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Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el Sur

 | 
Cristian Alister
, 
Ximena Cuadra
, 
Dasten Julián-Vejar
, 
et al.

Cuarta parte. Territorios de extractivismo

2. Gran minería transnacional y territorio

Interpretaciones desde la Meseta Central Santacruceña (MCS Patagonia, Argentina)

Andrade Larry D et Aguila María G

Texte intégral

Introducción

1El objetivo central de este texto se orienta a dimensionar lo que significa la presencia de empresas mineras transnacionales en la Meseta Central Santacruceña (MCS) con énfasis en la ciudad de Puerto San Julián y la empresa Cerro Vanguardia SA de Anglo Gold Ashanti en términos de que, por un lado, una oferta de puestos de trabajo bien pagados promovió que miles de personas se movilizaran hacia las ciudades donde esas empresas tenían oficinas con la expectativa de poder colocarse en uno de ellos y, por el otro, abordar la rentabilidad que obtienen en términos de cantidad de onzas de oro y plata que producen, y estimaciones de cuánto es lo que retorna al territorio por diversas vías (salarios, aportes de Responsabilidad Social Empresarial –RSE–, fideicomisos, entre otros). El estudio de caso fue la estrategia metodológica de abordaje, porque permite profundizar en la problemática a observar, habilitando la utilización de múltiples procedimientos para obtener y sistematizar información.

Meseta Central Santacruceña

2La MCS es un área de gran extensión (aprox. 14 millones de hectáreas) y abarca buena parte del centro-norte de la provincia de Santa Cruz, heterogénea y afectada por diversos grados de desertificación (INTA-GTZ, 1997), con paisajes variados como planicies de rodados, valles y cañadones, serranías rocosas, bajos y mesetas volcánicas. Los suelos predominantes son del tipo aridisoles de textura franco-arenosa a franco-arcillosa, con bajos contenidos de materia orgánica. La vegetación, en general, se presenta como una estepa de arbustos enanos, rastreros, con muy baja cobertura vegetal (20-30 %). Los pastizales de la Patagonia Austral son un raro ejemplo de semidesierto frío. Estos ecosistemas proveen forraje mayoritario para sostener la producción ganadera. La productividad de los pastizales en ambientes áridos y semiáridos, depende de la disponibilidad de agua edáfica (Noy-Meir, 1973). “Los suelos son, en general, pobres en nutrientes (…) la restricción que ejerce el agua es tan alta que aún en sitios con grandes diferencias de fertilidad, no se manifiestan diferencias de productividad” (Oliva, Noy-Meyr y Cibils, 2001). Esta y las citas previas del párrafo son tomadas de Moscardi y Andrade (2018: 5). El régimen climático es templado frío-árido de meseta. Las precipitaciones medias anuales no superan los 200 mm, aumentando levemente hacia el oeste (Soto, 2004; Soto y Vázquez, 2001, en Moscardi y Andrade, 2018). Los vientos pueden ser de moderados a fuertes con ráfagas que superan los 100 km/h, especialmente entre agosto y marzo o abril (Moscardi y Andrade, 2018: 6).

3En los años ´90, la conjunción de caída de la receptividad, la baja rentabilidad de la actividad ovina, el alto costo de los insumos en el marco de la paridad cambiaria (1 peso / 1 dólar) establecida por el gobierno del presidente Menem (1989-2000), con un contexto ambiental con pastizales en merma y agravado por la deposición de extensos mantos de ceniza luego de la erupción del volcán Hudson en agosto de 1991 (que afectó en forma de cono desde la cordillera hacia la costa marítima buena parte de ese extenso territorio), desemboca durante los ´90 en el cierre y abandono de un importante número de establecimientos ganaderos.

4En los diferentes Censos Nacionales de Población se aprecia el éxodo de la población rural, lo cual da cuenta de la crisis del sector pecuario en esta área ecológica (Álvarez, 2009) (Ver figura 1 Producción Ganadera, y tabla 1).

Tabla 1. Población total-rural en Santa Cruz (agrupada-dispersa). En miles

Tabla 1. Población total-rural en Santa Cruz (agrupada-dispersa). En miles

Fuente: Censos Nacionales de Población/INDEC.

Nota: población agrupada es la que reside en localidades de hasta 2.000 habitantes, y dispersa es la que reside en el ámbito rural en general, pudiendo ser estancias, campamentos, etcétera. El aumento de la población rural, entre 2001 y 2010, probablemente responda al mayor número de personas radicadas en las plantas de las empresas mineras.

5La información que permitió dar contenido a los diversos usos del suelo en la MCS (presentados en la figura 1), se obtuvo a través de informantes calificados (sean productores o técnicos vinculados y con amplio conocimiento de la actividad), y los datos obtenidos han sido chequeados cada vez que se pudo con otros informantes para potenciar su veracidad. Sin embargo, en estudios previos (Andrade et al., 2010), hemos detectado que, tanto el ingreso como la salida de la producción (ovina o vacuna) así como el mercado de tierras, es muy dinámico y también debe tenerse en cuenta que es altamente probable que existan errores de apreciación al momento de definir las diferentes situaciones. Sin embargo, podemos sostener que, aceptando los posibles errores y/u omisiones, el mapa de situación no se modifica sustantivamente.

Figura 1. Estado de la producción en la Meseta Central Santacruceña

Figura 1. Estado de la producción en la Meseta Central Santacruceña

Fuente: Definición de situaciones y digitalización en el marco del PICT 2014-3261 (AGENCIA/UNPA).

6En este contexto, la superficie que identificamos como “sin actividad ganadera” es aquella en la que la gran minería transnacional se ha instalado desde mediados de los años ´90. Este tema será objeto del próximo apartado.

La década del ´90 y la gran minería

7Una hipótesis que se puede formular en el contexto que proponemos abordar es que hay una aceptación de las industrias extractivas, tanto a nivel nacional (soja) como provincial (en la actualidad, minerales preciosos, desde antes petróleo), y que las mismas son valoradas como fuente de recursos genuinos que permiten afrontar diversas inversiones en obras públicas, políticas sociales de variado cuño y que se relega el análisis del impacto de tales industrias (socioeconómico, poblacional, ambiental) a mediano y largo plazo en pos del beneficio inmediato, medido en término de recursos para las diferentes gestiones y niveles de gobierno.

