Construcción y deconstrucción del trabajo en Brasil: de la conciliación al golpe144
p. 271-302
Texte intégral
Introducción
1Después de un periodo de estabilidad y crecimiento en la primera década de los años 2000, Brasil entró en un ciclo de profunda crisis económica, social, política e institucional. Así como su período de bonanza se debió, en gran medida, a las condiciones internacionales, las causas más profundas de la actual crisis brasilera poseen fuertes componentes globales. Ellas son parte del movimiento efectuado por el capitalismo en las últimas décadas del siglo XX, en búsqueda por impulsar sus ciclos de acumulación y desviarse, así sea temporalmente, de sus propios límites, expresados en crisis con repercusión mundial profunda. En la era en que la mundialización y la financiarización del capital alcanzaron su punto alto, esas crisis se han vuelto, al rededor del globo, más frecuentes y profundas.
2El advenimiento de la crisis de 2008 y su impacto en los diferentes países del globo es parte de ese proceso. Inicialmente, alcanzó a los países capitalistas centrales, como Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, entre otros. Pero, dada su conformación global, desigual y combinada, se proyectó hacia las diversas naciones del mundo asiático, alcanzando también países de desarrollo intermedio, como los que componen el llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China, y África del Sur) y, más atenuadamente, el conjunto de la periferia del sistema.
3Las repercusiones de la crisis en Brasil, considerada al inicio como una “oleadita” por el gobierno, fueron poco a poco solapando el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT), vigente desde 2003, con la posesión de Luiz Inácio da Silva, o Lula. Implantado a lo largo de dos mandatos presidenciales consecutivos de Lula y, a partir de 2011, por su sucesora, Dilma Rouseff, el proyecto comenzó a dar señales claras de desmoronamiento en 2013, cuando las rebeliones de la calle alcanzaron, en junio, su ápice.
4Esta fatiga clara del proyecto, acentuada por la persistencia y profundización de la crisis económica mundial, llevaría a las calles a un amplio sector de la juventud trabajadora. Sometida a la creciente precariedad del mercado de trabajo, imposibilitada de acceder a la educación de calidad, dejada a la merced de un sistema público de salud chatarreado, y sin cualquier seguridad sobre el futuro, el aumento de las tarifas de transporte colectivo se convirtió en una especie de catalizador del descontento de esa capa de jóvenes.
5En su esencia, la movilización de esos jóvenes y la fuerte ola huelguista que el país vivió en el mismo año reflejaban la falencia de un proyecto que, a pesar de brotar de las esperanzas y deseos de muchos por cambios, no fue capaz de realizarlos, mostrando rápidamente sus límites y contradicciones. La realidad brasilera comenzaba entonces a ser desnudada en profundidad, y con ella, independientemente de lo que serían los avances logrados, el fracaso social y político de los gobiernos del PT.
6¿Cuáles fueron los principales componentes de las políticas desarrolladas por el PT, con impacto en los derechos sociales y del trabajo, entre 2003 y 2016? ¿Trajeron ellas predominantemente elementos positivos y de avance o negativos y de limitaciones? ¿Ellas terminaron por resultar en una victoria de las fuerzas sociales del trabajo o en un fracaso que amplificó la crisis profunda que se abatió en los gobiernos del PT? El objetivo de este artículo es ofrecer un balance crítico de esta experiencia, a modo de presentar algunas respuestas a estas indagaciones.
De la confrontación a la concertación
7Brasil tuvo un papel destacado en las luchas trabajadoras y sindicales en la década de 1980, consiguiendo retardar la implementación del neoliberalismo, que ya se expandía por varios países de América Latina, como Chile, Argentina, México, entre otros. En cuanto en los países del Norte, el neoliberalismo despegaba, en Brasil, en aquella década, caminábamos a contra vía de estas tendencias regresivas. Así, si para el capital esta fue considerada una “década perdida”, para los movimientos sindicales y populares esta fue una “década victoriosa”.
8Después de las huelgas históricas del ABC Paulista, a finales de la década de 1970, con la emergencia del llamado “nuevo sindicalismo”, las huelgas se generalizaron por el país, alcanzando contingentes amplios de la clase trabajadora. Se ampliaron en sobremanera los sindicatos de clase y los incontables movimientos sociales, lo que significó un período de propagación de luchas sociales y políticas de gran envergadura (Santana, 1999; Antunes, 2004, 2006B, 2015; Praun, 2005, 2006, 2012; Antunes, Santana, 2014).
9En un espacio corto de tiempo, indicando la pujanza organizativa y movilizadora de la clase trabajadora, la década de 1980 empujaría también, como parte de la intensa movilización social en el país, la fundación y crecimiento de un partido de extracción obrera y sindical, el PT, y de la Central Única de los Trabajadores (CUT). Produciría todavía, paulatinamente, la creciente inserción de parte importante de sus militantes y activistas sindicales en las estructuras del Estado brasilero.
10Las victorias electorales alcanzadas por el PT, si por un lado reflejarían la consolidación de una base social forjada en gran medida en las movilizaciones sociales de la década de 1980, también se convirtieron en un punto de apoyo importante para el fortalecimiento de una práctica política que pasó a caracterizarse, en la década de 1990, por la preocupación por formular propuestas consideradas viables institucionalmente, pero “propositivas”, como se decía entonces.
11Las evaluaciones de la dirección mayoritaria del PT sobre las razones de la derrota de Lula en las elecciones presidenciales de 1989 acentuaron esa tendencia, expresada en los años siguientes, entre otras iniciativas, en la participación de la CUT, en 1992 y 1993, en las Cámaras del Sector Automotor (Galvão, 1996; Praun, 2012). Esa participación hacía evidente la búsqueda no solamente por demostrar la postura activa en la “elaboración de una política industrial con bases democráticas”, conforme definía en la ocasión el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC (marzo/1992, p. 5), mas la disposición de llegar al poder central, por la vía institucional, y sin poner en riesgo el orden y la estructura social establecidas. Esa disposición puede ser observada con mayor claridad diez años después, durante la elección de 2002, que resultó en el primer mandato presidencial de Lula. Durante la disputa electoral, el PT publicó la Carta al Pueblo Brasilero, firmada por Lula, en la cual fueron dadas las garantías al mercado financiero de una política futura de control de la economía y de respeto a los “contratos y obligaciones del país”.
12Durante los años que separaron las experiencias con las Cámaras Sectoriales y las elecciones de 2002, medidas de flexibilización de la producción y del trabajo (institución de los bancos de horas y de días; adopción de mecanismos dirigidos al trabajo polivalente y multi-funcional; reducción del piso de ingreso de las categorías profesionales; flexibilización de la remuneración por medio de la política de participación en los resultados, entre otras) pasaron a ser defendidas e incorporadas con frecuencia en los acuerdos colectivos firmados por sindicatos afiliados a la CUT, teniendo como polo irradiador de esa práctica al sindicalismo metalúrgico del ABC Paulista (Praun, 2005, 2006, 2012).
13Durante la década de 1990, en medio del fortalecimiento del neoliberalismo y de las medidas dirigidas a reestructurar la producción y el trabajo, que devastarían el mundo del trabajo brasilero, se consolida al interior de la CUT una práctica sindical centrada en la presentación de propuestas “viables”, que buscasen evitar la confrontación entre el capital y el trabajo, privilegiando la negociación en detrimento de la movilización. De forma decurrente, se buscó viabilizar la victoria electoral por medio de la construcción de un pacto, articulando las diferentes fracciones de la clase dominante, para la gestión del capitalismo brasilero.
Los gobiernos Lula: el PT en el poder
14En la ocasión de la victoria electoral de la candidatura de Lula, en 2002, después de dos mandatos consecutivos de Fernando Henrique Cardoso (19994-2002), el Brasil se había transformado en un país bastante diverso, ahora inserto en un contexto nacional e internacional distinto de aquél observado en décadas anteriores. Esto porque la elección de Lula ocurrió cuando el transformismo (Gramsci, 1989) ya venía impregnando la práctica política del PT, lo que lo transformó gradualmente en una variante de Partido del Orden (Marx, 1974), cada vez más moderado e institucionalizado en sus métodos, prácticas y acciones.
15Cuando en su primera candidatura en 1989, Lula y el PT, asentados en un movimiento aguerrido y en ascenso, tenían un programa agudo de cambios que fue derrotado en las urnas. En 2002, en medio de un mundo del trabajo y movimiento de los trabajadores devastado, y en alianza con sectores conservadores, Lula y el PT salen victoriosos en las urnas.
