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Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el Sur

 | 
Cristian Alister
, 
Ximena Cuadra
, 
Dasten Julián-Vejar
, 
et al.

Segunda parte. Extractivismo: reflexiones situadas

2. Extractivismo en Chile

Tres claves para comprender la lógica de aglomeración de los proyectos industriales y proponer alternativas de resistencia1

Campos-Medina Fernando, Ojeda-Pereira Iván et Ponce Paula

Texte intégral

1. Introducción

  • 1 Agradecimientos: este capítulo se desarrolló al alero del financiamiento del proyecto FONDECYT de I (...)

1Cuando imaginamos la capacidad del sistema capitalista de “colonizar” nuevos territorios, es difícil no reproducir las imágenes del desembarco de las potencias coloniales europeas en Asia, África o América. En nuestro caso, como “americanos”, se agolpan todas las imágenes producidas para testimoniar el 12 de octubre de 1492 como representaciones del descubrimiento –en la versión positiva– y como explotación –en la versión más realista–. Sin embargo, en este capítulo queremos sostener que estas imágenes representan solo el inicio de lo que denominaremos una historia de colonización territorial, la cual se puede describir mediante dos movimientos. Primero, la apertura de un nuevo territorio para la explotación. Segundo, la aglomeración-intensificación de actividades explotadoras –de diversa índole– en los territorios ya abiertos. Explorar interpretativamente este segundo movimiento es el objetivo de este trabajo.

2En la tradición marxista, el concepto de “adquisición territorial”, en alemán identificado como Landnahme, se ha utilizado para describir estos movimientos. Siguiendo la definición de Klaus Dörre, Landnahme describe la expansión territorial constante del capitalismo en búsqueda de la reproducción del capital, la cual se realiza siempre a costa de los espacios no capitalistas (Dörre, 2011; 2016). Ahora bien, desde nuestra perspectiva, este concepto expresa de mejor manera el primer movimiento de adquisición territorial en su descripción de la apertura de nuevos territorios a las lógicas de extracción, producción y depósito capitalistas. La eficacia de esta formulación está en recordarnos que las estrategias de las economías capitalistas neoliberales, la gran mayoría de las veces, siguen un antiguo patrón extractivista-colonizador (Romero-Toledo, 2019), por mucho que sus auto-representaciones intenten destacar la innovación y el emprendimiento en los mercados de punta.

3En contraposición, el concepto de Landnahme resulta menos efectivo si queremos dar cuenta de la situación socio-ambiental una vez que se ha abierto el territorio a las lógicas de acción orientadas por la extracción (Werlen, 1993, 2010). Esto es, justamente, lo que hemos definido como el segundo movimiento de aglomeración-intensificación de actividades explotadoras. La idea de economías de escala territorial y clusterización (Capó, Expósito y Tomás, 2007; Valle, 2009) pueden servirnos para imaginar esta situación. Una imagen sencilla la encontramos en el ejemplo de un parque industrial. Cuando se necesita producir mobiliario, calzados y juguetes a gran escala, puede resultar efectivo concentrar estas actividades en un solo territorio; con ello, se reducirán los costos de infraestructura, se facilitará la entrega de servicios e, incluso, se podrá organizar un buen sistema de transporte para las y los trabajadores.

4Ahora bien, esta imagen positiva de las economías de escala a nivel territorial –y, por ende, de la aglomeración territorial– resulta menos atractiva cuando pensamos en industrias contaminantes. Este es el caso del Complejo Industrial Ventanas, donde se concentran refinerías, plantas termoeléctricas, de regasificación y terminales petroleras, en completa proximidad con las localidades de Quinteros-Puchuncaví en la costa central de Chile (Moreno y Fuenzalida, 2015). Aquí la aglomeración-intensificación de las actividades industriales ha significado un crecimiento exponencial de la contaminación en las últimas décadas y, con ello, una afectación persistente a los ecosistemas y la salud de la población (Bolados, 2016; Hormazábal, Maino y Vergara, 2019). Así, sostenemos que las zonas de sacrificio son un caso extremo, en términos de las consecuencias socio-ambientales, del segundo movimiento de “adquisición territorial”.

5Lamentablemente, este patrón de aglomeración e intensificación extractiva no es casual sino estructural, siguiendo la formulación propuesta por Neil Smith (1984). En este sentido, su “condición estructural” significa que las lógicas de aumento y concentración de la explotación, la producción y la contaminación son una constante dentro de las dinámicas productivas en sociedades extractivistas. Esta constante la podemos ver en las llamadas zonas de sacrificio, donde la historia socio-ambiental está cargada por la acumulación de desventajas territoriales. Sean estas zonas producto de procesos industrias contaminantes, como en el ya mencionado caso de Quintero-Puchuncaví (Bolados, 2016; Hormazábal et al., 2019), de infraestructuras no deseadas y molestas como ocurre con los vertederos en Taltal (PNUD, 2016) o bien, respecto a una contaminación persistente y no tratada como sucede con el relave minero vertido en la Bahía de Chañaral (Bonnail, Cruz, Galleguillos, Izquierdo y Abad, 2020; González, 2018).

6En cualquier caso, la lógica de aglomeración e intensificación no solo se expresa en la forma de zonas de sacrificio. En este sentido, el segundo movimiento de la “adquisición territorial” no es solo el resultado de una supuesta pobreza de la comunidad o abandono territorial por parte del Estado. Por el contrario, es también común encontrarlos en espacios altamente productivos. Dos ejemplos de esto son la aglomeración territorial de relaves mineros y la densificación territorial de centrales hidroeléctricas de pasada en ríos y cuencas ya intervenidas. En estos casos se hace patente el problema institucional y regulatorio que los permite. Hoy es prácticamente un consenso señalar que el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) es insensible a los efectos socio-ambientales producidos por la aglomeración de proyectos (Campos-Medina, 2018). Asimismo, es ampliamente reconocida su total desvinculación de procesos consistentes de planificación y ordenamiento territorial (Barandiaran, 2016; Cordero y Vargas, 2016). Sin embargo, una cosa es reconocer estas deficiencias institucionales y otra distinta es sostener que dichas omisiones ocurren a pesar de que las lógicas de aglomeración sean la forma concreta y real en que los proyectos extractivos-productivos y de depósito se expresan territorialmente.