8Por industrias extractivas o extractivismo, “se suelen referir aquellas actividades económicas que se basan en la explotación de bienes comunes naturales que, sin ningún procesamiento o con alguno poco significativo, son comercializados en el mercado mundial. Más acotadamente, el extractivismo es utilizado para referirse a un tipo específico de extracción de bienes naturales para la exportación, caracterizada por su gran volumen o alta intensidad (…) Complementariamente, se considera que el extractivismo remite a las actividades que utilizan o explotan bienes que son considerados no renovables como, por ejemplo, el petróleo, el gas o los minerales. A lo largo del siglo XX la prevalencia de una lógica depredatoria ha hecho que ciertas actividades pesqueras y madereras fueran consideradas también bajo el mismo rótulo” (Seoane, Taddei, Algranati, 2013: 24).

9El modo de obtener renta a costa de super explotar los recursos naturales, constituye para Harvey (2004) la acumulación por desposesión. Esta es la marca del nuevo imperialismo y se asienta sobre la depredación de bienes ambientales globales (tierra, agua, aire, biodiversidad). Svampa (2012) denomina a esta etapa que atraviesa América Latina como Consenso de los Commodities, que consiste en la intensificación y la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. Ello, al igual que en períodos anteriores, genera variadas formas de dependencia y dominación en el orden geopolítico mundial, en tanto algunos países (dependientes-periféricos) exportan sus bienes naturales, en su mayoría no renovables, y otros países (centrales) los emplean en la elaboración de manufacturas, adicionándoles valor.

10Gudynas (2011) explica que, en parte, esta tendencia se da por los cambios en las condiciones globales: por un lado, la debacle de los mercados financieros convencionales hace que muchos se refugien en las materias primas y, por el otro, el aumento de la demanda de los países asiáticos, en especial China.

La Meseta Central Santacruceña en tiempos recientes

11En 1991, la población rural total en la provincia (tabla 1) era de 13.763 y en 2001 de 7.596, mientras que para 2010 ascendía a 10.721. Probablemente, el incremento se asocie a la cantidad de personal que reside en los lugares de extracción y procesamiento del mineral, como así también a que la expansión de las ciudades se ha extendido más allá de los ejidos urbanos definidos originalmente. Para el caso de la población con empleos en el ámbito ganadero, debe haber descendido en la medida en que se redujo el stock ovino de 4.100.000 ovinos en 1988 a 2.165.000 en 2002, cifra en la que, con algunas oscilaciones, se ha mantenido desde entonces. De acuerdo al Ministerio de Hacienda (2018: 34), “en 2009 el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores) el eslabón primario da trabajo a 2.740 personas entre empleados rurales, encargados y personal transitorio”.

12La zona centro de Santa Cruz (Departamento de Magallanes y Río Chico), junto con la norte (Departamentos Lago Buenos Aires y Deseado) (ver figura 2), fueron las más afectadas por la erupción del volcán Hudson y es donde, a la vez que se despoblaban las estancias, se asentaba la gran minería transnacional.

Figura 2. Departamentos y Meseta Central Santacruceña

Figura 2. Departamentos y Meseta Central Santacruceña

Fuente: Elaborado por Ing. RRNN Paula Paredes, INTA EEA Santa Cruz, 2020.

13Para el año 2001 se aprecia el cambio en la composición del PBG en Santa Cruz. El subsector agropecuario, silvicultura, caza y pesca tiene para ese año una participación minoritaria en el sector primario, monopolizado por el subsector de minas y canteras, lo que da cuenta de este enroque entre ganadería ovina extensiva y gran minería, ocurrido en los años ´90. Con datos del PBG para 2011, continúa el descenso de la participación del subsector agropecuario y otros menores frente al avance de minas y canteras. En el caso de la producción ovina extensiva, en investigaciones y publicaciones anteriores hemos dado cuenta de resultados que muestran con bastante detalle el estado de la misma en la actualidad (Andrade, 2005; Andrade et al., 2010a; Andrade et al., 2019, también Bechtum, 2018).

14Distintas causas, algunas de ellas naturales (aridificación/desertización) y otras inducidas por la acción antrópica (desertificación), han llevado a una degradación del ambiente de tal magnitud que, en algunos espacios, la severidad de su manifestación los hace irreversibles y/o irrecuperables.

15En el ambiente de la MCS, comienza a generarse una modificación en el sistema biofísico con la llegada de los primeros pobladores y la introducción del ganado ovino (fines del siglo XIX comienzos del XX. Cfr. Andrade, 2005; Andrade et al., 2010a). La relación suelo-planta-animal, en un ambiente naturalmente hostil, se mantenía en un frágil equilibrio hasta ese momento. La introducción del ovino trae aparejada una serie de prácticas, propias de la actividad, donde no se estimaba la receptividad de los pastizales para calcular la carga ovina y la consecuencia fue la afectación del pastizal natural y degradación de los suelos por sobrepastoreo, pisoteo, tala de arbustos y otras prácticas nocivas (Andrade et al., 2010b). A esto se suman la erosión eólica como factor constante y de alto impacto, que se manifiesta por la formación de lenguas de avance, médanos, pavimentos, acumulaciones, etcétera, y la erosión hídrica a través de cárcavas, erosión laminar, denudación y arrastre de material. Ambos efectos se encuentran con tanta frecuencia que parecen formas naturales del paisaje, impidiendo ver con claridad en ellas una circunstancia natural potenciada por la acción antrópica.

16Sin embargo, el sistema se mantuvo funcionando prácticamente sin modificaciones durante décadas, sosteniéndose –aunque a la baja en general– hasta que la combinación de catástrofes ambientales y política-económica le da un golpe prácticamente definitivo en los ´90.