16El neoliberalismo, que se desenvolvió en los años 1990 con Fernando Collor (1990-1992) y FHC, había desertificado en buena medida el país, y el PT ya no era más un partido dirigido centralmente hacia los intereses de la clase trabajadora. Oscilaba cada vez más entre la resistencia al neoliberalismo y la aceptación y defensa de una nueva pragmática, más policlasista145.
17El primer gobierno de Lula, iniciado en enero de 2003, fue caracterizado, entonces, más por la continuidad que por la ruptura con el neoliberalismo, una vez que también desarrolló políticas con semejanzas claras a aquellas propuestas por el social-liberalismo, que florecieron a partir del experimento realizado por el New Labour, de Tony Blair146.
18Vale destacar que, a lo largo del primer mandato, la política económica desarrollada por Lula jamás cuestionó la hegemonía de los capitales financieros. Lejos de eso, siguió rigurosamente los pilares indicados por el FMI, manteniendo, de ese modo, los elementos estructurales que preservaban el capitalismo y que particularizaban nuestra formación social burguesa.
19Como indicó el propio Lula en un mitín realizado en Fortaleza, durante las elecciones municipales de 2012, “yo a veces me quedo pensando por qué las personas critican tanto a Lula. Vea, si dependiese de ganar dinero, los empresarios de este país todos los días tendrían que encender una vela a Dios, porque nunca ganaron tanto dinero como ganaron en mi gobierno” (Cabral, 23 oct. 2012). Lula agrega a su discurso que habría sido este el camino que posibilitó los avances en términos de ampliación del número de empleos formales en el país.
20¿Cuáles fueron las políticas guía de los gobiernos del PT? Pasemos ahora a analizar más de cerca algunas de ellas. Tomaremos en cuenta, en términos de límites, posibilidades y contradicciones, las políticas relativas al empleo, a los sindicatos y al combate a la pobreza. En la parte final, analizaremos el desenlace de los gobiernos del PT con el golpe parlamentario-jurídico-mediático que puso fin a sus catorce años de experiencia en el ejecutivo federal.
La política de empleos
21La victoria de Lula, a pesar de la amplia alianza que lo apoyó, abrió un sinnúmero de expectativas acerca de los cambios estructurales prometidos por él hacía mucho. Con todo, el proceso electoral se dio en medio de los augurios de una crisis económica. Delante de la posibilidad de victoria de Lula, parte de las inversiones dirigidas a la especulación financiera amenazó con salir del país. Con la “Carta a los brasileros”, como ya indicamos, Lula buscó tranquilizar el mercado indicando que las bases de la estabilización serían mantenidas.
22El gobierno de Lula, en sus dos mandatos (2003-2006 y 2007- 2010), siguió de muy cerca la política económica del gobierno anterior, aunque matizada por una perspectiva social-liberal. Entre otras medidas, preservó los intereses del capital financiero, por medio del mantenimiento del superávit primario. En lo que se refiere a la legislación laboral, más allá de la introducción de la cobranza de la contribución a la previsión de los pensionados – que le generó un enorme disenso en el sindicalismo de los trabajadores públicos, uno de los pilares constitutivos de la CUT en su origen – intentó, al final del primer mandato, hacer viable una reforma sindical y laboral amplia, a pesar de la fuerte oposición tanto de sindicatos y centrales sindicales patronales cuanto de aquellas entidades vinculadas a los trabajadores (Antunes, 2006b, 2014; Galvão, 2007).
23Dada la coyuntura internacional, fue acumulando índices económicos positivos. De forma general, el gobierno de Lula se caracterizó por la baja inflación y por la reducción del desempleo. Aunque sea necesario discutir el tipo y la calidad de los empleos creados, en esta cuestión son datos que llaman la atención. En el periodo comprendido entre los años 1998 y 2007, se obtuvo una taza de crecimiento del empleo del 56 %. En 1998, el mercado formal brasilero contaba con 24,5 millones de empleos. Ese total subió, en 2002, hasta el escalón de 28,7 millones, llegando a 37,6 millones en 2007. Los mejores resultados obtenidos en este campo fueron obtenidos entre 2003 y 2007, cuando la mayoría de estos empleos fue creada y el nivel de desempleo registró una caída bastante sensible, pasando de una taza de 12 %, en 2003, para 9 % en 2007 (Santana, 2012).
24Cuando la crisis mundial alcanzó fuertemente a los países capitalistas centrales, el gobierno de Lula tomo medidas apuntando a incentivar, por medio de la acción estatal, la retoma del crecimiento económico a través de la ampliación del mercado interno. Para tal, entre otras medidas, el gobierno redujo impuestos en los sectores automovilístico, electrodoméstico y de construcción civil, todos de fuerte incorporación de fuerza de trabajo.
25Si, conforme apunta Pochman (2012), en la década de 1990 atravesamos un periodo de fuerte reducción de los empleos formalizados147, en la década siguiente, bajo los gobiernos de Lula e inicio del mandato de Dilma, fueron creados 21 millones de puestos, lo que testifica la amplia incorporación de trabajadores y trabajadoras al mercado laboral.
26La expansión de los puestos de trabajo, entretanto, guardó particularidades. Es necesario destacar que 94,8 % de los trabajadores incorporados al mercado formal recibían una remuneración baja (1,5 salarios mínimos por mes). Las actividades que más crecieron a lo largo de este periodo fueron: servicios, con 6,1 millones de nuevos empleos; seguidos por los trabajadores del comercio, con 2,1 millones; de la construcción civil, con 2 millones; de administrativos, con 1,6 millones; de la industria textil y vestuario, con 1,3 millones, y del sector público, con 1,3 millones (Pochmann, 2012; Antunes, 2014).
27Como afirma Pochman (2012, p. 32), estas profesiones totalizaron “14,4 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que equivale a 72,4 % de todas las ocupaciones con remuneración también hasta 1,5 salarios mínimos mensuales” Vale todavía acrecentar que fue significativa la ampliación del trabajo femenino, llegando a casi 60 % de las ocupaciones, con concentración entre mujeres en la faja de 25 a 34 años.
28La precariedad y el nivel de degradación del trabajo también pudieron ser evidenciados a partir de otros indicadores que proporcionan una visión panorámica del mercado de trabajo brasilero. A lo largo del gobierno Lula, conforme destaca Braga (2015),
29“el número de accidente y muertes en el trabajo creció y la taza de rotatividad del empleo aumentó […]. ¿Y cómo sería diferente si los principales motores del actual régimen de acumulación pós-fordista y financierización son la industria de la construcción pesada y civil, la agro-industria y el sector de servicios? Además de eso, a pesar del crecimiento económico reciente, la estructura social brasilera no superó su condición semi-periférica, lo que implica la combinación de un gran número de empleos baratos con un índice bajo de inversión en ciencia y tecnología, fortaleciendo el despotismo empresarial.”
30Observado todo este cuadro, debe decirse que los gobiernos del PT consiguieron aumentar el número de trabajadores/as empleados y formalizados, y reducir así los índices de desempleo, con todo, no consiguieron eliminar las condiciones de vulnerabilidad que acentúan la precarización de la fuerza de trabajo en el Brasil, ejemplificadas en los altos índices de informalidad y en los crecientes contingentes de tercerización. Así, la des-reglamentación y la amplificación de las formas de sub-contratación se mantuvieron, aunque en niveles menores que aquellos vigentes en los años 1990.
31De ese proceso contradictorio, el más expresivo tal vez haya sido la enorme expansión del nuevo proletariado de servicios, que se desenvolvió en consecuencia tanto de la reestructuración productiva como del significativo proceso de privatización de las empresas estatales y de los servicios públicos. La enorme expansión del trabajo en call centers y telemarketing, de las empresas de tecnologías de información y comunicación (TIC), de los hipermercados, de la industria hotelera etc., cada vez más insertadas en el proceso de valorización del capital, generó el nacimiento de un nuevo proletariado de servicios, o infoproletariado o el cybertariat (Antunes, Braga, 2009; Huws, 2003).
32Si a lo largo de la década de 1980 era relativamente pequeño el número de tercerizados (subcontratados), en las décadas siguientes ese número creció, constituyendo un contingente expresivo de trabajadores y trabajadoras frecuentemente sin vínculo laboral y sin registro formalizado, padeciendo de altos índices de rotatividad, a veces al margen de la legislación laboral, re-diseñando la morfología del trabajo en Brasil (Antunes, 2006b, 2014, 2015; Druck, 1999 e 2011; Druck, Franco, 2007)148.
