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Ciudadanías en Conflicto

 | 
Camila Berríos
, 
Carolina García

Sección I. Ciudadanías: conceptos clave

Capítulo 3. Dilemas teóricos y estratégicos de la representación política

Marcelo Mella Polanco

Texte intégral

Introducción

1El propósito de este artículo es analizar la relación entre representación política y democracia, bajo la creencia que la tesis de la “elasticidad infinita” de la representación, no da cuenta de los dilemas a los que se enfrenta este concepto y la democracia liberal por extensión. En el clásico trabajo de Bernard Manin “Los principios del gobierno representativo” (1998), se afirma que la representación sería una forma de gobierno, por tanto, un modo específico de gestionar intereses y demandas sociales bajo ciertas condiciones que constituyen características estructurales de la democracia moderna. Para este autor, la representación, o el gobierno representativo, no se encontraría en crisis, sino que enfrentarían un nuevo proceso de mutación o adaptación en base a los cambios socioculturales que modifican las condiciones históricas de posibilidad de la democracia (Manin, 1998; Held, 1993; Zolo, 2000). Entre estos cambios, Manin considera que los de mayor importancia han sido, el paso de la “democracia parlamentaria” a una “democracia de partidos” y luego a una “democracia de audiencias” (Manin, 1998). Pero ¿es efectivo que la representación política sea una idea que permite gestionar intereses, independiente de la profundidad y rapidez de los cambios contextuales? O, por el contrario, ¿la crisis de una forma de poder y dominación arrastra hacia el precipicio a las ideas y repertorios propios?

2Asistimos en las últimas décadas al surgimiento de un malestar creciente en las democracias, que se traduce en desgaste de gobiernos, especialmente de aquellos reformistas, extensión de una cultura impolítica y profundización de desconfianza horizontal y vertical (Hagopian, 1998; Roberts y Wibbels, 1999; Roberts, 2002; Dalton, 1999, 2000a; Mainwaring et al., 2006; Pérez-Liñán, 2009; Kitschelt et al., 2010; Mainwaring y Torcal, 2003). Dado que la profundidad y duración de la crisis de la democracia no se puede adivinar, aunque actualmente pocos ponen en duda este fenómeno, en este trabajo abordaremos dos cuestiones destacadas: ¿Cómo inciden las características del contexto teórico-ideológico en las creencias sobre la representación política, en una situación histórica marcada por la mutación de las condiciones de posibilidad de la democracia –transición de la “democracia de partidos” a la “democracia de audiencias”–? ¿Del mismo modo, en dicho contexto, cómo se relacionan las creencias fundamentales sobre la democracia y los desafíos del gobierno representativo?

3Ciertamente, el concepto de representación política, como otras nociones, constituye una idea connotada por el uso y el interés de los actores, en contextos específicos de conflictos y disputas por el poder. En este sentido, la evolución del concepto, sus desplazamientos y su relación con la idea de democracia, han sido también respuestas o resultados de coyunturas críticas dentro de procesos históricos situados (Held, 1993: 23).

4Del mismo modo, el concepto de representación política integrado en una narrativa más general, podría tener una alta incidencia en términos cognitivos, condicionando las percepciones del mundo, así como en la estructuración de creencias y preferencias en los sujetos. Bevir y Rhodes (2001) señalan a este respecto:

Una narración se presenta aquí como una forma de explicación que descompone las acciones humanas en términos de las creencias y deseos de los actores. Incorpora teorías particulares sobre la racionalidad de los actores, su institucionalidad intrínseca y su capacidad de agencia, así como una historia típica” (…) “Si tomamos en serio conceptos como la narrativa, la episteme y el paradigma, permitiremos que el mundo no se dé simplemente a la gente como percepción pura, sino que diferentes personas perciben el mundo de manera diferente porque tienen diferentes teorías (Bevir & Rhodes, 2001: 1-2).

5Hemos optado para este trabajo por una perspectiva interpretativa, pensando que el objetivo central del mismo consiste en examinar críticamente creencias extendidas acerca de la relación entre gobierno representativo y democracia y de la forma en como esta relación se reconstruye con la evolución histórica.

1. El puzzle teórico

6Si bien es cierto, Giovanni Sartori y otros comparativistas advierten acerca del problema del “estiramiento conceptual” (conceptual stretching) (Sartori, 1970, 2011), no es menos cierto que el concepto de representación política y la idea de democracia han experimentado giros y desplazamientos notables, así como una expansión global en el último siglo. Ello, incluso a costa de subvertir usos históricos originales o ser descontextualizado en su aplicación práctica, obligando a los estudiosos a análisis y teorizaciones cross area. Como ha señalado Bernard Crick (2001), la democracia ha sido en los últimos dos siglos una de las palabras más ambiguas y adulteradas del lenguaje político, debido a que su polisemia permite usos múltiples, sin perder su atractivo intelectual y práctico. Hablando metafóricamente, el mencionado autor señala:

Democracia debe ser la palabra más promiscua en el mundo de los asuntos públicos. Es la amante de todos y aun así consigue conservar su encanto, incluso cuando el enamorado ve que sus favores son compartidos por muchos otros que desde su punto de vista no lo merecen. De hecho, a pesar del dolor de que nos niegue su fidelidad exclusiva, nos enorgullecemos de su capacidad de adaptación a todo tipo de circunstancias y a todo tipo de compañías (Crick, 2001: 63).

7Argumentaremos en este trabajo, que el uso disciplinar de adjetivos para comprender el significado de representación política, tiende por un lado a evitar el “estiramiento conceptual” indiscriminado (uso “extensivo”) e impide su vaciamiento de significado; pero puede colisionar con el uso social intuitivo o socialmente dominante del mismo. Entendemos por uso “extensivo” la utilización de significados connotativos que responden a la elaboración social de los conceptos o a la utilización política de éstos bajo el supuesto que el lenguaje y los significados son un campo de intercambio, cooperación, conflicto y síntesis en las luchas por el poder.

8Por su parte, el uso “intensivo” de la representación, corresponde a significados socialmente dominantes, por tanto, objetivados y políticamente performativos. Este uso “intensivo” contemporáneo de la idea de representación, surge desde un contexto de producción de conocimiento caracterizado por la desconfianza y el malestar con las democracias representativas y tiene su principal foco, no en el acto de delegación original que funda el mandato, sino en el “ejercicio” de la representación que ha resultado menos central en el interés disciplinar.

9En su lugar, la atención disciplinar ha indagado en mecanismos de accountability y participación, entendidos como prácticas externas e incluso antagónicas a la representación propiamente tal.

