1. Introducción y breve contexto socio-histórico

1El 12 de noviembre de 2019 organizaciones sindicales convocaron a una huelga general en Chile. Esto ocurrió luego de casi cuatro semanas de movilizaciones populares que motivaron al gobierno del empresario Sebastián Piñera a declarar estado de excepción y movilizar a militares para labores de orden público. La convocatoria de las organizaciones sindicales luce lejos de ser una anécdota, pudiendo convertirse en un hito relevante para la politización de estas organizaciones en Chile, junto con una muestra clara de la importancia de la huelga como acto para abordar la conflictividad laboral.

2La revuelta iniciada en 2019 ha mostrado en una ventana condensada de tiempo el estado social del país, la intranquilidad popular derivada de cómo es la vida en Chile, incluyendo la condición del trabajo, y una cierta disposición a la no resignación. Para contribuir a comprender la encrucijada nacional este artículo presenta una lectura de la situación laboral de trabajadoras y trabajadores en el Chile pre pandemia por coronavirus (COVID-19), con una perspectiva macro enfocada en la última década (2010-2019) y aplicando un análisis principalmente cuantitativo combinado con alcances conceptuales e históricos.

3Previo a describir la organización del capítulo y antes de entrar a sus secciones, las siguientes líneas sitúan el espacio político-económico local, reconociendo brevemente los puntos cardinales que enmarcan su presente desarrollo.

4Chile se caracteriza por su matriz económica primario-exportadora, en continuidad con la tónica que impera en Latinoamérica y con su trayectoria nacional de larga duración. A esa característica se superponen rasgos novedosos: unos niveles inéditos de apertura económica y un funcionamiento también ya pleno como economía de servicios y financiarizada, permitido por su entrada adelantada a lo que se llamaría neoliberalismo y al modo de acumulación capitalista flexible y financiero con tendencia a la desposesión (Harvey, 2003, 2005). Este proceso arrancó a nivel local con el puntapié inicial de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y se extiende hasta hoy bajo nuevas formas.

5Movimientos fácticos del gran capital han inducido y mantenido esta ruta de provisión de recursos y control social en el contexto de una economía mundial más sólidamente integrada. En ello, el cuerpo institucional que se ensambla a partir de mediados de los años 70 suministró un soporte a la actividad económica y sigue jugando un rol mayúsculo. La norma de subsidiariedad del Estado en detrimento del financiamiento de derechos sociales universales habilitó que la acumulación privada inundara los espacios de la vida cotidiana. La privatización de las pensiones (especialmente), la educación y la salud, junto con el subsidio público de negocios forestales y agroindustriales, vigorizaron la inversión de bajo costo. Estas cuestiones quedaron garantizadas en la constitución de 1980 –cambios más, cambios menos, la actualmente vigente – y en un entramado de regulación del trabajo que ampara empleos precarios, ingresos deprimidos y que disciplina.

6Dicho entramado jurídico, vale la pena subrayarlo, no ha sido un constructo estático sino la expresión del resultado de luchas de clases: en lo que al problema de la producción respecta, entre la clase trabajadora organizada y una clase empresarial cuyo mayor sitial de triunfo en la historia reciente fue asistido por las fuerzas armadas y el influjo económico e intelectual de Estados Unidos, en medio de un ascenso de poder popular durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

7Luego de derrocar al gobierno de Salvador Allende, la junta militar liderada por Augusto Pinochet intentó aplicar una fórmula sindical corporativista que encontraba antecedentes en los regímenes de Mussolini, Hitler y Franco, pero ella no llegó a ser hegemónica y ya hacia fines de los 70 se introdujo la fórmula neoliberal de los Chicago Boys. Hacia 1979 se instalan las bases de un nuevo orden jurídico en materia de trabajo mucho más a fin a los intereses del capital en expansión. Dicha fórmula institucional quedó expresada por antonomasia en lo que se presentó como “Plan Laboral”. Ese es el mismo cuerpo jurídico que hoy todavía delimita la acción sindical del país, un esquema hipernormado que persigue la contención del sindicalismo y su marginación.

8Si los años noventa fueron para la región años de introducción al neoliberalismo, en Chile fueron de paso del neoliberalismo de cuartel al netamente civil, mientras en otros lares se hablaba de tercera vía. Se introduce mayor gasto público y una política de transferencias condicionadas y focalizadas para equilibrios macrosociales. Al mismo tiempo se facilita la interacción y la alianza comercial con grandes potencias económicas y se privatiza la infraestructura básica (luz, sanitarias, carreteras, cárceles). Más tarde, desde los años 2000, se consolidan más las finanzas a partir de reformas a la educación y las pensiones.

9En este marco, la economía chilena de la última década se caracterizó por la emergencia y consolidación del sector financiero como el pilar central del producto interno bruto. Aun así, la explotación de recursos naturales sigue siendo gravitante en la composición sectorial del PIB, lo cual mantiene intacta la matriz exportadora y la exposición al ritmo de las economías más fuertes de mundo reforzada a través de una política comercial de apertura económica total por la vía de tratados de libre comercio. Un ejemplo de esto último es la vulnerabilidad económica de Chile a los ritmos económicos de China, que determinan en gran medida la demanda internacional por cobre. De hecho, a mediados de la década 2010-2019 se produce el término del llamado “super ciclo del cobre”, que había significado un positivo período de elevado precio de cobre.

10Para 2019, la proyección del FMI (octubre 2019) posicionó a Chile como el líder de la región en términos del PIB per cápita (cifras ajustadas por paridad de poder de compra y a precios constantes de 2011): US$22.976, por encima de Uruguay (US$20.578) y Argentina (US$18.261).

11En esta configuración económica, Chile ha seguido con la estrategia preferente de utilizar bonos y transferencias condicionadas como política para combatir la pobreza monetaria. Bajo este lineamiento, en 2011 la pobreza extrema llega a 8,1 % y la pobreza total a un 22,2 % (datos CASEN). En 2017 los resultados son 2,3 % y 8,6 % respectivamente. Pero es importante advertir que, de sólo considerar los ingresos del trabajo y pensiones, en 2017, la pobreza sube inmediatamente a un 29,4 % (Durán y Kremerman, 2019).

12Por otro lado, Chile es reconocido como un país que sobresale en distribución desigual de ingresos. Tradicionalmente el indicador preferido para calcularla es el coeficiente de Gini, medido por encuestas de hogares, en donde Chile alcanza un valor de 0,49 (Casen 2017, ingresos luego de impuestos y transferencias). Esta cifra se encuentra entre las más elevadas de la OECD y en el grupo de mayor desigualdad de América Latina. Adicionalmente, nueva investigación da cuenta de niveles de desigualdad de ingresos incluso más complejos. De acuerdo a la Base de Datos Mundial sobre Desigualdad (WID, 2020), de 175 países con información disponible, Chile es el 8° país del mundo con mayor nivel de concentración en el 10 % de mayores ingresos con un 60,2 %. Es también el 4° país con mayor concentración en el 1 % de mayores ingresos, sólo superado por países pobres como Santo Tomé y Príncipe, Mozambique y República Centroafricana.

