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Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el Sur

 | 
Cristian Alister
, 
Ximena Cuadra
, 
Dasten Julián-Vejar
, 
et al.

Primera parte. Contexto e introducción del libro

2. Los extractivismos sudamericanos hoy

Permanencias y cambios entre el estallido social y la pandemia

Gudynas Eduardo

Full text

1El propósito de este capítulo es ofrecer un repaso al concepto de extractivismos, los modos por los cuales se lo define, y algunas de sus características. Se abordan cuestiones como el papel de los excedentes o las implicancias de los llamados efectos derrame sobre las políticas públicas. Sin duda, han ocurrido cambios muy relevantes a lo largo de más de una década desde que se ensayaron las primeras definiciones, por lo que esta revisión considera tanto las permanencias como los cambios en ese debate.

2El presente texto está directamente basado en la conferencia plenaria dictada en Temuco, ofreciendo un resumen de nuestro propio trabajo, y por ello la bibliografía que aquí se comparte es sumaria, aunque permite iniciar el seguimiento de estas cuestiones. Las respuestas a algunas preguntas de la audiencia están incluidas en este capítulo. Pero, además, se realizó una actualización, ya que no puede olvidarse que pocas horas después de la clausura del congreso en Temuco, comenzó el estallido social en Chile. Las enormes movilizaciones ciudadanas que ocurrieron en las semanas siguientes pusieron en nuevo cuestionamiento varios temas, y entre ellos distintas actividades que corresponden a extractivismos, y los respaldos jurídicos y constitucionales que los amparan en Chile.

3Sobre esa crisis se sumó, a los pocos meses, la pandemia por COVID-19, con sus muy fuertes tensiones económicas y sociales, que también afectaron los modos de entender los extractivismos. Finalmente, tampoco puede desatenderse que el país se encamina a un proceso constituyente y, por lo tanto, estarán en discusión ideas básicas que en unos casos sirven como sostén a los extractivismos, pero que en otros permiten elaborar alternativas a ellos. Muchos de esos elementos se incorporan en la actualización del presente capítulo.

La definición de los extractivismos

4Un adecuado punto de partida es insistir en la crucial relevancia que tiene una definición sobre los extractivismos. Dicho de otro modo, ser precisos en determinar cuáles actividades constituyen un extractivismo y cuáles no. En lo que sigue se presenta la definición de trabajo que se ha utilizado en los últimos años, sin pretender que sea absoluta ni universal, aunque con la pretensión de ser precisa, robusta y predictible.

5La elaboración de esa definición fue imprescindible para poder intervenir en los debates sobre alternativas. No resultó de un ejercicio académico en sí mismo, sino que fue un producto de las discusiones sobre alternativas a los extractivismos en diferentes países. Por lo tanto, lo que podría llamarse algo así como una “teoría de los extractivismos”, siempre operó a la inversa: la elaboración de alternativas requería precisiones sobre qué eran los extractivismos y sobre los modos de analizarlos.

6La definición de trabajo de extractivismos corresponde a la apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o alta intensidad, y que son exportados como materias primas o commodities. Esto incluye no solamente la fase de extracción de los recursos, sino todo su ciclo de vida, desde las etapas de exploración y prospección a las finales, cuando se abandonan los enclaves. El umbral para determinar la prevalencia del destino de exportación corresponde al 50 % o más, en esta definición. Esta definición se elabora con más detalle en Gudynas (2015).

7De este modo, los extractivismos son un tipo entre varios diferentes modos de apropiación de recursos naturales. Existen otros modos que no dependen de los mercados externos o que no implican remover altos volúmenes de recursos naturales. Ejemplo de ello es la agricultura para el consumo local o nacional. El concepto de modos de apropiación se basa en parte en la idea de modos de producción, aunque diferenciándolo por sus características peculiares. Entre ellas, se destaca que en los modos de apropiación las decisiones sociales o políticas no pueden modificar las condiciones ecológicas; por ejemplo, una resolución de ese tipo no puede aumentar los minerales o petróleos en un yacimiento. Están en juego límites ecológicos que condicionan ese primer paso en obtener los recursos que se insertan en las economías.

8Esta definición de extractivismos tiene varias consecuencias, y algunas de ellas se deben precisar. En primer lugar queda en evidencia su pluralidad. Se observan los clásicos extractivismos mineros y petroleros, pero también los hay agrícolas, ganaderos, forestales o pesqueros. En todos esos sectores hay casos de remoción de grandes volúmenes de recursos naturales para ser exportados como una materia prima. Esta distinción es importante en Chile ya que, además de los rubros mineros, también se deben indicar como extractivos a otras actividades, como las explotaciones de palta para exportar, la salmonicultura o los emprendimientos forestales para pulpa de celulosa. Lo mismo ocurre en otros países, donde los extractivismos no quedan restringidos a las prácticas mineras o petroleras convencionales.

9Otra consecuencia relevante radica en que los extractivismos son tanto locales y globales o, dicho de otro modo, glocales. Los yacimientos minerales o petroleros están anclados a sitios específicos, y no se les puede mover de lugar. Lo mismo ocurre con los extractivismos agropecuarios, ya que dependen de la fertilidad de los suelos, los climas, o el acceso al agua. Pero todos ellos están subordinados a condiciones externas, tales como los precios globales que se pagan por esos commodities, su demanda desde los potenciales compradores, la disponibilidad de inversores extranjeros para financiar actividades, o las redes de comercio internacional. Estas condiciones no son controladas por un gobierno nacional como el chileno, sino que están subordinadas a un capitalismo globalizado.

10También es importante advertir que esta definición deja en evidencia que no tiene sentido hablar de “producción” de cobre o de cualquier otra materia prima. A pesar de que esa es una terminología muy utilizada por economistas, y repetida por muchos otros actores, incluyendo movimientos sociales, en realidad es incorrecta. Nada se produce, sino que estamos ante recursos que son extraídos o cosechados. No se produce cobre en Chile ni carbón en Colombia, en tanto son extraídos; y salmones, porotos de soya o bananos, son cosechados. No solo eso, sino que son pérdidas netas de patrimonio natural. En unos casos esa pérdida es inmediata (como ocurre con recursos naturales no renovables), y en otras situaciones puede ser mediata (como sucede con la agricultura que altera la renovabilidad de la fertilidad del suelo).

11Los extractivismos no son una industria, ya que lo que se comercializa son materias primas y no productos manufacturados que pasan por una cadena de industrialización. Expresan, en cambio, el primer eslabón en una secuencia que tiene sus siguientes pasos en otros países, sea en Europa, Norteamérica o Asia, donde están ubicadas las industrias.

12Estos dos últimos puntos dejan en evidencia la importancia del lenguaje en fortalecer y blindar a los extractivismos. Las repetidas referencias a producción o industria evocan imágenes con amplia legitimación en la opinión pública. Muchos imaginan a la minas a cielo abierto como grandes fábricas repletas de obreros, cuando en realidad esa representación es errada. Esas terminologías muestran que los extractivismos obtienen legitimidad social, porque continuamente generan un lenguaje que brinda justificaciones y provee imágenes que buscan apoyos, e incluso, van más allá, asociando todo esto a promesas de éxito económico. Ante esta situación es posible señalar que un componente para las alternativas a los extractivismos es deconstruir ese lenguaje.

