4. La agrociudad disputada
Actores y sentidos en conflicto en torno al agronegocio
p. 345-359
Texte intégral
A modo de introducción
1Si uno observa una imagen satelital de la ciudad de Río Cuarto, puede dar cuenta de que se encuentra rodeada de campo. En cualquier ruta que uno tome para salir de la ciudad, en cualquiera de los puntos cardinales, va a encontrar como paisaje extensas llanuras con sembradíos de maíz, maní, trigo y soja.
2Ahora bien, el campo no es solamente el límite de la zona urbana. El campo también “está” en la ciudad de múltiples maneras. La urbe alberga a las empresas y negocios que comercializan productos y servicios para el agro, ubicados principalmente en las calles y avenidas de acceso a la ciudad; le quedan “de paso” a los productores cuando hacen sus compras. El campo está también presente en los discursos de la gente que habita la ciudad. En las conversaciones cotidianas entre vecinos es común escuchar “si al campo le va bien, a todos nos va bien”, “la ciudad progresa gracias a la inversión de los productores en la construcción” o “tenemos trabajo gracias al campo”. Esos decires habituales también aparecen en los medios de comunicación. En el discurso del único diario local, “el campo (del que viven los pueblos y Río Cuarto) es el lugar del trabajo y el esfuerzo para lograr la producción, el mantenimiento y el desarrollo económico de toda la zona”; es considerado como “una empresa capitalista que recurre a la lógica del mercado, cuyas ideas guían al productor agropecuario para obtener un mejor progreso económico” (Bosco y Varisco, 2001: 76). El campo, históricamente, ha sido considerado como el motor del progreso, tanto de la ciudad como de la región.
3Se trata de relatos que habitan la ciudad, significados fuertemente arraigados en la sociedad y que forman parte de los sentidos hegemónicos construidos acerca del campo y del agronegocio, modelo de producción que prevalece en esta zona del país. Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, han comenzado a circular otros discursos, vinculados con modos de producción alternativos cercanos a la agroecología que, poco a poco, fueron tomando fuerza, ocupando lugar en el espacio público y se han instalado como un discurso contrahegemónico. En este trabajo, ahondaremos en esas diversas perspectivas acerca del modelo productivo que surge en una agrociudad.
Diálogos entre ciudad y comunicación
4Abordar la ciudad desde la comunicación implica definirla como un “espacio material y simbólico de producción, circulación, consumo y reproducción de sentidos socialmente construidos” (Varela, 2004: 1), a partir de las experiencias y relatos de quienes la habitan; se trata de sentidos que, al mismo tiempo, condicionan prácticas. Desde esta perspectiva, la ciudad es vista como una red de interacciones donde coexisten diferentes formas de habitarla, de apropiarse de ella.
5En este sentido, la ciudad no es concebida como el mero contexto en donde transcurre la vida cotidiana. Pensar la ciudad desde la comunicación nos permite reconocerla no solo como “el escenario de las prácticas sociales, sino fundamentalmente el espacio de organización de la diversidad, de los choques, negociaciones, alianzas y enfrentamientos entre diversos grupos sociales por las definiciones legítimas de los sentidos sociales de la vida” (Reguillo, 1997: 5). Por esto, para poder comprender la ciudad, es necesario dar cuenta de quiénes la habitan, qué piensan, cómo la proyectan, cómo la construyen en el devenir diario.
6Entendemos el sentido como una producción social y al lenguaje, en sus distintas manifestaciones, como el medio privilegiado donde se construye (Hall, 1997). Desde esta perspectiva, las cosas en sí mismas no tienen un significado único, fijo e inmutable. Son los actores sociales los que le otorgan sentido a partir de los usos que le dan, de las maneras en la que las incorporan en la cotidianeidad, de la forma en que las representan, los valores que le confieren y cómo las clasifican. Estas representaciones que construyen están también influenciadas, a su vez, por el lugar que ocupan los actores dentro del orden social establecido.