13Es útil remarcar como trasfondo, finalmente, que las transformaciones neoliberales que privatizaron los distintos espacios de reproducción de la vida inyectaron mayor presión a los ingresos del trabajo en cuanto a su capacidad de compra. La privatización de empresas públicas de provisión de servicios básicos también jugó un efecto en esa dirección. El efecto final de todo ello es que, conforme avanzaron las transformaciones neoliberales, los ingresos del trabajo debieron hacerse cargo del financiamiento privado de los derechos y bienes privatizados.

14El capítulo se organiza en torno a secciones que buscan mostrar aspectos centrales de la realidad laboral chilena. Cada sección no es exhaustiva, pero ofrece una mirada general que permite introducirse al problema con foco en lo ocurrido en la década pre pandemia. Se comienza con una exposición global sobre composición de la población trabajadora, el desempleo, la participación laboral y la ocupación, siguiendo indicadores tradicionales e integrando un análisis de indicadores complementarios (segunda sección). La tercera sección está dedicada a explorar más en detalle las condiciones de empleo y contratación, advirtiendo la fragilidad de las formas de inserción laboral. La cuarta sección describe las condiciones de la acción sindical en el entorno del trabajo previamente presentado y de la trama legal de las relaciones industriales. En la sección quinta se realiza una revisión del nivel de los salarios y de endeudamiento. Finalmente, la sección sexta concluye.

2. Panorámica global de las y los trabajadores en Chile

15Un primer acercamiento se puede hacer visualizando como se compone la población según variables sociodemográficas básicas, útiles para entender las presiones que recaen sobre los hogares en relación al trabajo (primer apartado). A partir de ahí se ahonda en la tasa de desempleo, la tasa de participación laboral y la tasa de ocupación102.

Estructura de la población

16En 2019103 la población de Chile se estimó en 19,1 millones de personas. De ese total, la población en edad de trabajar (15 años y más) correspondía al 80,6 %. La fuerza de trabajo (suma de personas ocupadas y desocupadas) llegó a los 9,7 millones, mientras que las personas que clasifican fuera de la fuerza de trabajo, comúnmente llamadas inactivas en la estadística104, sumaron poco más de 5,7 millones. Es importante destacar las diferencias entre hombres y mujeres. De cada 100 personas con empleo, 58 son hombres y 42 mujeres. En tanto, de cada 100 personas que están fuera de la fuerza de trabajo (inactividad), 65 son mujeres y 35 hombres.

Figura 1: Panorámica global del mundo del trabajo en Chile

17Prácticamente el 75 % de la ocupación es asalariada, siendo el sector privado el más preponderante (casi el 79 % de los asalariados se encuentran en el sector privado). Dentro del mundo asalariado (sin contar el servicio doméstico), en promedio, el 46 % trabaja en grandes empresas, un 17 % en empresas medianas, un 19 % en empresas pequeñas y 18 % en microempresas. Entre las grandes y medianas empresas se encuentra al 63 % del empleo asalariado.

18En cuanto a categorías ocupacionales, las mujeres tienen mayor participación que los hombres en el empleo público (alcanzan el 56,1 % del empleo público), en el servicio doméstico (con participación casi exclusiva, de 97,3 %) y entre los/as familiares que trabajan en un negocio familiar sin recibir ingresos laborales, categoría denominada familiar no remunerado/a (64 %). Los hombres por su parte alcanzan el 74,2 % de la ocupación en la categoría de empleadores. Eso da cuenta de la segmentación sexual de la ocupación y de pautas arraigadas de asignación de roles de género que distintos indicadores más desagregados revelan reiteradamente. La ventana 2010-2019 no da visos de cambios relevantes en la materia.

19En cuanto a cómo se componen los oficios, la participación de los/as trabajadores/as de las llamadas ocupaciones elementales, como limpiadores/as de oficina, personal doméstico, conserjes, peones de la agroindustria, de la industria manufacturera o de minas y canteras, bajó de 24,4 % a 19,6 % entre 2010 y 2019, en tanto, las y los trabajadores del grupo de los servicios y ventas en comercios y mercados, como por ejemplo ayudantes de enfermería, policía, vendedores/as de tiendas y almacenes, subieron de 15,6 % a 21,4 %, y el grupo de profesionales, científicos/as e intelectuales, donde se cuentan las profesiones liberales, pero también profesores/as, contadores/as, informáticos/as, farmacólogos/as, etc., pasaron de 10,6 % a 14,1 % de la fuerza de trabajo ocupada. Finalmente, los/as empleados/as de oficina y/o personal de apoyo administrativo (en áreas tales como secretaría, cobranza, recepción, codificación) bajaron su participación de 9,3 % a 5,8 %.

20Desde este ángulo, entre 2010-2019, gana terreno en términos relativos la participación en ocupaciones más típicas del sector terciario, en consonancia con la tendencia histórica de terciarización de la economía, con la especificidad de asentarse hoy en las actividades directas de servicio y comercio y de elaboración intelectual. Hasta cierto punto se podría destacar el crecimiento de actividades de alta escolarización, dada la caída relativa de los oficios elementales y el alza de los profesionales. Sin embargo, las actividades del comercio crecen a la par con las profesionales. Y éstas, junto con las ocupaciones elementales, son las que priman hoy entre los/as ocupados/as. Al 2019 se observan dos grandes polos donde se concentran los oficios en Chile: el grupo de los/as trabajadores/as de servicios y vendedores/as de comercio y mercados, con 21,4 %, y el grupo de ocupaciones elementales, con 19,6 %, sumando ambos un 41 %. Esta taxonomía puede dar luces, como un proxy, de fronteras modernas de la clase obrera.

21En términos de composición según rama, la rama de comercio se consolida como la rama absorbente del empleo en Chile. Tomadas en conjunto, las ramas de actividad económica que actualmente emplean más personas son comercio con un 18,4 %, construcción con 9,6 %, industria 9,4 %, administración pública y defensa 8,6 %, agricultura, ganadería silvicultura y pesca 7,5 %, transporte y almacenamiento 6,5 % y enseñanza 6,1 %. En el caso de las mujeres, el 50 % se emplea en ramas del tercer sector de la economía como la del comercio, la de administración pública, enseñanza, servicios de salud y asistencia social, es decir, aquellas ramas donde prima la atención a público y el cuidado de otros, en sintonía con rol de la mujer que se asigna socialmente en la vida doméstica.

22En síntesis, una primera mirada permite identificar que en Chile hay un contingente no menor de la población en edad de trabajar (37,2 %) ubicada fuera de la fuerza de trabajo (el 65 % en este grupo son mujeres). Por otro lado, aun existiendo un porcentaje relevante de empleo independiente (26 %), el mundo del trabajo en Chile es mayoritariamente dependiente - trabaja bajo subordinación y dependencia de un empleador/a -, se concentra en empresas privadas (con alta participación de empresas grandes), en ocupaciones elementales y de “comercio y servicios” y teniendo a la rama comercio como principal empleadora. La diferenciación ocupacional es correlativa a roles arraigados de género.

La tasa de desempleo, de participación laboral y de ocupación

23En Chile la tasa de desempleo abierta ha fluctuado entre 5,8 % y 9,2 % entre 2010 y 2019105. El registro más bajo se logra hacia fines de 2013, mientras que el más alto a comienzos de 2010, como parte de los efectos de la crisis financiera. En 2019, la tasa de desempleo promedió106 un 7,2 %.