13Es importante precisar algunos aspectos de esta definición frente a otros que se esgrimen en ocasiones. En algunos casos se define como extractivismo a cualquier actividad de alto impacto ambiental, y ello conlleva varias limitaciones. Entre ellas se destaca que desaparecen las diferencias entre apropiaciones para el uso nacional, como la minería para la construcción, con aquellas que se deben a las exportaciones aunque, sin embargo, mantienen diferencias sustanciales. Por un lado, las primeras pueden estar sujetas a decisiones políticas y económicas nacionales, mientras que las segundas dependen de la globalización y, por lo tanto, son muy limitadas las capacidades de gestión y control desde los gobiernos nacionales. Por otro lado, el volumen de apropiación de recursos que se inserta en el comercio global es varias veces mayor a los usos nacionales e impone reconfiguraciones territoriales en enormes superficies; sus escalas son totalmente distintas. De este modo, si cualquier emprendimiento de alto impacto ambiental es un extractivismo, entonces se debería buscar otro término para aquellos que están anclados en la globalización.

14Esto no quiere decir que en la definición que aquí se sigue se niegue la gravedad de los impactos sociales y ambientales, sino que estos son consecuencias de esas actividades, pero no un elemento que las define.

15La diferencia en escalas indicada arriba queda en evidencia con las informaciones ahora disponibles sobre las exportaciones de recursos naturales (minerales, hidrocarburos o biomasa), evaluados en unidades físicas, y no en monetarias. Las exportaciones totales de América Latina y el Caribe pasaron de un estimado de 115 millones de toneladas en 1980, a 1.035 millones de toneladas en 2016. Estos son volúmenes enormes, y ese incremento sobre todo ocurrió en minerales metálicos (véase Infante-Amate y colab., 2020). El mayor proveedor es Brasil, que lidera en rubros como minerales, agricultura y ganadería, superando los 500 millones de toneladas en 2016. A su vez, debe recordarse que estos indicadores se refieren al recurso exportado, mientras que quedan en el país de origen la materia considerada “desecho”, como los áridos en la minería, y que en casi todos los casos multiplica el volumen de materia extraído. En el caso de los recursos no renovables, se deberían sumar las pérdidas de cada año. Todo esto deja en evidencia la escala que ha adquirido esta extracción de recursos desde la naturaleza.

16Otras definiciones más recientes aplican el calificativo extractivismo a todo tipo de actividades. Surgieron así los llamados extractivismos urbanos, económicos, financieros, cognitivos, digitales, epistemológicos, etcétera, que han proliferado recientemente. Este uso exagerado no puede apoyarse por varias razones. Por ejemplo, la dinámica de apropiación del suelo urbano poco tiene que ver con la remoción de recursos mineros, agrícolas o forestales, y por ello es cuestionable el sentido de traspasar todo lo analizado sobre la exportación de recursos naturales a la problemática urbana. A su vez, ese uso deja por el camino los análisis críticos que se realizaban para cada una de esas problemáticas; por ejemplo, hablar de extractivismos financieros parecería, por momentos, olvidar los múltiples abordajes críticos que se han hecho sobre el capital.

17Finalmente, la definición que aquí se presenta mantiene una relación de continuidad con aquellas concepciones elaboradas por las organizaciones sociales que denunciaban esas actividades, y con los usos históricos más recientes del concepto.

Enclaves, redes de interconexión o áreas de soporte

18Una vez definidos los extractivismos es posible avanzar en los elementos a considerar en su descripción y análisis. Todos están asentados en enclaves, como pueden ser los sitios donde se efectúa la remoción de minerales y sus infraestructuras asociadas. Estos son enclaves acotados y, por ello, similares a lo que se registra con las plataformas de perforación de hidrocarburos. Pero en otros sectores los enclaves son más extendidos o difusos, como ocurre con las plantaciones forestales o los monocultivos, que llegan a ocupar millones de hectáreas.

19Los enclaves, por un lado, están comunicados por redes de conexión, como carreteras, ferrovías, hidrovías, etcétera, que les permite recibir insumos, personal, etcétera, y que, a su vez, son las vías de salida de los recursos extraídos. Estas redes se conectan en nodos, finalizando en instalaciones de salida de las exportaciones, como pueden ser puertos. Por otro lado, cuentan con áreas de soporte, las cuales les brindan insumos indispensables para sus actividades. Se destacan las represas, ya sea para proveerles de energía eléctrica o de agua para riego.

20En algunos casos, el entramado de redes de conexión y áreas de soporte tiene una enorme relevancia y desencadena severos impactos. Un ejemplo de esta situación es Ventanas-Puchuncaví, en la costa chilena, que corresponde a un nodo de encuentro de redes de conexión con infraestructura de soporte, incluyendo vías de exportación de recursos, importación de insumos, plantas de energía, químicas, etcétera. En otros países, estas están diseminadas en el espacio, pero en el caso chileno se han concentrado en un sitio. Se conforman, de ese modo, las llamadas “zonas de sacrificio”, las que no son enclaves extractivistas, pero son parte de la infraestructura que solo se puede explicar por ese tipo de apropiación de recursos. Dicho de otro modo, esas zonas son la contracara de los extractivismos.

21Tanto las redes de conexión como las áreas de soporte pueden cubrir enormes superficies, tienen severos impactos sociales y ambientales, y son muy difíciles de gestionar porque, además, sirven a otros intereses más allá de los extractivismos.

22Los recursos naturales extraídos son insertados en redes globales de comercialización, por las cuales son aprovechados bajo distintos modos de producción. En un sentido estricto, los extractivismos son un primer eslabón en un entramado que es más correcto describir como una red que como una cadena de comercialización. Aunque el primer paso extractivista puede estar en manos de empresas privadas, mixtas o estatales, la comercialización en muchos casos es controlada por grandes corporaciones transnacionales (como son las corporaciones petroleras o las que se enfocan en agroalimentos).

Propiedad y acceso

23Cualquier análisis sobre los extractivismos debe distinguir entre los conceptos de propiedad y acceso. El primero se refiere a los derechos de propiedad sobre los recursos naturales, que en casi todos los países aparecen como pertenecientes al Estado, la nación o el pueblo, según diferentes formulaciones constitucionales. El segundo alude a la apropiación de los recursos, y se expresa, por ejemplo, en las concesiones petroleras o mineras, o los permisos de explotaciones agropecuarias, que casi siempre están en manos de actores privados.

24Se observa que en varios extractivismos, aunque la propiedad es controlada por el Estado, son frecuentes los acuerdos que brindan el acceso a empresas privadas. Incluso allí donde operan las corporaciones estatales petroleras, estas realizan diferentes convenios de coparticipación con las grandes empresas transnacionales.

25Además, los extractivismos operan bajo todo tipo de combinaciones de tipos de propiedad y acceso. Por ejemplo, en el sector petrolero, existen empresas estatales (como PDVSA de Venezuela), mixtas (la brasileña Petrobras) o privadas (como Shell o British Petroleum). Esto permite aclarar otro punto referido a definiciones que restringen los extractivismos a aquellos emprendidos por empresas transnacionales. Es una mirada incompleta ya que, en muchos sectores y países, esas actividades están en manos de compañías estatales o de capitales nacionales.

26Esta distinción también permite analizar una creciente dinámica en algunos extractivismos sudamericanos, donde las empresas transnacionales ceden el control de la propiedad para enfocarse en el acceso. Para varias de ellas es más ventajoso que una empresa estatal o nacional se encargue de la extracción de los recursos naturales, lidiando con trámites, permisos, conflictos, etcétera, mientras estas se encargan de la siguiente fase de comercialización. Esto ocurre en el sector petrolero, en algunos casos con la minería (como sucede con las cooperativas mineras o la empresa estatal en Bolivia), y especialmente en la agricultura en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay (como distintos convenios con los dueños de la tierra).

