte, el actor chileno ambientalista debe fortalecer su articulación social y política, y propender a una vinculación interétnica profunda que permita superar su distancia sociocultural.

Las empresas: al interior de la inseguridad

41El rubro forestal posee la particularidad de conformar un oligopolio, concentrado en dos grandes empresas (Arauco y Mininco), que ocupan gran parte de las tierras cultivables, frente a los pequeños y medianos propietarios, que poseen terrenos mucho menores en extensión. En cuanto a su funcionamiento, existe la idea de la legalidad de las tierras sobre las que se trabaja. Sin embargo, esta legalidad no es sinónimo de legitimidad, entendida como el entendimiento de la comunidad de que las propias acciones son idóneas, dentro de un marco normativo común.

42El desfase entre propiedad de las tierras, grandes utilidades económicas y desconfianza por parte de la ciudadanía, genera una política de relacionamiento comunitario y responsabilidad social empresarial, que busca cautivar a las comunidades y volverlas menos resistentes a las faenas.

43No obstante lo anterior, el constante malestar de las comunidades frente al accionar de las empresas, bajo el entendido de que ellas “roban y no dejan nada”, genera un escenario donde la legitimidad es mucho más difícil de adquirir.

44Desde este marco se emprenden estrategias que van desde la compensación más tradicional hasta el resguardo de sitios patrimoniales, cursos de agua y árboles nativos –tareas que, por cierto, el Estado se abstiene de asumir–. Sobre este punto, debe señalarse que la actitud meramente compensadora del Estado con los grupos indígenas y las comunidades locales, clienteliza las relaciones y las vuelve más asimétricas: no se puede dialogar en igualdad de condiciones con aquel que “compra” la falta de resistencia con demandas inmediatas de la comunidad, tal como ocurre con el modus operandi típico del clientelismo.

45Dicha problemática también se produce ya que las políticas desarrollistas implementadas por las coaliciones gobernantes de la postdictadura chilena (Concertación y Chile Vamos), han buscado generar menor pobreza, fomentar el “emprendedurismo” y aumentar el crecimiento, pero sin generar medidas sustantivas que favorezcan la igualdad duradera entre grupos tradicionalmente excluidos, como los indígenas. De acuerdo a lo planteado por Gudynas (2012), se ha conformado un Estado compensador, que mitiga las externalidades negativas dejadas por las empresas, pero sin generar mayores cambios en términos de justicia ambiental.

46Por ello, las emociones que suelen producir este tipo de escenarios de asimetría son de malestar, rabia y enojo persistentes. Esa rabia es un foco de movilización de la acción individual, pero también social. La ausencia de soluciones concretas y profundas va agudizando un sentimiento de rechazo, que finalmente termina interfiriendo sobre las propias empresas a través de cuestiones como la quema de sus sucursales o de otros objetos (camiones, bosques). El recrudecimiento del conflicto genera una mayor resistencia, que solo puede canalizarse institucionalmente de manera realmente efectiva desde la vía de un diálogo vinculante y no meramente testimonial, como la tan conocida consulta no vinculante.

47Al interior de la empresa forestal estudiada (Arauco), podía verse una conjunción entre una estrategia comunicacional y política validada en la conservación, pero en connivencia con un discurso “securitario”, que podía tomar tintes más o menos represivos. Al interior de este actor, por existir también instancias de convivencia interétnica, se presentaban escenarios de racismo o visiones cercanas al derecho penal del enemigo. Sobre este punto, si bien muchos chilenos entrevistados compartían las demandas mapuche, muy pocos compartían la validación de la violencia como método de resistencia.

48Los discursos centrados en la legalidad de las tierras eran sostenidos por el sector empresarial como un modo de legitimarse ante el resto, con resultados variables y, en general, contradictorios y fallidos.

Conclusiones

49Para cerrar la presentación, quisiera sintetizar, retomar y relevar algunos aspectos fundamentales de esta. Pienso que existen ciertos aspectos novedosos derivados del trabajo de campo, que es preciso destacar: en primer lugar, se descubren problemas en dos niveles de categorías (que son dimensiones de la realidad social, en términos de la acción política): articulación y autonomía. Por el lado de la articulación, vemos problemas en la organización socio-ambiental del territorio en cuanto a su mutuo conocimiento e interrelación. Frente a un adversario común –el empresariado forestal– con una estrategia definida y apoyada por el poder político y económico, vemos a un actor disperso y fragmentado en pequeños individuos y orgánicas a lo largo de la provincia estudiada. Las organizaciones responden más bien a deseos y voluntades de individuos que a colectividades bien articuladas, con directrices, principios y dinámicas de funcionamiento bien estructurados. Por el contrario, vemos que su funcionamiento es inestable, debido a la falta de constancia de algunos de sus miembros y, por supuesto, del asedio directo o indirecto de las empresas y sus métodos de escarmiento.