24A pesar de que la tasa de desempleo abierta no lo refleja, se puede plantear que el país arrastra un problema de desempleo estructural importante. Un análisis más detenido permite observarlo con precisión. Para ello es fundamental analizar indicadores alternativos y complementarios que considere problemas como el desempleo oculto por desaliento, la subutilización de la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo potencial. Para estos efectos se verá en primera instancia la Tasa de Desempleo Integral107.

Cuadro 1: Tasa de Desempleo Integral

25Al observar el comportamiento de la TDI durante la última década, se aprecia que ha fluctuado entre 10,7 % y 15,6 %, valores muy lejanos a una situación de baja desocupación estructural o de pleno empleo. En el caso de las mujeres, mientras en el período la tasa abierta se ha situado entre 6 % y 11,1 %, la TDI varía entre 12,6 % y 19,5 %.

26Junto a la TDI, otros indicadores relevantes complementarios a la tasa de desempleo oficial son calculados por el Instituto Nacional de Estadísticas, conocidos como tasas de subutilización SU3 y SU4. Ambas incluyen a la Fuerza de Trabajo Potencial o Inactivos Potencialmente Activos, esto es, a quienes se ubican fuera de la fuerza de trabajo (contabilizándose como inactivos/as) pero expresan deseos de un puesto de trabajo, ya sea por estar llevando actividades de búsqueda o por manifestarse disponibles para ingresar a un empleo pese a no buscar activamente uno.

27La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) considera a las personas que están desocupadas (incluyendo a quienes declaran que iniciarán pronto una actividad laboral y están disponibles para trabajar en las próximas dos semanas, también llamadas iniciadoras disponibles) y a aquellos/as que expresan interés por ingresar al mercado laboral y son parte de la fuerza de trabajo potencial (ver definición previa). Es un indicador que puede ser utilizado para caracterizar a las personas que mantienen algún tipo de orientación hacia el empleo. Entre 2010 y 2019 ha fluctuado entre 13,6 % y 20,4 % a nivel nacional y entre 16,6 % y 27,9 % para las mujeres, reflejando una ingente reserva de personas al margen ansiosas de obtener medios de vida por su trabajo e insinuando, en particular, el trabajo doméstico y de cuidados involuntario que recae especialmente sobre las mujeres en una sociedad capitalista con rasgos patriarcales hondamente arraigados.

28Por otra parte, la tasa global de subutilización (SU4), considera a todas las personas que se encuentran desocupadas (incluyendo a iniciadoras disponibles), a las que pertenecen a la fuerza de trabajo potencial y, además, a las ocupadas a tiempo parcial involuntario. Este indicador busca saber qué parte de la población activa está siendo subutilizada, ya sea porque busca un trabajo y/o está disponible para trabajar o porque estando empleada trabaja pocas horas de manera involuntaria. Entre 2010 y 2019 ha fluctuado entre 21,3 % y 28,7 % a nivel nacional y entre 26,8 % y 38,2 % para las mujeres. Una proporción muy extensa, que ha dejado muy atrás el nivel registrado por la tasa de desempleo abierta.

29En relación a la tasa de participación laboral, mientras el año 2010 el 60 % de las personas en edad de trabajar (15 años y más) era parte de la Fuerza de Trabajo (tenía trabajo o estaba buscando activamente trabajo), el 2019 subió a solo 63 %. Esto se debe a que la tasa de participación de los hombres bajó de 74,2 % a 73,5 % y entre las mujeres subió de 46,8 % a 52,5 %. Ese aumento en la participación laboral femenina, reduce, pero no anula, la brecha que se produce con la participación laboral masculina, que sigue siendo elevada.

30En tanto, la tasa de ocupación (personas ocupadas como porcentaje de las personas en edad de trabajar) aumentó de 55,2 % a 58,3 %. Mientras en los hombres ésta se mantiene en torno al 69 %, en las mujeres sube de 42,3 % a 48,3 %. El rasgo relevante que se puede destacar es que la variación de empleo neta del período 2010-2019 (de casi 2 millones de empleos adicionales), es absorbida mayoritariamente por mujeres.

Figura 2: Tasas de ocupación y de participación según sexo

3. Las condiciones de contratación y empleo

31Junto a los problemas de desocupación estructural anteriormente descritos, Chile registra condiciones de contratación y empleo desestabilizadoras para quienes viven de su trabajo. Esto se aprecia a continuación, desde una aproximación “caleidoscópica” de distintos aspectos que caracterizan al empleo, desde un examen detenido del fenómeno de la informalidad y desde una lectura ampliada de las desprotecciones.

Una mirada caleidoscópica

32Como en otras partes, abundan en el país empleos que son significativamente distintos al referente del estatuto clásico de empleo y que institucionalmente o en la práctica suelen implicar peores condiciones salariales, de seguridad y menor protección de derechos básicos. Un ejemplo se ve en aquellos empleos en que las relaciones de dependencia y subordinación del trabajo al capital se materializan en relaciones triangulares, como sucede cuando las y los trabajadores son contratados por proveedores externos a la empresa usuaria o matriz. La existencia de estas figuras se consolida por la vía de instrumentos jurídicos. Ellas están reguladas en la normativa vigente, pero se ven afectadas por la débil protección de la relación salarial o por verse más expuestos a entrar en la informalidad. Dos hitos relevantes han auxiliado el ascenso de estas formas salariales en el país: en el año 1979 se habilitó la subcontratación tanto en labores de apoyo como en propias del giro o actividad central de la empresa (Narbona, 2015a). Previamente, la externalización de actividades del giro estaba restringida. Luego, en el año 2007, la subcontratación y el suministro de personal reciben una regulación laboral específica que entrega un piso formal, a la vez que consolida este régimen de contrato sin limitar su alcance a todo nivel. Al analizar los datos de la última década, es posible ver una dinámica positiva en la variación del empleo total. Sin embargo, el trabajo dependiente externo o sujeto a relaciones triangulares, como la subcontratación, es un ingrediente fundamental de la dinámica, aportando un 26,8 % de la diferencia positiva. Sumándolo a otro componente fundamental, se puede ver que en el periodo prácticamente el 56 % de los nuevos empleos han correspondido a trabajo dependiente externo y a trabajo por cuenta propia, último grupo donde se observan mayormente trabajos de baja calificación y de pocas horas. Esto indica que una parte relevante de los nuevos empleos son probables de ser precarios.

Figura 3: Composición de la variación positiva de empleos netos entre 2010 y 2019

33Fuera los nuevos empleos de la década, viendo el stock de plazas laborales existentes al 2019108, en promedio, el 17,3 % de la fuerza de trabajo asalariada se encuentra externalizada (subcontrato de trabajo y suministro de trabajadores principalmente).