Impactos locales y efectos derrame

27Es bien sabido que los extractivismos ocasionan impactos locales. Actividades como la megaminería contaminan suelos, aguas y aire, y desde allí afectan la biodiversidad y la salud de las personas. Los derrames desde los pozos de petróleo y los oleoductos contaminan las zonas adyacentes, desembocando, por ejemplo, en la pérdida de la potabilidad del agua. El avance de la agropecuaria de exportación está asociado a la deforestación, pérdida de la biodiversidad y contaminación por agroquímicos. Estos son ejemplos de impactos locales que se producen en los enclaves donde se hace la extracción de los recursos naturales, o que se explican por sus redes de interconexión o áreas de soporte. En casos como la megaminería a cielo abierto son de enorme envergadura, y pueden ser descritos como verdaderas “amputaciones ecológicas”, en tanto se remueven millones de toneladas de materia, y se hace imposible una verdadera restauración ambiental.

28Los impactos de este tipo son bien conocidos, existe una enorme cantidad de evidencia sobre ellos, y las organizaciones ciudadanas los vienen denunciando desde hace años. Por esas razones no me detendré en una revisión de esas consecuencias, pero pueden resumirse bajo el calificativo de “extractivismos depredadores”.

29De todos modos es importante tener presente que, en varias ocasiones, las consecuencias de los extractivismos afectan sobre todo a las comunidades más pobres, grupos indígenas o minorías raciales. En cuanto muchos extractivismos ocurren en apartadas zonas rurales, o se vuelven fronteras petroleras, mineras o agropecuarias, afectan territorios campesinos o indígenas, y resultan en racismos ambientales.

30En cambio es muy importante saber reconocer y diferenciar otras consecuencias de los extractivismos, y que son denominadas como “efectos derrame”. Se refieren a cambios o modificaciones en las políticas públicas y en los conceptos que las sostienen, de manera de facilitar y apoyar a los extractivismos. El ejemplo más claro ocurre con las modificaciones o flexibilizaciones en las políticas ambientales de manera que reducen, recortan o traban las exigencias, controles o monitoreos sobre emprendimientos extractivos. Esos cambios muchas veces ocurren antes de que se instale un proyecto y, por lo tanto, no se corresponden con un impacto local; en cambio, se los defiende como un modo para atraer inversiones. A su vez, las consecuencias de esas modificaciones no están restringidas a un enclave específico, sino que se derraman en todo el territorio, y afectan a otros sectores, además de los extractivos. En efecto, cuando se rebajan las exigencias ambientales para favorecer, por ejemplo, una inversión minera futura, ese recorte también alcanza a sectores no extractivos. Eso explica que deben ser diferenciados y que generen un derrame a la vez espacial, sobre todo el país, y sectorial, sobre otras áreas de actividad.

31Existen efectos derrame ambientales, como el que se acaba de resumir, pero también otros en distintas áreas. Se pueden mencionar derrames sociales, como pueden ser las flexibilizaciones en las condiciones de trabajo o el control sanitario; económicos, como los subsidios a sectores empresariales o reducciones en las imposiciones tributarias; o políticos, como las trabas a las consultas ciudadanas locales o la persecución a los líderes ciudadanos.

32Esto muestra que esos cambios en las políticas públicas se asocian con alteraciones en concepciones políticas clave, como las ideas de justicia o democracia. Es que la cristalización de flexibilizaciones sociales o ambientales, es posible porque se tolera una forma degradada de justicia que permite que se destruyan ecosistemas o que la salud pública se deteriore. Del mismo modo, los efectos derrame que impiden las consultas ciudadanas o alientan el hostigamiento a líderes locales, conllevan un debilitamiento de ideas como las de derechos humanos o democracia.

33La cuestión en estas distinciones es que los efectos derrame son más graves que los impactos locales, pero usualmente pasan desapercibidos y son más difíciles de revertir. En algunos casos, la oposición local puede revertir un enclave, por ejemplo minero, pero si los efectos derrame se consolidaron en cambios en las exigencias sociales y ambientales, eso permitirá que otros emprendimientos se afinquen en otros sitios. A su vez, como los efectos derrame tienen consecuencias aditivas entre sí, todo ello desemboca en más recortes y debilitamiento de las exigencias en los campos de la justicia y la democracia.

Fragmentando la naturaleza

34Los ejemplos que se acaban de ofrecer permiten avanzar en el análisis de otro aspecto. Los extractivismos solo son posibles si la naturaleza es convertida en un mero agregado de recursos, y estos, a su vez, son reconocidos de acuerdo a su utilidad para los fines humanos. No puede aceptarse una concepción orgánica de la naturaleza, como un entramado de seres vivos y su soporte físico, codependientes entre ellos, ni tampoco una afectividad o religiosidad con ella, ya que eso impediría ese tipo de acciones sobre la naturaleza. Para poder llevar adelante los extractivismos, la naturaleza debe ser fragmentada para separar los recursos que se consideran valiosos y desplazar al resto. Esa fragmentación, incluso, alcanza a los seres vivos ya que, por ejemplo, un árbol deja de ser visto como tal, y es evaluado por los pies cúbicos de madera que pueden proveer, mientras que raíces o follajes carecen de utilidad. En la actualidad, estos procesos dependen mucho de la valoración económica y, por lo tanto, tienen una base utilitarista.

35Operan efectos derrame que reproducen continuamente esta fragmentación de la naturaleza, la que es esencial para hacer tolerables y posibles los extractivismos. Desde las cátedras universitarias a los despachos técnicos ministeriales, se insiste en esas metodologías. Basados en una racionalidad de apropiación, solo algunos elementos se vuelven relevantes, son identificados como recursos, y se les asignan valores de mercado pero, al mismo tiempo, se invisibilizan otros componentes, como pueden ser los áridos o relaves. Es más, ni siquiera se es riguroso en la terminología, porque cuando se dice que se produce oro o cobre, en realidad el mayor volumen de la “producción” corresponde a áridos, arenas, relaves, que quedan en las geografías nacionales. La economía convencional no los identifica, no los valora adecuadamente, en gran medida se vuelven externalidades, o desembocan en “pasivos” ambientales cuando son abandonados los sitios mineros.

36Estas condicionantes explican la importancia que reviste asumir otras concepciones de la naturaleza, o en las formas de valoración, para proponer alternativas a los extractivismos.

Espacio y territorio

37Un examen de los extractivismos en una clave geográfica permite ofrecer más detalles de las asociaciones entre impactos locales y efectos derrame. Para avanzar en ese sentido se debe diferenciar entre espacio y territorio. En este caso, el concepto de espacio se aplica a la base física y ecológica, mientras que la idea de territorio refiere a una construcción social, donde un grupo revista un espacio de valores, les reconoce una historia compartida, mantienen estrechos vínculos y, por ello, los consideran como propios. En un mismo espacio, pueden existir distintos territorios reconocidos por diversos grupos.

38La diseminación de extractivismos por medio de concesiones o por enclaves donde ya se extraen recursos naturales, para explotaciones petroleras o mineras, o las que se debe a las autorizaciones agropecuarias o forestales, tienen consecuencias sobre el espacio. Se genera una geografía manchada donde se intercalan enclaves y áreas concesionadas. Pero esto, a la vez, significa que se producen nuevas territorialidades organizadas para permitir esos extractivismos, que cuentan con distintos reconocimientos legales y son controladas por las empresas extractivas.