Los ´90: de la ganadería extensiva en suelo a la gran minería intensiva en capital

17A partir del año 1989, el presidente Menem encarnó un cambio de modelo en la economía nacional y Argentina atravesó una reforma estructural de corte neoliberal, que se alineó a los requerimientos impuestos por el Consenso de Washington (conjunto de estrategias de desarrollo defendidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), orientado a la desregulación de los mercados, la eliminación del déficit fiscal y la privatización de empresas y servicios públicos. El principal mecanismo para imponer estas medidas económicas en la Argentina, lo constituyó el enorme endeudamiento público con entidades financieras internacionales. El otorgamiento de nuevos préstamos, o la posibilidad de dilatar los pagos de la deuda, fue la estrategia utilizada para la aplicación de estas políticas.

18En este contexto, “la política institucional se muestra en la regulación de las nuevas normas jurídicas que el Estado adoptó y que garantizaron los derechos de las grandes corporaciones transnacionales, con la exclusividad del sector privado como único actor autorizado a explotar los recursos naturales”, según señalan Medina et al. (2008: 14).

19Así, se reformuló el marco jurídico del sector minero en consonancia con los intereses del capital internacional. El gobierno nacional y los provinciales acordaron en 1993 la promulgación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196 y modificatorias), la cual, hasta la actualidad, constituye, junto al Código de Minería, las bases del marco jurídico.

20A modo de respuesta a los intereses de los inversores extranjeros, las instituciones argentinas actuaron en función de satisfacer sus demandas, otorgando condiciones beneficiosas en materia impositiva y de seguridad en las inversiones. Estas demandas habían sido transmitidas a los funcionarios argentinos a través del Plan de Asistencia al Sector Minero Argentino (PASMA), financiado por el Banco Mundial, como así también mediante reuniones que mantuvieron en diversas instancias internacionales. En base a ello, fue que se inició el proyecto de modificación de la ley atinente a las inversiones mineras y también al código minero argentino.

21El nuevo marco legal fue auspiciado desde el Poder Ejecutivo Nacional y acompañado por los diputados y senadores, que respondían también a los intereses de los gobernadores provinciales, con el fin de formular la normativa que permitiera a las empresas extranjeras operar en sus respectivos territorios y, de esta manera, obtener mayores regalías.

22Precisamente, a través de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, las provincias tienen derecho a establecer regalías entre el 1 y el 3 % sobre el valor “boca mina” del mineral extraído (Godfrid, 2015). Se define –según Ley 25161/99– como el “valor boca mina” de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de los gastos y/o costos directos o indirectos inherentes al proceso de extracción. Además, las provincias se reservan el derecho de designar a las autoridades de aplicación de la legislación minera (en lo referido tanto a la cuestión de regalías como al impacto ambiental). Se concede a los inversores mineros una estabilidad fiscal durante treinta años (a partir del estudio de factibilidad), se otorgan beneficios respecto del impuesto de las ganancias (deducción del 100 % de los montos invertidos), y se exime a las empresas del pago de derechos a la importación. Asimismo, se promulga en 1995 la Ley de Actualización Minera (24.498), eliminándose con ella tanto la exclusividad del Estado para la explotación del recurso como las áreas de reserva para empresas públicas; y determinándose la libre comercialización interna y externa de todos los minerales, a excepción de los nucleares (Álvarez Huwiler, Godfrid, Duárez, 2015).

23En suma, relacionado con este nuevo marco legal, la Reforma Constitucional de 1994 significó un cambio profundo con relación a la explotación de los recursos naturales; por un lado, marcó la renuncia del Estado nacional a la propiedad de los mismos (gas, petróleo, minería) y consagró su provincialización; por otro lado, dio paso a una obligada privatización al excluir al Estado (provincial o nacional) de cualquier tipo de explotación de dichos recursos. En este marco, las grandes empresas transnacionales conformaron enclaves de exportación que fueron incluyendo la expansión de las fronteras mineras y energéticas. La nueva política se tradujo en una manera diferente de concebir el espacio geográfico nacional, que desplazó la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado nacional por la de “territorio eficiente” (Svampa, 2008).

24Todo este estímulo legal estatal a las inversiones mineras, sumado al declive de la ganadería ovina, es notorio en la MCS, cuando en los años ´90 comienzan a llegar las primeras inversiones de lo que será el nuevo boom productivo en el área, localizado ahora en el Macizo del Deseado. La gran minería trasnacional hace su primera apuesta fuerte con la construcción de la planta de Cerro Vanguardia, a 150 kms de Puerto San Julián. Tras ella vendrán otras y se multiplican las exploraciones, evidenciando el potencial productivo con eje en obtención de oro y plata.

25En la puesta en marcha de la institucionalización de la explotación minera, Santa Cruz había dado un paso previo con la creación por parte del Estado provincial de la empresa Fomento Minero Santa Cruz (FOMICRUZ, instituida bajo Ley 2057 en noviembre de 1988). FOMICRUZ destaca porque fue fundada antes de que comenzara a regir el nuevo sistema legal minero vigente (que impide al Estado poseer o participar directamente en la explotación de minas) y de que la ola privatizadora alcanzara al petróleo, lo que posibilitó contar con una cartera inicial de propiedades muy interesantes, tanto en hidrocarburos como en minería.

26El caso del yacimiento Cerro Vanguardia sería uno de ellos. Las prospecciones habían sido realizadas durante los años ´70 mediante el Plan Patagonia Comahue del Estado Nacional, y pasaría a formar parte de la cartera de FOMICRUZ. Así, en primer lugar, la empresa estatal, con esas propiedades, logrará acuerdos de participación muy convenientes. El segundo aspecto que resalta de FOMICRUZ es que, además, invierte en prospección y exploración en cada una de sus propiedades y luego busca asociarse para realizar la exploración avanzada y explotación ya como socia, pero siempre aportando el capital de ser propietario del yacimiento (Recuperado de Enernews, 2015).

