Introducción

1En perspectiva histórica, podemos observar durante los primeros años de la vuelta a la democracia en Chile, la canalización de la conflictividad socio-ambiental, a través de diversos dispositivos de participación ciudadana de la política pública y las expectativas generadas en la población por la aprobación en 1994 de una Ley General de Bases del Medio Ambiente, que se hizo efectiva el año 1997, cuando fue admitido su reglamento. No obstante, en el mismo período se aprobaron diversos proyectos que generaron un incremento exponencial de los conflictos a lo largo del país, los cuales irán en aumento durante las siguientes décadas, producto de la ampliación (y las consecuencias) de los extractivismos en los territorios.

2En el norte, los conflictos etno-ambientales por la extracción de aguas en el salar de Atacama y la Defensa del Tatio ante los desastres generados por las exploraciones geotérmicas, tendrán su correlato en la intensificación de los conflictos en la zona central contra la agroexportación y la sobreexplotación del agua, así como el agravamiento ambiental en complejos minero-energéticos como el de Ventanas en la comuna de Puchuncaví. En el sur, las forestales, celulosas y salmoneras provocarán importantes activaciones de protesta y denuncia por los daños que estas actividades extractivas generan (Bolados, 2014, 2016). Con este escenario de conflictividad ambiental en el país y su interés por incorporarse a instancias multilaterales como la OCDE, la institucionalidad ambiental se reformaría el año 2010, a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, dando pie a la Nueva Institucionalidad Ambiental (NIA), que rige actualmente en el país (Pelfini y Mena, 2017).

3Durante la década siguiente (2010-2020), se encadenará uno de los procesos de movilizaciones y protestas más significativo desde la vuelta a la democracia, con movilizaciones estudiantiles (secundarias y universitarias), que contaron con miles de estudiantes organizados a lo largo del país. Estas movilizaciones consiguieron permear a diversas organizaciones sociales y ambientales del país, proliferando una serie de protestas de carácter regionalistas, ambientales e indígenas, que ponían en el centro de sus cuestionamientos los alcances y limitaciones de la legislación ambiental e indígena de los años 90 (Bolados, 2016), así como los impactos sociales y ambientales de una economía que tiene entre sus principales fundamentos la exportación de materias primas (principalmente el cobre) con poco o nulo valor agregado. Lo anterior derivó en una creciente crisis de legitimidad del sistema político-institucional imperante, así como una fisura parcial de la hegemonía del neoliberalismo maduro chileno (Gómez, 2010), que tendría su eclosión en la revuelta social de octubre de 2019.

4En el contexto del inicio de este ciclo de movilizaciones, y producto de las intoxicaciones masivas de estudiantes y profesores de la escuela La Greda de Puchuncaví a inicios del 2011, empezó a tomar fuerza en los debates, documentos y declaraciones de diversos investigadores, autoridades, agrupaciones y medios de prensa, el uso del concepto “zonas de sacrificio” para referirse a territorios afectados por una extrema situación de injusticia ambiental. No obstante, a pesar de su amplia difusión, no existía desde sus distintos actores una definición compartida sobre su significado y aplicación.

Génesis del concepto “zonas de sacrificio”

5En un análisis genealógico del concepto en Estados Unidos, Steve Lerner (2010) advierte que el término “zonas de sacrificio” posee sus orígenes en el período de la Guerra Fría, donde la competencia armamentista con la Unión Soviética tuvo como consecuencia la proliferación de áreas seriamente contaminadas, producto de la radioactividad ocasionada por la minería de uranio y los desechos tóxicos desprendidos de la creación de armas nucleares. Estas áreas fueron denominadas por los propios funcionarios del gobierno estadounidense como “National Sacrifice Zones”, siendo posteriormente cercados muchos de estos sitios, junto a la instalación de señales de advertencia sobre la peligrosidad de la contaminación acontecida en el lugar. No obstante, en otros sitios no sucedió aquel cercamiento y contención, con personas habitando actualmente en estos territorios y enfermándose gravemente producto de la contaminación. Hoy en día, cientos de estas “National Sacrifice Zones” siguen estando segregadas a lo largo de Estados Unidos, donde los subproductos de las operaciones de uranio, las instalaciones de producción de armas nucleares y los sitios de prueba atómica, han dejado paisajes irradiados e inhabitables.

6Estas zonas se han caracterizado por estar asentadas en sitios donde viven poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, las cuales deben realizar sacrificios económicos y de salud desproporcionados, que solo las personas más adineradas pueden evitar (Lerner, 2010). Para el autor estadounidense, las áreas contaminadas con radioactividad no son las únicas zonas “sacrificadas” por una intensa contaminación ambiental, sino que el estatus de “sacrificio” fue ganando adhesión hasta un rango más amplio de la población, el cual abarca una amplia gama de territorios gravemente afectados por la contaminación ambiental al estar asentadas sobre zonas adyacentes a industrias o bases militares altamente contaminantes.