10Históricamente, identificamos algunos hitos principales en esta evolución entre significados de la representación dominantes y en competencia. Primero, el momento generativo corresponde al desarrollo de la representación como institución del derecho privado romano (significado “intensivo”). Segundo, el creciente uso “extensivo” del concepto desarrollado en el medievo combinando significados referidos a atributos del representante (“estáticos”) y características de su capacidad de agencia. Tercero, la adaptación política de las diversas nociones de representación a cargo de los autores que posicionan la idea de consentimiento como fundamento último de legitimación. Aunque predomina en este momento un significado “intensivo” de la representación política como delegación formalizada mediante pactos horizontales y verticales, la justificación, más allá de la necesidad de legitimación del gobierno, permaneció en discusión (significado “extensivo”). Junto a la tradición liberal democrática expandida en Europa y América, coexistieron significados de representación desvinculados del pensamiento democrático como fue el caso de autocracias o regímenes híbridos (por ejemplo, autoritarismos, dictaduras, gobiernos populistas o democracias delegativas) que, no obstante explicitar su carácter excepcional, encontraron una justificación suficiente, durante la primera mitad del siglo veinte, en la objetivación de la idea de sujeto representado o de voluntad colectiva. Cuarto, luego de finalizada la segunda guerra mundial en 1945, y en paralelo a la expansión de la democracia competitiva (Held, 1993), se verifica la translación máxima de la representación política hacia un extremo procedimental en el que se asimila a elección competitiva y función de gobierno conforme señala la perspectiva schumpetereana (uso “intensivo”). Quinto, desde la primavera schumpetereana en adelante ha seguido paulatinamente, aunque con mayor intensidad después de la década de 1980, la aparición de un conjunto de problemáticas que tensionarían la sustentabilidad del concepto, constituyendo para algunos un nuevo desafío adaptativo o un proceso de agonía terminal. En cualquier caso, un nuevo desbordamiento semántico de la representación o un colapso por su uso “extensivo”.

11La larga historia de estas palabras podría suponer una adaptabilidad sin límites de estos términos a los cambios en los regímenes políticos. Sin embargo, en la actualidad un extendido malestar e indiferencia frente a la política replantea o cuestiona el optimismo sobre las ideas de democracia y gobierno representativo, así como sus relaciones de reciprocidad. Por cierto, no creemos que sea posible aquella adaptabilidad infinita de estos conceptos. Ni la democracia ni la idea de representación política, que constituye el objeto de indagación en este trabajo, resultan inmunes a las crisis y transformaciones epocales, máxime si estas compelen a los actores a resignificar sus creencias y los repertorios de ideas que fundamentan la acción política.

2. Características de la Institución en el derecho privado romano

12La idea de representación política, en su sentido liberal, se origina en el concepto de representación elaborado en el derecho privado romano. Para el derecho romano la representación fue una institución procesal, donde, el legitimado activo (demandante) como el legitimado pasivo (demandado) de una acción “actúan por medio de otra persona en el proceso, de modo que los efectos activos o pasivos recayeran en el dominus litis, como si hubiera sido él quien hubiese actuado” (Guzmán, 1996: 220). Se puede sostener, que la representación en este ámbito denotó “actuar por otro”, esto es, conceder a una persona (representante) la facultad de actuar y decidir dentro de límites determinados en interés y por cuenta del representado (Mella, 2005: 2).

13Desde el punto de vista de las características y elementos básicos de esta institución, la teoría de la representación en el derecho romano consignó, acumulativamente, los siguientes puntos: la sustitución de un sujeto por otro con relación a un acto jurídico concreto, el nacimiento de todos los efectos negociables para el representado, la manifestación (exteriorización) de que el representante actúa en nombre del representado y la condición de que el representante debe actuar dentro de los límites del poder de la autorización (el poder puede ser el que dicta la ley o el representado) (Guzmán, 1996: T. 1.)

14El poder de autorización de un sujeto sobre las actuaciones de otro poseía ciertos límites que determinaban la posibilidad de la representación. Las posibilidades consistían, ya sea, en que un otro realizara la actividad en nombre del representado, porque este no podía hacerlo (representación legal) o porque no quería (representación voluntaria). Se trate de la representación legal o voluntaria, la existencia de condiciones para legitimar la autorización, como el acto de “actuar por otro”, protege los intereses del representado, aunque este no tenga capacidad material para obrar. En consecuencia, este poder de representación puede ser concedido por la ley o por la voluntad del representado, siendo la condición de posibilidad de esta delegación, el resguardo de los intereses del principal (Guzmán, 1996).

15Otras nociones del concepto, durante la antigüedad y medioevo, utilizaron el significado de la palabra proveniente del latín clásico representare que quiere decir “hacer presente, manifestar o presentar de nuevo”, siendo su uso limitado, según Georges de Lagarde, preferentemente a “objetos inanimados” o a “presencias místicas” (Lagarde en Pitkin, 1985). Durante la Edad Media los significados de representación vigente referían la idea de algún tipo de “encarnación mística” o imagen inanimada que simbolizaba abstracciones, en palabras de Hanna F. Pitkin, las nociones “estáticas” de representación (Pitkin, 1985: 65-121). Según Lagarde, la transición del significado “estático” de la representación al “dinámico” (formalista y/o substancial), con evidencia en el Latín, el Francés y el Inglés, se da hacia el siglo XIII o XIV, por ejemplo, con el jurista Alberto de Gaudino. Para este autor, el significado de representación por imagen (de una comunidad) se concilia con la de “agencia legal” en el debate que desarrolla Gaudino hacia el siglo XIII, respecto de las posibilidades de defender una comunidad mediante la acción de un procurador (Pitkin, 1985: 270).

3. Adaptación política y persistencia de la polisemia

16La elaboración de un concepto moderno de representación política en conexión con su referente original del derecho romano estuvo determinada por la persistencia del significado de la representación como “actuar por”, en concordancia con la idea de representación voluntaria. Ciertamente, la recepción de este discurso en el campo político, supuso cambios de contextos y de significados; desplazamientos que permitieron definir connotativamente los conceptos de representación operantes al momento de formular los primeros modelos de democracia liberal (indirecta).

17No obstante, los usos históricos modernos de la representación surgen vinculados a las luchas políticas contra instituciones políticas tradicionales, específicamente, al desplazamiento del sorteo como mecanismo para la distribución de cargos en los regímenes políticos. Sin embargo, lo anterior no significó que el reemplazo del sorteo por la elección fuese un proceso dialéctico y unidireccional. Tal como refiere Bernard Manin (1998), ni el sorteo fue exclusivo de la democracia antigua (ateniense), ni la llegada de la modernidad política significó la extinción inmediata de aquel mecanismo.