7Esta forma de crecimiento aglomerado y expansivo de los proyectos genera grandes problemas a las comunidades locales y a la población en general. Así, la aglomeración de proyectos es el futuro previsible del acceso de un emprendimiento extractivo al territorio local. Una central de embalse supone la posibilidad de construir otras centrales de pasada en sus cercanías. Igualmente, la existencia de una central de pasada en un río reduce costos de instalación y operación a las que están por venir. Complementariamente, un relave rara vez se encuentra aislado en el territorio. Las dinámicas de aceleración de la producción minera, en momentos de alza del valor de los minerales, suponen completar velozmente la capacidad de depósito de los relaves programados antes de tiempo y, consiguientemente, la necesaria apertura de nuevos relaves en las inmediaciones. Con estos ejemplos en mente, sostenemos que la historia de la colonización territorial y del extractivismo, solo empieza con el ingreso de un proyecto singular al territorio. En este sentido, lo importante para las posibilidades sociales de contención del extractivismo, es saber cómo esta historia continuará.

8El objetivo de este capítulo es entregar claves interpretativas para comprender el crecimiento aglomerado de los proyectos extractivos y delinear algunas alternativas de resistencia. Para abordar esta tarea, el capítulo se divide en cuatro secciones. Luego de esta introducción presentamos evidencia sobre el crecimiento productivo y la concentración territorial de proyectos en el sector minero y energético. Posteriormente, proponemos tres claves interpretativas para entender el proceso socio-territorial de aglomeración extractiva y su afectación sobre ecosistemas y comunidades locales. En esta misma sección, las claves son complementadas con lo que hemos llamado “alternativas de resistencia” que las comunidades tienen para enfrentarlas. El capítulo se cierra con una conclusión general.

2. El crecimiento extractivo y las tendencias de concentración territorial

9Esta sección busca hacer sentido del crecimiento extractivo en nuestro país durante los últimos años. Para realizar esto, observaremos la información disponible en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en cuanto a proyectos ingresados. Aunque no indica proyectos ejecutados, entrega una buena aproximación al comportamiento de lo que denominamos “dinámica extractivista”. La sección se divide en tres momentos, describiendo: i) el crecimiento de los proyectos extractivos en tanto montos de inversión y número de proyecto; ii) el crecimiento específico de estos indicadores para el caso de la industria minera y energética; y iii) una aproximación al comportamiento territorial de la industria minera y energética, siguiendo sus dinámicas en las regiones político-administrativas del país.

2.1. Crecimiento de los proyectos extractivos a partir del SEIA 2018-2020

10El modelo de desarrollo chileno ha sido históricamente extractivista (Romero-Toledo, 2019) y esto se ha mantenido, prácticamente invariable, en gobiernos de diferentes sectores políticos (Carrasco y Maillet, 2019). Es más, existe evidencia para sostener que este rasgo se ha acentuado durante los últimos cuarenta años (1980-2020), de manera paralela a la creación e implementación de nuevas institucionalidades ambientales, las cuales lejos de contener los conflictos extractivistas, parecen más bien dinamizarlos (Campos-Medina y Larenas, 2012).

11En esta sección buscamos entregar evidencias del crecimiento sostenido y de la aceleración de las lógicas extractivistas. Para ello, observamos los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Torralbo, 2019) durante los últimos tres años (2018, 2019 y 2020). En un primer análisis observamos la cantidad total de proyectos ingresados y los montos de inversión señalados para dichos proyectos, distinguiéndolos por su forma de ingreso al SEA; por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

12A nivel nacional se aprecia un crecimiento sostenido en el número de proyectos ingresados –mediante DIA y EIA– en los últimos tres años. Ahora bien, este crecimiento se explica por un aumento en el número de proyectos ingresados mediante declaraciones de impacto ambiental, esto quiere decir, proyectos que no requieren de una evaluación exhaustiva de sus impactos y que no mandatan la participación ciudadana. Es importante destacar que, para el presente año (2020), se considera información solo hasta el mes de octubre. Para evitar que la falta de información del año 2020 pudiera afectar el análisis, calculamos las medias mensuales de proyectos ingresados en modalidad DIA que, como señalamos, es el tipo de evaluación que explica de mejor manera el crecimiento extractivo en el país. De este modo, se observó que, para el año 2018, se registró un promedio de 119,3 proyectos mensuales, para el 2019 fueron 131,8 y en el año 2020 estos aumentaron a 153,54. En efecto, lo que se destaca es una tasa de crecimiento anual compuesta que subió un 6,4 % en el período 2018-2019, a un 7,01 % en el año 2019-2020. Lo anterior se observa en el gráfico 1.

Gráfico 1. Total de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2019

Gráfico 1. Total de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.

13El gráfico 2 da cuenta del crecimiento en la inversión esperada en proyectos extractivos. Así, durante el año 2019, esta inversión esperada aumentó en cerca de un 105 % respecto al año 2018. Los datos registrados para el 2020, aun cuando consideran los proyectos ingresados al SEIA hasta el 31 de octubre, están muy cerca de duplicar la cifra del año 2018 y de igualar los montos registrados durante el año 2019 si se mantiene la tendencia de estos diez meses.

Gráfico 2. Montos totales de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según modalidad de ingreso

Gráfico 2. Montos totales de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según modalidad de ingreso

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.

14En general, se puede observar que, a nivel nacional, ha existido un avance sostenido en las lógicas de inversión vinculadas a proyectos extractivos durante los últimos tres años. Esto es más interesante aún en el contexto 2020, marcado por la crisis sanitaria producto del virus COVID-19. En este sentido, los proyectos con impacto ambiental parecen seguir una ruta contraria a la de la paralización que mostraron otros rubros como, por ejemplo, el comercial. Por lo tanto, se plantea que la crisis sanitaria es vista por algunos grupos económicos como una oportunidad de inversión o como una opción de salida a la crisis económica producida por la pandemia, lograda con una agenda de inversión extractivista.