7El reclamo contra esta radical forma de contaminación ambiental fue ganando terreno producto de las acciones de activistas pertenecientes al Movimiento de Justicia Ambiental de los EE. UU. de mediados de los años 80, el cual, según Lerner (2010), tuvo su génesis en los suburbios de Houston en 1979, donde la población afro-americana residente presentó una demanda contra la “Browning-Ferries Industries” por discriminación ambiental al ubicar un vertedero de desechos tóxicos en su comunidad.

8Para otros autores, como Joan Martínez Alier (2004), el momento inicial del Movimiento por la Justicia Ambiental fue el año 1982 con sede en Warren, de Carolina del Norte, año en que el gobernador Jim Hunt decidió ubicar un vertedero para desechos de PBC (pliclorobinéfilos). La población en aquel condado era de alrededor de 16.000 habitantes, de los cuales el 60 % era afrodescendiente, y la mayoría de ellos se ubicaba por debajo del umbral de la pobreza. De este modo, una lucha que era de carácter local se convirtió luego en una protesta masiva no violenta, con apoyo y cobertura nacional, resignificando, al mismo tiempo, el concepto de justicia ambiental:

movimiento consciente de sí mismo, la Justicia Ambiental lucha contra la asignación desproporcionada de desechos tóxicos o a la exposición a diferentes formas de riesgos ambientales en áreas predominantemente pobladas por gente afro estadounidense, latina o indígena. El lenguaje que emplea no se refiere a externalidades no compensadas sino a discriminación racial, lo que resulta políticamente potente en Estados Unidos, debido a la larga lucha por los derechos civiles
Martínez Alier, 2004: 210.

9Robert Bullard (1994, en Martínez Alier, 2004) afirma que el Movimiento de Justicia Ambiental abarca mucho más allá de las minorías raciales de Estados Unidos, por lo que es necesario pensarlo a un nivel multifacético, multirracial y multirregional, puesto que tiene que ver con los pobres en todas partes, incluyendo las comunidades del Sur Global.

10En este contexto, e influenciado por la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Brasil en 19922, se realizó el año 2011 un seminario con representantes del Movimiento de Justicia Ambiental de EE. UU. en Brasil, que impulsaría la creación de la Red Brasileña de Justicia Ambiental en el año 2004 (con una participación activa del propio Robert Bullard), donde empieza a ganar fuerza la difusión de conceptos como “justicia ambiental”, “racismo ambiental” y “zonas de sacrificio”.

11Desde esta Red, surgió una declaración que muestra una expansión en el alcance de las demandas, que va más allá del racismo ambiental enunciado desde el Movimiento de Justicia Ambiental de los EE. UU., logrando de este modo una definición de “justicia ambiental”, que se refiere al conjunto de principios y prácticas que:

1. Garantizan que ningún grupo social, sea étnico, racial o de clase, soporte una parte desproporcional de las consecuencias ambientales negativas de operaciones económicas, decisiones políticas y programas federales, estaduales, locales, como tampoco la ausencia u omisión de dichas políticas;

2. Garantizan acceso justo y equitativo, directo e indirecto, a recursos ambientales del país;

3. Garantizan amplio acceso a las informaciones relevantes sobre el uso de recursos ambientales y destino de los desechos y localización de fuentes de riesgos ambientales, bien como procesos democráticos y participativos en la definición de políticas, planes, programas y proyectos que les dicen respecto;

4. Favorecen la constitución de sujetos colectivos de derechos, movimientos sociales y organizaciones populares para ser protagonistas en la construcción de modelos alternativos de desarrollo, que garanticen la democratización del acceso a recursos ambientales y sostenibilidad de su uso (Declaración de Fundación Brasileña de Justicia Ambiental, 2004, en Acselrad, 2017).

12Este tipo de conflictos fue igualmente analizado por institutos y universidades brasileñas a principios del nuevo siglo, donde se puede encontrar una de las primeras investigaciones al respecto, con el “Mapa dos Conflitos Ambientais”, parte del proyecto “Mapa da Justicia Ambiental no Estado do Rio de Janeiro”, que fue desarrollado por la Federación de Organizaciones para la Asistencia Social y Educacional (FASE), en conjunto al Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Fernandes (IPPUR).

13En el período comprendido entre el año 1992 y el 2002, se lograron identificar, a través de este estudio, un total de 251 situaciones problemáticas localizadas en 49 municipios del Estado de Río de Janeiro, entre las que se contaban: disposición inadecuada y vertimiento clandestino de residuos tóxicos; contaminación de suelos, aire y agua; convivencia de personas con basura e inundaciones; implantación de lotes en áreas inadecuadas; el compromiso de la pesca artesanal por la actividad sísmica de prospección de petróleo en el mar; desplazamiento de poblaciones, debido a la contaminación industrial o a la instalación de resorts; daños provocados por actividad minera, entre otras. Los agentes que denunciaban las situaciones de injusticia ambiental eran miembros de grupos sociales alcanzados por la contaminación, porque habitaban o trabajaban en áreas de incidencia, producto de los impactos de las actividades o instalaciones industriales, los cuales tenían como precedente la omisión del poder público como, por ejemplo, la ausencia de implementación de sistemas de saneamiento para su bienestar u otros (Acselrad, 2004).