Antes de la invención del gobierno representativo, en la mayor parte de los sistemas políticos en los que el poder era ejercido por los ciudadanos más que por monarcas hereditarios, se utilizó el sorteo en diversos grados y formas. (…) El sorteo tuvo su parte (aunque limitada) en las asambleas (comitia) del pueblo romano. Las repúblicas de la edad media y del renacimiento elegían a menudo sus magistrados por sorteo. (…) los nuevos gobiernos representativos podían presentarse como repúblicas (como hicieron Estados Unidos desde el inicio de la Revolución o Francia a partir de 1792); pero estaban, no obstante, rompiendo con la tradición republicana al no encontrar un lugar para el sorteo (Manin, 1998: 59).

18Un lugar relevante en esta compleja transición lo ocupó el republicano inglés James Harrington (1611-1677), conocido por La República de Océana (1656), quien formuló una enérgica defensa del mecanismo de la elección y del principio de la delegación, por cuanto, contribuirían a la formación de una aristocracia necesaria para el funcionamiento del régimen político (Manin, 1998: 88-92). Bernard Manin, describió con gran detalle este desplazamiento del sorteo, al consentimiento y la elección, desde la expansión del pensamiento republicano, para mostrar la superación de la herencia como narrativa de legitimación. El telón de fondo de este proceso fue, por una parte, la fundamentación de la obligación política en el consentimiento y por otra, el carácter alternativo del sorteo respecto del consentimiento (Manin, 1998: 110).

19De esta forma, la representación política constituyó una idea al servicio de la historia y los procesos políticos, vale decir, una idea al servicio de lucha de actores por el poder. Su carácter polisémico se mantuvo durante la modernidad más allá de su inclinación a ser entendida como un modo de gobierno o de su tendencia a la institucionalización electoral. Esa polisemia significó la continuidad de un conjunto de recursos argumentativos para el fortalecimiento de la democracia, como asimismo para la legitimación de otros tipos de régimen.

20Recopilando estos usos de la representación, Hanna Fenichel Pitkin (Pitkin, 1985), indica que durante la modernidad política coexistieron en combinaciones específicas, dependiendo de las condiciones políticas e intereses en juego, al menos cinco significados del concepto: representación como autorización (significado formalista/procedimental) (1985:15-30); representación como rendición de cuentas (significado formalista/procedimental) (1985: 41-63); representación como semejanza (significado estático/descriptivo) (1985: 65-99); representación simbólica (significado estático/descriptivo) (1985: 101-121) y representación como “actuar por” (significado sustantivo) (1985: 233).

21De estos significados, la representación como “autorización” corresponde al acto de delegación realizado en el momento de inicio de un mandato, que transfiere la capacidad de agencia y su legitimidad, dejando en términos reales la soberanía en manos de quien ejerce el poder (autoridad para decidir). La representación como “rendición de cuentas”, consiste en actos de control social de los representados sobre el representante, usualmente, en el ejercicio o término del mandato (accountability), como también en la disposición del representante a dar cuenta por sus actuaciones (responsiveness). Cabe hacer presente que éstos dos usos del concepto son formalistas o procedimentales según Pitkin (1985) y por ello, son definidos como prácticas y mecanismos institucionales, siendo incluidos en el conjunto A de la figura 1.

Figura 1. Dilemas teóricos de la representación política.

Figura 1. Dilemas teóricos de la representación política.

Fuente: Elaboración propia en base a Pitkin (1985)

22En el caso de la representación como “semejanza” (representación como reproducción a escala de la realidad social) y de la representación “simbólica” (afinidad cognitiva y emocional con representante), la delegación no depende de ningún procedimiento, sino de atributos que caracterizan al representante o de capacidades para fortalecer su liderazgo en base a atributos simbólicos, idiosincráticos o de carisma. Tanto la representación como semejanza como la representación simbólica, no constituyen complementos o precondiciones conceptuales de la idea de democracia liberal, más bien, podría fundamentar formas alternativas de dominación y por estas razones se incluyen en el conjunto C de la figura 1.

23La representación “sustantiva”, en último lugar, corresponde a la capacidad del representante de actuar en beneficio del interés del representado, lo que supone que es posible la objetivación y materialización del interés de estos últimos, siendo incluido en el conjunto B de la figura 1. Esta modalidad de representación supone que los representados invariablemente poseen intereses o creencias frente a los asuntos públicos. Descifrar cual es el contenido de este interés que constituye el objeto de la representación se transformó desde comienzos de la tradición liberal en un asunto altamente controversial entre aquellos autores que defendían un concepto del interés individual, en contra de aquellos que defendieron una noción colectiva de interés. Este conflicto interpretativo dio lugar a lo que se ha denominado la “controversia mandato-independencia” (Véase figura 1).

24Conforme lo anterior, se puede sostener que, de este conjunto de usos, no existe un significado de representación considerado a priori como necesariamente democrático que monopolice su performatividad en lo institucional. Con todo, la representación política se instaló en el pensamiento contractualista, originalmente, como delegación inicial y consentimiento en el origen del mandato y luego como representación sustantiva lo que facilitó el “triunfo de la elección” como mecanismo central de la democracia representativa y la asimilación de la representación política a un problema de ingeniería o técnica electoral.

4. Dilemas de la teoría del consentimiento

25La tradición liberal democrática, constituyó la principal corriente donde se incorporó la idea de representación política, que institucionalizó la delegación y el consentimiento con el triunfo de la elección, frente a mecanismos preexistentes para producir legitimidad de las estructuras de poder basadas, ya sea, en la tradición o en la justicia distributiva de cargos mediante azar.

26Entre las diversas fuentes y autores de esta síntesis moderna se encontraban tradiciones tan diversas como: la escuela de los Monarcómanos, durante el siglo XVI, con su planteamiento sobre la limitación del poder del Monarca (Du Droit des magistrats sur leurs sujets de Teodoro de Beza, Vindiciae contra Tyrannos de Languet y Du Plessis Mornay entre otros); el individualismo político y las doctrinas contractualistas (Leviatán de Thomas Hobbes y posteriormente, Dos tratados del Gobierno Civil de John Locke); el liberalismo burgués revolucionario (El Federalista de Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, El Contrato Social de J.J. Rousseau y una no despreciable cantidad de textos constitucionales); y el utilitarismo (Introducción a los principios de moral y legislación de Jeremías Bentham), entre otras. A pesar de que se trata de corrientes bastante heterogéneas, este extendido corpus contribuyó a transformar las narrativas y las prácticas políticas en los siglos siguientes, asociando representación política y democracia.