7Al ser una construcción social, aquellos sujetos que forman parte de un mismo grupo comparten ciertos sentidos, “interpretan el mundo aproximadamente de la misma manera” (Hall, 1997: 2). Los actores, sean estos individuales o colectivos, en nombre propio o en representación de otros, producen significados que circulan socialmente a través del lenguaje por diferentes medios. Así, los sentidos que son compartidos al interior de una sociedad contribuyen al establecimiento y mantenimiento del orden, proceso en el que la hegemonía juega un rol central.
8Siguiendo los planteamientos de Antonio Gramsci, Raymond Williams define la hegemonía como “un sistema vivido de significados y valores –constituyentes y constituidos– que, en la medida en que son experimentados como prácticas, parecen confirmarse recíprocamente. Por lo tanto, constituye un sentido de la realidad para la mayoría de las personas de una sociedad” (Williams, 2009: 145-146). La hegemonía, desde esta perspectiva, es siempre un proceso y “debe ser continuamente repensada, recreada, defendida y modificada”, ya que “es continuamente resistida, limitada, alterada y desafiada por presiones que de ningún modo le son propias” (Williams, 2009: 149). De esa resistencia, surgen miradas contrapuestas, sentidos que disputan el orden hegemónico. Surge así la contrahegemonía. Los grupos subalternos de la sociedad disputan el orden establecido, buscan intersticios, intentan generar una ruptura para que sus sentidos, hasta entonces considerados contrahegemónicos, se establezcan como el nuevo orden social hegemónico.
Ciudad como territorio
9David Harvey sostiene que “desde siempre, las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción” (Harvey, 2013: 21). La ciudad moderna está asociada a los procesos de industrialización que se dieron a partir de la Revolución Industrial. Desde entonces se ha convertido en el centro privilegiado para la vida en sociedad. Es el modo elegido para el ordenamiento espacial y la organización económica, sociodemográfica y administrativa. La ciudad, desde entonces, comienza a ser ligada a los ideales de modernización, progreso y desarrollo.
10Cada sociedad produce su espacio y en la sociedad capitalista la ciudad es su protagonista. Para Lefebvre (2013), la ciudad y lo urbano como modo de vida solo pueden entenderse comprendiendo el espacio y las formas en que este es producido. Esta comprensión permite entender la forma en que históricamente cada sociedad genera y amolda el espacio que ocupa y, al mismo tiempo, cómo el sistema va transformando las relaciones sociales de producción y reproducción para perpetuarse.
11Harvey sostiene que la dinámica del capital y la de sus resistencias tienen lugar en el espacio, por lo que lo urbano se constituye “como un ámbito relevante de acción y rebelión política. Las características propias de cada lugar son importantes, y su remodelación física y social, así como su organización territorial son armas para la lucha política” (Harvey, 2013: 174). A partir de las nuevas modalidades adoptadas por la lógica de acumulación capitalista, el territorio es el centro de reclamos de las movilizaciones y movimientos campesinos, indígenas y socio-ambientales. La disputa territorial tiene que ver con concepciones opuestas del espacio y lo que significa para los sectores enfrentados: los movimientos, por un lado, y los grupos económicos, por el otro.
12La “transformación del espacio en territorio se da por medio de la conflictualidad, definida por el estado permanente de conflictos en el enfrentamiento entre las fuerzas políticas que intentan crear, conquistar y controlar sus territorios” (Fernandes, 2006: 7). De esta manera, el territorio es pensado como un espacio apropiado, como una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de relaciones de poder. Fernandes sostiene que “el centro del conflicto es la disputa por los modelos de desarrollo en el que los territorios están marcados por la exclusión de políticas neoliberales, productoras de desigualdades, amenazando la consolidación de la democracia” (Fernandes, 2008: 7).