50En ese sentido, a nivel de las emociones, vemos que el miedo es una emoción que aparece con bastante recurrencia, pero que la movilización se hace posible por la rabia o la desesperación de los actores que se encuentran marginados, tal como plantea González Hidalgo (2017). Así, los individuos involucrados en la organización socio-ambiental de la provincia, deben enfrentarse a una serie de obstáculos, comenzando por sus propias vivencias emocionales: el cansancio de ver que la resistencia se hace muy difícil, la frustración frente a la falta de constancia en la coordinación de acciones. Y en el caso de los individuos que se desempeñaban como dirigentes, también el cansancio por la sobre responsabilización. Mas estas no eran las únicas emociones, pues también se encontraron emociones como el entusiasmo o una sensación de satisfacción asociada al esfuerzo organizacional sostenido y mantenido en la adversidad. Se hace necesario recordar, en este punto, lo que señala González Hidalgo (2017) en su investigación respecto al mismo conflicto forestal-mapuche: muchas veces las emociones típicamente señaladas como “negativas” son, en este caso, las más movilizadoras.

51Retomando la cuestión de la autonomía, vemos que muchos de los miembros de colectividades de resistencia a la industria extractiva forestal, poseen una especie de “doble vinculación”, estando también relacionados o al aparato de poder político estatal municipal o, incluso, siendo parte directa o indirecta de las redes del empresariado. Es el caso de uno de los entrevistados, quien es tanto motosierrista de una empresa forestal, a la vez que concejal de su comuna de residencia y dirigente sindical de su rubro. Esta falta de autonomía genera una imbricación de todos los niveles involucrados en el conflicto, que complejiza la toma de decisiones y la claridad en la acción, pues se debe responder a múltiples actores y agentes al momento de realizar alguna iniciativa en particular.

52Ello, junto a la volatilidad ideológica de las administraciones municipales, desde las cuales muchas veces se originan las iniciativas socio-ambientales de la provincia (notable es, en este caso, la comuna de Curanilahue, que posee una organización robusta y un centro de acopio y reciclaje). Por ello, por ejemplo, para ciertos alcaldes era un tabú la conflictividad, mientras otros tenían visiones más críticas. Esto dependía de la orientación ideológica de cada uno. Pero de allí también surge que, no por poseer una visión crítica, siempre se propicien espacios de diálogo y convergencia en la provincia en los cuales sustentar un trabajo más mancomunado de alternativa y respuesta frente al extractivismo. Por otra parte, es evidente que los tiempos municipales están marcados por temporalidades diferentes a las necesidades socio-ambientales de las localidades. Por ello, luego de las elecciones de alcaldes, todas las iniciativas de trabajo conjunto pueden o robustecerse o difuminarse, en una incertidumbre general para los habitantes del territorio y, sobre todo, para quienes resisten los embates de la depredación socio-ambiental.

53Lo anterior, junto al peso de la distancia geográfica, las dificultades del transporte al interior de la región y la pobreza –sobre todo de los grupos mapuche–, hacen que las organizaciones muchas veces no se conozcan entre ellas. En su visión general respecto del territorio, los entrevistados se ubicaban bien espacialmente, pero cada uno de estos espacios implicaba también una cierta lectura simbólica sobre el territorio: Tirúa se percibe como un sector más peligroso que otras localidades ubicadas al norte de la provincia, por estar en permanente conflicto con las fuerzas policiales.

54Sin duda, frente a dicha situación, las posibilidades de una mayor organización a nivel provincial pueden ser una posibilidad potente de respuesta a una política de asedio al medio ambiente y a las comunidades locales, por parte del Estado y las empresas. Sin embargo, para ello, los actores deben responder a las dificultades descritas. Es evidente también la cultura del miedo que han fomentado las empresas en los territorios emplazados, entendiendo los actores menos involucrados que el tema conflictivo –el impacto socio-ambiental de la industria– representa una amenaza, de la que es mejor no hablar. Todo ello, sumado a la complicidad de las fuerzas policiales con los cuerpos empresariales, en contra de sus propias comunidades, elabora complejos escenarios para la resistencia y la lucha. Frente a lo anterior, parece ponerse cada vez más en relieve la necesaria convergencia intercultural, social y política entre los actores chilenos y mapuche con un mismo objetivo en común: defender la tierra y decidir soberanamente cómo desean vivir, en términos territoriales, productivos y de cohabitación del espacio material y simbólico.

Bibliographie

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Auteur

Sociólogo de la Universidad de Chile y actualmente cursante del Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Sus principales temas de investigación se relacionan con problemas socioambientales, extractivismo y relaciones interétnicas en el sur de Chile. Además de ello ha escrito en publicaciones académicas sobre las desigualdades sociales que se expresan en el sentimiento de inseguridad en la sociedad chilena.

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