27Los autores precursores de la teoría del consentimiento identificaron un repertorio de argumentos justificativos de la delegación del poder, respondiendo a condiciones y necesidades sociales específicas en cada momento histórico o a creencias ahistóricas funcionales a un propósito específico de dominación. Por ejemplo, los Monarcómanos definieron un mandato general y amplio para el gobernante: servir a Dios cumpliendo sus mandamientos y cumplir la ley positiva (Artola, 1979: 321).

28Thomas Hobbes, en cambio, postuló una imagen de estado de naturaleza como estado de guerra permanente, referencia ahistórica que justifica pactos horizontales y verticales para abandonar esa condición de inseguridad estructural (Hobbes, 1992: 133,142 y 143). Edmund Burke (1984), concibió la representación a partir de altos grados de autonomía para los gobernantes; bajo el propósito de evitar el particularismo, el faccionalismo y la fragmentación social (Burke, 1984: 312-314). Finalmente, J. J. Rousseau en las antípodas de Burke, sostuvo la creencia de que “la soberanía era inalienable (intransferible e indelegable), por tanto, los gobernantes deberían sujetarse a la voluntad del pueblo, apartándose de cualquier actuación autónoma” (Rousseau, 2007: 161). En lo que Burke y Rousseau coincidieron, sin embargo, fue en la necesidad de evitar los particularismos o la fragmentación del interés social.

29Estos autores, con sus diferencias notorias, generaron un conjunto de ideas que convirtieron a la delegación del poder mediante consentimiento, bajo la noción de “pacto” o “contrato”, en un principio básico de la lucha contra la tradición y el antiguo régimen y en un fundamento mayor de la democracia liberal. De acuerdo a lo señalado por H. F. Pitkin (1985), la estructura básica del concepto de representación como “actuar por” está tensionada por la dualidad control-participación, relativa a la autonomía o sujeción del representante a los intereses y voluntad de los ciudadanos. Aún, cuando el análisis de Pitkin (1985) identifica alternativas semánticas intermedias, estas solo tienen sentido si se vinculan a la estructura dual antes citada que remite a una idea de interés o de representado sometido a un conflicto de interpretación. Serán, por lo tanto, las posiciones intermedias, solo expresiones nominales y derivadas del mismo conflicto constituyente.

Un teórico defensor de un mandato altamente restrictivo podría sostener que la verdadera representación ocurre solo cuando el representante actúa siguiendo instrucciones explícitas de sus electores, y que cualquier ejercicio de discreción es una desviación de ese ideal. Una posición más moderada podría sostener que el representante puede ejercitar alguna discreción, pero que debe consultar a sus electores antes de realizar algo nuevo o algo que pueda levantar controversias, y entonces hacer lo que ellos deseen o renunciar a su cargo. Una posición todavía menos extrema podría ser aquella según la cual el representante puede actuar como cree que sus votantes desearían, a menos que o hasta que reciba instrucciones de ellos, y, en ese caso, obedecerlas. Muy próxima a la postura de la independencia estaría el argumento de que el representante debería hacerlo como crea que es mejor, excepto en la medida que esté obligado por promesas hechas en campañas o programas electorales. En el otro extremo está la idea de la completa independencia, afirmando que los electores ni siquiera tienen derecho a exigir el cumplimiento de las promesas hechas en las campañas electorales; una vez que el hombre es elegido debe ser completamente libre de usar su propio juicio (Pitkin, 1985: 159).

30Entre los problemas de una mirada semejante se cuenta, que la disyuntiva que constituye el concepto aparece como un dilema suma cero entre un representante autónomo en su capacidad de agencia y un representante atado a la voluntad de los ciudadanos. Si representación equivale a independencia del representante, entonces, también conlleva una posible usurpación del poder a la sociedad civil, por tanto, su alejamiento de un significado democrático. Pero si representación significa, sujeción del representante al mandato (o lo que es más complejo, a los mandatos) de los ciudadanos, entonces el concepto se transformaría en una adaptación del gobierno directo (Zolo, 2000). Evidentemente, en esta última perspectiva no se superaría la democracia antigua en sus dificultades y limitaciones, como es la ausencia de especialización de una clase dedicada a la función pública y costos de transacción elevados en contexto de Estados modernos. Por tanto, la representación podría ser criticada como anacronismo o factor de deterioro de la función de gobierno en contextos de sociedades complejas. De este modo, la estructura básica de la representación política, por su carácter abstracto y dicotómico, conduce a una disyuntiva difícil de superar. En situaciones políticas concretas, la representación, proyectaría esta contradicción interna, oscureciendo su especificidad conceptual (Pitkin, 1985: 164).

Figura 2. Representación política y regímenes políticos

Figura 2. Representación política y regímenes políticos

Fuente: Elaboración propia a partir de Pitkin (1985).

31Se podrá advertir que en lo conceptual el consentimiento admite diferentes formas de expresión: por procedimientos, en la representación procedimental (Conjunto A); por congruencia de intereses, en la representación sustantiva (Conjunto B); y por afinidad, en la representación descriptiva (Conjunto C, véase figura 1). Al incorporar la discusión de los teóricos del consentimiento, se observa además que el consentimiento, si bien permite fundamentar la teoría liberal democrática, también permite legitimar otras formas de dominación y ejercicio del poder (Conjuntos D, E y F en figura 2).

32En consecuencia, no todos los tipos de representación pueden ser asociados como complementos de la democracia, dado que existen significados de representación que se asocian a tipos de régimen no democráticos o a variantes democráticas de baja intensidad (véase figura 2). Específicamente, la representación procedimental (Conjunto A), puede ser un componente de regímenes híbridos, como de la democracia competitiva y la poliarquía (Conjunto D). La representación sustantiva (Conjunto B), puede ser un componente de la democracia competitiva y la poliarquía (Conjunto D), como de regímenes autocráticos en todas sus variantes (Conjunto E). Asimismo, la representación descriptiva (Conjunto C), puede ser un componente de regímenes autocráticos, como de regímenes híbridos (Conjunto F). De manera resumida, se puede sostener que A ∩ D o A ∩ F; B ∩ D o B ∩ E; y C ∩ E o C ∩ F (Ver figura 2).

33En cualquier caso, la representación política consiste en una fórmula para hacer presente intereses, entre un extremo dado por la voluntad individual y otro extremo dado por la voluntad general, que Pierre Bourdieu denominó “el misterio del ministerio” (Wacquant, 2005). A diferencia de las teorías habituales sobre la delegación que suponen que el poder nace de los ciudadanos y es encomendado, transitoriamente y bajo condiciones a un representante, perspectivas sociológicas como las de Bourdieu, sostienen que es un mecanismo a través del cual el colectivo se constituye en actor, superando la concreta y limitado condición serial.