33Fue con esa programática (social, sindical y de empleos) que Lula implementó una política policlasista de concertación y conciliación muy exitosa por un periodo largo, teniendo un apoyo fuerte de los distintos sectores del empresariado, beneficiando enormemente a las diversas facciones del gran capital, especialmente el financiero y el industrial que, como sabemos, mantienen una simbiosis fuerte entre sí, aunque algunas veces hayan disputado espacios en la conducción de la política económica gubernamental, juntamente con el sector del agro-negocio y de las demás facciones burguesas, todas partícipes del proyecto lulista.
34En el ramo industrial, considerando apenas dos ejemplos, vemos que el sector automotor alcanzó récords sucesivos de producción, y la casi extinta industria naval reapareció de forma consistente en el escenario, asumiendo posición destacada entre las mayores del mundo en el sector (Santana, 2012).
35En la cima, los grandes capitales lucraron como pocas veces en la historia reciente del país, en prácticamente todos sus segmentos. En la base de la pirámide social, el gobierno del PT (y su amplia coalición) implementó una política social mucho más amplia que sus antecesores, aunque de perfil predominantemente asistencialista, apuntando a minimizar en alguna medida la miseria brasilera. Partes de la base más empobrecida y pauperizada de nuestra pirámide social pudieron ascender algunos escalones, especialmente en la esfera de los bienes de consumo asalariado, a costa de, como se puede constatar posteriormente, de su enorme endeudamiento.
36En lo que dice respecto del salario mínimo, se experimentó su mayor crecimiento real. Se observó el crecimiento de la masa salarial real del trabajador a partir de 2003. Esta masa quedó en niveles de estancamiento en el período 1998/2002 con un valor de aproximadamente R$ 36 billones. A partir de 2003, asistimos al crecimiento anual de la misma, yendo, por ejemplo, a niveles de R$ 52 billones en 2007. Tal situación tuvo claros impactos en la recuperación del poder de compra de las clases populares. En números, en ocho años, el salario mínimo creció de R$ 200 hasta R$ 510, presentando así un aumento de cerca de 150 % (a pesar de ser un salario mínimo muy bajo, comparado a los valores indicados por el DIEESE) (Santana, 2012).
37Así, la política de preservación y amplificación del salario mínimo también permitió que el segundo gobierno superase la profunda crisis del final de su primer mandato y que avanzase intensamente en sus niveles de popularidad. Pero es necesario enfatizar que ninguno de los pilares estructurantes de la miseria brasilera fue efectivamente enfrentado. Y este elemento de fondo se acentuó al final del primer gobierno de Dilma e inicio de su segundo, cuando la crisis brasilera se intensificó.
38Es importante también demarcar las mediaciones de ese proceso. Por un lado, el gobierno del PT, predominantemente a partir de 2006, impulsó políticas asistenciales, así como el aumento real del salario mínimo y, apoyado en esas iniciativas, construyó su base de apoyo junto a los segmentos más paupeirzados de la sociedad. Por otro, desde su primer mandato, avanzó en la reforma de las previsiones e instituyó dos leyes que alcanzaron los derechos laborales (Krein, BIAVASCHI, 2015).
39La primera de ellas, Ley 11.101, del 9/2/2005, instituyó en las palabras de Souto Maior (2014, p. 5), la “mora del trabajo”. Con las nuevas reglas, en situación de recuperación judicial, extrajudicial y de falencia de las empresas, el crédito laboral deja de ser prioridad frente a los demás. Solamente créditos en el límite de 150 salarios mínimos se mantienen prioritarios frente a los demás. La Ley refuerza, de esta forma, la lógica de distribución, entre el empleador y el trabajador, de los riesgos del negocio (Souto MAIOR, 2014).
40La segunda, la Ley 10.820, de 17/12/2003, dio inicio al proceso de regulación del crédito consignado en la nómina. Tal legislación, además de proteger a las instituciones financieras, dándoles la seguridad de la recepción de préstamos y financiamientos con débito directo de la nómina, proporcionó sustento a un programa de gobierno que, a lo largo de muchos años, se viabilizó anclado en el incentivo al consumo asociado al endeudamiento de los trabajadores (Krein, Biavaschi, 2015).
La cuestión sindical
41No por accidente, entonces, bajo la conducción de Lula y sus formuladores, durante el primer gobierno del PT, a finales de 2004 e inicios de 2005, ganó fuerza la propuesta de la reforma sindical. La victoria electoral de Lula trajo al poder una generación de militantes sindicales forjados, como él, en el llamado “nuevo sindicalismo” y en la crítica a la herencia del llamado “sindicalismo delator”. Promesa de campaña, la reforma de la legislación entró en la pauta. El Ministerio del Trabajo, a partir de la organización del Forum Nacional del Trabajo (FNT), integrado, de forma tripartita, por representantes de trabajadores, patronazgo y gobierno, procuró elaborar un nuevo proyecto sindical para el país149.
42Había cierta demanda sobre tales cambios por parte de los sectores sindicales desde los gobiernos de FHC, que quería, junto con el patronazgo, hacer efectiva una reforma laboral sin ofrecer a los sindicatos nuevas posibilidades de organización y movilización que los libertase de los controles dispuestos en la CLT.
43En la visión de sus propios proponentes en el gobierno, la reforma sería un paso en la dirección de una transformación más amplia, proyectada no solamente como “mera alteración legislativa”, mas como “un amplio re-ordenamiento jurídico-institucional de carácter sistémico que, del punto de vista normativo”, buscaba “involucrar el Derecho Sindical, la Legislación del Trabajo, el Derecho Procesal del Trabajo, los órganos de Administración Pública del Trabajo y la Justicia del Trabajo” (MTE, 2005: S/P).
44El conjunto de reformas en esa área, pretendidas por el gobierno, según expresa en sus documentos (MTE, 2003 y MTE, 2005), iba en el sentido de hacer las leyes y las instituciones del trabajo más compatibles con lo que sería la nueva coyuntura social, política y económica vividas por el país. En consonancia con esos objetivos, la “Exposición de Motivos” del proyecto señalaba que
45“La Reforma de la Legislación Sindical es uno de los compromisos de cambio más queridos de esta gestión, en función del atraso estructural de las normas vigentes. Permitir una organización sindical realmente libre y autónoma en relación al Estado, además de fomentar la negociación colectiva como instrumento fundamental para la solución de conflictos, son objetivos esenciales para el fortalecimiento de la democracia y estímulo a la representatividad auténtica” (MTE, 2005: S/P).
46Mientras tanto, el anteproyecto de ley que trató la cuestión, a pesar de algunos puntos de consenso, generó más disenso y muchas dudas. Llegó al legislativo exactamente en un momento crítico de la vida política nacional, marcado por escándalos protagonizados por figuras exponenciales del gobierno y del partido del presidente.
47Obviamente utilizadas por los medios y la oposición, se produjo, a partir de las denuncias de corrupción del llamado caso del “Mensalão”, cierta parálisis en la vida legislativa en cuanto tal, arrastrando energías para las Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPIs). El gobierno, también impactado duramente por las denuncias, con margen de acción estrecha, optó por rebanar el proyecto de ley de la reforma laboral, dando secuencia, en el menudeo, apenas a algunos puntos como, por ejemplo, el reconocimiento de las centrales sindicales (Santana, 2009).
48Aunque esa propuesta de reforma laboral haya sido obstada tanto por la crisis política, así como por la fuerte oposición por parte de diversos sectores sindicales, tanto a la derecha, como al centro y a la izquierda, ella fue emblemática del sentido de conciliación más profundo presente en el primer gobierno de Lula.
49Las propuestas que emergieron de las negociaciones del FNT caminaron en el sentido contrario de los principios que nortearon la creación de la CUT, dirigidos hacia un sindicalismo independiente, desenganchado del Estado que, en buena medida, estuvieron en la base de la constitución del llamado “Nuevo Sindicalismo”. Además de un conjunto de propuestas dirigido a la flexibilización de los derechos del trabajo, se buscó, apuntando a beneficiar a las cúpulas sindicales en detrimento de las bases obreras, transferir hacia las centrales y sus direcciones el ejercicio de la negociación, restringiendo la acción de los sindicatos y de las asambleas de base.
50Más aún, las centrales pasarían a ser medidas y definidas por su representación, dificultando la vida organizativa de entidades más autónomas, una vez que lo propuesto pasó a contemplar límites mínimos para el reconocimiento de la representación de los sindicatos. Al fin, establecía que el cobro del Impuesto Sindical y demás contribuciones o tazas asistenciales serían substituidas por la denominada “Contribución de Negociación Colectiva” (de hasta 1 % de la renta líquida del trabajador en el año anterior), obstando directamente la voluntad de cotización autónoma, libre y voluntaria de los trabajadores para la manutención de los sindicatos. (Antunes, 2006b e Santana, 2009).