34Junto a lo anterior, y desde un prisma analítico diferente, para retratar el empleo resulta importante retomar la cuestión de la subutilización109 enunciada en la sección previa. Es posible distinguir dos grandes grupos de trabajadores/as en condición de subutilización. El primero de ellos es el grupo de subempleadas y subempleados por insuficiencia de horas, también llamado tiempo parcial involuntario. Son personas que trabajan a tiempo parcial (menos de 30 horas en Chile) y que están dispuestas y disponibles para trabajar más horas, sin que esa posibilidad sea ofrecida. En 2019, en promedio, se registraron casi 890 mil personas en esta condición (que, en porcentajes, equivalen al 45 % de quienes trabajan bajo la modalidad de jornada parcial), volumen que es mayor al de personas desempleadas (700.343 en igual período). El segundo grupo son los/as subempleados/as por razones profesionales: en Chile, un 32 % de la fuerza laboral profesional trabaja en labores con menores niveles educacionales que los que registra. En la última década es posible apreciar una reducción del subempleo por insuficiencia de horas (desde cerca de un 56 % en 2010) y un alza en el subempleo profesional (con 2012 como punto más bajo: 26,4 % y 2018 como peak, con 32,6 %). Ambos grupos, subempleados por insuficiencia de horas y subempleados profesionales, permiten complejizar el análisis de la inserción laboral e ir más allá del discurso de la mera creación de empleo.

35Otro rasgo característico del empleo en Chile es la escasa duración de los contratos de trabajo o la elevada inestabilidad del empleo. Esta inestabilidad se observa en un doble plano. Primeramente, en el hecho de que casi el 30%110 de los contratos de trabajo son a tiempo fijo (el remanente, el 70 %, es de tiempo indefinido). En segundo lugar, en el hecho de que la mitad de quienes logran acceder a contratos indefinidos tiene una duración efectiva en su empleo menor a 15 meses (Durán, 2019). La fuerte rotación en este grupo, que es la posición teóricamente más permanente, probablemente se relaciona con las facilidades para despedir111, o bien con el rechazo a las condiciones existentes y búsqueda de otras mejores, aunque no es dable demostrarlo aquí.

36Además, es posible identificar en el promedio de la realidad del empleo en el país que hay 1.078.497 personas que se encuentran bajo subordinación y dependencia de un empleador, o sea, son asalariadas, pero que no tienen contrato de trabajo escrito (representando un 15,5 % de las y los trabajadores dependientes). Esta cifra permite entrar en la cuestión de la informalidad, una materia que reclama una atención específica.

37La informalidad laboral y escasa cobertura de ahorros y cotizaciones que acarrea es uno de los desafíos más relevantes para la cuestión de la seguridad social en América Latina y Chile no está exento de esta problemática, aunque con particularidades propias del caso.

¿Qué se entiende por informalidad y que permite ver del problema del trabajo en Chile?

Cuadro 2: Medición de la informalidad

38Sobre este punto, incluso siguiendo las recomendaciones internacionales, existe un amplio grado de libertad para que cada país pueda definir la estrategia concreta de medición que adoptará para capturar la informalidad. La relevancia política de la magnitud de esta cifra ha sido evidente en esta materia desde los años 70, cuando el concepto de informalidad llega a su apogeo. Como ha señalado Peattie (1991), el concepto acabó convirtiéndose en una categoría para “la administración de la equidad”112.

39La operacionalización de esta definición conceptual puede tomar múltiples formas concretas de país en país, dependiendo de los instrumentos que se utilizan para la medición del empleo y de alcances políticos asociados a las implicancias que tiene el dato de informalidad desde la perspectiva de las políticas del Estado en materia de empleo. Quedan siempre zonas que, por dificultad de medición u omisión, son un punto ciego.

40El aspecto definitorio de la informalidad consiste en la inexistencia de cotizaciones en el sistema de pensiones y de salud. Esta operacionalización no debe entenderse como ausencia o presencia de cobertura completa de seguridad social, necesariamente. La mera existencia de cotizaciones en pensiones y salud no garantiza que existan prestaciones en el resto de las áreas de la seguridad social (por ejemplo, seguro de cesantía). Adicionalmente, quienes se declaran en las encuestas como trabajadores/as por cuenta propia, pero en realidad prestan servicios bajo subordinación y dependencia de un empleador/a, podrían quedar invisibilizados de la medición de informalidad113.

41Además, está el segmento del empleo informal que se corresponde a la figura clásica de sector informal, en donde se encuentra el grueso de la población en condición de informalidad laboral en Chile. Las personas ocupadas en el sector informal se componen por empleadores/as, trabajadores/as por cuenta propia o asalariados/as que se desempeñan en empresas que no tienen registro en el Servicio de Impuestos Internos (SII)114 o no han iniciado actividades. Es decir, empresas del sector informal115.

42El sector informal en Chile puede estudiarse con más detalle al procesar la Encuesta de Microemprendimiento116. De acuerdo a su sexta versión (EME, 2019), un 53,1 % de las empresas de 10 trabajadores o menos son informales. Considerando como informales a quienes no tienen registro en el SII, a quienes no logran separar cuentas de la empresa y del hogar y a quienes no llevan una contabilidad completa, puede estimarse que un 74 % de este tipo de empresas son informales117. Se aprecia que la magnitud de la informalidad en las microempresas aumenta de forma significativa al considerar la imposibilidad de separar gastos y contabilidad de la empresa con el hogar, en igual mérito que el registro formal de la unidad económica. Sin embargo, ese acercamiento no se puede hacer con la Encuesta Nacional de Empleo.

43Aun cuando la Encuesta de Microemprendimiento permite estudiar de forma precisa el llamado sector informal, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) es el instrumento oficial para medir la formalidad y la informalidad como un todo (sector informal más empleo informal en el sector formal). De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo de cierre de década (año 2019) la tasa oficial de ocupación informal fue de un 28 %, mientras la tasa de ocupación en el sector informal (incluidos los hogares como empleadores/as) fue equivalente a 20 %.

Hacia una medida ampliada de las desprotecciones laborales

44Considerando los aspectos previamente mencionados, es posible tensionar la categoría de formalidad en miras a obtener una mirada ampliada de las desprotecciones laborales.

45Para esto se trabaja en la identificación de 5 grupos. El primero se compone de personas que siendo clasificadas en la formalidad trabajan en régimen de externalización y se encuentran por eso en una situación desmejorada. El segundo, de quienes han sido clasificados como formales, pero carecen de contrato de trabajo (por ejemplo, operan a través de contratos de prestación de servicios entregando boletas) y no pertenecen al grupo previo. El tercero, de trabajadoras y trabajadores formales que trabajan en el sector de los hogares y tampoco pertenecen a los grupos previos. El cuarto grupo se compone de trabajadoras y trabajadores formales que, no perteneciendo a los grupos previos, carecen de alguno de los siguientes atributos: goce de vacaciones anuales, días pagados por enfermedad, cotización por seguro de cesantía, permiso de maternidad/paternidad, servicios de guarderías infantiles. El quinto grupo es residual, esto es, se compone de aquellas trabajadoras y trabajadores formales que no fueron clasificados en los grupos anteriores y que podríamos decir que cumplen con los atributos de protección ampliada aquí presentada. Si a los cinco grupos se le añaden las y los trabajadores informales, se tiene la totalidad de la población ocupada. La siguiente tabla resume los resultados.

Tabla 1: Mirada ampliada de las desprotecciones laborales

46Tal como se aprecia de la tabla anterior, los grupos I, II, III y IV corresponden a empleos formales, pero con una inserción “endeble”, que presentan una cobertura parcial o deficitaria en términos legales /o prácticos del estatuto formal clásico del empleo y sus prestaciones. La suma de los cuatro grupos representa a un no despreciable 44 % de la población ocupada. Si a ello le añadimos a quienes se encuentran en la informalidad (grupo VI) se llega a un 71,7 % de la ocupación.