39Estas nuevas territorialidades se superponen con otras que existen desde antes, y que corresponden, por ejemplo, a municipios, comunidades campesinas o áreas indígenas. Muchas de ellas tienen un origen ancestral, como pueden ser las indígenas; otras derivan de la colonia, y hay otras más recientes, como ocurre con las delimitaciones municipales o departamentales. En la construcción de territorios, los grupos locales los delimitan, se les asignan fronteras, y hay casos donde incluso se logró un reconocimiento legal.

40Se observa que las nuevas territorialidades extractivistas se superponen sobre estos otros territorios que preexistían, ignorándolos en unos casos o violando normas en otros. Esta es una de las fuentes de conflictos frente a los extractivismos. Desde el punto de vista de las comunidades campesinas o indígenas, se pierde el control sobre un espacio que consideran como propio, les arrebatan los recursos naturales, y les dejan una carga de impactos sociales y contaminación. Muchos de los conflictos que se observan en el sur de Chile, pueden ser entendidos como reivindicaciones de territorialidades mapuche ante ese tipo de imposición de otras territorialidades extractivas en manos de empresas, aunque concedidas y protegidas por el Estado.

41No siempre se reconoce la amplitud de esta reconfiguración geográfica. Por ejemplo, en Perú, esas nuevas territorialidades cubrían el 75 % de la superficie del país en 2010. Las concesiones mineras se diseminaron en las áreas andinas, mientras que las petroleras se otorgaron en el océano y la Amazonia. Cuando tres cuartos de la geografía de un país está concesionada a los extractivismos, es evidente que están operando diferentes efectos derrame que permiten y alientan esa reestructuración espacial y esa pérdida de soberanía sobre los propios recursos.

42Esa reterritorialización extractivista responde en buena parte a efectos derrame. Existen cambios en la normativa, en los regímenes de concesiones petroleras o mineras, o en la gestión de planes de uso del suelo o manejo de bosques, que favorecen distintos tipos de extractivismos. Ese tipo de decisiones usualmente es tomada por el gobierno central, desde la capital de cada país, y pocas veces tiene en cuenta los territorios previos que terminan afectando.

El Estado y la geografía

43A pesar de la diseminación de concesiones y permisos extractivos, de todos modos el Estado-nación no tiene una presencia homogénea en la geografía de cada país. En efecto, es muy común que existan zonas donde la presencia de ese Estado es limitada, expresándose en servicios de salud o educación que son parciales, o bien incluso esté ausente, como puede ser la falta de cobertura policial o jurídica. La presencia estatal, y con ello la cobertura de seguridades como las salvaguardas de los derechos, es muy heterogénea, y en particular en zonas rurales, o en regiones apartadas como ocurre en los bosques amazónicos o sierras andinas. En esos sitios opera la violencia, se persigue a los líderes locales, e incluso se los asesina, casi siempre con impunidad, como se padece en Brasil y Colombia, precisamente por un Estado débil o ausente.

44Pero, al mismo tiempo, dentro de esas mismas regiones existen enclaves extractivos donde está muy presente el Estado. No solo asegura derechos de explotación, sino también puede llegar a protegerlos con sus fuerzas policiales o militares.

45Esto determina unas enormes contradicciones entre zonas que carecen de las salvaguardas del Estado de derecho, pero que en su interior pueden tener uno o más enclaves extractivos, donde hay un Estado activo, pero para proteger los extractivismos. Ese es el desempeño de gobiernos que aseguran y apoyan a los extractivismos, pero son incapaces de resolver los problemas de pobreza, salud, educación o violencia que padecen las poblaciones que rodean a esos enclaves.

Legalidad, alegalidad, ilegalidad y corrupción

46La repetición de impactos locales y la diseminación de los efectos derrame obligan a análisis más minuciosos. Es que las denuncias de impactos tales como la contaminación por la minería o por los agroquímicos se han repetido desde hace décadas, y no han logrado, por ahora, detener ese tipo de actividades. Las respuestas siguen siendo esencialmente ajustes y reformas, y ello se explica por los distintos efectos derrame que hacen tolerable esas situaciones o por privilegiar metas económicas antes que sociales o ambientales.

47En esa dinámica están operando condiciones sobre los marcos legales, pero también sobre las condiciones de ilegalidad y alegalidad. Los efectos derrame actúan sobre los marcos legales, impidiendo mejoras en ellos o limitando su aplicación; son los casos de las flexibilizaciones ambientales o los vacíos legales, que permiten que se sigan utilizando sustancias tóxicas y peligrosas en los extractivismos.

48Las prácticas ilegales son bien conocidas. Entre ellas se cuentan casos como los sobornos para obtener permisos ambientales o tergiversar evaluaciones de las condiciones laborales. También se las ha reportado en situaciones como los pagos a políticos para obtener concesiones extractivistas, o a agentes policiales o judiciales para lograr impunidad.

49Pero, además, se deben reconocer las llamadas alegalidades. Estas son prácticas por las cuales se toma ventaja de las limitaciones o vacíos en las normas para lograr un beneficio o una ventaja que se suponía que la normativa impedía o prohibía. Entre las más usadas, está el aprovechamiento de esas limitaciones legales para evadir impuestos en los extractivismos, o montar redes de comercialización para obtener ventajas tributarias, como ha sido reportado en Colombia, Chile y Perú. Lo mismo ocurre con los vacíos legales en exigencias como la contaminación de suelos o en la utilización de agroquímicos.

50La corrupción es un problema clave en los extractivismos, y es una condición que atañe a varios efectos derrame. En Chile se han denunciado e investigado varios casos, como los que involucraron a la minera SQM y legisladores de todos los partidos, los manejos sobre el fondo del cobre donde estuvieron involucrados militares, o las intervenciones sobre la gestión pesquera (estos y otros casos para diferentes países se analizan en Gudynas, 2018).

La política de los extractivismos

51Los extractivismos se han organizado bajo muy diferentes programas de acción, estrategias de desarrollo o regímenes políticos. Existe un entramado de políticas públicas, estrategias e instrumentos para promover los extractivismos y, al mismo tiempo, se ofrecen discursos para legitimarlos. Esa implementación y los discursos asociados pueden responder a ideologías político-partidarias muy distintas, pero de todos modos confluyen en la implementación de los extractivismos. Esto explica que gobiernos políticamente muy diferentes promueven, pongamos por caso, la minería de exportación. Eso ocurrió bajo Sebastián Piñera y los grupos conservadores que le han apoyado en Chile, y también con José “Pepe” Mujica en Uruguay, al frente de una coalición progresista, quien estuvo obsesionado con lanzar la megaminería de hierro a cielo abierto. Son dos posturas partidarias casi contrarias en muchos aspectos, pero concuerdan en considerar que los extractivismos juegan un papel necesario para las economías nacionales, y que el desarrollo ocurre cuando se asegura el crecimiento económico. Por lo tanto, las diferencias discursivas y prácticas no pueden llamar la atención, pero sí esa coincidencia extractivista.

52Considerando esas distinciones es posible ofrecer una descripción de la evolución reciente de los extractivismos bajo distintos regímenes políticos, ciertamente de modo esquemático, pero que sirve para ilustrar esos cambios. A fines del siglo pasado, predominaban unos extractivismos organizados bajo políticas usualmente calificadas como “neoliberales”. Más allá del uso en unos casos impreciso y en otros exagerado de ese rótulo, que llevó a confundir regímenes conservadores y neoconservadores con neoliberales, lo que ocurría en esos años fue una fuerte desregulación de los sectores extractivos; se privatizaron grandes empresas mineras y petroleras en varios países, se abrieron esos sectores a los inversores, y el Estado tenía un papel claramente subordinado.