13Siguiendo el planteamiento de Porto Gonçalves, “el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, hay siempre territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales de territorialización. En un mismo territorio hay, siempre, múltiples territorialidades” (2009: 5), múltiples maneras de ser y estar en el espacio, de vivirlo y proyectarse en él.
14Henri Lefebvre, en 1967, proponía que los habitantes urbanos tienen el derecho a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de ella un espacio privilegiado de lucha anticapitalista. Se trata del “derecho a la ciudad”, que recobró centralidad en el debate político a comienzos del nuevo milenio, al ser incorporado como referente de análisis y eje de discusión por movimientos sociales, académicos, agencias de cooperación internacional y Estados a la hora de discutir sobre los cambios urbanos en las ciudades capitalistas contemporáneas.
15Aunque no niega la influencia de Lefebvre en la formulación del derecho a la ciudad que enarbolan estos diferentes actores, Harvey sostiene que no es su legado intelectual el que explica las grandes manifestaciones que se dieron en los primeros años del nuevo milenio. Considera que “lo que ha venido sucediendo en las calles, entre los movimientos sociales urbanos, es mucho más importante” (Harvey, 2013: 8). Con esto, el geógrafo británico pone el acento en el poder que tienen los movimientos sociales a la hora de pensar y proyectar la ciudad. Para él, el derecho a la ciudad surge primordialmente “de las calles, de los barrios, como grito de socorro de gente oprimida en tiempos desesperados” (Harvey, 2013: 10).
16Harvey, desde su mirada marxista, señala que la ciudad en su forma tradicional “ha muerto asesinada por el desarrollo capitalista desenfrenado, víctima de su necesidad insaciable de disponer de capital sobreacumulado ávido de inversión en un crecimiento urbano raudo e ilimitado sin imponerle cuáles sean las posibles consecuencias sociales, medioambientales o políticas” (Harvey, 2013: 13-14). En este sentido, retomando a Henri Lefebvre, trae a la actualidad la discusión del “derecho a la ciudad” y la define como “un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos” (Harvey, 2013: 20). Desde su perspectiva, se trata además de un derecho que no es individual, dado que la reinvención de la ciudad depende de manera inevitable del poder colectivo sobre el proceso de urbanización.
17Para Harvey, el derecho a la ciudad no está planteado en términos reformistas sino, más bien, revolucionarios. En ese sentido, sostiene que “solo cuando la política se concentre en la producción y reproducción de la vida urbana como proceso de trabajo fundamental del que surgen impulsos revolucionarios, será posible emprender luchas anticapitalistas capaces de transformar radicalmente la vida cotidiana” (Harvey, 2013: 14); propone, de esta manera, un desplazamiento desde el “derecho a la ciudad” hacia la “revolución urbana”.
18Ahora bien, relacionando esto con la concepción de la ciudad en tanto territorio, podemos afirmar que existen diferentes maneras de proyectar la ciudad; diversos actores que habitan el espacio urbano se disputan la manera de definir el modo en que quieren vivir. Esas diferentes maneras de plantear el derecho a la ciudad, la convierte en un territorio en conflicto.
19Proyectamos la ciudad, desde la comunicación, como un entramado de sentidos y, a partir de una mirada geográfica, como un territorio en tanto quienes la habitan tienen disputas generadas por las diferentes maneras de concebirla y de apropiarse del espacio. Ahora nos detendremos en caracterizar a Río Cuarto como un territorio disputado, como una ciudad en la que se producen, circulan y reproducen sentidos contrapuestos vinculados al modelo de producción. En ese marco nos preguntamos ¿cuáles sentidos circulan en la ciudad en torno al agronegocio?
Río Cuarto: una agrociudad disputada
20Como sostiene Raymond Williams, “nuestra experiencia social real no se limita únicamente al campo y a la ciudad, en sus formas más singulares, sino que existen muchos tipos de organizaciones intermedias y nuevos tipos de formaciones sociales y físicas” (Williams, 2001: 357). En ese sentido, resulta interesante incorporar al debate la noción de agrociudad, atendiendo sobre todo a que nuestro interés está centrado en los sentidos que se construyen en torno al sistema agrario vigente en una ciudad mediana argentina.