14Ante estas situaciones, el brasileño Henri Acselrad (2004) incorpora el término “botas foras” o “zonas de sacrificio” para referirse a las áreas víctimas de la profunda contaminación ambiental en el Estado de Río de Janeiro, refiriéndose a ellas por:

Ciertas áreas [que] pueden distinguirse por su alta concentración de actividades ambientalmente agresivas que afectan a poblaciones de bajos ingresos. Los habitantes de estas zonas deben vivir con la contaminación industrial del aire y el agua, los depósitos de desechos tóxicos, la contaminación de los suelos, la falta de suministro de agua, la deforestación, y los riesgos asociados con las inundaciones, vertederos y canteras. Además de la presencia de fuentes de riesgo ambiental, se puede observar una tendencia a elegir estas ubicaciones para nuevos proyectos que son potencialmente muy contaminantes. Los académicos de la desigualdad ambiental llaman a estas áreas “zonas de sacrificio” o “paraísos de contaminación”, donde la desregulación ambiental favorece a los intereses económicos depredadores
Acselrad, 2004: 12-13.

Zonas de sacrificio en Chile

15En el caso chileno, son escasas las investigaciones en el campo de las ciencias sociales y las humanidades que profundicen en el desarrollo teórico y conceptual del término “zonas de sacrificio”3. Por otra parte, a pesar de que ha sido reconocido en diversos discursos de autoridades políticas, medios de prensa y documentos de instituciones estatales (véase INDH, 2014, Comisión Investigadora de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados del 2018, etcétera), no existe un reconocimiento institucional por parte del Ministerio del Medio Ambiente, que solamente reconoce para los territorios altamente contaminados la calificación de “zonas latentes” o “zonas saturadas”4, a partir de los cuales se elaboran los planes de prevención y/o descontaminación pertinentes.

16No obstante, contrario al escaso desarrollo institucional y académico, su divulgación ha sido masiva por parte de diversas agrupaciones socio-ambientales, ONG y fundaciones. En este sentido, su llegada a Chile ha estado marcada, en buena medida, gracias al trabajo realizado por la Fundación Terram y la ONG Oceana en el caso de intoxicación masiva de estudiantes y profesores de la ex escuela de la localidad, La Greda (Puchuncaví), del 23 de marzo del año 2011.

17A través de sucesivos informes, publicaciones y campañas mediáticas, acuñaron este término para zonas profundamente afectadas producto de la contaminación ambiental en sus territorios (sumando en sus inicios, además de Quintero y Puchuncaví, las comunas de Huasco, Tocopilla y Coronel), destacando la afectación que ha producido la intensa actividad extractiva (generación de energía5, minería, actividad portuaria, refinería de petróleo, industria química, entre otras) en el medio ambiente y la salud de sus habitantes, quienes no poseen mayores recursos económicos, sociales y políticos para su defensa.

18En este sentido, se podría decir que el primer intento por ingresar este concepto en el imaginario social, político e institucional chileno se produce a través de la campaña mediática organizada por la ONG Oceana en abril del año 2012, denominada “No más zonas de sacrificio”, donde las definen como:

[Un territorio donde] sus habitantes generalmente viven en situación de pobreza y carecen de redes políticas para defenderse de la instalación de nuevas empresas. La carga de contaminación en estas zonas es muy superior a la de otras localidades costeras que gozan de una condición socioeconómica más acomodada y poseen la capacidad e influencia para evitar que estos polos industriales se construyan cerca. Son zonas que han sido destinadas al sacrificio, olvidadas por los sucesivos gobiernos que han seguido permitiendo la instalación de nuevas industrias contaminantes, aun cuando el impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente ha sido inmenso6.

19En un informe realizado por la Fundación Terram en noviembre de 2012, en la línea del esfuerzo realizado por Oceana, se analiza la situación de vulneración ambiental que ha vivido la Bahía de Quintero, centrada en el episodio de contaminación en la ex escuela La Greda. En este informe, profundizan en los aportes estadounidenses de la justicia ambiental, su relación con los derechos humanos y la adopción del concepto “zonas de sacrificio”, para analizar la situación en la Bahía de Quintero:

“Este concepto [zonas de sacrificio] evolucionó a partir de las investigaciones y generación de políticas públicas que desarrolla la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) en comunidades altamente afectadas por contaminación industrial, y complejiza el debate, que deja de ser netamente ambiental, pues transforma el problema de la contaminación en un problema socioeconómico” (Terram, 2012: 3).