47En otras palabras, durante 2019, el segmento de trabajadores formales con prestaciones dispuestas por la ley de forma completa en establecimientos registrados, con un contrato escrito y sin externalización, equivale solo a un 28,3 % del total de personas ocupadas. Pero, además, es importante subrayar que incluso en este grupo se presentan grandes problemas de inestabilidad laboral. Visto así, podemos concluir que el empleo en Chile se caracteriza esencialmente por ser endeble y volátil.

48Todo esto impacta en los resultados de un sistema de pensiones de capitalización individual, el que, con ya 40 años de historia, muestra grandes desafíos en Chile118. De hecho, es probable que el bajo nivel de las pensiones que se pagan en Chile119, signo de fracaso del sistema de cuentas individuales como pilar único del esquema contributivo, esté detrás del considerable aumento de la población en edad legal de jubilar (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres) que sigue formando parte de la fuerza de trabajo ocupada, que pasa de 21,3 % a 28 % entre 2010 y 2019, y que en el caso de los hombres alcanza a un 37,6 %.

4. Las organizaciones sindicales y la negociación colectiva

La densidad sindical y la cobertura

49Sobre esta configuración socio histórica, la población sindicalizada en Chile es de aproximadamente 1,2 millón de personas, lo que en proporción al total de la ocupación con potencial de sindicalizarse representa un 17 % (Dirección del Trabajo, 2019). Si a la cifra anterior se le excluye la población sindicalizada por cuenta propia, lo que queda es 1 millón personas sindicalizadas y una densidad sindical o tasa de sindicalización de 20,6 % (Dirección del Trabajo, 2019). A su vez, mirando los últimos 15 años, se puede apreciar un aumento en la sindicalización y de la actividad huelguista, el cual, como han señalado otras investigaciones (Aravena y Núñez, 2009; Julián, 2018), ha sido impulsada como una respuesta “revitalizadora” desde el propio movimiento sindical y no como resultado de algún tipo de política pública en particular. Tal como muestran las cifras de la Dirección del Trabajo, en el incremento de los niveles de organización la fuerza matriz ha sido la sindicalización femenina.

50En materia de negociación colectiva, las cifras oficiales reportan que casi 900.000 trabajadores/a negocian colectivamente o se encuentran “cubiertos” por instrumentos colectivos de trabajo (Dirección del Trabajo, 2019). Sin embargo, una parte de esas personas que negocian colectivamente cambian de empleo o salen de la ocupación, dada la elevada inestabilidad laboral existente, de modo que legalmente y en la práctica dejan de estar sujetos a los contratos colectivos. Adicionalmente, es importante advertir que sólo una parte de ese total tiene derecho a negociación colectiva con huelga, el resto participa de negociaciones contempladas en la ley, pero “sin derecho a huelga”, al participar de una modalidad definida como no procedimentalizada o no normada. Durán y Gamonal (2019), proponen una forma de cálculo más ajustada a la realidad y concluyen que la cobertura de la negociación colectiva, según una lectura alineada con lo que internacionalmente se entiende como negociación colectiva (esto es, con derecho a huelga), en Chile fluctuó entre un 7 % y un 11 % en 2015.

51La cobertura de la sindicalización y la negociación colectiva es entonces acotada y, como se verá, cuando estos mecanismos de auto representación de intereses existen, suelen tener escasa efectividad social y política. En eso juega un rol importante la morfología actual del trabajo, ya distinguida antes. Las inseguras y volátiles condiciones de inserción laboral en las que se desenvuelve la fuerza de trabajo significan un desafío para la organización en el trabajo. La capacidad de alcance y peso social de las organizaciones se ve afectada por la existencia de vastos sectores laborales que quedan al borde o derechamente excluidos de las formas más protegidas de empleo y por la constante interrupción de sus trayectorias. Sin embargo, en esta materia también es (y puede que sea incluso más) decisivo el rol neutralizador que ejerce la acción estatal por medio del sistema legal que rige a las organizaciones. En lo que sigue se entregarán elementos de esa trama legal y también de las formas de la realidad organizacional en los hechos.

El marco institucional y la realidad organizacional

52En Chile la actividad sindical se encuentra muy influida por el entramado institucional de las reglas que regulan su accionar, que data del Plan Laboral de 1979, un marco hipernormado y excluyente (Rojas, 2007), que promueve la atomización y despolitización en forma especialmente penetrante. Esa misma intervención estatal, por la vía de cohibir el poder de las organizaciones, alienta la precariedad del empleo. Podría decirse que un esquema institucional más abarcador, que reconozca la autonomía sindical para negociar a nivel de rama económica, por ejemplo, permitiría adaptarse mejor a las heterogéneas condiciones actuales del trabajo, al aceptar que se reúnan en un espacio de solidaridad de clase relativamente amplio trabajadores/as diversos con algún margen de poder político.

53El Plan Laboral de 1979 se puede resumir en una arquitectura de 4 pilares. El primer pilar es la negociación colectiva totalmente descentralizada (sólo permitida a nivel de empresas y más específicamente a nivel de figuras jurídicas de empresa o de razón social de empresa, lo que da pie a que se conformen unidades jurídicas de tamaño inferior al de las unidades económicas reales). El segundo pilar es la concepción de la huelga que no detiene la producción, llamada en su momento “huelga no monopolista” o “huelga que no paraliza”, para lo cual se introducen una serie de mecanismos que garantizan que la operación de las empresas en huelgas pueda continuar aún en una marcha menor. El tercer pilar es el paralelismo organizacional, esto es, la idea de que múltiples organizaciones puedan representar a los trabajadores (as) en un mismo espacio y compitan entre sí como en un mercado; esas orgánicas pueden ser sindicales o no sindicales. El cuarto y último pilar es la despolitización sindical o idea de que la acción sindical debe inscribirse en el perímetro de la empresa y no preocuparse de los problemas de la sociedad e, incluso a nivel de empresa, no intervenir en la organización del trabajo (Narbona, 2015a y b).

54Los años posteriores a la dictadura de Pinochet no implicaron mayores cambios en materia normativa para el ámbito de las relaciones laborales (UDP, 2010; Doniez, 2012; Narbona, 2015a y b; Pérez Ahumada, 2020). Fueron las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras por mejoras en las condiciones laborales las que alarmaron de los estrechos límites del Código del Trabajo.

55A pesar de aquello, fue recién en el año 2014 cuando es anunciado un paquete mayor de reformas para “modernizar” las relaciones laborales. Si bien esta nueva normativa tardaría en tramitarse y sería apuntada como una “reforma sindical” por parte del gran empresariado, en los hechos estas normas - convertidas en ley en 2016 - no modificaron sustantivamente el esquema del Plan Laboral fundado en dictadura (Arellano et al., 2016).

56Las organizaciones deben situar sus negociaciones colectivas siempre al nivel de empresa. Inclusive en los llamados sindicatos interempresas (que pueden representar a trabajadores/as de más de una empresa), la negociación colectiva es a nivel de cada una de las empresas que representa120.