53Esto comenzó a cambiar a partir de 1999, con el triunfo del primer gobierno de lo que en ese momento era una nueva izquierda (Hugo Chávez en Venezuela), y que fue seguido por cambios análogos en otros países. También hubo cambios en las condiciones internacionales sobre un extractivismo aceptable. De ese modo se configuraron dos conjuntos de organizaciones políticas para los extractivismos.

54Por un lado, se constituyó un extractivismo conservador reajustado, que mantuvo la pretensión de primacía empresarial y mercantil, pero que debió aceptar ajustes y rectificaciones. Los extremos de impactos ambientales y efectos sociales típicos de años anteriores, y todos los conflictos que acarreaban, se volvieron insostenibles, incluso desde el punto de vista empresarial. Las presiones de algunos gobiernos, agencias multilaterales, y de iniciativas como las promovidas desde Canadá, llevaron a un extractivismo que aceptó ajustes, comenzó a utilizar la retórica de la responsabilidad social-empresarial, e incluso mejoró algunas de sus prácticas. Este fue el estilo dominante en Perú y Colombia, pero también en Chile. Es más, en este último país, los cambios en la normativa ambiental y en el proceso de evaluación ambiental realizados por distintos gobiernos de la “Concertación por la Democracia”, deben ser vistos como parte de esos reajustes. En estos casos, la defensa de los extractivismos se basaba en postular que hacían crecer las economías, proveían empleo y con ello aumentaba el bienestar de la sociedad. El énfasis estaba enfocado en asegurar un mercado que permitiera esas actividades, las que deberían estar en manos de agentes privados.

55Por otro lado, se conformaron extractivismos bajo los llamados gobiernos progresistas. En esos países, tuvo lugar una mayor intervención estatal, que fue muy evidente en el sector petrolero de Venezuela con Hugo Chávez, Bolivia con Evo Morales y Ecuador con Rafael Correa. En esos países, el Estado podía participar directamente en la extracción por medio de empresas estatales, o con mayores controles de los convenios con corporaciones transnacionales. Además, existió una mayor captación de los excedentes, por ejemplo, aumentando regalías o impuestos. Esa mayor presencia estatal no se repitió o fue muy limitada en el sector minero, y en los extractivismos agropecuarios solo ocurrió con los impuestos a las exportaciones de granos en Argentina. Progresismos como los de Brasil con el Partido de los Trabajadores, y los de Uruguay con el Frente Amplio, actuaron sobre todo por medio de facilidades a los inversores, programas de subsidios explícitos o implícitos, etcétera.

56De este modo, los extractivismos continuaron, e incluso en algunos casos aumentaron, pero el discurso de legitimación fue muy distinto. Por esta razón son denominados extractivismos progresistas, nuevos extractivismos o neoextractivismos, en tanto son distintos a aquellos previos de base conservadora. Es importante advertir que el prefijo “neo” no fue utilizado en el sentido de ser un fenómeno nuevo que pudiese ser aplicado a cualquier gobierno, sino que fue una abreviación específica para los ensayos progresistas. El calificativo progresista, además, permite diferenciarlos de las izquierdas desde las cuales se originaron. Esa divergencia se debió a varios factores, entre ellos por haber adherido a los extractivismos rompiendo con las promesas de la izquierda latinoamericana de reducir su dependencia de la venta de materias primas.

57La retórica progresista se basaba en que el Estado debía intervenir en la dinámica del desarrollo, incluyendo una participación directa, indirecta o controlando los extractivismos para capturar parte de su excedente, con la finalidad de financiar programas de asistencia social, entre otros fines. De una manera muy esquemática, su discurso planteaba un vínculo directo entre los extractivismos y los esfuerzos para reducir la pobreza y, por lo tanto, cuando recibían críticas por impactos sociales o ambientales, se respondía que con esas posiciones se impediría el desarrollo o se perpetuaría la pobreza.

58Como puede verse, hay diferencias importantes en los discursos que explican esos extractivismos. Los gobiernos conservadores consideran que son actividades que deben estar en manos de agentes empresariales privados, y el bienestar social sería un derivado del crecimiento económico que propiciarían esas actividades. En cierta medida son reformulaciones de las viejas ideas del “goteo” o “chorreo” del crecimiento. En cambio, bajo los extractivismos progresistas, hay reivindicaciones de la justicia, entendiéndose que esta no resulta automáticamente del mercado, sino que deben existir intervenciones y guías estatales pero, para poder financiarlas, se debe insistir con los extractivismos.

59Estamos ante dos tendencias, que en algunos sectores mantienen superposiciones en sus expresiones concretas. Por ejemplo, en Chile todavía opera una importante empresa estatal minera (Codelco), pero eso no cambia que la estrategia del país corresponda a los extractivismos conservadores. Es más, comparando la situación chilena con los países vecinos, no se lograron estrategias progresistas de desarrollo, al estilo del “nuevo desarrollismo” de Brasil o “nacional popular” como en Argentina y, por lo tanto, sus extractivismos siempre fueron conservadores reajustados. Algunos intentos bajo los gobiernos de la Concertación por la Democracia buscaron implementar algunos cambios en otra dirección, incluso planteando la necesidad de una discusión nacional sobre las regalías, pero no se lograron modificaciones sustanciales.

60El progresismo conquistó varios gobiernos, convirtiéndose en fuerzas dominantes en América del Sur hacia fines de la primera década de 2000. Estaban presentes simultáneamente en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y, por un lapso más corto, Paraguay. En cambio, las administraciones en Perú, Colombia y Chile respondían a distintas variedades conservadoras. Esos años coincidieron con el llamado “súper ciclo” de los commodities, y con el colapso financiero económico en Estados Unidos, que luego se contagió a muchos países industrializados. Los precios de las materias primas se elevaron, se mantuvo la demanda, y se incrementó la disponibilidad de capital para invertir en esos rubros. Eso promovió un aumento de los extractivismos, que se repitió en todas las naciones, aunque en cada caso siguiendo esos diferentes estilos. Los progresismos lograron aprovechar esa bonanza para sostener varios programas de asistencia social a los sectores más pobres, usualmente por medio del pago de transferencias monetarias condicionadas, y por el aliento al consumo de las clases populares. Esta dinámica ilustra la condicionalidad glocal de los extractivismos, ya que esas circunstancias en los mercados globales generaron su diseminación e intensificación.

61Con el paso del tiempo, varias administraciones progresistas fueron reemplazadas en distintos momentos por gobiernos conservadores (como sucedió con Mauricio Macri en Argentina, o Lacalle Pou en Uruguay); en un caso, la sucesión dentro del progresismo giró hacia posiciones de derecha (como ocurrió con Lenin Moreno en Ecuador) y, finalmente, en Brasil triunfó la extrema derecha (con Jair Bolsonaro). Esto muestra un giro conservador en varios países que, a su vez, desencadenó algunas reacciones en sentido contrario (como la subsiguiente victoria de la dupla A. Fernández y C. Fernández de Kirchner en Argentina, o en Bolivia, la sucesión de la caída de Evo Morales, una administración muy conservadora y luego una victoria electoral del Movimiento al Socialismo, pero bajo un recambio de personas).

62En esos vaivenes puede establecerse que los progresismos perdieron muchas adhesiones por su agotamiento como proyecto de reformas políticas, y en ello tuvo importante responsabilidad su adhesión a los extractivismos. En el caso de Venezuela, donde esa corriente permanece, se desembocó en una profunda crisis política y humanitaria, en que la salida que propone la administración Maduro no solo implica mantener su sector petrolero sino que, además, busca expandir la minería (desplegada, sobre todo, en el llamado arco minero del Orinoco).