21Aunque la actividad agropecuaria habitualmente se asocia con el ámbito rural, el agronegocio y sus implicancias no se restringen solamente al campo. Podríamos decir que este modelo de producción no reconoce la típica distinción entre lo urbano y lo rural. Así, por ejemplo, es común que en las ciudades cercanas a los grandes núcleos productivos se instalen empresas nacionales y transnacionales, proveedoras de maquinarias, insumos y servicios. Al mismo tiempo, las consecuencias e impactos del sistema productivo tampoco reconocen fronteras: fumigaciones directas o indirectas (a partir de la deriva generada por el viento al momento de la pulverización de productos químicos usados en el campo) sobre poblaciones de las zonas periféricas de las ciudades; campesinos desplazados, como consecuencia del acaparamiento de tierras que llegan a las ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida; los alimentos contaminados en la mesa tanto de los habitantes de las zonas urbanas como rurales.
22El término “agrociudad” puede servir para designar esas ciudades cercanas a los núcleos agrarios productivos, que se convierten en centros de servicios y comercialización de productos agrícolas, ya que se trata de un concepto que permite pensar la relación entre lo urbano y lo rural desde una posición superadora a la típica dicotomía entre ciudad y campo (Cimadevilla y Carniglia, 2009).
23Según Carniglia (2015), las agrociudades cuentan con poblaciones de entre 30.000 y 150.000 habitantes. Se trata de ciudades medianas e intermedias que actúan como centros de comercio y servicios en una región con predominio de la actividad agropecuaria. Aunque según el último Censo de Población y Vivienda (2010), Río Cuarto cuenta con una población superior a los 150 mil habitantes, se trata de una agrociudad. En esta funcionan comercios proveedores de insumos, casas matrices de empresas agropecuarias nacionales y regionales, bancos que ofrecen servicios financieros para el ámbito agropecuario, instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad, industrias transformadoras de productos agropecuarios, entre otros. Al mismo tiempo, dada esta dinámica económica, la ciudad brinda otros servicios que completan las necesidades comerciales de las empresas, tales como: numerosas plazas hoteleras, servicios de gastronomía, salones de reuniones y eventos, entre otros (Maldonado y Finola, 2017).
24Ahora bien, ¿por qué planteamos que Río Cuarto es una agrociudad disputada? En esta ciudad, con el agronegocio como principal eje de disputa, surge la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, un movimiento social que tiene como principales demandas la erradicación de toda práctica contaminante generada por la utilización de productos agrotóxicos y también la propuesta de una transición hacia un modelo agroecológico. Al poner en tensión al agronegocio, sistema productivo imperante en la región, este movimiento, a partir de sus acciones colectivas, ha puesto el conflicto en el centro de escena de esta agrociudad.
25Los inicios de la Asamblea se sitúan en el 2010; sin embargo, la discontinuidad de las acciones colectivas, la falta de una proyección a largo plazo y de una identidad común, no permiten hablar, por entonces, de un movimiento social. Recién dos años después, en 2012, dos hechos puntuales reactivaron la acción colectiva. Por un lado, el juicio en contra de las fumigaciones con agrotóxicos liderado por las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo1 en la ciudad de Córdoba, que se llevó adelante contra fumigadores y que fue tomado como ejemplo de lucha y resistencia por otras organizaciones con similares objetivos. Por otro lado, de manera simultánea, se dieron a conocer las inversiones que Monsanto realizaría en Argentina. Dos plantas de investigación y producción de alimentos transgénicos se instalarían en la provincia de Córdoba. Río Cuarto y Malvinas Argentinas fueron las localidades elegidas. Estos dos acontecimientos motivaron la revitalización de la acción colectiva y, esta vez, lejos de ser algo temporario o espontáneo, la conformación de un grupo estable de participantes permitió definir las demandas y darles continuidad a las actividades. El colectivo se autodenominó “Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos”, nombre con el que se deja en claro el territorio de actuación, la demanda y la forma de organización.