57El principio de la “huelga que no paraliza” sigue vigente. Un aspecto que lo sustenta es que la negociación colectiva con derecho a huelga es válida solo tras haberse presentado un instrumento colectivo en una oportunidad específica (o dentro de fechas límites) en relación al término de la vigencia del instrumento colectivo previo, cuyo rango de tiempo que puede ser desde un mínimo de dos hasta un máximo de tres años. Esta peculiaridad permite al empleador estimar con mucha precisión el día en el cual la huelga se hará efectiva y prepararse para reducir su impacto. Ello se acompaña de la posibilidad de prórroga de la negociación colectiva, a la cual es posible acceder aun existiendo una huelga aprobada. Es decir, se separa entre “aprobar” la huelga y hacerla “efectiva”. En esta prórroga – en la que participa el Estado como mediador - el empleador puede preparase (aún más) para el momento de la huelga121. Por otro lado, luego de la última reforma laboral (2014- 2016), el Código del trabajo exige que empleadores no reemplacen a quienes se encuentren en huelga (hasta ese entonces ello era factible), no obstante, establece la obligatoriedad de “equipos de emergencia”, esto es, grupos de trabajadores/as de la organización sindical en huelga que deben continuar desarrollando funciones al interior de la empresa122.

58El paralelismo sindical sigue siendo una situación extendida, en donde sindicatos compiten al interior de una misma unidad productiva por los beneficios123. Las materias que deben ser abordadas en el proceso de negociación colectiva también se encuentran limitadas, existiendo un conjunto de asuntos que no podrán ser temas de negociación, como los que incluyen todo aquello relacionado con restringir o limitar la capacidad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa. Además, los dirigentes/as sindicales tiene expresamente prohibido participar en cargos de elección popular (la mera participación independiente del resultado, requiere de la renuncia al puesto dirigencial). Con esto se limita explícitamente la posibilidad de que las y los trabajadores piensen como impulsar cambios estructurales en el país de forma cohesionada, dado que normativamente existe una fragmentación que en los hechos hace operar a los sindicatos como pequeñas unidades de resolución de conflictos al interior de la empresa. Si bien las condiciones propiciadas por el molde institucional no son una barrera infranqueable, en la práctica son efectivamente las que priman.

59Una característica del sindicalismo en Chile es la existencia de un elevado número de organizaciones muy pequeñas, pudiendo hablarse por ello de pulverización sindical. A septiembre de 2019, existen 11.795 organizaciones sindicales, de las cuales el 51,9 % tiene 40 o menos personas asociadas. Más de la mitad de estas organizaciones son sindicatos de empresa y un 22,9 % corresponde a sindicatos de trabajadores independientes. Además, estas organizaciones son muy jóvenes, el 52,1 % tiene 15 o menos años como organización activa. Si consideramos solamente las organizaciones sindicales que corresponden al espacio industrial, es decir, organizaciones que en Chile se inscriben como sindicatos empresa, interempresas, transitorios y de establecimiento, se alcanza un total de 9.091 sindicatos. En este caso la pulverización se sostiene, y un 54,9 % de estas organizaciones tiene 50 o menos socios. De esta forma el actuar sindical en Chile suele quedar relegado a un campo de acción bastante básico o incluso testimonial. Las organizaciones tienen poca fuerza para actuar más allá de los parámetros definidos la norma, la que, al mismo tiempo, refuerza la fragmentación organizativa y crea un espiral donde, en apariencia, la acción jurídica es la más eficaz para la resolución de conflictos, sustituyendo con esto el equilibrio de fuerzas que se expresa en una huelga libre, judicializando la relación laboral.

60En este contexto la conflictividad sindical se presenta principalmente vinculada al cumplimiento de normas legales. Y si bien existen experiencias de conflictos fuera del ámbito legal de las relaciones laborales, éstos se pueden acotar preponderantemente a situaciones que involucran a organizaciones de trabajadores en condiciones particulares, ya sea por su ubicación en operaciones indispensables o estratégicas (Donoso, 2017; Fox-Hodess y Santibáñez, 2020) o porque el tipo de trabajo que desempeñan les permite una organización flexible y mayor control de su trabajo, como sucede, en ambos casos, con los estibadores, quienes entre 2010 y 2014 impulsaron grandes huelgas basados solo en una organización nacional sin constitución legal. Esta organización también convoca a la huelga en el mes de noviembre de 2020.

61Por último, el poder organizacional de la clase trabajadora también se encuentra fragmentado a nivel de estructuras sindicales de máximo nivel, existiendo cinco centrales. El grueso de las centrales proviene de una escisión de la central más longeva, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fundada en 1988 y que se define como continuadora de la histórica Central Única de Trabajadores de 1953.

62Sobre la mayoría de ellas recae la crítica de ser estructuras poco representativas o que en el pasado reciente adoptaron posiciones conciliadoras en el marco del conflicto capital – trabajo, terminando validando políticas continuistas del neoliberalismo implementadas en la década de los noventa (Frank, 2015; Osorio y Gaudichaud, 2018).

63El poder efectivo de las centrales sindicales en Chile, por otro lado, es limitado. Se puede apreciar en el escaso rol que han desempeñado en el marco de los debates por el salario mínimo, donde la incidencia de las centrales ha sido nula o insuficiente para coordinar esfuerzos comunes o impulsar una discusión con el empresariado y gobierno. Finalmente, este tipo de ley se discute en el Congreso, donde generalmente la participación de las centrales puede ser apenas una voz más dentro de un coro de especialistas y técnicos, contribuyendo así a la despolitización de la actividad sindical. En suma, se puede ver que junto al casi nulo poder institucional que tienen las y los trabajadores en Chile y en directa conexión con la hiper fragmentación referida, durante la década bajo análisis también persisten tensiones de origen interno dentro del propio mundo sindical que complejizan la búsqueda de un poder organizacional unitario entre sindicatos, como podrían ser las alianzas político-sociales con un norte de transformación real de la sociedad.

5. Los verdaderos sueldos de Chile

64De acuerdo a los recientes datos entregados por la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2019, se puede concluir que en Chile existe un patrón salarial bajo y un considerable atraso salarial. La cuestión se expondrá en tres pasos: primero, revisando los salarios en montos y proporciones de trabajadores según distintas situaciones, luego comparando los salarios con la línea de la pobreza y, finalmente, cotejando el crecimiento de los salarios con la expansión de la economía y el nivel del salario mínimo con respecto al de otras economías de similar tamaño. Al finalizar se plantea la problemática del endeudamiento.

Los salarios en montos y proporciones de las y los trabajadores

65El ingreso de la ocupación principal promedio de la fuerza de trabajo es $620 mil líquidos (US$798), sin embargo, el 72 % recibe un ingreso inferior al promedio y sólo un 19,4 % registra ingresos líquidos mayores a $800 mil (US$1.030). Esto es muy relevante pues indica que el grueso de las y los trabajadores presenta niveles salariales bastante parejos y a ras de suelo, siendo un grupo muy reducido el que jalona el promedio al alza.