2.2. La lógica de aceleración extractiva en las industrias minera y energética

15En Chile, dos de los rubros más relevantes en el crecimiento extractivo son la minería y la producción energética. Los gráficos 3 y 4 – minería y energía, respectivamente–, basados en la información existente en el SEA, evidencian un proceso heterogéneo de crecimiento en ambos sectores productivos. Por un lado, en el gráfico 3 se observa que la minería disminuyó considerablemente su crecimiento en 2020 en relación a los dos años anteriores, sobre todo respecto al año 2019, siendo su tasa de decrecimiento anual de un 5 % en la cantidad de proyectos ingresados y de un 3 % en los montos de inversión de los proyectos ingresados en el año.

16Por otro lado, el gráfico 4 demuestra que el sector energético, al contrario de lo observado en el sector minero, mantiene un acelerado desarrollo en cuanto a cantidad de proyectos y montos de inversión asociados a ellos. Esto se evidencia al observar la tasa de crecimiento anual compuesta, de más de un 10 % entre los años 2019-2020 en la cantidad de proyectos ingresados. Ahora, en cuanto a los montos de inversión, el año 2019 muestra una leve superioridad respecto al año 2020. No obstante, de mantenerse la tendencia de los primeros diez meses, en el año 2020 se superaría el monto de inversión en cerca de USD $3.000 millones.

Gráfico 3. Sector minero: montos de inversión y cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020

Gráfico 3. Sector minero: montos de inversión y cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.

Gráfico 4. Sector energético: montos de inversión y cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020

Gráfico 4. Sector energético: montos de inversión y cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.

17Una posible explicación de la diferencia observada entre el crecimiento de los últimos tres años en la industria energética y minera, es la disponibilidad de infraestructuras. Si para el caso energético la gran mayoría de los proyectos ingresados al SEA son para la construcción de nuevas plantas y, por tanto, nuevas infraestructuras, para el caso de la minería la tendencia apunta a que los proyectos ingresados van en la lógica de ampliar, actualizar y optimizar faenas existentes, más que instalar nuevas minas. Ahora bien, la actual crisis sanitaria global es insoslayable como un factor en la disminución del crecimiento del sector minero para el año 2020. Esto, pues este sector, en contraste con el sector energético, se determina en gran medida por la demanda externa, la cual disminuyó durante el primer semestre de 2020, aun cuando, actualmente, el precio internacional del cobre muestra una importante recuperación.

2.3.- La lógica de concentración regional en energía y minería

18A nivel territorial, los datos muestran que el crecimiento extractivo se ha desarrollado desde una lógica de concentración, en distintas regiones del país. Respecto a la minería se observa en el gráfico 5 que la zona norte –en particular para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama– ha mantenido relativamente estable el número de proyectos ingresados al SEA durante los últimos tres años. Además, el mismo gráfico muestra una tendencia a la concentración, específicamente para la Región de Antofagasta. De igual manera, aun cuando se evidencia una disminución en el número de proyectos en la zona centro sur, desde la Región Metropolitana hasta la Araucanía se distingue también una lógica de concentración de proyectos. Llama la atención el caso de la Región de Magallanes, donde el gran número de proyectos para los años 2018 y 2019 es de fracturación hidráulica, una técnica utilizada en la explotación de hidrocarburos.

Gráfico 5. Sector minero: cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020 según región

Gráfico 5. Sector minero: cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020 según región

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.

19La existencia de zonas territoriales estables de interés minero se reafirma al observar los montos de inversión proyectados en los últimos tres años. El gráfico 6 muestra que la zona minera tradicional, compuesta por las regiones de Antofagasta y Atacama, se mantiene estable incluso durante la crisis sanitaria de 2020, lo cual también se evidenció respecto a la cantidad de proyectos en funcionamiento. También se observa cierta estabilidad en los montos de inversión para las regiones comprendidas entre Coquimbo y Los Ríos, que se mantienen en un rango de entre de USD $20 y $200 millones.

Gráfico 6. Sector minero: montos de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región

Gráfico 6. Sector minero: montos de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.

20Ahora bien, para el sector energético, en el gráfico 7 observamos una clara concentración de proyectos, en los últimos tres años, en lo que podríamos denominar una macro-región que comprende desde Antofagasta hasta la Región de Biobío. A diferencia del caso minero, los proyectos energéticos presentados a evaluación del SEA durante el 2020, superan a los presentados en los años 2019 y 2018, en cuanto a cantidad en todas las regiones del país. Estas dos informaciones sugieren que, junto a la lógica de concentración, también estaría operando una lógica de aceleración.

Gráfico 7. Sector energético: cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región

Gráfico 7. Sector energético: cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.

21En relación a los montos de inversión, el gráfico 8 evidencia que las regiones de Tarapacá y Antofagasta parecieran ser de mayor interés para la inversión energética, lo que sin duda se relaciona con la industria minera. Asimismo, destacan las regiones de O’Higgins y Biobío; estas, pese a concentrar montos de inversión mucho menores a los observados para la zona norte, han crecido continuamente durante los últimos tres años (2018, 2019 y 2020), situación que respalda la lógica de concentración.

Gráfico 8. Sector energético: montos de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región

Gráfico 8. Sector energético: montos de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.

3. Claves interpretativas

3.1. Clave interpretativa uno: Los proyectos extractivos no son singularidades territoriales, sino que se estructuran en la forma de una colonización territorial aglomerada. Estas aglomeraciones no son contenidas por la institucionalidad ambiental, ni tampoco conocidas por las comunidades locales.

22Es común aceptar que las evaluaciones socio-ambientales de impactos, consecuencias y beneficios se realicen en función de proyectos particulares. De esta manera, colectivamente, todas y todos asumimos que la realidad socio-ambiental es construida por fenómenos aislados. La perspectiva que defendemos en esta sección indica que la experiencia socio-ambiental no puede reducirse a proyectos individuales y eso queda de manifiesto en la sección anterior, cuando mostramos los datos de intensificación extractiva y concentración regional o macro-regional. Siguiendo esa línea, destacamos que la experiencia territorial gatillada con la llegada de un proyecto avanza, comúnmente, hacia la implementación secuencial de muchos otros. Así, en cortos períodos, se observa una aglomeración de proyectos extractivos y/o productivos en el territorio. Estas aglomeraciones, en algunos casos, son parte de una misma industria –como, por ejemplo, minería, energía, forestal, acuicultura–; en otros, refieren a un conjunto de actividades industriales complementarias –plantas termoeléctricas, refinerías, terminales de gas–.