51Vale destacar sobre ese proceso, que marca el inicio del primer gobierno Lula, que el verticalismo sindical, las prácticas copulistas y el excesivo burocratismo, que la CUT tanto criticó durante sus primeros años de existencia, se encontraban impregnados en esta propuesta de reforma sindical tanto por medio de la tentativa de reducción significativa de lo que todavía se preservaba de la organización sindical de base, como por el abandono del trípode de la libertad, autonomía e independencia sindical, principios orientadores del llamado “nuevo sindicalismo” y, por eso, considerados vitales e in-negociables en su origen (Antunes, Silva, 2015; Antunes, Santana, 2014).
52Fruto de la polémica y resistencia generada al interior del movimiento sindical, no se avanzó en la tentativa de restricción de la participación de los sindicatos y asambleas de base en los procesos de negociación. Pero parte de las medidas acabó siendo contemplada por la ley 11.648, de 2008, que legalizó las centrales sindicales brasileras, estableciendo los requisitos para que fuesen reconocidas oficialmente. La ley también estableció, por medio de alteración en la CLT, nuevos criterios de distribución del Impuesto Sindical de forma que contemplara las centrales.
53Es relevante también demarcar el contexto en el cual se desarrolló la nueva política de control del sindicalismo y su sentido duplicado. Por un lado, la cúpula sindical pasó a ocupar, durante el gobierno Lula, cargos importantes en la alta burocracia estatal (en los ministerios, en los consejos de empresas estatales y también de empresas privatizadas). Por otro, la incorporación de las centrales a la estructura sindical oficial viabilizó tanto la integración de esas entidades al Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), como el recibimiento de recursos vinculados directamente al FAT o a otros fondos estatales. Tales mecanismos, ante un escenario marcado por la unicidad sindical en la base y por el pluralismo sindical en las cúpulas, fortalecieron y aproximaron todavía más a las principales centrales sindicales del gobierno de Lula.
54El universo sindical también se alteró significativamente entre el primer y segundo gobierno Lula, sufriendo una re-configuración fuerte. Además de la CUT, de la CTB (Central de los trabajadores y trabajadoras del Brasil)150, de la Fuerza Sindical, fundada en 1991, de perfil ideológico a la derecha, pero integrante de la base de apoyo sindical del gobierno Lula, el espectro sindical englobaba también otras centrales pequeñas que buscaban ampliar su espacio, como la CGTB (Central General de los Trabajadores del Brasil), la UGT (Unión General de los Trabajadores), la Nueva Central, algunas de ellas con nivel pequeño de representación sindical, herederas que eran del “viejo sindicalismo” enganchado al Estado y que veían en la aproximación con el gobierno la posibilidad de ampliación de los recursos y de los presupuestos estatales.
55Posteriormente, en oposición abierta a los gobiernos Lula y Dilma, se organiza la CONLUTAS (Coordinación Nacional de Luchas), entidad fundada en 2004 que, en 2010, pasó a denominarse CSP-Conlutas (Central Sindical y Popular). Fue parte del mismo proceso el nacimiento del movimiento denominado INTERSINDICAL, con origen en 2006, y que después se dividió en dos vertientes. Esas corrientes sindicales, al contrario de la totalidad de las demás citadas anteriormente, rechazaban cualquier tipo de recurso oriundo del “viejo sindicalismo” de Estado.
56No por nada, ellas se van constituyendo en los primeros años del gobierno Lula, teniendo como base entidades sindicales que rompen con la CUT y se posicionan en oposición al gobierno del PT. Es parte de ese proceso la adhesión a las nuevas centrales, sobre todo a la CSP-Conlutas, de un número significativo de sindicatos vinculados al funcionalismo público federal, cuya base fue fuertemente alcanzada por la reforma de la previsión y la llamada reforma universitaria, encaminada por Lula en el inicio de su primer mandato presidencial.
57Para más allá de la postura de oposición al gobierno del PT y del rescate de la independencia de las entidades sindicales frente al Estado, otras características de esas centrales merecen la atención. La primera, la CSP-Conlutas, defiende, desde su origen, la constitución de una central que aglutine no sólo a las entidades sindicales tradicionales, pero también a las oposiciones sindicales, las organizaciones de la juventud, los movimientos populares, así como aquellos constituidos alrededor de la lucha contra la opresión de las mujeres, negros y negras, LGTB etc. Busca, de esa forma, convertirse en instrumento de lucha capaz de aglomerar y representar una parte de la clase trabajadora cada vez más compleja y heterogénea, fruto del impacto del neoliberalismo y del proceso de reestructuración productiva sobre el mundo del trabajo.
58La segunda variante, la INTERSINDICAL, con un perfil más marcadamente sindical, buscó rescatar los principios de un “sindicalismo por la base”, encontrándose, entretanto, claramente dividida entre la creación o no de una nueva central.
59En todo este cuadro de reconfiguración, merece nota la trayectoria de la CUT y su transformación de Central sindical crítica e independiente de los gobiernos en una entidad fuertemente afinada con las acciones y políticas del gobierno Lula151.
Las políticas sociales y la nueva base social de sustentación
60La actuación de los gobiernos del PT mantuvo cierta centralidad en términos de acciones de los programas sociales que pudiesen tener impactos efectivos en la reducción de la pobreza. Y esto fue sentido a lo largo del tiempo.
61El trabajo de los jóvenes sirvió como uno de los balizadores de la acción del gobierno en su inicio. Lanzado en 2003, el Programa Primer Empleo, con todo, no alcanzó las metas esperadas, sufriendo desactivación en 2006. Ya en cuanto a la erradicación del trabajo en condiciones análogas al de esclavitud, el gobierno de Lula continuó con las medidas ya emprendidas en el gobierno anterior, consiguiendo algunos avances positivos. Por otro lado, los Programas como el Hambre Cero o Bolsa Familia152 fueron marcas importantes de los gobiernos del PT, con efectos relevantes, principalmente en el segundo caso.
62Al final de su primer mandato, Lula realizó alteraciones importantes en sus políticas sociales en la búsqueda de reconquistar un apoyo que estaba siendo erosionado, principalmente, en función de la profunda crisis política abierta con el llamado “Mensalão”, lo que podría imponer riesgos a su reelección, en 2006 (Antunes, 2006a).
63Una de las alteraciones más expresivas se dio con la expansión del Bolsa Familia. Duras y distintas críticas fueron dirigidas al PBF, especialmente por la izquierda, en el sentido de que éste presentaba un viejo eje meramente asistencialista, sin ofrecer alternativa que cambiase la estructura de la miseria brasilera, que podría ser hecha, por ejemplo, por medio de una reforma agraria profunda, o por la tasación del capital financiero y de las grandes fortunas etc.
64Si las críticas más conservadoras justificaban que, al recibir el auxilio del gobierno, los auxiliados dejarían de buscar empleo, los defensores del proyecto señalaron que, además de sacar a muchos de la situación de pobreza, la Bolsa Familia garantizaba indirectamente que los mismos pudiesen también pelear por la entrada al mercado en situación menos precaria.
65El origen del Programa en el ámbito nacional remota a la unificación y mejoramiento de “acciones de transferencia de la renta” desarrolladas ya bajo el gobierno FHC153. Se trata de un programa que, a lo largo del gobierno Lula, pasó a tener alta repercusión entre las capas más pobres de la población brasilera, con coste bajísimo para el presupuesto público brasilero en comparación con el volumen destinado al pago de los intereses de la deuda pública a los bancos. Conforme demuestran los datos de 2008, afinados por el IPA154, “o costo del PBF representa apenas 0,38 % del PIB y cerca de apenas 3 % del total de gastos con beneficios de previsión y asistenciales del país”. (Pochmann, 2010, p. 8)
66El programa tenía como meta alcanzar el 20 % más pobre de la población brasilera, eligiendo como prioridad la franja del 10 %. Buscaba, de esa forma, impactar los indicadores de desigualdad por medio de la eliminación del llamado “exceso de desigualdad”. Este “exceso de desigualdad”, a su vez, fue identificado a partir de la comparación entre indicadores de apropiación de renta de países considerados con desarrollo similar al brasilero (Barros; Carvalho; Mendonça, 2010)
67En 2006, año que marca el fin del primer mandato presidencial de Lula, el PBF, amplió su alcance, pasando de los 3,6 millones de familias155 alcanzadas directamente por el Programa, en enero de 2004, para 11 millones de familias. El número de familias atendidas se mantuvo estable en los años 2007 y 2008, siendo nuevamente ampliado a lo largo de 2009, cuando pasó a abarcar 13,7 millones de familias (Soares, Sátyro, 2010). Los datos relativos al número de personas atendidas por el Programa, entretanto, ofrecen una mejor dimensión de su repercusión. Conforme el estudio realizado por Costanzi e Fagundes (2010, p. 264),
68En marzo de 2010, el número de personas que estaban en Bolsa Familia llegó a 48.680 millones. Tomándose en consideración la estimativa de población, en 2009, de 191.480 millones, significa que el PBF atendía cerca de un cuarto de la población total del país (25,4 %). Este porcentual variaba de 14,9 % en el Sudeste (el valor menor), hasta 45,6 %, en el Nordeste (el valor mayor). […] la mayor cobertura del programa en relación a la población total se da, en especial, en los municipios de las regiones Norte y Nordeste, aunque existan ciudades con cobertura elevada en las demás regiones.