66El 50 % de la fuerza de trabajo ocupada gana menos de $401 mil (US$516), $450 mil (US$579) para los hombres y $353 mil (US$454) para las mujeres, y 2 de cada 3 trabajadores recibe menos de $550 mil (US$709). Los salarios ubicados bajo el promedio son una constante transversal a la estructura productiva, no solo se dan en las empresas de menor tamaño. La fuerza de trabajo asalariada contratada por grandes empresas (aquellas que tienen más de 200 trabajadores), como es de esperar, registra salarios más altos, no obstante, el 50 % (mediana) gana menos de $504 mil (US$649) y sólo un 30 % gana más de $756 mil (US$973). De hecho, 53,1 % de los asalariados que gana menos de $550 mil (US$707), trabaja en empresas de mayor tamaño (grandes y medianas).

67Es posible de todos modos apreciar diferencias. Sólo se mencionarán algunas que son útiles de remarcar. Al hacer la comparación entre hombres y mujeres sin controlar por factores observables, el promedio de ingresos que perciben las mujeres equivale al 71,9 % del ingreso percibido por los hombres; dicho de otra forma, las mujeres ganan un 28,1 % menos que los hombres.

68En relación a los salarios de la fuerza de trabajo concentrada en categorías más precarias, se puede constatar que, entre las personas con subempleo por insuficiencia de horas, el 50 % gana menos de $176 mil (US$226). Además, entre los asalariados que no tienen contrato de trabajo escrito, el 80 % gana menos de $454 mil (US$584). Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras directamente contratadas perciben en promedio salarios 15,1 % mayores que los externos y esa brecha supera el 80 % en sectores tales como minería, administración pública y actividades financieras.

69Una situación especialmente crítica enfrenta quienes reciben el salario mínimo. La mediana salarial no es muy lejana a este umbral, pero los trabajadores que reciben este monto se encuentran peor: el valor del salario mínimo “líquido”, esto es, luego de descontar el pago a las cotizaciones de pensiones y salud, llegó en 2019 a $240.800 (US$322), y quienes ganan el salario mínimo no son un grupo minoritario. Al considerar el total de trabajadores dependientes que se desempeñan en el sector privado (incluye servicio doméstico y asalariados de empresas externas en el sector público), se puede observar que, en Chile, el 18,1 % (890.573 personas) gana el salario mínimo o menos.

70En las grandes empresas también se paga el mínimo. Mientras en las micro empresas cerca del 20 % ganan el salario mínimo o menos, en la gran empresa el 14,1 % de las y los trabajadores se encuentra en igual situación, una proporción mucho más alta a la esperada. A nivel global, 1 de cada 4 trabajadores/as dependientes del sector privado que reciben el salario mínimo o menos son contratados/as por grandes empresas.

71Los jefes/as de hogar también ganan el mínimo. El 34,8 % de las y los jóvenes entre 15 y 19 años que tienen un trabajo dependiente en el sector privado ganan el salario mínimo o menos, no obstante, en los grupos de edad en donde se concentra una mayor proporción de jefes y jefas de hogar, esto es, entre 30 y 65 años, más del 15 % de las y los trabajadores se encuentran en la misma situación, lo cual resulta muy crítico.

La insuficiencia de los salarios para sostener la vida

72Un método objetivo para evaluar la suficiencia del salario en un país consiste en comparar su valor con el valor de la línea de la pobreza124. Para estos efectos es útil partir con un escenario ficticio, pero posible: el de una persona que trabaja remuneradamente y con sus ingresos laborales quiere sostener a cuatro personas, el tamaño de un hogar tipo en Chile. Con estas condiciones, se puede arribar a que, a nivel general, el 54,5 % del total de ocupados/as en Chile no podría sacar a una familia promedio de la pobreza con sus ingresos laborales (62 % en el caso de las mujeres y 49 % de los hombres). Siguiendo este mismo plan, si consideramos sólo a las y los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, ni siquiera el 50 % podría sacar a un grupo familiar promedio de la pobreza con su salario. Todo ello da cuenta de que se vuelve obligatorio que al menos dos personas trabajen en el hogar sólo para superar la pobreza monetaria.

73Si este ejercicio se pensara en base al salario mínimo, para superar la línea de la pobreza en un hogar de 4 personas, el salario mínimo bruto en 2019 debería haber sido fijado en torno a los $544 mil (US$700), casi un 83 % más alto que el valor que tenía a dicha fecha.

74Un segundo método para analizar la insuficiencia de los salarios para sostener la vida es calculando el porcentaje de pobreza en base exclusivamente a los ingresos “del mercado del trabajo”, esto es, considerando los ingresos reales del hogar por salarios y jubilaciones. Tal como se mencionó en la introducción, esta tasa de pobreza recalculada asciende a un 29,4 % en 2017. En el caso de las mujeres es de 31,7 % y en el caso de las personas en edad de jubilar 37,6 % (Durán y Kremerman, 2019).

75Ya sea respecto al nivel de subsistencia o más allá de él, y aunque no es posible profundizar más desde el espacio disponible en esta dimensión, es importante insistir en que al momento de analizar las condiciones materiales en las que vive la clase trabajadora chilena se debe considerar la composición entre los ingresos del trabajo y los ingresos indirectos provistos por el Estado con los llamados derechos sociales (como sucede, por ejemplo, con la educación, salud y vivienda). Ese es un punto ineludible al momento de realizar comparaciones: el ingreso del trabajo en Chile debe planificarse para financiar el gasto de bolsillo propio de un hogar incluyendo gastos que en otras partes están cubiertos.

Bajos salarios en comparación a la capacidad económica nacional

76El problema de los bajos salarios en Chile es una condición de carácter estructural que ha sido parte central del modelo de acumulación impulsado durante las últimas cuatro décadas (y que encuentra raíces incluso más antiguas). Si se compara los salarios con el tamaño de la economía, es posible concluir que en Chile existe un claro atraso salarial.

77En la ventana de tiempo que interesa, entre 2010 y 2019, mientras el Producto Interno Bruto ha crecido 35,7 %, el ingreso promedio de la ocupación principal creció solo un 23,1 % (en términos reales). A nivel de categoría ocupacional, solo los salarios del servicio doméstico han aumentado más que el PIB en el período, en cambio, los salarios de la fuerza laboral asalariada en empresas privadas crecieron 21,8 %, un 19 % en el trabajo por cuenta propia y 24,8 % en el sector público.

78Esta brecha entre el crecimiento del PIB y los salarios se observa con mayor claridad al seguir el comportamiento de ambos indicadores macroeconómicos entre 2013 y 2019. Así, mientras el PIB registra un aumento de 19,1 % en el período, los salarios reales promedio, medidos a través de la ocupación principal, sólo aumentan un 4,3 % (3,7 % en el caso de la fuerza de trabajo asalariada en empresas privadas). De esta forma, los salarios reales han aumentado solo $25 mil (US$32) entre 2013 y 2019 y la mediana salarial en las empresas privadas pasó de $400 mil (US$515) a $420 mil (US$540).

79En relación a las ramas de actividad económica, se puede constatar que la industria manufacturera registra una caída en los salarios promedio de 1,9 % entre 2013 y 2019, el comercio una disminución de 4,4 %, mientras la agricultura y la construcción presentan aumentos de 14,9 % y 11,4 %, respectivamente.