23En este contexto, la institucionalidad socio-ambiental aparece como un mecanismo cognitivo, es decir, una forma de entender la realidad, con amplias implicancias sobre la construcción social de las localidades y las regiones, incluso antes de ser una herramienta regulatoria (Faure, Pollet y Warin, 1995; Jobert, 1989). Dicho de otro modo, el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) –a través de sus instrumentos de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)–, antes de regular las acciones que realizan los titulares de un proyecto, estabiliza socialmente la imagen de los proyectos como realidades individuales y aisladas en los territorios. En rigor, esta situación no es del todo arbitraria y forma parte de las necesidades del sistema legal, que para generar sentencias necesita señalar que las acciones tienen un origen individual. Ahora bien, sostener que intervenir en un ecosistema es una acción particular, en ningún caso es sinónimo de plantear que los impactos de los proyectos cercanos no tengan influencia en las capacidades de los ecosistemas de soportar el ingreso de más emprendimientos.

24Otros sistemas regulatorios, a nivel internacional, complementan la tendencia singularizadora de los mecanismos de evaluación de impacto con instrumentos de planificación territorial que limitan la acumulación de efectos negativos sobre las poblaciones y los territorios (Benson, 2012; Izakovičová, Miklós y Miklósová, 2018; Nenkovic-Riznic, Ristíc, Milijic y Maksin, 2016). En estos casos, un entramado institucional más denso equilibra las capacidades sociales de las diferentes instituciones para construir representaciones unívocas y, por tanto, distorsionadoras de la realidad socio-ambiental. Como bien sabemos, esto no ocurre en el caso chileno y una de sus explicaciones se encuentra en la todavía incipiente discusión sobre justicia ambiental (Hervé Espejo, 2010; Infante, 2016).

25En Chile, desde nuestra perspectiva, la institucionalidad socio-ambiental ha renunciado a la capacidad regulatoria sobre la manera “real” en que las actividades extractivas se expresan en el territorio. Esto quiere decir que ellas privilegian la singularización de los impactos, desconociendo las evidencias de una tendencia a la concentración de proyectos tanto a nivel local como regional. En otra formulación, nuestras instituciones son incapaces de regular los impactos que un proyecto suma a otras actividades pasadas, presentes o futuras. Por esta razón, argumentamos que la institucionalidad socio-ambiental chilena ha permitido las tendencias aglutinadoras de las industrias extractivas y sus crecientes impactos sobre comunidades y ecosistemas.

26Esta situación ha generado un desbalance entre las capacidades de acción de las empresas y los titulares de proyectos respecto de las comunidades locales y los grupos ambientalistas. El desbalance significa, primero, que las comunidades locales desconocen el alcance real de los proyectos que intervienen en el territorio; segundo –y vinculado a lo anterior–, que la institucionalidad privilegia las actividades extractivas por sobre las consideraciones respecto de los efectos reales que una localidad experimenta. Un caso dramático de esta tendencia lo encontramos en la total escasez de agua a la que se enfrentan numerosas comunidades nacionales, porque no existe ningún mecanismo que garantice el caudal ecológico y el consumo humano por sobre la repartición de derechos de agua para proyectos productivos (Larraín, 2006).

27Ahora bien, antes de finalizar, creemos importante reflexionar brevemente sobre algunas características de la aglomeración. La aglomeración territorial de proyectos extractivos es un patrón que se construye a través del tiempo y que, por lo tanto, puede estar más allá de la experiencia individual de las personas. Esto no quiere decir que la aglomeración no sea registrable, sino que para evidenciarla se requiere del reconocimiento entregado colectivamente. Para hacer esta afirmación, nos basamos en los análisis sobre conflictos socio-ambientales que registran actividad contenciosa entre empresas y comunidades por cerca de diez años en promedio (Morera y Rabi, 2018). Con lo anterior buscamos fundamentar la idea de que la aglomeración se debe demostrar, pues no es estática ni menos evidente. En esta misma línea, podemos señalar que las lógicas de aglomeración son doblemente sociales. Por un lado, requieren de la posibilidad social de monitorear procesos extendidos en el tiempo y comunicarlos colectivamente. Por el otro, necesitan del reconocimiento colectivo de personas que no están necesariamente en la co-presencialidad para constituir una verdad consensuada.

28El reconocimiento de la evidencia sobre los efectos socio-ambientales de las aglomeraciones es, justamente, el desafío al que se enfrentará una política pública socio-ambiental participativa. No obstante, lo problemático está en la inconexión, lentitud y falta de diagnósticos socio-ambientales unitarios. La fragmentación de la información, muchas veces inducida por intereses grupales, es un hecho que la institucionalidad no solo debe dar por descontada, sino que, fundamentalmente, debe enfrentar en búsqueda de soluciones.

3.1.1. Alternativa de resistencia uno: Las aglomeraciones territoriales de los proyectos extractivos / productivos son conocidas por todos los actores sociales. De esta manera, se logra avanzar en el reconocimiento colectivo y la incorporación, en la institucionalidad socio-ambiental, de los impactos territoriales de grupos de proyectos.

29Consideramos pertinente presentar una alternativa a la no incorporación de la evidencia sobre los efectos aglomerados de proyectos extractivos/productivos en el territorio, desde la idea de reconocimiento (Honneth, 1997). En tanto, el problema social que se nos presenta está en lograr evidencias de estos efectos y luego, en la aceptación social de sus consecuencias como algo factible de intervenir. En este sentido, un elemento fundamental es avanzar hacia sistemas de diagnóstico socio-ambiental articulados en el territorio. Una de las mayores deficiencias para intervenir en problemas socio-ambientales es que la institucionalidad recurre a un sistema de evidencia unitario, lo que desconoce el carácter fragmentado de la información que se genera en los territorios locales. Así, se desconocen las complejidades evidentes de monitorear y controlar todos los componentes de un ecosistema.

30Desde la propuesta anterior surgen dos líneas de trabajo. Por un lado, lograr sistemas consistentes y estables de monitoreo participativo sobre problemas socio-ambientales; por el otro, la generación de mecanismos para la integración de información entre localidades. La primera situación quiere decir que la consulta a la comunidad sobre temas socio-ambientales y la recolección de información, se vuelven una práctica institucional recurrente. Es necesario aclarar que la segunda implica que el efecto de la primera no será total, si no se avanza también en formas de integración de información de diversas localidades para afrontar la construcción de amplias territorialidades o regiones extractivas.