27En el año 1990, FOMICRUZ convocó a empresas para llevar adelante la prospección y exploración con derecho a opción para la explotación del prospecto Cerro Vanguardia. Como resultado, resultó adjudicada la empresa Minera Mincorp S.A, perteneciente a capital nacional de la familia Pérez Companc. En 1991, se firma el contrato de constitución de Mincruz UTE (formada por Mincorp y FOMICRUZ) por veinticinco años, a partir de finalizada la exploración con opción a renovación de común acuerdo de las partes. En 1992, FOMICRUZ concursó las áreas norte y este del Cerro Vanguardia, que también se adjudicó Mincorp, cubriendo los 514 km2 del yacimiento.

28La exploración inicial se extendió hasta 1996, culminando con el estudio de factibilidad completo y compensado con la estabilidad fiscal por treinta años (otorgada por la Ley de Inversiones Mineras de 1994). Iniciada la producción, a finales de 1996, la empresa se reestructuró, convirtiéndose en Cerro Vanguardia S.A. e incorporando a FOMICRUZ como socia accionaria del 7.5 % y participando Anglo Gold Ashanti y Pérez Companc con el 46.25 % cada una. En el año 2002, Anglo Gold adquirió la participación de Pérez Companc, pasando a retener el 92.5 % de las acciones.

29La capacidad de FOMICRUZ para realizar alianzas accionarias ha ido en aumento, según datos oficiales; además de estar asociada con Cerro Vanguardia (7.5 %), tiene participación en el paquete accionario de otras empresas mineras: el 5 % en Cerro Moro, usufructo del 2 % en Bahía Laura, 10 % en Lomada de Leiva, 15 % en Nueva Esperanza y podrá participar entre el 9 % y 49 % de Cerro Cazador, sin contar las diez uniones transitorias de empresas con las que participa en la explotación de hidrocarburos con una participación del 3.5 al 13 %. Todo esto genera fondos públicos de los que no se tiene conocimiento.

30En el proceso hasta aquí descrito, es paradójico que, a pesar de la consiguiente disminución del poder fiscalizador del Estado en los años ´90, tras la liberalización comercial y las nuevas leyes generadas en torno a la minería, en el caso de Santa Cruz, ese poder aumentó en el sector minero a favor del gobierno provincial, mediante los acuerdos accionarios que alcanza FOMICRUZ con las empresas transnacionales como condición sine qua non para operar en territorio santacruceño. En este sentido, si bien el entonces gobernador y posterior presidente de Argentina, Néstor Kirchner, exhibiría un discurso antiimperialista, desde el Estado provincial se asociaría con el capital transnacional extractivo y desde el ámbito nacional, una vez en funciones como máxima autoridad política nacional, no haría ningún tipo de modificación a las leyes de corte neoliberal, permitiendo la continuidad del modelo extractivo, del que Santa Cruz es uno de los pioneros en Argentina.

Las “no resistencias locales” en Puerto San Julián en torno al yacimiento Cerro Vanguardia

31En América Latina, el nuevo ciclo de acción colectiva, que señala una progresiva multiplicación de las luchas contra las reformas neoliberales, se inicia en el año 2000, según expresa Svampa (2010: 4), y enarbola una variedad de reivindicaciones que van desde las autonomías indígenas hasta los recursos naturales y las formas de representación política en los países del continente.

32Los conflictos por la minería a gran escala en Argentina surgen y ganan visibilidad en la década del 2000. Así, en Argentina, la primera protesta social organizada contra una empresa transnacional minera ocurrió en Esquel, Chubut (Patagonia), en el año 2002. Desde entonces, el desarrollo minero transnacional se ha politizado radicalmente con la propagación progresiva de los conflictos socio-territoriales en más de diez de las veintitrés provincias del país. Solo en la última década, han surgido más de setenta movimientos socio-ambientales en toda Argentina (Schein, 2016: 1).

33La experiencia de Esquel constituyó un antecedente importante para la construcción de un “marco de acción colectiva” que se inscribe en la categoría de “vecinos autoconvocados”, a través de una forma de organización que enfatiza la autonomía política del movimiento (Forlani et al., 2016).

34La explotación minera en San Julián ya llevaba en marcha unos seis años cuando sucedió el movimiento de Esquel. En San Julián, no se conformó un movimiento de acción colectiva. En este sentido, Svampa (2008: 23) señala que:

la posibilidad de éxito de las movilizaciones socio-ambientales también está ligada a la etapa de realización en la cual se encuentra el proyecto (prospección, exploración o explotación). Así, la mayor parte de las acciones exitosas se refieren a proyectos mineros que se encontraban en una etapa de prospección o exploración. Muy diferente es el caso de las acciones de resistencia, una vez que el emprendimiento se encuentra en una fase de explotación y desarrollo.

35A pesar de todas aquellas consecuencias negativas socio-ambientales que podría traer la explotación del mineral, la población de San Julián no se mostró reticente a la explotación minera, no existiendo prácticamente contestación social ni política al proyecto extractivista, como sucedería en otras localidades argentinas en años posteriores.

36Para ello debemos remitirnos a comienzos de los años ’90, donde la frase “que el último que se vaya apague la luz”, utilizada por el expresidente Néstor Kirchner en su discurso del 103 aniversario de Puerto San Julián, rememora los años ´90 cuando era gobernador de Santa Cruz y remitía a las secuelas que dejó en el campo y en la localidad la erupción del volcán Hudson en 1991 (Casa Rosada, 2004).

37Esa expresión, popular en aquellos años, significaba lo poco que quedaba por hacer en San Julián, sumida en un entorno económico dramático, que repercutía en la localidad en escasa generación de empleo y un futuro poco prometedor. Este fue uno de los elementos que propició el discurso alentador y pro-minero desde el gobierno y que se afianzó en la gran mayoría de los pobladores locales. Si no había futuro, ¿por qué la sociedad sanjulianense iba a rechazar la explotación de la mina de oro del yacimiento Cerro Vanguardia, que prometía trabajo e inversiones?