20Cabe destacar que organizaciones como ONG Oceana y la Fundación Terram también han tenido influencia en la adopción de este concepto por parte de organizaciones socio-ambientales de Quintero-Puchuncaví donde, además de organizar diversas campañas mediáticas e investigaciones, han participado activamente (principalmente la Fundación Terram) en la coordinación de reuniones y cónclaves, existiendo el primer cónclave bajo la denominación de “zonas de sacrificio” el año 2013 con organizaciones de las comunas de Quintero y Puchuncaví7.

21Este tipo de cónclave fue replicado por los alcaldes de Quintero, Puchuncaví, Huasco, Coronel y Tocopilla, quienes se reunieron con alcaldes de comunas “zonas de sacrificio” durante los años 2014 y 2015, producto de las nulas respuestas de parte del Estado ante la contaminación ambiental de sus territorios. En la primera de estas reuniones, hicieron llegar sus demandas a la Cámara de Diputados, interpelando al gobierno de turno por el daño ambiental producido en sus territorios, desde el cual explican la vulnerabilidad y empobrecimiento de sus comunidades:

Entendemos como zonas de sacrificio, aquellos territorios de asentamiento humano devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. Lo que tiene implicancias directas en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas: derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, etcétera. En estos territorios el daño ambiental ha significado la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades (extracto de primera Declaración Unión de Comunas de Zonas de Sacrificio)8.

22En estudios realizados por Bolados y Sánchez (2017) y Bolados y Jerez (2019), se puede observar la reelaboración del concepto “zonas de sacrificio” acuñado por las ONG y fundaciones a partir de la resistencia de organizaciones territoriales y de mujeres (con un papel importante de la organización Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia -MUZOSARE, creada el año 2016) a la victimización que supone su definición, incorporando la dimensión de agencia para problematizar las dimensiones del poder que han llevado a que una zona sea sacrificada en pos de la acumulación de capital de transnacionales extranjeras.

23Desde esta dimensión de resistencia, se coordinarían nuevos cónclaves entre las distintas organizaciones socio-ambientales pertenecientes a las comunas “zonas de sacrificio” de todo el país. El primero tuvo lugar en la localidad de Ventanas a finales del año 2016, bajo el nombre “Cónclave de zonas de sacrificio en resistencia”9, que sería replicado al año siguiente en la misma comuna, contando en su primera reunión con la participación de organizaciones sociales, ONG, dirigentes ambientales, académicos y autoridades municipales de las localidades de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví, Petorca, Putaendo, Quillota, Cajón del Maipo y Coronel.

24Como se ha podido avanzar en este recorrido, si bien el concepto de “zonas de sacrificio” fue introducido en Chile por el trabajo de ONG y fundaciones como Oceana y Fundación Terram, producto del episodio de contaminación de La Greda en 2011, su divulgación superó con creces estos motivos iniciales para ser objeto de referencia para distintas situaciones de extrema injusticia ambiental a lo largo del país10, incluyendo su reformulación por organizaciones socio-ambientales en resistencia a los impactos de los extractivismos en sus territorios.

25No obstante, para efectos del presente ensayo, queremos profundizar en torno al desarrollo de las zonas de sacrificio desde el estudio de los conflictos ambientales en el Consenso de los commodities, para posteriormente avanzar en la propuesta de estudio de las zonas de sacrificio en la zona del no-ser, lo cual nos ayudará a comprender las violencias que viven estos territorios, tanto en el aspecto ambiental, político y social, así como en el campo epistémico y ontológico.

Zonas de sacrificio en el Consenso de los commodities

26En los últimos años, el trabajo recién revisado ha sido retomado por diversos investigadores ligados al estudio de conflictos ambientales en América Latina. En esta línea, Maristella Svampa y Enrique Viale han realizado un profundo análisis en su libro Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (2014), sobre las implicancias del modelo de desarrollo argentino que ha alimentado una dinámica de despojo y desposesión de los bienes naturales, de los territorios y, por lo tanto, ha afectado intensamente los derechos individuales y colectivos de sus habitantes. Con este fin analizan las diversas territorialidades en disputa que han ido avanzando en el continente, en conjunto con nociones como maldesarrollo, justicia ambiental y la relación de estas variables con el surgimiento de las zonas de sacrificio.

27En este sentido, los autores relatan el tránsito que tuvieron, a principios del siglo XXI, las economías latinoamericanas desde el Consenso de Washington de los 90’, asentado sobre la valorización financiera, hacia el Consenso de los commodities, basado en la exportación de bienes primarios a gran escala. Esto ha producido una reprimarización de nuestras economías, cuya orientación se ha acentuado hacia actividades primario-extractivas, con escaso o nulo valor agregado (Svampa, 2011).