26A lo largo de estos últimos años, esta organización socio-territorial se consolidó a partir de la constancia de sus acciones colectivas, de la permanencia de sus miembros, de la proyección a largo plazo, de la incidencia en la proposición de políticas públicas y también de la capacidad de generar redes en diferentes escalas (Isidro, 2018). En el ámbito local, fue fundamental la creación de espacios institucionales coordinados o integrados por miembros de la Asamblea, con los que la demanda impulsada por el movimiento se potenció, conformando un bloque cuyos intereses, discursos y prácticas se convirtieron en el revés crítico del agronegocio, modelo de producción hegemónico de la agrociudad y la región. En 2016 se creó el Observatorio Socioambiental de la Defensoría del Pueblo local, espacio formado por varios integrantes de la Asamblea y, a fines de 2017, se conformó la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA), impulsada por Río Cuarto sin Agrotóxicos y por docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
27Estos espacios le permiten al movimiento social lograr que sus demandas, también enarboladas por estas instituciones, tengan un mayor alcance. La Cátedra Libre brinda formación a partir de la realización de cursos y capacitaciones y, al mismo tiempo, facilita la consolidación de redes con otros espacios similares que funcionan en otras universidades del país (Red CaLiSAs); el Observatorio, por su parte, suma la posibilidad de generar eventos como las “Jornadas socioambientales” y le da un marco institucional al tema, brindando asesoría técnica y jurídica ante diversas problemáticas socio-ambientales. Mientras tanto, la Asamblea logra mantener la suficiente autonomía para criticar al sistema de producción vigente. De esta manera, ya sea desde la vía institucional o desde la alternativa, actuando de manera conjunta, estas organizaciones conforman un bloque contrahegemónico en el que se producen, circulan y reproducen sentidos que ponen en discusión el modelo del agronegocio.
Cuando dicen que el agronegocio es sustentable, sus postulados éticos y epistemológicos no encuentran un correlato en la realidad. O sea, cuando vamos al campo y vemos que hay pérdida de biodiversidad, que hay aumento de la desertificación, que hay aumento de las patologías, la idea de la sustentabilidad queda desacreditada2 .
28Esto sostienen desde la Asamblea, poniendo en evidencia las consecuencias del agronegocio. Sin embargo, el movimiento no se queda en el mero planteo de la crítica, sino que considera necesaria una propuesta superadora que implique:
repensar el rol de la naturaleza y desarraigarlo de la idea de recursos naturales bajo una perspectiva claramente economicista y pensarlo como bienes comunes, como bienes de todos y para todos en el marco de un respeto por la propia naturaleza, como depositaria de derechos, como sujeto de derechos3.
29En ese sentido, en el año 2018, la Asamblea presentó un proyecto de ordenanza en el que proponía una transición desde el modelo de producción hegemónico hacia la producción agroecológica, priorizando la protección de la salud y los bienes naturales comunes, la producción de alimentos sanos y la construcción de una economía solidaria que permita un intercambio justo entre productores y consumidores. Esa propuesta recibió tratamiento legislativo y fue aprobada con cambios sustanciales que implicaron el recorte no solo en la cantidad de artículos (de los 42 presentados inicialmente solo se mantuvieron 9) sino, sobre todo, que los puntos centrales fueron modificados o, directamente, omitidos. En la misma línea se sitúa el posicionamiento tanto del Observatorio Socioambiental como de la CaLiSA. El primero, en defensa de los derechos ambientales en general y la segunda, desde el derecho que tienen los pueblos a una alimentación sana.