69Esta política social de corte asistencialista, que constituyó la principal bandera del PT, fue considerada ejemplar por el Banco Mundial. Dirigida menos hacia la clase trabajadora organizada, base social de origen de Lula, el Programa pasó a alcanzar los sectores más empobrecidos, normalmente más dependientes del auxilio del Estado para sobrevivir.
70Los datos de 2010, obtenidos por medio del Registro Único, sistema de control y cruzamiento de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, muestran que el perfil de los beneficiarios del PBF va al encuentro del perfil general de la desigualdad social brasilera, que reserva los espacios de mayor pobreza a la población afrodescendiente, a las mujeres y a los jóvenes. En todas las regiones del país, la participación femenina entre los beneficiarios era, en abril de 2010, de 54,2 %. Ese índice se vuelve todavía más preponderante si se considera el responsable legal de la familia. En este caso, 92,5 % son mujeres. Estas responsables, a su vez, se concentran en la faja etaria de los 25 a los 34 años (35,5 %) y en la de los 35 a los 44 años (29,5 %) (Costanzi; F, 2010).
71Cuando la mirada se dirige hacia el recorte étnico-racial, los datos apuntan hacia una población atendida compuesta fundamentalmente por afrodescendientes, con 65,3 % de auto-declarados pardos y otros 7,5 de negros, completando un total de 72,8 %. los datos de abril de 2010 apuntan también hacia la baja escolaridad de los beneficiarios del Programa, con 81,1 % sin educación básica completa, entre ellos, 15,8 % de analfabetas (idem).
72Los valores recibidos por las familias beneficiadas por el PBF varían. El mínimo, denominado “beneficio básico”, actualizado en julio de 2016, corresponde a R$85,00. A este valor pueden ser acrecentados otros beneficios, considerados variables, en el valor de R$ 39,00 cada uno. Entretanto, a pesar del costo bajo, al alcanzar ¼ de la población brasilera bajo la línea de la pobreza, el Programa impactó de forma importante tanto desde el punto de vista económico, ofreciendo poco para quien no tiene prácticamente nada, como político, conformando por años una base social fundamental desde el punto de vista electoral.
73Actuando en la misma dirección, como ya indicamos arriba, la acción gubernamental de aumento real del salario mínimo, aún si los reajustes lo mantuvieron más acá de los niveles previstos en la Constitución y defendidos por el DIEESE, incidió sobre los segmentos más pobres de la población, alcanzando ramificaciones más amplias y extremas en el mundo del trabajo.
74Queda evidente que, tales acciones consolidaban una migración importante en parte de la base social del segundo gobierno Lula, de la clase trabajadora más organizada, base original del PT, en dirección de los asalariados más empobrecidos, con un nivel menor o incluso sin organización sindical y política, y que se encuentran en áreas menos industrializadas del país (Antunes, 2006a)156.
Los gobiernos de Dilma: de la ascensión a la crisis
75El gobierno de Dilma, investido en 2011, mantuvo básicamente el recetario económico del segundo gobierno Lula: crecimiento económico dirigido al mercado interno; incentivo a la producción de commodities para la exportación; reducción de tributos destinados a atender las demandas de distintas facciones del capital, como la industria, de la construcción civil, etc.. Preservó también la política financiera basada en los intereses elevados, garantizando así, en buena parte de su primer gobierno, el respaldo del capital financiero. Fue solamente cuando las repercusiones de la crisis internacional se acentuaron en Brasil, siendo sentidas no más como “una oleadita”, que el gobierno Dilma ensayó una política de reducción de impuestos, a través de los bancos estatales. Todo ese conjunto constituyó la llamada Nueva Matriz Económica.
76Mientras tanto, el agravamiento de la crisis económica internacional, que ya no se restringía a los países del Norte, pero que también pasó a afectar directamente a los llamados BRICS, fue minando lentamente la base social burguesa que sustentó los gobiernos de Lula y Dilma. Además de este punto central, otro componente aumentaba las escisiones y fracturas en relación al gobierno Dilma: 1) en la escena política, la acción judicial denominada “Operación Lava Jato” involucraba directamente al PT y su principal aliado, el viejo PMDB, en nuevos escándalos de corrupción; 2) en el universo social, aumentaba el descontento en relación a los límites del proyecto del gobierno y su distanciamiento cada vez mayor de los movimientos sociales y sindicatos que componían originalmente la base social del PT (Antunes, 2015).
77Esas fisuras del proyecto que estructuró los gobiernos del PT no tardarían en llevar a las calles a los segmentos de la juventud trabajadora más precarizada. A pesar de la ampliación de los empleos, estos puestos, reservados mayoritariamente a las mujeres, jóvenes y negros, acentuaron todavía más la lógica perversa que lastra el mercado de trabajo brasilero hace tiempo: las bajas remuneraciones y su incidencia entre aquellos segmentos tradicionalmente más discriminados en el mercado de trabajo. (Braga, 2013, 2015).
78Fue en este contexto político que, en 2013, explotaron las rebeliones de junio. ¿Cuáles fueron, entonces, sus principales elementos causales?
79Sabemos que las rebeliones de junio se originaron a partir de las acciones preparadas, en un periodo largo y en varias capitales del país, por el Movimiento Pase Libre (MPL). Estas acciones, que tenían como motivación inicial la defensa del pasaje libre estudiantil, poco a poco pasaron a abarcar la lucha contra el aumento de las tarifas de transporte colectivo y en defensa de la movilidad urbana. En 2013, mientras tanto, esas manifestaciones fueron ampliadas exponencialmente, pasando a incorporar una gama variada de banderas y reivindicaciones.
80Tal vez podemos subrayar que las rebeliones encontraron sus causas de fondo en una coyuntura especial, en la cual convergerían elementos estructurales más amplios y el afloramiento de una crisis política que estaba latente. El entroncamiento de estos puntos generó la combustión que llevó a las movilizaciones que hicieron perceptible el agotamiento del proyecto petista.
81La población joven trabajadora que estuvo presente y fue dominante en las plazas públicas denunciaba el transporte probado y caótico; la salud pública degradada, y la educación pública abandonada. Se rebelaba, de alguna manera, contra la mercaderización de su vida cotidiana.
82Las manifestaciones ocurrieron, todavía, en una coyuntura especial, marcada por la Copa Confederaciones, momento en que el uso de recursos públicos para intereses privados vinculados a la construcción de estadios (las denominadas arenas), a todo complejo transnacional y de las grandes corporaciones envueltas con el entretainment futbolístico, permitió aflorar una simbiosis profunda entre la FIFA, el gobierno Dilma, las corporaciones transnacionales y las diversas fracciones burguesas articuladas con al gobierno, en un momento de agravamiento de la crisis.
83Este escenario se configuró de forma todavía más explosiva, una vez que vivenciamos un contexto internacional caracterizado también por rebeliones, en el cual las masas populares se apropiaban del espacio público, ejercitando prácticas plebiscitarias, horizontalizadas, contrarias a las organizaciones tradicionales, manifestando oposición frontal en cuanto a las formas de representación y de institucionalidad vigentes, sea en los países capitalistas de Occidente, sea en las dictaduras que se perpetuaban en el Oriente Medio.