80Un fiel reflejo de la estructura de bajos salarios de la fuerza de trabajo en Chile se encuentra en su piso institucional, el salario mínimo fijado por ley. Al realizar una comparación entre los países de Europa y América Latina que tienen un PIB per cápita, ajustado por paridad de poder de compra (PPP), similar al de Chile, se puede concluir que la mayoría tiene un salario mínimo PPP superior, vale decir, alcanza para comprar más bienes y servicios que en nuestro país.

81Por ejemplo125, Bulgaria, que tiene un PIB per cápita PPP casi dos mil dólares inferior que Chile (7 % más bajo), registra un salario mínimo PPP 40 % más alto. Portugal, país que presenta un PIB per cápita PPP siete mil dólares superiores al chileno (28 % más alto), tiene un salario mínimo PPP 88 % más alto. Finalmente, Croacia, que prácticamente tiene un PIB per cápita similar al de Chile, registra un salario mínimo 73 % más alto.

82Además, los países que en años o décadas pasadas alcanzaron el PIB per cápita en dólares comparables que hoy tiene Chile, fijaron un salario mínimo (calculado según valor hora) superior al de la economía chilena. Por ejemplo, cuando en 1985 Holanda alcanzó el PIB per cápita en dólares comparables que hoy tiene Chile, su salario mínimo era 3,7 veces mayor que el que hoy tiene Chile. Cuando en 1966 Estados Unidos alcanzó el PIB per cápita en dólares comparables que hoy tiene Chile, su salario mínimo era 3,2 veces mayor que el que hoy tiene Chile. En el caso de Portugal, esta convergencia se da en el año 2005 y su salario mínimo fue un 50 % mayor al que hoy tiene Chile.

El endeudamiento de los hogares

83Dado los bajos salarios, resulta fundamental indagar en uno de los mecanismos que explica el dinamismo que ha tenido la demanda interna durante las últimas décadas. Este mecanismo es la deuda, como herramienta de control y financiarización de los hogares en la etapa actual de acumulación flexible del capitalismo (Lapavitsas, 2009).

84Según los datos de la última Encuesta de Presupuestos Familiares (VIII EPF) del INE, más del 70 % de los hogares está endeudado (gastos mensuales son mayores a los ingresos mensuales) y el tipo de deuda preponderante es deuda de consumo, no patrimonial.

85Por su parte, según los datos del XXVII Informe de Deuda Morosa Universidad San Sebastián-Equifax (datos al cuarto trimestre 2019), en Chile cerca de 12 millones de personas están endeudadas126. Se trata de un dato muy alto en un país de poco más de 19 millones de personas. Equivale a más del 80 % de los mayores de 18 años, entre los cuales, casi 4,7 millones están morosos, vale decir, no pueden pagar las deudas que han contraído.

86El número de deudores/as morosos/as pasó específicamente de 1.390.127 a 4.733.305 entre marzo de 2012 y diciembre de 2019, o sea, más que triplicó en sólo 8 años. El monto promedio de la morosidad es de $1,86 millones (US$2.401). Se trata de un problema que ha tomado también características estructurales. De hecho, para el tramo de edad entre 30 y 59 años, mientras se contabilizan 5,37 millones de ocupados/as, se registran 3,1 millones de morosos/as, casi un 58 % de quienes tienen empleo.

87Según datos del Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile, para 2019, la deuda total de los hogares asciende a un 75 % de sus ingresos disponibles anuales. Para el 2003, ésta era del 36,6 %. Esto es, la dependencia de la deuda se ha más que duplicado en los últimos años.

6. Conclusiones

88Desde un prisma macro, Chile resalta por un gran contingente de personas que están al margen de la inserción laboral, a la espera o en pugna por un puesto de trabajo. En relación a quienes sí alcanzan plazas laborales, el país destaca por tener una fuerza de trabajo principalmente asalariada, que se emplea mayoritariamente en empresas medianas y grandes, donde las ramas de comercio y servicios son las que más absorben mano de obra.

89En esta configuración, durante 2010-2019 se consolidan diversas manifestaciones de inserción laboral desprotegida. El capítulo ofreció una mirada caleidoscópica de las condiciones de empleo usando distintas categorías: subempleo, subempleo profesional, trabajadores/as asalariados/as sin contratos de trabajo y en regímenes de contratación externa, entre otras. Las amplias desprotecciones contemporáneas que enfrentan las y los trabajadores se pueden resumir en el hecho de que sólo un tercio de la población ocupada puede ser clasificada como tenedora de empleos formales, con prestaciones dispuestas por la ley y sin que medien relaciones triangulares de contratación.

90La acción sindical y los salarios también fueron objeto de revisión. En relación a la acción sindical, se identificó que el poder organizacional se encuentra débil y asediado, en gran medida por la misma institucionalidad que estimula la fragmentación de las organizaciones, y en parte también como resultado de la dinámica interna del movimiento sindical y sus divisiones, existiendo hoy casi 12 mil sindicatos y 5 centrales sindicales.

91En cuanto a los salarios, el caso chileno debe ser visto con especial cuidado. Tal como hemos mostrado, en Chile existe un severo atraso salarial en relación al tamaño de la economía y una clara insuficiencia de los salarios frente a los gastos más corrientes. Lo anterior se observa al comparar los niveles de salarios que obtienen las y los trabajadores con la línea de pobreza definida en el país. Ese simple examen devela, por ejemplo, que, de considerarse sólo los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas, casi el 30 % de la población chilena estaría en situación de pobreza. En este panorama, los elevados niveles de endeudamiento asoman como una suerte de extensión forzada de los salarios.

92Los problemas de arrastre en materia de empleo, la debilidad sindical y los bajos salarios hacen a las mayorías vulnerables a cambios súbitos de situación económica, como sucede en las situaciones de crisis sociopolítica y de crisis sanitaria que se ha manifestado con fuerza desde fines del año 2019 hasta hoy. Estas situaciones han hecho saltar las alertas respecto a la precariedad, pero esa precariedad no es nueva, se venía larvando mucho antes. Ahora, con todo lo asfixiante de la condición laboral de base, la movilización popular hizo precisamente notar que sigue habiendo lugar para la agencia.

93El contexto que atravesará Chile en lo inmediato estará marcado por la redacción de una nueva constitución, como respuesta (no espontánea precisamente) de la institucionalidad política ante las fuertes protestas populares emprendidas desde octubre de 2019.

94Es de esperar que un tema relevante de ese proceso sea consagrar reales grados de autonomía y libertad a las organizaciones sindicales, pues la aplicación efectiva de cualquier garantía social depende en gran medida de la autonomía colectiva que puedan desplegar las organizaciones sindicales para representar a las y los trabajadores. Pero ese reconocimiento de un poder sindical en el espacio del derecho no navega por aguas separadas de demostraciones de hecho. Por todo lo antes señalado es que cobra relevancia el hito del llamado a huelga general del 12 de noviembre de 2019, aludido en la introducción, pues pese a la adversidad del entorno de las organizaciones sindicales, las mismas pudieron llegar a sintonizar en un contexto de crisis proponiendo acciones concretas, consiguiendo realizar importantes experiencias de unidad intersindical. Si bien las paralizaciones fueron parciales, el ejercicio de convocatoria muestra la presencia de una memoria histórica y de esfuerzos de articulación que se resisten a desaparecer.