28Lo anterior, desde el punto de vista social, ha conllevado a la profundización de la dinámica de la desposesión (Harvey, 2005), esto es, un modelo de despojo y concentración de tierras, recursos y territorios que tienen a las grandes corporaciones transnacionales como actores principales, destacando entre los elementos comunes de esta dinámica la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o monocultivo, la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación de los territorios, claramente destructiva (Svampa y Viale, 2014).

29De este modo, la reprimarización de la economía, en conjunto a los procesos recién mencionados, produjeron un profundo cambio en las lógicas de ocupación de los territorios, guiada hacia la profundización de una mirada productivista y eficientista de los mismos, donde se asentó la descalificación de otras lógicas y lenguajes de valorización.

30En este sentido, podemos encontrar a principios de los años 90, y en pleno auge de las políticas de valorización financiera del Consenso de Washington, la ratificación y divulgación del ideario de un “territorio eficiente y productivo” como lógica de territorialidad, la cual se encuentra enmarcada en un paradigma economicista.

31Lo anterior significó la pérdida del rol que poseía el Estado, desencadenando el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales en el entramado nacional; ante lo cual, la viabilidad o inviabilidad de dichas economías regionales pasaron a medirse en exclusiva función de la tasa de rentabilidad, en desmedro de las necesidades de las poblaciones involucradas y sus condiciones de reproducción social (Svampa y Viale, 2014). De este modo, la crisis o colapso de las economías regionales consolidó además del ideario de la necesidad de un “territorio eficiente y productivo”, la existencia de una población excedentaria o sobrante subyacente a estos territorios.

32No obstante, en el cuadro del reciente Consenso de los commodities hubo un paso desde esta noción de territorio eficiente y población sobrante hacia la de territorios vaciables y áreas de sacrificio, puesto que, bajo la actual lógica de acumulación, los gobiernos y las empresas proyectan una visión radicalizada de la eficiencia y productividad del territorio, que considera a estos como “socialmente vaciables” en la medida en que contienen bienes valorizados por el capital. En el extremo de esta valorización, suele llegarse a considerar a estos territorios “socialmente vaciables” como territorios o áreas (zonas) de sacrificio.

33Cabe destacar, en consecuencia, el uso que hacen los autores del concepto “maldesarrollo” trabajado por Vandana Shiva (1995), para evidenciar la insustentabilidad que poseen los modelos de desarrollo vigentes y sus nefastas consecuencias sobre los territorios, tanto en el fracaso del programa de desarrollo (entendido como ideal de progreso y promesa emancipatoria11) como a las diferentes dimensiones del “malvivir” que estos producen y afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerabilizadas, provocando el surgimiento de distintas zonas de sacrificio.

34Los autores realizan, de este modo, una relación entre las consecuencias del maldesarrollo, la acumulación de daños y pasivos ambientales, junto a la emergencia de Movimientos de Justicia Ambiental que revisábamos en el apartado anterior12. Bajo este marco, introducen su concepto de “zonas de sacrificio” como resultado de la radicalización de un estado de injusticia ambiental. No obstante, esto no se trata solo de la imposición de una territorialidad hegemónica, sino también de la degradación de estos territorios, de la calidad de vida ante la imposición y consolidación de modelos de maldesarrollo, quedando sus territorios convertidos en áreas de sacrificio en las que también los cuerpos y las vidas mismas han devenido descartables y sacrificables (Svampa y Viale, 2014).

Un acercamiento a las zonas de sacrificio desde una Ecología Política del Sur y las zonas del no-ser

35Acercarnos a las dimensiones de la violencia ambiental, social, política, epistémica y ontológica que viven las zonas de sacrificio, nos lleva a considerar y profundizar en las distintas relaciones de poder que se entrecruzan en la comprensión del territorio y la construcción (y disputa) de territorialidades que le subyacen. En este sentido, en los últimos años, se ha venido desarrollando un campo inter y transdisciplinario de investigación reconocido por el nombre de Ecología Política Latinoamericana, donde han confluido, no sin tensiones y debates, distintos autores latinoamericanos, que pone énfasis en el estudio de las relaciones de poder, que son configuradas históricamente como mediadoras de las relaciones sociedad-naturaleza (Martín y Larsimont, 2016).

36Si bien se reconocen desde este campo los estudios pioneros del español Martínez Alier (2004) en torno a los conflictos ecológicos distributivos a partir de los desarrollos de la economía ecológica, se aprecia un enfoque excesivo en las relaciones entre economía y naturaleza; para autores como Alimonda (2011), es necesario poner mayor énfasis en lo propiamente “político” de estas relaciones, a través del análisis de la apropiación de la naturaleza por sobre su distribución, ya que esta última es entendida como un presupuesto de la producción.

37La apropiación pone como aspecto central el establecimiento de relaciones de poder que permiten proceder al acceso de los bienes comunes por parte de algunos, así como en la toma de decisiones sobre su utilización o la exclusión de su disponibilidad para otros actores. Se trata de una matriz histórica de relaciones de poder que sigue vigente en el continente desde el período colonial, y que tuvo como predicado central el acceso a la tierra y su control (Martín y Larsimont, 2016).