38Unos años más tarde, con la mina en producción, resultaría aún más complejo que se conformara un movimiento anti minero imitando a Esquel. Y la explicación de este resultado puede deberse en parte en que la empresa Anglo Gold Ashanti actuó de manera estratégica a partir de 2003, planificando la puesta en marcha de un plan de Responsabilidad Social Empresaria, acompañado por el gobierno local y provincial. Así, se daría forma a la Fundación Agencia de Desarrollo, como referente de incubadora de proyectos de desarrollo y generada con un plan participativo en el que determinados sectores de la localidad formulaban estrategias y acciones a realizar, pensando en “el desarrollo endógeno de San Julián”, y preparando a los habitantes para un San Julián sin minería de cara al 2020. Así, la empresa se acercaba a la población, dotándola de recursos económicos que “generaran oportunidades de desarrollo empresarial local”, entre otros.

39Otro de los obstáculos en la conformación de un movimiento de acción colectiva, puede hallarse en los efectos del modelo rentista, que conformado desde mediados del siglo pasado en la provincia, ha generado gobiernos que tienen carácter de subsidiadores, con una economía que gira en torno a la redistribución estatal de los ingresos percibidos por regalías (Schinelli et al., 2011), lo que conlleva a una alta dependencia de la población hacia el empleo público y/o subsidios estatales, circunstancias que no facilitan la formación de grupos de presión, por temor a perder “las asistencias obtenidas” (empleos, viviendas, contratos empresariales, subvenciones de todo tipo, etcétera).

40En palabras de Gervasoni (2010: 86), esta situación posibilita que:

allí donde el Estado cuenta con acceso a generosos recursos fiscales que no provienen de los impuestos sino de la apropiación de una renta extraordinaria de recursos naturales (especialmente hidrocarburos y minerales), los gobernantes logran fácilmente subyugar a la sociedad. Se trata en alguna medida de una aplicación invertida de la idea de “no taxation without representation”: aquellos pueblos que en vez de sostener al Estado con sus impuestos dependen para su bienestar de las rentas que este distribuye (en forma de salarios, subsidios, contratos, publicidad oficial, etcétera), tienen menos incentivos y capacidad para demandar derechos democráticos o apoyar movimientos opositores (86).

41En Santa Cruz, hubo –aun en un contexto similar al que terminamos de definir– movimientos de resistencia y oposición, posiblemente fagocitados por la propia inercia de una sociedad que, salvo sectores puntuales, ha perdido la voluntad de lucha. Veamos, como cierre del apartado, dos reclamos, realizados hace más de una década, en dos ciudades afectadas, directa o indirectamente, por la gran minería transnacional. Una, escrita en ocasión del cierre (o “impase”) de Mina Martha:

Ahora somos nosotros los enemigos. Los que insistimos con que las regalías no son suficientes y apenas alcanzan. Los que exigimos la eliminación de la lixiviación con cianuro, los que pedimos mayores controles. Los que tratamos de convencer a las instituciones intermedias, organizaciones locales que ´EVITEN PEDIR´ bajo el concepto de TOTAL SE LLEVAN TODO, entonces VAMOS A SACARLES ALGO, recibiendo solo migajas de lo que en definitiva es nuestro
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gobernador Gregores, 6-7-2010.

42En la otra, los Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno y la Comisión de Vecinos en defensa del Lago Buenos Aires-Los Antiguos- Santa Cruz:

(...) arbitrariamente se fijan distancias de explotación y procesamiento en cercanías de ríos, lagos y cascos urbanos, sin considerar estudios hidrogeológicos sobre el comportamiento de las aguas subterráneas, ni factores climáticos, atmosféricos o movimientos telúricos. No hay consideración alguna de la explotación petrolera ni uranífera que son de altísimo impacto, ni mención sobre los emprendimientos que pueden afectar las cuencas hídricas compartidas entre Chile y Argentina
RENACE, 12/2009.

Explotación minera y aumento poblacional en San Julián

43Actualmente, nueve empresas extraen o extrajeron minerales metalíferos (solo una terminó la producción en 2012) y llevan obtenidas –según información oficial– más de 9.500.000 de onzas de oro. Esas empresas, radicadas en diferentes ciudades ubicadas en la MCS o próximas a ella, han provocado la movilización de contingentes poblacionales en busca de nuevas, más y mejores oportunidades laborales, cuya magnitud es apreciable en la comparación de Censos Nacionales de Población, como así también en diversos relevamientos que, por su propia cuenta, han asumido diversos municipios de la región.

44En Puerto San Julián, las comparaciones intercensales dan cuenta del crecimiento, pasando de poco más de 5.000 habitantes en 1991 a más de 6.200 en 2001, y el CNP 2010 arrojó que habitaban en la ciudad 9.200 personas. Las estimaciones más recientes ubican la población en alrededor de 17 mil para 2020.

45En un relevamiento por encuesta y muestreo probabilístico que realizamos en 2018, tuvimos la posibilidad de aproximarnos al poderoso atractivo que la gran minería trajo consigo a localidades como Puerto San Julián:

Tabla 2. Lugar de nacimiento de residentes en Puerto San Julián. En %

Lugar de nacimiento %
En esta localidad 50,9
En otro lugar provincial 11,5
En otra provincia 33,3
En un país limítrofe 4,4
Total 100,0

Fuente: Datos propios del relevamiento socio-ocupacional y demográfico de PSJ. 2018.

46Otra variable relevada en esa ocasión muestra con mayor precisión que el porcentaje de población acumulado, de población arribada, en los últimos veinte años es superior al 70 %, por lo cual cobran sentido las especulaciones acerca del número real de población en la ciudad (aprox. 17.000) por sobre la cifra arrojada por el Censo Nacional de Población de poco más de 9 mil, relevamiento que ha sido objeto de serias dudas sobre el nivel de cobertura real que tuvo en el territorio.

Tabla 3. Años que el/la jefe/jefa de hogar reside en PSJ. Abs y %

Años de residencia %
1-5 años 26,4
6-10 años 30,5
11-15 años 11,2
16-20
21 y más años
Total
10,7
21,3
 100,0

Fuente: Datos propios del relevamiento socio-ocupacional y demográfico de PSJ. 2018.