31Sin embargo, la recolección de información socio-ambiental debe estar acompañada de mecanismos de intervención efectiva. En esta línea, la apertura de espacios de participación social en la aprobación de proyectos extractivos es una necesidad que no se puede seguir obviando. Son tantas las situaciones, en Chile como en Latinoamérica, que indican que la falta de participación genera daños socio-ambientales irreparables, que garantizar la calidad de estos procesos es fundamental. Esta participación ciudadana debe estar vinculada no solo al sistema de evaluación socio-ambiental sino que, además, debe volverse una pieza central dentro de los instrumentos de planificación territorial definidos como “vinculantes”. Esto quiere decir que la planificación del territorio debe realizarse congregando una amplia diversidad de actores y que las decisiones tomadas por ellas y ellos deben tener un sustento legal para garantizar su influencia sobre las intervenciones futuras.

3.2. Clave interpretativa dos: Las lógicas de desecho en su vinculación al crecimiento del consumo, suponen la posibilidad de saturación temprana de los sitios de depósito. Así, por ejemplo, el crecimiento de relaves mineros en el territorio no aparece como una eventualidad, sino como una continuidad.

32Cuando se discute sobre relaves mineros, es común partir de la idea de que un depósito de relave es una eventualidad. Esto es similar a la representación que socialmente se tiene de un basural, en el entendido de que ambas son infraestructuras molestas pero aisladas. Sin embargo, en contraposición a estas representaciones, nosotros sostenemos que los relaves mineros, al igual que otros proyectos extractivos, se construyen y organizan territorialmente de manera aglomerada.

33La fundamentación de esta visión la encontramos en que los relaves son los espacios que recogen los desechos de un modelo productivo y, en esta línea, su aumento está vinculado al crecimiento de la industria minera. Así, la llegada de un relave minero a una localidad, en contadas ocasiones, es una eventualidad y, por el contrario, se refuerza en la continuidad que por décadas presenta el modelo extractivo nacional. En este sentido, y observando la evidencia, es más acertado hablar de territorialidades para los desechos que simplemente de proyectos de relaves.

34Son varios los autores que han destacado el crecimiento económico chileno en las últimas tres décadas (De Gregorio, 2005; Schmidt-Hebbel, 2006). En este proceso, el rol de la industria del cobre no ha sido menor, sobre todo si observamos su participación a nivel del producto interno bruto, de la balanza comercial y de la recaudación fiscal (García, Knights y Tilton, 2001; Meller, 2013). Por ejemplo, durante el superciclo de las commodities el cobre entregó entre el 10 y el 20 % del PIB nacional y significó más del 50 % de las exportaciones nacionales (García et al., 2001; Rodríguez, Vega, Chamorro y Acevedo, 2015). En cualquier caso, es necesario recordar que por cada tonelada producida –o dólar conseguido por la exportación del cobre– existe un impacto socio-ambiental, ya sea por la remoción de material, la producción de residuos tóxicos, la contaminación atmosférica o la emisión de gases de efecto invernadero.

Figura 1. Mapa de relaves mineros en la comuna de Andacollo

Figura 1. Mapa de relaves mineros en la comuna de Andacollo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernageomin.

35Los mapas presentados en la figura 1 representan la situación de la comuna de Andacollo en la Región de Coquimbo, durante tres períodos: antes de 1983, 1983-1989 y 1989 en adelante. Aquí se evidencia, territorialmente, cómo al crecer el rubro minero en Chile lo hacen en la misma medida los relaves. En la zona se observan dos tendencias: primero, que el perímetro urbano y aquellos sectores que colindan a los caminos interurbanos son de especial interés para la localización de los relaves. Así, encontramos aglomeraciones en la ciudad y en lugares cercanos a las rutas en el este, oeste, suroeste y norte de la comuna. En segundo lugar, vemos que los nuevos relaves surgen en la proximidad de los territorios donde ya existían depósitos; adicionalmente, estas nuevas infraestructuras son cada vez de mayor envergadura.

36Si es que se monitorea la cantidad de toneladas contenidas en los relaves pequeños, medianos y grandes en la comuna, se observa que el 87,60 % de las toneladas en pequeños relaves se concentra en el primer momento y luego disminuye; incluso luego de 1989 significó un 5,37 %. Ocurre lo mismo con los relaves medianos que en un primer y segundo momento concentran casi el 90 % de tonelaje y de 1989 en adelante solo el 10 %. En contraposición a esta tendencia, mientras avanza el tiempo, los relaves de gran envergadura van aumentando la cantidad de toneladas que poseen; sin ir más lejos, desde 1989 en adelante concentran el 98 % de las toneladas. Para poner en perspectiva, el tonelaje sumado de los momentos uno y dos, independiente del tamaño del relave, es de 9.239.586 toneladas, mientras que los relaves de gran envergadura de 1990 en adelante suman 475.555.880 toneladas, o sea, se superan en más de cincuenta veces a los dos períodos sumados.

37En el norte de Chile, existe una amplia historia que vincula la construcción de zonas urbanas con el desarrollo de la minería durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Así, tanto los campamentos salitreros, donde se asentaba la migración laboral, como las primeras ciudades puerto, donde se exportaba el mineral, están ligadas a la industria minera (Garcés, 2003). En cualquier caso, esta vinculación entre minería y ciudad resulta menos evidente cuando se piensa en la coexistencia entre asentamientos humanos y depósitos de relaves. Si bien esto fue una práctica común hasta la primera mitad del siglo pasado, es cuestionable que, en la actualidad, la institucionalidad haya intervenido tímidamente en esta situación, sobre todo existiendo evidencia respecto a los daños socio-ambientales que estos depósitos producen en los ecosistemas y la salud de la población.

38La situación de la comuna de Andacollo nos muestra un caso dramático de aglomeración de depósitos de relave y, con ello, la constante afectación que por años ha sufrido su población. En este sentido, la aprobación ambiental de esta infraestructura no puede desconocer las lógicas territoriales de la industria minera y cómo el aumento de la producción a nivel nacional significa la saturación territorial, producto de los desechos tóxicos del proceso. De esta forma, es importante observar y anticipar, desde la política ambiental, los escenarios socio-ambientales que se producen como consecuencia tanto de ciclos positivos como negativos en el precio del cobre, donde ambos, en el mediano plazo, llevan a un aumento de la producción.