63En los recambios conservadores se mantienen los extractivismos, y en casi todos los casos han empeorado. En Brasil, Jair Bolsonaro tiene un discurso xenófobo, racista y violentista, y está desmantelando controles e instituciones ambientales. Sus resultados inmediatos han sido un aumento en la tasa de deforestación y las crisis de incendios forestales amazónicos.

64En cada uno de esos posicionamientos políticos, los extractivismos se organizan de distinta manera y, sobre todo, se los explican y justifican de muy diversos modos. Esa constancia indica que están basados en una profunda matriz cultural, que es previa a estas corrientes político-partidarias. Las ideologías políticas contemporáneas, en tanto todas ellas son creyentes en el desarrollo y progreso a partir de los recursos naturales, se diversifican en distintos modos de organizar esa apropiación, y en distribuir sus beneficios y perjuicios. Por lo tanto, una alternativa a los extractivismos debe actuar sobre esas raíces culturales.

Disputas por excedentes

65Es posible volver a analizar algunas de estas dinámicas a partir del discurso progresista que defiende los extractivismos, ofreciendo una compensación e indemnización a las comunidades locales y a la población en general. Es que muchas de las retóricas y las medidas concretas aplicadas se basan en que el Estado debería captar una proporción mayor del capital generado por los extractivismos y que, supuestamente, emplearía en sus programas contra la pobreza.

66Los abordajes conceptuales de esta problemática son limitados; por ejemplo, es común que se enfoquen en la idea de renta. De ese modo, se razona que la problemática básica de los extractivismos radica en que actores externos, sean corporaciones transnacionales o comercializadoras, se apropian de casi toda la renta que genera esa actividad. La alternativa sería, siguiendo ese mismo razonamiento, una estatización o nacionalización de esa renta, por medio de empresas estatales que tengan a su cargo la extracción y comercialización, o por medio de altos tributos o regalías. Allí anidan posiciones clásicas que, por ejemplo, en Chile, Colombia o Perú, entienden que la alternativa es la nacionalización de los recursos naturales y de su explotación. Pero es evidente que esa posición lo que hace es mantener los extractivismos, solo cambiando propiedad, acceso o comercialización, sin resolver toda su problemática social o ambiental. Es más, esa es una posición que parece no tomar en cuenta la experiencia de los países progresistas. Las distintas formas de nacionalización de los hidrocarburos o la minería, no generaron mejores desempeños sociales ni ambientales en Bolivia, Ecuador o Venezuela, por ejemplo y, por el contrario, aumentaron los conflictos.

67Es necesario contar con un abordaje más amplio que las perspectivas tradicionales sobre renta. La categoría de excedente sirve a esos propósitos al ofrecer varias ventajas. Es un concepto plural que, por un lado, permite incorporar las vías por las cuales hay una apropiación de beneficios económicos, tales como la renta (definida en sus versiones tradicionales ricardianas, pero también marxistas), junto a la plusvalía, y a componentes más tradicionales como las ganancias. Todos estos pueden ser medidos en métricas monetarizadas, y en ellos operan las conocidas prácticas, como los propietarios de una empresa que desea capturar más plusvalía pagando menores salarios a sus trabajadores, o los gobiernos que buscan aumentar las regalías.

68Pero las perspectivas convencionales de la economía no son suficientes para lidiar con estas cuestiones, porque no consideran adecuadamente las dimensiones sociales y ambientales. Las aproximaciones clásicas, sean desde una perspectiva como las de renta, o desde la otra, como las de plusvalía, son incompletas, al no abordar esos otros campos. Para suplir esa limitación, se ha rescatado y redefinido la categoría de excedente, en tanto permite mantener los conocidos componentes, pero sumándoles otros; usualmente no son monetarizados, o no pueden serlo, pero que tienen una consecuencia directa en la disputa por el capital (más detalles sobre el concepto en Gudynas, 2020).

69De este modo, el excedente debe ser entendido como una categoría paraguas que incluye esos diversos compontes. En un emprendimiento extractivo ocurren transferencias de excedentes, algunas de ellos contabilizables monetariamente, y otras no. Por ejemplo, los propietarios operan sobre la plusvalía bajando los salarios, como se indicó arriba, pero también ahorran dinero al negar cobertura médica a sus obreros y, por lo tanto, esos eventuales gastos deberán ser pagados por ellos. A la vez, hay efectos que están más allá de cualquier métrica en dinero, como la pérdida de la fertilidad del suelo, debido a prácticas de laboreo inadecuadas, o la contaminación del agua con agroquímicos. La categoría de excedente, además, permite advertir las diferencias entre los excedentes en explotaciones agropecuarias o forestales, ya que hay márgenes de renovabilidad, frente a los extractivismos mineros o petroleros, en tanto siempre implican una pérdida irreparable del patrimonio natural al lidiar con recursos no renovables.

70Los extractivismos continuamente están transfiriendo costos, mensurables o no, hacia las comunidades locales, la sociedad o la naturaleza, ya que al no asumirlos pueden retener una mayor parte de los excedentes. Es así que, pongamos por ejemplo, la ganancia de una empresa aumenta en tanto no invierte en medidas de remediación ambiental que eviten la contaminación.

71Es más, puede sostenerse que buena parte de los extractivismos contemporáneos son rentables únicamente por esa masiva apropiación de excedentes. Esto es posible por medio de su instrumental económico, como los análisis costo-beneficio o los tipos de valoración económica que aplican, que sistemáticamente bloquean otras valoraciones.

72Entonces, aun si el Estado desea capturar más excedentes, y más allá de que sus intenciones puedan ser compartibles, de todos modos necesita de un extractivismo que genere esa excedencia económica. Y ello solo es posible manteniendo todas esas externalidades y esa contabilidad distorsionada.

73La categoría excedente permite comprender que muchos de los conflictos que ocurren sobre los extractivismos son realmente disputas por los excedentes. Esto se observa en las posiciones empresariales de resistencia ante el aumento de tributos o de controles sobre su desempeño laboral, social o ambiental, pero en el mismo terreno operaron los gobiernos progresistas al intentar capturar parte de los excedentes para financiarse, como se indicó arriba. En esa racionalidad, incluso, quedan atrapados algunos actores de las comunidades locales o los sindicatos cuando el reclamo se centra en obtener una compensación o indemnización por los extractivismos, sea directamente desde una empresa o a través de una mediación estatal.

74A su vez, la experiencia de los progresismos muestra que, incluso cuando el Estado logra capturar parte del excedente en dinero, no siempre es encauzado de forma directa o eficiente hacia los planes de lucha contra la pobreza, sino que se pierden en los laberintos de los gastos gubernamentales. Es más, en algunos casos, es el propio Estado el que financia parte de los extractivismos; en Bolivia, por ejemplo, al evaluar los gobiernos de Evo Morales se encontró que la inversión estatal en educación, salud y saneamiento representó el 17 % del total, mientras que aquella orientada a los extractivismos minero, petrolero y agropecuario, sumó el 62 % (datos del presupuesto estatal de 2005 a 2016; Gandarillas, 2016). Existen informaciones similares para otros países, lo que muestra que al contrario de las retóricas, el Estado termina financiando parte de los extractivismos.