38En esta dirección, Alimonda (2017) destaca el lugar relevante que otorga este campo del conocimiento a la experiencia histórica que implicó la colonización europea como ruptura de origen de la particular heterogeneidad y ambigüedad de las sociedades latinoamericanas, siendo lo diferencial de esta ecología política respecto a sus pares anglosajón y francés, su lugar de enunciación propiamente latinoamericano. Esto implica reconocer los ámbitos teóricos y territoriales ajenos a las grandes tradiciones consolidadas de la geopolítica del pensamiento occidental.

39Esta ruptura converge con el trabajo realizado por el Grupo o Red de Investigación Modernidad/Colonialidad13, constituyéndose en un posicionamiento ético, político y epistémico atravesado por la experiencia moderno/colonial, pero que, al mismo tiempo, se propone crear condiciones para la descolonización (Martín y Larsimont, 2016). En este sentido, se instala la Ecología Política Latinoamericana como un espacio de la crítica de la modernidad eurocentrada con su reverso indispensable, pero oculto de la colonialidad:

Instaurada violentamente hace cinco siglos sobre pueblo y naturalezas de América, esa colonialidad fundamentó el aniquilamiento demográfico de las poblaciones y la subordinación (en el mejor de los casos) de sus culturas, construyó sociedades donde la dominación social posee predicados racistas e impuso regímenes depredadores de la naturaleza, basados en lógicas de corto plazo, para la apropiación, extracción y exportación de sus recursos
Alimonda, 2015: 10.

40De este modo, se instalaron y se mantienen regímenes de naturaleza colonizada, en que los territorios ocupados son objeto de una subordinación estructural de largo plazo e inapelables decisiones externas que se aplican de forma vertical para la extracción de recursos sin tener en cuenta la degradación producida en las condiciones de vida humana, social y natural. La Ecología Política Latinoamericana, fundamentada en una epistemología del sur, pone el acento en los mecanismos y dispositivos de poder que privilegian el punto de vista europeísta en la concepción finalista de la historia y en sus criterios de clasificación de los humanos y no-humanos – a nivel macro y micro– de sus culturas, lo cual supone una crítica al saber científico normalizado e instituido como saber hegemónico a través de diversos mecanismos institucionales, con el fin de una recuperación de los saberes silenciados y humillados de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas (Alimonda, 2015).

41Enrique Leff (2015), en consonancia con los postulados recién expuestos, apuesta por una descolonización del conocimiento que contribuya desde la Ecología Política del Sur a una recuperación de los saberes silenciados y humillados de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas:

Más allá de la necesidad de indagar las estrategias de poder en el saber que desde los fundamentos epistemológicos y los regímenes coloniales dominaron los pueblos, subyugaron sus saberes, sometieron sus prácticas y los despojaron de sus territorios, la construcción de sociedades sustentables arraigadas en las potencialidades ecológicas y las identidades culturales de los pueblos del Tercer Mundo, requiere estrategias epistemológicas para descolonizar el conocimiento, para liberar a los pueblos de la explotación, la desigualdad y sometimiento a la fuerza de la razón dominante (2015: 151).

42En consecuencia, consideramos que, para la profundización en el estudio de las relaciones de poder en una zona de sacrificio, es necesario recurrir a la perspectiva descolonial de las Ecologías Políticas del Sur, donde los aportes de Ramón Grosfoguel (2012a, 2012b), centrados en una interpretación alternativa del racismo (que profundice, así mismo, el racismo ambiental del discurso de los Movimientos de Justicia Ambiental), nos permitirá un mayor acercamiento hacia las violencias epistémicas y ontológicas que caracterizan y oprimen las denominadas zonas de sacrificio localizadas en el Sur Global.

43En este sentido, influenciado por las lecturas de Fanon (2010), el autor define al racismo como una jerarquía global de superioridad o inferioridad sobre la línea de lo humano, que ha sido políticamente producida y reproducida durante siglos por el sistema imperialista/occidentalocéntrico/capitalista/patriarcal/moderno/colonial (Grosfoguel, 2011). Esta descripción va más allá de la descripción hegemónica y universal de racismo, asociada convencionalmente al racismo de color, para entenderla construida/marcada de diversas formas, dependiendo de la historia local/ colonial, ya sea a través de líneas religiosas, étnicas, culturales o de color.

44La racialización ocurre a través del marcaje de cuerpos, siendo unos racializados como superiores y otros cuerpos como inferiores. Lo importante, destaca el autor, es que aquellos sujetos localizados en el lado superior de la línea de lo humano viven en lo que Fanon llama la “zona del ser”, mientras que aquellos sujetos que viven en el lado inferior de esta línea viven en la “zona del no-ser” (Grosfoguel, 2012a).