3.2.1. Alternativa de resistencia dos: Los gobiernos locales participan de procesos de planificación territorial que anticipan las dinámicas de depósito y desecho de las industrias extractivas. Existe un diálogo permanente entre las autoridades y comunidades locales respecto del futuro del territorio.

39Ante el comportamiento aglomerado de los depósitos de relaves, una de las alternativas de contención se encuentra en la capacidad de los gobiernos locales para realizar diagnósticos territoriales, procesos de participación ciudadana y planificaciones vinculantes. En este sentido, tal como se programa el ritmo de crecimiento de la industria minera, también es posible anticiparse al aumento en la cantidad de desechos tóxicos generados por ella. Por ejemplo, desde el momento en que se comienzan a realizar trabajos de exploración y sondaje minero, existen indicios para anticipar un proceso productivo que, en cualquier circunstancia, generará desechos. Estas son las ocasiones para comenzar a dialogar estrategias territoriales de localización de relaves.

40Respecto a la capacidad de diagnóstico, revelamos la potencialidad que tienen los gobiernos locales como una alternativa institucional para desarrollar aquel pronóstico. Esto, considerando que poseen instrumentos como el Plan de Desarrollo Comunal, Plan de Desarrollo Turístico, entre otros, en los cuales ya existen etapas de diagnóstico socio-territorial. Además, producto de su necesaria vinculación con la ciudadanía en la ejecución de programas públicos, ellos disponen de mayor capacidad para integrar diferentes visiones en el análisis.

41En esta línea, también hay que considerar que los relaves mineros son problemáticas ambientales que se extienden en el tiempo, debido a su relación con el proceso completo de producción minera. Ante esta realidad, es necesario avanzar hacia mecanismos de participación ciudadana que trasciendan en el tiempo, considerando visiones amplias del territorio, en conexión con todas las etapas de desarrollo de los proyectos extractivos. Con esta idea, nos referimos a la construcción de redes entre gobiernos locales y ciudadanía, donde prime el diálogo en aras de la construcción de una gobernanza temporalmente extendida y más efectiva ante escenarios complejos. Esto, sin duda, es una necesidad prioritaria para el caso de Andacollo. Aquí, en el año 2012, ya existió una experiencia en donde la empresa minera, el Ministerio del Medio Ambiente, el municipio y la comunidad local se coordinaron para lograr extraer un relave y construir en su lugar un parque (Zenteno, 2013). La limitación es que esta experiencia fue circunstancial y no abarcó la totalidad del problema. Esto refuerza la idea de que, para afrontar este tipo de problema complejo, es necesario avanzar en nuevos modos de diagnóstico para el futuro, en participación ciudadana y en los modos de toma de decisión, de manera que las acciones puedan perdurar en el tiempo.

42En conclusión, una de las alternativas para contener esta lógica de colonización aglomerada de los depósitos de relave, se encuentra en los gobiernos locales, siempre y cuando estos potencien sus lazos con la ciudadanía. Desde allí pueden surgir diferentes estrategias sociales para proyectar, de manera conjunta y colaborativa, el territorio hacia el futuro.

3.3. Clave interpretativa tres: El crecimiento energético está tensionado entre lógicas de grandes y pequeños proyectos, comúnmente, privilegiando –al menos en el discurso– los proyectos de menor envergadura y de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Sin embargo, la lógica de aglomeración de los proyectos, incluso de ERNC, contradice su “supuesto menor impacto”.

43La creciente deslegitimación ciudadana respecto a la manera en que los gobiernos han gestionado los conflictos socio-ambientales es, sin lugar a duda, parte de los antecedentes que se encuentran en la base del cambio en la institucionalidad ambiental (Carrasco y Maillet, 2019). De igual manera, la incapacidad institucional de evitar los profundos daños a los ecosistemas que han generado los proyectos extractivos, durante las últimas tres décadas, resulta una pieza clave para comprender los nuevos acuerdos políticos en materia ambiental. Así, al menos en el espíritu de la ley ambiental, se observa un giro desde lógicas remediales a preventivas. Esto implica un avance desde la gestión ambiental comprendida como una reparación –siempre insuficiente– de los desastres ambientales hacia una actitud proactiva donde se busca evitar el problema.

44La nueva política energética nacional (Ministerio de Energía, 2015) sigue la lógica preventiva. Así, luego del fracaso de los megaproyectos – como ocurrió con el emblemático caso de HidroAysén– se apostó por un giro hacia centrales hidroeléctricas de menor envergadura y con una tecnología menos invasiva. Ahora bien, en la Política Energética Chilena 2050 se propone a la energía como un motor de desarrollo nacional (Fonseca, Cepeda & Campos, 2018), por lo cual la apuesta desde el Estado será por compatibilizar el crecimiento económico con un desarrollo sostenible.

45Desde la perspectiva de la nueva política energética, pareciera ser que los proyectos más pequeños y menos invasivos son la opción ideal en términos de responsabilidad ambiental y desarrollo económico (Levy y Spicer, 2013). Asimismo, la menor envergadura de los proyectos instaura, en el imaginario colectivo, la idea de los proyectos energéticos como “particularidades”. En otras palabras, ellos se entienden como proyectos individuales y autónomos para el directo beneficio de la comunidad. No obstante, este imaginario no considera la posibilidad de que estos proyectos formen parte de estrategias de inversión más amplias y, por lo tanto, nunca logren este deseado carácter comunitario y particular.

46Existe evidencia para sostener que esta lógica de menor impacto ha dado paso a una proliferación de centrales de pasada de menor escala y a un aumento en la cantidad de proyectos de ERNC (Campos-Medina, Noguer y Manalu, 2020). Adicionalmente, esta proliferación de proyectos se ha desarrollado bajo la lógica de la aglomeración y saturación territorial. Es decir, se observa que las pequeñas centrales de paso se vinculan a las grandes centrales, generando así espacios concentrados de proyectos energéticos. Un ejemplo se dio en la Región de Antofagasta, cuando, entre enero y octubre del año 2020, se presentaron al SEA más de veinte proyectos de ERNC, principalmente de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, concentrados en solo cuatro comunas de la región. Esta misma aglomeración se observa en el centro sur del país con plantas hidroeléctricas.