30Frente a esta perspectiva contrahegemónica, el Estado municipal, instituciones (como la Sociedad Rural), organizaciones de profesionales (como el Colegio de Ingenieros Agrónomos), fundaciones (como la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina –FADA– o la Fundación Río Cuarto 2030), siguen produciendo sentidos que buscan mantener el orden establecido.
31Tomemos solo, a modo de ejemplo, la disputa que se suscita en torno a los conceptos de agrotóxicos y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), estrechamente vinculados al modelo productivo del agronegocio. “Agrotóxico” es considerado por la Asamblea “como un significante representativo de todo este modelo productivo”4; por eso, tanto esta como otras organizaciones ambientales, deciden usar el término agrotóxico en lugar de “agroquímico” o “producto fitosanitario”, haciendo foco en la toxicidad que tienen los productos utilizados en el agro, que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud humana. “El énfasis está puesto en los insumos tóxicos que este modelo emplea y que detrás de esto encontramos la muerte, encontramos la pérdida de biodiversidad, la desertificación, etcétera”5.
32El uso de este concepto, cuya carga valorativa es representativa de la postura que tanto la Asamblea como distintas organizaciones tienen con respecto al agronegocio, ha sido puesto en jaque tanto por representantes de instituciones vinculadas a los productores agropecuarios como a organismos estatales. En 2013, durante la Audiencia Pública organizada para discutir la posible instalación de Monsanto en la ciudad, Francisco Demarchi, por entonces vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, sostenía que:
en realidad, el término agrotóxico no existe porque es una palabra que en la Real Academia Española no está autorizada; entonces, por lo tanto, todo lo que se diga en torno a esa palabra no es verdadero, porque estamos usando una palabra que en realidad es falsa6.
33Mientras que, en el 2017, fue el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de un comunicado del director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, enviado por mail a los empleados de este organismo autárquico, que dejó en claro el posicionamiento frente al uso del término “agrotóxico”:
su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental. Se deben emplear “productos fitosanitarios” o “agroquímicos” en vez de “agrotóxicos” o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna7.
34Pese a estas disputas por el sentido, “agrotóxicos” sigue siendo una palabra propia de los movimientos sociales y emblema de su lucha frente al agronegocio.
35Asociado directamente con el concepto de agrotóxicos, aparece el de “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA), otro concepto que desde la Asamblea se considera impuesto por el discurso hegemónico para salvaguardar las prácticas vinculadas al sistema productivo vigente en el agro argentino. Desde la Asamblea se las considera como una manera de hacer marketing ante las evidencias científicas de la nocividad de las sustancias empleadas en la producción agropecuaria:
Cuando están aplicando mal los fitosanitarios, quienes están detrás del agronegocio, les trasladan la culpa a los productores ‘es que los aplican mal’, ‘suceden los accidentes’, las ‘eventualidades’, ‘hay que enseñarles’. Así surgen las Buenas Prácticas Agrícolas, inaplicables, irrisorias, pero es la lavadita de manos que tienen8.
36Impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las BPA son definidas como “un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles”9. Usar equipamiento de protección personal, transportar los productos fitosanitarios lejos de alimentos y agua, almacenarlos en depósitos exclusivos, perforar los envases para que no puedan reutilizarse, evitar la deriva mientras se aplican, no lavar nunca la ropa de trabajo junto a la de la familia, no quemar ni enterrar envases vacíos10, son algunas de las “buenas prácticas” recomendadas.
37Ante este listado de recomendaciones y precauciones, tanto el movimiento social como las instituciones que conforman el bloque contrahegemónico, se preguntan si para manipular los productos ‘fitosanitarios’ se necesitan todos estos requisitos, dado que son nocivos; entonces, ¿por qué se utilizan en la producción de los alimentos? Para la Asamblea, las Buenas Prácticas Agrícolas son la forma en la que el agronegocio y el modelo de desarrollo del que es parte intentan mantener la legitimación en una sociedad que tiene cada vez más fuentes de información y donde el mundo científico cuenta con más pruebas que acreditan las consecuencias de la utilización de agrotóxicos en la producción de alimentos.