45No obstante, estas relaciones racializadas atraviesan transversalmente las relaciones de opresión de clase, sexualidad y género a escala global, puesto que la experiencia vivida de las operaciones y la manera como ocurre la interseccionalidad de estas relaciones de opresión, es distinta en la zona del ser en comparación con la zona del no-ser.

46Para Fanon (2010), ninguna de estas zonas es igualmente homogénea, sino que ambas zonas son espacios heterogéneos. Del mismo modo, estas zonas tampoco poseen necesariamente un lugar geográfico, sino que existe una posicionalidad en relaciones raciales de poder que ocurre a escala global entre centros y periferias, pero que también ocurre a escala nacional y local contra diversos grupos racialmente inferiorizados:

Existen zonas del ser y no-ser a escala global entre centros occidentalizados y periferias no-occidentales (colonialidad global), pero también existen zonas del ser y no-ser tanto en el interior de los centros metropolitanos como también dentro de las periferias (colonialismo interno)
Grosfoguel, 2012ª: 99.

47Para poder lograr una mayor comprensión de las desigualdades, violencias y opresiones vividas en y entre las zonas del ser y no-ser, Ramón Grosfoguel acude a Boaventura de Sousa Santos y las líneas del pensamiento abismal. En este sentido, justifica que existe un sistema de distinciones visibles e invisibles, donde las invisibles constituyen el fundamento de las primeras. Estas distinciones invisibles son establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos: el universo de “este lado de la línea” y el universo de los que están del “otro lado de la línea”, cuestión que Grosfoguel homologa a las nociones fanonianas de zonas de ser y no-ser.

48De este modo, es tan profunda la división que “el otro lado de la línea” o zona del no-ser desaparece como realidad, se convierte en no existente y, de hecho, es producido como no-existente, lo cual significa no existir en ninguna forma relevante o comprensible de ser (Santos, 2010).

49En base a las realidades de las distintas zonas, ubicadas en el “encima de la línea” o “zona de ser” y “del otro lado de la línea” o en la “zona de no-ser”, el modo en que se gestionan los conflictos difiere para ambas zonas en cuanto a su fundamentación en términos de problemas sustantivos y de procedimientos, siendo gestionados en la zona del ser por mecanismos que Santos (2010) denomina por regulación/emancipación. En esta zona, existen códigos de derechos civiles/humanos/laborales, relaciones de civilidad, espacios de negociaciones y acciones políticas que son reconocidas al “Otro” oprimido en su conflicto con el “Yo” dentro de la zona del ser, mientras la emancipación se refiere a conceptos de libertad, autonomía e igualdad que forman parte de los fines discursivos, institucionales y legales de la gestión de los conflictos en esta zona (Grosfoguel, 2012a). Como tendencia, los conflictos en la zona del ser son regulados por métodos no violentos, lo que no quiere decir que no se aplique violencia, pero esta es solo usada en momentos excepcionales.

50Por otro lado, por debajo de esta distinción existe otra, una distinción invisible, sobre la cual se funda la anterior, la dicotomía apropiación/ violencia, la cual sería inconcebible si se aplicase en la zona del ser. En esta zona, la población es deshumanizada, son considerados por debajo de la línea de lo humano, es decir, sin normas de derechos y civilidad, por lo que los métodos para gestionar y administrar los conflictos son por medio de la violencia y apropiación abierta y descarada (Grosfoguel, 2012a). Como tendencia, los conflictos en esta zona son gestionados por la violencia perpetua como regla y solamente en momentos excepcionales se utilizan métodos de regulación y emancipación, es decir, métodos no violentos.

Figura 1. Esquema comparativo de las zonas del ser y del no-ser

51Para Boaventura de Sousa Santos, ambas zonas son parte del proyecto de la modernidad colonial, destacando al conocimiento moderno y al derecho moderno como las representaciones más consumadas del pensamiento abismal que fundamenta a la modernidad colonial (Santos, 2010).

52En el campo del conocimiento se le otorga el monopolio a la ciencia como portadora de las diferencias entre lo falso y lo verdadero en detrimento de otros cuerpos alternativos de conocimiento como la filosofía, la teología o los conocimientos ancestrales de los pueblos del Sur. No obstante, el conocimiento tiene lugar solamente en la zona del ser, el cual para tener visibilidad debe erigirse sobre otras formas de conocimiento que son invisibilizadas y que no pueden ser adaptadas a ninguna de esas formas de conocimiento; estas son: conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos e indígenas, que no son tomados en cuenta como conocimientos relevantes o conmensurables, porque se encuentran más allá de la verdad y de la falsedad.

53En el campo del derecho moderno, podemos encontrar en la zona del ser que lo legal o lo ilegal se encuentra determinado por el estado oficial o de acuerdo al derecho internacional, siendo estas dos formas, lo legal y lo ilegal, las únicas relevantes de existir ante el derecho y, por esa razón, la distinción entre las dos es una distinción universal.