84Estas manifestaciones, que se prolongaron por un periodo largo, fueron polimorfas y policlasistas. Se iniciaron con fuerte presencia popular, en particular de los estudiantes-que-trabajan o de los trabajadores-que-estudian, junto con sectores más politizados de la juventud, de los movimientos sociales urbanos o de las periferias, con partidos de izquierda, sindicatos y otros agrupamientos sociales y políticos.
85Alcanzaron también contingentes amplios de las clases medias bajas, medias y altas, además de apoyo de fracciones dominantes, en la medida en que las manifestaciones pasaban a tener una fuerte presencia de sectores más conservadores, aparentemente apolíticos, con acento ideológico más a la derecha. Entre tanto, si estos contingentes no condujeron las manifestaciones de 2013157, ellos rápidamente desarrollaron campañas sistemáticas contra las izquierdas y los movimientos sociales, y particularmente contra Dilma, Lula y el PT. Todo eso creó los condicionantes que indicaban que esa nueva fase crítica sería la de mayor profundidad hasta entonces vivida por el gobierno Dilma y por los gobiernos anteriores del PT.
Una ola de huelgas y rebeliones
86El año de 2013 no fue marcado solamente por las grandes movilizaciones de calle. A lo largo de ese año la clase trabajadora protagonizó una ola huelguista inédita en la historia del país. En total, según estudio realizado por el DIEESE (2015), fueron registradas 2.050 huelgas, lo que significó un crecimiento de 134 % en relación al año anterior, cuando ocurrieron 877 huelgas.
87Otro dato relevante identificado por el estudio tiene relación a la incidencia de las huelgas desencadenadas en empresas privadas. En 2013, las paralizaciones en ese sector superaron en cantidad las deflagradas en el sector público, equivaliendo al 54 % del total. Esas huelgas, con participación importante de trabajadores y trabajadoras del sector servicios, se caracterizaron en gran medida por su naturaleza defensiva, o sea, con pautas relacionadas a la “defensa de las condiciones de trabajo vigentes, […] respecto a condiciones mínimas de trabajo, salud y seguridad o contra el incumplimiento de derechos establecidos en acuerdo, convención colectiva o legislación” (DIEESE, 2015, p. 8).
88Todavía según datos del DIESSE (2015, p. 10), en términos del número de paralizaciones, bien como las causas principales que fueron responsables por la eclosión de este expresivo movimiento huelguista en 2012 y 2013, de cerca de 2.900 huelgas, vemos que las demandas relacionadas al reajuste de salarios (41 % en 2012 y 36 % en 2013), alimentación (2 % en 2012 y 27 % en 2013) y condiciones de trabajo (15 % en 2012 y 21 % en 2013), se sitúan entre las tres primeras.
89La importancia asumida por demandas relativas a las condiciones de trabajo, la tercera reivindicación más presente entre las huelgas de 2013, es indicadora del avance de los mecanismos de precarización entre la clase trabajadora brasilera. En el caso específico del funcionalismo público y de los trabajadores de empresas estatales, demandas de esa naturaleza aparecen al lado de reivindicaciones relativas a la contratación de más funcionarios o aún de aquellas relacionadas al cumplimiento o institución del Plan de Cargos y Salarios. (DIEESE, 2015).
90El año 2013 se configuró, en ese sentido, como el momento que, en medio de la crisis social abierta, eclosionó, juntamente con las movilizaciones de calle, un amplio movimiento huelguista expresado en formas diferenciadas. A veces, las acciones abrazaron categorías profesionales de amplitud nacional, como las paralizaciones desencadenadas por los bancarios. En otras ocasiones, esas movilizaciones también tuvieron la marca de las huelgas cortas, por locales de trabajo, pudiendo contar o no con el liderazgo de los sindicatos. La huelga de los trabajadores del aseo, en Rio de Janeiro, en marzo de 2014, tal vez haya sido una de las más emblemáticas del periodo abierto en 2013.
91Es digno de notar que estos movimientos, con presencia marcada de la juventud trabajadora precarizada, se hicieron hacia más allá de las direcciones sindicales, y que, dependiendo de la situación, las empujó, atropelló o ultrapasó. Hay varias indicaciones de descompases que, delante de una cierta parálisis de la cúpula sindical, separó direcciones y bases sindicales, tanto en las reivindicaciones, cuanto en las formas y dinámicas de lucha.
92El proyecto Lulista, en curso hacía una década, demostraba su fatiga y comenzaba a entrar en colapso. De profesores públicos a barrenderos, de bancarios a metalúrgicos, de trabajadores de la salud y del transporte a los tercerizados, en fin, una miríada de categorías asalariadas irrumpió este nuevo ciclo huelguista que, de algún modo, expresó descontento en relación a las condiciones precarias de trabajo y salario, la lucha por ampliar conquistas ya aseguradas, o incluso la solidaridad con otras categorías, sumándose a las protestas más amplias que estaban presentes en la escena social y política del país.
De la crisis al golpe: la conciliación fatigada y la contra-revolución preventiva avanza
93Fue en este cuadro crítico difícil que el gobierno de Dilma llegó a las elecciones de octubre de 2014, cuando la intensidad de la crisis económica daba evidencias de acentuación fuerte. Victorioso, no sin una disputa enardecida, su segundo gobierno, iniciado en enero de 2015, se inclinó muy rápidamente a las nuevas exigencias de las distintas fracciones del capital, que comenzaban a dar señales todavía mayores de disenso en relación al gobierno. El pacto policlasista, diseñado por Lula y sustentado por el PT, estaba llegando al fin.
94Buscando evitar que ese movimiento se expandiera, Dilma amplió el superávit primario; incentivó nuevas privatizaciones en aeropuertos, puertos, carreteras, etc.; aumentó la tasa de interés; implementó un ajuste fiscal que penalizó duramente a la clase trabajadora, asumiendo públicamente banderas –como la reforma de la previsión– que eran cada vez más demandadas por las clases dominantes.
95Por otro lado, poco después de la victoria electoral, en medio del creciente descontento popular, la ampliación del trabajo precarizado y del desempleo, Dilma alteró las reglas para la concesión del seguro-desempleo, aumentando el plazo de trabajo ininterrumpido mínimo (de 6 a 12 meses) para la obtención del beneficio por la primera vez, y ampliándolo también en los casos de nuevas solicitudes. Si eso no bastase, promovió alteraciones en los criterios de concesión de pensión por muerte, señalando claramente que el gravamen de la crisis sería, una vez más, pagado por la clase trabajadora.
96En junio de 2016, cuando el cuadro que delineaba el impeachment de Dilma parecía irreversible, el desempleo ya alcanzaba 11,5 millones de trabajadores. La tasa de desempleo158 saltó, conforme al IBGE, de los 6,5 %, en el cuarto trimestre de 2014, para el 9,5 % en el primer trimestre de 2015159, alcanzando en junio de 2016, los 11,3 %. Junto con la ampliación del desempleo, la clase trabajadora asistió al fuerte deterioro de sus rendimientos, en caída del 4,2 %, si se comparan a lo ganado entre abril y junio de 2015, con valores medios aproximándose, a pesar de la inflación, a los practicados hacía tres años y medio atrás.
97Con el agravamiento de la crisis internacional, su repercusión fuerte en Brasil y la consecuente caída vertiginosa del precio de las commodities – que se convirtieron en uno de los pilares de la economía brasilera, las diferentes fracciones burguesas, que anteriormente respaldaban a los gobiernos del PT, comenzaron a abandonar el proyecto. Así, además de penalizar todavía más duramente a los asalariados, el gobierno Dilma se vio sumergido en una fuerte disputa intra-burguesa, una vez que, en este contexto de crisis, se ampliaron las disputas en torno de quién perdería menos con la reducción de lucros resultantes del cuadro económico. Este cuadro de inestabilidad fue también ampliado enormemente por la deflagración de la Operación Lava Jato, que empujó al gobierno Dila hacia una situación que la llevó para el resultado final del impeachment.
98El 31 de agosto de 2016 el Senado Federal puso el último punto en la trama que destituyó a Dilma Rousseff y el PT del poder, ocupado por 14 años. Frente al avance de la crisis y de la Operación Lava Jato, el PMDB, hasta hacía poco aliado preferente del PT en el gobierno, prefirió el camino de la conspiración, liderando el golpe de hechura parlamentaria. En uno de los momentos más deprimentes de la historia del Parlamento en Brasil, el vice-presidente electo, Michel Temer, substituyó a Dilma Rouseff, volviéndose presidente de forma ilegítima. En tanto el escenario económico fue favorable, Brasil parecía caminar bien, pero con el agravamiento de la crisis económica, social, política e institucional, y, jurídicamente con el impulso de la Operación Lava Jato, que alcanzó algunos núcleos de corrupción política que se encontraban en el comando del partido e incluso del gobierno, el proyecto demostró sus limitaciones y se desmoronó. Todo eso revertió profundamente el “cuadro positivo” anterior, rompiendo visceralmente la política de pactos entre las diversas clases y fracciones de clases que sustentaron por más de una década el proyecto lulista.