38En estos ejemplos pudimos observar cómo se generan las disputas en torno a los sentidos que los diferentes actores construyen con respecto a dos cuestiones centrales relacionadas al agronegocio. Ahora bien, esos sentidos circulan socialmente en diferentes ámbitos y soportes. Sin duda, en los tiempos que corren, las redes sociales digitales son los espacios privilegiados para tal fin; sin embargo, no son los únicos. Cada uno de los sectores genera sus propios eventos para poner en circulación sus discursos. FADA, una organización que nació en la ciudad y que tiene alcance nacional, organiza el “Imagina”, que es presentado como un “evento nacional por el desarrollo del país (…) donde confluyen referentes de todos los ámbitos para compartir y construir la Argentina que queremos”11. Estos encuentros bianuales, donde disertan empresarios, investigadores, productores, dirigentes políticos y sindicales, referentes sociales, entre otros, lejos de ser críticos al modelo, se constituyen en la mejor vitrina para potenciar y consolidar al agronegocio como motor del progreso, tanto de la ciudad como de la región.
39Así como FADA organiza el congreso Imagina, el Observatorio Socio Ambiental de la Defensoría del Pueblo organiza todos los años la “Jornada Socioambiental”, que tiene como principales objetivos visibilizar el problema que genera el uso de agroquímicos en la alimentación, conocer las posibilidades que ofrece la agroecología como sistema sustentable de producción y como garantía para la soberanía alimentaria. Participan de estos eventos investigadores, productores agroecológicos, miembros de organizaciones socio-territoriales, entre otros.
40Ante estas concepciones contrahegemónicas en la medida en que se consolidan como alternativas significativas, “la función hegemónica decisiva es controlarlas, transformarlas, o incluso incluirlas” (Williams, 2009: 150). Así, por ejemplo, el planteamiento general del “derecho a la ciudad” es usado implícitamente por ambos sectores. Desde la Defensoría del Pueblo local, sostienen que “promover la agroecología es el camino para garantizar la efectiva realización del derecho a la alimentación adecuada, desarrollando colectivamente sistemas alimentarios sanos, sostenibles, inclusivos y resilientes, desde un marco de acción basado en los derechos humanos”12.
41Por su parte, la Fundación Río Cuarto 2030, una organización sin fines de lucro en la que participan como socios empresarios, políticos y comerciantes locales, se plantea como eje central “pensar la ciudad y región que queremos y podemos tener, donde el bien común sea el denominador de todas las políticas para desarrollar una ciudad segura, limpia, ordenada, sustentable, educadora, que sea polo de inversiones y eje del desarrollo regional”13. Para poner en circulación los sentidos que construyen con relación a estos tópicos, organiza cada dos años el congreso “Pensando Río Cuarto”.
42Cada bloque proyecta, desde perspectivas contrapuestas, la ciudad que imagina; en definitiva, “el derecho a la ciudad es un significante vacío” (Harvey, 2013: 13), cuyo significado depende de quién se lo asigne, desde qué perspectiva y con qué objetivo. Por eso se convierte en una arena de lucha entre posiciones enfrentadas, que tienen diferentes maneras de concebir diversos aspectos de la realidad, como en este caso el modelo productivo.
A modo de cierre
43En este trabajo partimos por pensar la ciudad más allá de su dimensión física. La concebimos como un entramado de sentidos y como un territorio en disputa, a partir de las múltiples intencionalidades con las que los sujetos se apropian y construyen el espacio. Siguiendo el planteamiento de Mançano Fernandes (2005), entendemos que cuando hay intencionalidades, visiones que entran en conflicto en un determinado espacio geográfico, estamos en presencia de un territorio, es decir, un “espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder” (Fernandes, 2005: 3). En este sentido, Río Cuarto es un territorio en tanto existen actores con intencionalidades bien diferenciadas acerca de la lógica de producción agropecuaria y el modelo agroalimentario vigente. Cada uno de los sectores enfrentados produce sentidos que se expresan en discursos y se materializan en prácticas.