34Bourdieu analiza detalladamente, por ejemplo, las limitaciones políticas y empíricas de la actuación del colectivo mediante los procesos electorales o las encuestas de opinión pública, señalando que ambas modalidades operan mediante la agregación de intereses individuales limitando la capacidad de actuación o agencia del colectivo (Bourdieu, 1982). La delegación, asimilada por este autor a una forma de “fetichismo político” (Bourdieu, 1996), permite hacer presente una voluntad colectiva que inicialmente no existe, confiere legitimidad al representante convertido en portavoz y confiere al mismo tiempo, capacidad de agencia al actor colectivo. Por esta razón, Bourdieu argumenta que, no obstante, el riesgo de usurpación que subyace a la delegación, esta constituye un mecanismo poderoso para materializar al sujeto y a la acción colectiva. El supuesto implícito en esta creencia es doble y relevante a estos efectos: que el actor colectivo no se autoconstituye y que el actor colectivo no tiene necesariamente opinión definida y racional sobre los asuntos públicos (Schumpeter, 2005: 67).

5. Representación como función de gobierno

35Buena parte de los estudios contemporáneos sobre el concepto de representación política, ha pensado dicha categoría desde arriba, esto es, como capacidad o función de gobierno. El mayor parteaguas para el tratamiento de la representación como función de gobierno es “la otra teoría de la democracia” de Joseph Schumpeter desarrollada en la cuarta parte de Capitalismo, Socialismo y Democracia (Schumpeter, 2005: 11-91). Para Schumpeter la democracia es un método o proceso desprovisto de cualquier contenido normativo o expectativa de resultados a priori y se define como un mecanismo competitivo para generar liderazgos políticos legítimos. En palabras de este autor, “el método democrático es un sistema institucional para tomar decisiones políticas, en el que, a través de una lucha competitiva por el voto del pueblo, los individuos adquieren el derecho a decidir” (Schumpeter, 2005: 68).

36Esto conlleva que el significado de la representación se corresponda más a una determinada forma de entender la agencia, vale decir un “actuar por” del representante respecto de los ciudadanos, sus demandas, intereses, opiniones o comportamiento electoral, que a una reflexión orientada a desarrollar una comprensión realista y multidimensional del concepto. Entender así esta idea (como función de gobierno), significa que la representación corresponde, por sobre otra consideración, a una forma de actuar de los políticos profesionales, incorporando sus lógicas particulares de “campo”, su propia racionalidad e intereses como criterios para la toma de decisiones.

37El foco de estudio de la representación como función o capacidad de gobierno es también el resultado de un “sentido común” frente al concepto de democracia donde se pone énfasis en los representantes y en su capacidad de agencia. Esta mirada, se impuso en la ciencia política desde el surgimiento de las perspectivas elitistas sobre la democracia que se han expandido casi sin contrapeso desde el modelo schumpeteriano en la década de 1950. David Held (1993) sintetiza los argumentos de este paradigma centrado en el elitismo, la competencia y la actuación de los representantes en el denominado “Modelo Competitivo de Democracia” (Held, 1993: cap. 5). Asimismo, esta focalización de la representación como capacidad de gobierno constituye una respuesta al “ascenso de las instituciones representativas”, fenómeno desarrollado desde inicios del siglo XIX hasta la actualidad (Przeworski, 2010: 95-119).

38Bernard Manin (1998), en Los principios del gobierno representativo, conectado con la perspectiva descrita, centrada en el representante, señala que el llamado “principio de la distinción” consagró que en los gobiernos representativos “los representantes deben ser ciudadanos diferentes de quienes los eligen” (Manin, 1998: 120). Esta condición asegura diferenciación entre representantes y representados por intereses, creencias y capacidades. Al mismo tiempo, este autor sostiene que el triunfo del gobierno representativo conllevó el triunfo de una teoría “aristocrática” sobre las elecciones (Manin, 1998: 65-197; Held, 1993: 188-193). Ambos procesos posibilitaron una mayor atención y recepción a las relaciones verticales o jerárquicas subyacentes en los sistemas democráticos contemporáneos y posteriormente, la formalización metodológica de nuevos enfoques para el estudio del comportamiento político.

39Por su parte, el “triunfo de la elección” sobre el mecanismo del sorteo, significó la supremacía de la delegación política por sobre el igual derecho a ocupar cargos, convirtiendo a este procedimiento en un pilar doctrinario de la democracia representativa (Manin, 1998: 59-18). Estas creencias fueron reforzadas con el pensamiento democrático impuesto después de la segunda postguerra y desarrolladas en los enfoques institucionalistas y de la teoría de la elección racional destinados mayormente a los estudios electorales.

40Como se puede observar en el la tabla 1, Manin distingue los usos históricos del concepto de representación como capacidad de gobierno, en base a características del contexto (cuatro filas lado izquierdo) tipificadas en diferentes momentos (tres columnas barra superior). Estas características consisten en aquellas condiciones que definen el modus operandi de la representación y varían en los distintos momentos de la evolución del gobierno representativo. A este respecto, se distinguen tres momentos claves: “parlamentarismo”, “democracia de partidos” y “democracia de audiencias”, siendo esta última la fase que más se aproxima al contexto sociopolítico actual. Esto, porque la democracia de audiencias supone la formación de los intereses “politizables” o “representables” mediante el descentramiento de la opinión pública y las negociaciones entre gobierno y grupos de presión, más que en el debate parlamentario o en el debate dentro de los partidos característico de períodos anteriores (Manin, 1998: 237-287).

Tabla 1. Principios y variantes del gobierno representativo

Principio\variante

Parlamentarismo

Democracia de partidos

Democracia de audiencias

Elección de representantes

-Elección de una persona de confianza.
-Expresión de vínculos locales.
-Notables.

-Lealtad a un único partido.
-Expresión de pertenencia a una clase.
-Activista/burócrata de partido.

-Elección de una persona de confianza.
-Respuesta a los términos de oferta electoral.
-Experto en medios de comunicación.

Grado de autonomía de los representantes

-Los miembros electos votan como les dicta su confianza.

-El liderazgo del partido tiene libertad e dictar las prioridades dentro del programa.

-Elección inducida por imágenes.

Libertad de opinión pública

-Opinión pública y expresión electoral no coinciden.
-La voz del pueblo ante las “puertas del parlamento”.

-Coincidencia entre opinión pública y expresión electoral.
-Oposición.

-Opinión pública y expresión electoral no coinciden.
-Encuestas de opinión.

Juicio mediante la discusión

-Parlamento.

-Debate dentro del partido.
-Negociaciones entre partidos.-Neo corporativismo.