99Ya en las encendidas elecciones de octubre de 2014 era posible percibir una reducción del apoyo de las fracciones burguesas al gobierno Dilma. La disminución de la tasa de interés realizada en un periodo corto fue suficiente para dar la “señal de alerta” a los sectores de la burguesía rentista. El agravamiento del cuadro recesivo, a su vez, anticipó la presión de las fracciones dominantes que pasaron a exigir cambios profundos en la política económica de modo que se ajustara al nuevo escenario.
100No fue por otro motivo que, inmediatamente después de la victoria electoral de octubre de 2014, Dilma, para calmar la oposición, constituyó un ministerio de coalición y nombró a Joaquim Levy, representante de los grandes bancos, en el Ministerio de Hacienda, con el mandato de realizar un duro “ajuste fiscal”. La medida, entre tanto, se mostró incapaz de aplacar el descontento empresarial. Aumentó también los descontentos en las clases populares que percibieron que Dilma implementaba un programa que criticó durante el proceso electoral. En las clases medias, especialmente en sus sectores más conservadores – desde liberales, hasta defensores de la dictadura militar, pasando por proto-fascistas y fascistas– se desencadenó un verdadero odio al gobierno Dilma y al PT de Lula.
101Al no conseguir atraer estos sectores y por haber defendido un programa durante las elecciones y aplicado otro, atribuido a la derecha neoliberal durante el proceso electoral, Dilma fue acusada de “estafa electoral”.
102En las capas medias bajas, el descontento también se amplió, pues los salarios se redujeron, la inflación aumentó y el desempleo alcanzó números explosivos. El mito del proyecto “neodesarrollista” del gobierno del PT se desmoronó, en la medida exacta en que la crisis alcanzó duramente los sectores que habían sido incluidos durante la Era Lula.
103Los sectores que todavía se encontraban vinculados al PT, hicieron un enrome esfuerzo para impedir el impeachment, pero el parlamento, de perfil conservador – verdadero pantano de la política brasilera – ya estaba mayoritariamente imbuido por la propuesta de destituir el gobierno Dilma (y el PT) a cualquier precio. La base de sustentación del gobierno en el Congreso, después de más de una década, estaba corrompida.
104Como el impeachment está previsto en la Constitución de Brasil, se gestó la “alternativa ideal” de las clases dominantes y sus distintas fracciones: perpetrar un golpe con apariencia legal y constitucional. Un golpe que, contando con el apoyo decisivo de los grandes medios y de partes decisivas del Poder Judicial, asumió la forma no de un golpe militar, como en 1964, sino un golpe de nuevo tipo, parlamentario, con fuerte respaldo judicial y mediático.
105A pesar del gobierno Dilma, a través del ajuste fiscal, comandado por Joaquim Levy, procurara implementar las principales exigencias de las clases dominantes, la amplitud y alcance de la crisis las llevó a decidir por el descarte de un gobierno que siempre les fue útil. En aquel contexto de crisis profunda, las clases que antes sustentaron los mandatos del PT vislumbraron la posibilidad real de imponer un gobierno “puro” para garantizar que todas las acciones necesarias para la retoma de la expansión burguesa fueran tomadas y dentro de ellas el desmonte completo de los derechos sociales y del trabajo, conquistados a lo largo de muchas décadas de lucha. Se crearon, de ese modo, las condiciones para una nueva contrarrevolución preventiva en Brasil, para recordar la rica conceptualización de Florestan Fernandes160.
106Desde el inicio de su gobierno ilegítimo, Temer presentó sus proyectos de austeridad que profundizaron aquellos iniciados anteriormente por Dilma. Recomponiendo la base volátil de apoyo parlamentar, por un lado, Temer redujo drásticamente las inversiones en educación, salud y previsión social, dando inicio a las reformas laborales, con finalidad principal de destruir la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), creada en 1943; por otro, amplió de sobremanera los intereses del capital financiero en la conducción de la política económica de su gobierno.
107Vale enfatizar también que, más allá de su papel destacado en la destitución de la presidenta Dila, el Poder Judicial brasilero continúa actuando intensa y selectivamente en el sentido de reprimir los movimientos sociales y sindicales anticapitalistas, implementando una legislación de excepción que busca garantizar la “tranquilidad y paz social” al nuevo gobierno que se denomina como del “Orden y Progreso”.
108Los primeros resultados de esta actuación intensa y selectiva pudieron ser constatados en las elecciones municipales de octubre de 2016, como una medida posible, con la caída del PT de tercer partido mayor hasta el décimo lugar. El número de municipios bajo su control se redujo de 630 a 256, lo que significa una caída de casi el 60 % (G1, 30 Oct. 2016).
109Este porcentual de caída prácticamente se repitió en el número de votos que los candidatos del PT recibieron, cuando comparamos con las elecciones de 2012. La marca de la corrupción, que el PT, por décadas, atribuía a los demás partidos y usaba como bandera, clamando por “ética en la política”, se volvió contra él.
110Pero es preciso acrecentar que las acciones políticas, judiciales y mediáticas que urdieron el golpe y que sustentaban el nuevo gobierno no dieron blanco apenas en el PT. Todo el espectro de la izquierda fue o está siendo alcanzado por medidas ultra-conservadoras y autoritarias mismo.
Conclusión
111La crisis que se abatió sobre el segundo gobierno Dilma (2015/6) alcanzó un punto de ebullición que repercutió en varios niveles, político, económico, social e institucional. Como procuramos indicar, tal situación se desdobló de una conjugación compleja de elementos más o menos simultáneos: 1) ampliación de la crisis económica internacional y sus efectos en Brasil, que desmoronó el mito petista del modelo de crecimiento basado en las commodities, en la ampliación del consumo y del mercado interno, y en la falsa idea de que el Brasil sería inmune a la crisis internacional y preparado para cualquier oscilación y adversidad externa; 2) profundización de la crisis política, sea por la escisión abierta por las facciones dominantes en este nuevo contexto de crisis, sea por el avance de las denuncias de corrupción involucrando, una vez más, parte de la cúpula política y del gobierno del PT; 3) desestabilización del arco de alianzas que daba sustentación al gobierno Dilma, con la disensión abierta por el PMDB y gran parte de la base aliada, desmoronando por completo la base política parlamentaria que daba sustento a los gobiernos del PT, y, por fin; 4) descontento popular que se intensificó con las medidas de “ajuste fiscal” del segundo gobierno Dilma, en 2015, que penalizaron todavía más a la clase trabajadora, generando la explosión del desempleo en Brasil.
112Por fin, la crisis del gobierno Dilma debe ser comprendida en el marco del fin del ciclo de un modelo de gobierno concebido y dirigido a partir de una hábil política de conciliación policlasista, particularmente bajo el liderazgo de Lula, capaz de articular, a lo largo de tres mandatos consecutivos del PT, concesiones profundas a los diferentes sectores de las clases dominantes, conjuntamente con medidas de redistribución de renta para los sectores más empobrecidos y pauperizados, más allá de la ampliación de la política de salario mínimo, que acarreó tanto el aumento del consumo de bienes asalariados, como amplió significativamente el endeudamiento de la clase trabajadora.
113Vimos también que, así como hubo un aumento efectivo del empleo y ampliación de los puestos de trabajo formales, se mantuvieron trazos claros de precarización contractual y salarial, altos niveles de rotatividad, conviviendo, todavía, con una expansión enorme del empleo tercerizado.
114Todavía se debe considerar, conforme indicamos anteriormente, la creciente incorporación de segmentos importantes del movimiento sindical y popular a las estructuras del Estado. Esa integración de parte de las direcciones sindicales a los innumerables cargos disponibles en las más diversas esferas del gobierno, si por un lado fortaleció la constitución de un nuevo sector social dentro del aparato del Estado, por otro lado funcionó como instrumento de freno importante y de control a las movilizaciones sociales y sindicales de aquél que en el pasado presente se definió como nuevo sindicalismo autónomo e independiente (Antunes, Santana, 2014; Antunes e Silva, 2015).