44Frente a la hegemonía de este sistema de producción, que cuenta con el respaldo de gobiernos y empresarios vinculados al sector, se generan fuertes resistencias que, en el caso que acá describimos, se consolidaron a partir de la conformación de un bloque cuya perspectiva conforma el reverso crítico del modelo agrario imperante. En términos de David Harvey, se trata de “movimientos insurgentes contra la acumulación por desposesión” (Harvey, 2005) que, organizados, producen sentidos contrahegemónicos a la hora de ejercer el derecho a la ciudad.
45Estos sentidos alternativos, si bien venían siendo parte del discurso de organizaciones y movimientos socio-territoriales críticos al sistema, con el tiempo también han sido incorporados en las agendas de instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo o la Universidad local. Ante esto, planteamos, a modo de hipótesis inicial, que lo anterior se ha logrado a partir de la conformación de un bloque contrahegemónico integrado no solo por movimientos críticos, sino también por estos espacios institucionalizados que han establecido alianzas que posibilitan ampliar el alcance de las demandas, potenciar las acciones colectivas y generar espacios donde discutir el sistema vigente y generar alternativas es pos de la ciudad que desean construir.
Bibliographie
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Williams, R. (2009). Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las cuarenta.
Williams, R. (2001). El campo y la ciudad. Buenos Aires: Paidós.
Notes de bas de page
1 Organización ambientalista formada por un grupo de madres preocupadas por la salud de los vecinos de este barrio de la ciudad de Córdoba que, al advertir la gran cantidad de casos de cáncer, empezaron a pedir explicaciones al Estado y lograron que sus demandas fueran escuchadas. Para más información, se puede consultar en: https://www.facebook.com/Cristina.Vita.Chave.Marcela/
2 Los testimonios que presentamos a lo largo de este trabajo son parte de entrevistas realizadas a integrantes del movimiento socio-territorial en el marco de la tesis de maestría en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de Río Cuarto), “La trama identitaria de los movimientos socioterritoriales. Un estudio de caso en una agrociudad argentina” (en proceso de elaboración).
3 Entrevista realizada a un integrante de la Asamblea en agosto de 2017.
4 Entrevista realizada a uno de los integrantes de la Asamblea en agosto de 2017.
5 Ibídem.
6 Declaraciones emitidas por el noticiero televisivo local Telediario, 10 de septiembre de 2013, edición del mediodía. Copia obtenida del archivo de Canal 13.
7 Para ampliar puede consultarse: https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/175913/El-INTA-prohibe-el-uso-de-la-palabra-agrotoxico
8 Entrevista realizada a una integrante de la Asamblea en diciembre de 2017.
9 Fuente: http://www.casafe.org/buenas-practicas-agricolas/. Fecha de consulta: 05/02/2018.
10 Fuente: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/fitosanitarios/buenas_ practicas/. Fecha de consulta: 05/02/2018.
11 Fuente: http://www.congresoimagina.com/evento.html. Fecha de consulta: 24/03/2021.
12 Fuente: https://www.facebook.com/events/308146353054240/. Fecha de consulta: 24/03/2021.
13 Fuente: https://www.fundacionriocuarto2030.org/la-fundacion/. Fecha de consulta: 06/06/2018.
Auteur
Comunicadora Social y Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UNRC). Como Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desempeña sus actividades en el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE) en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Sus investigaciones se centran en la conflictividad ambiental y en los movimientos socioterritoriales que resisten al agronegocio. Participa de proyectos de investigación sobre protesta social y transformaciones socioterritoriales. Forma parte del nodo & quot; Actores colectivos y disputas políticas en América Latina y Argentina & quot; del Centro de Estudios y Gestión de Redes Académicas (CEGRA/UNRC).

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