75Al mismo tiempo, las disputas sobre los excedentes también discurren entre actores que buscan evitar perjuicios, y lo hacen sin resolverlos, sino transfiriéndolos a otros. Esto sucede con las empresas que externalizan sus impactos, frente a quienes se resisten a ser perjudicados. La economía convencional sistemáticamente hace invisible parte de esos excedentes, ya que no reconoce costos económicos en algunos de esos componentes, mientras otros no pueden ser contabilizados de esa manera.

76Es importante advertir que, a mi modo de ver, estos no son errores o limitaciones inadvertidas de la economía convencional ni de las políticas públicas actuales, sino que su permanencia parecería implicar una práctica deliberada, repetida y sostenida. Es que la incorporación de cualquiera de esos costos, y la aceptación de impactos más allá de lo monetarizado, inmediatamente harían inviable a los extractivismos. Si se realiza una ponderación rigurosa, incluyendo los componentes que son excluidos, quedaría en evidencia que los extractivismos, en realidad, son negocios ruinosos para la sociedad y el ambiente.

77La permanencia de esta situación se debe, entre otros factores, a los efectos derrame, ya que allí operan cambios en políticas públicas y concepciones que impiden reconocer esas limitaciones y aplicar correcciones.

78Al mismo tiempo, esos derrames también constituyen barreras para las demandas que se originan desde la sociedad civil. Por ejemplo, si una comunidad local mapuche sostiene que un área tiene un valor religioso, histórico o cultural y, por ello, no debería tener plantaciones forestales, sus argumentos carecen de peso para los estudios convencionales de costo y beneficio. Son considerados como parte de un saber folclórico o aspiraciones religiosas o místicas. Para ser tenidos en cuenta, se obliga a las comunidades a expresar la defensa de su territorio en términos económicos, demostrando, por ejemplo, que la protección de un sitio generaría un mayor beneficio económico que la explotación forestal. Muchas veces, las comunidades locales se ven obligadas a seguir ese camino, para apenas ser escuchadas, pero en ello terminan por aceptar un lenguaje de valoración economicista que excluye sus propias formas de valorar.

79Asimismo, en los conflictos donde hay actores locales que demandan una compensación o indemnización, si bien puede ser comprensible, tampoco puede pasar desapercibido que esos grupos también quedaron atrapados en las luchas por los excedentes. En esas situaciones, el rechazo a los extractivismos se convierte en una aceptación, ya que son necesarios para contar con esos excedentes, y la lucha social comienza a disputar una tajada en los posibles beneficios económicos. En esa aceptación operan varios efectos derrame que naturalizan la racionalidad económica.

Indemnizaciones, compensaciones y reconocimientos

80Cuando prevalece la disputa en el campo de los excedentes, surgen conflictos enfocados en la compensación e indemnización. La racionalidad en esos casos es que el extractivismo se volvería viable si hay una compensación a las comunidades locales por acceder a sus recursos o una indemnización por deteriorar su ambiente o salud. Esta puede ser monetaria, como los pagos en dinero, sea los otorgados directamente por las empresas o mediados por el Estado como son los bonos, pero también puede ser por la provisión de infraestructura, como construir una escuela o una clínica. De forma muy esquemática, el mecanismo implica aceptar impactos sociales o ambientales a cambio de esa compensación o indemnización. De ese modo, el conflicto no se enfoca en la viabilidad o no de un emprendimiento extractivo, sino en el monto y modos de obtener esas compensaciones o indemnizaciones, y en ello, en aceptar la prevalencia de una racionalidad económica. En muchos casos, esto tiene un efecto negativo en las comunidades locales, ya que en ellas hay algunos que aceptan esos pagos económicos, mientras otros los rechazan, sosteniendo que el daño sufrido no puede ser ni compensado ni indemnizado económicamente.

81Muchas corrientes políticas conservadoras, y en especial neoliberales, aprovechan estas circunstancias planteando que las comunidades locales sean “socias”, “accionistas”, o participen de alguna manera de los emprendimientos extractivos. Este extremo ha sido planteado varias veces en Perú, siguiendo las posturas de Hernando de Soto, y más recientemente en Brasil, donde el presidente J. Bolsonaro propone convertir a los indígenas en empresarios, y que negocien el acceso a sus territorios con las empresas.

82En otros casos, los conflictos ante los extractivismos priorizan la gestión y tecnología. Se insiste en que, pongamos por ejemplo, se deben sumar plantas de tratamiento de efluentes o modificar el uso de agroquímicos. En estos casos, la viabilidad del extractivismo en sí mismo no se pone en discusión, sino los modos tecnológicos o la gestión por el cual se lo aplica. Son situaciones muy conocidas, donde una empresa asegura que utilizará la tecnología más avanzada, o los gobiernos afirman que los controles ambientales asegurarán que no habrá impactos negativos.

83Pero en América Latina, además de esos énfasis, sea en tecnología y gestión, como en la compensación e indemnización, ocurren otros enfrentamientos que pueden describirse como los enfocados en el reconocimiento y legitimación. Esto sucede cuando los actores sociales que se enfrentan a los extractivismos no son reconocidos como ciudadanos plenos, o en los hechos se los asume como ciudadanos de segundo nivel, todo ello producto del racismo y exclusiones que persisten en América Latina. Es la situación que sufren especialmente los actores indígenas y muchos campesinos. Pero algo similar sucede con la petulancia de técnicos en empresas o gobiernos que consideran que un vecino es un ignorante que nada entiende de los impactos de los extractivismos. Hay efectos derrame que alimentan esta situación, desembocando en conflictos que son dobles, ya que esos grupos deben luchar por ser reconocidos y legitimados como ciudadanos plenos, para luego poder incidir en las discusiones sobre la viabilidad de un emprendimiento, su gestión técnica o las indemnizaciones o compensaciones.

Derechos humanos y extractivismos

84Como puede verse, en los extractivismos se incumplen todo tipo de derechos humanos, desde aquellos que aseguran las condiciones laborales a los enfocados en la salud pública, desde el acceso a la información a la protección de la naturaleza.

85La visión tradicional de esa asociación entre derechos violados y los extractivismos, ha sido calificarlos como hechos puntuales o accidentales. Se sostiene, pongamos por ejemplo, que un derrame de contaminantes se debe a la rotura de un ducto o un funcionario que actuó incorrectamente o con impericia; en los casos donde se persigue o golpea a comuneros, se responde que se debió a un funcionario o jefe de seguridad que actuó por su cuenta. Incluso, cuando se asesina a un líder local, no es raro que empresas o gobiernos rechacen sus responsabilidades.

86Sin embargo, la revisión a escala continental, y en varios sectores a la vez, muestra otra situación. No son ni hechos aislados, ni accidentes, sino que los incumplimientos de derechos, y su asociación con la violencia, se han generalizado en todos los extractivismos continentales. Los efectos derrame debilitan el marco de derechos, y ello es necesario para poder hacerlos posible. La razón es que son extracciones cada vez más intensas, cubren superficies mayores y afectan a más personas. Si existieran vigorosas salvaguardas de los derechos, incluyen por ejemplo un verdadero acceso a la información y efectivas consultas públicas, si las evaluaciones de impacto ambiental fueran rigurosas, y si se permite que las comunidades locales voten, puede argumentarse que la mayor parte de los extractivismos no serían aprobados. No podrían concretarse porque violan normas en salud pública, calidad ambiental, derechos territoriales, etcétera.