115Esa nueva forma de acción del nuevo sindicalismo, ahora partícipe del poder, se metamorfoseó poco a poco en una variante negociadora y de conciliación, ayudando a desorganizar la clase trabajadora brasilera, dificultando – cuando no impidiendo – que sus sectores sindicalmente más organizados confrontasen algunos de los pilares estructurales que preservaban el capitalismo brasilero, tales como la estructura concentrada de la propiedad rural, los lucros exorbitantes de la burguesía (financiera, industrial, agrícola, comercial y de servicios), las grandes fortunas, una tributación más progresiva que tazase mayoritariamente las clases burguesas etc. Ninguna de estas medidas fueron siquiera iniciadas por los gobiernos del PT.
116Totalmente envuelto en una política aparentemente exitosa de conciliación policlasista, los gobiernos del PT rechazaron una postura mínimamente más confrontacionista. Además de los ejemplos de arriba, se puede añadir otro, que tuvo un papel vital en el golpe: la discusión sobre el quiebre del monopolio de los medios de comunicación privados siquiera fue intentada.
117De ese modo, el PT, preso en el gobierno, no incentivó las posibilidades de resistencia y avance de la lucha social y sindical organizada, no activó los movimientos sociales que le eran cercanos y ni buscó articulaciones con otros que estaban fuera de la órbita del Partido de los Trabajadores. Y cuando lo intentó hacer, durante la fase final del impeachment, ya era demasiado tarde. Delante de la artillería pesada que le era apuntada, quedó cada vez más a la defensiva, teniendo que buscar salidas judiciales e institucionales.
118En 2013, delante de las rebeliones que sacudieron al Brasil, se mostró incapaz de comprenderlas. En la segunda vuelta de las elecciones de 2014, el riesgo de la victoria conservadora del PSDB produjo una intensa movilización que fue decisiva para la victoria de Dilma. Inmediatamente después, se dejó de lado esa movilización y Dilma y el PT hicieron un discurso de victoria convidando a la oposición a la unión y, después de la investidura, su gobierno implementó un ajuste fiscal drástico, propugnado por la oposición más conservadora.
119Se forjó, entonces, la “alternativa ideal” de las clases burguesas. Estaban creadas las condiciones para la deflagración de un golpe, una nueva variante de golpe practicada ya en Honduras y en Paraguay, para lo cual era necesario crear un respaldo legal. Fue ahí que se desarrolló una praxis política caracterizada por un movimiento doble y articulado, caracterizado por la judicialización de la política y por la politización de la justicia, con apoyo integral de las grandes corporaciones mediáticas.
120Y con eso, el Brasil, que parecía seguir un rumbo nuevo y auspicioso, entraba, una vez más, en una fase nueva de regresión profunda, con la finalidad básica de operar la profundización neoliberal mucho más agresiva, con la atribución de privatizar empresas estatales que habían sido preservadas y, por otra parte, destruir a profundidad los derechos del trabajo conquistados a lo largo de más de un siglo. La victoria electoral de Bolsonaro, en 2018, selló ese periodo trágico y marcó el inicio de una segunda fase, entonces mucho más profunda, de la contrarrevolución preventiva en Brasil (Antunes, 2020). Pero esa ya es otra historia.
Bibliographie
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Notes de bas de page
144 Este artículo es una versión, con algunas alteraciones, de Chronicle of a Defeat Foretold: The PT Administrations from Compromise to the Coup. Latin American Perspectives, V.1, p. 85- 104, January 1, 2019. ISSN 0094-582X.
145 Retomamos aquí varias ideas que están presentadas especialmente en Antunes (2004, 2006b, 2015).
146 Ver el rico y abarcador balance crítico del neoliberalismo y sus distintas variantes en Pradella y Marois (2015).
147 Según Pochmann, “fueron creados 11 millones de empleos, de los cuales 53,6 % no preveían remuneración. En la faja de renta de hasta 1,5 salarios mínimos hubo la reducción líquida de casi 300 mil puestos de trabajo”. (idem, p. 27).
148 En un estudio realizado por el DIEESE, los sectores considerados “típicamente tercerizados” correspondían al 25,5 % de los empleos formales en Brasil, siendo su remuneración 27,1 % menor que la de los demás empleados formalizados. En lo que concierne a la jornada de trabajo, los tercerizados trabajan en promedio 3 horas más y su tiempo de permanencia en el empleo es un 55,5 % menor que el de los demás empleados. Su taza de rotatividad/turnover es de 44,9 %, en cuanto en las demás empresas es de 22,0 %. (DIEESE-CUT, 2011). Ver también Riqueza e Miséria do Trabalho, Vol. III, op. cit.
149 Para detalles en el montaje y funcionamiento del FNT, ver, entre otros, Bargas e Oliveira (2005), Druck (2006), e Santana (2009).
150 Formada en su origen por la Corriente Sindical Clasista, que se des-afilió de la CUT en 2007 para crear su propia central.
151 No deja de ser sintomático de esa nueva postura política adoptada por la CUT el hecho de su expresidente Luiz Marinho, componente de la Articulación Sindical, ser ascendido a la condición de ministro del Trabajo del Lula entre junio de 2005 a marzo de 2007, dejando el cargo para asumir el Ministerio de la Previsión Social hasta junio de 2008.
152 Este programa se basa en la transferencia de rentas a partir del cumplimiento de ciertas condiciones. Buscando la integración y unificación de programas vigentes en el gobierno anterior, el Bolsa Familia consiste en la ayuda financiera por parte del gobierno a las familias de baja renta. Estas son definidas al alcanzar una renta per cápita de R$ 10,00 a R$ 1520,00. Para merecer los auxilios las familias necesitan mantener sus hijos y/o dependientes con asistencia escolar y actualizados en términos de vacunas.
153 Este programa, creado en 2003, substituyó el Programa Comunidad Solidaria, instituido por el gobierno FHC, en 1995, en el sentido de combatir el hambre y la miseria, en lo que serían sus bases estructurales. Según datos oficiales, a la época de la creación del programa, existían cerca de 44 millones de personas enfrentando el hambre.
154 Instituto de Investigación Económica Aplicada.
155 Otros 4,2 millones de familias, en enero de 2004, eran todavía beneficiarias de programas remanentes del gobierno anterior, como Bolsa Escuela, Bolsa Alimentación o Cartāo de Alimentación. A lo largo de los años el PBF fue, por medio de un registro único, agrupando diferentes beneficios de acuerdo con el perfil familiar, lo que resultó en la eliminación de estos otros programas. En 2008, apenas cerca de 15 mil familias eran beneficiarias de los programas antiguos.
156 Un análisis de las elecciones municipales de 2016, a partir de esta perspectiva, indica que, a pesar de la derrota masiva del PT (disminución nacional de 60 % de sus alcaldías), él tuvo mayor posibilidad de resistencia exactamente en los espacios de mayor penetración del PBF (disminución de 28 %) (Mello, Carriello, Grillo, 3 Nov. 2016).
157 Ver el significativo conjunto de artículos sobre las rebeliones de junio en Sampaio Jr. (2014).
158 En medio del creciente desempleo, a partir de junio 2015, pasó a poner en vigor el Programa de Protección al Empleo (PPE), instituido por medida provisoria por el gobierno Dilma. La medida, considerada de emergencia y convertida en la Ley 13.189, posibilitó que empresas, mediante alegación de dificultades financieras y por medio de acuerdo colectivo, redujeran jornada y salarios en hasta un 30 %. Parte de la pérdida salarial de los trabajadores (50 %), conforme previsto en la Ley, sería compensada con presupuesto del FAT. Empresas como la Mercedes Benz, que a lo largo de casi dos décadas fueron beneficiadas con la reducción de impuestos, batiendo constantes récords de productividad y ventas, firmaron acuerdos de esa naturaleza. En agosto de 2016, antes que el acuerdo llegase al fin y pasando por encima de la estabilidad prevista en la legislación del PPE, la automovilística inició el proceso de despidos. Días después, las suspendió para firmar un nuevo acuerdo, esta vez, dirigido hacia la apertura de otro Programa de Dimisión Voluntaria (PDV).
159 Indicadores del IBGE / Pnad Contínua (DIEESE, mayo de 2016).
160 Fernandes, Florestan, A Revolução Burguesa no Brasil, Zahar, São Paulo, 1975.
Auteurs
Doctor en Sociologia por la Universidade de São Paulo, Profesor Titular de Sociología del Trabajo del Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)/ Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP. Brasil.
Profesor Asociado de Sociología do Trabajo del IFCS-Universidade Federal de Rio de Janeiro. Brasil.
Profesora del Programa en Sicología de la Salud de la UMESP. Brasil.

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