Figura 2. Mapa de centrales hidroeléctricas en la provincia de Biobío

Figura 2. Mapa de centrales hidroeléctricas en la provincia de Biobío

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía.

47La figura 2 ilustra las centrales hidráulicas ubicadas en la provincia del Biobío en la Región del Biobío, en tres períodos: 1948-1867, 1968- 2004, 2005-2018. Aquí se evidencia la apuesta al tránsito desde grandes centrales hidráulicas hacia las pequeñas centrales de pasada desde el año 2005 a la fecha. De igual manera, se observan dos tendencias interesantes: por un lado, la concentración de estas centrales en cuatro comunas –Quilleco, Antuco, Santa Bárbara y Alto Biobío– de las catorce que conforman la provincia y, por otro, la tendencia a la aglomeración de estas centrales en el tiempo, en una misma zona geográfica: la cordillera. En términos más amplios, se destaca la capacidad energética de los proyectos en la provincia, los cuales representan aproximadamente el 10 % de la energía hidráulica total generada, al menos hasta el 2019, en el país.

48La situación de la provincia del Biobío evidencia las lógicas de aglomeración y saturación con las que operan actualmente los proyectos hidroeléctricos, las cuales suponen una colonización del territorio que genera mayores impactos de los realmente reconocidos mediante las evaluaciones. El funcionamiento de muchas pequeñas centrales de pasada en proximidad y simultaneidad, no solo afecta el paisaje directo en el que se asientan, sino que también impide el acceso a territorios y recursos relevantes para las comunidades locales. Esto se refleja, por ejemplo, en la apropiación del agua en zonas cordilleranas y precordilleranas, y en la invasión y transformaciones de los territorios aledaños a los proyectos, los cuales no contemplan, en absoluto, las necesidades de las comunidades locales.

49En este sentido, es importante entender que la sustentabilidad del sector energético no viene dada por la tecnología menos invasiva de las pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada ni por la condición renovable de las energías. Por el contrario, si la evaluación ambiental y las decisiones ambientales no se articulan en una lógica de planificación comunitaria y responsabilidad de producción energética, los impactos se acrecientan y los conflictos con las comunidades se profundizan. Por esto es tan importante evidenciar que las pequeñas centrales hidroeléctricas no serán sustentables si prevalece, desde la institucionalidad ambiental, un modelo de propiedad tradicional, donde son propietarias compañías externas al territorio, las que producen energía para una demanda distinta a la de las comunidades locales.

3.3.1. Alternativa de resistencia tres: Las energías renovables no convencionales deben vincularse con formas de propiedad locales. De esta manera, la producción de energía se organiza en torno a las necesidades de los territorios y no para suplir necesidades ajenas al espacio local.

50Hacer frente a la lógica de colonización aglomerada de las grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas en el territorio, implica, desde nuestro punto de vista, replantear las lógicas en las que opera la propiedad en Chile y trazar un nuevo horizonte normativo que aspire a la democratización de la energía. En este sentido, es clave el tránsito desde el modelo de propiedad tradicional hacia un modelo que entienda los derechos y necesidades específicas que las comunidades locales tienen sobre los territorios.

51Un nuevo modelo debe abogar por el fortalecimiento de la propiedad energética de las comunidades, dándoles mayor nivel de autonomía sobre los recursos de los territorios que habitan. Asimismo, es fundamental que esto se acompañe, por un lado, de nuevas estrategias socio-técnicas por parte de los gobiernos, que vayan más allá de la mera compatibilización entre sustentabilidad y crecimiento económico y, por otro lado, de nuevas formas de vinculación entre los proyectos energéticos y comunidades locales, en donde estas últimas puedan ser parte de las decisiones y discusiones fundamentales de los usos del territorio.

52De esta forma, consideramos que los diálogos entre las comunidades y los mercados hidroeléctricos deben ir en la línea de la redefinición de los usos del agua, considerando que su uso no puede ser solo comercial. Ahora bien, para que este diálogo resulte fructífero, debe existir también una iniciativa de cambio en la institucionalidad, redefiniendo, a su vez, los marcos normativos actuales que separan la propiedad del agua de la tierra (Fonseca et al., 2018), entendiendo a los territorios como espacios integrales y no artificialmente fraccionados.

53En conclusión, la resistencia a la aglomeración de las centrales hidroeléctricas se basa en una forma distinta de propiedad de las infraestructuras energéticas que conecte el desarrollo de los proyectos con las necesidades locales. Así se evitará un crecimiento desmedido de proyectos para alimentar energéticamente ciudades e industrias a cientos o miles de kilómetros de distancia.

4. Conclusiones

54En este capítulo, hemos querido entregar claves interpretativas para comprender el crecimiento aglomerado de los proyectos extractivos y delinear así algunas alternativas de resistencia. Para abordar esta tarea, mostramos el crecimiento esperado para la industria energética y minera durante los tres últimos años a través de los proyectos ingresados a tramitación en el SEA. Analizando esta información, pudimos identificar un patrón de crecimiento territorial para la industria minera y energética de tipo intensivo y aglomerado. Esto quiere decir que los espacios de explotación son intensificados en la misma medida en que, al abrir nuevos territorios a la producción, se genera un proceso de aglomeración de proyectos. Esta información resulta evidente al observar el caso de los relaves mineros en la comuna de Andacollo y las centrales hidroeléctricas en la provincia de Biobío, donde se constata este patrón aglomerado y expansivo.

55En este sentido, destacamos que la aglomeración de proyectos extractivos no son una casualidad ni tampoco una eventualidad. Todo lo contrario: la aglomeración es el futuro previsible del acceso de un emprendimiento extractivo al espacio local. Los relaves mineros, para el caso de Andacollo, muestran un patrón de aglomeración que se extiende por más de cuarenta años en espacios territoriales que van recibiendo una multiplicidad de relaves. Al mismo tiempo, los relaves han ido mutando durante este período hacia infraestructuras más grandes, implicando que la cantidad de relave depositable hasta el año 1989 es cerca de cincuenta veces menor que la que pueden recibir los relaves construidos desde la década de 1990 a la fecha.