54La dicotomía central de lo legal o lo ilegal no es pensable en territorios donde esta dicotomía no es considerada como principio organizativo: los territorios sin ley, lo a-legal, e incluso lo legal o lo ilegal de acuerdo con el derecho no reconocido oficialmente. En consecuencia, la línea invisible entre ambas zonas, que separan el reino del derecho del reino del no derecho, fundamenta la dicotomía visible entre lo legal y lo ilegal en la zona del ser, el reino del derecho (Santos, 2010).

55De este modo, Boaventura de Sousa Santos (2010) llega a la conclusión de que en cada uno de los dos grandes dominios que acabamos de analizar (ciencia y derecho), las divisiones entre ambas zonas son de tal envergadura, que efectivamente eliminan cualquier realidad que esté al otro lado de la línea, en la zona del no-ser, siendo esta negación radical de la co-presencia, lo que fundamenta la afirmación de la diferencia radical que, en la zona del ser, separa lo verdadero y lo falso, lo legal y lo ilegal. En la zona del no-ser, se comprende una vasta cantidad de experiencias desechadas, hechas invisibles tanto en las agencias como en los agentes, las cuales no cuentan con una localización territorial fija:

Existe, por lo tanto, una cartografía moderna dual: una cartografía legal y una cartografía epistemológica. El otro lado de la línea abismal [zona del no-ser] es el reino de más allá de la legalidad y la ilegalidad (sin ley), de más allá de la verdad y la falsedad (creencias, idolatría y magia incomprensible). Juntas, estas formas de negación radical resultan en una ausencia radical, la ausencia de humanidad, la subhumanidad moderna
Santos, 2010: 167.

56En este sentido, la humanidad moderna no puede ser concebible sin la existencia de la subhumanidad moderna perteneciente a la zona del no-ser. La negación de esta parte de la humanidad es considerada un sacrificio (necesario para el desarrollo nacional o de unos pocos, que es lo mismo), mediante el que se sustenta la condición de la afirmación de esa otra parte de la humanidad, la cual se considera a sí misma como universal.

A modo de cierre

57Al realizar un breve recorrido por la difusión y acogida del término “zonas de sacrificio” en países como Estados Unidos, Brasil y Chile, hemos podido observar cómo (con sus diferencias) su propagación se encuentra circunscrita a la articulación y emergencia de los movimientos de justicia ambiental en el continente americano, quienes han logrado denunciar y visibilizar el modo en que la degradación ambiental y sus consecuencias se concentran en territorios donde con-viven los sectores más pobres y vulnerabilizados de la población, víctimas de lo que llaman un profundo “racismo ambiental”.

58No obstante, consideramos que la referencia al racismo (aun incorporando los sectores vulnerabilizados de los pueblos del Sur global como propuso Bullard) es aún insuficiente para dar cuenta de las violencias que vivencian estos territorios. La ampliación del concepto convencional de racismo, en la forma en que es trabajada por Ramón Grosfoguel (en diálogo con Franz Fanon y Boaventura de Sousa Santos), nos ha permitido profundizar en la comprensión del modo en que se configuran las relaciones de poder en las “zonas de sacrificio”, en tanto representan la imposición de una jerarquía global, donde sus habitantes, cuerpos y territorios, son racializados (marcados) como inferiores a la línea de lo humano (ubicados en la zona del no-ser), lo cual atraviesa transversalmente las relaciones de opresión y dominación de clase, sexualidad y género, que se vivencian habitualmente en su interior.

59Las zonas de sacrificio, localizadas en la zona del no-ser, son consideradas como la negación necesaria para la condición de humanidad perteneciente a los cuerpos y territorios privilegiados de la zona del ser. Por lo tanto, los conflictos subyacentes a estos territorios son administrados y gestionados bajo lógicas distintas a las que se pueden aplicar regularmente en la zona del ser. Es decir, los métodos de administración y gestión del conflicto se asemejan a lo que Boaventura de Sousa Santos (2010) denomina métodos de apropiación/violencia (con algunos intervalos de emancipación/regulación), donde la población es deshumanizada, sin normas de derechos y civilidad, por lo que los métodos para gestionar y administrar los conflictos son principalmente por medio de la violencia y apropiación abierta y descarada.

60Lo anterior se condice con el hecho de que, al ubicarse en la zona del no-ser, los conocimientos y la aplicación del derecho no poseen la misma consideración que en otros territorios, siendo renegados e invisibilizados por el conocimiento hegemónico (sin formar parte de la construcción y planificación de sus territorios) y el derecho moderno (aplicable para unos pocos privilegiados).

61Por consiguiente, las zonas de sacrificio, al estar epistemológica y jurídicamente en la zona del no-ser, son violentadas tanto en el campo de la justicia ambiental, así como en su reconocimiento como persona/ mujer/niño/niña digna/digno de reconocimiento epistémico, jurídico y ontológico, lo cual fundamenta las distintas violencias que sufren estos territorios diariamente.