47Nuestros propios relevamientos muestran que la composición de la población de la ciudad, según tiempo de residencia y lugar de procedencia, se ha modificado de manera sustantiva durante los últimos veinte años (Andrade, 2006, 2009 y 2018, ver tablas 2 y 3).

48Respecto de la inserción laboral, según los últimos datos oficiales disponibles (al 31 de julio de 2016), sobre un total de 40.129 asalariados vinculados al sector minero en el país, en Santa Cruz encontramos 8.353, de los cuales 5.650 están ligados directamente al ámbito productivo (INDEC-Censo Nacional de la Actividad Minera, 2017). Según un Informe del Ministerio de Hacienda (2018: 17), en la actividad minera “la creación de puestos de trabajo ha sido baja en relación al valor de la producción minera generado. Esto se corresponde con la tendencia mundial de la gran minería a incrementar la productividad en base a un uso intensivo de capital y a los programas implementados para la reducción de costos”.

49Sin embargo, el empleo público en la provincia y en el municipio ha crecido. Esto se debe, en gran medida, a que las rentas obtenidas por minerales sirven para financiarlo. Así, Santa Cruz se constituye en la tercera provincia con mayor porcentaje de empleo público como proporción del empleo formal total (51.6 %), y la jurisdicción dependiente de minerales, con la peor proporción (1.4) de público versus empleo privado (González y Lodola, 2019: 29). En efecto, entre 1993 y 2013, el empleo público pasó de 80 trabajadores por cada 1.000 habitantes a 110, equivalente a un 38 %. El incremento en el resto del país durante el mismo período fue de 51 a 67 trabajadores o 31 %. Por esa razón, el gasto corriente como porcentaje del gasto total del gobierno en Santa Cruz casi se duplicó, aumentando del 55,4 al 91,3 % (ibídem).

50Torunczyk (2015: 198) afirma que “En Puerto San Julián, también el empleo público siguió creciendo, una vez que el proyecto minero estuvo en marcha, pasando el municipio de estar en el año 2003 con 345 empleados a 700 en el año 2012”. En este sentido, se advierte que la mayor parte de la población “no vive” de las producciones propias de la región (carbón, petróleo, gas, industria), sino que se apropia de la renta que percibe el Estado por la explotación exógena de tales recursos (Vacca, Schinelli, 2005).

Macizo del Deseado y gran minería

51El Macizo del Deseado es una provincia geológica que abarca un área de unos 60.000 km2 (Guido y González Guillot, 2004, ver figura 3), localizado en el centro-norte de la provincia (entre los ríos Deseado al norte y Chico, al sur) y, por sus características geológicas, rica en minerales y metales preciosos (Ministerio de Hacienda, 2018). Políticamente, el área del Macizo involucra parte de los Departamentos Lago Buenos Aires, Deseado, Magallanes y Río Chico, y es la misma área en la cual se asentó y prosperó la ganadería ovina extensiva durante más de cien años, encontrándose todavía hoy un importante número de establecimientos que pugnan por continuar produciendo a la sombra de la gran minería.

Figura 3. Macizo Deseado y actividad minera

Figura 3. Macizo Deseado y actividad minera

Fuente: Tomado de Guido, D. y González Guillot, M. (2004). Procesamiento de imágenes satelitales y cartografía digital geológico-metalogénica en el sector oriental del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina. Conference Paper, https://www.researchgate.net/​publication/​325270678

52La Ley de la Legislatura Provincial 3105 (2009) establece un Área de Especial Interés Minero. Si se observa la figura 4, se aprecia que coincide casi palmo a palmo con la MCS, preservando aquellas zonas o espacios de valor arqueológico (como las Cuevas de las Manos) y establece zonas buffers en ríos, lagos y poblaciones. El Macizo Deseado está en su totalidad dentro de la MCS y, cuando se estableció aquel área, se conocía que los metales preciosos se ubicaban allí. Esta delimitación fue (sobre todo en 2011) objeto de controversia entre las empresas y las provincias, pues aquellas consideraban inconstitucional que Santa Cruz restringiera el derecho a explorar y explotar potenciales yacimientos que les otorga normativas de nivel nacional, como el Código de Minería y otras.

Figura 4. Área de Especial Interés Minero y MCS

Figura 4. Área de Especial Interés Minero y MCS

Fuente: Elaborado por Ing. RRNN Paula Paredes, INTA EEA Santa Cruz. 2020.

53En la actualidad, Cerro Vanguardia (desde 1998), Mina Martha (2001-2012, COEUR Argentina; desde 2017, Cerro Cazador SA), San José (desde 2007), Manantial Espejo (desde 2009), Lomada de Leiva-CAP Oeste (desde 2012), Cerro Negro (desde 2015), Don Nicolás (desde 2017) y Cerro Moro desde 2018, han producido más de 9,5 millones de onzas de oro y más de 220.700.000 onzas de plata y la exploración para establecer nuevos emprendimientos extractivos de buena parte del Macizo continúa a buen ritmo. El crecimiento del sector minero exportador es claramente visible en Perfiles Exportadores Provinciales, boletín que publica la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC, varios años). En el presupuesto provincial 2018, el ingreso por regalías de petróleo, gas y minería fue de $5.679.991.040, lo que equivale al 17 % del presupuesto de ese año (Ley 3590 - Legislatura de Santa Cruz).

54La extracción de oro y plata en las magnitudes que referimos está directamente asociada a la discusión sobre las regalías e impuestos que se abonan por estas súper ganancias que obtienen las empresas, atendiendo a que el costo operativo de producir una onza de oro varía entre 700 y 950 dólares (según refirió un directivo de empresa minera) y el precio internacional de la misma onza se mantiene desde hace años por arriba de los 1.200 dólares y en los últimos dos o tres años por encima de los 1.600, sin contar los ingresos por venta de plata ni las exenciones impositivas ni reintegros. La normativa que regula la explotación minera es bastante amplia y permisiva en lo que a estructura de impuestos se refiere, y ha sido y es objeto de críticas constantes (Galafassi, 2010 y 2011; Sereno, 2011; Carrizo, Forget y Denoël, 2016).