56Una situación similar ocurre con las centrales hidroeléctricas ubicadas en la provincia del Biobío. En el período comprendido entre los años 2005-2018, observamos un giro desde las centrales de embalse hacia las de pasada. En este período se construyen veinticinco centrales de pasada, lo que representa un 68 % del total presente en la provincia. De igual forma, se observa que todas estas centrales, tanto de pasada como de embalse, se concentran en cuatro comunas cordilleranas. Con ello se confirma cómo este territorio se ha vuelto uno de los focos productivos del país, al entregar, aproximadamente, el 10 % de la energía hidroeléctrica del sistema interconectado.

57Buscando hacer sentido de la lógica aglomerada e intensificada de los procesos extractivos, propusimos tres claves interpretativas, que se pueden resumir señalando: i) los proyectos extractivos no son singularidades, sino que responden a patrones de aglomeración que la institucionalidad ambiental no contiene y la comunidad local, muchas veces, desconoce; ii) las lógicas de desecho, al estar vinculadas al proceso de consumo, muestran un crecimiento continuo e incluso acelerado; iii) los proyectos energéticos de ERNC y de menor envergadura son considerados comúnmente como “sustentables”, pero esto deja de ser así cuando revelamos la aglomeración de proyectos en el espacio local. Frente a cada una de estas claves interpretativas, propusimos una alternativa de resistencia. La primera de ellas propone un conocimiento social de la lógica de la aglomeración para hacer frente al crecimiento extractivo. La segunda se centra en las capacidades de los gobiernos locales para anticipar procesos intensivos de desecho industrial, como es el caso de los relaves mineros. La tercera alternativa, finalmente, propone la necesidad de modificar el régimen de propiedad de los proyectos energéticos de menor envergadura, de modo de contener su crecimiento acelerado y de responder a las necesidades locales.

58Estas tres alternativas de resistencia se basan en la necesidad de construir alternativas de acción, tanto individuales como colectivas, para contener el avance del extractivismo en el país. En este sentido, dichas acciones requieren de horizontes comunes y compartidos para organizar a las personas y comunidades. De esta manera, si bien compartimos la necesidad de generar cambios estructurales al modelo económico chileno, al mismo tiempo, sostenemos que dichos cambios, para ser efectivos, requieren en la experiencia de cada uno de nosotros, la posibilidad de futuros alternativos al extractivismo Es decir, requerimos de formas sociales que nos permitan comprender la realidad, de un modo distinto al de los últimos cuarenta años. En cierto sentido, necesitamos que la música del extractivismo deje de sonar como una constante monotonía y otras alternativas de vida resuenen con mayor fuerza.

59Para superar el extractivismo no solo basta con visibilizar contradicciones estructurales, sino que también hay que pensar en las transformaciones desde la acción social en los territorios (Werlen, 2021; Ojeda, Alfaro y Campos, 2021). Ahora, estas acciones no solo refieren a personas movilizándose en función de tal o cual objetivo, sino que van de la mano con una construcción cognitiva respecto al entendimiento de la relación persona/entorno. En esta línea, lo que hay que transformar para superar el extractivismo es mucho más qué mecanismo, siendo necesario un cambio psicosocial en el que las transformaciones que ocurren en nuestro entorno resuenen en las personas (Rosa, 2019).

60Durante este capítulo, hemos querido poner el acento, desde el mundo académico, en una forma diferente de resistir y cuestionar al modelo extractivista neoliberal, al ensayar una forma de hacer sentido social de una dinámica socio-territorial violenta, como es la aglomeración extractiva. Esperamos que este texto sirva a diferentes actoras y actores para imaginar alternativas sociales, no solo reactivas al extractivismo, sino verdaderamente revolucionarias en nuestra forma de vivir en el espacio local y en medio de la naturaleza.

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Notes

1 Agradecimientos: este capítulo se desarrolló al alero del financiamiento del proyecto FONDECYT de Iniciación N° 111606001 “Ecological modernizatión in Chile” y por Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional (PEEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, mediante su Concurso de Fortalecimiento de Productividad y Continuidad de Investigación (FPCI) 2019-I.

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Titre Gráfico 1. Total de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2019
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Titre Gráfico 2. Montos totales de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según modalidad de ingreso
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Titre Gráfico 3. Sector minero: montos de inversión y cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020
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Titre Gráfico 4. Sector energético: montos de inversión y cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020
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Titre Gráfico 5. Sector minero: cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020 según región
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Titre Gráfico 6. Sector minero: montos de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región
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Titre Gráfico 7. Sector energético: cantidad de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región
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Titre Gráfico 8. Sector energético: montos de inversión de proyectos ingresados al SEIA entre los años 2018-2020, según región
Crédits Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA.
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Titre Figura 1. Mapa de relaves mineros en la comuna de Andacollo
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Titre Figura 2. Mapa de centrales hidroeléctricas en la provincia de Biobío
Crédits Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía.
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Auteurs

Profesor Asistente del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Vivienda y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Doctor en Urbanismo por la Universidad-Bauhuas Weimar y Doctor en Sociología por la Friedrich Schiller Universidad de Jena, ambas en Alemania. Ha realizado múltiples investigaciones en los ámbitos de: sociología ambiental, sociología urbana, geografía humana, conflictos socio-ambientales y estructuras espacio-temporales en la sociedad. Es creador y director del Laboratorio de Sociología Territorial, espacio centrado en potenciar la investigación conjunta con estudiantes de pre-grado y post-grado, con foco en la transformación socio-espacial.

Licenciado en Sociología por la Universidad de Chile y Diplomado en Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana. Actualmente es Becario del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social para cursar Magíster en Ciencia Política en la Universidad de Chile (agradece el apoyo de COES- ANID/FONDAP/15130009). Se desempeña como Coordinador del Laboratorio de Sociología Territorial e Investigador del Instituto de Economía Política y Social, sus temas de interés refieren a: teoría social y teorías sobre el territorio, sociología ambiental, sociología urbana y políticas públicas. Iván es Oriundo de la Patagonia Chilena.

Licenciada en Sociología por la Universidad de Chile y cursando el Magíster en Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica e investigadora del Laboratorio de Sociología Territorial. Además, es Docente de apoyo en los cursos de metodología de la investigación social de la carrera de Sociología de la Universidad de Chile. Sus temas de interés refieren a Políticas Públicas, Economía, Sociología Ambiental, Género y Desigualdad.

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