-Negociaciones entre gobierno y grupos de interés.
-Debate en los medios/votante flotante.

Fuente: Manin, 1998: 287

41En esta perspectiva, se pone acento en las cuatro dimensiones cruciales (principiosen latabla 1) que distingue la representación en cada momento: modos de elección de representantes, grado de autonomía de estos, libertad de opinión pública, y espacio para la deliberación pública que politiza intereses. Se podrá apreciar en el paso de la “democracia de partidos” a la “democracia de audiencias” algunos procesos relevantes. En primer lugar, el paso de la delegación en base a criterios de pertenencia de clase, en la democracia de partidos, a una delegación fundada en la confianza, en la democracia de audiencias. Por otra parte, el desplazamiento del mandato imperativo por un mandato representativo centrado en la autonomía de los liderazgos y la capacidad de estos para instalar imágenes en las audiencias. En tercer lugar, la sustitución de una etapa de coincidencias entre la opinión pública y la oferta electoral, por un momento en el que predomina la desestructuración del vínculo representantes y opinión pública. Finalmente, el descentramiento de los espacios tradicionales de formación del interés político. Proceso centrado originalmente en la deliberación intra e interpartidaria; que da lugar posteriormente, a lógicas de reproducción social y formación de creencias sociales situadas en múltiples arenas definidas por la interacción entre el gobierno y los diferentes grupos de interés o audiencias.

42Tal como establece Manin (1998), parece ser que el pensamiento sobre el gobierno representativo asume con la “democracia de audiencias”, diversas condiciones que obligan a replantear el concepto de representación y su relación con la democracias por ejemplo: la creciente autonomía de representantes y opinión pública, como también, la desestructuración y autor referencia de espacios de construcción de las demandas políticas; situaciones ambas que hace más costosa la generación de confianza horizontal y vertical. La crisis de la representación política como capacidad de gobierno, es decir, como capacidad de agencia legítima en base a la noción de consentimiento no consiste en una necesidad de mayor plasticidad y adaptabilidad del concepto, sino en el cambio de los supuestos estructurantes de la representación política. No se trataría de factores posibles de omitir, sino de condiciones necesarias de la delegación como fundamento de la democracia contemporánea. En lo que sigue, exploraremos algunas de estas condiciones; primero, la crisis de legitimidad en las democracias contemporáneas y segundo, la fragmentación de los intereses políticos.

6. El problema de la legitimidad

43Trabajos recientes referidos a la crisis contemporánea de legitimidad en las democracias, coinciden en que existen tres formas de entenderla (Beetham, 1991). Primero, la legitimidad que nace de las normas vigentes (legitimidad jurídica); la segunda, que consiste en la correspondencia entre las normas vigentes y las creencias de los gobernados; y la tercera, centrada en el consentimiento frente a los representantes (Beetham, 1991). David Beetham en The Legitimiation of Power señala que la legitimidad es un concepto multidimensional, siendo su primera cara la más sencilla (legitimidad jurídica), y las dos últimas, las dimensiones más complejas. Esto, debido a que las disputas acerca de la legitimidad de la ley y la generación de consentimiento, involucran no solo creencias de los sujetos, sino la congruencia con principios éticos socialmente mayoritarios en diferentes momentos históricos.

44Por su parte, Klingemann y Fuchs (1995); Klingemann (1998), siguiendo algunas intuiciones de David Easton distinguen la legitimidad como modos de adhesión o respaldo, distinguiendo entre “actitudes de apoyo” (variantes) y “objetos del apoyo” (destinos). Esta manera de entender la legitimidad, muestra los matices en el estudio de un fenómeno complejo y multidimensional, que puede tener una manifestación simbólicaexpresiva, de concordancia valórica entre los ciudadanos y el objeto del apoyo, y finalmente, puede tener una manifestación estratégica o instrumental. Subyace, sin embargo, la distinción formulada por David Easton entre apoyo (legitimidad) “difuso” (generada por factores afectivos) y el apoyo (legitimidad) “específico” (referido a resultados) (Easton, 1975: 44).

45Asumiendo lo anterior, se observa un énfasis en estudiar la legitimidad con un foco amplio que incorpora múltiples aristas o dimensiones del problema. De este modo, existe una extensa vertiente que aborda el estudio de la legitimidad en una perspectiva instrumental y orientada a la efectividad de instituciones, políticas y autoridades; especialmente, centrándose en los outcomes de tipo económico (Kinder & Sears, 1985; MacKuen, Erikson & Stimson, 1992).

Tabla 2. Tipos de apoyo clasificado por actitudes y objetos

Actitudes/objetos

Comunidad

Régimen

Autoridades

Expresiva

Identificación con la comunidad

Identificación con el sistema político

Identificación con las autoridades

Moral

Legitimidad de la comunidad

Legitimidad del Sistema Político

Legitimidad de las autoridades

Instrumental

Efectividad de la comunidad

Efectividad del sistema político

Efectividad de las autoridades

Adaptado de Klingemann y Fuchs (1995); Klingemann (1998).

46A pesar del amplio foco para estudiar la legitimidad que proponen Fuchs y Klingemann (1995, 1998), en las últimas décadas resulta innegable que la tendencia predominante para discutir sobre apoyos, legitimidad y representación ha sido el desempeño del poder ejecutivo y lo que se ha denominado, la “presidencialización de las democracias” contemporáneas (Rosanvallon, 2015; Pérez Liñán, 2009). De alguna manera, la ampliación y diversificación de abordajes a la legitimidad y representación, colisiona con la tendencia a la personalización y presidencialización de la política. Pierre Rosanvallon sugiere en El buen Gobierno (2015) que el fenómeno de la presidencialización, que consiste en la expansión de la elección directa, ha contribuido durante las últimas tres décadas ha centrar la mirada sobre la legitimidad de ejercicio. Este autor sugiere que, desde el contractualismo, el énfasis de la legitimidad permaneció en la elección o en las expresiones de consentimiento que generaban legitimidad de origen para el representante. Analíticamente, pero, sobre todo, en la praxis política, la legitimidad de ejercicio quedó desplazada en su relevancia por el consentimiento en el origen del mandato, contribuyendo con ello a la opacidad de los factores que afectan la evolución del apoyo político en el ejercicio del mandato (Mella, 2016). Por otra parte, se observa también desde una perspectiva estratégica, la investigación sobre comportamiento electoral que busca explicaciones para actuaciones de políticos y electores en base a funciones de utilidad de actores que maximizan sus beneficios en respuesta a sus intereses. Este tipo de investigaciones estudia, preferentemente, la representación como una medida de proporción entre votos y escaños (Cox, 1997; Duverger, 1954; Lijphart, 1994; Sartori, 1987; Taagepera and Shugart, 1989; Jones, 1995; Colomer, 2004; Taagepera, 2007).