55Tal es la rentabilidad, que la provincia de Santa Cruz, además de lo que obtiene por ser socia de las empresas mineras a través de FOMICRUZ, en la que participa en un 7,5 % de las ganancias, implementó el fideicomiso UNIRSE (constituido en 2016 por Decreto 1188 con la participación de las empresas mineras Oroplata SA –propietaria de Cerro Negro–, Minera Santa Cruz –propietaria de San José– y Cerro Vanguardia SA, ECOJOURNAL), que se financia con un porcentaje variable –nunca superior al 2 %–, calculado sobre el valor FOB de su facturación mensual (Ley 3476, Legislatura de Santa Cruz). Del monto y destino de estos fondos, no se tiene conocimiento público.

56Una idea de la magnitud de la recaudación que posibilita tanto FOMICRUZ como UNIRSE, lo dan las cifras de las exportaciones provinciales en 2018: el oro (bajo la forma de bullón doré) sumó 1.102 millones de dólares FOB, acaparando el 53 % del total de las exportaciones provinciales; la plata (en concentrado) aportó 119 millones de dólares FOB y participa con el 5,8 % del total provincial. La lana sucia, producto estrella de la MCS durante décadas, llegó a los 22,6 millones de dólares FOB: apenas el 1,1 % del total de exportaciones, lo cual es clara evidencia de la reconversión que, de hecho, ha ocurrido en la economía y el sistema productivo provincial (Informes Productivos Provinciales, 2018).

57La mayoría de las empresas mineras ha puesto en marcha dispositivos vinculados a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (Cafiero, 2010; Godfrid, 2017), transformando de este modo parte de sus ganancias en acciones de políticas públicas a través de Agencias de Desarrollo Local (ADL), por ejemplo. Estos fondos, que están asociados con acuerdos específicos suscritos entre cada empresa y diferentes organizaciones de la sociedad civil en cada localidad, se otorgan bajo diferentes modalidades (subsidios, préstamos a baja tasa, aportes no reintegrables, etcétera). Las diversas miradas que sobre este fenómeno se pueden encontrar muestran que, al menos, es una actuación abierta a polémica y que admite múltiples miradas.

58En junio de 2004, importantes actores institucionales de la localidad de Puerto San Julián, el Estado Provincial de Santa Cruz y la empresa Cerro Vanguardia S.A., crean una Agencia de Desarrollo. En junio de 2008, la misma Agencia entrega a la comunidad de la localidad y al Estado Municipal el Plan Participativo de Desarrollo Sustentable de Puerto San Julián y su Zona de Influencia “San Julián piensa San Julián 2020”, plan de desarrollo estratégico para la búsqueda de alternativas económicas y laborales para el 2020, año que se estimaba como el de cierre del proyecto. En abril de 2010, el Estado Municipal, la Empresa Cerro Vanguardia SA y la Agencia formalizan el Primer Acuerdo de Responsabilidad Social (Mansilla, 2014).

59A través de una línea de créditos, la ADL comienza a gestionar fondos de terceros exclusivamente para promover y financiar proyectos productivos y de servicios, seleccionando los beneficiarios y las condiciones de otorgamiento. El municipio, mediante el Banco Solidario, es el ejecutor del reembolso (Mansilla, op. cit.). Las decisiones en la Agencia de Desarrollo las toma un directorio compuesto por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Cerro Vanguardia, Ejecutivo Municipal, Ejecutivo Provincial, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, Universidad y dos concejales (mayoría y minoría) por el Honorable Concejo Deliberante. A partir del año 2010, se institucionalizan los Acuerdos de RSE que formalizan el vínculo entre la empresa Cerro Vanguardia SA, el Estado Local y la Agencia de Desarrollo. El monto de los aportes financieros depende de la utilidad anual de la empresa y ha demostrado un incremento constante.

60La Agencia se convierte, en la localidad, en la financiera de proyectos de emprendedores locales, pero también en la que subsidia los gastos que no pueden solventar al municipio u otras instituciones locales como hospital, universidad, colegios, clubes o asociaciones. En este sentido, gran parte de las obras municipales se cubre con los fondos de Acuerdo de RSE que se firma año tras año (aeropuerto, planta de procesamiento de pescado, planta de tratamiento de residuos, natatorio, entre otros), y que financian hasta espectáculos o monumentos.

61Paradójicamente, a pesar de tener ingresos a través de FOMICRUZ, de los fideicomisos y de las regalías, el Gobierno Provincial también demanda a la ADL aportes no reembolsables para la compra de maquinarias o insumos para sus dependencias en la localidad (por ejemplo, entre otros, la empresa de servicios públicos, el hospital o colegios públicos provinciales).

62Esta somera revisión deja entrever que este espacio institucional no encuentra la manera de “generar el desarrollo endógeno” que necesita San Julián para un futuro sin minería y, por un lado, sirve por un lado como legitimador de la actividad minera y, por otro, como herramienta con fines electoralistas de la política local y provincial.

63Bechtum (2018: 169) afirma que:

la agencia funciona como una suerte de cooptación económica de los principales actores sociales de la comunidad por la empresa y, a la vez, ejerce su influencia corporativa sobre casi cada ámbito social y productivo del lugar. La manera de involucrar todas las instituciones sociales y representantes de diferentes opiniones políticas, no solo permite dominar las discusiones sobre el futuro cercano de la localidad con una lógica corporativa, sino también permite marginalizar voces críticas que problematizan las consecuencias ambientales y sociales, ya que la mayoría de las instituciones y los actores involucrados se benefician en términos materiales de los fondos provenientes de CVSA-Anglo Gold Ashanti.

64El análisis de los montos recibidos e inversiones realizadas con los mismos, en el caso de la Fundación Agencia de Desarrollo Local de Puerto San Julián (Vaca, 2013), muestra que al menos no es tarea fácil promover actividades que apunten a la creación de fuentes de empleo genuino en la localidad, atendiendo a que una de sus metas es pensar lo que se denomina la post-vanguardia, es decir, apuntar a sostener la actividad económica una vez que la empresa minera se retire y cientos de los más de 1.000 empleos directos e indirectos (aproximadamente 700 son planta permanente de la propia empresa), retornen de manera definitiva a la ciudad como desocupados.