87Para describir esta condición se utiliza el nuevo término “extrahecciones”, que deriva del latín extraher, y que refiere a arrancar algo con violencia. Las extrahecciones son extractivismos que incumplen derechos, tanto de las personas como de la naturaleza, y que se aplican con violencia. Esta es una condición que se ha generalizado en varios sectores y países. Sus manifestaciones son el hostigamiento, espionaje, criminalización o persecución a actores locales, especialmente los líderes más visibles, como se ha reportado en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. El extremo más evidente es el asesinato de líderes locales, como ocurre repetidamente en Brasil y Colombia.

88Una reciente revisión de los incumplimientos de derechos bajo actividades extractivas que se realizó para Bolivia, tomando en cuenta los sucesivos gobiernos de Evo Morales, tuvo resultados alarmantes. Consideraron veinte derechos constitucionales que son relevantes para lidiar con actividades extractivas, a partir de los reportes y testimonios de organizaciones ciudadanas locales y nacionales; se encontraron incumplimientos en todos ellos en los extractivismos petroleros, en dieciocho para los mineros, y en once para los agropecuarios (Campanini et al., 2020). Esta revisión detallada muestra que todos los diferentes tipos de derechos son violados para poder llevar adelante los extractivismos. No son situaciones inusuales, sino que son repetidas y sostenidas.

89Estos hechos ocurren regularmente, y más allá de denuncias o escándalos puntuales, se observa una paulatina naturalización en el resto de la sociedad. Como las mayorías urbanas no padecen de esos impactos y esa violencia, los efectos derrame alimentan una indiferencia que tolera a las extrahecciones. La situación más dramática ocurre, por ejemplo, cuando hay un asesinato, lo que no hace temblar las estructuras políticas en Colombia o Brasil; no hay interpelación de ministros, y no hay casos de un presidente que cayera por racismo ambiental o por las extrahecciones.

90Los efectos derrame constantemente alimentan la mitología de extractivismos necesarios para el desarrollo y, por ello, deriva hacia reformulaciones de la justicia y la democracia, que hace que las extrahecciones persistan. Esas reconfiguraciones desembocan en, pongamos por caso, una justicia que tolera la contaminación por plomo en comunidades locales, o una concepción de la democracia que reniega de las consultas ciudadanas o excluye a los indígenas.

Extractivismos entre estallidos y pandemias

91A lo largo de este breve resumen, queda en evidencia que los extractivismos, sean sus enclaves como sus redes de conexión o áreas de soporte, no solo generan severos impactos locales, sino que producen efectos derrame en varios ámbitos de las políticas públicas y en los conceptos básicos que las sustentan. En este entramado, los efectos derrame a veces son confundidos como impactos locales, y otras veces no se advierten los cambios y transformaciones que sostienen.

92El estallido social en Chile, y eventos análogos que ocurrieron en Ecuador, hacia fines de 2019, significaron una apertura a discutir varios de los presupuestos que sostienen a los extractivismos. En el caso chileno, una de las cuestiones más graves ocurre con el agua, ya que en la situación actual algunas personas o grupos económicos pueden tener controles y derechos a perpetuidad, alimentando impactos e injusticias. También se comenzaron a debatir conceptos que antes se daban por válidos por amplia mayoría, permitiendo, por ejemplo, cuestionarse si el país siempre deberá depender de la minería.

93La irrupción de la pandemia por COVID-19 ha tenido otros impactos sustantivos. Aquella apertura a debatir sobre el desarrollo y, con ello, poner en duda los extractivismos, pasó a estar bajo fortísimas presiones de quienes consideraban que ese tipo de apropiación era indispensable para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. A medida que avanzaba la caída de las economías nacionales por la pandemia, los gobiernos sudamericanos redoblaron su insistencia en los extractivismos como una de las pocas opciones para retomar el crecimiento económico. Al mismo tiempo, se implementaron distintos mecanismos de control social y policial, desde toques de queda a cuarentenas en ciudades o barrios, y con todo ello se debilitó aún más la calidad democrática y se erosionaron derechos básicos. Esas condiciones son también aprovechadas por los extractivismos para avanzar en sus emprendimientos, y para bloquear la búsqueda de alternativas.

94Esas prometedoras discusiones que se abrieron en 2019, al año siguiente sufrían presiones que buscaban clausurarlas. En 2020, el drama sanitario de la pandemia y sus implicancias económicas hicieron que muchos consideraran que otras eran las urgencias. Sin embargo, en Chile la situación vuelve a ser inusual ya que, a pesar de todo, el proceso para una Nueva Constitución está en marcha. Eso hace inevitable que se discutan tanto el régimen jurídico como las ideas que sustentan el desarrollo, la política y la institucionalidad chilena. Se debatirán asuntos como la propiedad y el acceso a los recursos minerales, la forestación o el manejo del agua. Tampoco se podrá evitar discutir asuntos como los regímenes de propiedad y acceso, el papel del Estado en controlar su apropiación, las tributaciones, el reconocimiento de territorios de los pueblos originarios, o las coberturas de derechos a las comunidades locales y sus líderes. De ese modo, el proceso constituyente, aun bajo el drama del COVID-19, permite pensar e imaginar alternativas que no sean extractivistas.

95La tarea no es sencilla, porque los extractivismos responden a ideas profundamente arraigadas, propias de la modernidad, y por ello se repiten bajo diferentes ideologías contemporáneas. Es que los modos de apropiación basados en la expoliación de la naturaleza o los del desarrollo entendido como crecimiento económico, resultan de valoraciones antropocéntricas o creencias en el progreso, que son propias de la tradición occidental. Por ello, las alternativas a los extractivismos se presentan como post-capitalistas, pero también post-socialistas, para de ese modo aceptar que hay múltiples valoraciones sobre las personas y la naturaleza, dejando atrás el reduccionismo economicista y utilitarista. Eso, a su vez, permite asumir el desafío de construir alternativas propias, ajustadas y enraizadas en la realidad latinoamericana.

Bibliography

Bibliografía

Campanini, O., M. Gandarillas y E. Gudynas (2020). Derechos y violencias en los extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y América Latina. Cochabamba: La Libre.

Gandarillas, M. A. (2016). “La orientación extractivista de la inversión pública en Bolivia. Cambios institucionales y normativos bajo el imperativo exportador”. Observatorio del Desarrollo, CLAES, N° 22.

Gudynas, E. (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Lima: RedGE, Cooperacción y CLAES.

Gudynas, E. (2018). Extractivismos y corrupción. Anatomía de una íntima relación. Santiago de Chile: Quimantú.

Gudynas, E. (2020). “Excedente en el desarrollo: revisión y nueva conceptualización desde los extractivismos”. Estudios Críticos del Desarrollo 9 (17): 25-56.

Infante-Amate, J., A. Urrego Mesa y E. Tello Aragay. (2020). “Las venas abiertas de América Latina en la era del antropoceno: un estudio biofísico del comercio exterior (1900-2016)”. Diálogos, Revista Electrónica de Historia, 21 (2): 177-214.

Author

Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), desde donde trabaja junto a diversos movimientos sociales e instituciones académicas en temas de ambiente y desarrollo. Tiene una maestría en ecología social por la Multiversidad Franciscana de América Latina. Integra el sistema nacional de investigaciones de su país y es investigador asociado en la Universidad de California en Davis. Obtuvo la cátedra Arne Naess en ambiente y justicia global 2016 de la Universidad de Oslo, y fue investigador visitante 2019 en el Centro de Estudios Avanzados en la Universidad de Munich. Integra la lista de los 75 intelectuales más innovadores en tema de desarrollo a nivel mundial en el último siglo. En Chile participa de encuentros con movimientos sociales y universidades, y su anterior libro en Quimantú es sobre extractivismo y corrupción.

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