47Terminado el último ciclo de autoritarismos en el mundo, parece imponerse la paradoja de que nunca como ahora, la democracia constituye la forma indubitada de organización política y, sin embargo, el significado y el valor de ésta se ha transformado en una respuesta elusiva (Hermet, 2008). Superados los antagonismos de la Guerra Fría que organizaron el juego político entre los Estados (y dentro de éstos), ha sido lento e incierto la heurística de las nuevas contradicciones políticas (Judt, 2011; Gray, 2008). Sin conflictos nítidos, los actores y los sistemas políticos han puesto énfasis en los outcomes, mientras los imputs se convierten en espectros de intereses colectivos, surgidos de encuestas de opinión, que prefiguran un sustrato de creencias abstractas en base a la agregación de respuestas individuales, sin necesaria congruencia con opiniones de actores en situaciones de decisión concretas.

48Respecto a los puntos anteriores, el progreso en el estudio de la opinión pública permite aislar problemas de interés para el estudio de la representación. En primer término, una tendencia a generar desgaste gubernamental sin relación necesaria con la evaluación de la situación económica (pasada, presente o futura), en el caso de democracias que no experimentan crisis económicas agudas. Dicha situación que caracteriza a democracias estables en su desempeño económico, incluso podría hacer necesario reformular los enfoques del voto económico. Otro problema relevante consiste en el aumento de los niveles de desconfianza horizontal, vertical y hacia instituciones, fenómeno que socava las bases de apoyo de la democracia representativa, en un contexto de ausencia de proyectos alternativos, generando nuevas nomenclaturas asociadas, por ejemplo; contrademocracia (Rosanvallon, 2008), postdemocracia (Crouch, 2004), invierno de la democracia (Hermet, 2008), entre otros.

49La cuestión controvertida más relevante a este respecto, consiste en determinar los modos o mecanismos mediante los que la pérdida de legitimidad incide sobre la calidad de la representación. Si la representación política es un concepto instrumental, no solo a la disputa por el poder, sino también, frente al ejercicio del poder, entonces ¿de qué manera es posible la representación política en sociedades que se constituyen sin antagonismos ideológicos bien delineados? O si existen conflictos definidos, ¿cómo se operacionaliza una praxis de representación que se desarrolla en el contexto de sociedades pluralistas, donde la clave está dada por la fragmentación del espacio político y erosión de los sentidos comunes?

7. El problema del pluralismo

50Otro dilema relevante, que incide sobre la evolución de la representación política es el repliegue del equilibrio teórico e ideológico entre los intereses “plurales” (verticales) y “de clase” (horizontales). Buena parte de la teoría política de la segunda postguerra cuestionó severamente los fundamentos empíricos de la categoría “clase” al mismo tiempo que se asimiló la democracia con pluralismo, entendido este último, como un sistema con organizaciones “relativamente autónomas” (Dahl, 1991: 35). Robert Dahl sostiene que la poliarquía consiste en un conjunto de mecanismos institucionales para procesar conflictos que permite que una democracia funcione como tal en sociedades fragmentadas (poliarquía como aproximación de la democracia). Esto supone que una democracia se construye como: i) procesos por medio de los cuales los ciudadanos comunes ejercen un grado relativo de control sobre los dirigentes y, ii) múltiples dispositivos para que diferentes grupos persigan sus propios intereses en una perspectiva predominante de demandas o reivindicaciones sectoriales (Dahl, 1987: 11).

51Entender de este modo la democracia, como mecanismo para limitar por control vertical a los representantes y dispositivo para garantizar la autonomía de actores, conlleva a identificar dificultades del pluralismo por parte de estos autores. Aunque Dahl promueve un modelo de democracia pluralista, al mismo tiempo, advierte acerca de riesgos del pluralismo como componente principal de un sistema democrático:

Si las consecuencias del pluralismo organizacional fueran enteramente ventajosas, no habría problema; si, aun cuando existieran desventajas, estas fueran minúsculas en comparación con las ventajas, el problema no sería serio; si las organizaciones independientes pudieran eliminarse fácilmente sin hacer mucho daño, el problema se resolvería sencillamente. El problema del pluralismo democrático es serio, sin embargo, precisamente porque las organizaciones independientes son altamente deseables y, al mismo tiempo, su independencia les permite ocasionar daño (Dahl, 1991: 39).

52Los problemas a los que se refiere Dahl consisten en el riesgo de una creciente fragmentación de las estructuras sociales y políticas, así como en la tendencia a la pérdida de sentidos comunes, que podrían llegar a profundizar la desconfianza vertical y horizontal, multiplicando a grupos de minorías esencialistas con un frágil compromiso con la democracia. Sin llegar a estos extremos, la representación política en contextos de pluralismo, sin el contrapeso de una narrativa de clase, supuso replantearse diferentes macroestrategias para la gestión de intereses (Gerring y Thacker, 2008; Powell, 2004; Rehfeld, 2011; Klingemann, 1995; Klingemann, 1998; Mansbridge, 2011). En esta dirección, una trayectoria desarrollada en el último tiempo ha sido, repensar la gobernanza desde el punto de vista de los intereses que los gobiernos politizan y representan (Bevir y Rhodes, 2001). Mark Bevir y R.A.W. Rhodes (2001) suponen varias etapas en la transición desde una visión dogmática de la gobernanza, sustentada en las ideas del neoliberalismo (o de otro modelo históricamente hegemónico), a una agnóstica, donde intereses y creencias de los actores no pueden ser tratadas como hechos dados, sino como respuestas contingentes de actores situados en contextos concretos (dilemas y contextos de contienda) que reformulan sus creencias básicas para la acción política. Bevir y Rhodes (2001) identifican “narrativas” de gobernabilidad desde un polo “dogmático” caracterizado por demandas y resultados fijos de la política o de la acción gubernamental (ver Figura 3) a un polo “agnóstico”, caracterizado en un caso extremo, por demandas heterogéneas y resultados heterogéneos (ver Figura 4). Como expresión más nítida del enfoque “dogmático” estos autores sitúan a la perspectiva neoliberal de gobernanza donde los outcomes son invariablemente: Estado mínimo, mercantilización y nueva gestión pública. En esta perspectiva la gestión de un gobierno democrático supone representar presiones comunes mediante instituciones comunes.

Figura 3. Perspectiva neoliberal: presiones comunes/instituciones y políticas comunes (Estado mínimo, mercantilización y nueva gestión pública).