65Estas intervenciones, dependiendo del contexto en que se den, pueden pensarse desde la idea de “actor social total” (Svampa y Antonelli, 2009: 47), atendiendo al impacto que las mismas pueden tener en comunidades pequeñas, ejemplificado en la noticia de un medio regional: “Cerro Vanguardia financiará proyectos a San Julián por más de 73 millones de pesos” (La Opinión Austral, Río Gallegos, 3/5/2019). Al decir de Saguier y Peinado (2014, 22):

(…) en el marco de una estrategia de provincialización de la relación minería-desarrollo, tampoco hay una redefinición del rol posible para la sociedad, en tanto lo que se busca a través de la promoción de los “logros sociales” de la minería es generar el consenso social por parte de las poblaciones locales, de manera de obtener una suerte de licencia social implícita.

Reflexiones de cierre

66El inicio de la actividad productiva en la Meseta Central Santacruceña fue a fines de 1890 con la ganadería ovina extensiva, años más tarde se inicia la explotación petrolífera en áreas del noroeste provincial y, desde mediados de la década de 1990, inicia la gran minería transnacional en el Macizo Deseado.

67La ganadería definió la ubicación de los principales centros urbanos del área, los que fueron originalmente centros de servicios para esa actividad, los cuales con el petróleo y la minería fueron consolidando las características que presentan actualmente, sobre todo, altos porcentajes de población de origen migrante (nacional y extranjera), arribada en busca de oportunidades laborales.

68En un ámbito geográfico caracterizado por un clima agresivo, las diferentes actividades emergieron y se sostuvieron y permiten, especialmente en el caso de la gran minería, acumular enormes riquezas y dejan en el territorio una ínfima parte de las ganancias a través de mecanismos de RSE. En las localidades, el incremente poblacional que la gran minería promovió puede transformarse en un serio problema social cuando la actividad concluya; para entonces, los riesgos y desafíos deberán ser asumidos por las administraciones políticas provincial y local en un contexto, probablemente, de restricciones presupuestarias.

69En este sentido, algunas situaciones críticas son visibles desde hace años en ciudades como Puerto San Julián, donde un número variable (y en aumento) de familias recibe la asistencia oficial para garantizar su propia subsistencia.

70Mientras tanto, en la Agencia de Desarrollo Local –financiada con fondos de RSE– se visualiza que directores de ese espacio institucional, cuya tarea más relevante es decidir el destino de los fondos de RSE pensando en el futuro de San Julián después de la minería son, además de figuras de actualidad en la política provincial, también empresarios proveedores de las corporaciones mineras, por lo que queda difusa la representación de intereses que se juegan en ese espacio.

71Nada indica que la Agencia de Desarrollo, cuyo mandato –verbalizado por funcionarios de esa organización así como por políticos y dirigentes mineros– es pensar la “pos-vanguardia” –un final a la vuelta de la esquina– no está pudiendo aportar sustantivamente a ese afrontamiento y sí parece carecer de las previsiones y seguridades mínimas para ese futuro. Cuando la crisis se desate en este territorio, las grandes empresas habrán facturado y cerrado su ejercicio, mirando nuevos destinos.

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Table des illustrations

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Crédits Fuente: Censos Nacionales de Población/INDEC.
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Titre Figura 1. Estado de la producción en la Meseta Central Santacruceña
Crédits Fuente: Definición de situaciones y digitalización en el marco del PICT 2014-3261 (AGENCIA/UNPA).
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Titre Figura 2. Departamentos y Meseta Central Santacruceña
Crédits Fuente: Elaborado por Ing. RRNN Paula Paredes, INTA EEA Santa Cruz, 2020.
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Titre Figura 3. Macizo Deseado y actividad minera
Crédits Fuente: Tomado de Guido, D. y González Guillot, M. (2004). Procesamiento de imágenes satelitales y cartografía digital geológico-metalogénica en el sector oriental del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina. Conference Paper, https://www.researchgate.net/​publication/​325270678
URL http://books.openedition.org/ariadnaediciones/docannexe/image/12065/img-4.jpg
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Titre Figura 4. Área de Especial Interés Minero y MCS
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Crédits Fuente: Elaborado por Ing. RRNN Paula Paredes, INTA EEA Santa Cruz. 2020.
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Auteurs

Dr. y Lic. en Sociología; Mg. en Metodología de la Investigación Científica. Profesor Asociado Regular en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Unidad Académica San Julián (UASJ) (provincia de Santa Cruz, Argentina), investigador radicado en el Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) e integrante de la Carrera de Investigador Científico de CONICET. Su área de docencia -grado y posgrado- es la metodología de la investigación en ciencias sociales y la sociología aplicada a cuestiones ambientales. En investigación aborda temas de desarrollo rural y transformaciones territoriales, sobre los cuales es autor de artículos, libros y capítulos.
Radicado en Puerto San Julián, desarrolla su actividad desde hace más de 25 años en el ámbito de la estepa patagónica, donde comenzó indagando el fenómeno de la desertificación desde la mirada sociológica y desde hace unos años indaga acerca de las consecuencias que la gran minería transnacional trae consigo para el ambiente y la sociedad en la región.
Ha dirigido y dirige proyectos de investigación y extensión financiados por la UNPA, CONICET, AGENCIA y otros organismos nacionales y, en el marco de estos, dirigió y dirige pasantes, becarios y tesistas de pregrado, grado y posgrado.
Ha sido director de la Maestría en Metodología de las Ciencias Sociales en la UNPA y ocupó cargos de gestión institucional como Dirección de Departamento de Ciencias Sociales y Secretaría de Investigación.

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Magíster en Economía Aplicada y en Comercio Internacional y Relaciones Internacionales (UNED- Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid). Actualmente es Doctoranda en el Doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNPA y Becaria Doctoral CONICET- CIT Santa Cruz. Docente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en el área de Economía.

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