Figura 3. Perspectiva neoliberal: presiones comunes/instituciones y políticas comunes (Estado mínimo, mercantilización y nueva gestión pública).

Fuente: Adaptado de Mark Bevir y R.A.W. Rhodes (2001)

53Una perspectiva enfrentada a la anterior sería aquella caracterizada por heterogeneidad de imputs y outputs, así como un papel central de la “contienda política” como condición causal de la diversidad institucional o de las políticas públicas (figura 4). Este enfoque “descentrado” busca explicar, tanto la formación de creencias en los actores como de instituciones/políticas, centrándose en el proceso generado en situaciones de “contienda”, coyunturas críticas o dilemas, como momentos en los cuales se contraponen creencias y tradiciones generando respuestas adaptativas que implican acomodación de creencias o nuevos cursos de acción. En este sentido, Bevir y Rhodes (2001) sostienen:

Un enfoque descentrado nos animaría a examinar las formas en que nuestra vida, instituciones y políticas son creadas, sostenidas y modificadas por sujetos que actúan sobre creencias que no son dadas ni por un interés propio objetivo, ni por la propia institución, sino más bien surgen de un proceso en el que estos sujetos modifican las tradiciones en respuesta a dilemas. Debido a que no podemos leer las creencias sociales sobre las personas, tenemos que explorar tanto como las tradiciones les impulsan a adoptar ciertos significados y cómo los dilemas los obligan a modificar estas tradiciones (Bevir y Rhodes, 2001: 30-31).

Figura 4. Perspectiva agnóstica descentralizada: diversos imputs, contienda política y diversos outputs.

Figura 4. Perspectiva agnóstica descentralizada: diversos imputs, contienda política y diversos outputs.

Fuente: Adaptado de Mark Bevir y R.A.W. Rhodes (2001)

Palabras finales

54Este capítulo discute dos asuntos de interés acerca de la representación política: primero, la incidencia del contexto teórico-ideológico en creencias sobre la representación política y segundo, la relación entre las creencias asociadas a la democracia y los desafíos del gobierno representativo.

55Respecto del primer problema, la revisión concisa de argumentos de los teóricos del consentimiento muestra que los conceptos constituyen instrumentos para procesos contenciosos vinculados a la disputa por el poder. De este modo, subyacen contextos, clivajes y actores que permiten hacer inteligibles los giros de esta idea. Pero del mismo modo, la existencia de un conflicto concreto y de una constelación de actores, remite a intereses y creencias enfrentadas que explican la polisemia original del concepto.

56De manera contraintuitiva, y como una hipótesis a explorar en trabajos futuros, podría sostener que a esta mirada “extensiva” predominante en lo académico, para conceptos que son objeto de una elaboración contingente e interesada, se opone una mirada “intensiva” que prevalece en los procesos de producción de conocimiento generado por los propios actores de una coyuntura política. En consecuencia, los agentes que actúan en la política real buscan imponer sus creencias dentro de sus comunidades de referencia, en la búsqueda de sentidos comunes que movilicen al grupo de referencia. Las crisis serían aquellas coyunturas fluidas en las cuales se ponen en cuestión, interactúan y colisionan diferentes sentidos comunes, utilizando la imagen de las movilizaciones multisectoriales.

57Persisten varios dilemas sobre aspectos teóricos e ideológicos de la representación en base a la tipología de significados elaborada por H.F. Pitkin (1985), siendo las cuestiones con controversias más activas; los efectos de la representación como “autorización” y “accountability”, en el entendido que ambas nociones tienen implicancias autoritarias o contra-democráticas, según el caso. Así también, la representación “sustantiva” presenta un mayor desarrollo teórico e institucional para el origen que para el ejercicio del consentimiento, lo que a la sazón deviene en un problema para los gobiernos representativos: comprender cabalmente cómo opera la legitimación de los gobiernos durante el ejercicio del mandato.

58En segundo término, la relación entre las creencias asociadas a la democracia y los desafíos del gobierno representativo parece estar marcada por el paso desde la “democracia de partidos” a la “democracia de audiencias”. Siguiendo a Bernard Manin (1998), tanto la autonomización de representantes y de la opinión pública, como el descentramiento de los espacios de producción y reproducción de creencias en uno y otro modelo, plantean cierta tensión entre gobierno representativo y pluralismo. No solo el aumento de la desconfianza horizontal y vertical en las democracias más consolidadas, los fenómenos de desgaste gubernamental, sino también la mayor complejidad para gestionar lo que Bevir y Rhodes (2001) llaman “gobernanza descentrada”, constituyen en la actualidad, fenómenos concomitantes con diferentes formas de gobierno representativo. Más aún, la tendencia sostenida a la presidencialización de los gobiernos representativos y a la fragmentación social, bosquejan como tema central para la sustentabilidad de la democracia, resolver de manera más eficiente, las modalidades de aprendizaje político que puedan resultar funcionales a dichos objetivos de reproducción social. Se puede sostener finalmente, que la representación política no agota su significado como procedimiento electoral e institución democrática, proyectando su significado a una dimensión no electoral como así también a regímenes híbridos o abiertamente no democráticos. Por tanto, aparece como un desafío para estudios futuros sobre el tema, comprender mejor la proyección de la idea de representación política como también, esclarecer las orientaciones antidemocráticas del gobierno representativo en las “democracias de audiencia”.

Bibliographie

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Table des illustrations

Titre Figura 1. Dilemas teóricos de la representación política.
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Légende Fuente: Elaboración propia a partir de Pitkin (1985).
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Fichier image/jpeg, 140k
Titre Figura 3. Perspectiva neoliberal: presiones comunes/instituciones y políticas comunes (Estado mínimo, mercantilización y nueva gestión pública).
Légende Fuente: Adaptado de Mark Bevir y R.A.W. Rhodes (2001)
URL http://books.openedition.org/ariadnaediciones/docannexe/image/1172/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 96k
Titre Figura 4. Perspectiva agnóstica descentralizada: diversos imputs, contienda política y diversos outputs.
Légende Fuente: Adaptado de Mark Bevir y R.A.W. Rhodes (2001)
URL http://books.openedition.org/ariadnaediciones/docannexe/image/1172/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 95k

Auteur

Cientista Político por la Universidad de Chile. Doctor en Estudios Americanos por el Instituto de Estudios Avanzados y Posdoctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2006 se desempaña como Académico jornada completa en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es Decano de la Facultad de Humanidades de la misma institución, (USACH) y sus líneas de investigación están centradas en: democratización en perspectiva comparada, agentes y estructuras de producción de conocimientos, presidencialismo de coalición y políticas de educación superior. (marcelo.mella@usach.cl)

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